LECTURAS B DE QUINTA SEMANA DE ABRIL DE 2011

LECTURAS DE SEMANA CINCO DE ABRIL DE 2011

COORDINADORES: ROBINSON SALAZAR Y MELISSA SALAZAR El material que exponemos es obtenido de nodos de contra informacin, peridicos, revistas y suscripciones que tenemos de medios informativos, asimismo colegas que nos hacen llegar notas, comentarios y artculos de amigos y de su autora. Revisamos diariamente ms de 150 sitios donde se publica la noticia. Redaccin y armado en Buenos Aires, Argentina. Recibimos colaboraciones y sugerencias en las direcciones:

Correos: Insumiso2000@yahoo.com.mx y Salazar.robinson@gmail.com, melsale@gmail.com y equillibriste@yahoo.com

INDICE

SECCIN II ECONOMA, ANLISIS, CRISIS, POLARIDADES, INVERSIN, FINANCIAMIENTO

BLICO

Panam: Acumulacin por Desposesin Profesor Juan Jovan.9 La pelea... Pgina/1214 Silla ms grande Pgina/1216 Trabajo esclavo y evasin Pgina/1217 Curiosidades de la informalidad Pgina/1218 Guerreros del liberalismo Pgina/1218 Planilla estatal es ms pesada que hace un ao.20

mailto:Insumiso2000@yahoo.com.mxmailto:Salazar.robinson@gmail.commailto:melsale@gmail.commailto:equillibriste@yahoo.com

Es el capitalismo un sistema sin control? CEPRID.21 Otra enseanza del gobierno argentino para el mundo: cmo adulterar los indicadores econmicos y sociales y luego llamar al FMI para reparar el dao Sin Permiso24 Gruma compra en 100 millones de pesos Albuquerque Tortilla La Jornada.27 Mxico, en la mira de Goya Food, la ms antigua compaa hispana en EU La Jornada.28 Una quinta parte del pas vive en "condiciones de hambre" La Jornada.29 Lo que puede hacer China con sus tres billones de dlares en reservas Dmitri Ksirev Ria Novosti30 Las tendencias del narcotrfico en Amrica Latina Ricardo Sobern ALAI AMLATINA.32 TLC para qu? Rebanadas de Realidad34 Nicaragua: Turismo residencial fagocita territorios y acumula capital37 Del corralito al trueque y la ECO-noma social..38 La SE busca eliminar aranceles y elevar la importacin de cacao La Jornada.43 Pon una gran sonrisa cuando te despidan Diagonal..44 Honduras: de Repblica Bananera a Repblica Palmera47 Tras el boom brasileo, llega un 70% ms de turistas chilenos50 El aumento de tarifas elctricas las hace "prohibitivas" para la industria La Jornada.51 Aumento de precio a combustibles eleva costo de alimentos: Moreira La Jornada.52 Afectan altos precios del petrleo a pases de Centroamrica La Jornada.52 China/Brasil: Pasos hacia la reciprocidad Prensa Latina54 La Situacin del Mundo 2011: Innovaciones para alimentar el planeta, del Instituto Worldwatch Rebelin..57

Cundo perder el dlar su valor hegemnico? Alejandro Nadal.58 Reino Unido gastar 22 millones de euros de dinero pblico en la seguridad de la boda real.59 La resistencia social contra las locomotoras de Santos Rebanadas de Realidad60 La feroz cara del desempleo Rebanadas de Realidad60 Advierten sobre privatizacin de empresa estatal del cobre en Chile61 Uno de cada 4 nios mexicanos vive en hogares pobres: OCDE La Jornada.63 Pequeas comunidades, principal objetivo de las casas de empeo La Jornada.63 Humedales amenazados por agronegocios Adital.65 Marcha atrs en proyecto minero Noticias Aliadas.66 El Plan Nacional de Desarrollo de Santos: Las 5 locomotoras de la miseria68 40% del territorio colombiano, pedido en concesin para megaproyectos mineros Prensa Rural.69 Buscan limitar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.70 Los trabajos del futuro: cules necesitar el pas en 10 aos72 El dominio de la tierra es una cuestin estratgica Pgina/1273 Directores del Estado con apoyo privado Pgina/1274 Dilogo, parte tres Pgina/1275 Vuelve a temblar Pgina/1276 Petroleras descubren megacampo de gas en Bolivia XINHUA78 Lobby chileno logra aprobar fuga del pas del 50% de fondos AFP al exterior..79 Mxico debe invertir con ms equidad en derechos de los nios La Jornada.80 Cobertura meditica de la boda real britnica distrae a europeos de la crisis econmica TeleSUR81

Mxico se convertir en importador neto de petrleo para 2020, advierten expertos La Jornada82 Por el Mercosur, Europa dice que perdera 3.000 millones de euros.83 La economa de EU an no se recupera de la profunda recesin, reconoce la Fed La Jornada.84 Bruselas investiga a 16 bancos por abusos en el mercado de CDS.85 El subsidio de gas sube de $8.50 a $9.10 para junio porque el tambo ser ms caro La Pgina.sv..86 En el da del trabajador Agencia Rodolfo Walsh.89 Condena sindical a la "errtica" poltica laboral del gobierno de Felipe Caldern La Jornada.90 Endeuda el gobierno al pas 150 millones de dlares diariamente La Jornada.91 Dejan en el Senado pendiente de ratificar el TLC con Per La Jornada.93 Rechazan sindicatos restriccin salarial en AL La Jornada.94 Para qu sirve el Estado del bienestar? Tortuga.94 La especulacin con alimentos bsicos, un negocio seguro para los mercados Diagonal..96 Ampliacin del campo de la regresin Rebelin..98

SECCIN III SOCIEDAD, CULTURA, DESINFORMACIN Y MEDIOS, EDUCACIN, CONFLICTO

AMBIENTAL

El periodismo, la historia y el papel del intelectual Pgina/12103 Usan videojuegos para rehabilitarse La Nacin106 Poltica pblica de comunicacin Pgina/12107 La hipocresa y la superficialidad de los ecologistas caviar distrae de los verdaderos objetivos del ecologismo Sin Permiso108 Glosario Marxista III, medios de comunicacin e intelectuales. Quin piensa por nosotros?

CEPRID.110 Amenaza un plan de Fonatur hbitat en zona de Guerrero La Jornada.114 Cada vez ms mujeres jvenes dejan su tierra La Jornada.117 Geolocalizacin, entre lo ntimo y lo pblico Diagonal..118 Una generacin de extraos Umberto Eco Pblico.119 Control de pensamiento en Industrias Koch Mark Ames y Mike Elk The Nation.121 La leche argentina produce cncer de colon, mamas y prstata Diego Ignacio Mur BWN Patagonia..124 Destapa Wikileaks vejaciones de EU en Guantnamo La Jornada.128 Copala: las armas se imponen Contralnea129 Ya no se puede garantizar al 100% las centrales atmicas La Onda Digital137 Mxico es una nacin, no un pozo de cadveres La Onda Digital141 Postergan informe sobre los "ni-ni" El Pas.uy.142 Indignados y educados, pero no tontos La Onda Digital143 La calle es mala madre Milenio Semanal144 Los nios sicarios del crimen organizado Milenio Semanal147 Niez robada en el paraso Milenio Semanal149 Los ninis, la nueva generacin de excluidos Milenio Semanal150 En Hait, una generacin perdida Milenio Semanal151

Conferencia de Manuel Castells: De Wikileaks a las Wiki-Revoluciones. Internet y la cultura de la libertad 2011..154 Riesgos invisibles en la comida Diagonal..154 Sin datos de la contaminacin por mercurio Diagonal..155 Dame tu celular y te dir dnde estuviste La Nacin156 El problema est en la generacin157 Veinticinco aos como ruinas radiactivas Pgina/12159 Cambio en la distribucin de insectos transmisores de enfermedades o plagas debido al cambio climtico Agencia Cyta Instituto Leloir.160 Descanse En Paz, mquina de escribir..161 Italia y el Estado francs presionan para modificar el Tratado de Schengen ante el aumento migratorio Gara163 El desastre nuclear que podra destruir Japn y el mundo Hirose Takashi CounterPunch.164 Diedrich Diederichsen, entre el fan y el etnlogo Revista .166 La psique kafkiana en el trazo de Robert Crumb Revista .168 Avatares, evolucin e ideologa Pgina/12169 Chile: Posibilidades y condiciones de unidad de la izquierda Profesor J172 La nueva psicologa de la sumisin Kaos en la Red.192 1.000 personas fueron desplazadas por las inundaciones en el Corregimiento de San Antonio, Municipio de Regidor Prensa Rural.196 Ahora emigran mil espaoles cada mes hacia Buenos Aires197 Remiendo Teatro: con todo lo que dur la postguerra la gente se acostumbr al silencio y hay miedo a hablar Repblica.es.198 Una villa en la que se instal el miedo Pgina/12202

Torturas de tercer grado Pgina/12203 Carreras contra las zonceras Pgina/12206 La depresin ser una de las enfermedades ms comunes en el mundo para 2020 Ria Novosti.207 En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo..207 Futuro con movilidad.209 Barreras culturales para terminar la escuela Pgina/12210 Vargas Llosa considera que los jvenes que chatean piensan como un mono211 El marketing de la guerra Revista .212 Qu dej la ideologa del egosmo social Revista .213 Movilizacin estudiantil en Chile; 21 detenidos La Jornada.216 La filosofa y el televisor Revista .216 El delito de usar a los chicos Pgina/12218 Vulnerables Pgina/12219 Argentina, Santa Fe: Cientficos rosarinos desarrollaron tcnica quirrgica sin precedente TELAM..220 Mxico: Hace agua el declogo antinarco Forum en Lnea..221 El escritor tena 99 aos Muri Ernesto Sbato.222 De armas inteligentes y seres desalmados Prensa Latina225 Los qom levantan el corte, pero mantienen el reclamo227 Estrategia para levantar el nimo y la fe en una Iglesia que est decada: expertos La Jornada.230 Denuncian violacin a la autonoma universitaria; militares ingresaron a CU La Jornada.231

