MANIFIESTA. SOLICITA-

Señor Fiscal:

Elisa María Avelina Carrió, manteniendo el domicilio procesal

constituido en estos autos, a V.S. respetuosamente digo:

Que a los efectos de colaborar con la investigación que lleva adelante el

Fiscal en las presentes actuaciones, vengo a realizar las siguientes manifestaciones y

a proponer se produzca la prueba que en adelante reseñaré.

I- La Denuncia Interpuesta en el Año 2008.-

A fines del año 2008 realicé una presentación a la justicia en la que solicité se

investiguen las posibles conductas antijurídicas en relación con los Sres. Néstor

Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Cristóbal

López y Lázaro Báez por la probable comisión de los delitos tipificados en los

artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal y/u otros posibles actos de

corrupción. La presentación de referencia originó la causa Nº 15734/2008 caratulada

“Kirchner, Néstor y otros s/ Asociación Ilícita y otros” que tramita ante el Juzgado

Federal Nº 12.

II- El Crecimiento Patrimonial de Lázaro Báez.-

En aquella ocasión, manifestamos respecto a Lázaro Báez que se encontraba

acreditado que su fabuloso crecimiento y expansión económica se produjo a partir

de su relación con Néstor Kirchner en la época que este era Gobernador de Santa

Cruz. Es su amigo, socio y pieza fundamental en la matriz de negocios que aquella

denuncia expuso.

Según se encuentra acreditado, en el año 1990 el Sr. Báez tenía como únicos

activos tangibles un Ford Falcon ´72 y una humilde vivienda que habitaba con su

familia en Río Gallegos. Lejos estaba de la casa inteligente en la que mora Báez hoy

en día, con luces que se prenden mediante comandos verbales, rodeada de 2.000

cedros azules y decenas de custodios.

Fue en los 90 donde Báez emprendió una sólida amistad con Néstor Carlos

Kirchner.

Según refieren sendos artículos periodísticos, que se acompañaron a la

denuncia referida, Lázaro, en su carácter de cadete del Banco de Santa Cruz, y

Kirchner, en ejercicio de la intendencia de Río Gallegos, consolidaron un lazo de

mutuo interés ya que Báez le pasaba información del banco provincial a Kirchner, y

éste le abría un mundo de contactos importantes, cuestión clave para los negocios.

Cabe destacar que la relación prosperó, igual que las cuentas de ambos.

De esa manera, cargos provinciales al inicio, obra públicas millonarias

después y por último millonarias licitaciones petroleras, lo catapultaron como uno de

los empresarios más exitosos de los últimos cuatro años.

En 1991, apenas Kirchner fue electo como gobernador, Lázaro Báez fue

beneficiado con el cargo de gerente adscripto del Banco Santa Cruz, ubicado apenas

un escalón por debajo del gerente general. Un cargo que, durante la recordada y

cuestionada privatización del Banco de Santa Cruz, el mismo Báez ocupó con un

poder omnímodo.

Como gerente general y hombre fuerte del banco provincial, Báez condujo su

privatización de modo fructífero para empresarios de buena llegada a Kirchner. Por

un lado, transfirió al Estado provincial una deuda de $ 170 millones, originada en

créditos incobrables que él mismo había otorgado a distintas empresas, entre las que

se encontraba Gotti S.A.. De esta manera, el principal favorecido fue Enrique

Eskenazi, quien se alzó con un banco libre de deudas, y que además siguió siendo el

agente financiero de la provincia.

Sugestivamente fue a partir de 2003 cuando Lázaro Báez constituyó Austral

Construcciones S.A., la que inició su actividad el 8 de abril de ese año, con un

capital social de apenas $12.000, conforme se publicó en el Boletín Oficial de la

Nación N° 30.151.

Desde su apertura esta compañía, había ganado a fines de 2008 licitaciones

por más de $ 3.500 millones.

Como si ello no fuera suficiente, ya en agosto de 2003 Austral

Construcciones fue favorecida con la concesión de dos áreas petroleras en Formosa

y en febrero de 2007 con tres más en Santa Cruz. Actualmente, posee una petrolera

cuya producción diaria supera los 50 millones de metros cúbicos, y la de gas llega a

casi 10 millones de metros cúbicos.

También referimos que el 11 de agosto del 2003, el Ministerio de

Planificación Federal autorizó a Benito Roggio e Hijos S.A. a ceder las áreas

petroleras CON-14 "El Chivil" y CON-7 "Surubí" a Misahar Argentina, una de las

petroleras de Báez. La otra es EPSUR. Todas estas con domicilio en Carabelas 241,

al igual que Austral. A partir de ahí, fue ganando licitaciones cuestionadas como la

de las 15 áreas petroleras en Santa Cruz, donde Epsur se quedó con Río Guenguel,

Meseta Cerón Chico y Sur Río Deseado.

