Manifiesto en defensa de los concejos y las entidades locales menores

(Ciudad de León, a 20 de octubre de 2013)

En el Estado Español existen más de 3700 entidades locales menores, la mayoría en

el norte, siendo leonesas una tercera parte. Sin embargo, nos llamemos Parroquias

Rurales, Pedanías, Juntas Vecinales y Concejos, o Entidades Locales Menores en

general, según nos encontremos en Galicia, León, Asturias, Castilla, Cantabria,

Navarra, Euskadi o en cualquier otro Lugar, todos compartimos una realidad: La Ley

de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local acaba con nuestra

personalidad jurídica a pesar de que el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen

Local y la jurisprudencia dejan claro que la regulación de los concejos es competencia

de las CCAA. y que, leyes aparte, son instituciones tradicionales conformadas

secularmente.

Por este motivo decimos NO A LA SUPRESIÓN DE

LAS ENTIDADES LOCALES MENORES

Esta Ley, que empieza su debate en el Congreso de los Diputados estos días, y que

será defendida por el Diputado del PP por León, Eduardo Fernández, recoge

explícitamente la amenaza de supresión de todas las entidades locales menores,

el expolio de sus bienes comunales, que pasarían a los Ayuntamientos, el control

de la gestión de sus servicios por parte de las Diputaciones o las CC.AA. y la

imposición de un plazo de 3 meses para entregar sus cuentas si no quieren ser

disueltas.

Por este motivo decimos NO A LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS

Si esta Ley se aprobase, una Diputación o una CC.AA. tendría capacidad, en

coordinación con el Ministerio de Hacienda, para decidir cómo se gestionarían los

servicios que ofrecen los Ayuntamientos y las entidades locales menores. Podrán

imponer su privatización si no se cumplen una serie de requisitos que igualmente

nos impondrá el Ministerio de Hacienda.

Por este motivo decimos NO AL EXPOLIO DE LOS BIENES COMUNALES

Las Diputaciones y las CC.AA. en subordinación al Ministerio de Hacienda, podrán

proponer al gobierno autonómico la supresión de las entidades locales menores a las

que, por tener déficit presupuestario, se las podrá obligar a aprobar un Plan económico

Financiero. Denunciamos el agravio consistente en que los ayuntamientos con

déficit presupuestario puedan disolver sus entidades locales menores, cuyo

patrimonio pasará a estos mismos consistorios, mientras los alcaldes culpables de

esa mala gestión conservan sus cargos.

Si esta Ley se aprobase, cada 1 de noviembre los municipios y las entidades

locales menores, ambos por igual, deberán presentar un informe con el “cálculo de

coste efectivo de los servicios que presta”. Los criterios para realizar el cálculo

nuevamente serán impuestos por el Ministerio.

En el caso de un mínimo déficit en cualquiera de estos servicios las entidades

locales menores podrán ser disueltas.

Los Concejos, Pedanías, Juntas vecinales o Parroquias Rurales, que muchas de ellas

se remontan al medievo, recogen un modelo de organización democrática donde el

pueblo reunido en asamblea abierta decide, de un modo directo, como se gestiona y

mantiene el patrimonio común de sus vecinos y vecinas. Este modelo es, sin duda, la

manera más democrática de organizarse que existe en todo el Estado. De hecho, en la

mayoría de estas Entidades, los habitantes de cada pueblo además de votar en las

urnas para elegir los concejales del ayuntamiento, votan en otra urna para elegir al

alcalde pedáneo y los vocales de su Junta Vecinal. Estamos ante una costumbre

hecha norma cuya regulación debe extenderse al funcionamiento de todas las

administraciones, nunca desaparecer o ser amenazada de supresión por ningún

gobierno de turno.

Las Juntas Vecinales son, en gran parte, responsables además de dar servicios a los

pueblos. Como el suministro del agua potable en sus localidades, la gestión de los

cotos de caza, el reparto y recogida de la madera y la leña de los montes de su

propiedad, la administración, prorrateo o alquiler de los pastos de su prados, son

incluso los responsables de los campos santos, e incluso de las escuelas donde aún

se conservan. Podemos afirmar que entre los montes, prados y eras que están bajo el

control y administración de las entidades locales menores, al menos el 55% de la

superficie de la provincia de León están en manos de los concejos, que por otro lado

son propiedad comunal de los vecinos y a nivel estatal son propietarias de 3,5 millones

de hectáreas.

Suprimir las entidades locales menores significaría el mayor expolio hacia manos

privadas del patrimonio público, previo paso por los Ayuntamientos, de la historia. Un

robo premeditado y diseñado para asaltar la democracia que representan y generar

negocio para una banda de especuladores, acabando con el mundo rural.

Las Entidades Locales Menores, además, no tienen deudas y sus alcaldes no cobran

sueldos, su pecado es ser las administradoras de las propiedades y la riqueza

ambiental de los vecinos de sus pueblos.

Por estas razones afirmamos que estamos ante un proceso de vaciado de los

municipios en favor de las Diputaciones, algunas CC.AA. y el sector privado,

donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su nombre, y con ello su

estatus legal de entidades locales.

Lo que significa un ataque incruento a la tradición de nuestros concejos, pedanías y

parroquias rurales, que por derecho, por trabajo y por historia nos pertenece.

Un proceso que debe ser paralizado inmediatamente desde estas premisas:

- Que el régimen de las entidades locales menores, tal y como ha dictaminado el

consejo de Estado, sea esencialmente Autonómico o Foral, y tienen que ser las

comunidades autónomas las que establezcan su régimen jurídico principal.

- Que es esencial mantener el carácter de entidad local, como verdaderas

administraciones públicas territoriales, con plena personalidad jurídica.

- Que es absolutamente inadmisible que se pueda suprimir una entidad local menor

por las deudas o déficit del Municipio en cuyo territorio se encuentre.

- Que es necesario flexibilizar los plazos de rendición de cuentas, simplificando su

formato y procedimiento, integrando estos procesos en un esfuerzo por fomentar y

financiar la modernización y adopción de la Administración electrónica por las

Entidades locales menores.

Nos comprometemos a seguir trabajando de manera horizontal y coordinada, por la

defensa del común y de la autonomía local, por los servicios de calidad, por la

sostenibilidad de nuestro trabajo, avanzando hacia el modelo de concejo abierto,

garantía de participación vecinal y mantenimiento del común.

¡No al expolio de nuestros pueblos!

¡No a la supresión de los Concejos, Pedanías,

Juntas vecinales o Parroquias Rurales!

¡Sí a la democracia y al gobierno del pueblo!