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La condena al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel ha hecho justicia a los indígenas contra los que lanzó una campaña

de exterminio, y es un ejemplo que ha dado el país centroamericano. Otro octogenario exdictador, Jorge Rafael Videla, murió en Argentina, en

la cárcel, como lo merecía por sus crímenes atroces.

Un victoria de los Derechos Humanos

añade, “en los dieciséis meses que duró su gobierno, ordenó asesinar a mil 700 personas, desaparecer a cientos y violar a mujeres, la mayoría indígenas de la et-nia maya Ixil de la zona El Quiché, en el centro del país”.

Según la activista humanitaria, el ejér-cito guatemalteco se propuso despoblar esa zona y Ríos Montt justificaba ese accionar diciendo que “el pez necesita del agua” que significaba que el pez era la guerrilla y el agua el pueblo.

“Lamentablemente Guatemala tiene un largo periodo de conflictos armados, algo más de 40 años en que murieron 200 mil personas, hubo 25 mil desapa-recidos y 200 mil mujeres sufrieron vio-laciones sexuales a manos de elementos del ejército, todo lo cual está documen-

La sentencia de 80 años de prisión para el ex dictador de Guatemala, Efraín Ríos Montt, no

solo es un logro del pueblo de ese país centroamericano, sino también de las organizaciones de Derechos Humanos de toda Latinoamérica y un ejemplo a se-guir para que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes,

Denis Merinoafirma Rocío Silva Santisteban.

Para la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la condena impuesta por el Tribu-nal de Justicia de Guatemala al exmandatario es ejemplar y debe servir de aviso para otros presi-dentes que cometieron genoci-dios y que creen que no serán castigados o que una vez sancio-nados imploran indultos.

Añadió que la condena de 80 años es simbólica porque el viejo exdictador sanguinario tiene algo más de esa edad y no va a vivir

mucho. Citó también el caso de Alberto Fujimori, quien debe per-manecer en prisión hasta el 2032 y comentó que lo principal del cas-tigo “es que sirva de escarmiento para que sucesos tan deplorables no se repitan en ningún país”.

“Todos mis respetos para la jueza Jazmín Barrios, integrante del Tribunal, quien de inmediato ordenó a la policía que conduzca a prisión a Ríos Montt cuando pretendía salir de la sala y un gru-po de sus simpatizantes lloraba y otros aplaudían, ahora purga prisión junto a algunos de sus co-

laboradores. Se trata de uno de los peores dictadores latinoame-ricanos, es un tipo tan cínico que cuando le preguntaban sobre de-rechos humanos respondía ‘tiene usted libertad de prensa’.”

La especialista en el tema gua-temalteco recuerda que el dicta-dor, que asumió el poder luego de dar un golpe de Estado a un colega suyo y que después sería derrocado por otro militar, fue ministro pentecostal.

Pese a declararse religioso,

tado en tres tomos de un informe simi-lar a nuestra Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y que sirvió de base para la peruana”, refiere.

Silva Santisteban señala que los milita-res guatemaltecos torturaban a sus vícti-mas en plazas públicas. “Les arrancaban las uñas, les inyectaban líquidos y les introdu-cían agujas entre otros terribles métodos y los medios de comunicación callaban, algo parecido a lo ocurrido en nuestro país durante la época de Fujimori”.

Al tocar el tema de las torturas, men-ciona todo el sufrimiento que padeció la premio Nobel de la Paz, la indígena guatemalteca Rigoberta Menchu. “El padre con un grupo de activistas que tomaron una embajada para llamar la atención sobre la discriminación que vivían, murió con sus compañeros a causa del incendio ocasionado por los militares en la legación diplomática.”

Además, “al hermano lo torturan públi-camente delante de su madre hasta termi-nar con él, a la mamá la violan y después la matan y una hermanita muere en la gue-rrilla, a Rigoberta para preservar su vida no le queda otra que irse a vivir a México”.

Una condena ejemplarLa también profesora de las

universidades Católica y Ruiz de Montoya que presentará en el décimo aniversario de la entrega del informe de la CVR su nuevo libro “Una nueva narrativa na-cional peruana. Los testimonios de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación” destaca el impor-tante rol que cumplieron obispos y sacerdotes católicos tanto en la defensa de los indígenas como en el esclarecimiento histórico de lo sucedido en Guatemala.

