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Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016
1
SERIE: ANÁLISIS DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS
CORRESPONDIENTES A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016
Julio de 2017
CUADERNO 1
DATOS BÁSICOS DE LA PRIMERA ENTREGA DE INFORMES
INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES A LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016
Comisión de Vigilancia
De la Auditoría Superior de la Federación
Unidad de Evaluación y Control
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
2
Datos Básicos FSCP 2016
La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Unidad de
Evaluación y Control <http://uec.diputados.gob.mx> o <www.diputados.gob.mx/UEC>
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
3
Datos Básicos FSCP 2016
Contenido
Presentación .............................................................................................................................................. 5
1. Datos Básicos de los Informes Individuales de Auditorías ............................................................... 7
1.1 Infografía ........................................................................................................................................ 8
1.2 Numeralia de los informes individuales ....................................................................................... 10
1.2.1 Auditorías practicadas.............................................................................................................. 10
1.2.2 Observaciones-acciones emitidas ............................................................................................ 12
1.2.3 Recuperaciones operadas......................................................................................................... 14
1.3 Consideraciones para la labor legislativa ..................................................................................... 15
1.3.1 Implicaciones de la nueva Ley de Fiscalización Superior .......................................................... 15
1.3.2 Propuestas de la ASF de modificaciones y reformas legislativas ............................................. 17
1.3.3 Consideraciones para la conformación del PEF 2018 ............................................................... 22
2. Resultados Relevantes de los Informes Individuales de Auditorías .............................................. 25
2.1 Funciones de Gobierno ................................................................................................................. 25
2.1.1 Sector Hacendario .................................................................................................................... 25
2.1.2 Resto de Sectores de Funciones de Gobierno ........................................................................... 34
2.2 Funciones de Desarrollo Social ..................................................................................................... 51
2.3 Funciones de Desarrollo Económico ............................................................................................. 89
2.4 Gasto Federalizado ..................................................................................................................... 113
ANEXO I. Resumen de auditorías practicadas FSCP 2016 .................................................................... 125
ANEXO II. Resumen de observaciones-acciones FSCP 2016 ................................................................. 129
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
5
Datos Básicos FSCP 2016
Presentación
El presente documento denominado “Datos Básicos de la Primera Entrega de Informes
Individuales de Auditorías correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2016”, fue elaborado por la Unidad de Evaluación y Control (UEC) y tiene por objeto ofrecer a
los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
(CVASF) un informe ejecutivo del contenido de los materiales documentales que conforman la
primera entrega de informes individuales que corresponden a la fiscalización superior de la
Cuenta Pública 2016, entregados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara
de Diputados por conducto de la CVASF, el pasado 30 de junio de 2017.
El documento de referencia consta de dos apartados. El primero, Datos Básicos de los informes
individuales, presenta la numeralia más representativa de la fiscalización superior de la Cuenta
Pública 2016. Consta de una presentación gráfica concisa de la fiscalización realizada, así como
de una referencia algo más detallada de las auditorías practicadas, la cobertura de fiscalización
seguida, las observaciones-acciones emitidas y las recuperaciones determinadas. También se
incluye en este primer apartado, una exposición de los puntos más destacables del documento
complementario a los informes individuales, Consideraciones para la Labor Legislativa, a saber,
implicaciones de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
propuestas de modificaciones y reformas legislativas y consideraciones para la conformación
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
El segundo y último apartado, “Resultados relevantes de los informes individuales, refiere los
hallazgos de mayor impacto encontrados en los resultados de las auditorías practicadas,
organizadas por grupo funcional (Gobierno, Gasto Federalizado, Desarrollo Social y Desarrollo
Económico) para facilitar su lectura y análisis. Como apoyo de información, al final se incluye
un anexo estadístico de las auditorías practicadas y las observaciones-acciones emitidas.
La expectativa de la Unidad es que los legisladores miembros de la Comisión accedan de forma
amigable y ejecutiva a los contenidos de los 502 informes de auditorías que conforman la
primera entrega de la ASF sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016. Se encuentra
en proceso de elaboración una revisión más minuciosa de los informes individuales de las
auditorías practicadas a cada grupo funcional a fin de que la Comisión cuente con material
documental para profundizar en el análisis de los informes individuales, con base en lo
dispuesto en los artículos 44, 45, 81 (fracción III, VII y XV), 82 y 104 (fracción X), de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en vigor.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
1. Datos Básicos de los Informes Individuales de Auditorías
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1, 2, 14, 15, y 35 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, el 30 de junio de 2017 la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) hizo entrega a la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), del primer reporte de informes
individuales de auditorías correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.
Los informes individuales entregados por la ASF presentan los resultados de 502 auditorías que
representan el 27.3% de las 1 mil 836 revisiones programadas, según lo referido en los
materiales documentales adjuntos. A continuación se hace un breve recuento gráfico y
numérico de la fiscalización superior parcial de la Cuenta Pública 2016, así como una exposición
de los principales puntos del documento complementario a los informes, Consideraciones para
la Labor Legislativa.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
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Datos Básicos FSCP 2016
1.1 Infografía
De las 1,836 auditorías programadas para la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la
ASF practicó, en una primera fase, 502 auditorías, equivalente a 27.3% del total1.
Derivado de las auditorías practicadas por el ente fiscalizador, se determinaron 6,491
observaciones que, a su vez, dieron lugar a la promoción de 9,472 acciones.
1 Datos obtenidos de las Consideraciones para la Labor Legislativa de la Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2016, p. 50-52.
35
5
33
6
33
8 42
4 62
7 75
4 96
2
98
7
94
5 1,0
31
1,1
11
1,1
73 1
,41
3 1,6
59
1,6
43
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
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09
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11
20
12
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13
20
14
20
15
20
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AUDITORÍAS PRACTICADAS, 2001-2016
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
502 auditorías practicadas con corte al 30 de junio
1, 836 auditorías programadas
Cumplimiento Financiero, 236,
47.0%Cumplimiento Financiero con Enfoque de
Desempeño, 154, 30.7%
Desempeño, 72, 14.3%
Inversiones Físicas, 40,
8.0%
502 REVISIONES PRACTICADAS EN LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016, 1a ENTREGA
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
Gobierno, 143, 5.9% Desarrollo
Económico, 391, 16.1%
Desarrollo Social, 330, 13.6%
Gasto Federalizado, 1,471, 60.7%
Otras Auditorías, 90, 3.7%
ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN PARCIAL DE LA CUENTA PÚBLICA 20161/
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
R, 645
RD, 471
SA, 140
PRAS, 555
PO, 584
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ACCIONES PROMOVIDAS, 20161/
PEFCF, 73
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
La ASF reporta que, derivado de la primera fase de la fiscalización superior de la Cuenta
Pública 2016, se operaron recuperaciones por 1 mil 581.9 millones de pesos, con corte al
30 de junio de 2017.
En la primera fase de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el mayor número de
irregularidades se presentó en entidades federativas y municipios.
12,333.5
11,504.0
14,428.2
17,688.7
8,557.9
5,293.51,525.2
1,581.9
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
RECUPERACIONES OPERADAS POR LA ASF, 2009-2016(Millones de Pesos)
72,912.9 MDP TOTAL
2010
2012
2014
2013
2011
2015
2009
20161/
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTAL
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 378 1,498 487 0 29 55 458 532 0 1,561
GASTO FEDERALIZADO 367 1,422 473 0 29 0 443 526 0 1,471
Aguascalientes 13 22 10 4 9 23
Baja California 9 79 30 18 32 80
Baja California Sur 6 58 3 3 35 20 61
Campeche 10 47 27 6 14 47
Chiapas 13 61 13 6 3 49 71
Chihuahua 11 39 4 13 22 39
Ciudad de México 13 33 9 13 11 33
Coahuila 10 20 7 4 9 20
Colima 13 26 2 9 15 26
Durango 9 55 8 31 16 55
Guanajuato 7 12 3 10 13
Guerrero 15 45 10 4 35 49
Hidalgo 13 26 2 3 21 26
Jalisco 13 64 31 21 15 67
México 13 67 17 4 33 17 71
Michoacán 12 79 30 2 17 38 87
Morelos 15 44 31 2 5 7 45
Nayarit 11 72 14 1 37 22 74
Nuevo León 18 82 41 27 14 82
Oaxaca 7 34 3 5 9 22 39
Puebla 11 23 6 13 4 23
Querétaro 11 26 24 2 26
Quintana Roo 7 36 2 25 9 36
San Luis Potosí 8 28 3 15 10 28
Sinaloa 13 69 47 9 15 71
Sonora 7 40 3 17 21 41
Tabasco 9 25 12 7 6 25
Tamaulipas 10 54 36 19 55
Tlaxcala 15 16 9 7 16
Veracruz 7 16 3 2 13 18
Yucatán 19 61 24 23 14 61
Zacatecas 12 59 8 43 8 59
Secretarías y Entidades Federales 7 4 4 4
OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 11 76 14 55 15 6 90
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.
ENTIDAD REVISIONES OBSERVACIONES
ACCIONES
OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
10
Datos Básicos FSCP 2016
1.2 Numeralia de los informes individuales
1.2.1 Auditorías practicadas
Derivado de la fiscalización superior parcial a la Cuenta Pública 2016, la ASF reportó la práctica
de 502 auditorías, de las cuales 236 fueron de cumplimiento financiero (47.0% del total); 154
de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño (30.7%); 72 de desempeño (14.3%) y
40 de inversiones físicas (8.0%).
Universo fiscalizado de acuerdo al catálogo de la ASF
Con base en el catálogo de Ramos, Dependencias y Entidades de la ASF, vigente para el Informe
2015 de la ASF, la cobertura de entes públicos fiscalizados de los tres poderes de la nación
(legislativo, judicial y ejecutivo) y órganos autónomos fue de 69 entes públicos, equivalente a
un 21.4% del universo de 322 entes sujetos de fiscalización, los cuales incluyeron: dos entes del
Poder Judicial a quienes se le practicaron tres auditorías; 61 entidades del Poder Ejecutivo a
quienes se les practicó 117 auditorías; y seis órganos autónomos que fueron objeto de 10
revisiones. Considerando adicionalmente a las entidades federativas y la Ciudad de México (32,
que fueron sujetas a 159 auditorías), los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México (153, que fueron objeto de 212 auditorías), así como las instituciones públicas de
educación superior revisadas (una, a la que se le aplicó igualmente una auditoría), la cobertura
de fiscalización total fue de 255 entes fiscalizados, equivalente al 7.7% de un universo posible
de 3 mil 310 entes susceptibles de ser revisados.
Realizadas (%) Realizadas (%) Realizadas (%)
Total 1,659 100.0 1,643 100.0 502 100.0
Desempeño 149 9.0 149 9.1 72 14.3
Financiera con enfoque de desempeño 748 45.1 792 48.2 154 30.7
Evaluación de políticas públicas 8 0.5 8 0.5 0.0
Estudios 5 0.3 15 0.9 0.0
Cumplimiento Financiero 605 36.5 527 32.1 236 47.0
Inversiones Físicas 133 8.0 138 8.4 40 8.0
Forenses 10 0.6 14 0.9 0.0
Situación Excepcional 1 0.1 0.0 0.0
Auditorías 20161/
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
Grupo/TipoAuditorías 2014 Auditorías 2015
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
Cobertura de fiscalización por grupo funcional
Por grupo funcional, se tiene que funciones de Gobierno fue objeto de 41 auditorías a 26
entidades de seis sectores y órganos autónomos. Particularmente, el sector Hacienda y Crédito
Público, que forma parte del grupo funcional Gobierno, fue objeto de 15 auditorías practicadas
a 8 entidades.
Por su parte, funciones de Desarrollo Social fue objeto de 37 revisiones practicadas a 22
entidades agrupadas en cinco sectores y entidades no coordinadas sectorialmente. Por su
parte, el grupo funcional de Desarrollo Económico fue objeto de 46 auditorías que fueron
practicadas a 22 entidades de 11 sectores.
Finalmente, Gasto Federalizado fue objeto de 378 auditorías, que incluye 367 auditorías a los
estados y municipios y otras 11 revisiones de diversa índole a entidades federativas. De las 367
auditorías practicadas a los estados y municipios, 306 correspondieron: 126 a las aportaciones
federales, 102 a convenios de descentralización y 78 a subsidios. Los ámbitos abarcados por
estas 306 revisiones fueron: Salud (98 auditorías), Infraestructura Social Básica (81 auditorías),
Seguridad Pública (94 auditorías) y Saneamiento financiero (33 auditorías). Asimismo, se
efectuaron 28 auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, 28 a
la Participación Social y cinco a Contraloría Social.
En estas 378 auditorías practicadas por la ASF no se realizó fiscalización a las Participaciones, ni
a la deuda de los estados y municipios como lo plantea el nuevo marco legas de la fiscalización.
Sujetos de Auditoría Universo RevisadoAuditorías
Practicadas% de Cobertura
Total de Entidades Fiscalizadas 3,310 255 502 7.7
Entidades Federativas y Ciudad de México 32 32 159 100.0
Municipios y Órganos Político-Administrativos del
Distrito Federal2,462 153 212 6.2
Instituciones Públicas de Educación Superior 494 1 1 0.2
Subtotal 322 69 130 21.4
Poder Legislativo 2 0.0
Poder Judicial 3 2 3 66.7
Poder Ejecutivo: 305 61 117 20.0
Dependencias 21 16 50 76.2
Entidades Coordinadas Sectorialmente 188 28 31 14.9
Entidades No Coordinadas Sectorialmente 10 3 8 30.0
Órganos Desconcentrados 86 14 28 16.3
Órganos Autónomos 12 6 10 50.0
COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
12
Datos Básicos FSCP 2016
El total de auditorías a Gasto Federalizado fueron practicadas de manera directa por la ASF y se
concluyeron las revisiones programadas de seis fondos y programas (FASSA, FAFEF, FORTASEG,
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, Seguro Popular y FORTALECE).
Sectores más auditados en la APF
Dentro de la Administración Pública Federal (APF), los sectores más auditados, por grupo
funcional, fueron: en el grupo funcional de Gobierno, el Sector Hacienda y Crédito Público con
15 auditorías; en funciones de Desarrollo Social, el sector Educación Pública con 12 auditorías;
y en funciones de Desarrollo Económico, el sector Comunicaciones y Transportes con 17
auditorías.
Entidades más fiscalizadas
De la Administración Pública Federal, los entes más auditados por grupo funcional, fueron: en
el grupo funcional de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, ambas con cuatro auditorías. En el grupo funcional de
Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública (nueve auditorías) y el Instituto Mexicano
del Seguro Social (cuatro auditorías). En el grupo funcional de Desarrollo Económico, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (10 auditorías) y la Comisión Nacional de Agua
(ocho auditorías).
Respecto a Gasto Federalizado, las entidades federativas más auditadas fueron: Yucatán, con
19 auditorías practicadas y Nuevo León con 18 auditorías. Por el lado de los subsidios y fondos
fiscalizados en Gasto Federalizado, los más auditados fueron: Subsidio a los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, con 70 auditorías y el
Fondo para el Fortalecimiento de la Estructura Estatal y Municipal, con 45 auditorías.
1.2.2 Observaciones-acciones emitidas
Derivado de las auditorías practicadas con motivo de la revisión parcial de la Cuenta Pública
2016 y con base en la información de la correspondiente Matriz de Datos Básicos, la ASF
determinó 2 mil 087 observaciones que dieron cauce a la promoción de 2 mil 425 acciones, de
las que se cuentan 1 mil 116 acciones preventivas (46.0%) y 1 mil 309 correctivas (54.0%).
Por el lado de las acciones preventivas, se emitieron 645 recomendaciones y 471
recomendaciones al desempeño. Por su parte, de las acciones correctivas, se contabilizaron 555
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
13
Datos Básicos FSCP 2016
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria PRAS; 584 pliegos de
observaciones PO; 140 solicitudes de aclaración SA; 30 promociones del ejercicio de la facultad
de comprobación fiscal PEFCF. No se reportaron multas M.
La ASF no informa acerca del número de denuncias de hechos que presentó ante las instancias
correspondientes. Asevera el titular de la ASF que estas acciones se presentarán, en su caso, en
cualquier momento cuando se cuente con los elementos necesarios para tal efecto, de
conformidad con lo establecido en el marco legal.
Por grupo funcional, las entidades con mayor número de acciones emitidas fueron: en el grupo
funcional de Gobierno, la Policía Federal con 27 acciones promovidas, el Instituto Nacional
Electoral con 13 y el Consejo de la Judicatura Federal con 10 acciones. En el grupo funcional de
Desarrollo Social, la SEP con 105 acciones promovidas (entidad con mayor número de acciones
de la Administración Pública Federal), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas con 32 acciones y SEDESOL junto con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y
la Adolescencia con 25 acciones. En el grupo funcional de Desarrollo Económico, SAGARPA con
74 acciones promovidas, SCT con 73 acciones y CONAGUA con 38 acciones promovidas. En
Gasto Federalizado, la mayor cantidad de acciones se presentó en el estado de Michoacán con
87, seguido de Baja California con 83 y Nuevo León con 82.
Con base en los datos reportados, se tiene que, en promedio, la ASF determinó 4.16
observaciones por auditoría y promovió 4.83 acciones por revisión. Asimismo, la ASF determinó
en promedio, 8.18 observaciones y 9.51 acciones por entidad fiscalizada.
Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos %
Auditorías practicadas 1,413 1,659 1,643 502
Observaciones 8,915 6,346 6,491 2,087
Acciones Promovidas 10,871 100.0 8,245 100.0 9,472 100.0 2,425 100.0
Preventivas 6,902 63.5 3,365 40.8 3,942 41.6 1,116 46.0
R 5,299 48.7 2,233 27.1 2,735 28.9 645 26.6
RD 1,603 14.7 1,132 13.7 1,207 12.7 471 19.4
Correctivas 3,969 36.5 4,880 59.2 5,530 58.4 1,309 54.0
SA 783 7.2 1,207 14.6 377 4.0 140 5.8
PEFCF 57 0.5 75 0.9 73 0.8 30 1.2
PRAS 1,321 12.2 1,871 22.7 2,400 25.3 555 22.9
PO 1,798 16.5 1,639 19.9 2,662 28.1 584 24.1
M 10 0.1 88 1.1 18 0.2 0.0
R. Recomendación.
RD. Recomendación al Desempeño.
SA. Solicitud de Aclaración.
PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
PRAS. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
PO. Pliego de Observaciones.
M. Multa.
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.
OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2013-2016
Concepto2013 2014 2015 20161/
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
14
Datos Básicos FSCP 2016
1.2.3 Recuperaciones operadas
En la Matriz de Datos Básicos se reporta que, respecto de la fiscalización parcial de la Cuenta
Pública 2016, se han obtenido recuperaciones por 1 mil 581.9 millones de pesos (cifra mayor
que los 1 mil 435.5 millones de pesos de recuperaciones operadas reportadas en el IR 2015),
quedando aún por aclarar 21 mil 900.2 millones de pesos, que constituyen las recuperaciones
probables, las cuales sólo pueden hacerse válidas si los entes auditados no presentan la
documentación comprobatoria del gasto observado.
Las recuperaciones operadas que se derivan de los informes individuales correspondientes a la
Cuenta Pública 2016 provienen en su mayor parte del estado de México (1 mil 294.3 millones
de pesos), monto que representa el 81.8% del total recuperado al 30 de junio de 2017. Por
fondo, el 82.4% de las recuperaciones operadas proviene del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (1 mil 303.7 millones de pesos).
A nivel de la Administración Pública Federal, el monto mayor de recuperaciones operadas
proviene de la fiscalización de la entidad Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de
C.V. (20.9 millones de pesos). Cabe señalar que el monto operado de las recuperaciones
equivale a 6.7% de las recuperaciones determinadas.
De manera acumulada, por la revisión de las Cuentas Públicas 2000-2015 más lo reportado en
la Matriz de Datos Básicos de la fiscalización parcial de la Cuenta Pública 2016, se han operado
un total de recuperaciones por 117 mil 169.9 millones de pesos. El monto de recuperaciones
operadas en dicho periodo (2000-2016) representa 15.6% de las recuperaciones determinadas
(752 mil 022.7 millones de pesos).
Cuenta Pública Probables Operadas Determinadas
Total 634,852.7 117,169.9 752,022.7
20161/ 21,900.2 1,581.9 23,482.1
Subtotal 612,952.5 115,588.0 728,540.5
2015 63,606.4 1,525.2 65,131.6
2014 51,833.8 5,293.5 57,127.3
2013 71,737.2 8,557.9 80,295.1
2012 41,738.9 17,688.7 59,427.6
2011 39,811.6 14,428.2 54,239.8
2010 44,522.5 11,504.0 56,026.5
2009 47,397.5 12,333.5 59,731.0
2008 41,788.5 8,879.9 50,668.3
2007 50,809.6 5,464.7 56,274.3
2006 29,416.8 2,914.2 32,331.0
2005 20,148.0 1,916.2 22,064.1
2004 22,116.7 7,087.1 29,203.8
2003 4,344.4 2,768.1 7,112.5
2002 72,897.0 964.5 73,861.4
2001 8,695.7 11,097.1 19,792.7
2000 2,087.9 3,165.5 5,253.4
RESUMEN DE RECUPERACIONES DETERMINADAS 2000-2016, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017 (Millones de Pesos)
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
15
Datos Básicos FSCP 2016
1.3 Consideraciones para la labor legislativa
La entrega de los informes individuales se acompañó de un documento complementario a
manera de introducción para el análisis de los informes, denominado Consideraciones para la
labor legislativa, sobre el cual a continuación se exponen algunos de los temas de mayor
relevancia:
1.3.1 Implicaciones de la nueva Ley de Fiscalización Superior
Segmentación de los informes individuales. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la mecánica y los tiempos para comunicar
a la Cámara de Diputados los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública se vuelve más
oportuna y dinámica, propiciando una mayor posible utilidad al trabajo legislativo, ya que al
segmentarse las entregas de los informes, se facilita la profundización en el análisis de los
resultados de las auditorías, se hace ´más útil la fiscalización en el proceso de determinación
del PEF y permite el origen de propuestas de reformas normativas. Un área de oportunidad en
la que se encuentra trabajando la ASF es la de priorizar para las entregas de junio y octubre, los
temas que pudieran tener mayor impacto en las tareas de los diputados, como ha sido solicitado
por los legisladores de la CVASF.