Se encuentra registrado a fs. 18 del libro de Actas de Austral Contrucciones

S.A. que “En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Republica Argentina, a los

10 días del mes de junio de 2005, siendo las 09.00 hs, el directorio de Austral

Construcciones SA se reúne a fin de la constitución de su fideicomiso por el cual

Austral Construcciones se constituye en inversor fideicomitente, a fin de llevar a

cabo la construcción de 10 unidades funcionales en propiedad horizontal, en el

inmueble propiedad de Néstor Carlos Kirchner (…), en un plazo de 12 meses a

contar por a partir del 1 de julio de 2005, estimándose que la inversión rondara los

$ 700.000, acordándose que la sociedad recibirá al finalizar el mismo, cinco

unidades funcionales…”.

Por lo tanto, no hay dudas que durante el ejercicio de su mandato,

Néstor Kirchner tuvo una sociedad comercial con un empresario beneficiado

por la obra pública de su gobierno.

Asi, entre otras fuentes que abonaron la denuncia, se destacó el Diario Perfil,

que describe un circulo virtuoso en el que la figura central es Néstor Kirchner, en el

cual “…opera un gran grupo empresario que facturan al unísono y responden a un

solo hombre: Lázaro Baez. Estas empresas, fueron señaladas por la Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y son investigadas por evasión fiscal y

presunto pago de sobornos”.

De acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores, Lázaro Báez a cargo

Austral Construcciones SA es la punta de lanza del “pool empresario”, que tiene

bajo su control a Palma SA, Gotti S.A., Gancedo S.A., Kank y Costilla S.A. y

Badial SA.

Todo esto se encuentra acreditado en la investigación desarrollada

oportunamente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que

comprobó que 500 millones de pesos fueron facturados con boletas apócrifas a

través de empresas fantasmas, por parte de Gotti S.A., evadiendo 120 millones de

pesos del IVA. Además de Gotti SA, la AFIP también aseguro que Austral

Construcciones, Badial SA, Gancedo SA - todas vinculadas a Baez- y Casino Club

SA de Cristóbal Lopez habían utilizado facturas “truchas”. Todas estas compañías

conducen a Nestor Kirchner

Por su parte, Sergio Gotti, que es el socio minoritario de Austral, según

informó la AFIP evadió más de 500 millones de pesos. Este quedó a cargo de Gotti

SA, la empresa que fundó su familia. Esta compañía quebró, pero mantuvo la marca

y fue absorbida por Invernes S.A, ácidamente conocida en el sur como “Inversiones

Nestor” y comandada al menos en los papeles por Guido Blondeau del grupo Báez.

Tanto Gotti, como Austral e Invernes, comparten sede social: el quinto piso del

edificio ubicado en Carabelas 241 de la Ciudad de Buenos Aires. Todas son

investigadas en las derivaciones del Caso Skanska y por delitos tributarios mediante

facturación apócrifa.

Es importante destacar que Gotti S.A presentó 53 contratos de obra pública

que se llevaron adelante desde 2002 a 2007 por unos 627 millones de pesos. Cinco

de ellos los hizo la Dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz por $ 300

millones. El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de esa provincia

encargó 40 obras por $ 239 millones, en tanto ocho contratos más fueron

realizados por ese Instituto y refrendados por una Subsecretaría que depende

del Ministro Julio De Vido. La cifra ascendió a más de $ 86 millones.

Finalmente, advertimos que gran parte de las obras restantes fueron

facturadas, como se ve, a una empresa como Austral Construcciones S.A, Palma (a

nombre de Diego Palleros cuñado de Lázaro Báez), Gancedo y Kank y Costilla S.A.

Confirmó lo dicho el libro de actas de Austral Construcciones en el que queda

al descubierto el radio de acción y movimientos de las empresas de Báez donde todo

tiene que ver con todo. En más de una ocasión, tanto Palma como Gotti cedieron y

renunciaron a contratos para dejarle el beneficio a Austral Construcciones. El

mecanismo, generalmente, fue utilizado para evitar que, oficialmente, quede

constancia que las obras son otorgadas siempre a una misma empresa y así

esconder el presunto pago de coimas. Lo mismo ocurrió con los derechos de

cobro de certificaciones de obras adjudicados a Gotti, que finalmente fueron

cobrados por Austral.

La cartelización de la obra pública se encuentra acreditada conforme la

siguiente trascripción, cuya documentación se acompaña:

• A fs. 11 del libro de actas de Austral Construcciones dice “(…) a los 10 días

del mes de febrero de 2005 el directorio de Austral Construcciones SA

aprueba y firma formalmente el SUBCONTRATO DE EJECUCION DE

OBRA por el cual GOTTI SA contrató a AUSTRAL CONSTRUCCIONES

para las obras 1- Repavimentación Ruta Provincial 5-Tramo Km 23, 2-Ruta

Nacional 40-Tramo Cancha Carrera-Pte. Rio Turbio…”.

• A fs. 11 del Acta del directorio del 14 de febrero de 2005 PALMA SA cede,

trasfiere y renuncia a favor de Austral Construcciones los contratos de obra a)

42 Viviendas Convivir y b) Viviendas Convivir Sector 1 – La cesión se

realizo en forma gratuita y sin cargo alguno.

• A fs. 21 del Acta de Directorio por la cual Juan Felipe Gancedo SA cede y

transfiere a Austral Construcciones el contrato de la obra 63 de Viviendas e

Infraestructura en el Sector Ejercito-Río Gallegos.