“Fue un papel tan solidario que pasará a la historia. El obis-po Juan Gerardo que presidía la Comisión fue asesinado con un bloque de cemento dos días des-pués de presentar el informe”, refiere sobre lo espeluznante de los crímenes de la extrema dere-cha guatemalteca.

Una lección para los dictadores

mala confirme y ratifique, y no retroceda con la condena. Nos preocupa que se haya absuelto al general Rodríguez Sánchez, quien fue el jefe de los aparatos de inteligencia. Quien concibió y planeó, aunque no haya ejecu-tado, es responsable y debió ser condenado, pero no ser absuel-to”, declaró.

Soberón expresó su preocu-pación por la aparición de pan-fletos que amenazan a los jue-ces, periodistas, familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos, a quienes se acusa de ser promotores del jui-cio que ha permitido la condena al dictador.

—La condena nos llama a estar alertas allá, acá, en Argentina, Uruguay, Chi-le. Si bien se puede hablar de avances, siempre hay amenazas de los gobernan-tes que violaron los derechos humanos y corruptos de querer sustraerse de la justicia. Debemos estar prevenidos y ex-presar solidaridad mutua entre los pue-blos de Latinoamérica.

—Que es posible luchar en nuestro país para alcanzar justicia contra las aberrantes violaciones de los derechos humanos y es posible justicia para las víctimas de estos crímenes en toda América Latina, por eso hemos recibido con alegría esta condena.

Reynaldo Villalba Vargas, de la Cor-poración Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia, organi-zación afiliada a la Federación Interna-cional de Derechos Humanos y la Or-ganización Mundial contra la Tortura, quien visita nuestro país, también se pronunció al respecto.

“El Colectivo de Abogados de Colom-bia saluda la condena contra el dictador Ríos Montt en Guatemala, responsable de genocidio y de crímenes de lesa hu-manidad. Consideramos que la misma suerte deben correr todos los dictadores y mandatarios que han incurrido en gra-ves violaciones a los derechos humanos, porque no puede ser que la impunidad siga favoreciendo a estos criminales que

se aprovecharon del ejercicio del poder y tampoco puede ser que se mueran de viejos sin que la justicia los alcancen.

—Los crímenes de lesa huma-nidad no son susceptibles de in-dultos y para el caso de Fujimo-ri, sencillamente debe cumplir con la condena impuesta por la justicia.

—Nos enseña a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, y a la sociedad que se debe persistir por la justicia y

que solo la justicia es una garan-tía de paz y de cambios demo-cráticos y sobre todo, la justica garantiza que esos graves críme-nes no se repitan.

Es un llamado para que la jus-ticia en los países donde hay impunidad contra los máximos responsables, como el caso de Colombia, se comprometa en la sanción a los responsables o en su defecto sea la justicia inter-nacional la que intervenga para sancionar a quienes cometieron crímenes en Colombia.

A su turno, el congresista Omar Chehade, exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría, dijo que todos los dictadores que violan los dere-chos humanos tienen que ser condenados de manera muy se-vera y no puede haber dudas.

“En Guatemala y muchas partes de Centroamérica re-cogen el derecho anglosajón que se rige por la acumula-ción de las penas, en el Perú no es así. A Ríos Montt le han acumulado las penas, son dife-rentes tipos de legislación. En el caso de Fujimori se le impu-so la pena máxima y si el Perú tuviera una legislación como la que hay en Guatemala, de seguro habría recibido una sentencia superior a la del dic-tador Ríos Montt pues tenía varios casos. Solo por la Can-tuta y Barrios Altos (25 años cada uno) le hubieran dado al menos 50 años”, refirió.

Consideró que la sanción a Ríos Montt, deja en claro que el camino que debe tomar todo gobernante, sea de izquierda, derecha o centro, debe ser el de respetar el estado de derecho. “No se debe quebrar la institucionalidad democrática como se hizo el 5 de abril, ni uti-lizar el poder para violar los dere-chos humanos, e implementar una política de terrorismo de estado”, aseveró Chehade.

Si bien es cierto que la sanción es ejemplar, los especialistas hacen un llamado para estar aler-

tas, pues quienes practicaron una política dictatorial difícil-mente aceptan ser sancionados y recurren a todos los mecanis-mos posibles para evadir sus res-ponsabilidades, llegando a plan-tear incluso que se respete lo que consideran “sus derechos”.

Al respecto, Línea conversó con peruanos involucrados en la lucha contra la dictadura y corrupción de Alberto Fujimori, que comen-taron la condena a Ríos Montt y su implicancia en nuestro país.

