Liberales invitan a Uribe a revisar ley de víctimas y restitución de tierras para no caer en

imprecisiones

Caracol | Marzo 7 de 2011

Un llamado al expresidente Álvaro Uribe para

que analice detalladamente el texto del proyecto

de la ley de víctimas de la violencia sobre varias

de sus preocupaciones como el de la

sostenibilidad fiscal y las víctimas de los agentes

del estado formuló el senador liberal, Juan

Fernando Cristo, coordinador ponente de la

iniciativa.

Cristo señala que esta dispuesto a reunirse con el expresidente Uribe para intercambiar

opiniones sobre ese proyecto crucial para los colombianos en la actual coyuntura.

El Senador Cristo le dirigió la siguiente comunicación al expresidente Uribe.

Bogotá D.C., 3 de marzo del 2011

Doctor

ALVARO URIBE VELEZ

Ex Presidente de Colombia.

Señor Ex Presidente:

Me dirijo a Usted con todo respeto, más allá de las diferencias y controversias de los

últimos años, con el fin de enviarle el texto definitivo de la Ley de Víctimas y Restitución

de Tierras radicado el día martes 1º de marzo en el Senado de la República, que fue suscrito

por Senadores de todos los partidos representados en el Congreso de la República.

En medio del debate sostenido desde que se presentó por primera vez esta iniciativa en

septiembre del 2007 y ahora que avanza su trámite como parte fundamental de la agenda de

la Unidad Nacional liderada por el Presidente Santos, creo conveniente y oportuno en esos

momentos compartir algunas reflexiones sobre el tema, con el propósito constructivo de

explicar algunas inquietudes y dudas que usted ha expresado alrededor del proyecto de ley

y que estoy seguro podrán ser despejadas al revisar a profundidad su texto.

Al leer sus declaraciones a medios de comunicación y afirmaciones en la red, una de las

preocupaciones que advierto, es la decisión de incluir como eventuales beneficiarios a

todos los ciudadanos que hayan sido objeto de violaciones a los derechos humanos y al

derecho internacional humanitario, sin considerar quien fue su victimario. Es decir, la

inclusión del principio internacional consagrado en resoluciones de Naciones Unidas

aceptadas por Colombia, de no discriminación de la víctima, frente al cual Usted expresa

nuevamente inquietudes por su efecto sobre los miembros de la fuerza pública. Al respecto

Señor Ex presidente, en el artículo 9 del texto sometido a debate, podrá apreciar con toda

claridad que se adoptan todas las precauciones necesarias para evitar el daño que le

preocupa, al señalar que, “el hecho de que el estado reconozca la calidad de víctima en los

términos de la presente ley, no podrá ser tenido en cuenta por ninguna autoridad judicial o

disciplinaria como prueba de la responsabilidad del estado o sus agentes”.

Con esta norma y otras a lo largo del proyecto en el mismo sentido, queda claro que esta

ley de justicia transicional se ocupa fundamentalmente de las víctimas y sus derechos, y no

de sus eventuales victimarios, quienes tendrán sus procesos penales de acuerdo a la ley

penal ordinaria o a la Ley 975, de manera independiente al proceso de reparación. Estas

normas para proteger al Estado y sus agentes, fueron concertadas entre todas las fuerzas

políticas de la Unidad Nacional y el propio gobierno, con la participación de la cúpula de

nuestras fuerzas armadas.

Adicionalmente, durante el debate que se surtió en la Cámara de Representantes, se

establecieron una variedad de controles y mecanismos para garantizar que la autoridad

administrativa no pueda pronunciarse sobre el potencial victimario, así como otras

herramientas para evitar la postulación de falsas víctimas. El proyecto establece que “En el

evento en que la víctima mencione el o los nombres del potencial perpetrador del

menoscabo de derechos que alega haber sufrido para acceder a las medidas de atención,

asistencia y reparación previstas en la presente ley, este nombre o nombres, en ningún caso,

serán incluidos en el acto administrativo mediante el cual se concede o se niegue el

mismo.”

La segunda preocupación expuesta desde el gobierno anterior y reiterada ahora, es el

supuesto alto costo fiscal de la iniciativa, frente al cual se manejan de manera bastante

ligera toda clase de cifras que van desde los siete (7) billones de pesos hasta los ochenta

(80), con lo que se confunde a la opinión pública.

