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Lunes 20 de Febrero de 2017

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La primera noticia es que un alto ejecutivo mundial de ENEL, la compañía italiana que es la principal accionista de Edesur, hable en pleno febrero después de años en los que la empresa hacía lo imposible por no aparecer. "Esta charla no hubiera sido posible hace tres años", dice Livio Gallo casi al final de la entrevista. El ejecutivo es director de la división global de infraestructuras del grupo, y desde allí maneja la distribución de electricidad de 41 millones de clientes, de los cuales alrededor de 2,5 millones están en el país, específicamente en territorio porteño y en parte del conurbano bonaerense.

El ejecutivo llegó a Buenos Aires para anunciar una inversión de $ 15.000 millones en los próximos dos años y a confirmar la apuesta del grupo en el país. "Se abrió un nuevo mundo de posibilidades en la Argentina. Y no descartamos crecer en el interior con la compra de distribuidoras más pequeñas", dice el número dos de la compañía, que, además de Edesur, es dueña de la usina termoeléctrica Central Costanera.

Claro que para poder proyectar primero hubo que avanzar en el tema más complejo: empezar a mejorar la red de distribución y mostrar una baja en la cantidad y en la duración de los cortes de electricidad. "Según nuestros indicadores, tuvimos un 40% menos de cortes y alrededor de un 35% menos de duración desde el verano pasado a éste", se adelanta el ejecutivo.

"Estamos muy ilusionados con la Argentina. En los últimos dos años estamos invirtiendo en la red. Vamos a trabajar en la alta tensión, con nuevas subestaciones. En la media tensión hemos hecho un trabajo importante en las cámaras que convierten la alta tensión en media tensión. Y además mejoramos la red con lo que llamamos telecomando. Podemos controlar la red y los equipos sin intervención directa. Hemos instalado 350 equipos en 2016 y debemos llegar a 3000 en los próximos tres años. Con eso, vamos a mejorar dramáticamente la calidad del servicio", asegura el ejecutivo, en su paso por Buenos Aires.

-¿Cómo funciona esta red inteligente?

-Ante una falla en un punto medio de una línea, permite cortar para arreglar una cámara y no toda la red, como ocurre actualmente. El monitoreo permite conocer dónde está la falla.

-¿Cómo fue este año de relación con el nuevo gobierno?

-Hemos empezado a trabajar. La prioridad en la red argentina es la distribución. Estamos tratando de construir un nuevo marco regulatorio, es un proceso muy complejo. No es un trabajo nuestro, es compartido con todos los actores y contralores. Estamos muy satisfechos. Esto no quiere decir que vamos a tener ingresos importantes, simplemente vamos a invertir porque creemos que tenemos una razonable rentabilidad.

-¿Y el servicio?

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-Hemos mejorado mucho, y el ministro Aranguren ha destacado que tuvimos un 40% menos de cortes y alrededor de 35% menos de duración desde el verano pasado a éste. Y el año que viene estará mejor.

-Pero aún están lejos de los estándares internacionales...

-Sí. En Europa tenemos una media de 40 minutos de falta de servicio por año por cliente; en la Argentina, ese número es de 1900. Estamos lejos y debe ser notablemente bajado. Para eso planificamos obras por los próximos cinco años.

-¿Los planes en el país se limitan a Edesur?

-Pensamos que podemos aumentar nuestra presencia en la Argentina en los próximos años. Tenemos como misión hacer redes inteligentes, con una doble vía de comunicación con el cliente, con otro tipo de medidores.

-¿Está en carpeta la instalación de estos medidores?

-En 2017 vamos a hacer una prueba piloto en Los Piletones. Son 100 para probar. Somos la única empresa en el mundo que tiene 41 millones de estos equipos instalados. Esto permite conocer consumo, potencia, promedio en los últimos meses. Hace más eficiente el consumo en un hogar.

-¿El sistema de medidores actual es muy viejo?

-Es normal, sin comunicación, y que debe ser leído en forma manual por una persona. Además, la factura no está relacionada con el último consumo, ya que se lee ahora y se factura en un mes; es difícil controlar para un usuario.

-¿Estos nuevos medidores permitirán enviar electricidad de un domicilio a la red?

-Sí, permiten que la energía se venda a la red, son bidireccionales.

-¿El grupo crecerá en energías renovables?

-Participamos de la primera licitación y estamos interesados en todas las que haya en el país. El grupo invierte en renovables y en redes.

-¿Qué planes tienen para Central Costanera, que también forma parte del grupo?

-Acabamos de presentar un proyecto para sumarle a Central Costanera dos ciclos combinados más; por lo tanto, es una demostración más de la apuesta por la Argentina. También queremos participar en la licitación de redes de alta tensión, que seguramente habrá en unos años. Y también crecer en distribución, en otras ciudades del interior. En la Argentina debemos, podemos y queremos crecer.

-¿Alguna vez pensaron en irse de la Argentina?

-[Risas] Yo estaba en otro cargo en la compañía, pero en el pasado probablemente alguien lo haya pensado. No podemos decir no, le repito, probablemente alguien lo pensó.

-Pero alguna vez, por temor a una expropiación, pusieron en el balance las amortizaciones en cero, como para no tener impacto ante la posibilidad de dejar el país.

- Sí, eso se hizo. Los administradores tenían que mostrar la realidad. Y la realidad era muy complicada.

-Ahora se los ve muy activos...

-En seis meses vamos a tener más novedades. Igualmente, le digo, esta charla hace tres años no hubiera sido posible

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Desde el comienzo de la gestión, la Gobernadora Vidal decidió llevar adelante una serie de obras hidráulicas inéditas. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los bonaerenses y aumentar al máximo la capacidad de producir para lograr en cuatro años ser la Provincia más importante en materia agroindustrial. Los trabajos en la Cuenca del Salado son claves en este camino.

Actualmente estamos avanzando en una agenda de acciones coordinadas entre los distintos Ministerios bonaerenses para mejorar la infraestructura de la zona y recuperar casi 2 millones de hectáreas productivas.

Se sabe que uno de los segmentos de mayor importancia en la Cuenca del Salado es la ganadería de cría, donde -junto con la Deprimida de Lapridahay 3 millones 800 mil animales y cerca de 8 millones de cabezas de ganado. Esto la convierte en la más importante de la Provincia y una de las más importantes del país en términos de producción ganadera.

Dentro de la región, se encuentra también el cordón de carne con feedlot, compuesto por en las zonas de frigorífi cos.

Por eso, se puede considerar que la Cuenca del Salado cuenta con la fábrica y con el engorde.

No hay que olvidar, además, que en materia de producción láctea, el área contiene zonas de las cuencas lecheras Abasto Norte y Abasto sur. Entre ambas, hay distribuidas alrededor de 800 tambos, lo que signifi ca el 30% de la producción de leche de la Provincia de Buenos Aires.

Además, en la Cuenca del Salado se encuentran establecidas gran cantidad de Pequeñas y Medianas Empresas lácteas.

A pesar de que esta zona posee un potencial agrícola ganadero excepcional, las repetidas inundaciones impiden que su explotación se dé en forma sustentable y permanente y generan severos problemas a las comunidades urbanas.

En ese sentido, desde la Provincia se encararon los trabajos de infraestructura, divididas en etapas. Se abrieron días atrás los sobres de la licitación de la etapa IV (tramo 1) del Plan Maestro del Salado, que demandará una inversión de $1800 millones eimpactará de manera directa a los municipios de la cuenca central: Lobos, 25 de Mayo, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Navarro, Chivilcoy, Alberti y Bragado.

Previamente, realizamos junto con el Ministerio de Infraestructura la primera audiencia pública por las obras, que -además de prevenir inundaciones- servirán para reutilizar el agua para el riego.

En esa ocasión participaron intendentes, vecinos, profesionales y productores de la zona que brindaron sus opiniones, sus propuestas y sus inquietudes al respecto.

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El objetivo de este encuentro fue informar a la comunidad sobre el estado y los alcances de las obras defi nidas en en proyecto “Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo 4-1”.

Ahora se viene la cuarta etapa del Plan Maestro que es la más importante de todas porque va a cambiar gran parte de la historia productiva de la Provincia de Buenos Aires. Esta parte de la obra es la que rodea a la mayoría de los municipios que pueden tener complicaciones ante una inundación y, con su culminación, en cuatro años vamos a recuperar 2 millones de hectáreas productivas.

En todo el proceso contamos con asesoramiento de especialistas holandeses, que destacan la participación de todos los sectores, en referencia a los productores, a los gobiernos en todos sus niveles y a los vecinos.

El objetivo es seguir avanzando con esta y otras obras que son centrales. La presente etapa es la más importante, ya que abarca una superfi cie de 170.000 km2 e incluye mejoras de subtramos que alcanzará a 40 municipios.

Saber que estas acciones ampliarán la capacidad de transporte de agua del Salado para evitar desbordes y anegamientos nos genera una gran tranquilidad y optimismo ya que va a mejorar, además, la calidad de vida de todos los vecinos de esta amplia región provincial.

*Ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires

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La radicación de nuevas villas y asentamientos, los repetidos intentos de usurpación en diferentes sectores y la imposibilidad de adquirir terrenos para una gran cantidad de bahienses de clase media asalariada forman parte de las problemáticas de tierra que padece la ciudad.

Desde el Colegio de Arquitectos advirtieron además que el crecimiento se da de manera dispersa y eso encarece los costos de vida, que existe un mercado inmobiliario de baja calidad y con lotes a precios exorbitantes, y concluyeron que si el Estado no interviene “Bahía será una ciudad insostenible desde el punto de vista de la prestación de servicios”.

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Uno de los problemas más complejos es encontrar soluciones a la cantidad de tierras ocupadas. Nuestra ciudad tiene 32 asentamientos y es la tercera del interior del territorio bonaerense, detrás de La Plata, donde hay 129; y Mar del Plata, donde existen 80.

De acuerdo con el Registro de Villas y Asentamientos Precarios de la Provincia de Buenos Aires, en Bahía se contabilizan 8.444 viviendas esparcidas en diferentes sectores, especialmente en la zona sur, que en total ocupan 391 hectáreas.

Las tierras fueron ocupadas de manera ilegal al Estado e incluso a privados: la mayoría tiene conexiones clandestinas de luz y agua, y obviamente carecen de cloacas y gas natural.

En un mapa interactivo publicado en la web de la Subsecretaría de Tierras se puede ver que el último asentamiento se creó en 2013 y lleva el nombre de “Altos de Sánchez Elía”.

La barriada se encuentra en cercanías del barrio 9 de Noviembre, donde unas 45 familias ocuparon poco más de 3 hectáreas para levantar sus casas. Días atrás, en ese mismo sector, varias personas intentaron ocupar un espacio similar.

También se permite deducir que desde el año 2000 a la actualidad se conformaron al menos 13 nuevas villas. Quizás la más imponente es Tierras Argentinas, que figura en Provincia como barrios Ferrocarril Roca y Los Mexicanos.

