LOS IMPACTOS EN LA PERCEPCIÓN ESPACIAL DE...

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Número Especial 7mo Coloquio Internacional Ciudades del Turismo 2017

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LOS IMPACTOS EN LA PERCEPCIÓN ESPACIAL

DE LA SEGURIDAD EN CIUDADES TURÍSTICAS:

EL CASO DE CUERNAVACA, MORELOS

Alfonso Valenzuela-Aguilera1

Universidad Autónoma del Estado de Morelos –México

Resumen

El presente trabajo argumenta que la percepción de inseguridad del ciudadano está

relacionada de manera directa con la confianza en las instituciones encargadas de la

seguridad pública. A partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción

sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2015) se detecta dicha relación, pero es mediante el

análisis de la encuesta aplicada a las corporaciones policiacas (Causa Común, 2015) y

corroborado con trabajo de campo y entrevistas semi-estructuradas, que emerge una

estructura de paralegalidad cimentada en condiciones estructurales entre los mismos

cuerpos policiacos que conjugan deficiencias en preparación, equipamiento y

compensaciones que interfieren en el desempeño cabal de la policía.

Palabras clave: Percepción, inseguridad, corporaciones policiacas, paralegalidad,

confianza.

1 Doctor en Urbanismo, Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Profesor Invitado en el Instituto Universitario de

Arquitectura de Venecia. / Estudiante de la licenciatura en Antropología Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Avenida

Universidad 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos 62209, México. [email protected], Tel.: +527773810931. Código ORCID:

orcid.org/0000-0003-3238-446X.

mailto:[email protected]

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Introducción

El artículo está estructurado de la siguiente manera: la primera sección revisa la

literatura existente sobre la inseguridad y la confianza en la policía. En la segunda

sección elaboramos diversos modelos de regresión logística para examinar los

determinantes de la confianza policial y la percepción de seguridad a partir de los

resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad

Pública (ENVIPE 2015); En la tercera sección examinamos los determinantes de la

confianza policial a partir del trabajo cualitativo y la encuesta sobre corporaciones

policiacas; y en la cuarta sección presentamos algunas conclusiones generales.

Sobre el concepto de (in)seguridad

La complejidad del concepto de (in)seguridad parte de la construcción social de su

significado, toda vez que este depende de las creencias, actitudes, valores y

experiencias de las personas que permiten generalizar normas de comportamiento e

interacción social. El sentimiento generado al percibir la inseguridad puede también

concebirse en términos de objetivación del miedo que propone Freud (1980), ya que

existen elementos que permiten decodificarlo mediante la intervención de un objeto

específico (algo o alguien), el cual hace posible la experimentación de dicha

percepción. Si en cambio, adoptamos un enfoque Lacaniano, lo que nos permite

percibir aquello que genera el sentimiento de inseguridad es el significante en donde

“no se trata simplemente del aspecto material del signo (como opuesto al ‘significado’,

su sentido) sino de un rasgo, una marca que representa al sujeto” (Žižek, 2010: 42), es

decir, que solo a través de un objeto particular es que a la persona le es posible

experimentar, identificar y percibir la (in)seguridad. Sin embargo, aún cuando pareciera

que existe un objeto que permite identificar y percibir la (in)seguridad, autores como

Castel (2004), Kessler (2004), Escalante (2007), Ruiz y Turcios (2009) y Tapia (2013)

sostienen que existe una clara disociación entre la percepción de la (in)seguridad y los

fenómenos reales que el sujeto experimenta o percibe en los lugares en donde se

desarrolla su cotidianidad. Esto no excluye un objeto que actúe como catalizador y

sobre el cual recaiga la posibilidad de experimentar la inseguridad, ya que si

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consideramos que toda sensación se genera a partir de un estímulo, o se produce a

partir de rasgos que al identificarlos nos permiten asociarlos con el riesgo. Es a partir

de este razonamiento que podemos plantear la pregunta de fondo: ¿La experiencia es

la que determina el testimonio o son las relaciones de poder las que generan una

distinta representación del fenómeno?.

Dado que es posible argumentar que son justamente los discursos colectivos

generados a través y a partir de los medios de comunicación los que se convierten en

“aparatos ideológicos” en donde el sujeto no necesariamente experimenta un fenómeno

de manera indirecta para poder dar un testimonio, opinar o percibir algo en particular,

sino que su percepción podría estar casi completamente estructurada, incluso antes de

la experimentación del fenómeno en cuestión.

Bajo una aproximación Lacaniana, las estructuras lingüísticas son indispensables para

experimentar algo, de modo que aún cuando estuviéramos sintiendo algo en particular,

nos encontraríamos sin la posibilidad de decodificar la percepción de dicha experiencia.

Sin embargo, admitiendo que nos encontráramos ante una estructura lingüística, y

mediante nuestro proceso de socialización nos fuéramos introduciendo en ella, esto no

quiere decir que esa estructura no se encuentre en movimiento y presente tensiones en

su interior, dando paso a la generación, creación, y existencia de subestructuras que se

traducen en rupturas simbólicas y que permiten precisamente, las diversas formas de

experimentar el sentimiento de inseguridad.

Observando las constantes denuncias e inconformidades de la sociedad mexicana

hacia las corporaciones policiacas, aunado a entrevistas focales realizadas en el

estado de Morelos, se percibe la manera en que la experiencia tiende a cambiar de

manera radical la percepción de la inseguridad. Dicha percepción se genera de forma

previa a través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales y los

discursos sociales que se construyen alrededor de ellos, lo cual permite que “la

experiencia con el delito [sea] más cercana y más frecuente” (Kessler, 2014: 139). Por

tanto, los discursos generados y compartidos dentro del complejo de elementos

simbólicos van de la mano con el factor empírico que brinda la experiencia, lo que

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permite descartar las posturas radicales con respecto a la disociación de la percepción

de la (in)seguridad de los sucesos reales que plantean que el sujeto es un simple

receptor de estructuras lingüísticas y que entre los mensajes emitidos por la

colectividad y lo entendido por el sujeto no existe ruptura o distorsión simbólica alguna.

Por consiguiente, no estaríamos hablando de un único sentimiento de (in)seguridad

hacia un objeto sino que este se manifiesta siempre de manera heterogénea, personal

y contextualizada.

