NOMBRE DEL PONENTE: Uc. lEOPOlDO REY QUIÑONES NAVARRETE. (SUB-COORDINADOR

REGIONAL DE LA FUNDAClON COLOSIO EN EL ESTADO DE GUERRERO Y PRESIDENTE DE LA

FUNDACION COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO) DOMICILIO: OFICINAS.-CALLE REAL DE CUAUHTEMOC No. 4 INTERIOR 2do. PISO DESPACHOS 201­

Y 202. COLONIA CENTRO c.P. 40200. TELEFONO OFICINA: (01) (762) 622 30 99 TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, MEX.

CO RREO ELECTRO NICO: licleoreyq uinonesn@hotmail.com

TITULO DE LA PONENCIA: GOBERNABllIDAD DEMOCRATICA y El ESTADO SOCIAL DEL

DERECHO

DESARROllO DE LA PONENCIA.

Dentro de la Gobernabilidad Democrática y el Estado social de Derecho, la Seguridad Jurídica de

los Ciudadanos es uno de los bienes más preciados que el estado garantiza a través de la observancia general de normas jurídicas y mandatos de autoridad que permiten que todo ciudadano se mueva dentro de un marco legal con igual libertad y autonomía y que le permite

realizar un plan de vida; es por eso que la obligatoriedad a estas normas y mandatos revisten gran importancia.

Si la legitimidad es la mayor aspiración de un estado democrático que pretende que sus ciudadanos acepten voluntariamente y por convicción el orden político y jurídico este solo podrá

darse si este se basa en principios dignos de ser reconocidos que sean de aplicación u observancia en general y cuyo resultado sea producto de un exhaustivo proceso de consenso y análisis Es por esto que tanto la Seguridad Jurídica como la legitimidad de un orden político son

condiciones indispensables para la existencia del estado.

Cuando en una sociedad se presenta desobediencia civil da como resultado una crisis parcial de

legitimidad pues alguna ley o política determinada es ilegítima desde el punto de vista de principios consensuales cerrándose además las vías institucionales de disenso esto tiene como fin

el producir un cambio que estará al margen de todo marco legal, pero ahí es donde se solicita al gobierno que sted·va a encabezar que estas medidas de la sociedad que en su desesperación

para ser escuchadas y que opte por esta acción esta no sea vista como una amenaza para el

sistema político sino como una expresión de la sociedad que indirectamente ayude a mantener la estabilidad del sistema constitucional.

La falta de Seguridad Jurídica provoca la inefectividad del orden político dando paso al caos ya la anarquía; es muy importante que estas expresiones de la Sociedad no se generalicen y se

conviertan en preludios de movimientos radicales que se puedan convertir en una pérdida parcial

o pérdida total de la legitimidad minando con esto la Seguridad Jurídica de los ciudadanos; estas expresiones deberán encauzarse de manera pronta y efectiva por las vías institucionales que se

constituyan en un recurso estabilizador a través de la legitimidad, además de que se revise las desviaciones y se promuevan las correcciones y cambios necesarios para fortalecer y dar efectividad a toda institución democrática adaptándose a toda circunstancia cambiante que requiere el País para vivir en paz y seguro.

No basta una reforma legal y procesal para recuperar la seguridad y la tranquilidad en el país; se deben combatir las causas específicas de cada tipo de conflicto o crimen y prevenir su incidencia. El resultado a todo esto se ha visto a través de un uso irracional de recursos y la criminalización de los conflictos sociales, actualmente el 75% de los recursos públicos dedicados a la seguridad y la justicia penal se destinan a los delitos no violentos y de bajo impacto social.

Desafíos:

• La reforma penal debe ser integral con instituciones más justas y eficientes

• Mejora en las organizaciones encargadas de la prevención (aumento de recursos y vigilar que los mismos sean aplicados a cada uno de los programas destinados para ello, cubrir en su totalidad todos los estados, municipios y comunidades del país, establecer un monitoreo de supervisión para que estos programas se apliquen y se lleven a cabo en su totalidad), la procuración e impartición de justicia así como mejorar en su totalidad el sistema de readaptación social.

Actualmente el gobierno se ha concentrado al tema de seguridad pública enfocado al crimen organizado particularmente al narcotráfico; debido a esto la urgencia y la impotencia han impedido que ampliemos nuestra visión a todos los demás delitos; por ejemplo en las zonas rurales existen 2 homicidios por cada uno del crimen organizado, actualmente se producen 30,500 pérdidas de vida en accidentes fatales, en un accidente la probabilidad de que un mexicano muera en un accidente es 4 veces mayor a la de un canadiense y 8 veces mayor a la de un español, no son atendidos los problemas derivados entre vecinos y familiares solamente le dan la atención cuando estos terminan en una situación de violencia y lesiones y de estos solamente cuando las mismas son graves, es un sinfín de situaciones que no son atendidas adecuadamente por ser delitos no violentos y no graves como los accidentes de tránsito, fraudes o pequeños robos, en respuesta a todo esto la aplicación de la leyes represiva y desproporsionada,mientras el crimen organizado goza de cabal salud, diariamente el erario público destina 27 millones de pesos a la manutención de los reclusos de los que solo el 7% se les imputa delitos violentos y graves, se dedica un 75% de los recursos aproximadamente 65 millones de pesos a investigar, encarcelar y procesar a los responsables de los delitos no violentos ni graves, mientras el crimen organizado continua gozando de cabal salud.

Para terminar debemos de considerar los siguientes puntos:

El sistema penal mexicano tiene 2 problemas es injusto e ineficiente:

• Es injusto porque existe inequidad en el proceso derivado de exacerbadas facultades del ministerio público que no son controladas adecuadamente y de las que se derivan numerosas violaciones a los derechos humanos.

• Un culto al expediente escrito que coagula la realidad y la lleva cercenada al escritorio del juez.

• La defensa de oficio tiene grandes adversidades derivadas de su bajo salario y que lo orillan a exigir dádivas para una adecuada defensa de la víctima.

• En el caso de un defensor particular este enfrenta un sistema que subsidia y valida las insuficiencias e ineficiencias de la policía y del ministerio público.

• Es ineficiente pues solo se reportan 1 de cada 5 delitos y con esto basta para saturar las procuradurías de justicia.

• Pocas investigaciones son concluidas.

• Los procesos se prolongan por meses, y la víctima sale con las manos vacías y decepcionadas del sistema penal.

Soluciones:

• El sistema penal debe ser cambiado a un sistema acusatorio, adversarial, público y oral, en que las partes sean iguales.

• Profesionalización de los servidores públicos y abogados que participan en el proceso de protección a la víctima y respetando siempre sus derechos humanos.

• Se debe fortalecer la prevención, la justicia cívica y la procuración social reservando el sistema penal para casos extremos aplicando procedimientos y sanciones de manera proporcionada estableciendo mecanismos de justicia restaurativa.

• Se debe simplificar los procedimientos en los que no hay intencionalidad como lo serían los accidentes de tránsito o lesiones menores, privilegiando el acuerdo y la reparación del daño.