En el lugar hay poco más de 1.300 viviendas entre casillas, casas de chapa, lona, cartón y otros materiales. En su mayoría las habitan jóvenes de entre 20 y 40 años que, hacinados en otros barrios, decidieron instalarse en esos terrenos ociosos pertenecientes al Ferrocarril.

Tierras Argentinas ocupa un importante macizo de 43 hectáreas que corre paralelo a calle Don Bosco, desde Coulin hasta el Camino Sesquicentenario.

En 2012 se estimaba que había 300 familias, mientras que para 2014 se calculaban unas 800. “Quedan pocos terrenos por usurpar y los que están libres se disputan a los tiros”, afirmaban en el lugar en aquel entonces.

Otros casos emblemáticos

Además de ese asentamiento, según el registro, en 2006 se conformó Villa Talleres Sur, donde se levantan 95 viviendas en un predio de 13 hectáreas; el barrio Evita, que desde 2010 ocupa una franja de 15 hectáreas y cuenta con 210 casas; y El Porvenir, que desde 2004 cuenta con 58 casas en un espacio de 12,5 hectáreas

También la Villa Mariano Moreno, donde hay 15 casas en menos de una hectárea y comenzaron a instalarse en el año 2010; y Villa Paloni, con 120 precarias viviendas que comenzaron a levantarse ese mismo año en un predio de 12 hectáreas. Ambas se encuentran a la vera de la Ruta 3 Sur.

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Entre los asentamientos más numerosos se encuentran Villa Rosario, con 1.000 viviendas; el Bajo Rondeau, con 950; Villa Nocito, 800; Villa Miramar, 640; Stella Maris, 500; y Maldonado, 560. Esos barrios se encuentran en un proceso de regularización,ya que son ocupaciones que datan en su mayoría de 1960.

Semanas atrás “La Nueva.” dio a conocer que la gobernadora María Eugenia Vidal promulgó una ley para que los habitantes de los 32 asentamientos no puedan ser desalojados ni intimados por un año.

“Durante ese tiempo quedan suspendidas las medidas judiciales o administrativas que impliquen el desalojo de quienes habitan barrios inscriptos en el Registro Público de Villas y Asentamientos”, se explicó.

Como medida positiva se dijo que la Gobernación trabaja "en un proceso de integración socio-urbana de esos sectores, en la entrega de escrituras, la generación de servicios y el acceso a microcréditos.

“Un Techo para mi País”

El informe de Provincia difiere del presentado en 2013 por la ONG “Un Techo para mi País”, que aseguraba que en nuestra ciudad había 10.420 familias en villas.

“Alrededor de 45 mil bahienses viven en 29 asentamientos informales distribuidos en distintos puntos de la ciudad”, se decía hace 4 años.

Aquel relevamiento no contemplaba a las personas que habitan edificios tomados, conventillos, hoteles pensión o en situación de calle, entre otros, por lo que afirmaba que la cantidad de familias sin techo era mayor.

"En el 55% de todos los asentamientos irregulares en la Provincia su conexión a las redes de energía eléctrica es clandestina, el 95% de los hogares no cuenta con conexión a la red cloacal y apenas el 11% de los barrios cuenta con agua corriente de red pública en la mayoría de las viviendas”, se indicó.

También se reveló que en el 96% de los casos, las familias carecen de conexión a la red de gas natural, que el 62% carece del servicio de recolección de residuos o cuenta con un servicio que no llega a ser "normal y periódico" y alrededor del 73% tiene alumbrado público deficiente o directamente no tiene.

Repetidos intentos de usurpación

Días atrás, unas 50 familias intentaron ocupar una franja de tierra cercana al barrio 9 de Noviembre y se instalaron en el lugar levantando casas de chapa. El Municipio intervino a las pocas horas y utilizó maquinaria para desmantelar lo que hubiese sido un nuevo asentamiento.

Los usurpadores explicaron que pretendían pagar por esas tierras y aseguraron que tomaron la decisión por estar hacinados en las precarias viviendas que ocupan en las cercanías.

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A ellos se suman otros repetidos intentos de ocupación de terrenos aledaños a Villa Miramar, donde en los últimos años, en repetidas oportunidades, el Municipio tuvo que intervenir para evitar la ocupación del predio que ocupa Bella Vista en Fortaleza Protectora Argentina y Charcas, y otro del Hogar del Peregrino.

En agosto vecinos del barrio Altos de la Bahía se reunieron con el intendente Héctor Gay para dar a conocer los problemas de inseguridad del sector y pedir soluciones al problema de las usurpaciones.

Aseguraron que la ocupación de terrenos se sigue repitiendo y, si bien en algunos casos la Municipalidad intervino, "existen asentamientos que se están consolidando".

Los mismos intentos se repitieron en los últimos tiempos en cercanías a Villa Talleres, el barrio 5 de Abril, Spurr e incluso en Villa Hipódromo, Villa Muñiz y el barrio Oasis.

En todos los casos los argumentos de quienes intentan apropiarse de algún lote es el hacinamiento y la imposibilidad de acceder a los mismos por las vías del mercado.

La comuna trabaja en regularización y un banco de tierras

El asesor municipal en tema de Tierras, Rodrigo Dulsan, aseguró que en el Registro Único de Postulantes a inmuebles existen 10.600 familias inscriptas. Agregó que desde la comuna se gestiona la adquisición de parcelas para su posterior desarrollo, así como se trabaja en la regularización de tierras.

“La decisión del Ejecutivo es muy clara: regularizar y legalizar las posesiones de los bahienses y trabajar en la generación de suelo municipal útil para afrontar la demanda existente”, dijo.

Dulsan consideró que la “histórica inexistencia de tierra municipal y la falta de decisión política derivaron en la conformación de numerosos asentamientos que en la actualidad se deben regularizar”.

También confirmó que se iniciaron gestiones ante distintos organismos provinciales y nacionales para obtener la transferencia de tierras, de las cuales algunas se encuentran ocupadas y otras libres.

La idea es crear el Patrimonio Inmobiliario Municipal, para el cual ya se logró la desafectación del Parque Campaña del Desierto, que estaba en manos del Ministerio de Agroindustria.

“Hay gestiones en marcha ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) para la entrega de terrenos”, afirmó.

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También dijo que se encuentran avanzadas las tratativas con la Subsecretaría de Tierras para poner en vigencia la adhesión de Bahía a la Ley de Acceso Justo al Hábitat, propuesta aprobada por el Concejo Deliberante semanas atrás.

“A partir de eso se podrían generar numerosos lotes municipales por acuerdos con privados, propietarios de macizos en nuestro distrito”, agregó.

Además mencionó que el intendente Gay pretende que durante su gestión las familias puedan acceder a un título de propiedad que regularice la vivienda y dijo que desde diciembre de 2015 a la actualidad se entregaron 1.800 escrituras.

Datos sueltos

Números recientes, historia e intentos de lograr la usucapión

Según datos del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (CREEBBA), en nuestra ciudad existen 132.000 viviendas construidas. Las cifras surgen de informes elaborados en el Censo 2010, la Municipalidad y el Indec.

Tomando en cuenta las 8.444 construidas según el Registro de Villas y Asentamientos, se concluye que al menos el 6,4% de las viviendas de nuestra ciudad son precarias.

La primera villa bahiense data de fines de los años 40 y se ubicó en el actual parque Boronat. Le decían Palihue Chico. En los 60 aparecieron Villa Miramar y, unos pocos años después, Villa Rosario.

En 1958 este diario informó sobre la aparición de un barrio similar, hoy dentro de los lugares definidos como asentamientos: se trataba del Bajo Rondeau. "Familias enteras viven en habitaciones levantadas en barro y paja, con techo de chapa y unas pocas aberturas cubiertas con arpillera deshilachada", se describía.

La cantidad de hectáreas que 40 particulares pretenden quedarse por medio de un proceso de usucapión, según el listado presentado por el Municipio en 2013, alcanza las 302 hectáreas, es decir, casi 100 hectáreas menos de las que ocupan las 8.444 familias relevadas en el listado de Provincia.

Un problema que llegó a la clase media

“Las personas de menores recursos son las principales afectadas por la imposibilidad de acceder a la tierra, aunque a partir de la puesta en marcha de los créditos hipotecarios del ProCreAr, en 2013, quedó en evidencia que el tema afecta a las clases medias y asalariados”, aseguró Martín Castro, vocal del Colegio de Arquitectos.

Para el profesional, el problema de acceso a la tierra bahiense se soluciona con gestión, decisión política e incentivando la movilidad de suelos privados y estatales.

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“Se puede ver que hay grandes franjas de tierra en el ejido urbano, aunque algunas están retenidas por privados que especulan y otras son del Estado. En este último punto tenemos entendido que hay gestiones para acelerar el proceso de traspaso a la comuna: a partir de allí, si existe decisión, se podrían generar desarrollos”, dijo.

Castro recordó que quienes realizan usurpaciones afirman que pretenden pagar por la tierra y regularizar la situación de los servicios públicos, a los que actualmente se encuentran enganchados.

“Dar soluciones en ese sentido puede llevar mucho tiempo, porque en muchos casos los asentamientos están en tierras privadas y el Estado podría terminar con juicios en su contra”, dijo.

En cuanto al problema que afecta a personas de clase media o trabajadores, sostuvo que en general se da porque el acceso a créditos hipotecarios es para salarios muy altos.

“El problema no se resuelve entregando tierras en la periferia porque luego a esos barrios no llegan los servicios de transporte, no hay escuelas ni unidades sanitarias, lo que complica aún más al Municipio y a los vecinos, ya que se les encarece moverse”, dijo.

Añadió que la tierra bahiense está muy mal desarrollada y es de baja calidad. “Hoy se pagan terrenos en lugares lejanos, con calles sin asfalto ni servicios básicos en 20 o 30.000 dólares”, afirmó.

“El problema es que hubo una falta de exigencia de las autoridades en el pasado y la ciudad creció de manera desordenada. En todos los congresos de urbanismo se habla de ciudades compactas, pero Bahía es una ciudad dispersa”, agregó.

Consultado por el futuro de la ciudad en caso de que siga el crecimiento disperso, sostuvo que traería cada vez más problemas para abastecer de servicios básicos.

“El grado de dispersión haría que Bahía sea una ciudad insostenible”, afirmó.

Desde la oposición

La concejal Paola Ariente (Frente Para la Victoria), autora del proyecto de adhesión a la Ley de Hábitat, aseguró que existe una tensión permanente entre los sectores sociales y las diferentes realidades.

“En materia habitacional tenemos situaciones de extrema vulnerabilidad, con miles de familias viviendo en asentamientos y, por otro lado, situaciones de desaprovechamiento del suelo con un sistema de acumulación de territorio en pocas manos”, dijo.

Ariente consideró que esa concentración sin regulación estatal genera la escasez y la imposibilidad de acceso al suelo para muchos sectores de la sociedad.

