ESPECIAL

Martes 8 de junio de 2021

Capítulo: Los siete procesos penales

de Murillo

Historia de un gobierno corrupto

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Martes 8 de junio de 20212 ESPECIAL

A finales de 2020 huyó de Bolivia para eludir la jus-ticia; sin embar-

go, entre el 20 y 21 de mayo de este año fue aprehendido en Estados Unidos donde en-frenta un proceso penal por lavado de dinero y soborno, ya que, junto con sus cóm-plices, usó bancos norteame-ricanos para hacer diversas transferencias.

En Estados Unidos podría ser condenado a 20 años de cárcel y, de prosperar la so-licitud de extradición, en el país también tendría que ser encarcelado.

El extitular de Gobier-no fue detenido a finales de mayo en Estados Unidos y su audiencia fue reprogramada para el 9 de julio.

Su situación en Bolivia es más grave porque deberá de-fenderse de las acusaciones y procesos por la compra de ga-ses lacrimógenos mediante sobornos y con sobreprecio, las muertes en las masacres, el golpe de Estado de finales de 2019, el uso de una libre-ta militar falsificada, entre otros hechos.

Por ahora hay dos órdenes de aprehensión en contra de Murillo, por la compra de ga-ses lacrimógenos y la masacre de Huayllani (Cochabamba)

COMPRA DE GASESA finales de 2019, Muri-

llo gestó un robo al Estado, en compañía de varios cóm-plices, lo que les dejó una ga-nancia ilícita de al menos $us 2,3 millones.

Los implicados compra-ron mediante sobornos gases lacrimógenos por $us 3,3 mi-llones a la empresa brasileña Cóndor y dos días después los vendieron al Estado bolivia-no en $us 5,6 millones.

Se les atribuye los deli-tos de enriquecimiento ilíci-to con afectación al Estado y favorecimiento al enriqueci-miento ilícito.

MASACRE DE HUAYLLANIA finales de 2019, una in-

tervención coordinada entre militares y policías en el puen-te Huayllani (Cochabamba) dejó 12 muertos y más de un centenar de heridos.

Por ese luctuoso hecho es-tán como imputados Murillo, López y excomandantes de las Fuerzas Armadas y Policía.

Todos fueron imputados por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

DESAPARICIÓN DE DROGAOtro de los delitos come-

tidos por Arturo Murillo y su entorno fue la desaparición de 431 kilogramos de cocaína de alta pureza, casi media to-nelada, cuyo paradero se des-conoce hasta ahora.

De 18 horcones (madera), de un total de 60, desapareció cocaína. La UNODC informó que de 1.435 kilos, desapare-cieron 431 kilos de la sustan-cia controlada.

Los implicados en el caso serán investigados por la pre-sunta comisión de los delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas.

EXTRADICIÓN DE LIMA LOBOEl Ministerio de Gobierno

denunció penalmente a Muri-llo y el excomandante de la Po-licía general Rodolfo Montero por evitar en 2020 la excarce-lación y extradición del narco-traficante Einar Lima Lobo.

Las exautoridades son acusadas de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir y estor-bar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas.

LIBRETA MILITARLa Sala Penal del Tribunal

Supremo de Justicia (TSJ) rati-ficó la condena de dos años de prisión contra Murillo, por el

En los 11 meses en los que estuvo al frente del Mi-nisterio de Gobierno, Artu-ro Murillo cometió varios delitos con distintos gra-dos de participación, por lo que podría pasar bastantes años en la cárcel.

Redacción Central

Autoridades confían en su extradición

Está acusado de alentar el golpe de Estado de 2019, usar una libreta militar falsificada, desaparecer cocaína incautada, además de las muertes en las masacres y otros delitos.

Murillo debe enfrentar siete procesos penales en Bolivia

Martes 8 de junio de 20213ESPECIAL

MILLONES de dólares pagó el Estado boliviano a Bravo Tactical Solutions

por el mismo material.

MILLONES de dólares pagó a Bravo Tactical

Solutions a Cóndor por los gases lacrimógenos.