Con respecto a la disociación entre el sentimiento de inseguridad y los fenómenos

reales, es de utilidad el concepto de interpasividad que Žižek retoma de Robert Pfaller

y en donde argumenta que “Soy pasivo a través del otro. Le concedo al otro el lado

pasivo (gozo) de mi experiencia, mientras me quedo haciendo activamente algo […] en

lugar de atacar directamente a mi enemigo, instigo una pelea entre él y otra persona y

así puedo observar confortablemente como se destruyen entre sí […]” (2010: 34). En

este ejemplo, la interpasividad funciona de manera mecánica y en el plano del

inconsciente, término entendido como aquello que al ser insertado en un complejo

simbólico determinado se percibe como algo impuesto e imposible de cuestionar. Así,

la interpasividad del sujeto es lo que nos haría experimentar el riesgo, lo que da paso a

la percepción de inseguridad, sin que por ello el sujeto se vea inmerso en una situación

que lo haga suponer que se encuentra dentro de un contexto inseguro.

Por lo tanto, cuando se habla de complejidad y de expansión de la (in)seguridad,

intentamos referir su ubicuidad, en el sentido de que todas las personas tienen algún

bien material que asegurar y se encuentran inciertos ante la posibilidad de que alguien

que intente despojarlos de él, por lo que su protección estaría en riesgo. De esta forma,

la percepción de la (in)seguridad pareciera traspasar las clases sociales así como las

estructuras de género, siendo entonces estructurante dentro de una configuración

simbólica más amplia.

Definiendo la (in)seguridad

A lo largo de este trabajo se utiliza entre paréntesis el prefijo “in” utilizado en el sentido

de negación de la palabra a la que precede, misma que se refiere a una percepción

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experimental que no puede ser utilizada en términos dicotómicos y/o polares, es decir,

no es posible diferenciar entre la percepción de la seguridad y de la inseguridad de

manera dicotómica porque equivaldría a distinguir entre víctimas y perpetradores, sino

que se consideran elementos interdependientes dado que la idea de seguridad genera

la necesidad de protección ante algo o alguien.

Podemos sugerir que la seguridad pública se experimenta en un determinado espacio-

lugar que funciona como un conjunto de elementos que coexisten en un determinado

complejo “y el espacio [funciona] como animación de estos lugares por el

desplazamiento de un elemento móvil” (Augé, 1992: 87). De este modo, un lugar se

construye a partir del intercambio de elementos entendidos mediante códigos

lingüísticos compartidos, de modo que “[…] el espacio nos está diciendo algo ante lo

que reaccionamos, incluso antes de haberlo racionalizado o decodificado el mensaje

de que se trata” (Escalante, 2007, 35). Siguiendo este razonamiento, en el momento

que llegamos a un lugar en donde ha ocurrido algún evento delictivo se perciben a las

corporaciones tratando de dar certidumbre sobre la seguridad de los ciudadanos, y es

en ese momento en que el individuo sabe que tiene que salir de inmediato de ese

lugar, o bien, evitar determinadas calles, y/o desarrollar nuevas prácticas cotidianas

para evitar ingresar a los territorios violentados.

En los contextos en donde la finalidad del Estado es asegurar la protección del

individuo mediante la operación de corporaciones policiacas, la protección “[…] oscila

entre la aparente paradoja consenso-coerción: en la medida en que crecen las

condiciones probables de ser víctima de un delito, la necesidad de coerción física

directa sobre la libertad personal de los ciudadanos disminuye. El Estado radicaliza la

represión desde la creación de leyes de emergencia hasta la expansión de la

discrecionalidad policial” (Tapia, 2004: 105). Por consiguiente, la corporación policiaca

puede propiciar una percepción de inseguridad simplemente con su misma operación,

de modo que pueda hacer efectiva la respuesta a la necesidad de protección y

seguridad del ciudadano al invocar la aplicación de la ley, si bien lo que

paradójicamente genera es un incremento de la percepción de (in)seguridad

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acompañada de la experimentación tanto de miedo como de rencor hacia las

autoridades.

Esto tiene como resultado que la corporación a la cual se le asignó la tarea de asegurar

la protección del ciudadano resultara la generadora misma de la inseguridad a partir de

los mecanismos empleados para tratar de asegurarla o incluso por el simple hecho de

existir, ya que “si bien es cierto que hay formas de violencia que fundan y conservan la

ley, también lo es que hay expresiones violentas que terminan por rebasarla y

trasgreden la dignidad de quienes sufren esas prácticas.” (Aguayo, 2014: 98). En este

sentido, el percibir la inseguridad (y al mismo tiempo percibirse como sujetos

vulnerables e inseguros) surge en el momento en que no es posible garantizar la

seguridad por medio de la intervención ciudadana ni por la acción de las corporaciones

policiacas que en ocasiones generan el sentimiento de inseguridad mediante la

violencia empleada al sustentar el discurso de hacer efectiva la ley. Este planteamiento

nos refiere a Butler (2015), quien recupera la parte lingüística en el sujeto quien no solo

utiliza el lenguaje, sino que este utiliza al sujeto; es decir que al momento de hablar, la

persona está siendo “hablada” en ese mismo momento, de modo que dentro del

discurso de seguridad pública esta siendo presentada como sujeto vulnerable ante el

crimen y la delincuencia, o de forma más específica, ante los criminales y los

delincuentes. Siguiendo la argumentación de Castel tenemos que: “[…] estar protegido

significaría entonces estar provisto apenas del mínimo de recursos necesarios para

sobrevivir en una sociedad que limitaría sus ambiciones para asegurar un servicio

mínimo contra las formas extremas de la precaución.” (Castel, 2004: 94).

En síntesis, el estar (in)seguro significa vivir dentro de la incertidumbre, con una falta

de certeza absoluta sobre nuestro bienestar puesto que como individuos no podemos

asegurarlo y como colectividad dependemos de las fuerzas de seguridad del Estado.

De este modo, la única certeza es la de ser vulnerables ante los riesgos cotidianos, ya

que como colectividad dependemos de las fuerzas de seguridad del Estado, que como

argumenta Castel, es un servicio mínimo. Bajo esta lógica, la inseguridad -o la

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percepción de ella- nos lleva a la convicción de que algo puede pasar y que por

consiguiente generará cambios en la práctica de la cotidianidad.