Además, con la notificación más oportuna del respectivo informe individual a las entidades
auditadas, quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones a
las que haya habido lugar, lo que permitirá, por ejemplo, acelerar los tiempos para la
solventación de algunas de las observaciones o el inicio de acciones, como el caso de los
procedimientos resarcitorios.
Ampliación del universo auditable. La nueva Ley hace posible la ampliación considerable del
universo fiscalizable al incorporar la revisión de las particiones (que serán presentadas a partir
de la segunda entrega de informes individuales) y del cumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las entidades federativas y los municipios. Con independencia de los Convenios
celebrados con las entidades de fiscalización superior locales (EFSL), es posible la realización de
auditorías en forma directa por parte de la ASF, si las EFSL no son confiables. Por esta sólida
razón se torna indispensable que la ASF incorpore en su programa de fiscalización un conjunto
de auditorías especiales o de desempeño de las EFSL.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
16
Datos Básicos FSCP 2016
Cancelación de los principios de anualidad y posterioridad. Los conceptos de anualidad y
posterioridad quedan superados por las nuevas atribuciones otorgadas a la institución para
fiscalizar el ejercicio en curso o ejercicios anteriores cuando se presenten denuncias ante la
Cámara de Diputados, la CVASF o directamente ante la ASF. Cuando se presuma un manejo,
aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, las unidades auditoras de la ASF
deberán elaborar un Dictamen Técnico con base en el cuál, el Auditor Superior autorizará, en
su caso, la revisión correspondiente.
Para alinear más estrechamente la visión fiscalizadora de la ASF como órgano técnico de la
Cámara de Diputados, con la propia Legislatura es indispensable contar con mecanismos
institucionales eficaces y eficientes que maximicen la actividad fiscalizadora. Un ejemplo de lo
anterior será la promoción de una iniciativa legislativa por parte de la CVASF, con el apoyo de
la Comisión de Transparencia, para que con el 33.0% de las firmas de Diputados sea vinculatorio
que la ASF realice una auditoría sobre un tema relevante de corrupción o ineficiencia
gubernamental como es usual en las mejores prácticas institucionales.
Mayor impacto en la gestión de los entes auditados. Un elemento es la formalización de la figura
de las “recomendaciones acordadas” entre la parte auditora y la auditada que se señala en el
artículo 42 de la LFRCF, lo que permitirá un consenso para la definición de las recomendaciones
y los mecanismos para su atención. Ello constituye un cambio sustancial en los canales de
comunicación existentes y un sustento a la concepción de que la ASF es un aliado estratégico y
no una instancia ajena a los intereses del auditado.
Otro aspecto positivo es el de los cambios previstos en el procedimiento de notificación de los
pliegos de observación al ente revisado, que darán un mayor dinamismo a la presentación de
información adicional que permita su solventación, agilizándose el proceso para definir las
acciones subsecuentes que deban emprenderse en el caso de que las observaciones no hayan
sido debidamente atendidas, por lo que las consecuencias jurídicas y administrativas de las
mismas surtirán efecto con mayor oportunidad, contribuyendo, de esta manera, a aminorar las
posibles afectaciones a la hacienda pública.
Debido a que las auditorías sobre participaciones federales deben tomar como referencia la
legislación local para determinar observaciones, será posible impulsar que los marcos legales
de las entidades federativas se alineen a los criterios existentes a nivel federal en las áreas de
adquisiciones, obra pública e, inclusive, responsabilidad hacendaria, por mencionar algunas.
Por último, con la facultad otorgada a la ASF para generar informes acerca del desempeño de
las EFL, en el contexto de la fiscalización de las participaciones federales, será posible que la
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
17
Datos Básicos FSCP 2016
ASF encabece el reordenamiento de la fiscalización superior en el país; conforme este proceso
se consolide, deberá traducirse en cambios estructurales en la gestión gubernamental a nivel
subnacional y local. Por esta razón, la Unidad de Evaluación y Control recomienda a la CVASF
que solicite el subprograma de fiscalización de las Participaciones Federales y de la deuda de
las entidades federativas y de los municipios.
Fiscalización superior y Sistema Nacional Anticorrupción. En esencia, con la nueva estrategia se
pretende establecer un marco de control que desincentive la corrupción a través de la
detección de los riesgos en la operación de los entes públicos, la identificación de áreas
vulnerables a los mismos, y la aplicación de medidas preventivas y correctivas que limiten la
posibilidad de explotar las debilidades existentes y eleven, de manera sustancial, el costo de
actuar de manera irregular. El objetivo de alcanzar con una institución de fiscalización superior
robustecida implicará propiciar las siguientes condiciones: (1) dotar a las EFL con atribuciones
legales similares a las de la ASF, que las conviertan en instituciones pares en cuanto a sus
capacidades y mandatos; (2) sostener una interacción y comunicación constantes con los
diputados, los propios entes auditados, las distintas instancias de participación ciudadana,
medios de comunicación y formadores de opinión que permitan comprender el alcance y los
límites de su labor; (3) garantizar la existencia de cuadros de auditores profesionales
comprometidos, tanto con el cumplimiento de sus labores técnicas como con la integridad, y
(4) incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de auditoría
y en el intercambio eficiente de datos.
Adicional a lo anterior, la ASF debe mantener estrecha alianza institucional para el intercambio
de datos entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción a efecto de
incrementar la efectividad del combate a la corrupción.
1.3.2 Propuestas de la ASF de modificaciones y reformas legislativas
La ASF distingue siete temas genéricos que son recurrentes en las inquietudes de los
legisladores. De ahí infiere las correspondientes modificaciones a los ordenamientos legales:
Recurrencia de observaciones e irregularidades en los tres órdenes de gobierno. La socialización
de la ineficacia e ineficiencia en el ambiente organizacional tuvo su origen en fallas de control,
que son responsabilidad de la dirigencia de las instituciones. La solución va encaminada a crear
un entorno organizacional que conduzca al funcionario a apegarse a una serie de
procedimientos y mecanismos que puedan ser controlados y que se traduzcan en el
cumplimiento de las metas institucionales, por encima de las inclinaciones y objetivos
individuales, esto es, a implementar sistemas de control interno para prevenir la materialización
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
18
Datos Básicos FSCP 2016
de riesgos que podrían comprometer el logro efectivo de los objetivos institucionales, así como
afectar el correcto ejercicio de los recursos públicos. La propuesta de la ASF a la Cámara de
Diputados va en el sentido de que la observancia de los lineamientos de control interno que se
definan en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización, forme
parte de las disposiciones generales en el articulado del Presupuesto de Egresos de la Federación
y que, por consiguiente, sean aplicables a todos los entes que ejerzan los recursos asignados en
el presupuesto, es decir, se incluyen a los tres órdenes de gobierno.
Por su parte, la Unidad de Evaluación y Control recomienda a la CVASF que solicite un reporte
especial (separata) en el Informe Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente,
sobre los factores determinantes de las irregularidades recurrentes observadas, lo cual
permitirá enfrentar esta problemática.
Impacto del Gasto Federalizado. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas FAFEF) tiene como objetivos fortalecer las finanzas públicas y fondear
obras y acciones que apoyen el crecimiento económico, desarrollo social y servicios públicos de
los estados. La ASF ha determinado que, a pesar de que el FAFEF representa un apoyo
importante para el financiamiento del servicio de la deuda pública de las entidades federativas,
los recursos se utilizan para resarcir el monto pagado para estos efectos con las participaciones
federales. Esto afecta la transparencia de la gestión del fondo y dificulta su trazabilidad. La
propuesta de la ASF a la Cámara de Diputados es la de plantear cambios específicos en distintas
fracciones del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal:
En la fracción I, incluir que los estudios, elaboración y evaluación de proyectos,
supervisión y control, deben referirse a las obras de infraestructura financiadas con los
recursos del fondo. Asimismo, precisar el alcance del concepto de Infraestructura física,
para lo cual se propone que en ésta se consideren las obras referentes a: las
infraestructuras artística y cultural, deportiva, educativa, social y vial y urbana.
En la fracción II, especificar que la utilización del FAFEF para el saneamiento financiero
debe constreñirse al pago de la amortización de la deuda pública y los gastos asociados
a la misma, de manera directa, en porcentajes a ser determinados. Asimismo, se propone
que se precise el concepto de “acciones de saneamiento financiero”.
En la fracción III, especificar que el saneamiento de pensiones se realizará mediante el
pago de la nómina de jubilados y pensionados. Por su parte, en cuanto a la reforma del
sistema de pensiones de los estados, se sugiere que se señale que un porcentaje por
definirse del fondo, se destine a incrementar las reservas actuariales.
En las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, establecer un porcentaje para asignar recursos a los
rubros indicados en cada una de ellas.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
19
Datos Básicos FSCP 2016
En la fracción IX, especificar que el financiamiento de pago a estudios, proyectos,
supervisión, liberación del derecho de vía y otros bienes y servicios, se debe relacionar
exclusivamente con las obras financiadas con recursos del fondo.
En el último párrafo del citado artículo, incluir como salvedades de su destino para
erogaciones de gasto corriente o de operación, los casos previstos, expresamente, en las
fracciones I y III.
En adición a lo anterior, la UEC recomienda incorporar un capítulo de transparencia, tanto de
las amortizaciones de la deuda pública, como de los costos de la reestructuración, y
transparentar el pago de dicha reestructura y las comisiones de la misma, así como los nombres
de los comisionistas, directos e indirectos.
Oportunidad en el Gasto Federalizado. La ASF determinó que una de las causas que explica el
incumplimiento de los objetivos de los diversos fondos y programas que integran el Gasto
Federalizado se vincula con la falta de oportunidad en el ejercicio de los recursos, lo que a su
vez es generado por una ministración tardía por parte de las tesorerías estatales.
La propuesta de la ASF a la Cámara de Diputados para mejorar el marco de actuación de todos
los fondos y programas del Gasto Federalizado, va en el sentido de plantear un cambio a la LGCG
en los siguientes términos:
En el artículo 69, quinto párrafo, incluir la disposición de que las tesorerías estatales
ministren los recursos provenientes de la Federación, a los entes ejecutores, dentro de
los cinco días hábiles posteriores a su recepción.
La UEC propone agregar en esta propuesta que la violación de esa normativa implique sanciones
punitivas severas, sujetas a un dictamen de la ASF.
Mejora de prestación de servicios ciudadanos. Con el objeto de que se asegure que el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuente con un cuerpo permanente de profesionales,
calificado y especializado en las actividades que les corresponden y que contribuya a mejorar la
prestación de los servicios, en beneficio de los derechohabientes, la ASF propone a la Cámara
de Diputados que en Ley del Seguro Social (LSS) se modifique el artículo 286- G, con el fin de
establecer un mayor alcance en el Sistema de Profesionalización y Desarrollo del Personal, para
que incluya a los trabajadores con actividades sustantivas.
Participación social en la vigilancia del gasto. La participación ciudadana no ha alcanzado un
nivel de institucionalización generalizado, en parte, debido a que su marco normativo es
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
20
Datos Básicos FSCP 2016
disperso, carece de integralidad y su implementación está sujeta, en muchos casos, a la
discrecionalidad de autoridades y funcionarios. Además su tratamiento normativo es laxo y
opcional. En consecuencia la ASF propone a la Cámara de Diputados:
Emitir una Ley General de Participación Social, que impulse y fortalezca el proceso
participativo de la ciudadanía en la gestión, seguimiento, vigilancia y evaluación de los
recursos públicos.
Que en la Ley General de Educación (LGE) se modifique el artículo 65, fracción VII, con
el fin de establecer la obligación de las autoridades educativas en las entidades
federativas de entregar a los Consejos Escolares de Participación Social, al inicio del ciclo
escolar y a la mitad de éste, la información relativa a las plantillas de docentes que
laboran en cada uno de los planteles, adicionalmente a la obligación de hacer pública
dicha información.
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado (SED-GF). El avance que se tiene
actualmente en la implementación y operación del SED-GF es todavía limitado en los gobiernos
estatales y los municipales, por lo que es fundamental desarrollar estrategias para su
fortalecimiento. Por lo tanto, la ASF propone realizar modificaciones a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en los siguientes artículos:
En el artículo 85, fracción I, se propone señalar que la SHCP y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) serán responsables de coordinar
el proceso de implementación y desarrollo del SED sobre los recursos federales
transferidos. La coordinación deberá abarcar a los gobiernos locales, así como a las
dependencias federales responsables de los fondos y programas.
En el artículo 111, segundo párrafo, se sugiere establecer que el SED será obligatorio
para los ejecutores de gasto, así como para las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
La Unidad de Evaluación y Control propone considerar estas modificaciones como estratégicas
para la labor fiscalizadora.
Impacto ambiental. La ASF identificó que las plagas y enfermedades forestales representan un
gran riesgo para asegurar la protección de los ecosistemas, la provisión de los servicios
ambientales y la productividad del sector. En consecuencia la ASF propone que en el artículo
121 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) se establezca la obligación de
los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales, así como
los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales de informar a la
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
21
Datos Básicos FSCP 2016
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre la conclusión de los
trabajos de saneamiento forestal.
A continuación se especifican en un cuadro-resumen las propuestas de modificaciones y
reformas legislativas que hace la ASF a la Cámara de Diputados, derivadas de la primera entrega
de informes individuales de auditorías correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2016:
Ordenamiento Jurídico Disposiciones Propuesta Contribución
Presupuesto de Egresos
de la Federación
Disposiciones
generales
• Incorporar la observancia de los l ineamientos de
control interno7 como parte de las disposiciones
generales en el articulado del PEF, y que éstos sean
aplicables a todos los entes (en los tres órdenes de
gobierno) que ejerzan recursos asignados en el
presupuesto.
Fomentar una gestión basada en riesgos, con enfoque en
la prevención, detección y disuasión de actos irregulares,
así como asegurar razonablemente el cumplimiento de los
objetivos.
Artículo 47,
Fracción I
• Incluir que los estudios, elaboración y evaluación de
proyectos, supervisión y control, deben referirse a las
obras de infraestructura financiadas con los recursos del
FAFEF.
Artículo 47,
Fracción II
• Especificar que la util ización del FAFEF para el
saneamiento financiero debe constreñirse al pago de la
amortización de la deuda pública y los gastos asociados
a la misma, de manera directa, en porcentajes a ser
determinados por la H. Cámara de Diputados. • Precisar
el concepto de “acciones de saneamiento financiero”.
Artículo 47,
Fracción III
• Especificar que el saneamiento de pensiones se
realizará mediante el pago de la nómina de jubilados y
pensionados. • En cuanto a la reforma del sistema de
pensiones de los estados, se sugiere señalar que un
porcentaje por definirse del FAFEF, se destine a
incrementar las reservas actuariales.
Artículo 47,
Fracciones IV, V,
VII y VIII
• Establecer un porcentaje para asignar recursos a los
rubros indicados en cada una de estas fracciones.
Artículo 47,
Fracción IX
• Especificar que el financiamiento de pago a estudios,
proyectos, supervisión, l iberación del derecho de vía y
otros bienes y servicios, se deben relacionar,
exclusivamente, a las obras financiadas con recursos del
fondo.
Artículo 47,
Último párrafo
• Incluir como salvedades de su destino para erogaciones
de gasto corriente o de operación los casos previstos,
expresamente, en las fracciones I y III.
Ley General de
Contabilidad
Gubernamental
Artículo 69,
Quinto Párrafo
• Incluir que las tesorerías estatales ministren los
recursos provenientes de la Federación, a los entes
ejecutores, dentro de los cinco días hábiles posteriores a
su recepción.
Favorecer el cumplimiento de los objetivos de los fondos
y programas del Gasto Federalizado.
Ley del Seguro Social Artículo 286-G
• Establecer un mayor alcance en el Sistema de
Profesionalización y Desarrollo del Personal, para que
incluya a los trabajadores con actividades sustantivas.
Mejorar la calidad de los servicios que otorga el IMSS, en
beneficio de sus derechohabientes.
Ley General de
Participación Social Nueva ley
• Impulsar y fortalecer el proceso participativo de la
ciudadanía en la gestión, seguimiento, vigilancia y
evaluación de los recursos públicos.
Evitar la dispersión del marco normativo existente.
Ley General de
Educación
Artículo 65,
Fracción VII
• Establecer la obligación de las autoridades educativas
estatales de entregar a los Consejos Escolares de
Participación Social, al inicio del ciclo escolar y a la
mitad de éste, la información relativa a la plantil la de
docentes que laboran en cada uno de los planteles,
adicionalmente a la obligación de hacer pública dicha
información.
Lograr un mayor acercamiento entre el gobierno y los
órganos de participación ciudadana sobre la calidad de
los servicios educativos.
Participación social en la vigilancia del gasto
Recurrencia de observaciones e irregularidades en los tres órdenes de gobierno
Impacto del Gasto Federalizado
El rediseño normativo del FAFEF permitirá que su
aplicación sirva para los objetivos que fue creado, sin
dar lugar a ambigüedades. Reducir la discrecionalidad,
en la priorización de proyectos según el impacto
esperado y a la trazabilidad de los recursos.
Ley de Coordinación
Fiscal
Mejora de prestación de servicios al ciudadano
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
22
Datos Básicos FSCP 2016
1.3.3 Consideraciones para la conformación del PEF 2018
Los resultados de doce auditorías de desempeño sirven como fundamento para que la ASF
presente a la H. Cámara de Diputados una serie de sugerencias para que sean consideradas en
la conformación del PEF 2018. Dichas propuestas se agrupan en siete apartados: (1) educación
media superior, (2) educación superior, (3) desarrollo urbano, (4) protección social a grupos
vulnerables (5) ciencia, tecnología e innovación (6) asuntos laborales y (7) gestión del agua:
Educación media superior
Se sugiere que en el PEF se disponga que los subsidios aprobados a las instituciones de
educación media superior para la expansión de la oferta educativa no podrán ser
afectados, a fin de coadyuvar al cumplimiento de la meta del 80% de la cobertura
educativa establecida en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, así como la
cobertura total establecida en la Carta Magna (auditoría involucrada: 142-DS).
Se sugiere que en la aprobación del PEF, se incluya un programa presupuestario para
destinar recursos al pago de servicios personales para la operación de los servicios de
educación media superior (auditorías involucradas: 161-DS y 162-DS).
Se sugiere que los recursos aprobados para apoyar el equipamiento de planteles, contar
con personal docente suficiente y actualizado, así como para disponer de planes y
programas educativos actualizados sean ejercidos en esos rubros y, con ello, avanzar en
el cumplimiento de la meta del 80% de cobertura educativa establecida en el Programa
Ordenamiento Jurídico Disposiciones Propuesta Contribución
Artículo 85,
fracción I
• Señalar que la SHCP y el CONEVAL serán responsables de
coordinar el proceso de implementación y desarrollo del
SED sobre los recursos federales transferidos. La
coordinación deberá abarcar a los gobiernos locales, así
como a las dependencias federales responsables de los
fondos y programas.
Artículo 111,
segundo párrafo
• Establecer que el SED será obligatorio para los
ejecutores de gasto, así como para las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México en lo que corresponde a los recursos
federales que les sean transferidos.
Ley General de
Desarrollo Forestal
Sustentable
Artículo 121
• Establecer la obligación de los ejidatarios, comuneros y
demás propietarios o poseedores de terrenos forestales,
así como los titulares de autorizaciones de
aprovechamiento de recursos forestales de informar a la
SEMARNAT sobre la conclusión de los trabajos de
saneamiento forestal.
Generar información relevante para la H. Cámara de
Diputados y la sociedad en general, respecto al
cumplimiento de las normas instituidas por el Estado
mexicano, para efectos de conservación de los recursos
naturales.
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
7/ Se refiere al MICI, revisado y aprobado por la ASF y la SFP, como parte de los trabajos del SNF.
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado
Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria
Fortalecer la implementación del SED en las entidades
federativas.
Impacto ambiental
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
23
Datos Básicos FSCP 2016
Sectorial de Educación 2013-2018, así como en la cobertura total prevista en la Carta
Magna (auditorías involucradas: 161-DS y 162-DS).
Educación superior
Se sugiere que en el PEF se disponga que los subsidios aprobados a las instituciones de
educación superior para la expansión de la oferta educativa no podrán ser afectados, a
fin de coadyuvar al cumplimiento de la meta de alcanzar al menos el 40 por ciento de
cobertura educativa, prevista en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa
Sectorial de Educación 2013-2018 (auditoría involucrada: 143-DS).
Desarrollo Urbano
Se sugiere que en la aprobación del PEF se disponga que los recursos federales para la
conducción de la política pública del desarrollo urbano y ordenamiento territorial sean
ejercidos para atender efectivamente el mandato de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU; auditoría
involucrada: 385-DE).
Se sugiere que en la asignación del presupuesto se considere la gestión por resultados y
se fortalezca la intervención de los órganos internos de control, para la comprobación
del ejercicio de los recursos (auditorías involucradas: 386-DE; 387-DE; 388-DE).
Protección social a grupos vulnerables
Se sugiere que en la aprobación del PEF se incluyan recursos para integrar el Registro
Único Obligatorio de las instituciones públicas y privadas que otorgan servicios a la
población adulta mayor, a fin de contribuir a garantizar la regulación de todos los
centros de atención para mejorar sus instalaciones, elevar la calidad de la prestación de
los servicios y profesionalizar al personal y, con ello, incidir en el desarrollo humano
integral de este segmento de la población (auditoría involucrada: 274-DS).
Se sugiere que en el PEF se incorpore, como prioridad para la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el fortalecimiento de la coordinación de la política
pública en el país, a efecto de que cumpla su mandato de orientar, coordinar, dar
seguimiento y evaluar los programas y proyectos que las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal (APF) desarrollen en materia indígena, así como con
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
24
Datos Básicos FSCP 2016
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios (auditoría involucrada:
277-DS).
Ciencia, tecnología e innovación
Se sugiere que la asignación de los recursos presupuestarios para proyectos de
infraestructura multianuales se base en sus avances físicos financieros y, con ello, lograr
que se concluyan de manera oportuna (auditoría involucrada: 337-DE).
Asuntos laborales
Se sugiere que la H. Cámara de Diputados considere, para la conformación del PEF 2018,
que los recursos asignados a las funciones de inspección, en el ejercicio 2016, fueron
reasignados, observando la normativa aplicable, para otros fines, pero afectando al
mismo tiempo el cumplimiento de los objetivos originalmente previstos y aprobados
por esta soberanía (auditoría involucrada: 378-DE).