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“La adhesión a la Ley de Tierras nos da mecanismos e instrumentos apropiados para una eficaz integración sociourbana de villas y asentamientos precarios consolidados y establece las correspondientes competencias estaduales para actuar”, mencionó.

Para finalizar dijo que “Bahía tiene que poner el tema en el centro de la agenda política, porque de esa manera se puede generar más igualdad, más ampliación de derechos, y generar recursos e innovación”.

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Un fiscal de Morón pidió la elevación a juicio oral de la causa en la que Carlos Darío Lares está imputado por una serie de amenazas telefónicas, en lasque ¿firmaba que detonaría una bomba para matar a Vidal.

El fiscal federal N° 2 de Morón, Carlos Hernán García, pidió la elevación ajuicio oral de la causa en la que Carlos Darío Lares está imputado por una serie de amenazas telefónicas, en las que afirmaba que detonaría una bomba para matar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

El imputado, de 30 años, permanece detenido, y en su domicilio se secuestró una granada marca FK2, por lo que sobre Lares recae el delito de intimidación pública, en concurso ideal con el de tenencia de material explosivo sin la debida autorización legal, informaron fuentes judiciales.

Después de las amenazas la gobernadora se mudó por su seguridad a la Base Aérea de Palomar, donde vive actualmente con sus hijos.

Según publica el diario platense Hoy, el fiscal García consideró que jen agosto del año pasado liares efectuó las llamadas intimidantes al 911 desde el teléfono celular de su sobrina menor de edad, "bajo la creencia de no ser identificado".

Para el funcionario judicial, Lares "amenazó con la comisión de un delito que atañe a la sociedad, no solo por la calidad de funcionaría pública que reviste Vidal, sino porque la circunstancia de haber hecho deflagrar la granada habría afectado a otros integrantes de la comunidad y, claro está, al grupo familiar de la gobernadora".

En el escrito que presentó García ante el juez Jorge Rodríguez se detalla que durante la investigación se ordenó a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón el allanamiento de la vivienda de Izares, y durante el procedimiento se secuestró el celular utilizado en los llamados intimidatorios, mientras que en un galpón de la vivienda se incautó la granada de mano.

Luego personal de la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad realizó la detonación de la granada en un espacio público y despejado, ante la presencia de un testigo.

María Eugenia Vidal recorrió este fin de semana los partidos de Alberti, Carlos Tejedor y Carlos Casares, en el marco de sus visitas semanales a los distintos municipios bonaerenses.

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"Para mí, no hay ciudad chica, cada bonaerense cuenta, cada bonaerense es importante", señaló Vidal en su visita a las instalaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Alberti junto al intendente local, Germán Lago.

Luego, la gobernadora visitó el Centro de Jubilados y Pensionados de Carlos Tejedor acompañada por el intendente Raúl Sala y su par de General Villegas, Eduardo Campana.

E1 imputado, de 30 años, permanece detenido y en su domicilio se secuestró una granada FIC2, por lo que sobre él recae el delito de "intimidación pública".

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Convertida en una de las mayores denunciadoras de Cristina Fernández de Kirchner, la diputada nacional Margarita Stolbizer debatirá en marzo (dentro del GEN y con el Frente Progresista) si integra una alianza con Sergio Massa y si será candidata a senadora, porque no quiere ir nuevamente por una banca en Diputados. Elogia a tres mujeres: a Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador ("es una persona brillante, tiene una visión de la política que pocos tienen, además de ser una mujer extremadamente trabajadora"); a Carolina Stanley ("es una de las mejores"), y a María Eugenia Vidal.

–¿Cómo ve al Gobierno después de 14 meses de gestión?

–Menos bien de lo que pensaba que iba a estar. Noto un país mucho más conflictuado de lo que pensé que iba a ser. En su inicio el Gobierno había logrado una sensación de paz y tranquilidad después de toda la crispación que habíamos tenido durante el kirchnerismo. Los propios errores que el gobierno ha ido cometiendo reeditaron un escenario de confrontación y conflictividad. Ha permitido que el kirchnerismo, que debió haber estado replegado, pudiera hoy volver a sentirse como una alternativa política, sumado a los temas no resueltos. El Gobierno generó expectativas no medidas sobre el segundo semestre y empezó el segundo año y las cosas que dijeron no están ocurriendo.

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–La semana pasada hubo un fuerte debate en torno al DNU para modificar las ART...

–El peor error inicial fue intentar designar a los miembros de la Corte por decreto. Y ahora vemos el abuso en los decretos en un gobierno que logró construir mayorías a partir del diálogo y de los consensos. Me llama mucho la atención los intentos de descalificación, por ejemplo de Massa a quien habían llamado durante todo el año para sacar todas las leyes. Con Massa y el Bloque Justicialista fueron construyendo una mayoría que ni siquiera ellos mismos esperaban. Y les funcionó. A fin de año empezaron a volcarse más a acuerdos con el peronismo, incluso sectores que fueron cristinitas. Siento que ellos piensan que se benefician con la existencia de Cristina y prefieren pelearse con ella que les arrima votos y no tenerlo a Massa en la vereda de enfrente.

–Defendió a la Vicepresidenta en la causa por su fundación SUMA, ¿sigue pensando igual?

–Sigo pensando exactamente lo mismo. En su momento dije que Gabriela Michetti no es lo mismo que José López y dije que los Panamá Papers no son las empresas de Lázaro Báez. Sobre este gobierno recae la enorme responsabiliad de ser exageradamente transparentes, extremadamente cuidadosos. Y no lo son, subestiman la institucionalidad, subestiman la ética como parte de la política, los conflictos de intereses.

– Usted en algunos temas habla bien del Gobierno por lo que se mencionó el año pasado la posibilidad de que Macri o Vidal le ofrecieran un cargo...

–Si, hablo. Y en esas cosas que hablo bien acompaño. Pero en este año hay muchas cosas que me fueron separando del Gobierno, no tengo hoy con ellos la misma relación que tenía un año atrás cuando, como la mayoría de los argentinos, creí en los cambios que este Gobierno podía producir. Con María Eugenia es distinto, tengo una muy buena relación personal y una muy buena opinión sobre ella porque creo que se ha puesto al hombro una cosa tan compleja como la provincia de Buenos Aires. Tenemos que ayudarla aunque sea para tener la seguridad de que los que se fueron no vuelven.

–¿Por qué defendió la continuidad de Carlos Fayt y no la de Elena Higton?

–No es que quiero echar a Highton. Si la jueza juró por una Constitución que establece que los jueces terminan a los 75 años y no hizo nunca una reserva, tiene que cumplir con la norma. No funciona un país donde una jueza, que tiene que aplicar la ley, decide ella no cumplir con la ley y presentar una inconstitucionalidad.

–La Justicia, al fallar a favor de Fayt, estableció igualdad para los demás jueces

–Fayt no había jurado por esa Constitución. A mí ese fallo no me parece bien.

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–¿Carrió es hoy la dirigente política que más oposición le puede hacer a Macri? ¿Por ella dieron marcha atrás con el cálculo sobre las jubilaciones?

–No. Lo revieron porque casi pierden una votación. No creo que Carrió sea la principal opositora. Opositor no es el que se enoja o hace críticas, es el que construye una alternativa de poder.

–¿Cómo la ve hoy?

–Me parece que es un problema que debe resolver el Gobierno.

–¿Coincide con quienes dicen que Macri gobierna para los ricos?

– No solo gobierna para los ricos, también para los pobres y les ha dado muchas cosas. Este es un gobierno que se desentiende de los sectores medios

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El Gobierno bonaerense podría convocar a los docentes a una nueva reunión paritaria hacia fines de esta semana, y presentaría una oferta que, sin modificar el incremento del 18%, mejore otras variables e incluso incorpore algunos puntos a la suba acordada para 2016.

Según surgió de fuentes oficiales, la nueva propuesta del Ejecutivo bonaerense terminará de cerrarse hoy o mañana entre los representantes de los ministerios de Economía y Trabajo y la dirección general de Cultura y Educación.

En un informe dado a conocer ayer por el Gobierno, se detalla que “la propuesta que hicimos, aceptada por la mayoría de los gremios estatales, establece un piso de aumento del 18% que se actualizará en función de la inflación. Ningún trabajador va a perder el poder adquisitivo”.

Y agregaron: “Creemos que la paritaria debe superar lo estrictamente salarial y enfocarse además en la calidad educativa, la capacitación docente, las condiciones de infraestructura y seguridad en la que enseñan los maestros y aprenden los chicos”.

En ese mismo informe en el que se analiza además la caída de la educación pública frente a la privada (ver aparte) se explica que los que se propone a los docentes es “un incremento salarial anual con un piso del 18% en 4 tramos (enero, abril, julio y octubre). Pero además, establece una cláusula de ajuste automático (cláusula gatillo) por la que al inicio de cada trimestre se da un aumento del 4,5% con respecto al salario de diciembre de 2016. Si al iniciar el siguiente trimestre se observa que esa suba fue insuficiente porque la inflación acumulada fue mayor, se ajustará retroactivamente ese desfasaje, con el fin de mantener el poder adquisitivo del salario docente”, se indicó.

Después de calificar de “falsas” algunas posturas de los docentes de Suteba, como por ejemplo que la propuesta fija un techo de 18% (el Gobierno dice que es una referencia pero que existe la cláusula “gatillo” explicada anteriormente) o que se quiere eliminar la paritaria, se indicó desde el Gobierno que “sobre un total de 40 gremios, hay 22 que firmaron el acuerdo para 2017, 14 que lo rechazaron y 4 que no forman parte de la discusión salarial”.

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Y de los 15 regímenes existentes, “12 acordaron para 2017 el acuerdo anual por 18% y sólo 3 regímenes o actividades no han acordado: docentes, judiciales y profesionales de la salud”.

Asimismo, indicaron que “Suteba representa el 47% de los docentes afiliados y el 23% de todos los docentes”.

RETOQUES

Según trascendió, los representantes del Ejecutivo insistirán en cerrar un aumento del 18% para todo el año, aunque ofrecerán algunos retoques en la composición del salario que redundarán en una mejora del sueldo de bolsillo, como el pase al básico de sumas remunerativas y la modificación de parámetros de antigüedad. Incluso se podría cambiar la distribución de los tramos del aumento (hasta ahora fijados en cuatro etapas del 4,5% cada una) para que la suba llegue antes.

El titular de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que “si están dispuestos a discutir lo perdido el año pasado ya es un avance”. No obstante, adelantó que una suba del 18% “ya fue rechazada por las bases”.

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Luego de haber afirmado que el radicalismo corre un fuerte riesgo de “extinción”, el histórico dirigente radical Juan Manuel Casella, visitó la semana pasada la redacción de EL DIA, en la que advirtió la necesidad de que la UCR recobre un rol “protagónico” como partido, se expida sobre “los temas del gobierno” y juegue una PASO en las próximas legislativas.