Igual operatoria se advierte en la obra de pavimentación de la segunda

sección de la ruta provincial 7, un emprendimiento de casi 170 millones de pesos

que fue adjudicada por la empresa “Sucesores de Adelmo Biancalani”, la que se

encuentra íntimamente vinculada con la constructora de uno de los socios de

Kirchner, Lázaro Báez. Biancalani vendió el 60% de su empresa familiar

asociándose con Báez, que tiene como director de su constructora, Austral, al

ingeniero Julio Mendoza, nacido en Chaco.

Esta obra también cuenta con un sobreprecio importante según fuentes del

mercado. Los 166.958.079,74 pesos presupuestados para su realización son una cifra

exorbitante para realizar los objetivos de la obra: 57 kilómetros de pavimento en esa

zona, más los accesos y empalmes a la ruta. Por poner un ejemplo, la pavimentación

de 25 kilómetros de la ruta 4, también en Chaco, está presupuestada en 42.318.634

pesos. La matemática es lapidaria. Un kilómetro de asfalto de la “ruta K” tiene un

costo de 2.929.089,10 pesos. La misma extensión, pero en la ruta 4, sale

1.692.745,36 pesos.

3- Austral Construcciones - Causa por Presunto Lavado de Dinero

en Relación a una Licitación.-

Posteriomente, me presenté en las actuaciones a las que me refiero en el

punto 1 de la presente, a los fines de describir una operación realizada por la

empresa Austral Construcciones, que se encontraba tramitando en el Tribunal de

Primera Instancia del Principado de LIECHTESNSTEIN, cuya cronología es la

siguiente:

a) Con fecha 15/05/06 ingresaron a la cuenta de TRADE24 Ltd en el Hypo

Investment Bank de Liechtenstein, U$S 10 millones proveniente de Austral

Construcciones SA con sede en la Argentina. Esta transacción no cumplió con los

requisitos estándares y no se pudo fundamentar adecuadamente.

b) En ocasión de una visita realizada el 19/5/06, Paul Anthony Cardy, británico y

Mark William Spiers, neozelandés, titutales de la cuenta Trade 24 Ltd. entregaron al

HYPO INVESTMENT BANK más documentos, incluyendo un contrato de “joint

venture” para “Private Placement , Joint Participation y Partnership Agreement”

(Contrato de Asociación y Participación en Venta Directa de Títulos) firmado por

Austral Construcciones y TRADE24 Ltd referido a una venta directa de títulos

(“private placement”) por el monto referido. La firma de este contrato contraría las

prácticas usuales para un contrato de “joint venture” que fuera suscripto entre

ambas firmas en Londres. Lo inusual es que sólo tenga dos firmantes: el Contador

Fernando Javier Butti (empleado de Lázaro Báez en Austral), en nombre de Austral

Construcciones Sa, y Paul A. Cardy por Trade 24 Ltd. Este hecho, entre otros, le

hizo sospechar, fundadamente, al banco que “el origen de los fondos depositados

responden a una operación de blanqueo de capitales o de delitos subyacentes al

blanqueo de capitales”.

c) El exhorto del Principado que se acompañó como prueba en la denuncia a la a la

presente, indica que “…de acuerdo a las investigaciones realizadas por INTERNET

por la informante Hypo Investment Bank (Liechtenstein) Austral Construcciones

esta involucrada en irregularidades relacionadas con una licitacion en la Provincia

de Santa Cruz y, por este motivo, la empresa es objeto de investigaciones”.

d) Según declaro Cardy con los 10 millones de dólares de Austral Construcciones

que habían sido depositados en la cuenta del Hypo Investment Bank se habia

planteado llevar a cabo operaciones de leasing financiero de instrumentos bancarios

por un valor entre 4 y 5 millones de dólares. Explicó que bajo “instrumentos

bancarios” se entendían garantías bancarias o cartas de crédito. Dijo, también que

solicitarían un crédito a un banco oficial utilizando como garantía el instrumento

bancario. El resto del dinero quedaría en la cuenta hasta que se presentara la

oportunidad de esta compra.

e) Como se menciona en el exhorto, la información de Cardy contradice el correo

electrónico de Mark Spiers del 19/05/2006 donde indica que de los u$s.10 millones,

4,2 millones debían transferirse a una cuenta fiduciaria, 1,2 millones a la cuenta

privada de Cardy en el Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG y u$s.200.000 a

la cuenta de Oceanline Enterprises Ltd. De Mark Spiers en el mismo banco. Cardy

había declarado que u$s.4.2 millones eran para la operación arriba indicada. Que

u$s.1.2 millones debían transferirse a su propia cuenta para pagar los honorarios

fijos de John Fellows (que interviniera en el contrato firmado en Londres) y otros

dos intermediarios y que los montos exacto aún no se conocían. u$s.200.000 iban a

la cuenta de Oceanline Enterprises Ltd. como compensación única para Spiers.

f) Frank Clement, representante legal de Austral Construcciones y Jean-Pierre

Mourian, quien dijo ser asesor de la misma firma argentina, presentaron

documentos que demuestran que los fondos blanqueados en Liechtenstein provienen

de las actividades comerciales llevadas a cabo por Austral Construcciones entre el 1

de enero de 2006 y el mes de abril del mismo año y que dichos fondos

originalmente se encontraban a una cuenta del Banco Macro Bansud SA.