Gestión del agua
Se sugiere que en la asignación de recursos, en el PEF 2018, para la atención del
problema del agua se tome en cuenta que el recurso hídrico es considerado como
estratégico y está calificado como un asunto de seguridad nacional (auditoría
involucrada: 415-DE).
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
25
Datos Básicos FSCP 2016
2. Resultados Relevantes de los Informes Individuales de Auditorías
En este apartado se presentan los principales hallazgos de los resultados de los informes
individuales organizados por grupo funcional (Gobierno, Funciones de Desarrollo Social,
Funciones de Desarrollo Económico y Gasto Federalizado), a fin de facilitar el análisis de la
primera fase de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.
2.1 Funciones de Gobierno
2.1.1 Sector Hacendario
SHCP. “Evaluación del Marco Institucional para la Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios”. Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño. No. 39. Objetivo. Fiscalizar el Registro Público Único, el Sistema de Alertas Tempranas y la determinación de los Techos de Financiamiento Neto de los Gobiernos Locales; así como las estrategias de ajuste fiscal, los términos y condiciones de los Convenios asociados al Financiamiento Público Local con Garantía de la Federación, de conformidad con las disposiciones aplicables. Mejorar el seguimiento y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales. Propuestas de la ASF. Que la SHCP elabore el reglamento de la LDFEFM y que incluya:
Que el balance primario tenga una tendencia constante o superavitaria en términos reales; que el saldo total de la deuda pública se mantenga en tendencia constante o decreciente. Ambos como proporción del PIB Estatal.
Definir los elementos prácticos para determinar la capacidad de pago de las entidades y municipios, y sus entes públicos, con base en una proyección confiable y en la programación del balance primario, del flujo de recursos de la tesorería, de las amortizaciones y del costo financiero de la deuda y demás obligaciones financieras y pasivos.
La capacidad de pago proyectada deberá ser presentada por el Ejecutivo al Congreso local, mediante la Secretaría de Finanzas o equivalente, como parte de la información que fundamenta la solicitud de autorización de más deuda o financiamiento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisará que dicha capacidad de pago sea definida objetivamente en los convenios previstos en la ley, y realizará el seguimiento y la evaluación de acuerdo con las disposiciones aplicables, el sistema de alertas y la información del Registro Público Único.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
26
Datos Básicos FSCP 2016
Los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo deberán cubrir exclusivamente necesidades por insuficiencia de liquidez de carácter temporal, las cuales no podrán corresponder a gasto corriente, en ningún caso.
Establecer que, bajo un esquema de coordinación y con independencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas, un grupo de expertos contará con las facultades y la capacidad técnica para colaborar con las proyecciones de las finanzas públicas, la deuda pública, la capacidad de pago y la sostenibilidad de las finanzas públicas, en apoyo a los procesos de aprobación de la ley de ingresos, del endeudamiento y del presupuesto de egresos.
Definir los criterios y las metodologías para medir la sostenibilidad de las finanzas públicas incluyendo deuda pública y los pasivos y obligaciones financieras que no se consideren constitutivas de deuda pública, como las asociaciones público-privadas y otros instrumentos de financiamiento del gasto público.
Tener indicadores complementarios para una perspectiva comprensiva, en los que no se incluya el financiamiento en la medición de los balances presupuestario y presupuestario de recursos disponibles. En la determinación de límites a las obligaciones de corto plazo no considerar las fuentes de pago ya comprometidas o que tienen un destino o fin definido legalmente.
Prever que la SHCP, y su equivalente de las entidades federativas y los municipios, elabore y publique en la cuenta pública y en los informes trimestrales previstos en las disposiciones aplicables, una evaluación de los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas incluyendo los compromisos y obligaciones financieras que no se consideran constitutivas de deuda pública en la LDFEFM, como las asociaciones público-privadas y otros instrumentos para el financiamiento del gasto público.
Normar operacionalmente los procesos de entrega-recepción de la Tesorería en la transición de gobierno en las entidades federativas y los municipios. Reforzar las disposiciones y los mecanismos institucionales en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Asegurar el adecuado registro de las obligaciones financieras y los pasivos con proveedores y contratistas en complemento a la información del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Dictamen: Cumplió excepto por.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 47. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las aportaciones y la aplicación de recursos del fondo, así como evaluar el ejercicio de las coberturas petroleras adquiridas por el Gobierno Federal con recursos del fondo, a fin de comprobar que las operaciones se efectuaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas Acumulación de recursos del FEIP en 2016. En el año fiscal revisado por la ASF, el FEIP ingreso recursos por 138 mil 44.5 millones de pesos, de los cuales 50.6% provinieron del Remanente de Operación de Banxico, y 38.8% se originaron en las recuperaciones de ingresos por la cobertura petrolera que se motivaron por la caída del precio del petróleo de la mezcla mexicana. EL Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) aportó 19 mil 693 millones de pesos. Del monto de recursos del FEIP por 53 mil 737.6 (29.9%) se transfirieron al gobierno para compensar la pérdida de ingresos petroleros por la reducción del precio de la mezcla mexicana de exportación, asimismo se utilizaron recursos del FEIP para las operaciones de cobertura de precios del ejercicio 2016-2017 por 19 mil 016.3 millones de pesos, el 10.6% de los egresos. El Fondo FEIP acumuló recursos por 106 mil 606.4 millones de pesos, que representaron respectivamente el 77.0% de los ingresos del Fondo, y el 59.44% de los egresos.
Indeterminación de la fiscalización superior sobre el cumplimiento de las aplicaciones del Remanente Operativo de Banxico en términos de lo dispuesto por el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reformado el 18 de noviembre de 2015. Esta normativa establece que el 70 por ciento del Remanente Operativo de Banxico debe aplicarse a disminuir la deuda del gobierno federal, y el 30 por ciento restante a fortalecer el FEIP o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal.
ConceptoIngresos o
Entradas
Distribución
(%)Concepto
Egresos o
salidas
Distribución
(%)
Remanente de operación
de Banxico 201570,000.00 50.56
Depósito del FEIP al
gobierno por
Recuperaciones de la
cobertura petrolera
53,737.61 29.96
Recuperaciones de la
cobertura petrolera53,737.61 38.82
Compra de cobertura
petrolera (2016-2017)19,016.31 10.6
Transferencias del Fondo
Mexicano del Petróleo
para la Estabilización y el
Desarrollo (FMP),
10,693.03 7.72 Honorarios pagados 0.38 0
Intereses ganados 4,013.86 2.9Inversión financiera
más intereses106,606.46 59.44
Total 138,444.50 100 Total 179,360.76 100
Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF.
EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS DE RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN
DE LOS INGRESOS PETROLEROS (FEIP), 2016
(Millones de Pesos)
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
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Datos Básicos FSCP 2016
La ASF no determinó de manera explícita si el gobierno aplicó el 70% de los ingresos obtenidos por el remanente operativo de Banxico a la disminución de la deuda del gobierno federal. En su lugar señaló lo siguiente: “El producto de las coberturas petroleras permitió enterar 107 mil 512.0 millones de pesos al Gobierno Federal para compensar parte de la disminución de los ingresos petroleros, de conformidad con el artículo 1°, párrafo décimo sexto, de la Ley de Ingresos de la Federación de 2015”. Pérdida cambiaria en el proceso de traspaso por el FEIP de los recursos de la cobertura petrolera al gobierno federal. La ASF constató una pérdida cambiaria experimentada por el gobierno por 838.3 millones de pesos por el riesgo materializado en el periodo (7 de diciembre de 2016 y el 13 de diciembre de 2016) en que recibió los recursos el gobierno de parte del FEIP. Inversión de recursos del FEIP en instrumentos financieros (pagaré) al no corroborarse disminución de ingresos fiscales en el 2016. La SHCP, informó que el monto invertido en el pagaré por 106 mil 209.5 millones de pesos se determinó en virtud de que para el cierre del ejercicio fiscal 2016 los datos indicaban que no habría una disminución de los ingresos del Gobierno Federal, y por lo tanto, no se presentarían las condiciones señaladas en la normativa vigente para compensar dicha disminución con recursos del FEIP. La ASF constató que la inversión por 106 mil 209.5 millones de pesos fue registrada como parte de la deuda interna del Gobierno Federal. La inversión en este pagaré con vencimiento a 90 días no contravino la normatividad vigente. Sin embargo, la ASF determinó que hubo un financiamiento a la TESOFE, con recursos del fondo, que fueron utilizados para un fin distinto al objetivo del FEIP, de acuerdo con las facultades discrecionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Contratación de cobertura para asegurar un precio mínimo de venta del petróleo mexicano de exportación para el ejercicio 2016-2017. El Comité Técnico del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), cubrió a través de 46 operaciones ejecutadas por Banco de México 250 millones de barriles, durante 2016, para el ciclo Noviembre de 2016 noviembre de 2017 distribuidas en siete agentes financieros. Por la contratación de dichas operaciones se ejerció un total de 19 mil 016.3 millones de pesos. El precio de ejercicio promedio ponderado (importe asegurado) de las operaciones fue de 38.0 dólares por barril. Incremento en el saldo de la reserva del FEIP sin exceder el límite establecido en la normativa aplicable. El saldo inicial de la reserva del FEIP fue de 36 mil 729.2 millones de pesos, el saldo final ascendió a 98 mil 405.5 millones de pesos. La ASF comprobó que la reserva por 98 mil 405.5 millones de pesos, no excedió el límite previsto en la ley, de 231 mil 460.2 millones de pesos. Resultados de la cobertura petrolera del ciclo 2015-2016. Como parte de la implementación de la estrategia, durante 2015 los términos de la cobertura fueron los siguientes:
• Monto de la cobertura: 212 millones de barriles de petróleo.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
• Precio de la cobertura: 50 dólares el barril de petróleo. Esta cobertura se integró por dos partes:
• Cobertura principal (adquisición de opciones PUT): Se cubrió 49 dólares el barril
• Cobertura complementaria a través de recursos del FEIP: se cubrió 1 dólar
• Costo de la cobertura: 17 mil 503.4 millones de pesos
Recepción de los recursos de la cobertura 2015-2016. La recepción de los recursos recuperados por el gobierno, por la cobertura petrolera se realizó el 7 de diciembre de 2016, en la cuenta de dólares que la TESOFE mantiene a favor del fondo por 2 mil 650.3 millones de dólares, equivalentes a 54 mil 575.9 millones de pesos, valuados a un tipo de cambio de 20.5927 pesos por dólar de ese día. Traslado de los recursos de la cobertura de la TESOFE. El traslado de recursos del gobierno se efectuó el 9 de diciembre de 2016, por un monto de 2 mil 650.3 millones de dólares, el desfase temporal entre la recepción de los recursos al gobierno para su aplicación propició una pérdida cambiaria de 838.3 millones de pesos. El monto del traspaso ascendió a 53 mil 737.6 millones de pesos, ya que el tipo de cambio de 20.2764 pesos por dólar fue inferior al de la fecha de la recepción de los recursos. Los recursos de la cobertura complementaria totalizaron al cierre de 2016, un monto de 3 mil 476.8 millones de pesos. No se utilizaron estos recursos por lo que se mantuvieron como reserva de cobertura para el 2017. Estrategia de cobertura petrolera del ciclo 2016-2017. Las características de la cobertura fueron:
• Precio de cobertura: 42.0 dólares por barril (dpb). Esta cobertura se integró de dos operaciones a saber:
1. Cobertura principal (adquisición de opciones put): 38 dólares el barril.
2. Cobertura complementaria (recursos FEIP): 4 dólares el barril. Para este fin se
reservaron recursos por 22 mil 096.8 millones de pesos, de los cuales 3 mil 476.8 millones de pesos corresponden a la subcuenta complemento de 2016 y 18 mil 620.0 millones de pesos a la subcuenta de 2017.
Dictamen: Cumplió.
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB): “Evolución y Prospectiva de la Deuda”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 85.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
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Datos Básicos FSCP 2016
Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera y la evolución de la deuda IPAB, así como verificar que la asignación, aplicación, registro contable y control de los recursos se realizaron de conformidad con la normativa; además de analizar el impacto de las estrategias adoptadas por el instituto para el pago de sus obligaciones. Elevado monto de las obligaciones pendientes de pago del IPAB por el rescate bancario. Al 31 de diciembre de 2016, tenía el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario obligaciones financieras derivadas del rescate bancario con el público inversionista, documentadas con Bonos de Protección al Ahorro (bonos IPAB), por 937 mil 661.1 millones de pesos, un incremento nominal respecto del monto al cierre de 1999 cuando asumió el Instituto esas obligaciones por 714 mil 503.8 millones de pesos. Adicionalmente, la ASF observó que, al cierre de 2016, el Gobierno Federal no había destinado recursos fiscales para la disminución del principal de la deuda administrada por el IPAB. Al respecto la ASF señaló que de mantenerse la estrategia de administración de la deuda, consistente en no amortizar el principal y sólo pagar una porción de los intereses generados, en los próximos 25 años, la deuda continuaría creciendo indefinidamente, ya que los incrementos en el pago de cuotas y la forma en que se determinan los recursos fiscales que se le transfieren, ocasiona que el diferencial de este tipo de obligaciones tenga que financiarse con créditos o emisiones de títulos adicionales, por lo que la deuda neta aumentaría de 889 mil 790. 1 millones de pesos en 2018 a 2 billones 564 mil 472.3 millones de pesos en 2042, el 188.2% de aumento, toda vez que se suponen incrementos en la captación de cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple y, disminuciones en las transferencias fiscales que recibiría el IPAB. Elevados montos canalizados al pago de los intereses de la deuda del rescate bancario contratada por el FOBAPROA a cargo del IPAB. De 1995 a 2016 se han erogado recursos para el pago del servicio de la deuda por un monto acumulado de 904 mil 786.5 millones de pesos, distribuidas de la siguiente manera: a) 132 mil 585.3 millones de pesos por concepto de Montos pagados provenientes de las tres cuartas partes de las cuotas (75%) que por la prestación del sistema de protección al ahorro bancario le pagarían las instituciones de banca múltiple al IPAB, cuyo costo los bancos trasladan al usuario de servicios financieros; b) 102 mil 148.7 millones de pesos por concepto de recuperaciones de activos o enajenación de los activos y derechos provenientes de los respectivos fideicomisos (este valor estimado a 1999 fue de 352 mil 699.3 millones de pesos); c) 339 mil 087.5 millones de pesos por concepto de transferencias fiscales provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Estas cantidades no fueron suficientes para cubrir el monto de los intereses devengados por el servicio de la deuda, por lo que el IPAB tuvo que recurrir a endeudamiento adicional por 330 mil 964.9 millones de pesos, que generarán sus respectivos intereses.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
Erogaciones de los costos del rescate bancario 1995-2016, concentradas fundamentalmente en el gobierno y los usuarios de la banca. En el periodo 1995-2016 se han erogado 904 mil 786.5 millones de pesos, de los cuales 670 mil 052 millones de pesos (74.06%) los ha sufragado el gobierno con recursos del PEF o con créditos bancarios y emisiones de bonos que serán pagados con transferencias fiscales provenientes del PEF; los usuarios de los servicios bancarios (quienes pagan realmente el 75% de las cuotas IPAB) han erogado 132 mil 585.3 millones de pesos (14.65%). En conjunto estos dos grupos han absorbido el 88.7% del costo asociado del rescate bancario incluyendo los intereses devengados de la deuda FOBAPROA. Finalmente, los banqueros mediante la cesión de activos tóxicos al FOBAPROA generaron recursos por 102 mil 148.7 millones de pesos, recursos recuperados por la administración del IPAB y que representaron apenas el 11.29%.
En virtud de que el IPAB ya no tiene activos por recuperar, el saldo pendiente de pago por 937 mil 661.1 millones de pesos, y sus correspondientes intereses serán sufragados íntegramente tanto por el gobierno es decir por los contribuyentes fiscales con recursos del PEF, así como por
Subtotal
Cuotas por
seguro de
depósitos
bancarios 75%
Recuperación de activosTransferencias
fiscales (PEF)
Subtotal Deuda adicional
para el pago de los
intereses devengados
I = A+B+C (A) (B) ( C ) II
937,661.10 904,786.50 573,821.60 132,585.30 102,148.70 339,087.50 330,964.90
Estructura
porcentual100.00% 63.42% 14.65% 11.29% 37.48% 36.58%
Usuario de
servicios
financieros
Activos cedidos por los
banqueros al FOBAPROA
que fueron recuperados
Gobierno Gobierno
14.65% 11.29%
Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF.
Distribución porcentual de costos 74.06%
Asignación de costos
BALANCE DE LA DEUDA DEL RESCATE BANCARIO FOBAPROA-IPAB AL CIERRE 2016
(Millones de pesos y porcentaje)
SALDO DE
DEUDA
PENDIENTE POR
PAGAR
INTERESES DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEVENGADOS
(Fuentes de repago)
Total
pagado
Gobierno; 670,052.4 = 74.06%
Usuarios de servicios bancarios (75% de la cuota de seguro);
132,585.3 = 14.65%
Recuperación de activos cedidos por los banqueros al FOBAPROA-IPAB;
102,148.7 = 11.29%
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DEL RESCATE BANCARIO PAGADO 1995-2016
Fuente: Elaborado por la UEC, con información de la Auditoría Superior de la Federación.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
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Datos Básicos FSCP 2016
los usuarios de los servicios bancarios, quienes son los que absorben el costo del 75% de las cuotas cobradas por el IPAB, que los bancos pagan al Instituto pero que transfieren a dichos usuarios. Sustitución de acreedores en el saldo de la deuda del rescate bancario. La estrategia implementada por el gobierno a través del IPAB permitió pagar anticipadamente las obligaciones del rescate bancario a sus acreedores originales, con lo cual, paulatinamente, éstos fueron sustituidos por inversionistas en el mercado de dinero. De esta manera, los bonos se distribuyeron fundamentalmente a inversionistas no bancarios, y sólo la banca conservaba al cierre del 2016, el 10.4% de los bonos emitidos por el IPAB.
Continua pagando el IPAB sobretasas en la emisión de bonos de la deuda del rescate bancario respecto de la deuda soberana administrada por la SHCP, encareciendo el costo del mismo. En el ejercicio fiscal 1999, la parte más importante de la Deuda contingente contratada por el FOBAPROA con el aval del gobierno fue convertida en deuda pública, quedando únicamente como deuda contingente los pasivos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC). Estos pasivos, fueron convertidos en deuda pública soberana aprobada por el Congreso en el 2004 cuando el IPAB procedió al canje de los pagarés FOBAPROA del PCCC en bonos IPAB. El canje de bonos FOBAPROA-IPAB ascendió a 107 mil 193 millones de pesos (monto del Nuevo Programa del IPAB). La administración de la deuda pública de haberse consolidado la deuda IPAB en el manejo de total de la deuda soberna por la SHCP, hubiera eliminado el costo de la sobretasas que ha pagado el gobierno en las emisiones de bonos IPAB, en relación al costo de la deuda soberana. Es de llamar, la atención que desde 2004, la Unidad de Evaluación y Control señaló la conveniencia de que se consolidará el manejo de los pasivos IPAB en la SHCP, recomendación
Sociedades de Inversión, 39.0%
Otros residentes en el país, 35.3%
Sector Bancario,10.4%Otros, 15.3%
DISTRIBUCIÓN DE LA TENENCIA DE BONOS IPAB AL CIERRE DE 2016
Fuente: Elaborado por la UEC, con información de la Auditoría Superior de la Federación.*/Nota: En la gráfica no se incluyen intereses (cálculo de intereses realizado por la ASF), ya que son pagos a futuro.
Monto total de la Emisión de bonos
Saldo:
Millones de pesos
Saldo más intereses a
futuro*
929,527.1 937,665.1
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
que también efectuó la ASF en diversas auditorías practicadas al IPAB. El gobierno ha omitido la recomendación de la ASF y con ello, ha contribuido a encarecer de manera adicional el costo del rescate bancario (pago de sobretasa de interés en los Bonos IPAB), como se aprecia en el gráfico siguiente elaborado por la ASF.
Incremento del saldo de la deuda administrada por el IPAB. El saldo de la deuda administrada por el IPAB al cierre de 2016 ascendió a 937 mil 661.1 millones de pesos, monto mayor que el de 2015, el cual representó 923 mil 385.9 millones de pesos, lo que significó un incremento del 1.5%. Asimismo, el monto en circulación de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) pasó de 918 mil 349.7 millones de pesos en 2015 a 929 mil 527.1 millones de pesos en 2016 un incremento de 11 mil 178 millones de pesos. Dictamen: Cumplió. Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. “Financiamiento para el Sector Vivienda.” Auditoría de Desempeño. No. 101. Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con el otorgamiento de créditos y garantías destinados a la construcción, adquisición, y mejora de viviendas, preferentemente de interés social, a fin de reducir el rezago existente. Otorgamiento de Créditos. En 2016, la SHF otorgó 100 mil 477.3 millones de pesos (mdp) en créditos, por medio de los cuales atendió a 37 intermediarios financieros que representan el 9.7% de las 383 entidades en segundo piso que integraron su población potencial. Del monto del crédito otorgado, el 19.4% (19,516 mdp) fue para construcción, el 5.7% (5,757.6 mdp) para adquisición, el 3.5% (3,511.3 mdp) para mejoramiento de vivienda y el 71.4% (71,692.4 mdp) para garantías.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
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Datos Básicos FSCP 2016
Asistencia a Intermediarios Financieros. Se verificó que, en 2016, la SHF otorgó asistencia permanente a sus intermediarios financieros conforme a la demanda de estos últimos. Sin embargo, la SHF no acreditó: el establecimiento de metas asociadas a la asistencia técnica; la identificación de los intermediarios financieros a los que les otorgó asistencia en los programas de Vivienda Sustentable EcoCasa; el número de personas a las que le otorgó asistencia técnica, ni la medición de los resultados de la asistencia técnica que imparte. Dictamen: Cumplió.