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delito de uso de instrumento falsificado, después de confir-mar que utilizó la libreta de ser-vicio militar de otras personas para acceder a cargos públicos, como el de diputado y titular del Ministerio de Gobierno.

GOLPE DE ESTADOLuego de una revisión mi-

nuciosa de las evidencias e in-dicios al proceso instaurado por la exdiputada Lidia Patty contra la expresidenta Jeani-

Está acusado de alentar el golpe de Estado de 2019, usar una libreta militar falsificada, desaparecer cocaína incautada, además de las muertes en las masacres y otros delitos.

Murillo debe enfrentar siete procesos penales en Bolivia

ne Añez, por la presunta comi-sión de los delitos de sedición y terrorismo, la denuncia fue ampliada contra Murillo.

Ahora ya están detenidos preventivamente Añez y sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guz-mán, de Energía.

MUERTES EN SENKATAMurillo, López y el gene-

ral del Ejército en retiro Luis Fernando Valverde son inves-

tigados por la represión vio-lenta que se produjo en no-viembre de 2019 en la región alteña de Senkata. Ese hecho derivó en la muerte de al me-nos 10 personas por impacto de bala y un centenar de heri-dos y detenidos.

Los exministros están sin-dicados por los delitos de in-cumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Al margen de los dos proce-sos penales instaurados en Estados Unidos contra Ar-turo Murillo, Luis y Bryan Berkman, por soborno y la-vado de dinero, la causa civil apunta a recuperar los $us 2,3 millones robados me-diante la compra de gases la-crimógenos con sobreprecio.

Para este fin, la Procu-raduría General del Estado contrató al bufete interna-cional Greenberg Traurig para que se encargue de atender las tres causas.

“Vamos a instruir al bu-fete de abogados la conti-nuidad del seguimiento del

caso. Se trata de una firma garantiza a nivel internacio-nal, con especialistas en es-tos casos referidos a temas económicos, corrupción y lavado de activos, con más de 1.700 abogados a nivel mundial”, manifestó.

Además dijo que “vamos a informar de manera trans-parente en la página web de la Procuraduría sobre el cos-to, que en realidad son gastos mínimos en relación a los re-cursos que vamos a recupe-rar. Es una inversión que vale la pena”, explicó el procura-dor general del Estado, Wil-fredo Chávez, a radio Cepra.

Una vez que se conozca la si-tuación legal de Arturo Mu-rillo en Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado pedirá la cooperación interna-cional a fin de que rinda cuen-tas ante el Estado boliviano por delitos como el daño eco-nómico que le ocasionó al país y las masacres de Senka-ta y Sacaba, entre otros.

El exministro podría en-frentar una pena de hasta 20 años de prisión en el país del norte si es hallado culpable de los delitos de soborno y lava-do de dinero.

“La pena máxima por

el delito imputado es de 20 años, en el hipotético caso de la sanción, como Estado tendremos que esperar que cumpla la condena para que rinda cuentas en el país”, ex-plicó el secretario general de la Fiscalía General del Esta-do, Edwin Quispe.

Añadió que los canales de comunicación de la Fisca-lía son fluidos, por lo tanto no será necesario el traslado de autoridades a Estados Unidos, aunque se participará desde Bolivia en el proceso, contro-lando y verificando los actos procesales.

Existe confianza en recuperar el dinero robado

Fiscalía pedirá cooperación internacional

La Cancillería boliviana devolvió al Órgano Judicial la solicitud para la extradición de Arturo Murillo, debido al incumplimiento de requisi-tos y formalidades previstas en el convenio bilateral de extradición.

“La solicitud de extradición que nos ha llegado, suscrita por la juez Claudia Castro, fue de-vuelta por no cumplir los re-quisitos y las formalidades. La-mentablemente, adolecía (la

solicitud) de principales ele-mentos como, sin llegar muy lejos, la traducción y la legali-zación de la documentación correspondiente”, informó la directora general de Asun-tos Jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo, según ra-dio Erbol en su página digital.

La anterior semana, la jueza presentó al Ministerio de Relacio-nes Exteriores un exhorto suplica-torio para tramitar la extradición de Arturo Murillo, quien está de-

tenido en Estados Unidos mien-tras es investigado por los delitos de soborno y lavado de dinero.