Posteriormente, los fondos habían sido transferidos de dicha cuenta al Sud Bank &

Trust Ltd, Nassau, (cuya sociedad controlante es el Banco Macro SA de Argentina)

donde de acuerdo a instrucciones de Austral Construcciones, se habían vendido

títulos por un valor de U$S 10.000.879,36 . estos son los ingresos que

posteriormente se transfirieron a Liechtenstein.

g) Respecto del origen de los fondos el escrito refiere “No se pudo verificar la

autenticidad de los documentos presentados por Clement o Mourian respecto del

origen de los 10 millones de dólares. De acuerdo con los documentos, los fondos

parecen provenir de las actividades comerciales de Austral Construcciones. Sin

embargo este Juzgado esta al tanto de que Austral Construcciones estuvo implicada

en la Argentina en una causa por irregularidades en una licitación. Tampoco pudo

determinarse si los fondos están relacionados con irregularidades en la concesión de

un contrato en la Provincia de Santa Cruz y/o de la Provincia de Santa Fe de las que

se acusa a Austral Construcciones. La respuesta a esta incógnita es de suma

importancia para el procedimiento que nos ocupa, ya que, teniendo en cuenta que los

fondos actualmente blanqueados en Liechtenstein fueron transferidos allí pasando

por dos instituciones bancarias de dos países diferentes -si bien con un propietario

en común el Banco Macro SA- y, además, se intercalo una operación de

compraventa de títulos, existen sospechas fundadas de que se trate de un caso de

blanqueo de capitales. También llama poderosamente la atención que valores de

esta cuantía le sean confiados a un administrador totalmente desconocido para la

empresa sin que su integridad sea sometida a una verificación.”

Posteriormente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

remite las actuaciones al Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo del Dr. Gerardo

D Caamaño iniciándose los autos caratulados “Exhorto del señor juez del

Principado de Liechtenstein librado en autos caratulados Ministerio de Justicia s/

Remite exhorto diplomático expte 12 UR 2006.175”.

Por tanto, es investigado el principal concesionario de obra publica argentina

y socio del Néstor Kirchner, Lázaro Baez- dueño de Austral Construcciones, por

lavado de dinero producto de licitaciones sospechadas de irregulares, mediante

inversiones inexistentes.

A todo esto, se le suman sendas denuncias sobre facturas apócrifas donde

también se encuentran involucradas empresas controladas por el mencionado

empresario. Todo ello, configuraría en modus operandi adecuado para blanquear

pagos indebidos.

4. Gotti S.A. y las Facturas Apócrifas

Una de facetas que debe explorarse para entender el manejo del dinero

es la relación existente y conexidad, entre las facturas apócrifas y las empresas

proveedoras de obra pública.

Es necesario determinar porque estas empresas acuden a sociedades

inexistentes, con accionistas insolventes, simulando gastos que ingresan a su

contabilidad pero que efectivamente no se realizaron.

Esta operatoria, que se reitera una y otra vez, la encontramos también

relacionada con la empresa Gotti, a saber: Según informa Juan Cruz Sanz, en el

diario Infobae, Víctor Caliva, residente en el conurbano bonaerense, es

accionista de la constructora La Nueva Argentina. Su empresa le facturó a la

constructora Gotti más de 11 millones de pesos. Es importante destacar que esta

empresa no registra actividad comercial alguna y que fue constituida por un capital

de $12.000 según el Boletín Oficial 30.136.

En igual orden se encuentra María Claudia Bolla quien en los últimos dos

años constituyo más de 130 sociedades anónimas pero en todos los casos renunció a

ellas el día después de haberlas creado.

Todo esto, como parte de una estrategia financiera y blanqueo por casi 500

millones de pesos que se concretó entre 2001 y 2007.

Tal es así, que fue el equipo de investigaciones de la regional de la AFIP

Comodoro Rivadavia presentó ante la Justicia un pormenorizado estudio que

establecía que Gotti S.A. había facturado 495 millones de pesos con facturación

apócrifa de empresas que no registraban actividad alguna.

Estas facturas apócrifas de la empresa de Lázaro Baez ya habían aparecido

en la megacausa que derivó con el Caso Skanska, la constructora sueca que

admitió ante la Justicia el uso de facturas truchas para el pago de sobreprecios.

La misma operatoria registro otras empresas relacionadas con el Grupo, Palma y

Gancedo.

Adviértase que Palma está comandada por Diego Palleros, hijo del traficante

de armas del mismo nombre y cuñado de Lázaro. Ambos también crearon la

constructora Badial.

De esos 495 millones facturados de manera apócrifa por Gotti, se

desprende que hubo una evasión de 125 millones en IVA y otros 120 millones

en ganancias. Las causas que tramitaron en Comodoro Py quedaron en nada, luego

de la implementación de la moratoria fiscal, que permitió, ente otras cosas, que la

constructora santacruceña admita haber utilizado ese mecanismo de

defraudación y que la suscripta denuncio en su oportunidad ante el Juzgado del

Dr Ercolini.