2.1.2 Resto de Sectores de Funciones de Gobierno
Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Construcción del Nuevo Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 04. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Irregularidades normativas. En el aspecto normativo se determinaron algunas irregularidades entre las que destacan: Falta de documentación comprobatoria. En la revisión del proyecto integral llave en mano para la construcción del edificio de oficinas y estacionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la ciudad de México, núm. SCJN/DGIF/09/07/2016, se observó que de los 135.9 millones de pesos autorizados para el ejercicio de 2016, se erogaron 93.0 millones de pesos por concepto de anticipo, sin embargo, se solicitó a la SCJN aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 26.2 millones de pesos, debido a que no se acreditó el uso y destino de los recursos otorgados para dicho proyecto de inversión. Se avalaron y autorizaron para pago estimaciones sin contar con todos sus soportes correspondientes. El pago de las estimaciones debieron ser "acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago como números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación y avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado (…)", lo anterior con la finalidad de acreditar que son trabajos terminados y ejecutados conforme a los términos del contrato. No se aplicaron a la contratista las penas convencionales y sanciones a la que se hizo acreedora por los atrasos registrados. Se constató que en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aplicó a la contratista las penas convencionales a que se hizo acreedora por los atrasos registrados en la entrega del proyecto ejecutivo y en el avance de la obra, puesto que a diciembre de 2016 solamente se
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
tenía un avance real de los trabajos por un monto de 9.9 millones de pesos de los 33.8 millones de pesos que debió haber estimado y ejecutado a esa fecha. Se autorizó de manera anticipada un monto de 1.7 millones de pesos por obra y servicios no ejecutados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Dirección General de Infraestructura Física, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1.7 millones de pesos por concepto de obra y servicios pagados no ejecutados en las subpartidas video digital de recorrido virtual, representaciones virtuales en perspectiva (renders) y cisternas y cárcamo de bombeo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado del contrato antes citado, lo anterior debido a que no se acreditó el pago de dichas estimaciones. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 5, Número de Acciones: 5 (1R, 3 SA y 1 PRAS). Se determinaron recuperaciones probables por 12.0 millones de pesos. Consejo de la Judicatura Federal. “Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, en el Estado de Sonora”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 08. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron, conforme a la legislación aplicable. No hay congruencia en el pago de mano obra. Se observó que en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015 el Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de la Dirección de Proyectos y de Obras de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM), pagó un sobrecosto de 21.7 millones de pesos en la mano de obra del oficial soldador y ayudante general. Existen diferencias detectadas por un monto de 22.7 millones de pesos, integrados por 979.1 miles de pesos por concepto de pena convencional; y 21.7 millones de pesos por que no acreditó ni justificó que en la mano de obra referente al soldador y ayudante general exista congruencia entre el número de operadores indicado con relación a los trabajos a ejecutar. No se vigiló adecuadamente el control del programa de obra para su terminación y no se realizó adecuadamente el cierre administrativo del contrato. Se realizaron la subcontrataciones para la ejecución del proyecto ejecutivo y subcontrató a cuatro empresas con autorización de la DGIM, para ejecutar parte los trabajos. Se observó que la contratista a la que se le adjudicó el contrato a precio alzado y tiempo determinado subcontrató con cuatro empresas, con la autorización de la DGIM, la ejecución de los trabajos de las subpartidas siguientes: estudios y trámites preliminares, proyecto ejecutivo, columnas y trabes, instalación de voz y datos, detección de humo, sistema de seguridad y circuito cerrado de televisión por un importe de 57.0 millones de pesos, que representa el 43.8% en relación con el monto del contrato de 130.2 millones de
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pesos, lo que denota que la empresa a la que se adjudicó el contrato no contó con los recursos técnicos requeridos por el Consejo, ni ofreció las mejores condiciones de oportunidad requeridas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas. No se cumplió con la expectativa de no realizar el procedimiento de licitación pública. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado, se determinó que no se cumplió con la expectativa de ejecutar la infraestructura o construcción del inmueble de manera urgente, para que éste iniciara el 14 de junio de 2016, por lo que no se justificó el apremio por iniciar los trabajo sin demora para su instalación, y el de omitir realizar el procedimiento de licitación pública y adjudicar directamente, toda vez que la supervisión interna de la Dirección de Proyectos y de Obras de la DGIM no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de tiempo y cumplimiento de los programas de ejecución de los trabajos de conformidad con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato, ya que no se cumplió con la fecha de entrega de la obra pactada para el 12 de junio de 2016, sino que fue hasta el 14 de septiembre de 2016 que se concluyeron los trabajos. En la solicitud de cotización a las contratistas se les indicó el importe del presupuesto base. Se recomienda que en lo sucesivo se cercioren de que, en la adjudicación directa de los contratos de las obras públicas a su cargo, consideren invariablemente el presupuesto base para evaluar las propuestas económicas y no como parámetro para que presenten las mismas, a fin de que la entidad fiscalizada cuente con las propuestas económicas solventes, en cuanto a precio, tiempo y calidad. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 8, Número de Acciones: 8 (5R, 2 SA y 1 PRAS). Se determinaron recuperaciones probables por 22.7 millones de pesos. Archivo General de la Nación. “Administración de Archivos”. Auditoría de Desempeño, No. 27. Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de administrar, organizar, conservar y preservar el patrimonio documental de la nación, a fin de contribuir a garantizar el acceso a la información pública para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. Libre Acceso a la Información (antecedentes). El derecho al acceso a la información encuentra sus raíces en la promoción y protección de los derechos humanos, que estableció como premisa el derecho al libre acceso a la información, y la necesidad de que éste se proteja expresamente por leyes encaminadas a que se respete e implemente en la práctica.2Mexico no cuenta con una normativa que regule este derecho, por lo cual en 1977 el gobierno mexicano elevo a rango
2 El Derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. Análisis jurídico y recomendaciones para una propuesta de ley modelo
sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública / Alejandro Fuenmayor Espina. –1 ed. –San José C.R.: Oficina de la UNESCO para América Central, 2004.
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constitucional el derecho a la información. (Art. 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Carencias de Requerimientos Archivísticos. En enero de 2008, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) presentó el Diagnóstico sobre la situación archivística de la Administración Pública Federal, se determinó que más del 60.0% de los archivos evaluados cumplía con los requerimientos básicos archivísticos. Sin embargo, se identificó que las dependencias y entidades no cumplían con requerimientos archivísticos avanzados como la digitalización y publicación en internet de las solicitudes de baja documental, procesos certificados en ISO relacionados con la organización de archivos, tratamiento archivístico de documentos electrónicos generados, así como el desarrollo de políticas internas para la organización, conservación y respaldo de estos documentos; empleo de firma electrónica en documentos o procesos, y la implementación de metadatos para la localización de documentos electrónicos. Carencia de Sistema de Control de gestión documental. Después de cinco años de presentado el informe del IFAI, el Archivo General de la Nación (AGN), realizó un nuevo censo para ver la situación archivística actual a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), aplicado a 204 instituciones, Se determinó que más del 50.0% de las dependencias o entidades de la APF no contaba con un sistema de control de gestión documental y sólo en el 62.0% de las instituciones era prioridad la organización de los archivos en las unidades administrativas. La implementación de un eficiente archivo sistematizado permitirá una mejor rendición de cuentas y acceso a información oportuna, si no existen documentos integrados a expedientes debidamente organizados e identificados, entonces el trabajo cotidiano de cualquier institución será deficiente y poco confiable. Deficiente funcionamiento del sistema de archivos. En la sesiones de la Coordinación del Consejo Nacional de Archivos (CONARCH), aun cuando se emitieron acuerdos que se orientaron a atender necesidades en materia de archivos, el AGN no ha logrado garantizar el funcionamiento adecuado de los archivos de los 866 sujetos obligados por la Ley Federal de Archivos, integrantes del Sistema Nacional de Archivos; No se consolidó una política nacional de archivos públicos y privados (Inexistencia de Directrices). El CONARCH no ha logrado consolidar una política nacional de archivos privados, ya que ésta se encuentra establecida en el marco de una ley federal, situación que, representa una limitación en su alcance para constreñir a los tres niveles de gobierno, y no emitió las directrices para el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Sin avances en el indicador para la organización de archivos. Existe un indicador (“Porcentaje de operación de sistemas automatizados de gestión y control de documentos en la APF”) por parte de la AGN para la organización de archivos de los sujetos obligados, el cual solo se cumplió en un 49.2 % por lo que en 2016 solo representó un avance del 20.7% del total de las
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instituciones públicas (295) que contaron con sistemas automatizados de gestión y control de documentos adecuados para eficientar la administración de archivos públicos. Deficiencias en los informes de avance en el establecimiento de las directrices del funcionamiento de los archivos. El AGN en las sesiones ordinarias para establecer las directrices o criterios nacionales para el funcionamiento de los archivos que integren el Sistema Nacional de Archivos, no contó con el informe de avances logrados, ni con el listado de directrices y criterios nacionales emitidos para el funcionamiento del sistema, y derivado de los acuerdos del CONARCH, sólo se elaboraron tres documentos, de los cuales sólo uno se publicó en el DOF que se refiere al Sistema Nacional de Transparencia, pero no se emitieron las directrices para el Sistema Nacional de Archivos. Adicionalmente se elaboraron las Reglas de Operación de las secciones del Consejo Nacional de Archivos, Normatividad para Archivos Privados inscritos en el Sistema Nacional de Archivos y los Lineamientos para la organización y conservación de los archivos del Sistema Nacional de Transparencias; sin embargo, se encontraban en espera de las observaciones que pudieran tener los integrantes del CONARCH. Deficiencias en el cumplimiento de la norma de control primera. En relación a las normas de control interno el organismo cumplió con 7 de los 15 elementos de la norma primera de control interno “Ambiente de control”, esto es el 46.7%, debido a que no contó con un manual de organización, una estructura organizacional, ni los perfiles de puestos, actualizados a 2016 y tampoco dispuso de un manual de procedimientos. Carencia de Objetivos, indicadores ni metas en la estructura programática de 2016. Se identificó que los cuatro niveles de la MIR sólo se orientaron a la preservación del acervo documental de la Nación, la MIR no contiene objetivos, indicadores ni metas en la estructura programática, vinculados con la difusión que señala la denominación del Pp, en términos del inciso IV.2 de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Incremento importante en relación al presupuesto aprobado. En 2016, el AGN ejerció 110 mil 073 millones de pesos, en el programa presupuestario E002 “Preservación y difusión del acervo documental de la nación”, cifra que se corresponde con el presupuesto modificado y que, en relación con el presupuesto aprobado de 71 mil 295 millones de pesos, registró un incremento de 38 mil 778 millones de pesos, equivalente al 54.4%. El AGN, no garantizó el funcionamiento adecuado de los archivos que integran el SNA y no ha logrado consolidar una política nacional de archivos, situación que revela que la falta de emisión de directrices o criterios nacionales no ha permitido el funcionamiento eficiente del Sistema Nacional de Archivos. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 6 (6RD).
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Policía Federal. “Adquisición de Vestuario, Uniformes, Materiales de Seguridad y Prendas de Protección”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 20. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la adquisición de vestuario, uniformes, materiales de seguridad y prendas de protección, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Falta de control y actualización del Manual de Organización. El Manual de Organización General de la Policía Federal no se encuentra actualizado conforme a las áreas, funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, ya que incluye unidades administrativas que hacen mención a la extinta Secretaría de Seguridad Pública y no contiene las funciones de las áreas que integran la Gendarmería Nacional, como son la División de Gendarmería, la Coordinación de Gendarmería, y las direcciones generales de Planeación y Logística de la Gendarmería, de Operaciones Estratégicas y Unidades Especiales, y de Proximidad Social. Carencia de atribuciones que limitan las responsabilidades y las funciones. El Manual de Organización de la Coordinación de Servicios Generales no está actualizado conforme a las funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal y en el Manual de Organización General, lo que limita las funciones y responsabilidades para el personal actuante, propicia la carencia de controles internos y pone en riesgo la calidad, eficiencia y eficacia de los asuntos que le competen. Falta de Actualización de Lineamientos Generales de Recursos Materiales y Servicios Generales. Durante 2016 la Policía Federal contó con los “Lineamientos Generales de Recursos Materiales y Servicios Generales”, sin embargo, no se encuentran actualizados toda vez que la denominación de las unidades administrativas que participan en los procesos de adjudicación de bienes y servicios, así como para la administración y el manejo de bienes muebles y de los almacenes de la Policía Federal no están de acuerdo con el Manual de Organización Específico (MOE) de la Coordinación de Servicios Generales, ya que las nuevas Coordinaciones no se consideran en el MOE. Deficiencias en los registros de control y operación. Existieron 5 notas, en donde los bienes se registraron con un precio unitario de 1.00 peso y con la observación de “Sin pedido y sin contrato Ad Cautelam” sin que fueran regularizadas. Dos notas fueron duplicadas con distintos conceptos. De las Cuarenta notas de entrada al Almacén Central, 36 no cuentan con las actas de entrega de los bienes. Existe una Nota que describen artículos de determinadas características y se entregaron con características inferiores. Se carece de remisión de la nota de entrada núm. AV-160006 (por 16 pares de zapatos para dama y 67 pares de zapatos para caballero) y la nota de entrada núm. AV-160005, se localizó la remisión de fecha 8 de julio de 2016 por 490 cinturones de piel con hebilla metálica con sello del almacén central; sin embargo, dicha remisión no se registró en la nota de entrada.
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Con respecto a las notas de Almacén Central y de las actas entrega-recepción correspondientes, existe una diferencia de 1 millón 012.8 mil pesos de 2,108 bienes (insignias par de grados) que aún no se han entregado al almacén, al cierre del ejercicio 2016 no se había registrado el pago por dichos bienes; y no se proporcionó la documentación que acreditara la imposición de penas convencionales al proveedor por los bienes no entregados, por un importe de 1 millón 074 mil pesos al 3 de mayo de 2017. Deficiencias en la entrada-recepción del almacén sin justificación del cambio de mercancía. Se recibieron bienes en el Almacén Central los cuales no se habían solicitado originalmente, ya que se habían solicitado uniformes de gran gala y zapatos para caballero, y en su lugar se recibieron para dama, los cuales tuvieron un costo menor de 7.7 miles de pesos, sin que se presentará la justificación ni autorización para efectuar dichos cambios. Mecanismos de control deficientes en el Almacén Central no se encuentran sustentados en el instrumento jurídico que establece las características y precios. En relación a los vales de salida del Almacén Central y el total de salidas reportadas en la base de datos proporcionada por la Subdirección de Almacenes e Inventarios (1° de enero al 31 de diciembre de 2016) de los bienes adquiridos mediante el contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016, no son coincidentes, ya que se reflejan salidas de bienes desde el mes de enero de 2016, cuando el contrato fue celebrado el 9 de julio de 2016. Se realizó una visita domiciliaria al proveedor 2 del contrato número SEGOB /PF /CSG /DRM/C040-A/2016 para la “Adquisición de Uniformes para el Cumplimiento de las Funciones Sustantivas Encomendadas a los Elementos de la Policía Federal” por 730.9 millones de pesos; al respecto, no se exhibió evidencia documental de las remisiones de los bienes entregados a la Policía Federal. Deficiencias en los procesos de adjudicación en la integración y firma de contratos. “En las primeras entregas no se establecía precio en los documentos de entrega, ya que no se contaba con un contrato, por lo que sólo se ponía el valor de 1.00 peso, y posteriormente se inició el procedimiento de adjudicación del cual fue ganador, y todas las entregas realizadas antes de la firma del contrato se formalizaron con las cantidades solicitadas en el contrato y en las actas entrega-recepción”. La Policía Federal, con cargo en la partida 28201 "Materiales de Seguridad Pública", celebró el Convenio de Colaboración Interinstitucional número SEGOB/ PF/ SG/ CSG/ DGRM/ C045/ 2016, el 1 de diciembre de 2016 con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la adquisición de "Agentes Químico Humo Rojo y Low II" por un monto total de a 914.1 miles de pesos. De dicha adquisición no se contó con la factura y actas de entrega-recepción de los bienes adquiridos, por lo que no se pudo constatar que el pago correspondiera a compromisos efectivamente devengados; además, no se proporcionó la documentación que justificara el atraso en la entrega de dichos bienes. Dictamen: Cumplió, excepto por.
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Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 14 (9R, 4PRAS y 1 PO). Se determinaron recuperaciones probables por 1.1 millones de pesos. Prevención y Readaptación Social. “Administración del Sistema Federal Penitenciario” Auditoría de Desempeño. No. 11. Objetivo. Fiscalizar la aplicación de los Tratamientos Técnicos Interdisciplinarios Integrales Individualizados a la población penitenciaria federal sentenciada, para lograr su reinserción social, evitar la reincidencia delictiva y, con ello, contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública. El 6 de febrero de 2001, se instituyó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), adscrito a la SEGOB, a que asumiera las funciones de las direcciones generales de Prevención y Readaptación Social; de Prevención y Tratamiento de Menores, y del Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Distrito Federal. El 16 de junio de 2016, se abrogó la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la cual hasta ese momento fue el documento jurídico que tenía como objetivo organizar el Sistema Penitenciario Nacional. En esa misma fecha, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene como objeto, entre otros, regular las condiciones para la reinserción social, operando en el año dos instrumentos jurídicos vigentes, el primero de enero a mayo, y el segundo de junio a diciembre de 2016. El Sistema Nacional Penitenciario se compone de los sistemas estatal y federal. De acuerdo con la constitución, los estados son responsables de custodiar a los individuos acusados de cometer delitos del orden común; y el Gobierno Federal de los acusados por delitos del orden federal. En 2016, en el ámbito nacional operaron 379 centros penitenciarios con una capacidad para 209,248 reclusos. Importante problema de Sobrepoblación penitenciaria y falta de una eficiente planeación distributiva. De los 379 centros de reclusión que hay en el país, 157 centros estatales presentaban un problema de sobrepoblación al albergar 153,539 reos y disponer de una capacidad de 106,247 (cuentan con 44.5% de saturación), y 222 tuvieron espacio para alojar a más población, ya que contaban con una capacidad de 103,001 criminales y albergaban a 79,930 (operaban al 77.6% de sus capacidades). Incremento importante en la población penitenciaria por año. La población total penitenciaria en 2016, ascendió a 233,469 internos, de los cuales la población recluida en los CEFERESOS en ese mismo año fue de 22,747 (9.7%).
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Elevado porcentaje de gente para el tratamiento de reinserción social. De la población recluida en los CEFERESOS (22,747), el 7.9% (1,803) correspondió a la población penitenciaria federal procesada, y el 92.1% (20,944) representó la población penitenciaria federal sentenciada, y ésta es a la que se le debió aplicar el tratamiento de reinserción social. Elevado Presupuesto destinado al Programa de Inclusión de la Población Penitenciaria. En 2016, el Gobierno Federal autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) la inclusión del programa presupuestario E904, para aplicar los tratamientos de la población penitenciaria federal sentenciada, con el objetivo de lograr la reinserción social de ésta y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública, con una asignación de 17 mil 972.7 millones de pesos. El OADPRS identificó que el problema público consiste en que la población penitenciaria sentenciada presentaba poca evolución al Tratamiento Técnico Integral Interdisciplinario Individualizado. Según el diagnóstico, las causas que originaron ese problema público fueron las siguientes:
• La ineficiencia en los procesos administrativos relativos a la revisión y trámite de los expedientes de esa población,
• El insuficiente e improvisado personal con el perfil jurídico, técnico, de seguridad y administrativo para lograr la reinserción social,
• Así como la carencia de programas formales y de estrategias en materia de reinserción social, los cuales de no atenderse se corre el riesgo de que los sentenciados no estén en posibilidades de reintegrarse a la sociedad.
La MIR no tuvo relación para atender dichas causas, ya que el objetivo de fin se orienta hacia la seguridad dentro de los centros penitenciarios federales y, por lo tanto, los efectos del problema relacionados con que los sentenciados no están en posibilidad de reintegrarse a la sociedad y el deficiente desempeño del Sistema Penitenciario Federal, no son mitigados o reducidos. Ineficiencias en la evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) por inexistencia de la contribución en el logro de objetivos. El diseño de la MIR del programa presupuestario E904 “Administración del Sistema Federal Penitenciario” no fue adecuado para evaluar y dar seguimiento a las intervenciones realizadas por el OADPRS para lograr la reinserción social de los internos sentenciados del fuero federal. El objetivo de fin no muestra su contribución al logro de los objetivos establecidos en los programas de planeación de mediano plazo, porque está diseñado con un enfoque de mantener la seguridad dentro de los Centros Penitenciarios Federales, y no a la contribución a la mejora de la seguridad pública. Ineficiencia en la creación de Indicadores. Con el análisis horizontal se identificaron 12 indicadores, de los cuales 6 (50.0%) para el nivel de fin no estuvieron correctamente definidos, ya que no se vincularon con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad
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pública; 3 (25.0%), uno de nivel de fin, uno de componente y uno de actividad, se encontraban adecuadamente definidos, pero su objetivo no se correspondió con el proceso de reinserción social; 2 (16.7%) a nivel de propósito y actividad no estaban correctamente clasificados, y sólo 1 de actividad (8.3%) estuvo adecuadamente clasificado. Información insuficiente en avance de Indicadores. En 2016, el OADPRS reportó en el “Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal”. La información fue insuficiente, ya que no permite evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario E904 relacionado con lograr la reinserción social de las personas sentenciadas evitando que vuelvan a delinquir, ni en qué medida contribuyó en la atención del problema público. Sin elaboración de un programa integral de reinserción social. El OADPRS no dispuso de la evidencia documental sobre la elaboración, de un programa integral de reinserción social en 2016, y las unidades administrativas del OADPRS, en su ámbito de actuación realizaron actividades orientadas hacia la reinserción social de manera aislada y desarticulada. Resultados de la Efectividad del tratamiento para la reinserción social. En 2016, el OADPRS registró que la población penitenciaria identificada como reincidente criminológico fue de 52.3%; en 2015 de 41.8%, y en 2014 de 45.5%; cifras que muestran que la reincidencia criminológica aumentó en promedio anual un 7.2% en el periodo 2014-2016. Sin embargo El OADPRS no tiene atribución o facultad para determinar la reincidencia penal por lo que no contó con información relativa a la misma. En el periodo 2010-2016, el OADPRS registró que de las 20,623 personas que gozaron de un beneficio de liberad anticipada 5,365 (26.0%) presentaron una constancia para acreditar que contaban con un trabajo, y que 172 (0.8%) volvieron a cometer un delito, por lo que les fue revocado dicho beneficio, ingresando de nuevo a un Centro Penitenciario Federal; éstos 172 internos, sí recibieron un tratamiento de reinserción social, y a pesar de ello, reincidieron en la comisión de un delito, por lo que los tratamientos tuvieron una limitada efectividad en dichas personas. Carencia de resultados de los Programas de cpacitación.En ese año, el OADPRS elaboró el “Programa Anual de Capacitación” (PAC 2016), en el que se establecieron los procesos por medio de los cuales se impartiría la capacitación; también señaló la clasificación de los subprogramas atendiendo a las funciones desempeñadas por el OADPRS, sin embargo, no se presentaron los resultados o avances en el cumplimiento de la meta establecida para la capacitación. Dictamen: No Cumplió. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (4RD).