CARTELERA INSUMISA BOLETINES, EVENTOS Y PUBLICACIONES

Resumen Semanal del CeDeMA.232 6 CONGRESO ARGENTINO DE SALUD MENTAL / 3 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SALUD MENTAL..233 Boletn informativo de la Facultad de Ciencias Sociales nro. 276234 Cursos de Formacin Profesional.- Nueva Inscripcin244 Foro-Asamblea abierta: "Propuesta encuentro nacional de contrapsicologa"246 II CONGRESO DE PSICOLOGIA DEL TUCUMAN NACIONAL E INTERNACIONAL UNT..247 XV Congresso Brasileiro de Sociologia. Mundanas, permanncias e desafios sociolgicos..248 XIII REUNION NACIONAL - II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIN DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO249 TALLERES TERICO-PRCTICOS - PRIMER SEMESTRE 2011 - 12 SESIONES. UNA POR SEMANA..251 Publicaciones Gratuitas El Aleph253 Regeneracin No. 16..255 El legado de Carlos Fuentealba274 Invitacin-Ctedra Abierta de Trabajo Decente- Lunes 2 de mayo..275 Informando Justicia N 317275 TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIN EN SALUD MENTAL..277 Cursos Virtuales de Psicoanlisis de APdeBA. CIERRE DE INSCRIPCIONES.278 Alternativa Acadmica Boletin Nro. 203..279 Boletn n10 Gobernabilidad Democrtica..285 Taller teora de la Emancipacin:actualidad de las reflexiones de Marx sobre las comunidades..290 Numero 1 de ReLMIS.292 Boletn electrnico mensual de VIENTO SUR n 8- abril 2011..293

SECCIN II ECONOMA, ANLISIS, CRISIS, POLARIDADES, INVERSIN, FINANCIAMIENTO

BLICO

Panam: Acumulacin por Desposesin

Profesor Juan Jovan. Junio de 2010 Introduccin El presente trabajo, motivado por la reciente aprobacin de la Ley 177, tiene como objetivo establecer como esta se inserta en el conjunto de la realidad panamea, a la vez que se hace nfasis en que la misma constituye parte de una estrategia que busca profundizar el carcter concentrante y excluyente del modelo de funcionamiento de nuestra economa, por medio de la aplicacin de medidas autoritarias destinadas a desposeer de bienes y derechos a todo un conjunto de sectores sociales del pas, con el fin de beneficiar a los sectores dominantes locales y sus aliados externos. Para este fin se parte, en un primer acpite, mostrando la naturaleza del modelo de acumulacin que se ha venido desarrollando recientemente en Panam para luego, en un segundo acpite, demostrar que la estrategia gubernamental en ejecucin, operando por medio del despojo y la rapia, tiene como objetivo central la consolidacin y profundizacin del modelo de acumulacin vigente. Finalmente, en el tercer acpite, se introducen un conjunto de conclusiones, las cuales apuntan hacia la necesaria movilizacin de los sectores afectados, con el fin de evitar las difciles condiciones de vida a las que se busca someter a las grandes mayoras de la poblacin panamea. Si este modesto aporte logra aportar en algo a este fin, el mismo habr ms que cumplido con su objetivo. La Naturaleza del Modelo El hecho econmico ms celebrado por los sectores dominantes del pas ha sido, sin dudas, la alta tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto observado en el pasado reciente. Es as que en base a las estadsticas oficiales estos sectores destacan no solo el hecho de que en el largo perodo que va de 1996 al 2008 la economa panamea creci a una tasa promedio anual del 5.8 por ciento, sino que en el quinquenio que va del 2004 al 2008 ese indicador se dispar hasta una tasa promedio anual equivalente al 8.8 por ciento. Dichos sectores agregan a su argumentacin en favor del modelo de acumulacin vigente algunos de los resultados econmicos observados durante el 2009, haciendo nfasis en el hecho de que el PIB mostr una tasa de crecimiento del 2.4 por ciento en medio de las condiciones de crisis de la economa mundial. Claro est que en este ltimo caso optan por no llamar la atencin sobre la vulnerabilidad de algunos sectores claves de la economa, tales como el Canal de Panam cuyo PIB se redujo en 10.5 por ciento durante ese ao, la Zona Libre que vio su actividad reducirse en 8.9 por ciento, mientras que la rama de la banca se deterior en 5.7 por ciento. Un elemento clave para entender la lgica del crecimiento antes comentado est en el creciente deterioro de la participacin de la remuneracin de los asalariados en el PIB. Es as que mientras esta participacin represent en el ao 2000 el 37.8 por ciento del PIB, la misma ya se haba decrecido hasta el 34.7 por ciento en el 2004, para luego seguir cayendo hasta el 30.0 por ciento en el 2008. Se trata de una extraordinaria baja en la participacin de la remuneracin de los asalariados en el PIB equivalente a 7.8 puntos porcentuales, la que en trminos absolutos le cost a los asalariados del pas un monto equivalente 1,808.3 millones de balboas durante el ao 2008. Para confirmar que se trata de un fenmeno de redistribucin regresiva de los ingresos, resulta conveniente confirmar que la tendencia observada no se puede explicar por una reduccin de los asalariados en la fuerza de trabajo. Esto queda demostrado si se tiene en cuenta que en el perodo 1996 2001 la proporcin de los empleados asalariados en el total de la ocupacin fue de 66.3 por ciento, cifra prcticamente equivalente a la que se observ para el perodo 2002 2008, cuando la misma se estableci en 66.1 por ciento. Se trata, en definitiva, de un proceso de concentracin de los ingresos que llev a que el excedente apropiado por el capital se elevara entre el 2000 y el 2008 del 34.4 por ciento del PIB al 41.9 por ciento del mismo.

Entre los elementos del modelo vigente de acumulacin que permitieron esta notable presin hacia la baja de los salarios de los trabajadores y el consiguiente aumento del excedente alcanzado por el capital, se deben destacar tres factores importantes. En primer lugar, la presencia de un amplio ejrcito de reserva de trabajadores desempleados, subempleados y en condiciones de informalidad, los cuales facilitan la presin hacia la baja de las condiciones de los empleados asalariados. Es as que en el 2009, pese al rpido crecimiento previo de la economa, de acuerdo a las cifras oficiales, no solo se dio que un 6.6 por ciento de la poblacin econmicamente activa estaba desocupada, si no que, adems, el 28.5 por ciento de los ocupados se encontraba en condiciones de subocupacin, mientras que la informalidad de la PEA no agrcola afectaba a cerca del 42.8 por ciento de la poblacin. En segundo lugar, es conveniente aclarar que la presin negativa de lo que hemos llamado el ejrcito de reserva laboral, el cual siempre ha existido, se vio potenciado por una serie de polticas gubernamentales destinadas a desposeer a los trabajadores asalariados de sus derechos y capacidad de resistencia. Entre estas polticas, solo a manera de ejemplo, se pueden mencionar las sucesivas reformas al Cdigo de Trabajo, la introduccin por va de reglamentacin legal de las llamadas zonas especiales y el llamado primer empleo. No menos importante a este respecto ha sido la apertura unilateral e indiscriminada al exterior, la cual genera una competencia externa a la fuerza de trabajo nacional, generando lo que se conoce como la carrera hacia el fondo. As mismo la privatizacin de las ms importantes empresas pblicas, que inicia la acumulacin por desposesin, jug un papel importante en el despojo de los trabajadores de su capacidad de accin y fuerza social. Es conveniente agregar que, mostrando la falta de equidad de genero del modelo, los casos ms agudos de desempleo se encuentran entre las mujeres, de manera tal que en el 2008 existan en el pas cerca de 170 mujeres desempleadas por cada 100 hombres desempleados, siendo adems cierto que el nivel de desempleo ms alto de la Repblica se da entre la mujeres de la provincia de Coln, donde su tasa de desempleo llega al 11.0 por ciento. En tercer lugar, a la utilizacin de la palanca y fuerza estatal para desposeer a los trabajadores de algunos de sus derechos y mermar su capacidad de resistencia, se debe sumar la presencia de un proceso inflacionario, el que ha significado que entre el momento de su inicio, el que ocurri hacia septiembre del 2006, hasta marzo del 2010, un incremento de la Canasta Bsica Alimenticia calculada por el Ministerio de Economa y Finanzas de aproximadamente el 33.0 por ciento. De acuerdo a estadsticas proporcionadas por la CEPAL el salario real medio mensual de los trabajadores panameos descendi de 578.0 balboas en el 2003 a 477.0 balboas en el 2007. Una notable reduccin de aproximadamente el 17.5 por ciento. Por su parte, la OIT reporta que la remuneracin media real de los asalariados que son declarados a la Caja de Seguro Social (CSS) se vieron reducidas en casi un 10.0 por ciento entre el 2000 y el 2008. De la exposicin anterior surge una importante interrogante: Cmo se coloc en el mercado, es decir se realiz, el creciente excedente, en condiciones en que la capacidad adquisitiva de los trabajadores se debilitaba en trminos relativos? La respuesta a esta interrogante muestra que la lgica del modelo de acumulacin vigente convierte a la fuerza de trabajo nacional en una simple fuente de costos, que deben ser minimizados, mientras que el problema de la realizacin se resuelve por medio de dos mecanismos fundamentales, en los que la demanda efectiva de los trabajadores juega un papel muy secundario. El primer mecanismo, que ya antes existi en nuestra economa pero que ahora aparece potenciado, es el del incremento de las exportaciones. Es as que en el quinquenio 2004 2008 las exportaciones panameas a precios constantes crecieron en 92.9 por ciento. Esto significa que lo hicieron a una tasa equivalente al 13.1 por ciento anual, la que supera notablemente al 8.8 por ciento observado para el conjunto del PIB. Esto llev a que la relacin exportaciones PIB se elevara del 63.4 por ciento en el 2003 al 78.8 por ciento en el 2008. El segundo mecanismo fue el de la expansin de la construccin de edificios de lujos para personas de altos ingreso (que participan en el excedente) y residentes en el exterior, as como el de la construccin de centros comerciales de lujo. Esta realidad se manifiesta en la alta tasa de crecimiento mostrada por la inversin real en construccin, la cual tom en el quinquenio 2004 2008 el muy alto nivel del 15.4 por ciento promedio anual. Como resultado de esto ltimo la relacin entre inversin en construccin PIB se elev de 9.1 por ciento en el 2003 a 12.7 por ciento en el 2008.