Si bien el sentimiento generado a partir de la percepción de (in)seguridad puede

transformarse, la experimentación del sentimiento de miedo ha generado posturas

críticas al respecto (Korstanje, 2010; Kessler, 2004 y Castel, 2004) quienes cuestionan

los enfoques psicoanalíticos que hacen un uso indistinto del término sentimiento y

omiten el concepto de significante. Esos rasgos o significantes que nos permiten

identificar el objeto catalizador, abren paso a la percepción o experimentación individual

y sin embargo, es evidente que nos encontramos ante un complejo simbólico

“estructurante”, construido a partir de códigos lingüísticos impuestos a través de lo que

podemos percibir a partir de la existencia de la subjetividad misma. Por tanto, no

podemos hablar de sujetos completamente distintos e individuales, pero tampoco

podemos referirnos a sujetos homogéneos dentro de un cuerpo social amorfo, de modo

que los sujetos se construyen a través de relaciones (Butler, 2015) que se encuentran

limitados por un complejo simbólico aún si cuando no esté completamente

determinando por sus relaciones.

Al referir el trabajo de campo realizado abordaremos la transformación en el enfoque

de la seguridad en México, en donde el concepto de seguridad pública está migrando

hacia el de seguridad ciudadana, en donde la ciudadanía se convierte en destinataria

de las políticas de seguridad, es a ella a quien sirve la seguridad y no a la autoridad. Lo

que ahora comienza a privilegiarse es que las políticas de seguridad respondan a las

necesidades de los ciudadanos, y garanticen el respeto a sus derechos. La seguridad

es, al fin y al cabo, un derecho básico de todo ciudadano y ciudadana. Es así como se

trata de establecer un antes y un después en las políticas de seguridad; aquellas en las

que el Estado era el actor central y respondían a sus intereses (llamada entonces

seguridad pública) y hoy día, políticas de seguridad que responden a y ante el

ciudadano (seguridad ciudadana). (Tapia, 2004: 11). Dentro de este derecho se incluye

a toda la ciudadanía y aquí la protección es asegurada por la corporación policiaca, o

aunque no asegurada al menos se encarga de esa “institución básica de

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autoprotección social por excelencia y subsistencia a cargo de la prevención y

disuasión de los delitos y conductas antisociales, del mantenimiento de la tranquilidad,

orden público y paz social, así como del auxilio a la justicia en la persecución y sanción

penal” (Moloeznik, 2010: 596), en donde tal institución cuenta con un cuerpo que se

encarga de hacer efectiva una tarea específica y la cual se ciñe a determinados

mecanismos para asegurar la protección de la ciudadanía.

La seguridad en los territorios violentados

La seguridad es una condición que se construye mediante la interacción de distintos

actores, y en donde son imprescindibles la comunidad y las fuerzas del orden. Si

partimos de que la policía juega un rol preponderante para la gobernabilidad del

territorio, es necesario que su desempeño se sitúe dentro de un marco legal y

profesional. Existen dos condicionantes importantes en el caso de México, la primera

son los altos niveles de ilegalidad alrededor de la institución y la segunda es la

creciente intervención del ejército Mexicano en labores de seguridad pública. Como

comenta un oficial de la policía del estado de Zacatecas (Causa en Común, 2015:39):

“[Los mandos directivos] son demasiado injustos con la tropa, nos tratan como

esclavos. Hacer que el mando sea policía de carrera, ya que contamos con generales o

de carrera militar y no saben trabajar como tales, a ellos les gusta que la policía trabaje

como soldado, no damos recorridos, no tenemos proximidad social, no tenemos vida

social”

La expansión de la intervención del ejército en cuestiones policiales es algo que hasta

el mimo secretario de la defensa nacional ha manifestado en varias ocasiones, en

virtud de que sus labores sustantivas no son compatibles con la provisión de seguridad

pública, además de que en el marco legal actual no se prevé dicha situación. Además,

la participación del ejército está generando ineficacia y malestar entre las

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corporaciones policiacas, como manifiesta un oficial del estado de Tamaulipas (Causa

en Común, 2015:37):

“En la actualidad el mando es militar, son personas que no saben nada de la actuación

policial y por tal motivo no dan el apoyo a la ciudadanía como corresponde, sólo se

dedican a no hacer las cosas bien para la sociedad”

La ilegalidad socava de manera importante la legitimidad de la autoridad del Estado y

merma la calidad de la seguridad que puede brindar a la ciudadanía. Una policía que

debería garantizar los derechos y libertades individuales en realidad opera con una

moral práctica, una racionalidad instrumental que les permite sobrevivir en dicho medio.

A esto tenemos que agregar que existen distintas interfaces, por una parte, entre la

ciudadanía y los cuerpos policiacos, y por la otra, entre estos últimos y el crimen

organizado. Estas interfaces propician un entorno propicio para el delito, la impunidad y

la corrupción, además de que la honestidad policial se puede ver confrontada por la

vulnerabilidad de verse cuestionada por un entorno de ilegalidad. Como comenta un

comandante de zona, los cuerpos policiacos han recorrido un largo camino para

profesionalizarse:

“La policía creó una fama de manera considerable negativa desde sus inicios. Los

primeros policías al parecer eran delincuentes que tenían que tener las agallas y el

valor para enfrentarse a personas como ellas; entonces, a raíz de que las policías van

avanzando con los años, [pues] se va modernizando todo […] bueno, empieza a haber

la depuración y demás […] y encontramos ya policías más profesionales, más de

carrera […]” (Entrevista 15/Septiembre/2016).

Estas condiciones dan al medio policial en México recrean una debilidad institucional

sobre la que no es posible construir un sistema de seguridad pública confiable, efectivo

y responsable. Por tanto, todavía están lejanas la internalización de una vocación de

servicio y misión cercana a la sociedad para asegurar su bienestar. En ese sentido, la

seguridad se reconoce como un bien público que se produce de manera conjunta por

los actores sociales con el fin de garantizar los derechos y libertades de los

ciudadanos. Por tanto, esta concepción está más cercana a la observación de códigos

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éticos y valores democráticos que a la imposición de la ley mediante medios

coercitivos, lo que nos lleva también a considerar que un examen del aparato policiaco

no puede desligarse del sistema de gobierno que le da origen, por lo que una reforma

de estas corporaciones viene necesariamente enmarcado como política de Estado.