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PGR.” Persecución de los Delitos Financieros”. Auditoría de Desempeño. No. 106. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas para la procuración de justicia de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de falsificación o alteración de moneda y financieros. Estancamiento en la procuración de justicia en las operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR presenta estancamiento en el fortalecimiento y la procuración de justicia de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, referentes a la falsificación o alteración de moneda y Financieros en 2016. Averiguaciones en materia de delitos financieros, representó el 1.7% del total. De las 116,589 averiguaciones previas que el Ministerio Público Federal (MPF) recibió para trámite en 2016, el 1.7% (2,026) correspondió a averiguaciones en materia de delitos financieros, respecto de las cuales se despachó el 21.9% (444), de las que el 22.1% (98) fue consignado ante la autoridad judicial, y de éstas el 3.1% (3) obtuvo una sentencia judicial. Por otra parte, el 77.6% (346) no continuó con el proceso penal, debido a que el Ministerio Público Federal determinó acumular el 37.0% (128), mandar a reserva el 24.8% (86) por no encontrar elementos para consignar y a investigaciones el 24.3% (78) por incompetencia, en el 10.7% (37) determinó el no ejercicio de la acción penal y el 3.2% (11) por incompetencia interna. Alto índice de averiguaciones devueltas. Asimismo, el 58.2% (57) de las consignadas fueron devueltas por el juez, aspecto que denota que la PGR debe analizar las causas por las que el índice de averiguaciones devueltas por el Juez superó la mitad de las consignadas, sin que se acreditara que no se debió a problemas en su integración. Significativa reducción de la productividad en la atención de las averiguaciones previas. En proporción, las unidades encargadas de las averiguaciones previas en materia de delitos financieros despacharon menor cantidad respecto del total registrado en PGR, al despachar el 21.9% (444) de las 2,026 averiguaciones que recibieron; en contraste con el 63.7% (74,310) de averiguaciones previas despachadas, respecto de las 116,589 que recibió PGR. Dictamen: No Cumplió. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 5 (5 RD). Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). “Inteligencia para la Persecución de los Delitos Financieros”. Auditoría de Desempeño. No. 108. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la generación de información de inteligencia y estrategias para la persecución y el combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda y los financieros.
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Insuficiente evidencia de información de inteligencia y/o estratégica. Se implementó la estrategia 8.4 “Desarticulación de cadenas delictivas mediante la destrucción de los nodos de creación de valor”, la cual puntualiza la necesidad de desarticular a las organizaciones criminales atendiendo a la naturaleza económica de sus actividades, mediante la destrucción de los elementos que les permiten generar riquezas ilícitas y afianzarse en el territorio mexicano, esto con el objetivo de eliminar la ventaja de las bandas producto del narcotráfico, ya que estas cuenta con mayor y mejor infraestructura armamentaria y sistemas avanzados de comunicación, que dejan al descubierto a nuestros cuerpos policiacos. Fuerte impacto del lavado del dinero. El impacto económico y social del lavado de dinero (producto del tráfico y producción de narcóticos entre otros), se estima en más de 10 mil millones de dólares, esto representó en el 2012 el 3.6% del PIB. Es decir, la PGR se apoya del CENAPI para generar un sistema de inteligencia, por medio de la implementación de mecanismos de sistematización, relacionados con el fenómeno de la delincuencia organizada, así como del intercambio de información que permita la prevención y combate de actividades delictivas. Limitada información en materia de delitos financieros. En 2016, el CENAPI generó 519 diagnósticos del fenómeno delictivo, 461 en el ámbito nacional, de los cuales ninguno contiene información en materia de delitos financieros, y 58 del contexto internacional; de éstos, 56 (96.6%) se relacionaron con los delitos en la materia, de los cuales el 3.4% (2) presentaron información que podría ser utilizada para la definición de estrategias, para el resto no se acreditó que de su realización se establecieran conclusiones que incluyeran prospectivas o sugerencias que promovieran la realización de medidas o propuestas de implementación para el combate de los delitos entre los que se encuentran los de uso de recursos de procedencia ilícita y los financieros. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 2; Número de Acciones: 2 (2 RD). CNDH. “Derechos Humanos de los Migrantes” .Auditoría de Desempeño. No. 117. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en la promoción, divulgación, observancia y protección para garantizar los derechos humanos de los migrantes. Vulnerabilidad de los Derechos Humanos en lo referente a la protección, observancia, promoción y divulgación de los derechos humanos. De los 188.6 mil migrantes que en el 2016 se reportaron con detecciones, el 21.5% (40,542) fueron niñas, niños y adolescentes detenidos, de los cuales el 44.1% (17,889) no se encontraban acompañados. Continúan en situación de vulnerabilidad la situación de los migrantes por la baja efectividad de impacto de la CNDH. Estos grupos de migrantes están más expuestos a sufrir alguna violación
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en sus derechos humanos debido a la situación en la que se encuentran, ya que los señalamientos que la CNDH realiza a las autoridades transgresoras no tienen un efecto directo en la disminución de la recurrencia de violaciones a sus derechos humanos, persistiendo la situación de vulnerabilidad. Acciones importantes de capacitación en materia de Migración, careciente de un diagnóstico de necesidades. La CNDH instrumentó estrategias para fortalecer y afrontar esta problemática en 2016, la CNDH efectuó 156 acciones de capacitación de los derechos humanos de personas en el contexto de migración, las cuales llegaron a 7,281 personas, y se capacitó principalmente a servidores públicos que atienden a población migrante y en específico a agentes de migración en las entidades que solicitaron el servicio. No obstante, se detectó la carencia de un diagnóstico de las necesidades de capacitación que considere los flujos migratorios y las quejas atendidas por la comisión para focalizar dichas acciones, así como la falta de mecanismos para la programación y el cumplimiento de las metas relacionadas con la cobertura de la divulgación. Cobertura del 100% en las visitas migratorias de los 27 estados de la República. En 2016, la CNDH cumplió con la observancia de los derechos de migrantes, ya que se visitaron 3,055 estaciones migratorias, casas y albergues para migrantes, con las que se atendieron 108,174 personas y se recabaron 596 quejas de migrantes; además, contó con el protocolo para realizar dichas visitas y tuvo una cobertura del 100.0% de las 58 estaciones migratorias que existen en 27 estados de la República Mexicana, con lo que vigiló el respeto a los derechos humanos de los migrantes. La comisión otorgó la protección de derechos humanos a los migrantes al haber recabado 987 quejas de los migrantes (596 de visitas y 391 de presentación directa), de las que se admitieron solo 583 (67.2%), por lo que 30 de cada 100 fueron rechazadas por no ser de la competencia de la CNDH. De las 583 quejas admitidas en relación a migrantes se dividen de la siguiente manera:
310 (53.2%) fueron de presunta violación
266 (45.6%), de orientación directa
7 (1.2%) estuvieron pendientes de calificarse
Por otra parte se concluyeron 214 quejas, de las cuales 40 (18.7%) fueron violaciones comprobadas y 174 sin comprobar, representando el 81.3% del total. Dictamen: Cumplió. Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 2 (2 RD).
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INAI. “Plataforma Nacional de Transparencia”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, N° 129. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Falta de manuales de organización. Se identificó que el INAI no cuenta con manuales de organización y de procedimientos, durante 2016 no contó con un Reglamento Interno vigente y con una estructura autorizada la cual debió de haberse formalizado a los seis meses de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) el 9 de mayo de 2016. Contrato sin suficiencia presupuestal para su adjudicación. EL INAI celebró el contrato OA/031/15 con los proveedores INTELLEGO, S.C. y DOTTED CLOUD, S.A. de C.V., siendo que rebasaba su suficiencia presupuestal por lo que no se justificó dicha adjudicación ya que había otra propuesta que cumplía con los requisitos técnicos y económicos. Sistemas de información con fallas en su funcionalidad. De las pruebas realizadas a los Órganos Garantes y Sujetos Obligados que conforman Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se desprenden las siguientes observaciones:
Los órganos Garantes y Sujetos Obligados pueden modificar la información de las obligaciones cargadas previamente, sin que exista un control que asegure la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información presentada en la PNT.
Desde que entró en operación la PNT en mayo de 2015, no se han actualizado los manuales de operación para los Órganos Garantes/o Sujetos Obligados.
Deficiencias en el uso del portal, al utilizar algunas opciones como: “Este sitio es apto para personas con discapacidad”, se desconfigura el portal.
El INAI no ha proporcionado a los Órganos Garantes y Sujetos Obligados un Acuerdo de Nivel de Servicio de la PNT y
La funcionalidad no está disponible para dispositivos móviles
Los Sistemas de solicitudes de acceso a la información (SISAI) y de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT) que integran la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) fueron liberados a producción y actualmente son utilizados por los
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Órganos Garantes y Sujetos Obligados, sin embargo, continúan en proceso de estabilización debido a que presentan fallas en su funcionalidad.
El Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y el Sistema de Comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados (SICOM) se encuentran liberados, sin que a la fecha de la auditoría (mayo 2017) hayan culminado las etapas de pruebas.
No se penalizó a los proveedores INTELLEGO, S.C. y DOTTED CLOUD, S.A. de C.V., por 2.3 millones de pesos por concepto de retrasos en los entregables establecidos en el anexo técnico del contrato OA/C031/15. No se cuenta con una planeación de capacidades actualizada que considere el volumen de información y las conexiones que la PNT deberá soportar de todos los Órganos Garantes y Sujetos Obligados. Falta de justificación en el pago de 8.8 millones de pesos en relación al PNT. No se proporcionaron los entregables establecidos en las 5 facturas emitidas del contrato OA/C017/16 “Desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia” en la Segunda Etapa. El INAI realizó los pagos sin que la totalidad de los entregables se hayan aceptado y sin tener evidencia de los servicios proporcionados, además de que los 42 recursos solicitados en el anexo técnico 33 del contrato no cumplieron con los requisitos establecidos de las certificaciones. Irregularidades del Porveedor en el Curriculum Vitae (CV) denotando falta de perfil de su personal. De los 42 recursos provistos por el proveedor IDS Comercial, S.A. de C.V., se proporcionaron 38 Curriculum Vitae, de los cuales en 33 se detectaron irregularidades, puesto que no se cumplió con los requisitos solicitados en el Anexo Técnico, por ejemplo certificaciones TOGAF, ISTQB y con la experiencia requerida en modelado de negocio a través de BPM, conocimiento de infraestructura del INAI o de levantamiento de requerimientos entre otras. Del contrato OA/C007/14 "Tercerización de Servicios Profesionales de Informática para los Sistemas Institucionales", se observó que no todos los tickets solicitados al proveedor, describen con precisión a que servicios corresponden, por lo que no es posible identificar si los servicios prestados por Quarksoft han corregido deficiencias de la primera y segunda etapa de la PNT Dictamen: No cumplió. Número de Observaciones: 2; Número de Acciones: 11 (5R, 4PRAS, 2PO). Se determinaron recuperaciones probables por 11.2 millones de pesos.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
49
Datos Básicos FSCP 2016
INE. “Sistema de Fiscalización de los Recursos de los Partidos políticos”. Auditoría de Desempeño, No. 1796. Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, a fin de constatar que se aplicaron para los fines previstos y conforme a la norma aplicable. Antecedentes: En el marco del Sistema de Fiscalización de los Recursos de los partidos políticos, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del instituto tiene el objetivo de garantizar la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos de los partidos políticos, mediante la fiscalización de los ingresos y egresos de los mismos. El fin último del Sistema de Fiscalización es preservar el régimen de partidos y contribuir al desarrollo de la vida democrática. En 2016, se realizó el proceso electoral en 18 entidades federativas para renovar 1,430 cargos de elección popular: 13 gubernaturas, 448 diputaciones locales y 969 ayuntamientos, en los que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó la fiscalización de los ingresos y egresos de los 8,271 candidatos locales que participaron en los procesos electorales locales, mediante la verificación del registro de sus operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la práctica de auditorías y visitas de verificación, la revisión de sus informes de ingresos y egresos, así como la promoción de sanciones ante el Consejo General del instituto. Cumplimiento de dictámenes en el 96% de los casos. El INE emitió 74 dictámenes derivados de la fiscalización realizada por la UTF, la ASF comprobó que el 95.9% (71) de los 74 dictámenes emitidos cumplió con las características descritas en el artículo 335, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del INE. Se verificó el 100% de las operaciones del Sistema Integral de Fiscalización. El INE fiscalizó los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos: verificó el 100.0% de las operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización; con la práctica de 26 auditorías, 722 visitas de verificación y la revisión de los 15,421 informes de ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, ejerció las funciones de comprobación del 100.0% de los ingresos (1,297.3 millones de pesos) y de investigación del 56.3% de los egresos (1,423.7 millones de pesos, que incluye egresos no reportados por los partidos políticos) y promovió sanciones por un monto de 414.0 millones de pesos, como consecuencia de errores y omisiones a la normativa en contabilidad y fiscalización. Es necesario fortalecer el Sistema Integral de Fiscalización para mejorar la rendición de cuentas. Derivado del proceso de fiscalización realizado, la UTF detectó 9,364 errores y omisiones por parte de los sujetos obligados, de los cuales se subsanó el 54.7% y el restante derivó en la promoción de 2,776 sanciones por incumplimiento a la normativa en materia de fiscalización y contabilidad de los partidos políticos. Las sanciones promovidas por la UTF tuvieron un monto
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
50
Datos Básicos FSCP 2016
de 414.0 millones de pesos; de éstos, el 89.6% (371 millones de pesos) correspondió a sanciones firmes. Dictamen: Cumplió excepto por. INE. “Construcción del Edificio Sede de las Oficinas Centrales de Viaducto Tlalpan y de la Macrosala del Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México”. Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas, No. 112. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Vicios en el proceso de licitación en los servicios relacionados con obra pública. Aún y cuando el dictamen de la ASF concluye que en términos generales el INE cumplió con las disposiciones legales y normativas en la construcción del edificio, determinado los siguientes hallazgos:
No se presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar el contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/06/2015 (3.2 millones de pesos).
No se había formalizado la terminación de los trabajos, con el acta de entrega-recepción, el finiquito, la fianza de vicios ocultos y el acta de extinción de derechos y obligaciones de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. INE/SROP/01/2016 (684.3 miles de pesos) e INE/SROP/02/2016 (342 mil pesos).
En la propuesta técnica y económica presentadas en el proceso de licitación y adjudicación directa de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. INE/SROP/02/2016 e INE/SROP/05/2016 (6.5 millones de pesos), los análisis de precios unitarios no son acordes con la metodología de ejecución de los trabajos, lo que representa, para este último, un importe por aclarar de 495.0 miles de pesos.
No se presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. INE/SROP/02/2016 y INE/SROP/06/2015 mediante el procedimiento de adjudicación directa.
Existe un saldo pendiente por comprobar de 1.7 millones de pesos del monto otorgado como anticipo.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
51
Datos Básicos FSCP 2016
No existe evidencia documental que acredite la elaboración de la bitácora, ya que no se presentó como soporte de pago de 349.0 miles de pesos.
Dictamen: Cumplió. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones 7 (3SA y 4PRAS). Se determinaron recuperaciones probables por 2.6 millones de pesos.
2.2 Funciones de Desarrollo Social
Sector Educación
Secretaría de Educación Pública. “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”.
Auditoría Horizontal. Dos auditorías de Desempeño, No.142 y 143.
Nivel Medio Superior. Auditoría No. 142.
Objetivo. Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a incrementar la matrícula de
estudiantes en las Instituciones Públicas de Educación Media Superior.
Subejercicio en el programa presupuestario U079 “Expansión de la Educación Media Superior y
Superior”. Se reportó en la Cuenta Pública 2016 que la SEP ejerció 2 mil 362.4 millones de pesos,
monto inferior en 37.2% respecto de lo aprobado en el PEF para el otorgamiento de subsidios
para infraestructura física educativa, equipamiento y operación a las Unidades Públicas de
Educación Media Superior (UPEMS), a fin de incrementar la matrícula y contribuir en la
ampliación de la cobertura en ese nivel educativo.
Falta de diagnósticos para verificar la infraestructura física educativa, equipamiento y
operación de las UPEMS. La SEP no incluyó mecanismos periódicos de supervisión y evaluación
que permitan verificar el cumplimiento de la normativa; el diagnóstico es necesario para contar
con información sobre el estado general de la infraestructura física educativa, equipamiento y
operación de las UPEMS, por lo que no se contaron con parámetros y criterios que permitieran
focalizar los apoyos, ni con los mecanismos de control y supervisión para asegurar su correcta
aplicación y constatar la contribución del Pp U079 en la atención del problema público
identificado de ampliación de la cobertura educativa, además de que los lineamientos para la
distribución de los recursos presentaron deficiencias en su diseño.
La SEP tampoco aseguró la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para
evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos, ni se contó con información de la asignación
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
52
Datos Básicos FSCP 2016
presupuestal de conformidad con las necesidades identificadas con el índice de cobertura
educativa por entidad federativa. Asimismo, se realizaron estimaciones de la matrícula en 26
de las 32 entidades federativas con un incremento de 1.5% en todos los casos, sin relacionar el
monto de los subsidios otorgados por el programa.
Por falta de información clave se pone en riesgo la ampliación de la cobertura para atender la
demanda educativa. En 2016, la falta de información sobre el incremento de la matrícula
educativa en el nivel medio superior y la falta de diagnóstico de la infraestructura por parte de
la SEP, limitó conocer el avance en la atención del problema público relativo a la insuficiente
infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las UPEMS para incrementar su
matrícula.
Dictamen. La ASF se abstiene de emitir una opinión debido a que la SEP no dispuso de
diagnósticos y mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas
relacionados con la expansión de la educación media superior.
Número de observaciones: 9; Número de acciones: 14 Recomendaciones al Desempeño.
Nivel Superior. Auditoría No. 143.
Objetivo. Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a incrementar la matrícula de
estudiantes en las Instituciones Públicas de Educación Superior.
Subejercicio presupuestal para atender la problemática en 2016. Se reportó en la Cuenta Pública
que la SEP ejerció 1 mil 447.3 millones de pesos, monto inferior en 44.6% respecto de lo
aprobado en el PEF (2 mil 612.5 millones de pesos), en el otorgamiento de subsidios para
infraestructura física educativa, equipamiento y operación a las Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES), a fin de incrementar la matrícula y contribuir en la ampliación de la
cobertura en ese nivel educativo.
Información insuficiente en relación al incremento de matrícula en educación superior. Al no
contar con la información que acredite el incremento de la matrícula educativa en el nivel
superior como resultado de la entrega de subsidios del programa presupuestario U079
“Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, la SEP pone en riesgo la ampliación de
la cobertura para atender la demanda educativa, así como el cumplimiento de la meta sexenal
de incrementarla de manera sostenida en educación superior.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
53
Datos Básicos FSCP 2016
Falta de diagnósticos para verificar la infraestructura física educativa, equipamiento y
operación de las IPES. No se contó con parámetros y criterios que permitan focalizar los apoyos
y constatar la contribución del Pp U079, en la atención del problema público identificado; existe
deficiencias en el diseño de los lineamientos para la distribución de los recursos, debido a que
además no se establecieron los montos máximos por beneficiario; no se aseguró la
coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar la duplicación en el
ejercicio de los recursos; no se previó la temporalidad del otorgamiento de los subsidios; ni se
contó información de la asignación presupuestal de conformidad con las necesidades
identificadas con el índice de cobertura educativa por entidad federativa.
Insuficientes apoyos canalizados a la población objetivo. Se dieron apoyos a solo 46.5% de la
población objetivo mediante los cuales se benefició a 127 IPES que representaron el 46.5% de
la población objetivo (273) y el 25.1% de la potencial; sin embargo, se careció de mecanismos
de control y supervisión que permitan su comprobación, así como de información para realizar
el seguimiento de los apoyos entregados. De las 127 IPES beneficiadas, sólo dispuso de
información del 81.9% (104).
Se constató que la matrícula de las instituciones apoyadas pasó de 1,243.9 miles de alumnos en
2015 a 1,289.9 miles de alumnos en 2016, lo que representa un incremento del 3.7%; sin
embargo, de las 31 entidades federativas apoyadas, 8 presentaron una disminución en el
número de alumnos, por lo que no se comprobó la contribución del programa a la ampliación
de la matrícula educativa de nivel superior.
Dictamen. La ASF se abstiene de emitir una opinión de la incidencia de la entrega de subsidios
mediante el programa U079 “Expansión de la Educación Media Superior”, debido a que no
dispuso de diagnósticos y mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de objetivos y
metas relacionados con la expansión de la educación superior.
Número de observaciones: 8; Número de acciones: 14 Recomendaciones al Desempeño.
Secretaría de Educación Pública. “Programa Nacional de Inglés”. Auditoría Financiera y de
Cumplimiento, No. 152.
Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto del programa
presupuestario S270 "Programa Nacional de Inglés" se ejerció, aplicó y registró conforme a los
montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
54
Datos Básicos FSCP 2016
Falta de mecanismos para comprobar ejercicio de presupuesto. La Dirección General de
Desarrollo Curricular de la SEP quien transfiere los recursos del programa a las entidades
federativas para su ejercicio, observa ausencia de mecanismos de control y supervisión, lo que
trae como consecuencia que la Secretaría de Educación Pública no cuente con la garantía de
que el presupuesto de dicho programa se encuentra comprobado con los documentos que
acrediten fehacientemente su ejercicio en los conceptos de gasto autorizados en las Reglas de
Operación.