Exprocurador anticorrupción José Ugaz, considera que la con-dena al exdictador de Guatemala Ríos Montt habla bien del siste-ma de administración de justi-cia en Guatemala. “Tenía una reputación de ser autoritario y es responsable de actos de geno-

Henry Cotoscidio respecto de la población maya ixil y esto no podía quedar impune. Es emblemático que sea una sanción muy severa para alguien que es responsable de una matanza de gran magnitud. Lo importante es que ha sido un proceso acumulativo que se ini-ció con la condena a los respon-sables de derechos humanos en Argentina, Pinochet en Chile y el caso Fujimori en el Perú. Pese a que es un país en el que hay se-rias dificultades para el ejercicio de la democracia, se ha dado un paso importante”, señaló.

—La condena expresa que los actos de violaciones a derechos humanos de esa magnitud me-recen el máximo de la sanción, y más allá de que si los responsa-bles tienen una avanzada edad, en el ejercicio de su alto cargo no estuvieron a la altura y se valieron del poder para realizar actos de genocidio. En el caso de Fujimori, se registraron viola-ciones de los derechos humanos y saqueo masivo del estado.

—Es interesante para noso-tros, porque el fallo ratifica el razonamiento utilizado en el caso de Fujimori, en el que el autor que tiene el dominio del hecho no necesita participar y basta que tenga el control de la situación para que asuma res-ponsabilidad penal, lo que rati-fica las condiciones por el que Fujimori ha sido condenado.

Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), dijo que para quienes han promovi-do la condena a Fujimori, que se haya logrado la condena a Ríos Montt, quien cometió ge-nocidio contra la comunidad ixil rama del pueblo maya, ha demorado mucho, pero es un reconocimiento a la contribu-ción del monseñor Juan José Gerardi, asesinado después de presentar el informe “Guate-mala: Nunca Más”.

“Nosotros hemos respaldado a los impulsores del juicio y espe-ramos que frente a la apelación el tribunal supremo de Guate-

Una lección para los dictadores

mala confirme y ratifique, y no retroceda con la condena. Nos preocupa que se haya absuelto al general Rodríguez Sánchez, quien fue el jefe de los aparatos de inteligencia. Quien concibió y planeó, aunque no haya ejecu-tado, es responsable y debió ser condenado, pero no ser absuel-to”, declaró.

Soberón expresó su preocu-pación por la aparición de pan-fletos que amenazan a los jue-ces, periodistas, familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos, a quienes se acusa de ser promotores del jui-cio que ha permitido la condena al dictador.

—La condena nos llama a estar alertas allá, acá, en Argentina, Uruguay, Chi-le. Si bien se puede hablar de avances, siempre hay amenazas de los gobernan-tes que violaron los derechos humanos y corruptos de querer sustraerse de la justicia. Debemos estar prevenidos y ex-presar solidaridad mutua entre los pue-blos de Latinoamérica.

—Que es posible luchar en nuestro país para alcanzar justicia contra las aberrantes violaciones de los derechos humanos y es posible justicia para las víctimas de estos crímenes en toda América Latina, por eso hemos recibido con alegría esta condena.

Reynaldo Villalba Vargas, de la Cor-poración Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia, organi-zación afiliada a la Federación Interna-cional de Derechos Humanos y la Or-ganización Mundial contra la Tortura, quien visita nuestro país, también se pronunció al respecto.

“El Colectivo de Abogados de Colom-bia saluda la condena contra el dictador Ríos Montt en Guatemala, responsable de genocidio y de crímenes de lesa hu-manidad. Consideramos que la misma suerte deben correr todos los dictadores y mandatarios que han incurrido en gra-ves violaciones a los derechos humanos, porque no puede ser que la impunidad siga favoreciendo a estos criminales que

se aprovecharon del ejercicio del poder y tampoco puede ser que se mueran de viejos sin que la justicia los alcancen.

—Los crímenes de lesa huma-nidad no son susceptibles de in-dultos y para el caso de Fujimo-ri, sencillamente debe cumplir con la condena impuesta por la justicia.

—Nos enseña a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, y a la sociedad que se debe persistir por la justicia y

que solo la justicia es una garan-tía de paz y de cambios demo-cráticos y sobre todo, la justica garantiza que esos graves críme-nes no se repitan.