La desatención a los derechos humanos en el ámbito policial se suma a la ineficacia

operativa en cuanto al análisis de información delictiva que permita detectar patrones y

utilizar de manera efectiva los limitados recursos de las corporaciones. Reflejo de ello,

y de la debilidad institucional, es el nivel de impunidad histórica en el país en donde

existe un 96% de actos delictivos que alcancen una sentencia.

Los delitos tienen lugar en puntos específicos en el territorio y bajo circunstancias que

lo facilitan, sin embargo, no existen en los cuerpos policiacos un sistema de

diagnóstico, supervisión y monitoreo de lo que ocurre en el territorio por lo que la

acción policiaca es de tipo reactivo más que preventivo. El comandante de zona

comenta sobre sus protocolos de intervención:

“Se hacen recorridos o patrullajes sobre las colonias conflictivas, donde tenemos un

mayor índice a lo mejor de trasiego de droga o que hay gente armada […] entonces,

hay colonias aquí en Cuernavaca con mayor incidencia delictiva como es la Carolina,

como es Alta Vista, como es La Estación, digo, a pesar de que la gente que vive ahí

pues ha estado familiarizada, ya que está acostumbrada por lo que ya no lo ve de

manera anormal, pero la gente que viene del algún otro municipio o de alguna otra

colonia, pues como que siempre identifica a estas colonias como que conflictivas”

(Entrevista 15/Septiembre/2016).

Sin embargo, existen distintos ángulos acerca del desempeño policial ya que, por una

parte, la ciudadanía percibe un abuso del poder generalizado, en donde los ciudadanos

son sometidos en ocasiones de manera injusta, pero también es necesario considerar

la percepción de los mismos policías ante el acto delictivo:

“La gente no confía en nosotros, pero este […] la confianza va también (y eso lo

relaciono yo), que va acorde a la interacción que tiene la ciudadanía con la misma

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policía, ¿sí?. La sociedad no va a desconfiar de la SEDENA [Secretaría de la Defensa

Nacional], porque no tiene esa comunicación, ese roce diario; no desconfía de Policía

Federal porque Policía Federal no está patrullando aquí en las colonias, en las calles

de las colonias, de los barrios, de los poblados […].”(Entrevista 15/Septiembre/2016).

Además de ser los responsables de la seguridad en el estado, los policías se enfrentan

a una inseguridad laboral creciente, en donde su entorno no les permite desarrollarse o

desempeñarse dignamente, como comenta un policía del estado de Michoacán:

““Desde el señor Secretario [de Seguridad Pública] estamos mal. Todos los policías

somos explotados, humillados, mal pagados y en su caso, extorsionados. Mala

organización, pocas patrullas, poca gente, policías mal vestidos, mal disciplinados. La

policía es engañosa, tras engaños desde que te reclutan y es muy mal pagada para

tantas horas de trabajo que uno se la pasa sin descanso” (Causa en Común, A. C.,

2015: 31).

Paralegalidad, instituciones y la percepción de (in)seguridad

Aparentemente lo que podemos percibir se ubica dentro de nuestro imaginario social,

construido a través de las normas y leyes sociales no necesariamente escritas, mismas

que tienden a cambiar o a reafirmarse por medio de la experiencia, la red de

relaciones, así como por la posición y el rol que desempeña el sujeto dentro del

fenómeno experimentado, tal como se observa en algunos de los testimonios, como

este de un joven abogado que habita en el poblado de Acatlipa y que trabaja

actualmente en el cabildo del municipio de Temixco2:

“[Con respecto a] la policía municipal y preventiva, su labor es, como su

nombre lo indica, preventiva, no es investigar el delito, no es […] la

persecución, la indagación de los delitos ni acreditarlos […] ellos ganan

2 El poblado de Acatlipa pertenece al municipio de Temixco, el cual se ubica dentro del área metropolitana del estado de Morelos. Cabe

mencionar que en dicho estado, según la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, realizada

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los delitos más frecuentes son: 1. Extorsión; 2. Robo o asalto en la calle o

en el transporte público; 3. Fraude (en donde se incluyen delitos de fraude al consumidor y fraude bancario). De estos tres delitos

mencionados a nivel nacional se encuentra en primer lugar el robo o asalto en calle o transporte público y en segundo la extorsión,

mientras que en tercer lugar el fraude.

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$2,800.00 pesos quincenales […] Entonces, en un enfrentamiento ellos

arriesgan muchísimo para el salario que reciben […] pero sí creo que casi

no hay policías y ellos deberían de estar aquí porque Acatlipa tiene la

fama de ser un lugar peligroso, pero yo he estado en la calle ya noche y

nunca me ha pasado algo […]”.

En este testimonio pareciera que el sujeto está consciente y parece aceptar lo que

determinado tipo de policía tiene que hacer, y sin embargo, existen algunas cosas que

se le escapan de las manos a la corporación, más esto no parece afectarle puesto que

él se siente seguro en su entorno, pues argumenta que nunca ha sido victimizado en su

colonia. Sin embargo, al continuar la entrevista el discurso cambia drásticamente

cuando recuerda que pocos días antes un familiar suyo había sido víctima de un

llamado “secuestro virtual”:

“Esta semana tuvimos un suceso muy, muy lamentable con un primo,

sufrió un, un […] secuestro virtual, pero nosotros no sabíamos qué

pasaba, hasta que mi hermana investigó en internet y supimos qué era

eso del secuestro virtual, y lo sometieron por teléfono y se fue a

encerrar allá al ‘Hotel Acapulco’; ya después entendimos que era algo

así como una extorsión […] pero dices: ahorita hay tanto loco,

cualquiera es asesino, cualquiera tiene una pistola y cualquiera te mata

por tres mil pesos y pues ahí tenías a su mamá depositando […]

entonces acudimos con la policía preventiva y ellos te dicen: ha de

estar encerrado por ahí en un lugar. Osea, no le dan la debida

importancia que el asunto tiene […] un policía me llevó a buscarlo pero

nada más a un lugar, porque yo le dije: llévanos a todos los hoteles de

Temixco a buscarlo, ahí ha de estar encerrado y nos llevó sólo a un

lugar; cuando llegamos me dijo: tú dijiste que aquí estaba y yo no te

puedo estar acompañando a todos los lugares […] y no me quiso

llevar, entonces, yo conozco al síndico municipal, le hablé por teléfono,

cuando oyeron que estaba hablando con él, el subdirector de tránsito,

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¡de tránsito eh!, ni siquiera un policía preventivo […] el subdirector de

tránsito me dijo: Licenciado, yo lo voy a llevar, y subí a mis tías a la

patrulla y él me llevó a buscar a a mi primo y lo encontramos en el

tercer hotel que fuimos, allá estaba, metido en la habitación […].”