“El error de origen se en-cuentra en la Fiscalía General, que además es una entidad que conoce bien los requisitos de los trámites de cooperación internacional, más aún con Es-tados Unidos, puesto que el pedido de extradición requie-re de una traducción corres-pondiente”, añadió al medio de comunicación.

Cancillería devolvió el trámite para extradición

Martes 8 de junio de 20214 ESPECIAL

Pagó una fianza de $us 500.000

Luis Berkman se defenderá en libertad

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El amigo del exminis-tro de Gobierno Ar-turo Murillo fue acu-sado en el país del

norte por los delitos de sobor-no y el sobreprecio que pagó su compañía, que hizo el pa-pel de intermediaria, para comprar y revender gases la-crimógenos al Estado bolivia-no, lo que causó una afecta-ción de $us 2,3 millones a las arcas nacionales.

“Han homologado las me-didas que le habían impuesto, que era una fianza de medio millón de dólares, dos bienes inmuebles, presentarse una vez a la semana ante la autori-dad y le pusieron una tobillera para un radio de circulación. Esas medidas fueron impues-

tas en su detención y hoy (por ayer) fueron homologadas y una vez que se satisfacen esos presupuestos seguramente re-cuperará su libertad bajo fian-za en tanto dure el proceso”, explicó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en entrevista con Bolivia TV.

Berkman y Murillo, sólo dos de los implicados en el he-cho de corrupción, aprovecha-ron su amistad, es por ello que el exministro le colaboró para que su empresa se haga cargo de la compra del armamento no letal para venderlo a Boli-via, como no había ocurrido en anteriores gestiones.

Berkman ya estuvo pre-

so en Palmasola en 2001 por su participación en el tráfico de armas bolivianas hacia el Paraguay.

Su hijo Bryan Samuel, quien también está implicado en este hecho de corrupción, puesto que, al igual que su pa-dre, es representante de Bravo Tactical Solutions, debe cance-lar una fianza de $us 350.000.

Las investigaciones del Buró Federal de Investigacio-nes (FBI, por su sigla en inglés) establecieron que, a finales de 2019, Arturo Murillo, Luis Fer-nando López (exministro de Defensa), Luis y Bryan Berk-man, Philip Lichtenfeld, Ser-gio Méndez (exjefe de gabinete

de Murillo), entre otros, con-formaron un clan mafioso para cometer ese ilícito.

Los exministros y la ex-presidenta Jeanine Añez fir-maron tres decretos para que la empresa Bravo Tactical So-lutions, de propiedad de los Berkman, se adjudique un contrato para la compra de gases lacrimógenos.

La empresa pagó $us 3,3 millones a Cóndor y vendió los gases al Estado boliviano en $us 5,6 millones.

Rodrigo Méndez había re-cibido un soborno de $us 582.000, que también lo repar-tió con Arturo Murillo, de par-te de los Berkman.

Redacción Central

Las investigaciones del FBI establecieron que, una vez que se concretó la compra de los gases por $us 5,6 millo-nes, el exministro de Defen-sa Luis Fernando López en-vió el dinero desde el Banco Central a entidades financie-ras en el país del norte.

Primero intentó enviar el total del dinero, pero el ban-co detectó una ilegalidad, por ello rechazó la transferencia.

La exautoridad no se que-dó cruzada de brazos, ya que necesitaba sacar el dinero de Bolivia, es así que envió $us 3,9 millones y luego $us 1,7 a Estados Unidos.

Ese dinero volvió a las cuentas de todos los impli-cados en Bolivia.

El FBI hizo el rastreo del dinero y todas las transac-ciones y, luego de una in-vestigación de varios me-ses, estableció que todos los involucrados se habían apoderado de $us 2,3 millo-nes ilícitamente.

Usaron bancos de EEUU para lavar dineroUna Corte de Miami,

Estados Unidos, homo-logó ayer el pago de una fianza de $us 500.000, por lo que Luis Berkman Littman, uno de los due-ños de la empresa Bravo Tactical Solutions, podrá defenderse en libertad.

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