Además, la SEP no cuenta con los mecanismos de supervisión para comprobar la correcta
aplicación de los recursos transferidos a las entidades de la federación. Se detectaron también
deficiencias en las Reglas de Operación del programa ya que no mencionan los requisitos que
deberán cubrir los asesores externos que impartirán las clases del idioma inglés, ni los plazos
para que las tesorerías estatales transfieran los recursos a la Autoridad Educativa Local.
Asimismo, se detectó que la SEP tiene un monto pendiente de comprobar o reintegrar de 594.9
millones de pesos que proviene de 678.9 millones de pesos ministrados por la Dirección General
de Desarrollo Curricular, ya que no evidenció que se haya realizado un seguimiento en la
aplicación de los recursos para garantizar que éstos se utilizaron para los fines del programa.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León no acreditó la documentación
justificativa y comprobatoria del gasto por un importe de 10.7 millones de pesos; y no acreditó
la certificación de 1500 docentes y/o asesores externos especializados y de 850 alumnos con
documentación que sustente los centros de trabajo a los que se encuentran adscritos los
docentes certificados, ni de la evaluación diagnóstica de 11,000 alumnos.
Dictamen. De acuerdo con la ASF, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las
disposiciones legales y normativas aplicables.
Observaciones: 6; Acciones promovidas: 3 Recomendaciones, 2 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Recuperaciones Determinadas: Probables, 605.5 millones de pesos.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
55
Datos Básicos FSCP 2016
Secretaría de Educación Pública. “Regulación de los Servicios de Educación Básica y
Regulación de los Servicios de Educación Media Superior”. Auditoría Horizontal. Dos
Auditorías de Desempeño, No. 159 y 160.
Educación Básica. Auditoría No. 159.
Objetivo. Fiscalizar la regulación de los servicios de educación básica para verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas.
Falta de criterios y procedimientos metodológicos de evaluación. Se constató que la SEP no
dispuso de la metodología para garantizar que en el documento “Propuesta Curricular para la
Educación Obligatoria”, los planes y programas incluidos en él correspondieran con las
necesidades de aprendizaje de los alumnos; asimismo, la SEP no garantizó el establecimiento
de los criterios ni de los procedimientos de evaluación y acreditación sobre los conocimientos,
habilidades, capacidades y destrezas de los alumnos de educación básica.
La SEP no dispuso de la metodología para realizar revisiones y evaluaciones sistemáticas y
continuas a estos documentos, con el propósito de asegurar su idoneidad con respecto a las
necesidades de aprendizaje de los alumnos, a fin de contribuir a que avancen en su trayectoria
educativa y desarrollen las competencias requeridas para la vida; no emitió los documentos
normativos correspondientes al ejercicio correspondientes a la regulación de los servicios
educativos relacionados con el plan y los programas de estudio vigentes en el nivel básico, ni
contó con los mecanismos para determinar cuántos y cuáles documentos normativos se debían
emitir en ese año.
Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en términos generales, la
Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas
aplicables.
Número de Observaciones: 9; Número de acciones: 11 Recomendaciones al Desempeño.
Educación Media Superior. Auditoría No. 160.
Objetivo. Fiscalizar la regulación de los servicios de educación media superior para verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas.
Falta de mecanismos para diseñar competencias disciplinares extendidas. Se detectó que la SEP
no incluyó criterios ni procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que los
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
56
Datos Básicos FSCP 2016
alumnos contaran con las competencias establecidas en los planes y programas de estudio; la
SEP no acreditó disponer de políticas e indicadores para verificar en qué medida los planes y
programas de estudio vigentes en 2016 fueron pertinentes con las necesidades sociales y los
requerimientos del sector productivo, a fin de contribuir a que los estudiantes avanzaran
exitosamente en su trayectoria educativa y desarrollaran aprendizajes y competencias
significativos para la vida, por lo que existe el riesgo de que los alumnos egresados del nivel
medio superior no cuenten con los conocimientos, las capacidades y las competencias
pertinentes para desarrollar satisfactoriamente su trayectoria educativa y obtener aprendizajes
significativos para la vida, así como para insertarse exitosamente en el mercado laboral.
La SEP no diseñó criterios ni estándares de calidad y pertinencia para evaluar los conocimientos,
habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes; ni acreditó la metodología que
permitiera determinar cuántos y cuáles documentos normativos se debían elaborar, actualizar,
emitir y operar a partir de la elaboración y emisión de los ocho documentos normativos
programados en la MIR del programa presupuestario G001 “Normar los servicios educativos”;
tampoco fue posible verificar si los dos documentos elaborados y emitidos, y los ocho
instrumentados en 2016 fueron suficientes para regular los servicios de educación media
superior.
Falta de políticas para determinar si los programas corresponden con las necesidades sociales y
del sector productivo. Se detectaron deficiencias en la regulación de los planes y programas de
estudio vigentes en 2016, así como en su evaluación y supervisión; la Dirección General de
Bachillerato (DGB), adscrita a la SEP, no dispuso del diseño de los mecanismos necesarios para
la supervisión de la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016”. Tampoco llevó
a cabo la supervisión de la aplicación de los planes y programas de estudio en 2016. En 2013, la
DGB diseñó como estrategia para la supervisión, la aplicación de un cuestionario dirigido
principalmente a docentes; sin embargo, no acreditó las acciones de mejora implementadas en
atención a las áreas de oportunidad detectadas, mediante la aplicación de los cuestionarios.
Dictamen. En opinión de la ASF, la SEP diseñó la “Propuesta Curricular para la Educación
Obligatoria”, que incluyó las directrices que deberá atender el nuevo Marco Curricular Común
actualizado, en el que se establecen las competencias para elaborar los planes y programas de
estudio de la educación media superior a partir del ciclo escolar 2018-2019; sin embargo, la
regulación para su instrumentación, supervisión y evaluación presentó deficiencias; además, se
careció de políticas e indicadores para determinar en qué medida los planes y programas de
estudio fueron pertinentes con las necesidades sociales y con los requerimientos del sector
productivo, por lo que subsiste el riesgo de que los alumnos de ese nivel educativo no cuenten
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
57
Datos Básicos FSCP 2016
con las competencias necesarias para lograr exitosamente su trayectoria educativa y desarrollar
aprendizajes significativos para la vida.
Número de observaciones: 9; Número de acciones: 13 Recomendaciones al Desempeño.
Secretaría de Educación Pública. “Servicios de Educación Media Superior: Bachillerato
General y Bachillerato Tecnológico”. Auditoría Horizontal. Dos Auditorías de Desempeño, No.
161 y 162.
Bachillerato General. Auditoría No. 161.
Objetivo. Fiscalizar que los servicios de bachillerato general contribuyeron a atender la
demanda educativa.
Falta de acreditación de la contribución del programa a la atención de solicitantes. La SEP ejerció
recursos fiscales por 2 mil 428.2 millones de pesos en el Pp E007 en la modalidad de bachillerato
general, sin acreditar su contribución para la atención de los 57,676 solicitantes que
demandaron ingresar ni para el logro de las metas del 80.0% en el ciclo escolar 2018-2019 y de
cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, establecidas en el Programa Sectorial de
Educación y en el transitorio segundo del Decreto por el que se declara reformado el párrafo
primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º de la Carta Magna, por lo que,
aun cuando se destinan recursos públicos para atender la demanda de educación media
superior, continúa el riesgo de que los estudiantes no tengan acceso al servicio solicitado, que
es necesario para su incorporación al mercado laboral o para continuar sus estudios de nivel
superior.
Para 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se mandató que los recursos
aprobados para el Pp E007, a cargo de la Dirección General del Bachillerato de la SEP y el Colegio
de Bachilleres, se destinaran a contar con planteles equipados; docentes suficientes y
actualizados; así como planes y programas educativos actualizados, pero se evidenció que
fueron aplicados, en un 95.3% (2 mil 314.9 de los 2 mil 428.2 millones de pesos del presupuesto
ejercido), al pago de servicios personales, y no para la atención de las necesidades de
equipamiento de sus 62 planteles, la actualización de sus 5,331 docentes y de los planes y
programas educativos; así como a la incorporación de 49 planteles con los que contaron en
2016 al Sistema Nacional de Bachillerato, de acuerdo con los objetivos determinados en la MIR
del programa.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
58
Datos Básicos FSCP 2016
Falta de mecanismos de seguimiento, evaluación y control. La SEP no contó con elementos para
determinar su capacidad para ofrecer educación a la población en edad escolar de 15 a 17 años
demandante, que permitieran el cumplimiento del objetivo del Pp E007; desconoció la
contribución del programa en el aumento de la cobertura de la Educación Media Superior, ya
que para su cálculo integró a los alumnos matriculados sin importar el grupo de edad, donde
incluía a mayores de 17 años, que no se encontraba dentro de la población objetivo, jóvenes de
15 a 17 años, por lo que se sobrestimó el avance del indicador de “Tasa bruta de escolarización
de Educación Media Superior”. La ASF calculó que el porcentaje de alumnos matriculados de 15
a 17 años, respecto del total de jóvenes del mismo rango de edad, será de 66.3 tanto para el
ciclo escolar 2018-2019, como para el 2021-2022, por lo que las metas del 80.0% del PSE 2013-
2018 y de cobertura total establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no se cumplirían.
El bachillerato general prestó servicios educativos en el ciclo escolar 2015-2016, a 127,266
alumnos. En lo que respecta a la atención a la demanda tuvo un porcentaje de 92.9 (53,580
alumnos atendidos de los 57,676 demandantes) en el ciclo escolar 2015-2016, lo que
representó el 3.2% de los alumnos que egresaron de secundaria en el ciclo escolar 2014-2015.
Dictamen. En opinión de la ASF, en 2016, la SEP y el COLBACH no avanzaron en la atención del
problema público identificado como la insuficiencia de servicios educativos para atender la
demanda de acceso de los estudiantes de 15 a 17 años, al no acreditar que la prestación del
servicio educativo a 127.3 miles de alumnos fue suficiente, ni el equipamiento en 62 planteles,
la suficiencia y actualización de los 5,331 docentes, así como la actualización de planes y
programas educativos como resultado de la operación del programa, ya que el 95.3% de los 2
mil 428.2 millones de pesos erogados del Programa presupuestario E007 en la modalidad de
bachillerato general se destinó al capítulo 1000 “Servicios Personales”.
Número de observaciones: 7; Número de acciones: 13 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover
la intervención de las instancias de control competente con motivo de 4 irregularidades
detectadas.
Bachillerato General. Auditoría No. 162.
Objetivo. Fiscalizar que los servicios de bachillerato tecnológico contribuyeron a atender la
demanda educativa.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
59
Datos Básicos FSCP 2016
Falta de acreditación de la contribución del programa a la atención de solicitantes. La SEP ejerció
en 2016 recursos fiscales por 26 mil 556.7 millones de pesos en el Pp E007 en la modalidad de
Bachillerato Tecnológico, sin acreditar su contribución para la atención de los 365,996
solicitantes que demandaron ingresar ni para el logro de las metas del 80.0% en el ciclo escolar
2018-2019 y de cobertura total en el ciclo escolar 2021- 2022, por lo que, aun cuando se
destinan recursos públicos para atender la demanda de educación media superior, continúa el
riesgo de que los estudiantes no tengan acceso al servicio solicitado, que es necesario para su
incorporación al mercado laboral o para continuar sus estudios de nivel superior.
Falta de mecanismos de seguimiento, evaluación y control. La SEP no acreditó contar con los
elementos para determinar su capacidad para ofrecer educación a la población en edad escolar
de 15 a 17 años demandante, que permitieran el cumplimiento del objetivo del Pp E007. El
bachillerato tecnológico prestó servicios educativos en el ciclo escolar 2015-2016, a 443,734
alumnos. En lo que respecta a la atención a la demanda, el bachillerato tecnológico tuvo un
porcentaje de 87.5 (320,255 alumnos atendidos de los 365,996 demandantes) en el ciclo escolar
2015-2016, lo que representó el 16.1% de los alumnos que egresaron de secundaria en el ciclo
escolar 2014-2015.
La SEP desconoció la contribución del programa en el aumento de la cobertura de la Educación
Media Superior, ya que para su cálculo incluyó a alumnos matriculados sin importar el grupo de
edad, donde incluía a mayores de 17 años, que no se encontraban dentro de la población
objetivo, jóvenes de 15 a 17 años, por lo que se sobrestimó el avance del indicador de “Tasa
bruta de escolarización de Educación Media Superior”.
La ASF calculó que el porcentaje de alumnos matriculados de 15 a 17 años, respecto del total
de jóvenes del mismo rango de edad, será de 66.3% tanto para el ciclo escolar 2018-2019, como
para el 2021-2022, por lo que las metas del 80.0% del PSE 2013-2018 y de cobertura total,
establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se cumplirían.
Información incompleta sobre los planteles equipados. No se cuenta con documentos sobre el
personal docente suficiente y actualizado, y los planes y programas educativos actualizados de
conformidad con los objetivos e indicadores establecidos en la MIR del Pp E007, debido a que
para 2016, la MIR del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” presentó deficiencias
en la lógica vertical y horizontal para evaluar objetivamente el desempeño del programa debido
a una inadecuada construcción de sus objetivos e indicadores.
En 2016 el presupuesto asignado al Pp E007, a cargo de la direcciones generales de Educación
Tecnológica Industrial, Educación Tecnológica Agropecuaria y de Educación en Ciencia y
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
60
Datos Básicos FSCP 2016
Tecnología del Mar, de la SEP y el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, fue aplicado, en un
98.8%, al pago de servicios personales, y no para la atención de las necesidades de
equipamiento de sus 830 planteles, la actualización de sus 37,874 docentes y de los planes y
programas educativos actualizados; así como a la incorporación de los 517 planteles con los que
contaron en 2016 al Sistema Nacional de Bachillerato.
Dictamen. En opinión de la ASF, en 2016, la SEP y el CETI no avanzaron en la atención del
problema público identificado como la insuficiencia de servicios educativos para atender la
demanda de acceso de los estudiantes de 15 a 17 años, al no acreditar que la prestación del
servicio educativo a 443.7 miles de alumnos fue suficiente, ni el equipamiento en 830 planteles,
la suficiencia y actualización de los 37,874 docentes, así como la actualización de planes y
programas educativos como resultado de la operación del programa, ya que el 98.8% de los 26
mil 556.7 millones de pesos erogados del Programa presupuestario E007 en la modalidad de
bachillerato tecnológico se destinó al capítulo 1000 “Servicios Personales”
Número de observaciones: 6; Número de acciones: 12 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover
la intervención de las instancias de control competente con motivo de 4 irregularidades
detectadas.
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. “Servicios de Educación Media Superior:
Bachillerato Profesional Técnico”. Auditoría de Desempeño, No. 169.
Objetivo. Fiscalizar que los servicios de bachillerato profesional técnico contribuyeron a atender
la demanda educativa.
Ejercicio de recursos sin gestionar requerimientos. En 2016, el CONALEP ejerció los 1 mil 201.9
millones de pesos del Pp E007 en Servicios de Educación Media Superior en la modalidad de
Bachillerato Profesional Técnico, de los cuales, el 70.4% se destinó a atender la demanda de
servicios en los planteles coordinados por la Dirección de Servicios Escolares y contribuir a
lograr las metas de cobertura del nivel educativo; mientras que el 12.6%, fue para las
direcciones de Infraestructura y Adquisiciones y Corporativa de Tecnologías Aplicadas, a fin de
que elaboraran el diagnóstico de necesidades de equipamiento de los planteles federales, sin
haber realizado gestiones para su atención; el 1.9% para la Dirección de Diseño Curricular que
diseñó y actualizó 44 programas de estudio de los 80 programados, y el 0.9% se destinó para
la Dirección de Formación Docente que habilitó a 7,752 docentes en profesionalización para
toda la institución, con lo que superó en 27.9% la meta establecida de 6,061 docentes; sin que
se identificara la vinculación de dicha habilitación con el desarrollo de competencias
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
61
Datos Básicos FSCP 2016
profesionales básicas y extendidas establecidas en el modelo académico del colegio en el 34.2%
de los cursos impartidos a 2,653 docentes. El 14.2% se gastó en áreas administrativas y jurídicas.
Falta de indicadores de evaluación. El CONALEP no contó con indicadores, metas e información
para evaluar la atención de la demanda de los alumnos que requerían esos servicios, ni para el
logro de las metas de cobertura del 80.0% en el ciclo escolar 2018-2019 y de la cobertura total
en el ciclo escolar 2021-2022, establecidas en el Programa Sectorial de Educación, por lo que,
aun cuando se destinan recursos públicos para atender la demanda de educación media
superior, continúa el riesgo de que los estudiantes no tengan acceso al servicio solicitado, que
es necesario para su incorporación al mercado laboral o para continuar sus estudios de nivel
superior.
De igual manera, el CONALEP careció de un indicador de medición en el grupo etario definido
en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 de los jóvenes de 15 a 17 años, por lo que
desconoció su contribución al aumento de la cobertura de la educación media superior para la
meta sectorial. Asimismo, en cuanto al indicador “Tasa de variación de la matrícula de
Educación Media Superior”, aumentó en 1.2% (3,495 alumnos) la variación de la matrícula
respecto del ciclo anterior, por lo que el resultado fue menor en 2.1 puntos, respecto de la meta
de 3.3%.
Respecto de la atención a la demanda, el Bachillerato Profesional Técnico (BPT) tuvo un
porcentaje de 83.5% (129,375 alumnos atendidos de los 154,926 demandantes) en el ámbito
nacional en el ciclo escolar 2015-2016, lo que representó el 6.5% de los alumnos egresados de
secundaria en el ciclo escolar 2014-2015. La falta de metas derivó en diferencias respecto del
porcentaje de alumnos solicitantes y matriculados entre las entidades federativas, ya que
Tabasco, Estado de México, Sonora y Jalisco atendieron a los solicitantes en un rango de 94.7%
a 100.0%, mientras que Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato otorgaron servicios
en un rango de 59.9% a 70.0% de los demandantes.
Dictamen. En opinión de la ASF, en 2016, el CONALEP avanzó marginalmente en la atención del
problema público referente a la insuficiencia de los servicios de Educación Media Superior en
la modalidad de Bachillerato Profesional Técnico, debido a que elaboró el diagnóstico de
necesidades de equipamiento de los planteles; diseñó y actualizó 44 (55.0%) de los 80
documentos curriculares establecidos en su meta y habilitó en profesionalización a 7,752
docentes de los 15,711 de la plantilla, aunque superó la meta de atención de 6,061 docentes
en 27.9 % (1,691 docentes); pero mostró deficiencias en la operación del programa, ya que no
realizó gestiones para el equipamiento de sus 608 planteles y atender las necesidades
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
62
Datos Básicos FSCP 2016
diagnosticadas, incumplió la meta de diseño y actualización de documentos curriculares, y el
34.2% de los cursos impartidos a 2,653 docentes no se vinculó con su modelo académico.
Número de observaciones: 2; Número de acciones: 3 Recomendaciones al Desempeño.
Secretaría de Cultura. “Desarrollo Cultural”. Auditoría de Desempeño No. 166.
Objetivo. Fiscalizar que la promoción y difusión de la cultura y las artes haya contribuido a
incrementar el acceso y participación de la población a esas manifestaciones.
Inconsistencias en la identificación de la población beneficiaria. Se constató la falta de
acreditación de la metodología para cuantificar a los beneficiarios en las actividades culturales
mediante el Pp E011, Desarrollo Cultural, con un presupuesto en 2016 para la difusión y
promoción de la cultura, de 2 mil 564.5 millones de pesos, obstaculizando la determinación de
la cobertura de atención del programa, lo que representa un riesgo de no incidir en el
incremento del acceso de las personas a la cultura, objeto del programa.
Deficiencias en la selección de beneficiarios. La ASF detectó inconsistencias en la selección de la
población que presenta el problema o necesidad de acceso a la cultura, que justifica la
existencia del programa lo que impidió se determinara la cobertura de atención del programa.
Tampoco acreditó la desagregación de la población objetivo por tipo de actividad de difusión o
promoción.
Falta de elementos para comprobar promoción y difusión del programa. La Secretaría de Cultura
solo acreditó la firma de 32 de los 38 acuerdos de coordinación con los operadores del
programa, a fin de establecer las actividades de promoción y de difusión que cada uno de ellos
realizaría en ese año para cumplir con los objetivos del programa. En los documentos suscritos
no se cuantificó ni cualificó la promoción y difusión que se realizaría para verificar su
implementación y seguimiento.
Inconsistencia en las actividades de difusión y promoción de la cultura. La entidad fiscalizada no
acreditó los criterios que utilizó para la realización de las actividades de difusión y promoción
de la cultura.
Dictamen. La ASF se abstiene de emitir una opinión sobre la contribución de la SC, en el marco
del Pp E011, para atender el problema público de la insuficiente promoción y difusión de las
manifestaciones culturales.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
63
Datos Básicos FSCP 2016
Número de observaciones: 8; Número de acciones: 13 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias
de control competentes con motivo de una irregularidad detectada.
Universidad Autónoma Metropolitana. “Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad
Cuajimalpa; del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad de Iztapalapa en
la Ciudad de México y de la Tercera Etapa de la Unidad Lerma, en el Estado de México”.
Auditoría de Inversiones Físicas, No. 183.
Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los
proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y
pagaron de conformidad con la legislación aplicable.
Ejercicio de recursos sin acreditación de la entidad fiscalizada. Se observó que los recursos
asignados al capítulo 6000, Inversión Pública, en 2016 se destinaron a la ejecución de los
proyectos de inversión que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó con las claves
de cartera relativas a la “Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa”, la
“Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa” y la
“Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma”.
Sin embargo, la UAM no acreditó el ejercicio o el devengo de dichos recursos al 31 de diciembre
de 2016, ni tampoco han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación, toda vez que no se
comprobaron documentalmente los compromisos adquiridos durante el ejercicio de 2016 para
licitar y contratar la construcción de dichas unidades, ni se acreditó la inversión en los proyectos
referidos que se reportaron como ejercidos y pagados tanto en el cuarto informe trimestral
como en la Cuenta Pública de 2016 por un monto de 185.8 millones de pesos.
Durante el proceso de registro de la información para la Cuenta Pública 2016, la Institución
subió la plantilla AC001 en el Sistema de Cuenta Pública, considerando los recursos del capítulo
6000 como no devengados y no pagados, sin embargo, en la revisión realizada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público se manifestó que existía error en el registro de la información,
por lo que se consultó con las autoridades de la Institución la situación antes mencionada y se
acordó modificar el archivo AC001 de manera tal que los recursos del capítulo 6000 se
registraran como recursos devengados y pagados.