Aquí se percibe cómo en un principio la persona argumenta lo que desde el ámbito

académico (dada su formación como abogado) se espera que la policía mientras que

el peligro que representa la colonia se convierte al inicio en un mito surgido y

construido desde el exterior de la colonia, algo ficticio para él, ya que dentro de ella se

argumenta lo contrario y, por tanto. se acepta que una colonia sin muchos eventos

delictivos. No obstante, al momento de tener una experiencia más cercana con el

delito, cambia completamente el discurso, incluso actúa completamente en contra de

su argumento inicial sobre lo que es la policía, lo cual no implica que haya una

contradicción entre lo que el sujeto hace y el sujeto piensa, sino que más bien son los

factores que generaron la incertidumbre los que hicieron actuar a la persona de

determinada manera, empleando entonces varios mecanismos para poder asegurar la

integridad física del familiar secuestrado, mecanismos que otra persona no podría

ejercer si se encontrara en la misma situación (dado que pocos tienen un cargo dentro

del gobierno municipal), lo cual, como se ha observado, no tiende a variar mucho en

cuanto a su percepción del fenómeno con los otros sujetos entrevistados, sino que

esto reafirma que la percepción de la inseguridad surge a partir de una introducción al

complejo simbólico tanto por medio de los códigos lingüísticos compartidos, como por

la experiencia empírica vivida y el tipo de relaciones.

En este caso podemos observar la manera en que en un principio el sujeto está

consciente de que algo puede pasar, es decir, percibe algo con base a una realidad

empírica, lo cual no implica que se esté hablando de que dicha realidad sea

compartida (Escalante, 2007); esto debido a que el policía pareciera que ha estado

cercano a tales sucesos (los secuestros) con más frecuencia que el sujeto

entrevistado, por lo que lo experimentado frente al delito es completamente distinto a la

percepción del familiar de la víctima, es decir, no existe una realidad compartida ya

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que uno percibe el suceso de manera directa mientras para el segundo, el mismo

fenómeno no tiene las implicaciones emocional del primero.

Como podemos observar, existe la posibilidad de percibir de manera diferencial la

(in)seguridad dado que existe un mayor miedo hacia algo que afecte ya sea su

integridad física, emocional, y/o material, tres factores no separados ni funcionales por

sí solos sino que en su conjunto, aseguran una percepción de bienestar en la persona.

Al respecto comenta Mannoni (citado por Escalante, 2007: 54) que el miedo a la

inseguridad surge “cuando en determinadas situaciones el hombre se ve enfrentado a

estímulos, objetos o representaciones mentales que él siente como amenazas”. Así, el

miedo puede surgir de dos maneras: la primera, ante un suceso inesperado y por lo

tanto sorpresivo, y la segunda, como la incertidumbre que se va acumulando sobre lo

que pasará, por lo que pareciera que en el contexto de este análisis coexisten ambos

tipos de miedo, ya que no existe alguna certeza sobre lo que pasará o cuando y, sin

embargo, se encuentran a la expectativa de que algo puede suceder, de modo que

puede recibirse con sorpresa un determinado suceso, aun cuando el individuo que lo

experimenta sabía que en determinado momento podría pasar, sólo que en ese

instante no se encontraba pensando en ello.

Freud, en cambio, establece una distinción entre el miedo y el susto, en donde

argumenta que: “… el miedo generalmente está dirigido hacia un objeto. El susto, por

otra parte, parece poseer un significado especial el cual enfatiza los efectos de un

peligro que se precipita sin ninguna de las expectativas o preparativos del miedo…”

(Freud, 2013: 234).

Siguiendo este razonamiento, podemos observar que Freud no sugiere que existan

dos tipos de miedo, sino que es el miedo el que prepara al individuo con respecto a la

experiencia que le remite un objeto, mientras que susto genera en el sujeto una

experiencia posterior a la percepción del objeto y no a priori, como suele suceder con

el experimentación del miedo. En síntesis, mientras que el miedo se experimenta sin

que exista necesariamente una interacción con el objeto que lo origina (lo cual

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mantiene alerta al sujeto), el susto sólo se experimenta a posteriori a la interacción con

el objeto generador de la experiencia.

Si hablamos de una constante en la percepción de inseguridad aún si no de forma

consciente, se podría argumentar que la percepción de inseguridad pareciera

interiorizarse y volverse cotidiana, y aún cuando se manifiesta sólo ante algo o alguien,

el no percibir a ese alguien o algo en todas partes no significa que la inseguridad no

sea estructural y no esté en todas partes. Dado que el depositario del miedo puede

encontrarse en el plano del inconsciente de la persona, a manera de una especie de

incertidumbre, este sentimiento puede incluso manifestarse en los sueños, por lo que

existiendo un sentimiento de inseguridad experimentado en todos, este puede variar,

acercarse o distanciarse dependiendo en dónde la persona y en qué circunstancias se

encuentre al momento de experimentarlo, de modo que las posibilidades de

experimentar inseguridad no quedan eliminadas por completo, sino sólo tiende a

percibirse en mayor o menor presencia.

Esta definición del miedo de Mannoni no se distancia mucho del “riesgo” del que habla

Castel cuando se refiere a “un acontecimiento previsible, cuyas probabilidades de

producirse pueden estimarse, así como el costo de los daños que provocará” (2004:

77), así, el o los riesgos en la actualidad están asociados a “daños o acciones o a

situaciones nocivas” (Castel, 2004: 81) y que por lo tanto están generando la noción de

peligro en la persona, no haciendo más que generar en el individuo nuevas prácticas,

justamente para evitar el suceso no deseado, prácticas que tienden a variar en algunos

aspectos y asemejarse en otros, tales como: caminar rápido por las calles solas, evitar

transitar por ellas de noche, evitar discutir con los policías, no voltear a ver a

desconocidos o bien, voltear a ver siempre para así identificar a quién cometió algún

acto delictivo, en caso de que el sujeto afectado quiera proceder de manera ya sea

legal o ilegal. En el caso de algunas mujeres puede significar incluso el evitar caminar

por las calles donde se encuentran estacionados vehículos de la policía; no salir a

espacios públicos por la noche; modificar la manera de vestir (tanto hombres como

mujeres), así como muchas otras que no necesariamente están asociadas a la vida

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nocturna, sino a todas horas del día, y en donde la corporación policiaca puede ser

generadora del miedo/riesgo y por tanto, del peligro.