La Estrategia de los Sectores Dominantes La actual estrategia de los sectores dominantes, la que se contiene en gran medida en el documento publicado por el gobierno bajo el ttulo de Panam. Plan Estratgico de Gobierno 2010 2014, no busca, desde luego, transformar el modelo de desarrollo vigente. Busca ms bien su profundizacin, lo cual lleva a que se radicalicen los procesos de acumulacin por desposesin, los cuales, como se adelant, utilizan las palancas del poder estatal para despojar a los trabajadores y al conjunto de la poblacin de sus derechos y posesiones, con el fin de facilitar la acumulacin de capital por parte del capital transnacional en asocio con los sectores dominantes locales. Antes que nada resulta necesario dejar bien en claro que se trata de una estrategia extrovertida que busca incrementar la captacin de excedente, promoviendo tanto los sectores clsicos de exportacin como algunos nuevos. Es as que de acuerdo al Plan Estratgico se propone que el pas debe enfocarse en bienes y servicios transables, los cuales permiten a un pas pequeo acceder a mercados ms all de su limitada poblacin y a los flujos de divisas que tienen efectos multiplicadores en la economa nacional (p. 20). Es evidente que la naturaleza del modelo no cambia en absoluto, de forma tal que la capacidad adquisitiva de los trabajadores resulta secundara para el mismo. Entre los sectores que se priorizan en las exportaciones aparecen claramente enlistadas las actividades maquiladoras. Es de esta manera que el documento bajo anlisis argumenta que en Panam existen posibilidades para estas actividades, si se tiene en cuenta que los SLVA se componen de una variedad de actividades relacionadas con el envo, incluyendo almacenamiento tradicional, almacenamiento en fro, seleccionado y envasado, empaquetado, etiquetado, personalizacin, y acabado y montaje finales (p. 22). Ms adelante argumenta que no importa que estas actividades sean de bajo o algo valor agregado, proponiendo, por ejemplo, que bien resulta posible el ensamblaje en Panam de diversos elementos de baja densidad de valor como los electrodomsticos o los juguetes (p.23). Finalmente se descubre la naturaleza de la actividad cuando se argumenta que se deber procurar que estas maquiladoras prcticamente se trasladen del Asa Oriental hacia Panam. Como lo ha demostrado Mxico dice el Plan Estratgico para los pases latinoamericanos existen oportunidades near shoring (produccin para pases cercanos) para ofrecer servicios de produccin o acabado que en aos recientes han ocurrido en Asia (p. 22). Se trata, desde luego, de una estrategia que solo puede operar presionando los nivel de salarios y de prestaciones de los trabajadores hacia la baja, lo cual se tiene que dar por la va de la eliminacin de algunos importantes derechos laborales. En el caso de la recientemente aprobada ley de la llamada Zona Econmica Especial del Bar este proceso de desposesin y despojo se expresa, por ejemplo, en elementos tales como la prohibicin de la contratacin colectiva, la inestabilidad laboral y la reduccin de las remuneraciones reales que se logra por la va de la modificacin hacia debajo de las normas que regulan la remuneracin de los trabajadores, especialmente los domingos y los das feriados. Ms an, estamos frente a una poltica econmica que con el fin de profundizar el modelo de funcionamiento de la economa busca prcticamente aniquilar toda la capacidad de resistencia y negociacin de los trabajadores asalariados. La implementacin de esta lgica que tambin apunta hacia la desposesin y despojo de los derechos de los trabajadores, adquiere especial fuerza en la llamada Ley 9 en 1, la cual prcticamente elimina el derecho a huelga de los trabajadores, a la vez que busca destruir la existencia de los sindicaros complicndoles su capacidad de cobrar las cuotas sindicales, con el fin de debilitar su capacidad econmica de accin. Se trata, conviene aclarar, no slo de eliminar el poder social de los trabajadores en trminos de su capacidad de asegurarse una mejor remuneracin, si no, adems, de quebrar la capacidad de resistencia de los mismos frente al poder desptico ejercido por el capital dentro de las empresas, con el fin de intensificar los ritmos e intensidad del trabajo a favor de las ganancias. La forma y la concepcin en que se prioriza el turismo, el cual se pretende hacer crecer entre el 12 por ciento y el 15 por ciento anual (p. 25), tambin se basa en la desvalorizacin de la fuerza de trabajo, buscando igualmente en este caso redefinir la remuneracin de los domingos y el manejo de las horas extras. Sin embargo aqu aparece otra cara de la estrategia de desposesin, es decir hacia la acumulacin primitiva. Esto se evidencia cuando el Plan Estratgico seala que una de las trabas que tiene el turismo es la incertidumbre en torno a la propiedad de la tierra, la que est basada en derechos posesorios que no constituyen un ttulo de acuerdo a la legislacin nacional, produciendo una situacin en que las solicitudes

de concesin o la compra de terrenos costeros se manejan en una lenta e ineficaz base ad hoc (p. 27). En este caso es claro que la estrategia de desposesin se mueve en la direccin de lo que se podra considerar un proceso de cercamiento, el cual terminar en el despojo y expulsin de la tierra de quienes tenan derechos consuetudinarios sobre las mismas. Bajo el disfraz de un intento de reducir la especulacin lo que se busca es la apropiacin al costo ms bajo posible de las tierras en favor de los capitales dedicados a la actividad del turismo. Para completar el cuadro del sector turismo se debe aadir que de acuerdo al Plan Estratgico se pretende desarrollar en el pas una supuesta rama de turismo de salud, el cul si bien formalmente estara guiado al servicio de personas no residentes en el pas, constituye el mecanismo de entronizar en el pas las transnacionales que generan estos servicios, lo cual, al poco tiempo, llevara a que las mismas se queden con el negocio de producir la salud pblica por medio de los mecanismos de externalizacin de los servicios de la CSS y el Ministerio de Salud. Donde la estrategia de acumulacin por desposesin toma su forma ms clara es, sin embargo, en la priorizacin que ha hecho de la minera, las hidroelctricas y las concesiones sobre el uso de los recursos hdricos. En este caso el despojo es doble. Por una parte, significa desposeer y desplazar, por la fuerza si hace falta, a las comunidades indgenas y campesinas que se encuentran ubicadas o afectadas por esto proyectos, nuevamente desconocindoles sus derechos tradicionales. Por otra parte, el alto nivel de contaminacin y de otros impactos ambientales que generan este tipo de proyecto significa que se viene a utilizar el poder y la fuerza de Estado para desposeer al conjunto de la poblacin de ese derecho humano bsico que es el derecho a vivir en un ambiente sano y agradable. Los artculos de la llamada Ley 9 en 1 que permiten este tipo de inversiones sin ni siquiera realizar un estudio de impacto ambiental, constituyen, por tanto, una de las partes ms importantes de la poltica de desposesin. Esta ltima tambin se manifiesta en la poltica agropecuaria propuesta por el Plan Estratgico, la que propone que en la prctica solo se produzcan bienes agropecuarios para la exportacin, de manera que se tendra que desviar el uso de la tierra de cultivos no sustentables (por ejemplo, cebollas y tomates) a favor de exportaciones de alto valor agregado (por ejemplo, frutas tropicales) (p. 28). Se trata de una visin que atenta contra la propia soberana y seguridad alimentaria, donde la produccin de alimentos locales se reduzca a un suministro nacional mnimo (p. 29), a la vez que apunta hacia la desposesin de los pequeos y medianos productores del campo, los cuales, obviamente, sern, como ya ha ocurrido en muchas partes, sustituidos por las transnacionales dedicadas a los llamados Agribusiness, que dominan toda la cadena que va desde los insumos hasta la comercializacin. En relacin al conjunto de otras reformas que ha venido promoviendo el actual gobierno tambin resulta cierto que las mismas han sido diseadas y estn siendo ejecutadas con el fin de adelantar la consolidacin del modelo concentrante y excluyente de acumulacin. En el caso de la reforma de la educacin, la misma parece tener un triple propsito. En primer lugar, es de despojar a los educadores y sus organizaciones de todo vestigio de poder social y de resistencia. En segundo lugar, y esto tiene que ver con la reforma curricular, adaptar plenamente el proceso educativo a las necesidades del modelo, no en vano el Plan Estratgico seala categricamente que: este plan esta enfocado en la formacin del recurso humano que el pas necesita para apoyar el desarrollo de los sectores econmicos en los cuales el pas tiene ventaja competitiva para as aumentar la productividad (p. 69). En este sentido, la educacin simplemente se debe enfocar en producir la fuerza de trabajo que necesita el modelo, la cul, adems, debe ser desposeda de todos aquellos atributos ciudadanos que se relacionan con la toma de conciencia de sus derechos sociales y laborales. En tercer lugar, es de esperarse que la crtica a los problemas existentes en la educacin termine por servir de pretexto para hacer avanzar un proceso de creciente privatizacin, va la externalizacin, de la educacin pblica. En relacin a las reformas fiscales, ahora no queda duda que la misma tiene un carcter decididamente regresivo, por medio del cual los sectores dominantes, sobre todo los ms cercanos al gobierno, recibieron el beneficio de una reduccin de sus obligaciones impositivas, mientras que los sectores populares y los estratos ms vulnerables de la clase media se vern obligados a pagar ms impuestos. Este mecanismo de desposesin y despojo, ms all de elevar la concentracin de la riqueza busca asegurar a los inversionistas extranjeros que el pas tiene la disposicin y la capacidad de hacer frente a su deuda externa, lo que hace evidente la relacin entre las reformas fiscales y el hecho de que las calificadoras de riesgos, las mismas que tuvieron una de las mayores responsabilidades en la creacin de las condiciones que llevaron a la Gran

Recesin, le otorgaran a Panam el grado de inversin. Estas reformas, adems, pretenden generar los recursos necesarios para realizar en cinco aos un conjunto de inversiones equivalentes a 13,595.8 millones de balboas destinadas, al menos en gran medida a asegurar la infraestructura necesaria para el modelo concentrante y excluyente. El mismo manejo de un volumen tal de inversiones, parte significativa de la cual se proyecta realizar en construcciones, abre la posibilidad de que los capitales ms cercanos al rgimen encuentren en el mismo una fuente adicional de beneficios por la va de la acumulacin primitiva, es decir por el despoja y la rapia de los fondos pblicos. Si se tiene en cuenta que estamos frente a una estrategia de acumulacin cimentada en el proceso de desposesin, despojo y rapia contra diversos sectores de la sociedad, entonces queda claro que la misma, necesariamente, tiene que manifestarse en el creciente carcter autoritario de las intervenciones del Estado. A la desposesin econmica le corresponde la desposesin de los derechos ciudadanos, tal como se demuestra en la ley que penaliza la propuesta, as como en los artculos de la llamada Ley 9en 1 que, de manera ms bien abierta, le dan el libre paso a las acciones de fuerza del aparato represivo del Estado. No menos dependiente de todo este proceso de despojo es la creciente tendencia a centralizar todos los poderes en el rgano Ejecutivo. Algunas Conclusiones Bsicas De lo anterior se desprenden un conjunto de conclusiones fundamentales para el accionar de los sectores populares: a. El conjunto de las contradicciones y conflictos que se observan en la sociedad panamea no son ni casuales ni independientes unos de otros, los mismos surgen de la crisis sistmica de la formacin econmica y social, as como de la estrategia seguida por los sectores dominantes para asegurar su creciente acumulacin, as como para fortalecer su poder social. b. La estrategia de acumulacin y poder de los sectores dominantes no se basa exclusivamente en el proceso de acumulacin ampliada que opera sobre la base de las leyes econmicas del sistema, esta se basa de manera fundamental en la utilizacin del poder estatal para establecer, por la va de la compulsin extraeconmica, las condiciones de la profundizacin del modelo extrovertido, concentrante y excluyente. c. De lo anterior se desprende que el gobierno neoliberal tomar cada vez ms la forma de un gobierno autoritario con tendencia a la represin. Sin embargo, tambin significa la posibilidad de coordinar bajo un programa amplio a toda una gama de sectores de la sociedad que, por su propia insercin, en la estructura econmica y social, tendern a resistir las polticas neoliberales. Se trata de la posibilidad de una amplia alianza que incluya desde los sectores obreros organizados hasta los sectores de las clases medias preocupadas por el problema de los derechos humanos y la democracia. Las tareas de clarificacin de la realidad, de generacin de una propuesta de una poltica alternativa viable, as como las que tienen que ver con la organizacin y la generacin de una amplia alianza nacional democrtica, que apunte hacia la justicia social y la sostenibilidad ambiental, son, sin duda alguna absolutamente prioritarias. d. El hecho de que la estrategia de los sectores dominantes est marcada por la accin del Estado, permite visibilizar el hecho de que el acceso a las palancas del poder pblico resulta ser un hecho fundamental y central en la definicin del destino de la nacin. En estas circunstancia la lucha contra el despojo y por una sociedad que permita el desarrollo ms pleno posible de todos los hombres y mujeres de nuestro pas tiene necesariamente que ser una lucha poltica, una lucha guiada, por tanto, a generar una alternativa de poder para los sectores democrticos y progresistas.