A finales de 2007, el entonces juez federal, Octavio Aráoz de Lamadrid libró

un oficio a la AFIP preguntando si de la documentación aportada por la empresa

Gotti, surgían más operaciones con facturación apócrifa. En marzo-abril de 2008 la

AFIP informó que sí, y por aproximadamente $ 400 millones, entre proveedores

truchos confirmados y otros por investigar. Eso no quedó ahí. Además, la AFIP le

informó al Juzgado Federal que un similar informe había sido presentado en junio de

2007, ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 3, a cargo del juez

Rafael Caputo, en el marco de la causa nro. 1831/00 caratulada "Viazzo, Roberto

Gustavo s/inf. Ley 24.769".

Las medidas de investigación se ejecutaron, hacia los meses de noviembre y

diciembre de 2007, pero nada se hizo en relación al destino del dinero, que salió de

la contabilidad, más allá de la cuestión meramente fiscal.

Por la causa Gotti, fue imputado Fernando Butti, contador de Lázaro Baez y

director en varias de sus empresas.

Adviértase que el tráfico de facturas apócrifas, tanto quienes utilizan ese tipo

de documentos, como quienes los proveen, suelen dejar rastros de las comisiones

negociadas y la plata que retorna en efectivo. Para que una factura sea trucha,

puede haber una falsedad en el sujeto emisor, es decir, la empresa inexistente o sin

actividad o también una falsedad en el objeto facturado: la prestación.

En ese sentido, es ilustrativa la nota del diario INFOBAE que

describe“…Mediante los primeros allanamientos a Gotti, se detectaron cheques

por 35 mil pesos pagados a la firma Invernes, la empresa vinculada a Austral

Construcciones que se transformó en la controlante de Gotti y que en su directorio

tiene Guido Blondeau, uno de los fundadores de Austral. Prueba clara de que Gotti

integra el holding de empresas de Lázaro Báez. Entre los 120 proveedores de

facturas truchas aparece el propio Báez, según información judicial a la que

accedió Infobae .Es decir,él mismo facturó a Gotti como persona física, servicios

que en realidad nunca fueron prestados…”

Cabe destacar que Aráoz de Lamadrid solicitó un peritaje sobre las cuentas de

Gotti que contradijo lo actuado por los funcionarios de la AFIP, desplazados de su

cargo por investigar y a los que solicitamos citar prestar declaración testimonial.

“En agosto de 2009, Gotti se acogió a la moratoria fiscal, su situación penal

fue suspendida hasta julio de 2012. Pese a eso, no se pudo revertir el ajuste en IVA.

El crédito fiscal documentado mediante facturas truchas, aún para el caso de que se

vincule con una prestación real, igualmente es impugnable por parte de la DGI. El

31/08/2009, el último día del plazo que fijaba la ley de moratoria 26476, Gotti

regularizó solamente 75 millones, cuando la evasión documentada por la AFIP

superaba los 400 millones. Sin embargo, no regularizaron lo más importante:

Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas.”

El mismo patrón se repite en lo publicado por Hugo Alconada Mon en el

Diario La Nación cuando escribe que “… entre los técnicos de la Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), era de dónde habían salido los millones para

capitalizar la constructora Badial SA. Sin vueltas, la respuesta la dio su

presidente, Lázaro Báez. Detalló que el dinero llegó en valijas, desde Uruguay.

Algunas en avión. Otras en barco. "Buquebus", para más precisión. Y que de allí se

trasladaban a Río Gallegos, donde se depositaban en un par de bancos.

La respuesta de Báez consta en el expediente administrativo de la AFIP y, de

manera más sucinta, en la actuación posterior del Tribunal Fiscal, cuyas copias

obtuvo LA NACION. Porque los sabuesos avanzaron con la pesquisa. Fue un largo

proceso que comenzó en junio de 2005 y llegó hasta estos días. A la línea técnica la

removieron y, el año pasado, revocaron todo lo actuado, para beneficio de Báez.

Antes de darle un golpe letal a la investigación, sin embargo, los sabuesos llegaron

lejos. Tanto como para verificar que el propio Báez admitió que sobre esas valijas,

que él calificó como aportes de capital por más de $ 1,8 millones recibidos de la

firma uruguaya controlante de Badial, Reloway Company SA, no tenía justificativos

formales de ningún tipo…”

"Parte de los aportes en efectivo realizados por la firma Reloway era a través del

señor Carlos Adrián Calvo, quien viajaba a la ciudad de Río Gallegos y realizaba

los depósitos en efectivo en la cuenta corriente en pesos", precisó Báez, cuando la

AFIP le pidió explicaciones. Y, según añadió el empresario patagónico, "Calvo no

entregó comprobante de depósito [...] y que él [por Báez] firmaba un recibo

provisorio, no quedándose con copia del mismo".

Es decir, que no quedaron constancias de aquellas valijas que pasaron por

los controles de la Aduana sin problema alguno, lo que alentó las sospechas de los

técnicos de la AFIP. ¿Pudo ser que el dinero para capitalizar a Badial provino del

circuito negro local? ¿Y que Báez lanzara la versión uruguaya para taparlo?