Ante tal situación, podemos observar la manera en que el riesgo, el sentimiento de

miedo y el peligro surgen porque la persona, el individuo “no dispone por si solo de los

recursos necesarios para su independencia” (Castel, 2004: 101). Dichos recursos no

solo son materiales, sino que el individuo necesita que alguien lo proteja de esos

miedos, riesgos y peligros a los cuales se encuentra expuesto en la cotidianidad, y en

cambio, esas instituciones y/o corporaciones que deberían aseguran su protección,

tienden a no controlar los fenómenos o sucesos que podrían poner en riesgo la

integridad del individuo, e incluso los mismos policías saben que como significa que no

pueden asegurar su protección, ni a través de las instituciones establecidas por el

Estado, como tampoco puede hacerlo el individuo por sí solo, de modo que la

inseguridad adopta una especie de omnipresencia, que obliga a las personas a adquirir

nuevas prácticas como paliativo ante lo que genera el percibir el riesgo cotidiano.

Otro de los factores que se deben tomar en cuenta para explicar las causas de la

inseguridad es lo que refiere Tapia Pérez como “los tres niveles de la inseguridad

ciudadana…objetivo, subjetivo y tolerable (2013: 105)”. Estos niveles pueden ser

asociados a la triada Lacaniana de lo imaginario, lo simbólico y lo real, ya que al

abordar el tema de la inseguridad estamos hablando de un fenómeno objetivo y real, el

cual no puede ser negado (pues está dentro de la estructura/complejo simbólico), ya

que existe y se encuentra dentro del imaginario social. No obstante, debemos señalar

que todo esto está filtrado por la barrera simbólico-lingüística ubicada dentro de un

complejo en donde la percepción de inseguridad conlleva la experimentación de un

sentimiento como parte de un complejo simbólico. En síntesis, la inseguridad surge

dentro de un complejo sociocultural determinado en donde se logra deducir que hay

tanto una sobrevaloración de la vida, como de los objetos materiales o de la propiedad

privada, en donde es importante asegurar su protección, por lo que los bienes

materiales adquieren un significado simbólico (al igual que las instituciones de

protección que ofrece el Estado), ya que mediante ellos es que se puede mantener

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protegida la persona de convertirse en un blanco para un acto delictivo, evento que no

siempre la corporación policiaca puede controlar.

La percepción ciudadana de las corporaciones policiacas

La opinión de la ciudadanía no es positiva con respecto al desempeño de los mandos

policiacos y en general la aceptación y la confianza en las corporaciones tiene

registros muy bajos. Realizamos un ejercicio a partir de la Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE-2015, en donde se

grafican las respuestas de las siguientes preguntas contrastando los valores a escala

nacional y estatal:

A. Tiene usted confianza en las policías de tránsito municipal y la estatal? (se grafican

las respuestas afirmativas alta/alguna).

B. Considera efectivo el desempeño de estas policías? (muy efectivo/algo efectivo)

C. Considera que estas policías tienen disposición para ayudarle en una situación de

inseguridad o delincuencia? (se grafican las respuestas afirmativas).

D. A su juicio, estas policías pueden calificarse de corruptas? (se grafican las

respuestas afirmativas).

Fig. 1. Relación de las preguntas que corresponden al índice de de confianza en

la policía (ICP)

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Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE-2015

Con base a la misma encuesta se calcularon tanto el Indice de Percepción de

Seguridad Personal (IPSP) como el Índice de Confianza en la Policía (ICP). Este último

se construyó a partir de las preguntas referidas y en donde la media nacional del ICP

es de 0.47 mientras que para el Estado de Morelos es de 0.37. Dicho índice va de 0 a

1, donde 1 es el mayor valor de confianza y cero el menor. Los valores medios para el

IPSP son de 0.58 (Nacional) y de 0.52 (Morelos).

Posteriormente se estratificaron diferentes valores del índice ICP y se graficó la media

del índice IPSP para ese rango correspondiente (ver gráfico de abajo). Los rangos de

los valores para el índice IPCP fueron los siguientes: Rango A1, de 0.0 a 0.2; Rango

A2, de >0.2 a 0.4; Rango A3, de >0.4 a 0.6; Rango A4, de >0.6 a 0.8; Rango A5, de

>0.8 a 1. En general Morelos muestra un valor menor del ICP que el Nacional.

También se observa que entre mayor sea el valor de ICP, mayor es el valor de IPSP.

Fig. 2. Relación del índice de percepción de seguridad personal (IPSP) y el índice

de confianza en la policía (ICP)

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Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE-2015

La (in)seguridad en ambientes complejos

“El vínculo con la policía está signado por una convicción inicial: la policía tiene

poco que ver con la ley, es una banda más, mejor armada y más potente […]

aparece como socia y protectora de la ‘alta delincuencia’” (Kessler, 2004: 126)

En el estado de Morelos existe desde principios de 2013 un modelo de coordinación

encabezado por la Comisión Estatal de Seguridad Pública conocido como el Mando

Único Policial, el cual actualmente opera en la totalidad de los municipios del estado, y

parte del objetivo de asegurar la “homologación de procedimientos de operación y de

actuación policiaca, para mejorar la función de salvaguarda de la vida, la integridad y

los bienes, y el pleno ejercicio de los derechos y libertades de la población del Estado

de Morelos”. (Periódico Oficial 5019 "Tierra y Libertad”, 29 de agosto del 2012). No

obstante, este modelo de política de seguridad ha generado evidente inconformidad

tanto entre los ciudadanos como entre los elementos de seguridad mismos, lo cual se

puede inferir mediante los testimonios recabados tanto en conversaciones cotidianas,

en medios de comunicación así como en documentos especializados (Aguayo, 2014:

124):

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Entre el tipo de quejas que se han presentado contra el Mando Único,

destacan el ejercicio indebido de la función pública y la detención

arbitraria, seguido por lesiones y allanamiento de morada. Aunque el

reporte desde donde se obtiene la información separa detenciones

arbitrarias de ilegales, si se conjugan en una sola categoría se

contabilizarían 55 quejas en ese sentido que, además, se han

incrementado en un 37% entre la fecha de puesta en marcha de la

corporación en 2013 y julio de 2014.