De tal manera que los recursos no fueron pagados en el año 2016 y se encuentran en el
programa de obras del presupuesto de ingresos y egresos de la Institución para el año 2017, el
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
64
Datos Básicos FSCP 2016
cual fue formulado por el patronato y autorizado por el Colegio Académico en diciembre de
2016.
Dictamen. La ASF concluye que, en términos generales, la Universidad Autónoma
Metropolitana no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables.
Número de observaciones: 1 observaciones; Número de acciones: 1 Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Recuperaciones Determinadas: Probables, 185.8 millones de pesos.
Sector Desarrollo Social
SEDESOL. “Seguro de Vida para Jefas de Familia”. Auditoría de Desempeño, No. 266.
Objetivo. Fiscalizar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF) para verificar el
cumplimiento de sus objetivos y metas.
SEDESOL carece de mecanismos de control interno para asegurarse que las mujeres pre-
registradas en el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se encuentren realmente en
situación de pobreza. La ASF determinó que los mecanismos de control interno de la SEDESOL
fueron insuficientes para asegurar que las mujeres pre registradas en el programa se
encuentren en situación de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por
ingreso; acreditar la verificación del bienestar de los hijos beneficiarios menores de seis años;
disponer de indicadores para evaluar su eficiencia en el pre registro de las jefas de familia, el
registro de los hijos beneficiarios y la entrega de los apoyos, así como para medir la contribución
del programa en la permanencia escolar de los beneficiarios, por lo que la ASF concluyó que
SEDESOL no contó con un proceso sistemático que le permita identificar, evaluar, jerarquizar,
controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de
los objetivos y metas institucionales.
La dependencia reportó que en 2016 realizó cuatro campañas de promoción para el programa
con el objetivo de promover la afiliación de jefas de familia y el registro de los hijos
beneficiarios, sin embargo, ésta no dispuso de la memoria de cálculo con la cual la definió.
Además, no contó con un programa de trabajo y las cifras reportadas en los resultados del
indicador no están sustentadas en la base de datos proporcionados por la dependencia. De
conformidad con los registros de SEDESOL en 2016 sus delegaciones estatales realizaron 651
campañas de promoción, cifra que difiere de las 4 reportadas en el indicador denominado
“Porcentaje de campañas estatales realizadas para el registro de jefas de familia”.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
65
Datos Básicos FSCP 2016
Por otro lado la ASF observó que el 50.5% de los expedientes (99 expedientes), no contó con
al menos 1 de los 9 requisitos que obligan las reglas de operación del programa, y en el restante
49.5% (97 expedientes) cumplió con los 9 requisitos, por lo que la entidad fiscalizadora
determinó que los mecanismos de la dependencia no fueron suficientes para validar la
información proporcionada por los beneficiarios y asegurarse de que los subsidios del programa
se otorguen a quienes cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad. Aunado a lo
anterior, tampoco dispuso de indicadores ni de metas para medir la eficiencia en la entrega de
los subsidios a los hijos beneficiarios del programa en 2016.
No se alcanzó la meta programada sobre el porcentaje de beneficiarios que concluyeron su nivel
educativo. Para evaluar el objetivo específico del Seguro de Vida para Jefas de Familia, en 2016,
de contribuir a incentivar la permanencia de sus hijos beneficiarios en el sistema escolar, la
SEDESOL estableció el indicador “Porcentaje de beneficiarios que concluyeron su nivel
educativo”, en el que reportó que de los 3 mil 198 alumnos que recibieron los apoyos del
programa y se esperaba que concluyeran su nivel educativo, el 62.6% (2 mil 002 hijos
beneficiarios) finalizó, lo que significó un cumplimiento del 73.7%, respecto de la meta
programada de que el 84.9% de los hijos beneficiarios concluyeran. La dependencia no explicó
las causas del menor cumplimiento de la meta. Asimismo, la ASF considera que el indicador no
es adecuado, ya que mide la conclusión del nivel educativo y no la del grado escolar, por lo que
no permite verificar la contribución del SVJF en la permanencia escolar de los hijos beneficiarios.
SEDESOL no acreditó las reasignaciones presupuestarias efectuadas en 2016 al programa,
además carece de información clara, confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de
decisiones y para la transparencia de la gestión del programa SVJF. El presupuesto ejercido en
2016 por la SEDESOL para el programa fue de 1 mil 080.5 millones de pesos, monto igual al
presupuesto modificado, y similar al presupuesto original (1 mil 082.2 millones de pesos). La
SEDESOL argumentó que la diferencia de 1.6 millones de pesos, entre el presupuesto original y
el ejercido, se debió a una reducción líquida realizada por la SHCP por 1.1 millones de pesos. De
acuerdo con la dependencia, los otros 501.4 miles de pesos correspondieron a reasignaciones
presupuestarias realizadas por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la
SEDESOL; sin embargo, no acreditó la autorización de la transferencia de recursos, ni de la
partida presupuestal a la que fueron entregados. Por otro lado, el 31 de octubre de 2013
SEDESOL suscribió con la SHCP el contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago
para el otorgamiento de los apoyos económicos del programa SVJF, asimismo a solicitud de
SEDESOL en el mismo año el Colegio de México (COLMEX) realizó un estudio denominado
“Estudio demográfico-actuarial de las proyecciones de Jefas de Familia, beneficiarios y
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
66
Datos Básicos FSCP 2016
requerimientos financieros a corto, mediano y largo plazo”, con la finalidad de estimar las
obligaciones financieras del SVJF a 2030. De dicho estudio se determinó que:
i) En un primer escenario, en el que se supone la incorporación anual de jefas de
familia al programa durante el periodo 2013-2030, el fideicomiso requerirá la
cantidad de 15 mil 932.7 millones de pesos para 2030; el número de jefas de familia
pre registradas sería de 7,269 miles; se registraría la defunción de 1,554.6 miles de
jefas de familia, y el número de hijos beneficiarios se incrementaría a 166,162 hijos
beneficiarios.
ii) En un segundo escenario, en el que sólo se permitirá el pre registro de las jefas de
familia al programa hasta el 2018, se estimó que el fideicomiso requeriría, para
afrontar la entrega de los apoyos a 2030, de 13 mil 985.3 millones de pesos; se
tendría el pre registro de 3,755 miles de jefas de familia; el número de defunciones
sería de 1,251.3 miles de jefas de familia, y se reportarían 127,808 hijos
beneficiarios.
Sin embargo, las cifras que SEDESOL proporcionó al COLMEX no son similares, ni
guardan proporción con las que entregó a la ASF para la realización de la presente
auditoría. Por lo anterior la ASF determinó que la SEDESOL no contó con mecanismos
adecuados para el ingreso, registro y generación de información clara, confiable,
oportuna y suficiente, para la adecuada toma de decisiones y transparencia de la
gestión del SVJF y, por tanto, resta utilidad al estudio demográfico-actuarial.
Consecuencias Sociales. La ASF concluye que las deficiencias en la operación del programa
impiden evaluar los resultados de la política pública de dotar a mujeres jefas de familia en
situación de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos sin
acceso a la seguridad social, de un esquema de aseguramiento, y de incentivar la permanencia
en el sistema escolar de los hijos de hasta 23 años de edad, ante el eventual fallecimiento de la
madre jefa de familia pre registrada en el programa, ya que SEDESOL no contó con mecanismos
para asegurar que las mujeres pre registradas en el SVJF contaban con las condiciones para
incorporarlas al seguro, y por la falta de información, indicadores y metas para evaluar la
contribución del programa en la permanencia de los hijos beneficiarios en el sistema escolar.
Dictamen. La ASF considera que no es posible evaluar el cumplimiento de los objetivos general
y específico del SVJF, ni su incidencia en el problema público que pretende atender, ya que la
SEDESOL careció de mecanismos para asegurar que las mujeres pre registradas en el programa
a 2016 se encontraban en situación de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
67
Datos Básicos FSCP 2016
vulnerabilidad por ingresos, y no contó con información, indicadores y metas para evaluar la
contribución del SVJF en incentivar la permanencia de los hijos de hasta 23 años de edad en
estado de orfandad en el sistema escolar.
Número de observaciones: 11; Número de acciones: 25 (RD).
Instituto Nacional de Economía Social (INAES). “Programa de Fomento a la Economía Social”.
Auditoría de Financiera y de Cumplimiento, No. 272.
Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa de Fomento a la
Economía Social, para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.
Antecedente. El Programa de Fomento a la Economía Social (PFES) a cargo del INAES estuvo a
cargo de la Secretaría de Economía hasta el ejercicio 2015 debido a que mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, se reformó la Ley de
Economía Social y Solidaria y se derogó la fracción X, del artículo 34, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, con lo que el INAES y el Programa de Fomento a la Economía
Social se sectorizaron en el Ramo 20 Desarrollo Social. Es importante señalar que una vez re-
sectorizado dicho programa en la SEDESOL, se están realizado acciones para fusionar el PFES
con el Programa de Opciones Productivas que ya existía en la misma dependencia, con el fin de
contar con un objetivo para contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de
pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los Organismos del Sector
Social de la Economía.
Reglas de operación del Programa, incompletas. La ASF revisó las reglas de operación del
programa y constató que en dichas reglas no se consideraron algunas actividades relacionadas
con las obligaciones de los beneficiarios del programa, tales como la comprobación y
seguimiento de los apoyos otorgados, así como la permanencia de los proyectos productivos.
Por otro lado, comprobó que el INAES contó con los órganos técnicos colegiados auxiliares para
la operación del PFES. Estos órganos fueron el Comité Técnico Nacional y los comités Técnicos
Regionales Norte, Pacífico, Centro y Sur, los cuales fueron conformados y facultados de acuerdo
con lo establecido en las Reglas de Operación y con sus respectivos manuales de operación.
Sesiones de los comités técnicos regionales sin validez por no contarse con la presencia del
delegado federal de la SEDESOL. Respecto a los comités Técnicos Regionales, la ASF comprobó
que en las cuatro regiones se celebraron 32 sesiones extraordinarias que cumplieron con el
quórum legal requerido y se emitieron las actas respectivas que fueron firmadas por los
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
68
Datos Básicos FSCP 2016
asistentes facultados; sin embargo, aunque contaron con el quórum requerido para sesionar,
en ninguna sesión participó el Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Social o, en su
caso, el suplente designado siendo éste integrante propietario con derecho a voz y voto. Al
respecto de lo anterior, la entidad fiscalizada aclaró que de conformidad con el artículo 16 del
Manual de Operación del Comité Técnico Regional, se normó que para declarar quórum legal
en las sesiones ordinarias y extraordinarias en los Comités Técnicos Regionales, se deberá
contar al menos con el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes, por lo que mientras se
cumpla con el quórum, la inexistencia del Delegado Federal de la SEDESOL no invalida las 32
sesiones extraordinarias, no obstante lo anterior, la ASF señaló que en las Reglas de Operación
del programa se estableció en el numeral 3.7.3. Comités, en su apartado “Comités Técnicos
Regionales del INAES”, la integración de dicho Comité el cual contempló al Delegado Federal de
la SEDESOL. Así mismo la ASF señaló que el INAES no remitió la documentación que acreditara
la invitación o, en su caso, la designación de su suplente para cada sesión celebrada, toda vez
que con base en el numeral “3.7.4 Coordinación Interinstitucional”, se considera que la
presencia del Delegado Federal de la SEDESOL es necesaria para garantizar que sus acciones no
se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del
gobierno federal.
Necesidad de crear una base de datos única sobre la consecuencia detectada de beneficiarios
en diversos programas sociales. Por otra parte, la entidad fiscalizadora verificó que los apoyos
otorgados por el INAES, en 2016 no hayan presentado duplicidades con otros programas de
otras dependencias; sobre el particular la ASF comprobó que la Coordinación General de
Planeación y Evaluación del INAES, mediante 28 oficios emitidos en el periodo comprendido
entre el 22 de febrero y el 2 de septiembre de 2016, solicitó la confronta de los solicitantes de
apoyos en 10 convocatorias a la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI), del
Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN); a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de los programas
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), Programa de Apoyo
para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), en sus componentes Apoyos a
Pequeños Productores; al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE), y a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) mediante la Dirección
General de Opciones Productivas (DGOP), bajo la modalidad de Apoyos para el Impulso
Productivo (IP).
Al respecto, la ASF observó que la CDI, la SAGARPA, el INADEM y la SEDESOL, mediante 28
correos electrónicos y oficios emitidos entre el periodo de 11 de marzo al 20 de septiembre de
2016, remitieron a la Coordinación General de Planeación y Evaluación del INAES la respuesta
respecto de las concurrencias detectadas en sus registros, así también, la Coordinación General
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
69
Datos Básicos FSCP 2016
de Operación del INAES, mediante diversos oficios emitidos durante el periodo del 7 de marzo
al 23 de septiembre de 2016, hizo del conocimiento de las delegaciones Estatales del INAES las
concurrencias detectadas; en respuesta de ello, se remitieron 190 oficios emitidos entre el 7 de
marzo de 2016 y el 2 de febrero de 2017 mediante los cuales las delegaciones estatales del
INAES informaron el resultado de dichas concurrencias. Por las concurrencias detectadas la ASF
recomendó que estas entidades evalúen la conveniencia de crear una base de datos única que
les permita compartir, en línea, la información de las solicitudes de apoyo que se consideren
elegibles, a fin de facilitar su consulta en tiempo real por los operarios y así potenciar el impacto
de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y evitar
la duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre dichas dependencias del Gobierno Federal.
Dictamen. La ASF considera que en términos generales, el Instituto Nacional de la Economía
Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia,
excepto por los aspectos observados.
Número de observaciones: 8, Número de acciones: 15 (9 R, 5 PRAS, y 1 PO).
Recuperaciones determinadas: 2.2 millones de pesos (probables).
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. “Servicios a Grupos con Necesidades
Especiales”. Auditoría de Desempeño, No. 274.
Objetivo. Fiscalizar las acciones del Instituto para que las personas adultas mayores se
beneficien de políticas y acciones que fomentan su desarrollo humano integral.
Incremento del número de adultos mayores atendido por el Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM). La ASF observó que el Instituto mediante la prestación de 9
servicios, atendió a 230,579 adultos mayores, cantidad superior en 14.1% a la meta de 202.1
miles de personas adultas mayores y que representaron el 1.8% de las 12,520.7 miles de
personas adultas del país. En cuanto a la meta de incorporar a los adultos mayores a la vida
laboral, el Instituto vinculó a 11,165 personas a una actividad productiva, cifra que representó
el 73.0% de los 15,287 adultos mayores comprometidos. Sin embargo, el Instituto no cuantificó
la cobertura de las personas adultas mayores atendidas respecto de la población potencial y
objetivo del programa en las entidades federativas, situación que limitó el análisis y evaluación
de las políticas de asistencia social y de vinculación productiva dirigidas a las personas adultas
mayores en los estados. Además la ASF especificó que el Instituto carece de un sistema de
información institucional para disponer de información confiable sobre el total de tarjetas de
afiliación entregadas; además, careció de la cobertura de la población adulta mayor potencial y
objetivo por afiliar.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
70
Datos Básicos FSCP 2016
Falta de coordinación del INAPAM con las autoridades competentes para el desarrollo humano
integral de las personas adultas mayores. La entidad fiscalizada no pudo acreditar ante la ASF
que existe coordinación con las autoridades competentes para promover la prestación de los
servicios que se otorgó a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar,
albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, si se realizó con calidad y
conforme a los programas, objetivos y metas para lograr el desarrollo humano integral de las
personas adultas mayores beneficiadas, situación que impidió verificar si se avanzó en la
atención del problema público del insuficiente desarrollo humano integral de las personas
adultas mayores en México.
Se desconoce el total de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y cualquier
otra organización de la sociedad que otorgue atención o asistencia para el desarrollo humano
integral de las personas adultas mayores. La ASF observó que la entidad fiscalizada no contó
con los criterios y lineamientos para integrar y actualizar el Registro Único Obligatorio de todos
los centros para la atención de personas adultas mayores en México, por lo que al no disponer
de dichos criterios, se desconoció el total de asociaciones civiles, organizaciones no
gubernamentales y cualquier otra organización de la sociedad que otorgue atención o
asistencia, así como el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores en la
República Mexicana y que permita servir como fuente de consulta de información sobre el
estado general que guardan esas instituciones, a fin de contribuir a garantizar su regulación
para mejorar sus instalaciones, servicios, recursos humanos y mejorar la calidad de los mismos.
La entidad de fiscalización superior puntualizó que la falta del referido registro impidió
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la asistencia social dirigida a la población adulta
mayor y concentrar la información del total de centros para la atención, cuidado y desarrollo
integral de ese grupo poblacional.
Evaluación parcial del modelo de atención gerontológica utilizado por las instituciones de
atención a personas adultas mayores. La ASF constató que el instituto evaluó de manera parcial
los procedimientos de supervisión y evaluación del modelo de atención gerontológica por parte
de las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier
centro de atención a las personas adultas mayores, ya que únicamente valoró los procesos
relacionados con los servicios que presta la institución; normativa; personal con que cuenta;
detalle físico y condiciones de la institución; dispositivos de seguridad; aspectos arquitectónicos
generales; área de nutrición; aspectos de salud; área de trabajo social, y servicios de
intendencia, sin supervisar la capacitación del personal, el modelo de atención aplicado y
condiciones de la calidad de vida de los adultos atendidos, situación que mostró que no dispuso
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
71
Datos Básicos FSCP 2016
de un diagnóstico integral sobre la calidad de los servicios de asistencia social que otorgaron las
instituciones supervisadas.
Imposibilidad constatar si se alcanzó el desarrollo integral de la población de adultos mayores.
Respecto a los convenios de coordinación del INAPAM con los Gobiernos Estatales la entidad
fiscalizada reportó que tenía firmados 495 convenios para proporcionar asesoría y orientación
para el diseño, establecimiento y evaluación de modelos de atención, así como de las políticas
públicas por implementar. Sobre el particular, la ASF detectó que de los convenios reportados,
únicamente el 89.9% (445) estaba completo y con las firmas correspondientes.
De los 445 convenios de coordinación firmados, el 98.9% (440) fue con los estados y municipios
y el 1.1% (5) con entidades y dependencias de la APF y universidades públicas.
De los 440 convenios firmados con los municipios, el 95.5% (420) estaba completo, y representó
el 55.1% de la meta de firmar 762 convenios con municipios y el 17.1% de los 2,456 municipios
del país.
Sobre el seguimiento de los avances y desarrollo de los convenios, la ASF especificó que el
Instituto no dispuso de información para verificar que dio seguimiento a los acuerdos
comprometidos, por lo que fue imposible verificar si los programas y estrategias definidos
permitieron a la población adulta mayor alcanzar su desarrollo integral, así como el ejercicio de
sus derechos.
En 2016, INAPAM operó sin rendir cuentas. La ASF comprobó que la entidad fiscalizada no
reportó en la Cuenta Pública de 2016 información sobre el cumplimiento de su mandato de
promover, en coordinación con las autoridades competentes que la prestación de los servicios
de asistencia social a los adultos mayores incidió en su desarrollo humano integral. Tampoco
registró la información que permitiera evaluar y dar seguimiento a los objetivos de la MIR del
programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales”. AL respecto es
importante señalar que la ASF reportó que para 2017, el instituto realizó las gestiones
necesarias para que, en los siguientes ejercicios fiscales incluya en la Cuenta Pública la
información que permita evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos.
Consecuencias Sociales. La ASF determinó que en 2016, debido a que el Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores no acreditó que la prestación de los servicios que se otorgaron a
las 230,579 personas adultas mayores atendidas, que representaron el 1.8% de las 12,520.7
miles de personas adultas del país, incidió en lograr su desarrollo humano integral, por lo que
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
72
Datos Básicos FSCP 2016
aún prevalece el problema público relativo al insuficiente desarrollo humano integral de las
personas adultas mayores en México.
Dictamen. En opinión de la ASF, el INAPAM cumplió marginalmente con su mandato de
promover, en coordinación con las autoridades competentes, que la prestación de los servicios
de asistencia social a los adultos mayores incida en lograr su desarrollo humano integral;
integrar el Registro Único Obligatorio de todos los centros para la atención de personas adultas
mayores en México, y de realizar visitas de inspección y vigilancia, por lo que a 14 años de
operación del programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades especiales”,
se desconoce en qué medida el Instituto ha promovido, en coordinación con las autoridades
competentes, que la prestación de los servicios y atención que se otorguen a los adultos
mayores, en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro
de atención, se realizó con calidad y conforme con los programas, objetivos y metas para lograr
el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores beneficiadas; y careció del
Registro Único Obligatorio de todos los centros para la atención de personas adultas mayores
en México, por lo que se desconoce el total de asociaciones civiles, organizaciones no
gubernamentales y cualquier otra organización de la sociedad que otorguen atención o
asistencia, que permita servir como fuente de consulta de información sobre el estado general
que guardan esas instituciones, a fin de contribuir a garantizar su regulación para mejorar sus
instalaciones, servicios y recursos humanos y mejorar la calidad de los mismos, por lo que no
ha atendido razonablemente la problemática para la cual fue autorizado el programa
presupuestario E003 relativo al insuficiente desarrollo humano integral de las personas adultas
mayores en México.
Número de observaciones: 9; Número de acciones: 14 (R).
Sector Salud
La ASF practicó 3 Auditorías al Desempeño de la Secretaría de Salud, concernientes a la Calidad
en la Atención Medica; Fortalecimiento de la Atención Medica; y a la Regulación y vigilancia en
la Atención Medica, la tres practicadas bajo un enfoque horizontal y con el objetivo de Fiscalizar
la calidad en la atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas; por lo
que respecta a sus principales hallazgos y observaciones-acciones determinadas por la ASF, a
continuación se deriven las siguientes:
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
73
Datos Básicos FSCP 2016
Secretaría de Salud (SS). “Calidad en la Atención Médica”. Auditoría de Desempeño, No. 201.
Objetivo: Fiscalizar la calidad en la atención médica para verificar el cumplimiento de sus
objetivos y metas.