En cualquier caso, y dada la admisión del propio Báez, la AFIP continuó con

su investigación. Hasta que concluyó que el aumento patrimonial de Badial SA era

injustificado y que debía abonar los impuestos correspondientes sobre todos esos

aportes, más allá de que pudieran encubrir otros eventuales delitos, como lavado de

activos. Así, la AFIP concluyó el 14 de junio de 2007 que Badial debía pagar $

555.478 en impuestos impagos y otros $ 32.108,99 en intereses, sobre el dinero,

cash , que ingresó a sus cuentas en las sucursales de Río Gallegos de los bancos

Patagonia Sudameris y Provincia de Santa Cruz. Allí comenzó una puja que

concluyó en el Tribunal Fiscal, en 2012.

Esa puja incluyó presiones sobre la línea técnica, la remoción de algunos

jefes dentro de la AFIP y el traslado de otros, la reapertura del proceso

administrativo, tal como pidió el propio Báez (una situación que carece de

antecedentes) y la admisión de nueva prueba.

Todo ese proceso incluyó la búsqueda de Calvo, quien resultó inhallable

aunque surgieron algunas pistas. En particular, por sus vínculos con la sociedad

Invernes, a la que conocen en la Patagonia como el acrónimo de "Inversiones

Néstor", por el ex presidente Néstor Kirchner, aunque su nombre se debe al

financista Ernesto Clarens.

Báez y Clarens forman parte de un entramado más complejo, en el que

también aparecen otros nombres sensibles, como el responsable de la regional Sur

Metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez, y el tributarista Horacio Díaz Sieiro,

según confirmaron a LA NACION seis fuentes dentro del organismo tributario,

del Tribunal Fiscal y del sector financiero durante los últimos meses.

Así, tras años de marchas y contramarchas, la AFIP llegó a una segunda

determinación de oficio. Concluyó que Badial debía abonar $ 336.062,05 de IVA

más otros $ 346.227,27 por intereses resarcitorios y una multa por $ 82.773,12, en

tanto que por Ganancias correspondían otros $ 555.478 de impuesto, $ 481.614,19

por intereses y una multa de 32.108,99 pesos. Un total de 1,8 millones de pesos.

Pero Báez no se dio por vencido. Apeló al Tribunal Fiscal, que con una

conformación ad hoc de una de sus salas, pasando por encima a otros expedientes

más antiguos y días antes de que concluyera la subrogancia de uno de sus

integrantes, José Luis Pérez, revocó la decisión de la AFIP. Fue el 28 de junio del

año pasado.

Según explicó Pérez en el voto que resultaría clave, Báez logró demostrar

que recibió "los aportes en cuestión de parte de su accionista extranjera, su

ingreso al país, su aplicación y posterior capitalización. Es decir que el dinero, tal

como había declarado el empresario, ingresó en valijas. Por avión y por barco.

"Por Buquebus."

5. El Planteo de Gravedad Institucional: Repatriación y

Blanqueo del Dinero de la Asociación Ilícita Provenientes de los Delitos que se

Investigan en Materia de Agroindustria e Infraestructura.

En oportunidad de la denuncia advertíamos a V.S. que empresas íntimamente

relacionadas con Néstor Kirchner estaban siendo investigadas, tanto en el país como

en el exterior, por el delito de lavado de dinero proveniente de licitaciones

irregulares de obra publica que junto con las facturas ilegales u apócrifas

constituirían el modus operandi para el pago de coimas o el posible “retiro de

ganancias” de algún socio oculto.

Ante esto, no nos sorprendió cuando desde el gobierno de Cristina Kirchner

se promocionó y estimuló la repatriación de capitales generando las condiciones más

propicias para el blanqueo de fondos, que salieron de nuestro país mediante el

lavado de dinero que como tal se lo define como el conjunto de operaciones reñidas

con la ética, con la moral y con la ley mediante la incorporación de dinero

proveniente de actividades ilícitas al circuito económico legal.

Así, el plan anunciado por la Presidente permitió que quienes destinaron los

fondos blanqueados a invertir en las actividades inmobiliarias, agropecuarias, de

infraestructura o industriales tributaran solo el 1%. Por tanto, sin prácticamente

costo alguno, amparada en una necesidad económica generada en parte por la crisis

mundial y en parte por la impericia en las decisiones de gobierno, facilita, entre otras

cosas, el blanqueo de capitales.

Si como todo lo indica, el Gobierno no pusiera ningún reparo por el origen de

los fondos por repatriar, en una especie de amnistía fiscal, se violaría palmariamente

la Ley 25.246 que sustituye el articulo 277 del Código Penal, que en su artículo 2°

establece como delito a quien inc. a "ayudare a alguien a eludir las investigaciones

de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta", inc.e “ quien asegurare o ayudare

al autor o participe a asegurar el producto o provecho del delito”.