En vísperas del encuentro que se hará este mes en la localidad de Villa Giardino, Casella le criticó la conducta del partido. “El radicalismo tiene que hacer públicas sus posturas sobre las medidas de gobierno, y lograr que el gobierno abra una mesa de debate para que nuestros dirigentes aporten la experiencia necesaria, que pudo haber evitado muchos errores que hemos visto”.

Pero además cuestionó que “institucionalmente la UCR debió volver a reunirse después de lo de Gualeguaychú -la convención donde discutió el ingreso a la alianza Cambiemos en 2015- para, una vez formando parte del gobierno, decidir las posturas a adoptar”. En ese marco, el dirigente insistió en lo “saludable” de una PASO y lanzó: “No toleraremos que nos quieran imponer una lista única”.

Ratificando su defensa a la alianza Cambiemos, insistió en recobrar la “institucionalidad” que “no extinga al radicalismo, no lo desdibuje ni lo transforme en una línea interna del PRO, un riesgo grande que hoy corre”, concluyó.

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Vecinos de la localidad bonaerense de Sierra de los Padres presentarán en las próximas semanas un proyecto en la Legislatura provincial para pedir la separación política y administrativa de Mar del Plata y convertirse en un nuevo municipio, según explicó Miriam Leo, una de las referentes del movimiento autonómico local.

“Mar del Plata crece y nosotros también, y es cada vez más difícil que nos atiendan y que presten atención a nuestros problemas y necesidades. Por eso creemos que la autonomía es la única salida y ya tenemos casi listo el proyecto con sus fundamentos”, dijo Leo.

Leo explicó que días atrás enviaron una nota a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y a las autoridades municipales para informar que llevarían la iniciativa a la Legislatura provincial a fines de febrero o principios de marzo.

Sierra de los Padres está ubicada a 25 kilómetros del centro marplatense, conectados a través de la ruta 226, y junto al paraje La Peregrina conforman una de las delegaciones pertenecientes al partido de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata.

El área correspondiente a esa delegación incluye aproximadamente 60 mil hectáreas, casi el 40 por ciento del actual territorio del partido, y la gran mayoría de ellas están dedicadas a actividades agrícolo ganaderas.

“Sabemos que para Mar del Plata puede ser doloroso pensar en la separación de un área tan importante, pero la realidad es que para ellos sería una solución, porque no nos pueden prestar atención. No tenemos ni una oficina de Anses, o de rentas, un banco o una sala de salud como la gente”, señaló Leo.

Aunque según el censo 2010 la zona incluida en esta iniciativa cuenta con una población cercana a los 10 mil habitantes, los vecinos estiman que esa cifra se ha duplicado en los últimos años.

La primera reunión para debatir sobre el proyecto separatista de creación del partido 136 se realizó el 12 de diciembre último, y el 23 de enero hubo un segundo encentro de más de cien vecinos, con representantes de la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios.

Días atrás, enviaron una nota a Vidal para informar sobre lo avances del proyecto, y lo mismo hicieron con el intendente marplatense, Carlos Arroyo; el presidente del Concejo Deliberante, y a los presidentes de bloques.

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Mañana por la tarde un grupo de referentes de la asamblea vecinal mantendrán una reunión en el Palacio Comunal, y el tema estará sobre la mesa.

“Esperamos que nos reciba el intendente, para poder explicar nuestra propuesta, que no tiene que ver puramente con su gestión, sino con muchos años de postergaciones, y con una idea que debería aplicarse en toda la provincia, de achicar ciertos municipios para asegurar su viabilidad”, explicó Leo.

La referente consideró, en ese sentido, que “como nuevo municipio, Sierra de los Padres sería completamente viable, porque se trata del segundo cordón frutihortícola de la provincia, con gran volumen de exportación, y con un desarrollo turístico en expansión”.

“Lo que no puede seguir sucediendo es que para tener que sacar el registro o para pagar un impuesto haya que hacer 30 kilómetros de ida y 30 de vuelta. o que el cementerio público más cercano esté a 50 kilómetros: no queremos ser más el patio trasero de Mar del Plata“, indicó.

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Siguen las repercusiones tras las fuertes ráfagas de viento en la zona de Berazategui, Florencio Varela y La Plata, las cuales hace dos semanas llegaron a los 117 km/h ocasionando severas pérdidas materiales y perjudicando la labor diaria de productores frutihortícolas.

En este caso, el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mantuvo un almuerzo con el sector en nuestra ciudad, con el objetivo de plantear propuestas que colaboren con los productores afectados, quienes abastecen buena parte del consumo de lechuga, acelga, espinaca, tomate y morrón del área metropolitana.

Del encuentro participaron el vicepresidente del área de CAME, Raúl Robín; el director ejecutivo, Pablo Vernengo; el presidente de la Federación de Productores de la Provincia de Buenos Aires (FEBAPRI), Américo López; el prosecretario de la Federación Empresaria de La Plata (Felp) y vicepresidente regional La Plata de CAME, Daniel Loyola; el vicepresidente de Felp, Alejandro

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Frangi; el vicepresidente de Producción de la Federación Económica de la Provincia (Feba), Irineo Quiñones; el presidente de la Asociación de Hortícolas de La Plata (APHLP), Pablo Coltrinari; el presidente de la Cámara La Plata Oeste Industria, Comercio, Producción y Servicios (Calpo), Diego Príncipi, y el presidente de Felp, Gustavo Vetere.

Se trataron temas de inmediata actualidad como la solidaridad ante la situación de emergencia, asistencia crediticia, y temas de mediano plazo como políticas para fomentar la competencia leal y acciones para achicar la brecha entre lo que cobra el productor y lo que finalmente paga el consumidor Se puso a disposición toda la estructura gremial empresaria local, provincial y nacional, se señaló después del encuentro.

Al reclamo de los productores por el destrozo de los invernáculos de nylon y sus estructuras, se suma el riesgo de que se pierda la producción actual y quede en peligro la próxima campaña, lo que tendrá impacto al alza en los precios y haría quebrar a las unidades productivas, se indicó desde CAME.

Las zonas más afectadas fueron Villa Elisa, Abasto, Melchor Romero, Villa Elvira, El Mondongo y Tolosa, en el partido de La Plata, además de sectores del casco urbano de la capital provincial, se indicó desde la entidad.

MAS AYUDA

La movida, se suma a la de la semana pasado cuando el sector económico empresario que integra la Mesa Institucional Regional se reunió con representantes de entidades hortícolas de la Región para solidarizarse con la problemática que atraviesan a partir de las pérdidas sufridas tras el ciclón.

“La respuesta de las autoridades locales, provinciales y nacionales fue oportuna con la línea de préstamos, pero ahora pedimos que todo se agilice y se otorguen en el menor tiempo posible”, sostuvo Francisco Gliemmo, presidente de la Unión industrial del Gran La Plata.

Habían participado de ese encuentro la Asociación de Productores Hortícolas de la región y unas veinte cámaras de horticultores de Florencio Varela, Berazategui y Magdalena.

Los miembros de la Mesa Institucional calificaron como positiva la propuesta de las autoridades de otorgar créditos a tasas subvencionadas.

“La entrega de 500 mil pesos con un interés del 7 por ciento y un año de gracia, le da la chance a los productores de recuperarse, pero también hay que contemplar la situación de aquellos que no son sujetos de crédito para que lo puedan ser”, sostuvo Gliemmo.

Olmos

Los invernaderos que están ubicados sobre el cordón hortícola de ruta 36 y adyacencias, en la zona de Lisandro Olmos, fueron quizás los más afectados por la tormenta de viento. Ahora esos productores buscan recuperarse.

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Así como retrocedió en el caso del Correo y en el cálculo del aumento jubilatorio , el Gobierno podría dar otra

marcha atrás, esta vez en su intento de establecer para este año una pauta salarial de referencia por debajo de

20%.

La intención oficial de que los acuerdos salariales estén apenas por encima de la inflación proyectada en la ley de

presupuesto 2017 (entre el 12 y el 17%) peligra a partir de la aprobación de la paritaria de los bancos. La

Asociación Bancaria (AB) desactivó el jueves pasado un paro de 72 horas luego de acordar un alza de 23,5%,

que, con algunos ítems adicionales, trepa a 24,3%.

Ironías del destino: el mismo día en que se terminó de cerrar el acuerdo bancario, el presidente Mauricio Macri

sugirió, durante la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada, que los aumentos deberían estar "por

debajo del 20%".

Por tratarse de una de las primeras del año, la paritaria bancaria es para el sector privado lo que la de los

docentes para el sector público: una negociación salarial testigo que incide en el resto de las actividades.

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En ese dato radicó el empeño de algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo en argumentar que la suba de los

bancarios fue de un 19,5% anual y no de un 24%. Tampoco lograron escenificar esa postura en el acta que

suscribieron la Asociación Bancaria y las tres cámaras empresariales que agrupan a los bancos.

Pero mucho antes que los bancarios hubo otro sindicato del sector privado que trastocó los cálculos del Gobierno.

Se trata de la Federación de Trabajadores de Aguas Gaseosas (Fataga), que se aseguró a fines de enero un

aumento de al menos 35% para 2017, según reveló el diario Ámbito Financiero.

En este caso, y tal vez por presión del gobierno nacional, tanto el gremio como los empresarios juegan al misterio.

Pablo Quiroga, número tres de la Fataga, y Enrique Montagna, de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas

Sin Alcohol, rechazaron contar a LA NACION detalles del acuerdo. El jefe del sindicato de Aguas y Gaseosas es

Raúl Álvarez, quien curiosamente calló una reciente pelea con Hugo Moyano por el encuadre gremial de miles de

trabajadores de Coca-Cola.

Bajar el número

En el Ministerio de Trabajo exploran diferentes mecánicas para evitar que los acuerdos salariales figuren por

encima del 20% que pretende el Gobierno como techo a las negociaciones salariales. Evalúan la posibilidad de

acordar pagos no remunerativos, aportes a las obras sociales y trucos retóricos. Todavía no se homologó el trato

de los lecheros de Atilra (un 40% desde mayo de 2016 a abril de este año) porque sucedería algo similar al caso

de la Fataga: de antemano, se garantiza un piso para 2017 por encima de las pretensiones oficiales.

El Estado, en su rol de empleador, ya dio señales de cuál debe ser el caso paradigmático: el de los estatales

bonaerenses. La gobernadora María Eugenia Vidal anticipó un aumento anual de 18% que incluye cláusulas

automáticas para volver a negociar en caso de que la inflación sea mayor. La suba se aplica en cuatro cuotas de

4,25% entre enero, abril, julio y octubre más un 1% adicional. El inicio del ciclo lectivo en todo el país, previsto

para el próximo 6 de marzo, está en riesgo porque la mayoría de los gremios docentes no aceptaron esa oferta.