La pelea...

Por Cenda * A partir de 2007 y luego de cuatro aos de un intenso crecimiento que expandi la economa a tasas cercanas al 9 por ciento anual, en Argentina comenz a registrarse una marcada aceleracin de los precios. Los representantes de la ortodoxia reaccionaron con rapidez y, hasta podra decirse, con una cuota de goce perverso. Para ellos la inflacin obedece a tres determinantes: 1. La exagerada emisin monetaria.

2. El descontrolado crecimiento de la demanda agregada. 3. Los desmedidos aumentos salariales. Este diagnstico es el pretexto perfecto para agitar sus inoxidables banderas, aquellas que haban tenido que replegar discretamente despus del estrepitoso fracaso de sus polticas durante los aos 90. Sin siquiera tomarse la molestia de revisar sus convicciones luego de haber generado la ms profunda crisis econmica de la historia, los muertosvivos del pensamiento ortodoxo regresan para repetir su declogo de polticas antiinflacionarias. Antes que nada, por vocacin monetarista, reclaman la restriccin de la emisin de dinero y del crdito, junto con el aumento de la tasa de inters. Al mismo tiempo, exigen poner a raya el presuntamente descontrolado crecimiento de la economa, enfriando la actividad mediante la reduccin del gasto pblico. Por ltimo, exigen que el Estado controle la presunta causa de la inflacin que ms fastidio les provoca: los aumentos de salarios. En este punto, los propios liberales se olvidan de las supuestas virtudes del libre mercado y claman por un Estado activo en la represin salarial. Este es el porqu del alborozo de la ortodoxia: segn su recetario, un gobierno comprometido con la batalla antiinflacionaria debe implementar una frrea poltica de ajuste: monetario, fiscal y salarial. Lgicamente, se trata de una forma de revertir las actuales tendencias de la poltica econmica, restringiendo la intervencin del Estado en la economa y reduciendo la participacin de los asalariados en el Producto. As, bajo el disfraz del combate contra la inflacin, lo que pretenden es introducir por la ventana las mismas polticas que la sociedad repudi en las calles y en las urnas. La falta de credibilidad de las estadsticas pblicas vino a enturbiar la crucial discusin sobre los determinantes de la inflacin. Si bien es claro que la disponibilidad de informacin fidedigna sobre la evolucin de los precios es central para comprender el fenmeno, en su afn opositor no son pocos los analistas que han puesto el carro por delante de los caballos, transformando a la calidad de la informacin en la causa misma del fenmeno inflacionario. Es que para el pensamiento macroeconmico hoy dominante, las expectativas cumplen un rol central en el proceso de fijacin de precios, hasta el punto de determinarlos. Segn sostienen, en un contexto de mayor incertidumbre los precios se elevan debido al comportamiento precautorio de los agentes, que los remarcan por las dudas. En otras palabras, la inflacin se convierte en producto de la mera creencia de que hay inflacin, en un ejemplo quijotesco de las llamadas profecas autocumplidas. As se llega al frgil argumento de que la falta de confianza en las cifras oficiales no slo priva a la sociedad de la informacin adecuada, sino que es la principal causa del aumento de los precios. Por esta va, algunos economistas pretendidamente heterodoxos adhieren a explicaciones eminentemente subjetivas y terminan ofreciendo recomendaciones de poltica econmica similares a las que ofrece la ortodoxia. En rigor, la teora de las expectativas no ha sido ms que una sofisticada forma de contrabandear las mismas viejas y fracasadas recetas antiinflacionarias, que pretenden reducir la inflacin a costa de implementar un ajuste recesivo que recae por entero sobre la clase trabajadora y los sectores ms desprotegidos de la sociedad. Desde nuestra perspectiva, la aceleracin de la inflacin que comienza a observarse hacia finales de 2007 y persiste hasta el presente no tiene como causa ni una emisin monetaria descontrolada, ni un aumento exagerado del gasto pblico, ni los incrementos de los salarios, las jubilaciones o los ingresos derivados de las polticas sociales, ni mucho menos la incertidumbre respecto de las estadsticas pblicas. Como hemos mostrado en numerosos estudios, la inflacin en la posconvertibilidad obedece a motivos de otra ndole. Un rgimen de dlar caro en una economa abierta y en expansin enfrenta, por su naturaleza, serios problemas para lidiar con un escenario internacional signado por el aumento en los precios de los productos primarios. Aunque se encuentre sospechosamente ausente en los diagnsticos ortodoxos, es difcil pasar por alto el hecho de que el principal impulso inflacionario que hoy afecta a la economa argentina es de carcter importado.

En un contexto de incremento de los precios internacionales, este empuje externo se traduce primeramente en la economa local en una suba de los precios de los bienes transables respecto de los no-transables, es decir, en una modificacin de precios relativos. Una de las especificidades de la economa argentina radica en que los bienes transables ocupan un lugar preponderante en la canasta de consumo de la clase trabajadora. En un marco de menor desempleo, esos aumentos son compensados mediante aumentos del salario nominal como nica forma de defender el poder adquisitivo de las remuneraciones. De esta manera, el impulso inflacionario importado termina de transmitirse a la totalidad de los precios una vez que esos incrementos defensivos del salario nominal son trasladados a precios por los productores de bienes no transables, gracias a que estos productos no estn sometidos a la competencia del mercado internacional. Sin embargo, lo que finalmente convalida este proceso de transmisin del impulso inflacionario es la propia evolucin del tipo de cambio nominal. Es en este punto donde reside la particularidad del fenmeno inflacionario como manifestacin del atraso relativo de la estructura industrial local. En un contexto donde el reacomodamiento del precio relativo de los bienes no transables ocurre mediante un proceso inflacionario, el gobierno debe acompaar ese fenmeno con paulatinos aumentos del tipo de cambio nominal de manera de evitar la apreciacin real de la moneda. Con una estructura productiva heterognea y una industria relativamente rezagada (debido antes que nada al proceso de desindustrializacin liberal iniciado por la dictadura militar de 1976 y profundizado hasta lmites insospechados por la implementacin del uno a uno), el entramado productivo local sigue dependiendo de manera sustancial de la competitividad cambiaria. No obstante, como ha pasado otras veces en la historia argentina, la proteccin cambiaria de la industria encuentra tarde o temprano sus lmites, de modo que el manejo de la poltica cambiaria se enfrenta hoy con un dilema irresoluble: frenar la inflacin utilizando al tipo de cambio como ancla nominal de la economa, o intentar recuperar competitividad por la va de la devaluacin, a riesgo de fogonear el proceso inflacionario y, con esto, ingresar en una espiral de difcil salida. Por lo tanto, en los antpodas de las prescripciones ortodoxas, el medio ms directo para combatir este tipo de inflacin en el corto plazo es la aplicacin de retenciones progresivas a las exportaciones que desvinculen los precios internos de los internacionales. En esta lnea se encontraba la fallida Resolucin 125, que habra contribuido a redistribuir parte de la renta de la tierra hacia la industria local, al tiempo que habra armonizado el proceso de aumento del salario real. Sin embargo, no son las retenciones la nica herramienta de poltica que permitira sortear con xito la encrucijada actual. Como ya se dijo, la inflacin es la expresin del relativo atraso de la industria local y de su necesidad de proteccin en un contexto de cambio exgeno de los precios relativos. Migrar desde un esquema de proteccin cambiaria a una estrategia basada explcitamente en la industrializacin con un decidido involucramiento del Estado no slo es el nico camino posible hacia el desarrollo nacional, sino que constituye a la vez la nica poltica antiinflacionaria efectiva que no busca la estabilidad de los precios a costa del estancamiento y, por tanto, de la represin de todas y cada una de las aspiraciones de la clase trabajadora. Por esta razn, el sendero de reconstitucin del tejido productivo nacional que comenz a aflorar en la posconvertibilidad debe consolidarse como el camino ineludible hacia la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. El desarrollo econmico no es un resultado automtico de la economa de mercado que brota una vez que se establecen algunos lineamientos bsicos desde la poltica econmica. Al contrario, el desarrollo nacional es un proyecto de pas que se encuentra permanentemente en pugna y que es amenazado por algunos grupos de poder que hoy recuerdan con nostalgia los gloriosos aos 90. El regreso de los muertos-vivos que repiten sin cesar su recetario recesivo debe ser hoy ms que nunca combatido por un proyecto que represente los intereses de los trabajadores y que tenga como irrenunciable va la decidida industrializacin del pas * Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino.