El lavado de dinero consiste en un conjunto de métodos cuyo objetivo final es

integrar fondos ilícitos a la economía legal. Es decir, por medio de ciertas técnicas se

procura que tanto el origen del dinero sucio como la identidad de su verdadero

dueño se transformen de tal manera que todo parezca ser el reflejo de una actividad

legítima. Entre las fuentes del lavado de dinero se encuentra la economía informal,

dentro de la cual suelen mezclarse el dinero negro producto de la evasión impositiva

con el dinero sucio nacido de actos delictivos como la corrupción, el proxenetismo,

los tráficos diversos (de armas, drogas, seres humanos, órganos, animales, bienes y/o

mercancías), el terrorismo y demás actividades criminales El lavado se materializa a

través de múltiples mecanismos de infiltración de los fondos ilícitamente obtenidos

en los circuitos financieros y bancarios (por medio de cuentas, giros, bonos, títulos,

transferencias, cheques, etc.), por la utilización de casinos, operaciones

inmobiliarias, etc., los servicios de profesionales especializados, etc.1

Si bien el lavado puede suceder en cualquier lugar del mundo, generalmente

los lavadores buscan los países con menor regulación en el tema. Por eso, uno de los

mayores riesgos para los países en vías de desarrollo es aceptar fondos para sostener

su economía sin tener en cuenta su posible origen ilegal. Así, al ser permisivos con

el ingreso de capitales de cualquier procedencia, corren el riesgo de que el crimen

organizado ingrese a su sistema bancario y legal, infiltrándose luego en las

instituciones financieras hasta lograr el control de éstas o penetrar en el mercado de

capitales y controlar sectores enteros de la economía, afectando también a las

instituciones políticas y la gobernabilidad. Los lavadores prefieren países donde se

estén viviendo experiencias de rápido crecimiento económico porque allí se necesita

dinero y se suelen omitir cuestionamientos de procedencia.

Estos países que están escasos de financiamiento necesitan atraer capitales

que ayuden al proceso y abren el mercado a los capitales especulativos que migran

en dirección de las tasas de interés pagadas superiores a las de una economía estable.

En consecuencia sufren efectos de desestabilización económico-financiera. Sin

embargo, el dinero lavado se integra finalmente en los países industrializados,

macroeconómicamente estables y no en aquéllos donde invierten en el primer

estadio del proceso de lavado.

Todo esto, no resulta menor cuando están vigentes investigaciones judiciales

sobre maniobras de lavado de dinero de proveedores del Estado, cuando un ex

presidente y un actual Ministro están siendo investigados por asociación ilícita,

cuando con fuertes conexiones políticas se encuentran operando en nuestro país 1 Del libro “Lavado de Dinero Problema Mundial” de Carlos Carbonari, publicado por el ISEN- Instituto del Servicio Exterior de la Nación, por Editorial Nuevohacer del Grupo Editor Latinoamericano, 2005

redes del narcotráfico internacional, operaciones éstas que habrían enriquecido sin

antecedentes a funcionarios y seudo empresarios.

Un blanqueo de capitales dejaría las puertas abiertas para diversas

irregularidades amparadas por la urgencia financiera del momento.

La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió, durante el

anuncio de las medidas económicas, que el regreso de dinero enviado al exterior -

en forma legal o ilegal- podría beneficiar a quienes lo consiguieron al margen de la

ley, por lo que quitó esa posibilidad de retorno de capitales a quienes tuvieron

participación en cualquiera de los tres poderes del Estado. Se supone que la

mandataria habló sobre aquellos que hubiesen podido usar sus cargos políticos

para enriquecerse. Pero la idea sirve también para los argentinos anónimos que

viven del comercio ilegal. El riesgo existe.

El escenario para la Argentina no es el mejor por antecedentes. Entre 2002,

fecha en que se reglamentó la ley contra el lavado de dinero, y 2007 fueron

investigados 2851 casos de movimientos sospechosos de divisas por la Unidad de

Inteligencia Financiera (UIF). De ese análisis preliminar pasaron a los tribunales

165 causas. Pero en nuestro país no hay aún ninguna condena por lavado de

dinero. Esa circunstancia fue observada en repetidas ocasiones por los enviados del

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que da asistencia para la lucha

contra el lavado de dinero. 2

6. Las medidas de prueba solicitadas oportunamente que solicito

se produzcan en las presentes actuaciones.

2 Diario La Nacion 26 de noviembre de 2008

En aquella oportunidad, solicité que se produzcan diversos medios de prueba

a los fines de dilucidar la verdad de los hechos. Entre ella se destacaba la solicitud a

la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines que remita información

referida a diferentes sociedades.

Con el objeto de poner luz a los acontecimientos que son de dominio público

y que conmueven a la sociedad argentina, solicito al Sr. Fiscal la que sugiera que se

produzca la siguiente prueba:

- A la Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP):

a- Se requiera al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Daniel

Etchegaray para que aporte los siguientes elementos referidos a las empresas Gotti

S.A., Austral Construcciones S.A., Casino Club S.A., Sucesión de Andelmo

Bancalari, Kank y Costilla S.A., Kank y Costilla S.A. – Gotti S.A. UT, Invernes

S.A., Juan FR. Gancedo S.A., Petersen, Thiele & Cruz, Palma S.A., Oil M & S:

1.1) Informe sobre las investigaciones, fiscalizaciones y determinaciones de oficio

terminadas en los últimos 5 años con indicación de las conclusiones de las

investigaciones y fiscalizaciones finalizadas, así como los montos de

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en facturas presuntamente apócrifas por

ejercicios 2003 a 2007.