Es un llamado para que la jus-ticia en los países donde hay impunidad contra los máximos responsables, como el caso de Colombia, se comprometa en la sanción a los responsables o en su defecto sea la justicia inter-nacional la que intervenga para sancionar a quienes cometieron crímenes en Colombia.

A su turno, el congresista Omar Chehade, exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría, dijo que todos los dictadores que violan los dere-chos humanos tienen que ser condenados de manera muy se-vera y no puede haber dudas.

“En Guatemala y muchas partes de Centroamérica re-cogen el derecho anglosajón que se rige por la acumula-ción de las penas, en el Perú no es así. A Ríos Montt le han acumulado las penas, son dife-rentes tipos de legislación. En el caso de Fujimori se le impu-so la pena máxima y si el Perú tuviera una legislación como la que hay en Guatemala, de seguro habría recibido una sentencia superior a la del dic-tador Ríos Montt pues tenía varios casos. Solo por la Can-tuta y Barrios Altos (25 años cada uno) le hubieran dado al menos 50 años”, refirió.

Consideró que la sanción a Ríos Montt, deja en claro que el camino que debe tomar todo gobernante, sea de izquierda, derecha o centro, debe ser el de respetar el estado de derecho. “No se debe quebrar la institucionalidad democrática como se hizo el 5 de abril, ni uti-lizar el poder para violar los dere-chos humanos, e implementar una política de terrorismo de estado”, aseveró Chehade.

Si bien es cierto que la sanción es ejemplar, los especialistas hacen un llamado para estar aler-

tas, pues quienes practicaron una política dictatorial difícil-mente aceptan ser sancionados y recurren a todos los mecanis-mos posibles para evadir sus res-ponsabilidades, llegando a plan-tear incluso que se respete lo que consideran “sus derechos”.

Al respecto, Línea conversó con peruanos involucrados en la lucha contra la dictadura y corrupción de Alberto Fujimori, que comen-taron la condena a Ríos Montt y su implicancia en nuestro país.

Exprocurador anticorrupción José Ugaz, considera que la con-dena al exdictador de Guatemala Ríos Montt habla bien del siste-ma de administración de justi-cia en Guatemala. “Tenía una reputación de ser autoritario y es responsable de actos de geno-

Henry Cotoscidio respecto de la población maya ixil y esto no podía quedar impune. Es emblemático que sea una sanción muy severa para alguien que es responsable de una matanza de gran magnitud. Lo importante es que ha sido un proceso acumulativo que se ini-ció con la condena a los respon-sables de derechos humanos en Argentina, Pinochet en Chile y el caso Fujimori en el Perú. Pese a que es un país en el que hay se-rias dificultades para el ejercicio de la democracia, se ha dado un paso importante”, señaló.

—La condena expresa que los actos de violaciones a derechos humanos de esa magnitud me-recen el máximo de la sanción, y más allá de que si los responsa-bles tienen una avanzada edad, en el ejercicio de su alto cargo no estuvieron a la altura y se valieron del poder para realizar actos de genocidio. En el caso de Fujimori, se registraron viola-ciones de los derechos humanos y saqueo masivo del estado.

—Es interesante para noso-tros, porque el fallo ratifica el razonamiento utilizado en el caso de Fujimori, en el que el autor que tiene el dominio del hecho no necesita participar y basta que tenga el control de la situación para que asuma res-ponsabilidad penal, lo que rati-fica las condiciones por el que Fujimori ha sido condenado.

Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), dijo que para quienes han promovi-do la condena a Fujimori, que se haya logrado la condena a Ríos Montt, quien cometió ge-nocidio contra la comunidad ixil rama del pueblo maya, ha demorado mucho, pero es un reconocimiento a la contribu-ción del monseñor Juan José Gerardi, asesinado después de presentar el informe “Guate-mala: Nunca Más”.

“Nosotros hemos respaldado a los impulsores del juicio y espe-ramos que frente a la apelación el tribunal supremo de Guate-

Incluso algunos todavía le llaman solo “expresi-dente”, como si Videla no hubiera muerto en la

cárcel de Marcos Paz con una cadena perpetua a sus espaldas por la desaparición de oposito-res y el robo de niños.

Pero hay algo en lo que cual-

Ignacio de los Reyes

El hombre más detestado de Argentina

quiera podría coincidir: Videla era probablemente el hombre más detestado del país. Tanto que pocos en Argentina quieren despedirle.