Silla ms grande

El DNU sobre la Anses y los paquetes accionarios de unas cuarenta empresas consolida un proceso donde el Estado decidi asumir una participacin directa, activa y ms intensa en la economa. Por Juan Jose Carbajales * La sancin de la Ley 26.425, en diciembre de 2008, produjo un fenmeno particular en lo que respecta a las modalidades de actuacin del Estado en la economa. Dicha norma elimin el rgimen de capitalizacin de la seguridad social, instaurado por la Ley 24.241, de 1993, y administrado por las AFJP, y dispuso su sustitucin por el rgimen solidario de reparto, denominado Sistema Integrado Previsional Argentino. Ello permiti el ingreso del Estado Nacional, va Anses, en un conjunto de sociedades comerciales de primera lnea que cotizaban en bolsa, a travs de la transferencia en especie a ese ente autrquico de los recursos que integraban el antiguo rgimen, cuyos activos pasaron a integrar el Fondo de Garanta de Sustentabilidad. El artculo 8 de la Ley 26.425 estableci la obligacin de invertir los activos del fondo de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economa real a efectos de garantizar el crculo virtuoso entre crecimiento econmico y el incremento de los recursos de la seguridad social. Sin embargo, en lo que respecta a las inversiones permitidas, la norma mantena las limitaciones del artculo 76 de la antigua ley, cuyo inciso f) prescriba que en ningn caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarn para ejercer ms del cinco por ciento (5 por ciento) del derecho de voto, en toda clase de asamblea, cualquiera sea la tenencia respectiva. La idea originaria fue evitar que cualquier AFJP se transformara en controlante de la sociedad o desviara su objeto social de manera indirecta al tomar intervencin en otros aspectos que no fuesen estrictamente de ndole previsional. Esa limitacin es la que fue derogada con el Decreto de Necesidad y Urgencia N 441/11, por lo cual la Anses podr realizar el voto acumulativo previsto en el artculo 263 de la Ley 19.550, de sociedades comerciales, para la representacin de los accionistas minoritarios en los directorios de las empresas, pero en adelante por el total de su tenencia accionaria. As, el DNU resolvi un debate planteado desde hace dos aos acerca de si el Estado Nacional est limitado por ese 5 por ciento. Hasta ahora estaban en pugna tres posibles interpretaciones, a saber: (i) ilimitada, que no le aplicaba a la Anses dicho tope; (ii) parcialmente restringida, que aplicaba la limitacin del 5 por ciento pero acumulando ese porcentaje para cada una de las AFJP que antes tenan esas acciones, y (iii) totalmente restringida, que le aplicaba el techo del 5, aun sumando todas las acciones transferidas a dicho organismo pblico que estaban en poder de cada AFJP en una empresa determinada, es decir, una limitacin independiente de la tenencia accionaria acumulada. La disputa se resolvi caso por caso y mediante negociaciones polticas. Ahora bien, a travs de 33 considerandos el decreto 441 procedi a realizar una interpretacin armoniosa que integrara el espritu de la reforma previsional dispuesta en 2008, y precis el alcance de las facultades de la Anses con el fin de aventar toda duda interpretativa. Ms all de la forma escogida, lo cierto es que esta disposicin consolida un proceso iniciado a partir de 2003, donde el Estado nacional decidi asumir una participacin directa, activa y ms intensa en las actividades comerciales e industriales que hasta ese entonces estaban en manos privadas, revisando as la poltica puramente subsidiaria de los aos 90. Es as como el Estado empresario recobr un importante rol en la gestin de variados cometidos pblicos de carcter estratgico (agua, energa nuclear, lnea de bandera). Es por ello que esta decisin del Poder Ejecutivo impone dos conclusiones. Por un lado, que por tratarse de una participacin accionaria minoritaria, la direccin y control de aquellas sociedades no podr quedar, en ningn caso, sometida a la decisin exclusiva de la Anses. Pero, por el otro lado, que este mayor involucramiento del Estado en esas firmas importar la asuncin de un papel inteligente y eficaz, actuando en conjunto con los objetivos societarios privados, pero teniendo como fin primordial la defensa del bien comn, plasmado aqu en el resguardo de los intereses y la preservacin de los activos que servirn de garanta para los trabajadores y futuros jubilados * Politlogo y Magster en Derecho Administrativo.

Trabajo esclavo y evasin

El trabajo en condiciones de superexplotacin es una de las deudas sociales ms importantes de la coyuntura actual en el campo laboral. Por Juan Montes Cato * y Jeronimo Montero ** A pesar del crecimiento de la economa y los esfuerzos por mejorar la calidad del trabajo, an persisten miles de trabajadores que sufren jornadas laborales de hasta 17 horas, encerramiento, amenazas y dems violaciones a sus derechos. La situacin muchas veces incluye mecanismos de captacin propios de la trata de personas: en su lugar de origen se les ofrece un trabajo bajo condiciones medianamente aceptables, alojamiento, comida y transporte; pero una vez que arriban a destino, se encuentran con condiciones que distan de lo acordado, incluyendo algunos meses de trabajo gratuito como pago en concepto de deuda del traslado. Este dispositivo se observa en la produccin agropecuaria, construccin y confeccin de indumentaria. Las leyes laborales penalizan al empresario que se encuentra en el extremo ms favorecido de la cadena (por ejemplo, las marcas de ropa), aun cuando existe una cadena de subcontratacin. Sin embargo, a pesar de las numerosas denuncias penales de la Fundacin La Alameda, los avances de la Justicia a este respecto son nulos. Recientemente la conexin entre trabajo esclavo y evasin fiscal a escala millonaria en el sector rural abren nuevos caminos para la erradicacin de esos abusos. El fenmeno no es exclusivo de Argentina. En la ltima dcada se generaron en el mundo diversos protocolos, grupos de trabajo y legislaciones que apuntan a estudiar y a atacar ese problema. El giro en la balanza de poder entre capital y trabajo producida durante los noventa, por un lado, y el reemplazo del Estado de Bienestar por un Estado de tipo neoliberal, por el otro, tuvieron consecuencias lamentables para los trabajadores. Flexibilizacin laboral en el Norte e informalidad en el Sur llevaron a resultados similares: una abrupta cada de la participacin de la masa salarial en el PBI, y un resurgimiento del trabajo esclavo y de la trata, no a niveles marginales sino como elemento central de ciertos sectores econmicos. La reduccin de las divisiones de inspecciones laborales sumado a un contexto desfavorable para los trabajadores produjeron una pronunciada pauperizacin de las condiciones de trabajo. Aprovechando la coyuntura, y ante un escenario nacional e internacional desfavorable para la produccin local (bajos precios de bienes importados e inestabilidad econmica), los empresarios hicieron uso masivo de la subcontratacin, trasladando los riesgos de sus inversiones a sus trabajadores a travs de la precarizacin. El sector de la indumentaria es paradigmtico en este sentido: si bien la mitad de las empresas del sector cerraron entre 1990 y 2000, la produccin local no desapareci ni fue, como se argumenta desde el empresariado del sector, reemplazada por importaciones del sudeste asitico. Cientos de fbricas cerraron para subcontratar la produccin a sus ex empleadas o a los talleres informales que desde mediados de los ochentas se multiplicaban. La alta demanda de ropa durante el primer lustro menemista fue cubierta por un creciente sistema de talleres del sudor. Hacia 1998 la crisis golpe con fuerza a esa actividad, sobre todo a los talleres y sus trabajadores, que enfrentaron la mayor parte de los costos. Al recuperarse la economa a fines de 2002, la produccin local de ropa aument significativamente. Hoy el sector est entre los ms exitosos, a pesar de su alta vulnerabilidad a las crisis econmicas. Sin embargo, este xito se sustenta en la superexplotacin de los trabajadores, pues el 75 por ciento de la ropa se produce en negro, y una altsima proporcin de los trabajadores es vctima de trata y de trabajo esclavo. A su vez, el sector rural tambin se ubica entre los ganadores del modelo actual. Algunos grandes propietarios logran cierta reconversin tecnolgica de la mano de la convertibilidad, incluso cancelando parte de la deuda gracias a quitas muy significativas. A pesar de ello las condiciones de explotacin se mantienen. El trabajo esclavo es probablemente una de las deudas sociales ms importantes de la coyuntura actual en el campo laboral. Una parte del crecimiento de algunos sectores productivos se sustenta en la explotacin de miles de trabajadores esclavizados. Contabilizar su magnitud es complicado, pero la gravedad del fenmeno requiere priorizar los esfuerzos por erradicar la existencia de esas formas de explotacin * Investigador del Ceil-Piette del Conicet y docente de la UBA. ** Doctorando en Geografa Humana, Universidad de Durham (Reino Unido).

Curiosidades de la informalidad

Por Javier Lindenboim * Una de las formas en que se expresa la declinacin de la calidad del vnculo laboral es la desproteccin, es decir, la precariedad. El ltimo dato detallado disponible (2 trimestre de 2010) indica que el 36 por ciento de los asalariados padece tal situacin. Esto es claramente un notable avance. A mediados de los noventa ese valor era del 34 por ciento, en 2000-2002, en promedio, del 38, y en 2003 de 44. De all fue descendiendo hasta el ltimo dato conocido. Lo interesante es observar qu ocurre en la materia por sector de actividad econmica. Con la clasificacin disponible son ocho las ramas que superaban el 36 por ciento mencionado a mediados de 2010. Los valores porcentuales son: 85 en el servicio domstico, 66 en construccin, 64 en textiles y confecciones. Luego, en torno del 45 por ciento se agrupan los restaurantes y hoteles, el transporte y las actividades inmobiliarias. Cerca del 40 por ciento otros servicios y el comercio. La industria, en conjunto, muestra el 31 por ciento. Ms bajo an es el valor correspondiente a las actividades primarias. Como estas actividades se desarrollan fuera del mundo urbano, son escasamente captadas por la Encuesta de Hogares realizada en una treintena de aglomerados. Igual llama la atencin que el porcentaje sea tan bajo respecto de las cifras que han circulado en tal sentido, en especial en los ltimos tiempos. Por el hecho mencionado del universo al que corresponden los datos de la EPH, de los 16 millones de ocupados que tendra Argentina, diez millones corresponden a lo que registra la Encuesta. Si descontamos las otras categoras (cuentapropistas, patrones), nos quedan algo menos de ocho millones de asalariados. De estos, cinco millones estaran protegidos y 2,8 seran precarios. Lo primero que se destaca es que ese nmero es levemente superior al registrado en 2003, lo que no contradice el descenso de la proporcin de precarios. Lo que ocurre es que el grueso del aumento de trabajadores fue el de los trabajadores protegidos, que subi en un 50 por ciento. Esos casi tres millones de precarios (que seguramente superaran los cuatro millones si los llevamos al total del pas) se componen en poco ms del 40 por ciento con el servicio domstico y el comercio. La construccin y el transporte explican otro 20 por ciento. Ntese que hasta aqu se involucra a tres de los sindicatos ms importantes. Un par de ramas de servicios y la de restaurantes agregan otro 15 por ciento. De tal modo estas siete ramas explican tres de cada cuatro puestos de trabajo precarios. Este rpido panorama ayuda a entender, por ejemplo, la relevancia de la campaa llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo contra el trabajo domstico desprotegido. Y dentro del mundo de relaciones propiamente capitalistas hay tela para cortar en diversos sectores de la actividad econmica. Todo esto, por supuesto, si damos plena fe de la informacin. Es de lamentar que los datos de la EPH de los ltimos aos proporcionan valores, al menos, llamativos. En efecto, contra lo que indican la experiencia y la teora (que en momentos de crisis si hay prdida de puestos estos sern principalmente protegidos y si hay nuevos puestos estos sern precarios), en el caso de Argentina habra ocurrido lo contrario en 2009 * Investigador principal del Conicet y director del Ceped/UBA.

