Ley 3058
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LEY DE HIDROCARBUROS #3058
Después de 11 anteproyectos de Ley de Hidrocarburos que fueron ventilados en el
Parlamento y en medio de un clima de creciente tensión y descontento de los
sectores sociales que exigían la nacionalización de los hidrocarburos, el 17 de
mayo de 2005, el presidente del Congreso Nacional, Hormando Vaca Diez,
sancionó la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058 ante la negativa de Mesa para
poner su firma y promulgar esa ley.
La decisión del presidente Carlos Mesa de devolver esa ley provocó generalizadas
críticas y nuevamente surgieron amenazas sindicales de protesta en la sede de
gobierno.
Mesa alegó que este proyecto dividía al país y que estaba en riesgo la integridad
nacional. Indicó que su contenido “era confiscatorio” para las empresas petroleras
extranjeras y aseguró que no la promulgaría por considerarla “suicida e inviable”.
La Ley de Hidrocarburos tenía por objetivo darle a Bolivia un horizonte de
esperanza, de certeza, de seguridad hacia adelante.
La nueva ley del gas buscaba impulsar una economía mixta en el sector de
hidrocarburos, fortalecer YPFB y su participación en toda la cadena productiva,
fomentar el consumo interno de gas natural e incrementar los niveles de
exportación, además de priorizar la industrialización con la consecuente
generación de valor agregado a las exportaciones.
Este instrumento legal obligaba a la migración de contratos en un plazo de 180
días. En materia impositiva, creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del
32% sobre el total de la producción de hidrocarburos, un tributo no acreditable ni
deducible que se medía y pagaba con las regalías. En su momento, se explicó que
la vigencia de este “sobreimpuesto”, al que se sumaban el 18% de regalías,
participaciones y otros tributos, constituía una carga de más del 50% para las
petroleras, que incluso analizaban dejar el país por no ser atractivo a sus
intereses.
La coparticipación del IDH quedó distribuida en un 4% para los departamentos
productores de hidrocarburos, 2% para los departamentos no productores y un
saldo a favor del TGN, pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas,
municipios, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros. El
destino de los recursos se distribuyó entre los sectores de educación, salud,
caminos, desarrollo productivo y empleo.
Aunque no le asignó recursos, esta norma dio curso a la refundación de YPFB y
estableció su participación en toda la cadena productiva, a partir de la
recuperación de las acciones de las empresas petroleras capitalizadas
administradas por las AFP, que se destinaban al pago del Bonosol. También se
promovió la descentralización de sus oficinas en los departamentos productores
del país, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.
En materia de comercialización, la Ley de Hidrocarburos, estableció límites sobre
precios y volúmenes. Además, priorizó el abastecimiento interno y elimina a los
mayoristas de la cadena comercialización interna.
Sobre el consumo interno, se establecieron subsidios para las tarifas de
distribución de gas natural por redes como una forma de facilitar el consumo
doméstico, la pequeña industria y servicios esenciales.
Las petroleras mostraron su disconformidad con el nuevo régimen que gravaba
mayores impuestos y regalías, éstas advirtieron un “clima de incertidumbre” para
las inversiones. En tanto, los movimientos sociales amenazaron con radicalizar
sus medidas de presión en procura de la recuperación de los hidrocarburos, la
viabilización de la Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso Nacional, la
renuncia del Presidente y el adelantamiento de elecciones generales.
El 6 de junio de 2005, el presidente Carlos Mesa renunció irrevocablemente
después de dos amenazas previas efectuadas en marzo y junio. La aprobación de
la Ley de Hidrocarburos, sus diferencias con el Congreso Nacional y las
movilizaciones sociales fueron las razones expuestas para su dimisión ante el
Congreso. “No me dejan gobernar”, sentenció.
INCUMPLIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY
En medio de las tensiones sociales alrededor de Plaza Murillo, se decidió trasladar
las sesiones del Congreso a Sucre, la capital de la República. Presionados por los
movimientos sociales, el presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca
Diez (MIR) y el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío (MNR),
dieron un paso al costado, dejando así la responsabilidad de la conducción del
país al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé,
quien en el marco de la sucesión constitucional, juró como Presidente de la
República, al filo de la media noche del 9 de junio de 2005.
La asunción de un presidente proveniente de las filas del Poder Judicial despertó
esperanzas y temores respecto el cabal cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos,
más aún cuando Rodríguez Veltzé aclaró que su única misión era la preservación
del orden y la prosecución de las elecciones generales. En los hechos, el
Presidente jurista archivó la agenda de octubre y la recuperación de los recursos
hidrocarburíferos.
Bajo esa coyuntura, se impusieron las amenazas de ocho empresas petroleras,
excepto Petrobras, de acudir a organismos internacionales para impugnar la
nueva Ley de Hidrocarburos 3058 por considerarla confiscatoria y por no respetar
los contratos de riesgo compartido y acuerdos bilaterales de protección recíproca
de inversiones. Las petroleras ratificaron su intención de no migrar a los nuevos
contratos hasta que se impulse “un plan de incentivo al sector y se introdujera
cambios de fondo en la ley”.
Las compañías que recurrieron a estos argumentos fueron Repsol YPF, Total,
British Gas, Pluspetrol, Vintage, Pan American Energy, Exxon y Techint, que
consideraron que el régimen impositivo de la Ley 3058 era un exceso al obligarlas
a pagar el 50% de tributos (32% de IDH y 18% de regalías).
Temeroso de las acciones legales que asumieron las petroleras, Eduardo
Rodríguez, optó por ignorar la Guerra del Gas y el cumplimiento de la nueva Ley
de Hidrocarburos. Para evitar arbitrajes internacionales, esa administración
gubernamental forzó la ampliación de los plazos de negociación para que el
venidero gobierno asumiera decisiones. Esta característica marcó el proceder de
ese gobierno no sólo en el sector hidrocarburos.
El gobierno de Rodríguez Veltzé aseguró que no tenía capacidad para ejecutar la
nueva ley hidrocarburífera y el 22 de junio de 2005 reglamentó la aplicación del
IDH. Tras una prolongada presión y posterior negociación con los beneficiarios, el
gobierno determinó la obligatoriedad de que estas entidades, para recibir los
recursos, presentasen proyectos en diferentes rubros.