Al comparar tales datos expuestos en la obra referida, realizamos entrevistas a la

población en zonas conocidas por su peligrosidad, entre ellas a un taxista en el

municipio de Xochitepec, perteneciente al estado de Morelos, y a un habitante de

poblado de Acatlipa del municipio de Temixco, en donde se puede percibir una cierta

similitud en la forma de operar de los policías para asegurar la protección, dice el

primero:

“Hace como dos semanas […] bueno, en realidad a mi no me pasó,

pero a un compañero sí, hasta cien pesos le quitaron los culeros

(policías); es que un compañero salió a dejar un viaje a una calle de

por acá […] se le ponchó una llanta y avisó a la base que le

ayudáramos […] y entonces fui a ayudarlo. Cuando llegué

empezamos, pero primero si lo regañé, porque el cabrón ni un gato

siquiera llevaba para cambiar la llanta y al poco tiempo, así, como a los

cinco minutos pasó una patrulla, de esas de las nuevas que del Mando

Único, según, los carros esos, no como la camioneta que vimos parada

ahorita…pues haz de cuenta que se pararon y luego, luego me

gritaron: “[…] a ver qué chingados andan haciendo, pónganse contra el

carro” y entonces yo le respondí que se calmara que estábamos

cambiando una llanta, le dije: ‘pues cálmate carnal, nos anda fallando

el carro’ y el muy cabrón me dijo: “!no, no, no! no se hagan pendejos a

ver contra el carro” pero el cuate ese ya me estaba apuntando con su

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arma, bueno, no apuntando sino como que la levantaba como si me

fuera a pegar con ella […]”.

El habitante del poblado de Acatlipa refiere otra experiencia relacionada con su

relación con la policía:

“No…si son re-culeros los cabrones y más esos de la ‘acreditable’ que

pasan seguido por aquí; si la otra vez hasta al pinche Mayo le metieron

una golpiza los culeros […] haz de cuenta que estábamos aquí en la

esquina, y vimos que venían [los policías], pero pues no nos quisimos

meter a la casa y yo le dije [al Mayo] que si traía mota pues que la

guardara porque ya ves que hasta por un toque te andan llevando los

mierdas […] entonces se siguieron, doblaron en la otra esquina y yo

me metí, el Mayo se quedó afuera, que para fumarse su toque, y yo le

decía que se metiera, que se lo iban a llevar, y él me decía que no, que

ni madres, que no le hacían nada, al poco rato escuché el desmadre

afuera y me asomé, pues ya se llevaban al Mayo […] y ya ni para

ayudarle, que disque delitos contra la salud, sus mamadas, y pues se

lo llevaron, yo nada más me reía, […] pinche Mayo pendejo, ya ves

que yo ni para alegar con los pinches puercos, porque sino de nuevo

me meten, pues para no hacértela larga que se lo llevan y como a la

hora ahí viene el Mayo todo morado mentando madres, que quería que

le prestara la pistola, pinches chipotes en la cabeza que traía el güey,

dice que se lo llevaron allá al ‘rayo’ y ahí le pusieron una putiza, hasta

su celular le tumbaron al pendejo […]”.

Basándonos en distintos testimonios de sucesos similares, así como de lo observado

en las redes sociales, podríamos argumentar que para asegurar la protección de la

ciudadanía, el Estado exhibe el monopolio de la fuerza mediante sus corporaciones

policiacas (en términos Weberianos) a través de actos legítimos sustentados en la ley

y con el fin de asegurar el control total del delito recurre a la llamada “Tolerancia Cero”

como mecanismos para hacer efectiva la protección ciudadana mediante el uso de la

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fuerza y la violencia por parte de las corporaciones policiacas, esto con la finalidad de

“preservar la seguridad y el orden público, así como otorgar atención ante conductas

antisociales, delitos, siniestros y eventualidades que pongan en peligro o vulneren la

paz y el orden público” (Periódico Oficial 5260 "Tierra y Libertad, 04 febrero 2015).

Sin embargo, haciendo un análisis más detallado observamos que los dispositivos de

seguridad operan con una lógica que funcionan tanto dentro de la ley, como al margen

de ella. De este modo, argumentando una serie de principios morales, la policía

identifica grupos específicos sobre los cuales son objeto del peso de la ley, de modo

que la Tolerancia Cero se dirige a personas identificadas como sospechosas, lo cual,

según el criminólogo Adam Crawford: “[lo cual] no es más que una imposición

extremadamente discriminatoria en contra de determinados grupos de personas en

ciertas zonas simbólicas” (citado en Wacquant, 2004: 17). No obstante, estas personas

sospechosas y/o delincuentes tienden a entremezclarse y hacerse cada vez más

difíciles de identificar, pero se argumenta que quien exige el uso de fuerza es la

ciudadanía misma y son quienes ahora identifican rasgos, significantes relacionados

con la delincuencia pero surgen ahora nuevas condicionantes como el hecho que

quien cometió un acto delictivo es a veces de quien no existe sospecha alguna, de

modo que así como el acto delictivo está cargado de un significado subjetivo por parte

de quien lo percibe y por lo cual las fuerzas del orden tienen que detener a quien se

solicite, como comenta un policía entrevistado en una colonia periférica del municipio

de Temixco:

“Seguido llaman porque están orinando frente a su casa o porque se pelean, o

simplemente porque están haciendo algo que no les parece a algunos. La

gente llama y tienes que ir a detenerlo y a veces hasta golpearlos porque

llegas, les llamas la atención que están haciendo algo malo y te dicen de

groserías o hasta te escupen en la cara, ya ves, lo que te decía, pero la gente

se molesta si no los detienes, y dicen que eres un mal policía, pero si los

detienes su familia dicen que eres un puto, un abusivo o que sólo quieres

chingar a la gente, cuando ellos son quienes llaman […]”