Guerreros del liberalismo

La organizacin que rene a los representantes ms destacados del pensamiento neoliberal se reuni en Buenos Aires bajo la alerta de la expansin del populismo en la regin. Por Ana Lucia Grondona * Hace pocos das Buenos Aires fue la sede de una reunin regional de los miembros de la neoliberalsima Mont Pelerin Society, que reflexionaron sobre la insistencia del populismo en Amrica latina y sus amenazas a la libertad. Por cierto, la batalla de estos guerreros del mercado contra la demagogia no es nueva, ni tampoco es justo limitarla a los ltimos treinta y cinco aos. El 2 de junio de 1959, la Facultad de Ciencias Econmicas reciba a uno de los principales referentes del pensamiento neoliberal: Ludwig Von Mises. La iniciativa de las conferencias corri a cargo de Alberto

Benegas Lynch, padre de quien ser honrado en el Sheraton en algunos das y miembro fundador del Centro de Estudios para la Libertad. Von Mises no sera el nico referente neoliberal invitado por el centro en aquellos aos. En abril de 1958 haba sido el turno de Leonard Read, creador de la Foundation for Economic Education, una de las instituciones que forjaron la sociedad de Mont Pelerin (1947) de la que, entre otros, participara el propio Von Mises. Las conferencias de Von Mises fueron difundidas y reseadas ampliamente por el peridico La Prensa. Estas crnicas insistan en el papel que el neoliberalsimo otorgaba al crecimiento de la inflacin en la economa local, supuestamente causada por la proteccin social del trabajo y el intervencionismo estatal, obstculos para el crecimiento econmico. Estos beneficios artificiales resultaban distorsivos y deban erradicarse en favor de un marco legal que permitiera una libre competencia de fuerzas naturalmente desiguales. Segn consta en la publicacin de las conferencias realizada algunos aos ms tarde (1979), Von Mises no fue tmido a la hora de opinar sobre el contexto nacional: el dictador Juan Domingo Pern haba recibido su merecido al ser obligado al exilio. Leonard Read, que lo haba precedido en una serie de conferencias en 1958, fue an ms explcito, congratulndose de que sus anfitriones del centro hubieran sido acusados por el propio Pern de haber participado en su destierro. Por cierto, ni Von Mises ni Leonard Read mencionaban las bombas contra la poblacin civil en la Plaza de Mayo ni la proscripcin poltica de los aos posteriores. Evidentemente, la libertad (segn los neoliberalsimos) poda tener (terribles) costos. Pues bien, las conferencias de Von Mises y Read a fines de la dcada del 50, o las de Gary Becker en la expectante Buenos Aires de 2011, no son ms que debates entre especialistas. No conviene ser ingenuos. Pocos das despus de la visita de Von Mises y de su repercusin en La Prensa asuma como ministro de Economa uno de sus admiradores confesos, Alvaro Alsogaray, quien pondra en marcha un Plan de Austeridad, cuyo objetivo no era ya el desarrollo, que haba prometido Arturo Frondizi, sino combatir la inflacin. Resulta necesario problematizar el modo en que ciertos discursos trazan marcas, sentidos del decir, que obligan a recalar en ciertos lugares comunes (inflacin, costos laborales) para explicar nuestros males. No se trata de negar la existencia de algunas de las problemticas que stos sealan, sino de no presumir la naturalidad en la jerarquizacin de los problemas de una sociedad. Cuando se insiste en los diagnsticos sobre la inflacin, suelen ser las recetas de enfriamiento de la economa y la redistribucin regresiva del ingreso las que esperan. A pesar de las conferencias de fines de los 50 y del ascenso del neoliberalsimo Alsogaray como ministro de Economa, la racionalidad neoliberal no lograra instalarse como sentido comn del gobierno econmico en la Argentina por dcadas. La dinmica de la lucha de clases, por un lado, y la relevancia de un imaginario tejido compleja y diversamente alrededor de la nacin como proyecto social, econmico y poltico, por el otro, funcionaron como obstculos para una perspectiva que no reconoce otra realidad ms que la del individuo y su comunidad ms prxima. Pero los guerreros, pacientes, no cesaran en sus esfuerzos. As lo muestran los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los que se encuentran a diversos personajes (por ejemplo, Alsogaray) bregando porque la Argentina asumiera el camino neoliberal. Aunque soplaban vientos de nacin, seguridad y desarrollo como antdotos contra la amenaza socialista, los guerreros insistan en las soluciones de mercado. Ya les llegara el turno. Tuvieron una singular batalla, relativamente exitosa, que dieron traicionando su propia fe, en el contexto de un gobierno populista, para usar sus trminos: el Plan Rodrigo de 1975, un intento de cambiar el sentido de la distribucin de la riqueza mediante una brutal devaluacin del salario. El diseo de ese plan corri a cargo de un personaje singular, Mansueto Ricardo Zinn, de inquietante trayectoria. Antiperonista confeso, Zinn asumi como funcionario clave del tercer gobierno peronista, en las entraas de lo que divisaba como un enemigo. Segn explicara algunos aos despus, mientras asesoraba a Martnez de Hoz, en su libro La segunda fundacin de la Repblica, el sinceramiento de la economa llevado adelante en 1975 pretenda hacer de la crisis una instancia de redencin final. La quiebra programada de la economa deba revertir etapas de quietismo pernicioso (1916-1930), de comodidades distorsivas y estatistas (1930-1943), de

demagogia (1943-1946), y de un populismo que haba dopado al pueblo, inducindolo a un delirio ocioso (1946-1955). Sin rodeos ni metforas, Zinn sealaba que para hacer competitiva a la economa deban ajustarse los salarios y suprimirse la estabilidad del empleo. Todos estos dolores eran necesarios para superar la orga demaggica y entrar en el reino de la libertad. Pero Zinn no era inocente: la libertad requera de un marco de iniciativa privada y paz social. Para ello, deban operar transformaciones profundas, pues no slo deba erradicarse la subversin, sino tambin garantizar la depuracin de los culpables del fracaso del Plan Rodrigo: el sindicalismo y la burguesa nacional. En tiempos democrticos, Zinn prob nuevos caminos. As, por ejemplo, para estimular la llama emprendedora de nuestros jvenes, cofundara Junior Achievement Argentina. Por cierto, los neoliberalsimos reunidos en el Sheraton tendrn oportunidad de escuchar a Eduardo Marty, actual director general de esta institucin, que contina con la tarea de su predecesor, por ejemplo otorgando la beca Ricardo Zinn. Junto con esas actividades, Zinn desarroll otras ms redituables, tanto en el mbito privado como en el pblico. En lo que hace a este ltimo, particip en el diseo de las privatizaciones de Entel, YPF y Somisa. Antes de ello, haba dirigido el Banco de Italia y presidido la empresa Sevel. All conoci a Mauricio Macri y devino en una de las figuras clave en su formacin como negociador. Curiosamente (o no tanto) otro de los mentores intelectuales de Mauricio sera el propio Alvaro Alsogaray, quien lo iniciara en las enseanzas de la escuela liberal austraca de Ludwig von Mises * Sociloga, integrante del Centro Cultural de la Cooperacin Floreal Gorini. analuciagrondona@gmail.com

Planilla estatal es ms pesada que hace un ao

En enero los pagos de planilla del Gobierno aumentaron en $12.4 millones; de esos, $11.6 millones corresponden a empleados permanentes. TRABAJO. El comercio es uno de los principales generadores de empleo en el sector privado, pero la mayora de los contratos se da por perodos cortos. LA PRENSA/ David Mesa1544044 Minerva Bethancourth mbethancourth@prensa.com El Estado ha consolidado su papel como gran empleador en el pas. Carga con la mayor cantidad de trabajadores y sigue aumentando el presupuesto destinado al pago de salarios. En el mes de enero de 2011, la planilla del sector pblico reflej un aumento de 6 mil 433 empleados (4%) al ser comparada con el mismo perodo de 2010. La planilla de enero de este ao registr un total de 168 mil 499 empleados, de los cuales 158 mil 087 son permanentes y 10 mil 412 eventuales. El sueldo bruto de todos estos trabajadores fue de $146.6 millones, de los que $139.9 millones corresponden a los empleados que han logrado estabilidad laboral y $6.7 millones a eventuales, segn se desprende de un informe de la Contralora General de la Repblica. Estos nmeros finalmente reflejan que en enero el Gobierno aument en $12.4 millones los pagos en planilla, de los que $11.6 millones corresponden a empleados permanentes, figura que ha tomado fuerza en el sector pblico. Al comparar el mes de enero de 2011 respecto al mes de diciembre de 2010, se observa una disminucin neta de 9 mil 070 empleados pblicos, debido principalmente a las disminuciones de trabajadores eventuales del Ministerio de Educacin y del Ministerio de Salud.

Cuando se evala el nmero total de funcionarios permanentes en enero de 2011 con enero de 2010, se refleja un aumento neto de 2 mil 579 funcionarios. El presidente de Goethals Consulting, John Bennett, advierte que es necesario que el Gobierno contenga el gasto pblico, porque por cada empleo que se crea es uno que se pierde en el sector privado. El mercado laboral del sector pblico y el privado no tienen las mismas caractersticas, lo que dificulta su comparacin. Y es ms complejo lograr paralelos cuando los indicadores de cada segmento corresponden a perodos diferentes. Sin embargo, teniendo en cuenta que ambos son generadores de empleo, mientras que en el Gobierno aumenta el nmero de funcionarios, los contratos de trabajo de las empresas muestran un rezago de 24.62% en el primer trimestre de 2011. Este comportamiento en parte obedece a que el mercado laboral se est ajustando. Puede tratarse de escasez de personal en las reas en donde hay ms demanda, opin Jaime Bocanegra, gerente de servicio de consultora de recursos humanos de PricewaterhouseCoopers. Las autoridades del Ministerio de Trabajo esperan que en el transcurso de los prximos meses la cifra despunte, y se logre superar el acumulativo del ao pasado, que termin con 225 mil 516 contratos aprobados. Al culminar 2011, proyectan que se hayan sumado 392 mil 746 contratos.

ES EL CAPITALISMO UN SISTEMA SIN CONTROL?

Lunes 18 de abril de 2011 por CEPRID Joel Sangronis Padrn CEPRID El poder es infligir sufrimiento y humillaciones. El poder es destruir es espritu humano en pedazos Que se juntan despus bajo nuevas formas que se escoge. Empiece Usted a ver que clase de mundo estamos creando? Un mundo de temor, miedo, traicin, tormento. Un mundo De aplastadores y aplastados, un mundo que a medida que se afine Se volver cada vez ms despiadado. El progreso de nuestro mundo ser El progreso hacia sufrimientos. Nuestra civilizacin est fundada sobre el odio; No habr otras emociones que el temor, la rabia, el triunfo y la humillacin. Destruiremos el resto. OBrien. Miembro de la direccin del partido gobernante en 1984 de George Orwell Tendremos un gobierno mundial. Guste esto o no. La nica cuestin ser La de saber si ste ser constituido por conquista o por consentimiento. Paul Warburg. Financista miembro de C.F.R. A pesar de sus constantes y estridentes acusaciones libremercadistas en contra de la planificacin econmica, las lites del capitalismo mundial han demostrado hasta la saciedad que saben planificar muy bien y que dirigen con mano de hierro el destino de sus gobiernos, empresas e intereses. Se ha convertido en un lugar comn, dentro y fuera de los crculos intelectuales de izquierda, hacer aparecer al sistema capitalista como una nave fuera de control y a los poderosos grupos ubicados en las cabinas de mando como una especie de club de estpidos y avarientos manacos obsesionados con exprimir hasta el ltimo centavo que circula en esa nave prxima a hundirse. Creo que la realidad es mucho ms lgubre y atemorizante que esto.