1.2) Todo otro motivo de diferencia entre la posición del Fisco Nacional y esas

empresas que se hayan podido relevar, estuvieren o no plasmados en

conceptos y montos reconocidos por los contribuyente.

1.3) Teniendo en cuenta los montos objetivos de punibilidad, sírvase a informar

los períodos en los que, con las meras investigaciones realizadas sobre las

empresas mencionadas en 1) emergen montos que indicarían que se

transforman en causas penal agravadas.

1.4) Detalle de denuncias penales tributarias o provisionales ya interpuestas en

relación a esas empresas, con indicación de fecha de presentación, conceptos

denunciados y montos presuntamente evadidos.

1.5) Informe sobre integración de la participación accionaria de las empresas

mencionadas, indicando además de manera detallada los órganos de

representación y administración de las mismas en los períodos 2003 a 2007,

así como las vinculaciones de cualquier orden que surgen de las bases de

datos de la AFIP, fuere por los profesionales que las asisten o por

informaciones remitidas por las entidades financieras en cumplimiento de las

normas pertinentes emanadas de esa Administración Federal.

1.6) Informe sobre los domicilios fiscales registrados en los últimos 5 (cinco) años

de las empresas y personas físicas mencionadas.

1.7) Informe si, como consecuencia de lo mencionado en el punto 1.1), la AFIP ha

realizado algún reporte de operación sospechosa de lavado de activos en el

marco de los artículos 20 y siguientes de la ley 25.246, respecto a las

empresas mencionadas o de algunos de sus integrantes.

1.8) Informe si, en relación a los sujetos o sociedades mencionadas fue requerida

información a la AFIP por algún órgano jurisdiccional (Poder Judicial-

Ministerio Público), y ,en su caso, tenga a bien hacer saber el número de

causa, carátula y el Juzgado requirente.

2- Requerir al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Daniel

Etchegaray para que aporte los antecedentes tenidos a la vista para promover los

nombramientos del siguiente personal dependiente, a saber:

2.1) Ángel Rubén Toninelli, Director General de la AFIP.

2.2) Carlos Alberto Sánchez, Subdirector General de la Subdirección General de

Operaciones Impositivas de Interior de la AFIP.

2.3) Héctor Alejandro Sartal, Director Regional de la Dirección Regional Comodoro

Rivadavia de la AFIP:

3- Asimismo, requiérase al Administrador de Ingresos Públicos Dr. Ricardo Daniel

Etchegaray a los fines que informe los antecedentes laborales y detalle de cargos

ocupados desde sus ingresos a la AFIP-DGI, como así también copia de sus legajos

personales, antecedentes laborales obrantes en vuestra institución, de los siguientes

funcionarios:

3.1) Ángel Rubén Toninelli.

3.2) Carlos Alberto Sánchez.

3.3) Héctor Alejandro Sartal.

3.4) Horacio Castagnola.

3.5) Jaime Leonardo Mecicovsky.

3.6) Norman Ariel Williams.

4- Requerir al Administrador Federal de Ingresos Públicos Dr. Ricardo Daniel

Etchegaray para que informe si algún profesional de apellido Toninelli ha asistido a

cualesquiera de las empresas mencionadas en la causa Di Biase, en trámite ante el

Juzgado Penal Tributario N° 1, más conocida como SKANSKA S.A..

5- Requerir al Administrador Federal de Ingresos Públicos Dr. Ricardo Daniel

Etchegaray para que informe el destino laboral actual de los agentes Horacio

Castagnola, Jaime Mecicovsky y Norman Williams, y si, la remuneración de los

mismos surgió alguna reducción con posterioridad a sus desplazamientos, con

indicación de monto y porcentaje de la reducción operada.

6- Solicitar al Administrador Federal de Ingresos Públicos Dr. Ricardo Daniel

Etchegaray para que aporte los antecedentes laborales de Carlos Alberto Sánchez, a

quién designare como Subdirector General de la Subdirección General de

Operaciones Impositivas de la AFIP-DGI, en particular la fecha de ingreso a la

AFIP, cuanto tiempo efectivo prestó servicio en la AFIP-DGI, el tiempo neto qu8e

estuvo afectado a otros organismos nacionales, como la Jefatura de Gabinete de

Ministros, mientras Jorge Milton Capitanich Popovich ocupó la titularidad de esa

cartera o el Senado de la Nación, mientras el citado político estuvo en función de

Gobernador.

7- Solicitar al Administrador Federal de Ingresos Públicos Dr. Ricardo Daniel

Etchegaray para que, en función de los antecedentes laborales de Carlos Alberto

Sánchez, a quién designare como Subdirector General de la Subdirección General de

Operaciones Impositivas de Interior de la AFIP-DGI, informe las fechas en que el

citado funcionario prestó servicios en la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el

Senado de la Nación y en la Provincia de Chaco.

7. Petitorio.-

Por todo lo expuesto a V.E., solicito que:

a) Se tenga presente lo manifestado en el presente escrito.

b) Se produzca la prueba propuesta.

PROVEER DE CONFORMIDAD,

SERÁ JUSTICIA.