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En este sentido, podemos argumentar que dentro del marco del Estado de derecho

existe una sobrevaloración del sujeto (Castel, 2004) y por lo tanto esto genera, tal

como lo sostiene Escalante (2004: 37), que “los que se creen con derecho a la ciudad,

temen a la masa marginada” pues esta, al no contar con derecho alguno y parecer que

no es tomada en cuenta por el Estado de derecho, podría ubicarse fuera del alcance

de él y sus sanciones, mientras que del lado contrario, existe un miedo hacia quienes

sí cuentan con la posibilidad de ser protegidos, pues si esos otros que tienen la

posibilidad de ser protegidos, llaman a la policía, ésta puede detenerlos y privarlos de

su libertad. De esta manera, la (in)seguridad pública o ciudadana, funciona no sólo

mediante las herramientas que el Estado otorga, sino que funciona incluso con una

serie de normas no escritas implantadas en el imaginario social, como comenta

Aguayo (2014: 15):

“[De modo que] pareciera exponer una tensión entre violencia estatal

(la que ejercen las autoridades en busca de perpetrar la ley) y la

violencia criminal (ejercida por criminales y que busca esquivar la ley)

[…] Hay violencia que sólo es practicada por las autoridades, otra sólo

por criminales, y puede darse el caso de autoridades y criminales que

son ambas cosas al mismo tiempo […] Eso supone una complicación

conceptual pero también invita a pensar que no existen, en esferas

autónomas, autoridades, criminales y sociedad civil. Después de todo,

y en términos prácticos, una misma persona puede transitar por una,

dos o tres de esas esferas (incluso simultáneamente).”

En otras palabras, se argumenta que el mecanismo de percepción de la (in)seguridad

adquiere un carácter omnipresente justo por la complejidad con la que este se

desenvuelve, de modo que mientras que el propietario de un bien material pide ser

protegido contra algo o alguien que a su vez se sentirá desprotegido ante las

amenazas y demandas de quien solicita la ayuda de la fuerza policiaca. Es por ello que

dicha situación da lugar a un sentimiento de rencor hacia el polícía así como hacia la

persona que solicitó su intervención. El vínculo policía y ciudadanía debería surgir a

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partir de la convivencia cotidiana, de esas relaciones cercanas por parte de quien es

detenido (y/o también por parte de quien solicitó la ayuda), y sin embargo, en

ocasiones la víctima no recibe el apoyo esperado por parte de la corporación policiaca,

de modo que aún cuando el policía sabe que tiene que detener a quien se le ha

exigido que detenga, no importando las consecuencias a lo que esta acción conlleve o

las dificultades ante las que se encuentre al momento de ejecutar tal acción pero no lo

hace, entonces el sujeto experimenta un sentimiento de inseguridad, e incluso se

percibe inseguro incluso en presencia de las fuerzas del orden, lo cual nos lleva a

establecer determinados tipos de relaciones con la corporación policiaca que se ubica

dentro de un espacio difuso de legalidad-ilegalidad. (Valenzuela y Monroy, 2014).

Conclusiones

Con base en los resultados de la ENVIPE 2015, dentro del imaginario colectivo se

construye la idea de que las corporaciones policiacas no garantizan la seguridad, dado

que los mecanismos que producen la (in)seguridad y la hacen operativa, juegan un

papel fundamental en la transgresión de la tolerancia, como comenta Žižek: “La

obligación de ser tolerante con el otro significa que no debo acercarme demasiado a él

o ella, no invadir su espacio –en otras palabras, que debo respetar su intolerancia

hacia mi extrema proximidad” (2010: 109). En este sentido se puede argumentar que la

inseguridad se da a través de una proximidad que el otro no considere hostil, ya que si

llega a darse la proximidad se convierte en abuso. Por lo tanto, el individuo no

pretende tolerar el abuso que implica la proximidad del otro y es en ese momento en

que se produce la solicitud de ayuda o bien se procede a una detención (en el caso de

la corporación policiaca) la cual es percibida por quien es detenido como una acción

abusiva. Por otra parte, tenemos la modificación de las prácticas cotidianas en donde

se pueden evitar lugares que antes se frecuentaban a partir del riesgo que en ellos se

percibe, y no solo porque exista una simple intolerancia a quien pudiera percibirse

como una figura amenazante, sino también porque no estamos dispuestos a ser

tolerados en ese lugar que antes se visitaba, así como tampoco toleraremos a quien

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25

realice una tentativa de proximidad (ya existente por una percepción del riesgo casi en

todas partes).

Por lo tanto, la manera en que opera aquel dispositivo que pretende generar

seguridad, en el mejor de los caso lo asegura de manera selectiva, a través de

acciones simbólicas por parte de quien la identifica, lo cual hace que estas acciones

materialicen las percepciones y mecanismos generadores de inseguridad, y por ende,

de las formas en que la inseguridad se desenvuelve, que incluye los ámbitos

simbióticos de legalidad/ilegalidad que predominan en nuestra realidad.

Recapitulando, tenemos que en el espacio simbólico existe una “legibilidad” que Žižek

define como “el significado que permite traducir a los individuos de manera eficaz sus

propias experiencias de vida en un discurso coherente” y sin embargo, “[…] la infinidad

de narraciones y/o descripciones en conflicto y una realidad extra-discursiva, relación

en la que se acaba imponiendo la narración que mejor ‘se ajuste’ a la realidad, sino

que la relación es circular y auto-referencial: la narración predetermina la narración de

nuestra realidad” (Žižek, 2010: 18).

En éste sentido, el entorno se traduce en una especie de texto que permite la

constitución de la persona mediante códigos lingüísticos/simbólicos y así al argumento

percibido y/o expuesto por la persona lo subyace toda narración que está no sólo

permitiéndole hablar, sino que le está permitiendo ser hablado por la situación misma,

y a su vez hacer legible el discurso. Es decir, que la persona no elimina o disminuye su

percepción de riesgo a partir de la reducción del delito ya que la persona no

estigmatiza la labor de las instituciones policiacas a partir de lo percibido mediante la

experiencia de la cotidianidad y lo discursivo social con respecto a los fenómenos que

convergen para formar una percepción del yo y el otro de manera específica y con ello

construir un discurso al respecto.

Este proceso sucede de la misma forma en todos los actores inmersos en esta noción

de (in)seguridad, tanto instituciones policiacas como la ciudadanía, de modo que la

percepción o el discurso de los policías sobre la poca aceptación de las personas no

sólo se construye por la percepción que ellos tienen del comportamiento de las

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26

personas hacia ellos, sino esa narración existente de manera previa la cual pareciera

predeterminar la noción de lo que va a pasar. De esta manera se expone la influencia

de la percepción del otro para la constitución de la persona, en el sentido que el otro

funciona como elemento clave para la autopercepción del yo.

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27

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