El sistema capitalista ha sido controlado y dirigido en los ltimos 200 aos por un minsculo y cerrado grupo oligrquico a nivel mundial: Rockefeller, Vanderbilt, Harriman, Rothschild, Carnegie, Mellon, Morgan, Warburg, Arnault, Windsor, Thyssen, Walton, Blomberg, Agnelli, Davinson, Pillsbury. Estos grupos han promovido matrimonios entre sus descendientes como forma de concentrar y mantener el poder. Los intereses de estos grupos oligrquicos no slo han sobrevivido a guerras y crisis econmicas mundiales sino que las han aprovechado (algunos dicen que las han promovido) para fortalecerse. La actual crisis del sistema capitalista tiene caractersticas especiales; posee como una de sus principales variables el rpido agotamiento del material del que ha dependido el modelo productivista-crecentista-consumista que, hasta hoy, lo ha caracterizado, esto es, el petrleo. La crisis a la que se enfrenta nuestro actual modelo civilizatorio es la crisis del modelo de alto consumo energtico producido por la explotacin y quema de combustibles fsiles. Es por ello que en los ltimos aos hemos visto (y aun veremos) guerras de tipo colonial (Irak, Libia, Sudn) por controlar los ltimos reductos de yacimientos de hidrocarburos en el mundo. El verdadero pnico en los mercados financieros mundiales lo ha desatado las muy silenciadas noticias sobre la disminucin de las reservas mundiales de petrleo y la certeza de que hace ya ms de una dcada se traspas el cenit mundial de la produccin petrolera, esto es, el momento en que la cantidad de reservas probadas y probables alcanzaron su punto mximo (peack oil) y comenzaron a disminuir. Cuanto menos petrleo haya en el mundo menos crecimiento econmico habr y menores sern las posibilidades de que el capital especulativo (el 90% del dinero que circula diariamente en el mundo) se transforme en riqueza real o fsica. Como una estrategia de desinformacin estas elites del capitalismo mundial han esparcido por el mundo (a travs de sus todopoderosas cadenas de informacin) la idea de que la crisis los ha sorprendido, paralizado y sobrepasado; que frente a lo que se asoma como el fin del modelo civilizatorio basado en el hiperconsumo de combustibles fsiles la oligarqua mundial se encuentra a la deriva y sin proyectos estratgicos orientados a mantener y acrecentar su poder y hegemona en el mundo. Creo que esta visin peca de ingenua, simplista y ahistrica. Para adentrarnos en el anlisis de lo que podra ser un plan de dominio planetario en una sociedad post-hidrocarburos hay que comenzar por recordar que en los centros de estudio y pensamiento (think thanks) del capitalismo mundial nunca se ha dejado de estudiar a Marx; incluso en los triunfalistas aos 90 de plena hegemona neoliberal y fin de la historia, las tesis del sabio de Trveris eran de obligatorio estudio en dichos centros. Ahora bien, sabiendo esto, uno debe preguntarse: Podran los idelogos, economistas y geoestrategas del capitalismo mundial ignorar el carcter cclico y estructural de las crisis del sistema, por lo dems tan bien explicadas por Marx en sus escritos? Sus analistas financieros podan ignorar las pavorosas consecuencias para la economa mundial que la desenfrenada emisin de dinero inorgnico por parte de la Reserva Federal de los EEUU iba a causar? Podan acaso ignorar el inexorable estallido de la burbuja financiera-especulativa que esta emisin de dinero inorgnico iba a producir? Algn estudioso de la ciencia econmica medianamente bien informado poda dejar de prever la crisis de la zona euro producida por meter en el mismo carril monetario de alta velocidad de las economas francesa y alemana a pases como Irlanda, Grecia, Portugal o las naciones de Europa del este? Ignoran estas lites el acelerado agotamiento mundial de recursos naturales y la exponencial explosin demogrfica de los pases pobres del sur del mundo? Acaso no fue el Club de Roma (Centro de pensamiento de estas lites) quien encarg al Instituto Tecnolgico de Massachusetts y a los Meadows en una poca tan temprana como la dcada de 1970 el pionero estudio sobre los lmites del crecimiento en nuestro modelo social?

Acaso sus grandes corporaciones petroleras y sus organismos de energa internacionales ignoran que el cenit mundial del petrleo se sobrepas hace ya ms de una dcada? Obviamente que las respuestas a todas estas interrogantes es un rotundo no!!, entonces: Habra que creer que las actuales crisis en sus vertientes energtica, financiera, ecolgica y alimentaria ha tomado a la oligarqua mundial desprevenida y por sorpresa? Yo no puedo ni siquiera manejar como hiptesis una respuesta afirmativa. Creo que estas lites y sus analistas si visualizaron con claridad y precisin los actuales (y venideros) escenarios de crisis, y han preparado sus respuestas a los mismos. Estas lites son neomalthusianas. Creen firmemente en que la supervivencia de la civilizacin, y quizs hasta de la propia especie humana, pasa por una drstica reduccin de su nmero en la tierra. Darwinianamente se ven a s mismos como el grupo ms apto, el mejor adaptado y fuerte, el ms evolucionado en la lucha por la preeminencia y dominio de la sociedad humana, por lo que no tienen ningn tipo de objecin de conciencia para eliminar a quienes consideran inferiores. Les desvela y preocupa el aumento de la gente de color a lo largo y ancho del mundo. Ven a los chinos como sus verdaderos y ms formidables enemigos para las prximas dcadas, por ello, la tesis del choque de civilizaciones de Huntington est ms dirigida contra el mundo confusiano chino que contra el mundo rabe-musulmn. Slo necesitan a una parte de la actual poblacin mundial para utilizarla como mano de obra y servicio de sus necesidades. Estiman que los recursos de la tierra no son suficientes para permitir que todos sus habitantes tengan libre acceso a ellos, por lo que este acceso debe ser limitado y restringido. Para estas lites el control de la natalidad de las masas empobrecidas del sur del mundo tiene carcter estratgico y de seguridad mundial. Estudian planes de accin y estrategias que permitan la rpida y progresiva eliminacin de lo que ellos consideran poblacin sobrante; para ello, es vlido el desarrollo de guerras, desastres climticos (sistema Haarp), hambrunas, desarrollo en sus laboratorios de ingeniera gentica de nuevas formas virales que produzcan epidemias (sida, bola, gripe aviar, gripe porcina, nuevas cepas de enfermedades de transmisin sexual que generen esterilidad), introduccin de elementos esterilizantes en alimentos y frmacos. La industria cultural de estas lites ha jugado un importante papel preparando a la humanidad para aceptar las tesis que esta oligarqua mundial ha diseado: las pelculas catastrofistas de trasfondo tico-ambiental han ido haciendo un nicho en la psiquis colectiva de la poblacin mundial con el mensaje de que los causantes de todos los males de la tierra somos los humanos, todos los humanos, toda la especie humana, sin distincin, sin culpables directos,, por lo tanto, controlar, limitar o reducir el nmero de individuos de nuestra especie es bueno, es ecolgicamente necesario. Estas lites suscriben totalmente la tesis de que para mantener el actual ritmo de consumo y desecho haran falta varios planetas tierra, lo que es obviamente imposible, por lo que, como tampoco estn dispuestos a compartir o reducir su riqueza y poder, ni a prescindir del sistema que les garantiza estos, su solucin lgica es reducir, de una forma u otra, un porcentaje importante de la actual poblacin mundial: los menos aptos, los ms atrasados, los prescindibles; la misma lgica de los nazis en el tercer reich. Para esta oligarqua cualquier proyecto poltico que intente o proclame incluir poltica, econmica y socialmente a las masas, o que declare querer distribuir equitativa e igualitariamente los limitados recursos del planeta acta en forma irresponsable e irracional, es una amenaza a la supervivencia de la sociedad humana y de la vida misma sobre el planeta, en consecuencia, hay que combatirlo con todas las armas disponibles. Esta plutocracia mundial tiene la capacidad militar, tecnolgica, cientfica y financiera para imponer al resto del mundo un nuevo modelo de organizacin social y econmico con ellos, o sus operadores polticos (ONU, FMI, G8, OMC, AMI, OTAN) a la cabeza. A su vez las lites de los pases emergentes al parecer han entendido y aceptado como vlida, o por lo menos temporalmente inevitable, esta situacin y es por ello que hemos

visto en la ltima guerra de saqueo colonial en contra de Libia, a pases como China y Rusia abstenerse de ejercer su derecho al veto en contra de ella. Sin menospreciar el papel que contra esta conspiracin oligrquica mundial pueden desempear los estados nacionales gobernados por movimientos populares o revolucionarios como son los casos de Cuba, Venezuela o Bolivia, creo que la verdadera capacidad de resistencia en contra de estos planes ha de venir de movimientos contrasistema y contraculturales como los zapatistas en el sur de Mxico, el movimiento de los sin tierra en el Brasil, los grupos musulmanes de resistencia en el mundo rabe, el movimiento decrecentista y los movimientos indgenas en el rea andina. Pelear contra esta oligarqua desde las tradicionales estructuras del estado burgus es otorgarle todas las ventajas y jugar con su lgica y reglas de juego, y as, creo que es imposible, no se diga vencer, incluso sobrevivir. Los escenarios de pases y sociedades convulsas, con estallidos sociales y guerras civiles forman parte de los planes de esta oligarqua mundial. La ingobernabilidad en algunos pases (Mxico, Irak, Sudn, Costa de Marfil, Libia) permitir la secesin y control de ricos territorios por parte de estos centros de poder mundiales permitir a su vez la destruccin de redes sociales que podran permitir una resistencia organizada en contra de los saqueos. El fortalecimiento del cuerpo social de nuestros pueblos, el asumir y profundizar la lucha por superar al capitalismo como cultura cotidiana, con su brbara y esterilizante lgica cosificadora y mercantil es, a la vez, reto y esperanza para toda la humanidad. Joel Sangronis Padrn es profesor de la Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt (UNERMB), Venezuela Joelsanp02@yahoo.com