El rechazo se amplió de manera unánime entre los gremios de la CGT y de las dos vertientes de la CTA. Pablo

Moyano, número dos del sindicato de los camioneros, advirtió que en junio su gremio reclamará un 30% de

aumento. Otros dirigentes de peso, como Héctor Daer y Carlos Acuña, no precisaron porcentajes aunque dejaron

en claro, ya que no negociarán por debajo del 20%.

Más flexibles

Pero en la CGT hubo dos excepciones. Andrés Rodríguez, jefe nacional de los estatales de UPCN, se mostró

flexible ante la posibilidad de anudar un 18%, aunque condicionó su aceptación de ese porcentaje de suba al

impacto que puedan tener en la inflación los aumentos en el combustible, las prepagas y los servicios púbicos.

El otro caso es el de Roberto Fernández, el jefe de los colectiveros de la poderosa Unión Tranviaria Automotor

(UTA), que sorprendió al decir que "no negociará paritarias, sino puestos de trabajo". Y agregó: "En mayo la

inflación va a ser importantísima. El boleto podría aumentar un 60%".

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La paritaria de la UTA, como la de los ferroviarios, se aplazó hasta fines de marzo a partir de un acuerdo

preliminar al que se llegó con el compromiso de una suma puente de 5000 pesos, que ya fue abonada. Con este

trato, el Gobierno dio otra señal en su plan de negociar salarios con la inflación futura.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, defiende el techo del 20% al que se refirió el presidente Macri y asegura que

la inflación no superará este año esa marca. Ampara su deseo en el comportamiento de los precios a lo largo del

último semestre y en la expectativa de que en 2017 el ritmo inflacionario se mantenga en el 1,5% mensual o

incluso menos. Por eso, el ministro Triaca objetó inicialmente el acuerdo de los bancarios.

Ante la paritaria de los bancarios y el rechazo de los docentes y de las centrales obreras a la pauta salarial de

referencia, en el Gobierno comenzaron a recalcular y hacer cuentas. Un espejo de lo que sucedió en 2016. Por

entonces, pocas semanas después de iniciada su gestión, Macri auguró desde Davos una inflación entre "20 y

25%", pero que después, por el avance inflacionario, empujó a Triaca a tener que avalar paritarias mucho más

elevadas, de casi el 45%, como fue el caso de los aeronavegantes en sus negociaciones con la línea aérea

estatal Aerolíneas Argentinas y la privada Latam.

Entre las expectativas y la realidad

El anticipo de Vidal

La expectativa oficial de cara a las paritarias de este año quedó evidenciada en el acuerdo que la gobernadora

María Eugenia Vidal alcanzó con los estatales bonaerenses, de 18% en varios pagos durante 2017

En línea con la inflación

El Gobierno pretende ahora que los acuerdos que se alcancen en adelante no superen el 20%, apenas por

encima de las expectativas inflacionarias que prefijó la Casa Rosada en la ley de presupuesto

Por encima de la meta

En las últimas semanas, sin embargo, el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, debió avalar

negociaciones que superaron esa meta y que corren la línea de cara a las próximas negociaciones

El techo de los bancarios

El gremio de los bancarios llegó el jueves pasado a un acuerdo de aumento del 24%, luego de tensar la cuerda de

las negociaciones con la amenaza de un paro de 72 horas; tras el acuerdo de baja de la medida de fuerza

Referencia sectorial

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La suba de los bancarios suele ser utilizada como referencia por otros gremios en el inicio del calendario de las

paritarias; el gobierno nacional pretende que la referencia sea el acuerdo alcanzado por Vidal con los estatales,

pero esa posibilidad parece alejarse

Cortes y acampe de Barrios de Pie

Mañana por la mañana la organización social Barrios de Pie desplegará un gran número de ollas populares y

acampes en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires instalarán ollas en el puente Pueyrredón, en la zona de

Retiro y del Congreso, y a las 13 celebrarán una asamblea en el Obelisco. El objetivo de la medida es protestar

contra un recorte de personal que llevó a cabo el Ministerio de Trabajo. Conforme informaron fuentes de la

organización, el jueves anterior funcionarios de esa cartera les informaron sobre la discontinuidad de la actividad

de 20.000 trabajadores que desarrollaban tareas de reparación e infraestructura social en escuelas y salitas de

barrios humildes.

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Pablo Maradei

Para que la movilización del 7 de marzo al ministerio de Producción no quede pegada a ninguna bandera política, esta semana la CGT tendrá reuniones con los dirigentes de los principales partidos políticos para contarles los motivos por los cuales decidieron iniciar un plan de lucha. La agenda da cuenta de que hoy se juntarán con el PJ y mañana martes con intendentes del Grupo Esmeralda y el partido Socialista. El miércoles será el turno del Frente Renovador y cierra el jueves con el radicalismo.

Hasta quisieron reunirse con el PRO, pero no pudo concretarse el encuentro porque el titular de este partido, Humberto Schiavoni, viaja a España con Mauricio Macri. "Nosotros no vamos a buscar adhesiones, queremos descartar que esto sea tomado como parte de la campaña", dijo el triunviro Héctor Daer a Clarín y agregó: "Queremos contarles a los representantes partidarios cuál es nuestro diagnóstico y qué es lo que vamos a hacer". Eso sí, claro está, no rechazarán ningún apoyo.

Del cónclave de hoy, a desarrollarse en la sede del PJ de la calle Matheu, participarán su presidente José Luis Gioja, y su vice, Daniel Scioli, el intendente K de Malvinas Argentinas, Leandro Nardini y el vicegobernador de Santiago del Estero, Emilio Neder, entre otros. Este diario sondeó a un encumbrado dirigente del Justicialismo y dijo que "por supuesto que vamos a marchar en solidaridad, pero no queremos que sea una marcha del PJ sino que sea pluralista porque revindica a todos los trabajadores".

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Además de recurrir a la política, la CGT mantuvo encuentros de este tipo con distintas entidades empresariales, como la que nuclea a los pequeños y medianos empresarios (APYME) y la Confederación Empresaria Argentina, logrando que ambas hicieran público el acompañamiento a la movilización de la que también participarán las dos CTA. También comprometieron su participación los movimientos sociales.

Esta marcha es parte de un plan de lucha que contempló cortar el diálogo con el Gobierno y los empresarios por los despidos cuando habían acordado una tregua hasta marzo ("se perdió la confianza", dicen los dirigentes). En stand by está el llamado a una huelga general para fines de marzo. Aunque en boca del triunviro cegetista, Carlos Acuña, "esto se podría adelantar porque el malestar es muy grande". Un dirigente agregó: "Es la antesala de la huelga, de hecho la movilización del 7 ya huele a paro".

A su vez, Acuña adelantó a este diario ese "diagnóstico" del que piensan hablar con los políticos. El cegestista le resta credibilidad a la supuesta reactivación que el Gobierno promete para marzo: "Lo que se va a reactivar son los tarifazos: ya empezaron los peajes, y ahora siguen los otros servicios en general, prepagas, etcétera". Agregó: "El malestar social es enorme porque este es un gobierno para ricos". Amplió: "Lo vemos con el caso de los bancarios y los docentes: en Provincia le votamos a Vidal el 38% de suba en los impuestos y a los maestros les da el 18%. A los bancarios, Trabajo le tiró el acuerdo para atrás, cuando los bancos querían pagar".

La reunión con los radicales será en el Comité Nacional que dirige José del Corral, quien estará presente en la reunión junto a Ricardo Alfonsín y el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, entre otros.

De los intendentes peronistas del Grupo Esmeralda (serán recibidos en Azopardo), entre los que se encuentran Gabriel Katopodis, de San Martín, y Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, entre otros, los cegetistas esperan recibir un diagnóstico de la temperatura social en el conurbano.

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Cuando faltan apenas dos semanas para que empiecen las clases, sólo en una provincia, Misiones, está garantizado que los docentes estarán al frente de las aulas el 6 de marzo. En los otros 23 distritos, la brecha entre lo que ofrecen los gobiernos provinciales y lo que reclaman los maestros, además de la demora en las negociaciones, dibuja un inicio de clases conflictivo.

La paritaria de este año está marcada por la ausencia del gobierno nacional. Después de años de fijar el piso a partir del que luego negociaban las provincias, la Casa Rosada decidió dar un paso al costado y dejar la puja en los gobernadores.

El cambio se decidió para ahorrarle a Mauricio Macri el costo político de ponerle números a una paritaria clave para el sector público y para apuntalar la meta de inflación que maneja el Gobierno, de entre 12 y 17% para este año. También se concibió para evitar errores como el del año pasado, cuando la Nación acordó un aumento de 32% para el grueso de la masa salarial y de 40% para el sueldo inicial, dos porcentajes que superaban largamente la meta de 25% con la que el Gobierno había arrancado 2016. La sepultura de la paritaria nacional docente tuvo un efecto adicional no deseado: dejó a los gobernadores sin aquella cifra que les servía de paraguas para encarar a los gremios de sus provincias y los sumió en una suerte de parálisis. Uno de los ejemplos más claros de esa quietud es el de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40 por ciento de los alumnos del país. María Eugenia Vidal prevé convocar a los sindicatos recién esta semana, después de una primera reunión sin avances a principios de mes. Los gremios reclaman un aumento de 35%. También Horacio Rodríguez Larreta prevé reunirse con los gremios porteños esta semana.

La situación está igual de demorada en Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti - uno de los líderes de la reunión del 2 de este mes, en la que los gobernadores aceptaron el 18% como techo de la paritaria- todavía no citó a los maestros. Sin embargo, la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) ya advirtió que no empezará las clases ni se sentará a discutir los aumentos de este año si el gobierno no cumple con lo acordado en 2015 y 2016. Reclaman el blanqueo del pago del

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material didáctico y el aumento de la bonificación por antigüedad para quienes tienen más de 28 años en el cargo. La provincia tampoco cumplió con el compromiso de renegociar salarios cuando la inflación superó el 25%.

La situación en Santa Fe es un buen ejemplo de la "cadena de parálisis" que une a la mayoría de los gobernadores. "Santa Fe no es una isla. Tenemos que mirar lo que ocurre en distintas provincias, por ejemplo en Córdoba, con la que tenemos mayores similitudes", dijo la semana pasada el gobernador Miguel Lifschitz. La negociación está estancada. El principal gremio de la provincia, Amsafé, reclama un 35% de aumento. En Mendoza, el radical Alfredo Cornejo ya ofreció una suba de 17%, en línea con la propuesta que ya aceptaron los trabajadores estatales de la salud. Cornejo admitió que en su provincia el salario docente "es malo", pero dejó claro que no mejorará su oferta. "¿De qué sirve una paritaria alta si luego no se puede pagar?", argumentó.