Ni siquiera la presidenta, Cristi-na Fernández, hizo mención a su muerte. A pesar de haber impul-sado junto a su fallecido esposo Néstor Kirchner el enjuiciamien-to de los miembros del régimen militar, haciendo de la “recupe-ración de la memoria” uno de los pilares de sus gobiernos.

Con su rostro aguileño, el sem-blante imperturbable y un bigote perpetuo, el exgobernante de fac-to llegó al poder en 1976 a través de un golpe de Estado y se quedó en la Casa Rosada hasta 1981.

Pronto se convirtió en símbo-lo de la era de los gobiernos mi-litares y la mano de hierro que aterrorizaron a Sudamérica en los años 70 y 80.

Y, como recuerdan sus detrac-

tores, murió sin mostrar un atis-bo de arrepentimiento por ello.

“Si alguno quiere llorar, que lo haga, pero que sepa que no llora a una buena persona, sino a alguien que mató, robó y violó la Constitución”, dijo sobre su muerte la presidenta de Abue-las de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Las madres y abuelas de los activistas desaparecidos y de los bebés robados durante los años de la Junta Militar que inauguró Videla fueron las más activas a la hora de rememorar el historial de crímenes que se le atribuyen.

Pero en la Plaza de Mayo, donde du-rante décadas han acudido para exigir justicia e información sobre el destino de sus hijos desaparecidos, este viernes solo había turistas y algún que otro ven-dedor callejero.

Como si todos los días se muriera en Argentina un exgobernante condenado por crímenes de lesa humanidad.

En algún momento de la mañana re-suena a lo lejos lo que parece el estallido de fuegos artificiales. ¿El festejo de quie-nes descubren que Videla murió en su celda? No, en realidad, el ruido habitual de una de las muchas obras en el centro de Buenos Aires.

“El Estado no debe celebrar la muerte de nadie, sí consagrar que hubo justicia”, dice el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

A diferencia de otros gobernantes de facto acusados de violar los derechos hu-manos en otros países de la región, Vi-dela murió en prisión, después de haber sido condenado a cadena perpetua en 2010 por la desaparición de 31 detenidos y a otros 50 años en 2012 por el robo de niños nacidos de prisioneras en centros de detención clandestinos.

Muchos secretos de las atrocidades co-metidas por el régimen militar se irán a la tumba con Videla.

Mientras esto es motivo de satisfac-ción para algunos, otros argentinos re-cuerdan que Videla se lleva consigo los más oscuros secretos sobre los años que traumaron a Argentina.

“Lo que más me sorprende es que no llegó a decir lo que la sociedad, las abuelas o las madres de la Plaza de Mayo están esperan-do”, cuenta Muriel a su paso por la plaza.

“En realidad nunca reveló lo que real-mente sabía”, cuenta esta joven.

Videla era el último de los militares que formaron la primera Junta Militar, inte-grada también por el comandante Orlan-do Agosti, fallecido en 1997, y el almiran-te Emilio Massera, muerto en 2010.

Con su fallecimiento, Reynaldo Bignone se convierte en el último líder de facto de los años del régimen cívico-militar argentino, “el último dictador”, como le recuerdan en su país.

“Me genera un poco de paz y alivio por las nuevas generaciones”, dice Gastón Priano al conocer la noticia.

“Mis padres militaban y lucharon por la libertad, yo podría haber sido hijo de desaparecidos”, cuenta.

Otro porteño, a su paso por la Plaza de Mayo, asegura que la muerte del exco-mandante en jefe del Ejército no le ge-nera placer ni rechazo.

“A mí no me hizo nada y a mi familia tampoco -sostiene Carlos Vidal-. Esa época fue nefasta para el país, pero creo que la gente que se vio afectada tenía algo que ver con problemas”.

Aunque por ahora no se conocen de-talles sobre la inhumación del exgober-nante de facto, lo que quedó claro desde un primer momento es que no habría honores militares en su funeral.

En 2009 fue destituido del Ejército y la ley argentina prohíbe las honras a los militares involucrados en causas por violaciones a los derechos humanos.

Así que Videla se va sin que sus vícti-mas hayan lanzado fuegos artificiales. Con la Plaza de Mayo como cualquier otra jornada. Y sin pompa militar.

Es como si las calles de Buenos Aires, las familias de los desaparecidos o los go-bernantes quisieran mandar un mensaje:

Que Argentina no despide a este tipo de “expresidentes”. Pero tampoco los olvida.

www.diariolaprimeraperu.com

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