Otra enseanza del gobierno argentino para el mundo: cmo adulterar los indicadores

econmicos y sociales y luego llamar al FMI para reparar el dao

Rubn M. Lo Vuolo 24/04/11 Desde comienzos de 2007 el gobierno argentino tiene intervenido el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (Indec). Durante todos estos aos se viene aplicando una poltica deliberada y sostenida de manipulacin de indicadores esenciales para evaluar la generacin de riqueza, su distribucin y las condiciones de vida de la poblacin. No se trata slo de un problema tcnico sino de fundamental importancia en cuanto caracteriza la calidad de la democracia vigente en el pas al mismo tiempo que ilustra acerca de cmo el uso arbitrario del monopolio estatal sobre la produccin de informacin bsica para la construccin de indicadores econmicos puede utilizarse para distorsionar la percepcin ciudadana sobre la realidad social, obstruye la investigacin independiente y coarta la libertad de opinin respecto de la gestin pblica. Los indicadores que elabora el Indec no slo sirven para llenar planillas de estadsticas locales e internacionales sino que son utilizados cotidianamente en la investigacin social, la evaluacin de las polticas pblicas, las sentencias de fallos judiciales, las negociaciones paritarias de salarios, el clculo de los rendimientos de la deuda pblica, etc. Hasta la intervencin poltica, el Indec tena una ganada legitimidad en la elaboracin de estadsticas cuyo uso generalizado era incuestionable. Como ejemplo, vale sealar que, hacia fines de la dcada del noventa, el ndice de Precios al Consumidor (IPC) que calculaba el Indec se utiliz como referencia para armonizar los ndices de los pases del Mercosur, en tanto se lo consideraba como el ms completo en trminos de cobertura-producto y el ms elaborado a nivel regional (su mayor problema es que se limita a la regin de Capital Federal y al Gran Buenos Aires, mientras los institutos de estadsticas de las Provincias se ocupan de las estimaciones de los ndices locales).

La intervencin poltica del Indec revirti violentamente este prestigio. Tcnicos y empleados del organismo que se negaron a ser cmplices de las polticas oficiales de adulteracin y manipulacin de los indicadores fueron y son sometidos a presiones, amenazas (con denuncias de violencia fsica) y despidos directos. Este proceso violatorio de los derechos laborales bsicos ha sido constantemente denunciado por la organizaciones sindicales como la Asociacin de Trabajadores del Estado (ATE), por organizaciones no gubernamentales y por profesionales-usuarios de la informacin del sistema estadstico nacional. Tambin debe destacarse que otras organizaciones sindicales, como as tambin mltiples actores acadmicos, polticos y sociales han optado por el silencio cmplice e incluso la defensa de este atropello, pese a que suelen autoproclamarse como defensores de los derechos laborales y sociales. Como forma de disimular el arbitrario manejo del organismo, que depende directamente del Ministerio de Economa, en julio de 2009 el gobierno nacional dispuso la constitucin de un Consejo Acadmico de Evaluacin y Seguimiento (CAES), designando unilateralmente cinco universidades nacionales a las que asign la tarea prioritaria de evaluar la elaboracin del cuestionado IPC. El crtico informe elaborado por el CAES y entregado hacia fines de 2010, no fue del agrado del gobierno y por lo tanto hasta la fecha no lo discuti ni lo difundi oficialmente. Pese a ello, parte del contenido trascendi a la prensa y circula de manera informal, quedando claro que para el CAES el IPC dej de reflejar la evolucin de los precios que pagan efectivamente los consumidores y perdi toda credibilidad. La recomendacin es la elaboracin de un nuevo indicador que asegure la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios. Al mismo tiempo seala la necesidad de una urgente y profunda reforma del Instituto. Para fundamentar sus conclusiones, entre otras cosas el informe del CAES subraya que el desplazamiento de profesionales y tcnicos ha implicado, adems del deterioro personal y profesional de los mismos, una notable prdida en cuanto a experiencia e idoneidad, atributos que constituyen el capital ms importante de cualquier organismo de este tipo. En el informe se llama la atencin acerca del alto porcentaje de personal contratado en los ltimos aos, al punto que casi un tercio del total tena una antigedad menor de 3 aos en la institucin. Adems, se seala el porcentaje relativamente bajo de personal con estudios terciarios/universitarios y ms, a lo que se suma la enorme cantidad de vacantes en puestos de direccin que es resultado del desplazamiento de personal con trayectoria. De las nueve direcciones nacionales del Indec, siete estaban vacantes, al igual que un 39% de los cargos jerrquicos (en tanto que ms del 30% de los ocupados tiene nombramiento transitorio). La baja calidad estadstica de los recursos humanos que producen la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el IPC se atribuye directamente a la intervencin del Indec, puesto que, siempre segn el informe de referencia, hasta el ao 2006 el organismo tena "los ms altos estndares" y "el reconocimiento por la excelencia de sus cuadros tcnicos". Entre varias anormalidades detectadas en el Indec, se sealan problemas en la recoleccin de datos, la falta de publicidad de los procedimientos para el clculo de las canastas regionales de consumo y precios, la falta de difusin de los resultados de la ltima encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, los cambios desconocidos en la metodologa de estimacin de coeficientes utilizados para la elaboracin de indicadores claves, etc. La poca fiabilidad del IPC se deriva de varios elementos entre los que se destaca que: 1) se redujeron de 90.000 a menos de 30.000 los precios relevados en locales y negocios; 2) aument a casi el 30% la proporcin de los precios imputados directamente por personal del Indec y sin explicitar con qu criterio se realiza tal imputacin; 3) se reemplazaron los precios de mercado por la informacin brindada por organismos pblicos; 4) se redujeron las variedades de productos y servicios a la mitad por lo que la estructura de ponderaciones del nuevo IPC difiere significativamente de la estructura que surge de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares; 5) esta canasta qued reducida en ms de un 25% debido a problemas en los precios relevados, falta de precios o precios nulos; 6) "varias de las exclusiones cambian cualitativamente la canasta hacindola menos representativa de los hogares de ingresos medios y altos"; 7) existen mltiples inconsistencias en los precios incluidos en el ndice en relacin con otros indicadores, por ejemplo por registrar reducciones en precios de servicios con alta preponderancia de personal, cuando los salarios aumentaron sensiblemente; 8) no es adecuada la nueva frmula introducida para los productos con canasta estacional. En sntesis, es evidente que el IPC que hoy elabora el Indec no slo es inadecuado para medir la evolucin de los precios al consumidor sino que tampoco puede utilizarse como deflactor a efectos de estimar variables reales como el PIB, el tipo de cambio, el poder adquisitivo del salario o los niveles de pobreza. A estos

problemas se suman otros. Por ejemplo, dejaron de difundirse muchas estadsticas e informes que probablemente nunca se recuperen y dejen un hueco para estudiar la historia econmica y social del pas. Ya no se presenta el informe sobre la variacin de los precios segn quintiles de ingreso que permita evaluar el impacto de la inflacin en los distintos estratos sociales. Tambin se suprimi la difusin de los precios promedio de una lista de muchos alimentos y bebidas que servan como referencia de los valores revelados por los encuestadores. La magnitud de la distorsin estadstica es mayscula. Por ejemplo, segn un estudio publicado por el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Polticas Pblicas (Ciepp), entre enero de 2006 y marzo de 2010 el IPC elaborado por el Indec registr un incremento de 40,6%, mientras que un ndice elaborado promediando los registros de las oficinas estadsticas de cuatro Provincias que mantuvieron la metodologa de clculo utilizada antes de la intervencin del Indec, dara como resultado 101,6% para el mismo perodo. No debe extraar que en las discusiones paritarias sobre salarios los propios sindicatos (incluso los ms acrrimos defensores del gobierno nacional) invoquen los ndices alternativos a los oficiales para sustentar sus reclamos sectoriales. Pero los problemas no se agotan en la elaboracin del IPC. Durante mucho tiempo se dejaron de publicar las bases de usuarios de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los nmeros desagregados de la misma se van difundiendo con mucho atraso, lo cual impide evaluar el comportamiento ms reciente de otras variables, como por ejemplo la calidad del empleo. A esto se suman serias dudas acerca del modo en que se hace hoy el relevamiento y se cargan los datos en esa encuesta de uso imprescindible en la investigacin econmica y social. En Argentina existen estudios privados sobre la pobreza por ingresos que duplican a las cifras oficiales y es comn escuchar en reuniones de especialistas grandes diferencias cuando se discute la evolucin del PIB. Las inconsistencias son particularmente llamativas cuando se observan los datos durante la crisis internacional de 2008-09: para el gobierno nacional la actividad econmica segua creciendo aun cuando el nivel de las importaciones (difciles de adulterar) registraban cadas de hasta el 10%. Las inconsistencias estadsticas tambin afectan otros indicadores que siguen peridicamente la actividad econmica (como el Indicador Sinttico de Servicios Pblicos), a lo que se suman atrasos crecientes en la informacin de otros organismos del Estado. Por ejemplo, la Administracin Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que administra los cuantiosos fondos de los seguros sociales y financia los programas de transferencias de ingresos ms voluminosos, dej de publicar informacin estadstica relevante para la evaluacin de su desempeo desde 2008. En el medio de este descalabro institucional, Argentina realiz su ltimo Censo de Poblacin. Las denuncias de especialistas acerca de los problemas en la elaboracin del mismo han sido mltiples, empezando por sealar la falta de consulta y coordinacin del Indec con organismos del propio gobierno nacional que intervienen y regulan temticas laborales, econmicas y sociales. A eso se suman las crticas a las pruebas piloto, la falta de inclusin de tems relevantes, los problemas en la elaboracin de las muestras y en los censos experimentales en pequeas localidades, etc. Es muy probable que cuando se difundan los resultados definitivos, se multipliquen las inconsistencias en este instrumento crucial de informacin sobre la situacin del pas. La defensa del gobierno nacional recurre (extraoficialmente) al siguiente argumento: la subestimacin del IPC achica los pagos de ciertos cupones de la deuda pblica cuyo rendimiento est atado a ese indicador. Ms all que este argumento implica reconocer la distorsin intencionada de los indicadores, lo que no se dice es que un 40% o ms de ese hipottico ahorro corresponde a ttulos atesorados por la ANSES, es decir dinero de los trabajadores y pensionados con destino a las prestaciones de la seguridad social. Tampoco se dice que la subestimacin de la inflacin se corresponde con la sobreestimacin del PIB y que esto repercute en mayores pagos en otros cupones de la deuda que estn atados a este indicador (es cierto que por montos mucho menores a los ahorros en los cupones atados al IPC). Adems, lo que sucede con el Indec se ha vuelto uno de los impedimentos ms importantes para que el pas vuelva a los mercados internacionales de crdito. Justamente, todo indica que este ltimo motivo ha empujado al gobierno nacional a recibir en los ltimos das una misin del FMI, con el objetivo de asesorarlo en la reelaboracin de los indicadores estadsticos. O sea que el gobierno nacional, por un lado descarta personal tcnico y profesional capacitado del Indec,

desconoce y no toma en cuenta informe