La situación en el Sur también aparece compleja. En Santa Cruz, la Asociación de Docentes (Adosac) ya resolvió no iniciar el ciclo lectivo. El gremio rechaza los pagos atrasados y desdoblados que el gobierno de Alicia Kirchner implementó el año pasado. La gobernadora todavía no convocó a los maestros. Por medidas de fuerza de distinto tenor, el año pasado en la provincia se perdieron 85 días de clases. En Tierra del Fuego los paros también destrozaron la meta de 180 días de clases que establece la ley. Se perdieron por lo menos 70. Rosana Bertone, que no puede pagar el 18% sin asistencia nacional, se reunirá con los gremios esta semana.

El panorama se completa con las siete provincias que dependen del Fondo Compensador, una partida que el Gobierno quiere eliminar de a poco. Son San Juan, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Jujuy, La Rioja y Corrientes

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Lucio Fernández Moores

La famosa pero imposible vuelta a "fojas cero" anunciada por el presidente Mauricio Macri la semana pasada en conferencia de prensa en el tema del Correo comenzará a cristalizarse hoy en la Justicia. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, presentará un escrito en el que se retractará de la aceptación de la cuestionada oferta de pago de la empresa en concurso de acreedores, concesionada a la familia presidencial durante el kirchnerismo y luego estatizada por el kirchnerismo.

Así se lo dijeron a Clarín fuentes gubernamentales que habían adelantado la jugada el jueves pasado, tras el discurso presidencial. Fuentes judiciales dijeron que la expresión de Macri fue metafórica y no literal, ya que el concurso de acreedores de Correo Argentino S.A. tiene más de 22 mil fojas (hojas), distribuidas en 102 cuerpos de expedientes y otras causas paralelas y cruzadas. El acuerdo figura entre las fojas 22.290 y 22.292. Lo que no es imposible, según el Gobierno, es que la Justicia acepte la marcha atrás.

Al igual que lo hiciera el Correo el miércoles pasado, quizás en consonancia con la postura que haría pública Macri horas después, el director de Asuntos Jurídicos del

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Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, le pedirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial la realización de una audiencia con todas las partes, lo que incluye a la fiscal Gabriela Boquin.

"Esto recién empieza", dijo una fuente judicial que recordó que las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matlde Ballerini y Ana Isabel Piaggi, integrantes de la sala B, ahora deberán pedir la opinión de Boquin sobre el escrito presentado tanto por los abogados del Correo como el que hoy les ingresará con la postura del Estado. Otras fuentes no descartaron que el caso vuelva luego al juzgado de primera instancia, a cargo de Marta Cirulli.

"Mientras no esté homologado, se puede", expresó una fuente técnica gubernamental sobre las chances que tienen de que la Justicia acepte su marcha atrás respecto de la conformidad que el Estado había dado en junio pasado a la forma de pago de su deuda propuesta por el Correo. Fue en una audiencia de la que no participó la fiscal Boquin.

Esta funcionaria sucedió en su cargo (Fiscalía general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercal) a la actual procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En el Gobierno creen ver alguna influencia política del kirchnerismo en la postura de la fiscal. Pero el Correo lo puso en palabras en su escrito de la semana pasada.

"Al volcar los valores expresados en pesos argentinos a un monto en esa moneda (dólares) absurdamente inflada con tasas inaplicables para este tipo de procesos, la Fiscalía persigue un solo objetivo: confundir a la opinión pública politizando innecesariamente una materia netamente judicial", dijo el escrito firmado la semana pasada por Jaime Cibils Robirosa, actual titular del Correo.

La firma también cuestionó duramente al kirchnerismo y sostuvo que ello fue "avalado" por Boquin. "La sistemática, irracional y caprichosa negativa de la administración anterior, avalada luego por la Fiscalía de Cámara, impidieron esa solución equitativa y obligaron a una propuesta de pago en efectivo, en una demostración más del poder amedrentador que se intentaba imponer a la empresa", sostuvo el escrito del Correo al recordar las propuestas de arreglo previas, entre 2006 y 2011, pero rechazadas bajo la administración kirchnerista.

La fiscal general había dictaminado que la propuesta de pago de Correo Argentino "es abusiva" porque "implica un perjuicio fiscal" y que, "su irregular aceptación perjudica gravemente al patrimonio nacional”. Los abogados del Correo habían acordado con sus acreedores, principalmente el Estado, pagar unos 600 millones de pesos en cuotas hasta el 2033. La fiscal dijo que la deuda actualizada es de 70 mil millones de pesos. Pero desde el Correo le respondieron que no se pueden aplicar intereses porque lo dice la ley de concursos y quiebras.

"Se tomó todo un semestre para dictaminar", señaló una fuente judicial al recordar el plazo transcurrido desde la audiencia del acuerdo entre conrursada y acreedores (28 de junio de 2016) y la firma del dictamen (31 de diciembre de 2016). El

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dictamen ingresó formalmente al expediente el 8 de febrero de este año e inmediatamente fue conocido a través de la página de internet "fiscales.gob.ar", de la Prcouración conducida por Gils Carbó, la antecesora de Boquin. El comentario de la fuente parece darle la razón al Gobierno en cuanto a la politización del asunto.

Boquin había pedido la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que presentó una denuncia penal por el acuerdo de la firma que se le concesionó a la familia del actual Presidente de la Nación con el Estado. Es probable que este organismo, como la Oficina Anticorrupción, participen de la nueva audiencia que se pidió a la Cámara de Apelaciones.

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Cinco gobernadores provinciales viajarán esta semana a Estados Unidos con la misión de buscar financiamiento para obras públicas, claves para mover la economía en un año electoral. Omar Gutiérrez (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ricardo Colombi (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones) y Juan Manuel Urtubey (Salta) estarán acompañados por el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, y su par de Interior, Rogelio Frigerio.

Además, la comitiva participará el miércoles de la firma un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por u$s 120 millones, que fue aprobado a principios de diciembre. El crédito es para el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Provincial, tiene un plazo de devolución de 25 años, con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés basada en Libor. Argentina deberá desembolsar unos u$s 21,2 millones adicionales, según explicó el organismo.

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Según dijeron a El Cronista desde Finanzas, el viaje es sólo para la firma del préstamo del BID. No obstante, otras fuentes oficiales aseguraron que en la semana habría novedades, ya que se podría conseguir más dinero que lo acordado, dado que también habrá reuniones con el Banco Mundial (BM). Esa entidad aprobaría en los próximos meses créditos por u$s 1435 para la Argentina.

Cornejo se adelantó y viajó ayer a la capital de Estados Unidos. Según sus voceros, más allá de la firma con el BID, Mendoza busca asegurarse inversiones, luego de la gira que hicieron en diciembre el gobernador y su ministro por Nueva York. Los u$s 24 millones que recibirá del BID los destinará a obras en la avenida Costanera y actualización tecnológica. El año pasado, la provincia cordillerana emitió un bono por u$s 500 millones a ocho años con una tasa de 8,375% anual.

Gutiérrez, por su parte, definirá recién hoy si viaja o envía a su vice, Rolando Figueroa. Neuquén utilizará el dinero del BID para obras en la Circunvalación de Villa La Angostura, un centro de convenciones en San Martín de Los Andes y una obra eléctrica en Añelo. En mayo, la provincia emitió títulos por

u$s 235 millones a 12 años con una tasa de 8,625% anual, y el viernes pasado colocó Letras del Tesoro (Letes) por $ 1912 millones. Neuquén necesita financiarse este año con, por lo menos, $ 5080 millones.

Mañana Caputo, se reunirá con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y el representante argentino ante esa entidad, Raúl Novoa. El miércoles, los gobernadores provinciales y los ministros expondrán en el BID los "Avances en el Federalismo Fiscal en Argentina" ante una audiencia de técnicos.

El año pasado, el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anunció junto a Moreno que el BID desembolsará unos u$s 5000 millones para obras de infraestructura durante el primer mandato del presidente Mauricio Macri.

Por otro lado, las provincias emitieron en 2016 deuda en el exterior por más de u$s 7000 millones (gran parte fue tomada por la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba) y en el Gobierno estiman que este año necesitarán colocar otros u$s 5000 millones para financiar sus déficits.

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Con un apoyo acotado del kirchnerismo, entre el silencio y el único respaldo firme de su socio Guillermo Moreno, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani permanece detenido en un establecimiento del servicio penitenciario de La Rioja "en una situación alarmante", según su abogada Mariana Barbitta.

El destino quiso que transcurra los días preso en un sitio conocido para el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Cristina Kirchner: en el lugar en el que los represores alojaban detenidos durante la última dictadura. Ramón Olivera, uno de sus denunciantes, aseguró que en aquella época Milani lo trasladó desde la cárcel al juzgado.

El ex jefe del Ejército quedó alojado allí el viernes por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, luego de que se negara a declarar (presentó un escrito en el que rechazó las acusasiones) en una de las causas en las que se lo investiga como posible autor de crímenes de lesa humanidad: fue imputado por su presunta responsabilidad en los secuestros y torturas de Pedro Olivera y su hijo Ramón, en 1977; y de Verónica Matta, en 1976.

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Está alojado en el pabellón cinco, bajo régimen ordinario y con otros 13 presos, según fuentes penitenciarias. "Se le tomaron los datos y se le pidió la ropa. Se lo trata como a cualquier detenido, no hay celdas vip en el penal", dijo Eduardo Polledri, director de la cárcel, a radio Fénix. En ese pabellón "se encuentran los detenidos por delitos de lesa humanidad y de la policía", y guarda silencio entre las 22 y las 7.

Según su abogada, Milani está “enojado y preocupado” por su detención. Ya había estallado de furia, como publicó Clarín, cuando el juez Piedrabuena le comunicó que iba a quedar detenido tras la indagatoria.

"El me trajo a mí acá y no sólo a mí, a muchos presos. El firma un acta donde dice que sí, que efectivamente él me traslada desde el Instituto de Rehabilitación Social, la cárcel riojana, hasta el juzgado federal", declaró Ramón Olivera, quien denunció a Milani por su responsabilidad en un allanamiento el 12 de marzo de 1977 en el que fue secuestrado su padre, luego torturado en el Batallón de Ingenieros 141. Olivera realizó una primera denuncia ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos en 1984 y ratificó sus dichos en 2013 ante la justicia.

Como publicó Clarín ayer, fuentes judiciales indicaron que Milani estará en prisión 10 días hábiles más, como mínimo. El pedido de excarcelación fue denegado y sus abogados apelaron, por la que el militar retirado asistirá mañana a una audiencia en la Cámara Federal de Córdoba.

"Está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial; está alojado en un espacio con una mayoría de condenados, en una situación alarmante. No descarto la posibilidad de un habeas corpus si la situación de detención se agrava", dijo Barbitta a radio Splendid. Se trataría de un "habeas corpus correctivo", es decir con el objetivo de "garantizar mejores condiciones" de detención.