Frente a esta preocupación que considero válida y razonable, debo decir en primer lugar

que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha avalado la iniciativa en un marco de

aplicación de 10 años en forma gradual, porque considera que el Estado está en capacidad

de hacer un esfuerzo sostenido para reconocer los derechos de las víctimas. En segundo

término muchos analistas, algunos de buena fe y otros no tanto, atribuyen a la ley una serie

de costos y obligaciones que el Estado ha asumido como consecuencia de decisiones que en

buena hora adoptó su gobierno, como la expedición del Decreto 1290 de indemnización

administrativa, o por cuenta de compromisos derivados de la sentencia T - 025 de la Corte

Constitucional y sus autos sobre desplazamiento forzado, ante los cuales el Ex Ministro de

Hacienda y Crédito Público Oscar Iván Zuluaga se comprometió a un esfuerzo fiscal

importante para atender los fallos y autos de la Honorable Corte Constitucional, sin que aún

tengamos la ley. Para la indemnización administrativa a las víctimas su gobierno en el 2008

anunció 7 billones de pesos para ejecutar en 10 años, y ante la Corte Constitucional, el plan

presentado por el Ex Ministro llegaba a 44 billones en total durante el mismo periodo de

tiempo.

Entonces, se puede afirmar que los nuevos recursos que se necesitan para atender y reparar

a 4 millones de compatriotas víctimas de la violencia, tienen más que ver con el proceso de

restitución de tierras, absolutamente indispensable en este país, y la nueva institucionalidad

que se requiere para concentrar los esfuerzos del Estado en esta población que requiere la

mayor visibilidad, reconocimiento y atención, si es cierto que queremos la reconciliación.

La ley organiza el sistema, brinda mayor coherencia en la política, genera nuevos derechos

y medidas de reparación y tiene un gran énfasis en las medidas de satisfacción y

rehabilitación como parte de una reparación integral, pero la indemnización y sus costos

viene de atrás y el proyecto no los modifica. Usted compartirá conmigo el criterio que no es

preguntándole a “Alfonso Cano” que es lo que quiere, como vamos a conseguir la paz en

Colombia. Es con las víctimas Señor Ex Presidente.

Al leer detenidamente el texto que adjunto, encontrará además varias normas que buscan

responsabilidad fiscal y tapar boquetes hoy abiertos para el Estado. No quiero alargarme en

detalles, pero con esta ley se evitarán en un futuro fallos judiciales como el de Mampujan,

al establecer límites que no previó la Ley de Justicia y Paz. Se evita también, que quienes

ya recibieron 40 salarios mínimos en virtud de la Ley 418, reciban una nueva

indemnización con el fin de garantizar igualdad entre las víctimas y se frena la posibilidad

de que se constituyan carteles de abogados para demandar al Estado. Estas normas y otras

más con estos mismos objetivos, fueron sugeridas dentro del debate por congresistas de los

partidos de la Unidad Nacional, entre ellos la “U”, que han trabajado con responsabilidad y

ánimo constructivo sobre el proyecto.

Ahora bien, otro tema es que existan algunos dirigentes que utilicen el terrorismo fiscal o la

absurda amenaza de una guerra civil si restituimos tierras, solo con el fin de desprestigiar la

ley. Como también confieso que me produce dolor de patria cuando escucho a algunos

decir que como ahora hay que atender a los damnificados del invierno no se podrá aprobar

la ley de víctimas. Qué indolencia y desprecio por la dignidad de millones de compatriotas.

¡Por Dios! La ley tiene un costo, ¡claro que sí! Pero mucho menor al que le atribuyen y

mucho más justificable que los costos asumidos por el Estado para salvar los bancos o para

reinsertar a los bandidos, e infinitamente menor a lo que se pierde por la corrupción

rampante.

No me extiendo más señor Ex Presidente para no agotarlo con estas reflexiones en tono

menor. Simplemente quisiera que estudiara detenidamente el proyecto. Estoy seguro que

encontrará que es una iniciativa de paz y convivencia trascendental para este país, más allá

de cualquier connotación política o ideológica. Ojalá decidiera apoyarlo resueltamente. Sus

inquietudes anteriores están superadas gracias al trabajo de todos los sectores políticos que

durante este tiempo enriquecieron el proyecto y permitieron construir una ley de manera

concertada. Si logramos su aprobación antes del mes de junio con el apoyo de la nación

entera y de todos los partidos con representación en el Congreso, la ley de víctimas se

convertirá en un poderoso instrumento para avanzar con toda legitimidad en la

reconciliación entre los colombianos. Así demostraremos a los violentos que esta sociedad

es capaz de dar pasos en forma unilateral hacia la justicia y la igualdad social, sin que

tengamos que sentarnos a esperar que los grupos criminales nos los exijan en una mesa de

negociaciones.

Quedo atento a sus comentarios y dispuesto a reunirme con Usted si lo considera necesario

para intercambiar opiniones sobre esta iniciativa crucial para los colombianos en la actual

coyuntura. Mucho más importante que las diferencias que tenemos, son las esperanzas que

tienen en esta ley más de 4 millones de colombianos a quienes debemos devolver su

dignidad arrebatada por los violentos. Por ellos se justifican todos los esfuerzos de

conciliación que se requieran para asegurar su éxito.

Atentamente,

JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS

Senador de la República