Milani había pasado su última noche libre en el único hotel cinco estrellas de La Rioja. "Ese lugar no reúne las mínimas condiciones de higiene y salubridad. Causa espanto, es una pena adicional para cualquiera, no es que se pretenda un trato preferencial. Le llevamos un ventilador porque era asfixiante, también dentífrico y jabón, porque no había nada", reforzó el reclamo Gustavo Feldman, también abogado del militar al que Cristina Kirchner le dio amplio poder y presupuesto como jefe del Ejército.

La ex Presidenta hizo silencio sobre la detención. Algunos dirigentes kirchneristas se expresaron a favor, como Juan Cabandié -nieto recuperado- que la recibió "con alegría", y Martín Sabbatella, que dijo que "si es responsable de crímenes de lesa humanidad debe terminar sus días en la cárcel". El único que hasta noche había pronunciado un fuerte apoyo, luego de haber ensayado una tibia defensa, fue Guillermo Moreno. "Milani es inocente, no tengo ninguna duda. Es mi socio, mi compañero y mi amigo", dijo en el canal América. "Eso con nosotros no va, ni torturar ni matar por la espalda. Si mató en combate es otra discusión. El me dijo

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que no", pronunció a modo de defensa el ex secretario de Comercio y socio de Milani en la cadena de pancherías Tío Tola.

La situación judicial del ex jefe de Ejército, a cargo de una estructura de inteligencia paralela a la ex SIDE durante el final (renunció en junio de 2015) del segundo mandato de Cristina Kirchner, podría complicarse aún más por otra causa en la que se lo investiga por delitos de lesa humanidad, en Tucumán. El juez Fernando Poviña podría procesarlo por el presunto encubrimiento del asesinato del conscripto Alberto Ledo, "desertor" según los registros del Ejército. Fernando Poviña, fiscal general de la provincia, sostiene que Milani -era subteniente y Ledo su subordinado- fue el autor del crimen.

Sus abogados coincidieron en Milani que está "indignado" con la detención. En la audiencia de mañana buscarán "discutir la ausencia clara de peligro de fuga y entorpecimiento", adelantó Barbitta. El detenido espera para las próximas horas la visita de algunos familiares, entre ellos su hijo mayor.

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Lo primero que sintió Jorgelina Cardozo cuando llegó gente del gobierno de Mauricio Macri al club social que ella dirige en el barrio Villa Esther, en Florencio Varela, fue desconfianza. El grupo de jóvenes con identificación del Ministerio de Desarrollo Social entró y preguntó cuáles eran las necesidades de ese lugar, donde todos los días hay decenas de chicos que juegan al fútbol en una cancha con más barro que césped. Después, ellos prometieron que el Estado iba a enviar ayuda. La respuesta fue natural, automática: "¿Cuántos colectivos hay que llenar? ¿Qué tenemos que llevar?". Y los jóvenes volvieron a prometer: "Nada".

En un intento de desplazar el sistema tradicional de punteros y ampliar su presencia territorial, el gobierno de Cambiemos desplegó en las zonas más vulnerables de la primera y la tercera sección del conurbano bonaerense y en las afueras de Rosario y Córdoba una tropa de 215 jóvenes de entre 18 y 30 años con la orden de vincularse con instituciones barriales y sus referentes para abrir un canal de diálogo sin intermediarios con el ministerio que dirige Carolina Stanley.

Informalmente le dicen "cordón popular", y el objetivo es llegar a todo el país con ayuda económica, material (elementos de construcción, hornos para los comedores, entre otros) o de capacitación (educación sexual, prevención del suicidio o del consumo de drogas y cuestiones legales). También, insisten en que no tienen una intencionalidad electoral, a pesar de que las zonas elegidas no son favorables para el macrismo en las encuestas, como en la tercera sección del conurbano, donde la

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imagen negativa del Presidente es de las más altas del país. Incluso, hay funcionarios de mucho peso que hasta sugieren que allí la batalla electoral ya se perdió.

Después de varios días de lluvia, y bajo un sol que pica, jóvenes vestidos con pecheras azules con la inscripción Acá Estamos (el nombre formal del programa, que depende de la Subsecretaría Nacional de Juventud) recorren de un lado al otro el Club Social Sol de América Varelense, donde trabaja Jorgelina. Unos cortan el pasto y otros participan, junto con vecinos, de una charla grupal con una psicóloga del Estado en la que cuentan brevemente quiénes son y qué les gusta hacer.

A metros de la cancha de fútbol, Jorgelina continúa con su relato de la desconfianza. Zunilda Contreras, una de las chicas con pechera, explica que se encontraron con esa actitud en cada lugar que visitaron desde que el grupo salió por primera vez a la calle, en la segunda mitad de 2016. Hay barrios donde ese sentimiento incluso condicionó el diálogo. "No nos dejaban pasar en algunos lugares porque desde el municipio (a cargo del peronista Julio Pereyra desde 1992) les decían que les iban a sacar las cosas", afirma.

Como si justificara ese descreimiento, Jorgelina responde: "Es que vimos de todo. Nos han hecho ir con banderas a un acto a cambio de un trofeo para dar en los campeonatos de fútbol que organizamos acá. Si no íbamos, no había trofeo".

Aunque en el Gobierno niegan que haya intencionalidad política, saben que justo en un año electoral este tipo de actividades les puede servir para revertir algunos números poco felices en los sondeos.

"Las encuestas me importan un comino", dice Pedro Robledo, subsecretario nacional de Juventud. El funcionario contó que desde la cartera que conduce Stanley se bajó un mensaje claro: está prohibido llevar simbología partidaria al territorio. "Si nosotros traemos una bandera de Pro, Carolina me pega una patada en el culo", bromea.

A diferencia del Gobierno, Jorgelina no evita hablar del ida y vuelta político. "En algún momento hay que dar para recibir. Si hoy te otorgan algo, vos sabés que, para que haya continuidad, después van a necesitar apoyo. ¿Y el apoyo cómo se llama? El voto", afirma.

Los que integran Acá Estamos no son militantes voluntarios, sino que son empleados del Estado. Cobran desde 8000 pesos mensuales, dependiendo de la responsabilidad de cada uno.

El criterio de selección de estos jóvenes responde a la cercanía y el conocimiento que tienen del territorio que se les asigna. Una vez elegidos, todos deben asistir a las capacitaciones sobre los temas sensibles.

Una vez en el territorio, su primera tarea es relevar la situación social en cada barrio o villa, desde el índice de menores embarazadas hasta el número de chicos que no estudian o que tienen problemas con las drogas. Es obligación tener un registro de las personas e instituciones que reciben ayuda.

El mayor desafío que atravesaron fue durante la inundación registrada en La Emilia, en Buenos Aires. Allí participaron casi todos y fue donde tuvieron su primer encontronazo político con La Cámpora, materializado en una batalla de pecheras. Ambos grupos usan el mismo color.

También tienen la orden de volver con frecuencia a cada lugar para evitar que la desconfianza vuelva a aflorar. "Se entiende que desconfíen de la política social de nuestro país porque siempre se la utilizó para manipular la pobreza. La gente era prisionera de punteros políticos", remarca Robledo.

A varios kilómetros de Florencio Varela, en el comedor Pancita Llena, del barrio Martín Fierro, en Merlo, un centenar de chicos de no más de 10 años esperan que Nano, el cocinero, reparta porciones cuadradas de pizza. Benjamín Williams, uno de los jóvenes con pechera encargado del

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programa en la primera sección electoral, toma una y se acerca a la salida del comedor esquivando los perros callejeros que buscan que alguien les tire un pedazo. "Hay que seguir creciendo", dice al describir el objetivo geográfico del programa.

La ambición de abarcar todo el país, sin embargo, presenta algunos reparos entre los vecinos, que consideran que la ayuda social a las instituciones barriales puede terminar siendo una burbuja que ignore lo que ocurra alrededor de los clubes o comedores.

Así lo advierte Claudia Amarilla, que vive en ese comedor de Merlo. Según cuenta, "a la esquina" de allí se reúne con frecuencia un grupo de jóvenes metidos en la droga que suelen pedir comida. "Les damos algo porque si no, nos roban todo. Falta un poco más de presencia ahí. Hablar con ellos", agrega.

La vecina, que en los últimos meses tuvo que echar a "varios" punteros que se acercaron a ofrecer ayuda "a cambio de cosas", se ríe a carcajadas cuando una murga empieza a practicar a metros del comedor. El ruido no le permite escuchar ni su propia voz. Sin importarle, empieza a preguntar dónde hay alguien con pechera para pedirle que se hagan unas obras que faltan para el comedor. En el trajín de darles de comer a los chicos, se había olvidado. Ahora, Claudia está esperando una respuesta.

El programa estatal en cifras

215

Jóvenes

Son los que forman parte del "cordón popular" en zonas vulnerables. Tienen entre 18 y 30 años y dependen de la Subsecretaría Nacional de Juventud

$ 8000

Salario promedio

Es lo que perciben los referentes territoriales. El monto depende de la responsabilidad de cada empleado y se ajusta sobre la base de la paritaria estatal. El programa no tiene un presupuesto específico

77

Distritos

El programa del Gobierno incluye por ahora tres provincias. Buenos Aires y Santa Fe (Rosario) se reparten 36 cada una y Córdoba, 5. Hay ayuda estatal en otras zonas, aunque con otro tipo de referentes

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Cuando se programó, a finales del año pasado, difícilmente en Casa Rosada hayan previsto que el viaje del presidente Mauricio Macri hacia España se produjera en un momento tan oportuno como éste. En medio de lo que, claman altisonantes desde la oposición y reconocen en voz baja algunos funcionarios del Gobierno, se convirtió en la primera mini crisis política de una gestión de 14 meses, el mandatario nacional encontrará en su gira europea de esta semana un poco de oxígeno frente a los sacudones que representaron el polémico acuerdo con Correo Argentino S.A., parte del conglomerado de empresas del padre del Presidente, y al desafortunado error de cálculo en el aumento de haberes a jubilados que casi le cuesta la continuidad al titular de la ANSeS Emilio Basavilbaso.

Macri arribará a Madrid mañana junto a su esposa Juliana Awada y su hija menor Antonia, y será recibido por el embajador argentino en España, Ramón Puerta, aunque la actividad comenzará el miércoles, cuando Felipe VI y la Reina Letizia lo reciban en el Palacio Real, inédita sede, ya que desde 1975 no se realiza ninguna ceremonia oficial allí.

Esa noche será la cena de gala, con los Reyes y Rajoy como anfitriones.

En la mañana del jueves, el presidente español recibirá a Macri en la Moncloa, mientras que por la noche el mandatario argentino agasajará a las autoridades españolas con una cena de honor en El Pardo.

Jueves y viernes el Presidente será el eje de una nutrida agenda empresarial, que tendrá como objetivo central potenciar la relación comercial con el segundo país que más invierte en la Argentina, con u$s 13.145 millones por año, debilitada en los últimos años luego de la abrupta expropiación del kirchnerismo de YPF a la española Repsol.

Desde Presidencia insisten en ese punto y, por eso, revelan que se buscará "encauzar y poner en valor la relación bilateral, después de años de desencuentros".

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En pos de ello, destacan que se firmará un Plan de Acción para avanzar en iniciativas concretas en materia de desarrollo de infraestructura, transporte, energía, agricultura, tecnología y comunicaciones.

De la mano de esa meta, se intentará además potenciar el comercio y aumentar las inversiones españolas en Argentina.

En esa búsqueda, se destaca la visita de 200 empresarios nacionales que participarán de una Misión Multisectorial de Comercio e Inversiones liderada por la Cámara española de Comercio en el país, y que integrarán junto a otros 400 pares españoles mesas de negocios que se llevarán a cabo, en especial, entre jueves y viernes, día en el que se realice el foro "Invertir en Argentina", organizado por el diario El País, que Macri inaugurará y en el que disertará también el ministro de Producción Francisco Cabrera, que liderara el Gabinete económico que viajará con el Presidente, que contará además con secretarios y subsecretarios de distintas áreas. La canciller Susana Malcorra; el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Cultura, Pablo Avelluto, serán los otros miembros del Gabinete que estarán acompañando a Macri.

Cabrera y Triaca tendrán mucha actividad en Madrid. El miércoles asistirán a la sesión plenaria del Consejo Económico y Social de España, donde se reunirán con sindicalistas, parlamentarios y representantes patronales de la sociedad civil española y argentina. El objetivo de Producción, principalmente, será entablar acuerdos con el rubro automotriz buscando impulsar la creación de empleo y el desarrollo de las Pymes, y avanzar en el diálogo con el sector de motos.

Avelluto, el jueves, será la cara visible de Cultura en una de las ferias artísticas más importantes de Europa: la Feria de Arte Contemporáneo-ARCO, que este año tiene a la Argentina como país invitado de honor. Además, Macri mantendrá un coloquio público con el escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Para el viernes, Macri espera con expectativas que se concrete un encuentro con Lionel Messi, la estrella de Barcelona, que podría viajar a Madrid para ser parte de una recepción a deportistas argentinos que están radicados en España. Por ahora, fuentes del sector aseguran que es difícil que el futbolista asista. El sábado, en el fin de su viaje, visitará al ex presidente español José María Aznar y visitará el nuevo estadio de Atlético Madrid.

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Gobierno apuesta a conseguir inversiones en energía y en el sector ferroviario en su viaje a España, además de buscar imitar las ventajas de la modernización de la industria automotriz en ese país. Así lo expresó a LA NACION el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, uno de los funcionarios que integrarán la delegación oficial a Madrid encabezada por el presidente Mauricio Macri.

Viajarán también el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer. Además, estarán los ministros de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, y de Trabajo, Jorge Triaca. El funcionario viajará acompañado por representantes de las empresas y los sindicatos de la industria automotriz para reunirse con sus pares españoles.

"Después de la crisis de 2008, España puso en marcha el plan para lograr una producción de tres millones de autos mejorando la competitividad y eliminando las barreras del sector. Acá estamos en un proceso similar. La Argentina debería llegar a un mercado de un millón de autos, frente a 700.000 vehículos actuales", explicó.

El año pasado, detalló, "hubo un buen mercado en el país, con el 10% de aumento, pero con un mal contexto por la caída de Brasil: la mitad de la producción se pulverizó y confiamos en que se recupere".

Para mejorar la situación, "en el sector automotriz se está llevando adelante un proceso de desarrollo nuevo; hay aspectos que tienen que ver con la logística, para bajar los costos no salariales, desde temas como ausentismo, las ART y el financiamiento, porque en general no hay ni plazos y ni tasas adecuadas". A la vez, se están buscando nuevos mercados para exportar, para no depender exclusivamente de los vaivenes de Brasil. "Estamos buscando nuevos mercados, mirando América Central; de hecho, Toyota el año pasado le ganó a Tailandia para exportar allí. También empezamos negociaciones con Colombia y en Argelia", afirmó.

Más allá del sector automotor, Etchegoyen viaja para mantener reuniones con empresas del sector ferroviario (por la compra de material y joint ventures) y de energías renovables, para ver si hay inversores interesados en el país.

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Por otro lado, luego de que la UIA informó que la actividad industrial cayó 4,9% en 2016, el funcionario indicó: "El dato es parecido al del Indec, pero soy más optimista para este año que la UIA, porque hay sectores que están andando mejor, como el cemento, la maquinaria agrícola, la siderurgia para el segundo trimestre, aunque mucho depende en algunos sectores de la reacción de Brasil".

Respecto de la situación brasileña, opinó que "no habrá un rebote fabuloso, pero si deja de caer y crece entre el 1 y 2%, la industria argentina puede crecer en torno del 3% este año".

Sobre la llegada de inversiones a la economía real, dijo que "hay pedidos récord en alimentos, máquina agrícola, carrocerías, cemento e industria farmacéutica".

El funcionario precisó que, entre los planteos de los empresarios, "sobresale el tema tributario y el Gobierno está analizando una reforma integral, que busca esencialmente tener una estructura que no castigue a la producción y que baje el nivel de informalidad". De inmediato, recordó la reforma impositiva que benefició a las pymes sancionada el año pasado, que ya captó el interés de 200.000 empresas que se anotaron en el registro para gozar de sus beneficios.

También admitió que el nivel del tipo de cambio se cuela en las conversaciones con el sector privado. Pero aclaró que "los empresarios entienden que un cambio brusco en el tipo de cambio es una solución de corto plazo y un problema de mediano plazo".

"Obviamente que el tipo de cambio es un factor, en este sentido la evolución de Brasil respecto de lo que se temía el año pasado ha sido bastante positiva", concluyó.

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QUITO.- Lenin Moreno, el candidato oficialista de Alianza País, logró imponerse ayer en las elecciones presidenciales de Ecuador, pero anoche parecía difícil que lograra alcanzar el número clave del 40% de los sufragios y diez puntos de diferencia con el segundo más votado para evitar la segunda vuelta electoral, el próximo 2 de abril, frente al aspirante liberal Guillermo Lasso, del movimiento Creo.

Con el 53% de los votos escrutados, Moreno obtenía el 38% de los votos frente al 30% de Lasso. Luego de recibir los primeros resultados a boca de urna desde el hotel Quito, el candidato oficialista definió su victoria como "justa". "Hemos ganado las elecciones justamente, este triunfo ratifica que esta revolución no la para nada ni nadie. Se debe ganar y perder con dignidad, esperamos esa reacción del candidato perdedor", expresó durante la intervención ante sus simpatizantes.

El propio Correa, que por la Constitución estaba impedido de presentarse a un nuevo mandato, abrazó luego a Moreno en el escenario del hotel Quito, a lo que el triunfador de los comicios respondió: "Rafael se va a descansar con un 65% de aprobación de todos los ecuatorianos. Gracias Rafael". El fundador de la Revolución Ciudadana precisamente había dicho que no buscaría la reelección y que se iría a vivir a Europa al

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entregar el mando, el próximo 24 de mayo. "Para que los ecuatorianos descansen de mí y yo descanse del país", explicó.

Moreno, de 63 años, que fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, perdió la movilidad de las piernas en 1998, como consecuencia de un asalto.

Desde el hotel Hilton Colón en Guayaquil, Lasso contestó al desafío de reconocer su derrota al afirmar: "Hay una segunda vuelta electoral. Éste es el día en que ganó la democracia, en que se impuso la voluntad del pueblo ecuatoriano".

"El pueblo dijo: «No va más, queremos el cambio»", agregó.

Además, dijo que en un ballottage congregaría a toda la oposición que no votó por el oficialismo en "una unidad monolítica que tanto necesita Ecuador".

"Aquí se acabó la dictadura de un solo partido político al estilo de Venezuela", dijo.

Carlos Córdoba, director de Cedatos, una de las principales encuestadoras del país, se basó en sus resultados, que anoche auguraban una segunda vuelta, para afirmar. "Alrededor de un 60% de los ecuatorianos votó por la oposición. Es como si esta elección hubiera sido una especie de elección primaria de la oposición. Y ahora quedó definido quién será el candidato elegido para la segunda vuelta."

En total, más de 12 millones de ecuatorianos estuvieron habilitados para elegir en las urnas el sucesor de Correa, a 137 diputados a la Asamblea Nacional [Parlamento] y a cinco representantes al Parlamento Andino.

La "grieta"

Según el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, la jornada transcurrió con "absoluta normalidad".

Pero en el clima electoral de ayer fue palpable la "grieta" entre oficialistas y oposición, especialmente en los locales adonde concurrieron a sufragar los candidatos.

Alrededor de las 10 de la mañana, el aspirante a vicepresidente del opositor movimiento Creo, Andrés Páez, fue a votar a la Universidad Técnica Equinoccial en Quito acompañado por Lasso. Pero no hubo coordinación en los horarios y media hora más tarde concurría al lugar el oficialista Moreno.

Eso significó que centenares de simpatizantes de uno y otro bando se congregaran a las puertas de la universidad y se enfrentaran a gritos cruzados desde "¡Viva Correa!" hasta el ya clásico "¡Fuera ladrones!", el grito de guerra de la oposición.

Una situación similar se vivió poco después en una escuela de Quito en el momento en que votó el vicepresidente Jorge Glas, que también acompaña en la fórmula presidencial a Moreno. En medio de un griterío ensordecedor, grupos de opositores lo recibieron con uno de los gestos que más molestan a los oficialistas: el pulgar hacia abajo, que hace un año significó que Correa detuviera su caravana de autos en plena capital para ordenar la detención de un manifestante que expresaba así su rechazo.

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Además, Glas, que supervisó el petróleo y la infraestructura como ministro de Sectores Estratégicos, fue uno de los blancos preferidos en las críticas de la oposición durante la campaña por las sospechas de su participación en un caso de corrupción en la petrolera estatal Petroecuador.

Correa tuvo mucha más suerte a su llegada al centro de votación donde estaba empadronado, adonde fue llevado en andas por sus simpatizantes.

El presidente, que se convirtió en el mandatario que gobernó Ecuador por más tiempo de manera ininterrumpida, se aleja del cargo con un alto grado de popularidad, especialmente por sus logros en materia económica conquistados en los años de bonanza petrolera a comienzos de siglo, con una reducción de la pobreza del 37,6%, en 2006, al 23,3%, en 2015, reducción de la desigualdad, construcción de escuelas y hospitales y varias obras de infraestructura, especialmente carreteras.

La carta del oficialismo para continuar las políticas de izquierda

38%

Lenin Moreno

Vicepresidente entre 2007 y 2013, el administrador público de 63 años busca, a través de un perfil más conciliador, asegurar la continuidad del gobierno socialista

El candidato que promete hacer un giro más liberal de la economía

30%

Guillermo Lasso

Segundo en los comicios presidenciales de 2013, el ex banquero intentará reunir el respaldo de toda la oposición para imponerse en la segunda vuelta