Información insuficiente para evaluar resultados del programa. De a revisión practicada por la
ASF al programa Calidad en la Atención Médica, se pudo observar que la Secretaría de Salud no
dispuso de la totalidad de los resultados de las encuestas de trato adecuado y digno de los
establecimientos médicos que recibieron subsidios del programa Calidad en la Atención Médica
en 2016 lo cual no permitió evaluar la pertinencia de implementar mecanismos, a fin de
disponer de información sobre la percepción de la calidad que tienen los usuarios de los
servicios médicos para la adecuada toma de decisiones. En cuanto a la información reportada
por la SS en la Cuenta Pública 2016 sobre los resultados obtenidos en cada uno de los siete
indicadores del programa presupuestario S202 “Calidad en la Atención Médica” esta no fue
suficiente para determinar de qué forma contribuyó en el cumplimiento de su objetivo,
contenido en la MIR de ese año y en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa Calidad en la Atención Médica, para el ejercicio fiscal 2016, de “contribuir a
asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el impulso a la
consolidación de la calidad en los establecimientos de atención médica y áreas administrativas
y centrales de calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, mediante
acciones de mejora de la calidad para la atención de los problemas de salud prioritarios”
Al respecto, la ASF determinó el diseño normativo del programa, en sus reglas de operación no
se establecieron sanciones o penalizaciones para los establecimientos que incumplen las
obligaciones de remitir a la SS la información y documentación sobre la recepción y aplicación
de los recursos, ni se precisa a qué se daría seguimiento, que permitirían conocer y evaluar la
efectividad de los recursos otorgados en el año, a efecto de ajustar las modalidades de su
operación o cancelarlos.
Sobrecumplimiento de metas a modo. Por lo que respecta a la supervisión, la ASF precisó que
la dependencia realizó 11 de las 12 visitas programadas a entidades federativas que recibieron
financiamiento en el año anterior, lo que representó un cumplimiento del 98.9%, respecto de
la meta programada de 46.1%, para financiar 13 proyectos en 18 establecimientos, toda vez
que no se otorgó el apoyo al Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos. La causa
del cumplimiento superior en 91.7% de la meta se debió a que la programación de la meta para
el ejercicio 2016 se realizó mediante los datos históricos del programa, y representó un
aumento de 3.9 veces al asignado en 2015, por lo que la SS pudo supervisar un mayor número
de entidades federativas que el programado.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
74
Datos Básicos FSCP 2016
Derivado de lo anterior, la ASF realizó diversas recomendaciones a la Secretaría de salud para
que disponga de información sobre la percepción de la calidad que tienen los usuarios de los
servicios médicos de todos los establecimientos médicos que reciben subsidios del programa y,
por tanto, de elementos que le permitan identificar en qué medida se está contribuyendo en
garantizar a la población el acceso a los servicios de salud con calidad y a reducir la
heterogeneidad en la prestación de los mismos.
Consecuencias Sociales. La Secretaría de Salud desconoció en qué medida los 45 proyectos de
mejora de la calidad que recibieron recursos del programa Calidad en la Atención Médica en
2016, implementados en 224 establecimientos de salud beneficiarios, de los 1,036 identificados
como establecimientos objetivo, contribuyeron a atender el problema público, relativo a la
heterogeneidad en la calidad de la atención médica en los establecimientos del Sistema
Nacional de Salud, al carecer de la totalidad de los resultados de las encuestas sobre la
percepción de la calidad de los servicios médicos que ofrecen los establecimientos que
recibieron subsidios para la implementación de los proyectos para la mejora de la calidad.
Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SS desconoce en qué medida
los subsidios del programa Calidad en la Atención Médica han contribuido a garantizar el acceso
a los servicios de salud de la población y a reducir la heterogeneidad en la calidad de dichos
servicios, al no contar con la totalidad de los resultados de las encuestas sobre la percepción de
los servicios médicos que ofrecen los establecimientos que recibieron subsidios para la
implementación de los proyectos para la mejora de los servicios médicos.
Número de Observaciones: 2; Número de Acciones: 2 (RD).
Secretaría de Salud. “Fortalecimiento de la Atención Médica”. Auditoría de Desempeño No.
206.
Objetivo: Fiscalizar el fortalecimiento de la atención médica para verificar el cumplimiento de
sus objetivos y metas.
Planeación y diseño deficiente de programas. La conclusión de los trabajos de revisión
practicados por la ASF al Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, señalan que la SS
autorizó 788 rutas para las unidades médicas móviles para la atención de 11,543 localidades,
de las cuales se brindó el servicio al 79.3% (9,155 localidades), y a 1,462.0 miles de personas, el
89.6% de las 1,632.0 miles previstas. Sin embargo, no fue posible determinar la cobertura de
atención del programa, toda vez que la dependencia desconoce el total de localidades que
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
75
Datos Básicos FSCP 2016
cumplieron con los criterios de inclusión: ser geográficamente dispersas, de alta y muy alta
marginación y sin servicios de salud, ubicadas en municipios de bajo índice de desarrollo
humano, con población predominantemente indígena y/o en municipios de la Cruzada contra
el Hambre. Asimismo, se observó que la secretaría careció de un procedimiento para realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades médicas, conforme a lo establecido en
las reglas de operación del programa vigentes en ese año.
Falta de indicadores impiden conocer la contribución de los resultados del programa. Respecto
de los servicios de atención médica, en 2016, por medio de las unidades médicas móviles, la SS
proporcionó 8,488.4 miles de intervenciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades, y 2,509.6 miles de consultas de medicina familiar y odontológica. También, se
aplicaron 396.3 miles de pruebas de gabinete y laboratorio para la detección de enfermedades
no transmisibles, con las cuales se detectó a 4.0 miles de personas con alguna enfermedad no
transmisible: 1.5 miles (37.5%) fueron mujeres con displasias leves, moderadas, severas y
cáncer cérvico uterino; 1.5 miles (37.5%), con diabetes, y 1.0 miles (25.0%), con dislipidemias.
Sin embargo, de acuerdo con la ASF, a pesar de que el Gobierno Federal implemento el
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica para mejorar la falta de acceso a la atención
médica en localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación, y sin servicios
de salud, la información reportada por la SS en la Cuenta Pública 2016 sobre los resultados
obtenidos en cada uno de los ocho indicadores del programa presupuestario S200
“Fortalecimiento a la atención médica” no es suficiente para determinar de qué forma se
contribuyó en el cumplimiento del objetivo de fin, establecido en la Matriz de Indicadores para
Resultados, de “contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad
mediante la oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud por unidades médicas
móviles”, lo que impidió ofrecer servicios a las personas que habitan en las localidades objetivo
del programa.
Recomendaciones de la ASF al programa. Por ello, ASF recomendó a la SS acciones para
disponer de información que permita valorar, si los servicios médicos integrales que ofrecen las
unidades médicas móviles a la población sin acceso a servicios de salud, que habita en
localidades geográficamente dispersas, de alta y muy alta marginación, contribuyen al
mejoramiento de sus condiciones de salud y de esta forma cerrar las brechas existentes en salud
entre los diferentes grupos sociales y regiones del país.
Consecuencias Sociales: La Secretaría de Salud ofreció atención médica a 1,462.0 miles de
personas ubicadas en 9,155 localidades que cumplían los criterios de inclusión del programa,
mediante 8,488.4 miles de intervenciones de promoción y prevención de la salud, y de 2,509.6
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
76
Datos Básicos FSCP 2016
miles de consultas de medicina familiar y odontológicas. No obstante, no fue posible conocer
el efecto de la política pública, en asegurar el acceso efectivo a la atención médica con calidad,
mediante la oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud, por unidades médicas
móviles, y de mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de salud,
para dar tratamiento y controlar a las personas que presentan alguno de los principales
padecimientos no transmisibles, como la diabetes, los tumores malignos y las enfermedades
cerebrovasculares que, de acuerdo con los últimos datos disponibles a 2015, ocupaban el
segundo, tercero y sexto lugar, respectivamente, como causas de muerte entre la población.
Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la dependencia careció de
información para determinar la cobertura de atención del programa, impidiendo evaluar así, la
contribución de la política pública destinada a cerrar las brechas en salud existentes entre los
diferentes grupos sociales y regiones del país, mediante la oferta de servicios a las personas que
habitan en las localidades objetivo del programa, así como, de la atención médica brindada que
tiene por objeto contribuir a mejorar la salud de dichos grupos, por medio de la prevención y
detección de enfermedades, y el tratamiento y control médico de las personas confirmadas con
alguna enfermedad.
Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (RD).
Secretaría de Salud. “Regulación y Vigilancia en la Atención Médica”. Auditoría de
Desempeño No.210.
Objetivo: Fiscalizar la regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Deficiencias en el diseño de los lineamientos del programa. De la revisión practicada al Programa
“Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica”, la cual
comprendió la acreditación de establecimientos de atención médica, la supervisión a los
servicios estatales de salud y la capacitación al personal responsable de operar el Sistema de
Gestión de la Calidad en los establecimientos de salud; la ASF determinó, que respecto del
diseño normativo del programa, se identificó inconsistencias en los “Lineamientos para la
Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario G005, 2016”, destacando la
falta de establecimiento de la cobertura que tendrían los subsidios otorgados, en términos del
número de establecimientos de salud que se beneficiarían con los recursos federales
transferidos. De igual forma, a la ASF no le fue posible identificar a la dependencia o entidad
responsable de la definición de los aspectos que regulan la ejecución del programa; tampoco
se describen, de manera expresa, clara y precisa, los pasos que debían seguirse para la
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
77
Datos Básicos FSCP 2016
autorización de los subsidios a los beneficiarios, y la responsabilidad de la SS de vigilar y
supervisar la operación del programa que tiene carácter potestativo y no obligatorio, lo que
impide a la dependencia evaluar la efectividad de los recursos otorgados en el año, a efecto de
ajustar las modalidades de su operación o cancelarlos.
Inconsistencias en el registro de establecimientos. Por lo que respecta a la acreditación de
establecimientos de atención médica, la ASF observó que en 2016, la población potencial del
programa fue de 21,627 establecimientos del Sistema Nacional de Salud, registrados con Clave
Única de Establecimientos de Salud (CLUES), de los cuales 12,218 (56.5%) establecimientos se
encontraron acreditados en el Catálogo Universal de Servicios (CAUSES); 1,133 (5.2%), en el
Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI),
y 8,276 (38.3%), no se habían acreditado.
Información y control de registros insuficientes. La ASF señaló que a pesar de que en ese año
fueron acreditados 384 establecimientos (1.8%), no fue posible constatar cuántos de los
establecimientos acreditados en 2016 fue por efecto de los subsidios transferidos mediante el
programa G005 a los SES de cada una de las entidades federativas, ya que el proceso de
acreditación comprendió cuatro fases que debieron cumplir los establecimientos antes de
obtener su acreditación, mismos que no necesariamente se concluyen en un año, situación que
impidió determinar el efecto del programa y la cobertura, en su primer año de operación.
Derivado de lo anterior, la ASF recomendó a la Secretaría evaluar la pertinencia de implementar
mecanismos, a fin de asegurar que los establecimientos cuenten con las medidas de calidad y
seguridad para la atención de sus pacientes, en términos del artículo 45, párrafo primero, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada. Así como, analizar la factibilidad de implementar mecanismos, a fin de
disponer de sistemas que permitan generar estadísticas confiables para dar cuenta de los
avances del Programa Anual de Acreditación, en términos del artículo segundo, título segundo,
numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Inconsistencia en el seguimiento y supervisión de las actividades del programa. Por lo que se
refiere a la supervisión, en 2016, de los 30 Servicios Estatales de Salud (SES) que recibieron los
subsidios del programa, 3 no elaboraron el Programa Anual de Supervisión y, de los 27 que lo
elaboraron, 4 no cumplieron con los requisitos señalados en los lineamientos, de incorporar el
listado de establecimientos a supervisar y las rutas georreferenciadas. De los equipos de
supervisión que debían conformar los 30 SES, 23 (76.7%) los acreditaron y, de ellos, 10 (43.5%)
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
78
Datos Básicos FSCP 2016
presentaron a la SS los informes de los hallazgos de cada visita de supervisión realizada, y sólo
7 (70.0%) dieron seguimiento de los hallazgos e informaron a la SS sobre la atención de los
mismos.
Seguimiento y control deficientes en la recepción y administración de los bienes adquiridos.
Respecto a la adquisición de vehículos para disminuir los tiempos de traslado, y los costos en
viáticos y pasajes del personal supervisor, de los 293 SES que recibieron recursos para su
compra, 21 (80.8%) no cumplieron con los entregables consistentes en la tenencia o refrendo y
la tarjeta de circulación y póliza de seguro, y no acreditó que hubiera acompañado a los SES
para supervisar, de forma semestral, a los establecimientos considerados prioritarios por su
complejidad y antecedentes, ni que hubiera supervisado el uso de los vehículos que fueron
adquiridos con recursos del programa presupuestario G005.
Derivado de lo anterior, la ASF recomendó a la Secretaría de Salud investigar las causas por las
que no verificó que, en 2016, todos los Servicios Estatales de Salud, en el marco del programa
G005 "Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica", cumplieron
con realizar la supervisión a los establecimientos de salud; así como, reportar los avances del
programa anual de supervisión; realizar informes de los hallazgos de cada visita de supervisión
efectuada, y dar seguimiento a los mismos en el programa y, con base en ello, analizar la
factibilidad de implementar estrategias, a fin de disponer de información que permita la
adecuada toma de decisiones, respecto de los avances del Programa Anual de Supervisión.
Por lo que toca los vehículos adquiridos la ASF recomendó a la Secretaría de Salud investigar
las causas por las que no se verificó que en todos los Servicios Estatales de Salud que en 2016
recibieron recursos del programa presupuestario G005 Regulación y Vigilancia en la Atención
Médica para la compra de los vehículos, no se acreditaron los entregables que se establecieron
en los Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario
G005, consistentes en la tenencia o refrendo, la tarjeta de circulación y la póliza de seguro y,
con base en ello, analizar la factibilidad de implementar estrategias, a fin de que la totalidad de
los Servicios Estatales de Salud de las entidades federativas este n en posibilidades de
incrementar la capacidad operativa en el traslado del personal supervisor de las jurisdicciones
sanitarias para mejorar la supervisión de los establecimientos de atención médica.
Falta de Información para validad actividades. En cuanto a los Subsidios otorgados por el
programa Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, la ASF
registró que en 2016 la SS reportó que se capacitaron 1,301 personas en la atención de
3 La Ciudad de México y el estado de Veracruz no recibieron recursos del programa G005 en 2016 para la adquisición de
vehículos, y el estado de Chiapas reintegró los recursos recibidos.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
79
Datos Básicos FSCP 2016
hallazgos de supervisión e implementación del Programa de Mejora Continua, el 97.7% de las
1,332 personas registradas como responsables de la calidad en los establecimientos médicos
en las entidades federativas, lo que significó un cumplimiento 22.1% mayor que la meta
programada de 80.0%. Sin embargo la ASF señaló que, la SS no acreditó cuántos SES realizaron
la capacitación; ni las bases de datos que sustenten el resultado y, en relación con el mayor
cumplimiento, tampoco dispuso de las explicaciones correspondientes.
Por ello, las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la SS fortalezca
sus sistemas de información, a fin de evaluar en qué magnitud está contribuyendo la política
implementada a mejorar la calidad de los servicios médicos que ofrecen los establecimientos
para proteger la salud de los pacientes.
Consecuencias Sociales: La Secretaría de Salud desconoce en qué medida los apoyos otorgados
en 2016 a los Servicios Estatales de Salud (SES) para la supervisión de establecimientos de salud,
la impartición de cursos de capacitación a los responsables estatales de la calidad, a los
evaluadores de los establecimientos de atención médica y a los profesionales de la salud, en el
marco de los 31 Convenios Específicos de Colaboración, contribuyeron a la acreditación de los
servicios de atención médica, con la finalidad de atender el problema público relacionado con
la falta de acceso efectivo a servicios de salud con calidad y seguridad y, por tanto, de su
incidencia en elevar la calidad en la atención médica en las instituciones públicas que
conforman el Sistema Nacional de Salud. Las limitaciones en el registro y generación de
información en la SS, respecto de los resultados obtenidos por los SES, no permitieron conocer
el efecto de la política pública de regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de
atención médica, de lograr que la prestación de los servicios médicos sea homogénea y con
seguridad para el paciente.
Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SS desconoce en qué medida
los subsidios del programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención
Médica han contribuido a atender el problema público relacionado con la falta de acceso
efectivo a servicios de salud con calidad y seguridad, mediante el incremento de la calidad en
la atención médica, ya que carece de mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados
obtenidos por el programa.
Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 11 (RD).
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
80
Datos Básicos FSCP 2016
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA). “Programa de
Vacunación” Auditoría de Desempeño, No. 214.
Objetivo: Fiscalizar el Programa de vacunación para verificar el cumplimiento de sus objetivos y
metas.
La entidad no dispuso de mecanismos de control ni de registros de información sobre los efectos
del programa. En cuanto a la coordinación del Programa de Vacunación, el CENSIA, en su
carácter de Secretario Técnico del CONAVA, con apoyo del Consejo Nacional de Vacunación
(CONAVA), convocó y organizó las sesiones para coordinar y cumplir con los objetivos del
Programa de Vacunación en 2016 relativos a la capacitación del personal médico y
administrativo en la materia; suministro de las vacunas; difusión del programa; registro de la
aplicación de las vacunas y los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e
Inmunización (ESAVI), y supervisa y evalúa el propio programa; sin embargo la ASF observó que
la entidad no dispuso de mecanismos de control para vigilar la ejecución de los acuerdos y
resoluciones, ya que no dio seguimiento al 20.0% (3) de los 15 acuerdos que debieron cumplirse
en ese año.
Asimismo, la ASF verificó que los diseños normativo, institucional, programático y metodológico
del Programa de Vacunación fueron congruentes entre sí y con el asunto de interés público; sin
embargo, preciso que el diseño programático de corto plazo establecido en el PEF, en el que se
asignan recursos presupuestarios y se establecen los objetivos, indicadores y metas que
pretende alcanzar el Programa de Vacunación, que el CENSIA programó recursos económicos
mediante el programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación”, pero no previó los
recursos, objetivos y metas del programa U005 “Seguro Popular”, con el cual también adquirió
biológicos. En cuanto al diseño metodológico, este no estableció las gestiones para concretar el
objetivo establecido en el diseño programático, referente a “implementar acciones de
vacunación enfocadas en grupos vulnerables, para cerrar las brechas existentes en salud entre
diferentes grupos sociales y regiones del país”
Derivado de lo anterior, la ASF recomendó al CENSIA investigar las causas por las que el árbol
de problemas, incluido en el diagnóstico del programa presupuestario E036 "Programa de
Vacunación", de 2016, sólo especificó las causas y efectos, pero no el problema que pretende
atender la intervención pública y, con base en ello, analizar la factibilidad de implementar
estrategias, a fin de identificar con precisión el problema público que pretende atender con el
Programa de Vacunación; y en cuanto a la Coordinación interinstitucional, para que el CENSIA,
en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Vacunación, investigue las causas
por las que no acreditó el cumplimiento de 3 acuerdos emitidos en las sesiones del consejo en
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
81
Datos Básicos FSCP 2016
2016 y, con base en ello, analizar la factibilidad de implementar las estrategias pertinentes, a
fin de contar con mecanismos de control que le permitan vigilar la ejecución de los acuerdos y
disponer de información confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones
Planeación y diseño deficientes de metas y objetivos. Por lo que se refiere a la capacitación del
personal, sobre vacunación, la entidad realizó, en el ámbito nacional, tres cursos de
capacitación en 2016, de acuerdo con lo programado y con los temas definidos por los
miembros del CONAVA; sin embargo, no previó el número de personas por capacitar. En los
ámbitos estatal y jurisdiccional, el CENSIA impartió 22 cursos y talleres para capacitar a 903
médicos y paramédicos involucrados en el Programa de Vacunación; no obstante, la
capacitación no se sustentó en un programa que estableciera las instituciones y el número de
servidores públicos participantes y, en las cartas descriptivas, que sustentan el contenido de la
capacitación, no se evidenció la participación de las instituciones encargadas de la vacunación.
Falta de mecanismos de control ni de registros de información sobre los efectos del programa.
Por lo que se refiere al suministro de vacunas, que incluye su adquisición y distribución, el
CENSIA reportó en el PASH4 la adquisición de 13,776.5 miles de dosis en 2016, cantidad que
difiere de las 35,328.3 miles de dosis adquiridas, según sus bases de datos, por lo que no
sustentó que el número de dosis adquiridas se correspondió con el cálculo de la distribución
poblacional de responsabilidad institucional, ni con las necesidades por biológico; además, no
acreditó la adquisición de las vacunas SRP, DPT, antipoliomielítica, Td, contra la hepatitis A, y
contra la varicela, necesarias para garantizar la cobertura de los tres esquemas de vacunación
que, para ese año, se integró por 16 vacunas, en función de tres grupos: 1) niños de 0 a 10 años,
2) adolescentes y adultos, y 3) trabajadores de la salud.
Con base en los resultados la ASF recomendó al CENSIA investigar las causas por las que la cifra
de 13.7 millones de dosis de vacunas reportadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda, no se corresponde con la de 18.5 millones de dosis adquiridas con recursos del
programa presupuestario E036 "Programa de Vacunación", de 2016, registradas en la "Base de
datos de los pagos realizados por concepto de vacunas adquiridas" y, con base en ello, analizar
la factibilidad de implementar estrategias, a fin de disponer de mecanismos para generar
información confiable sobre el cumplimiento de sus metas y objetivos.
Deficiencia en registros de información sobre los efectos del programa. Respecto del registro de
la aplicación de las vacunas, el CENSIA no acreditó contar con un Sistema Nacional de Registro
Nominal de Vacunación en 2016, ni evidenció avances en su integración, lo que limitó contar
con reportes, en los diferentes ámbitos de atención, por biológico, edad y área geográfica, que
4 Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
82
Datos Básicos FSCP 2016
permitieran la adecuada toma de decisiones; además, el CONAVA no emitió ningún acuerdo
relativo a la construcción del censo nominal para el registro de las dosis aplicadas a cada
persona, y sobre los ESAVI, el CENSIA registró 2,152 casos, de los cuales el 91.5% (1,970) fue
clasificado como no grave, y el otro 8.5% (182), grave; sin embargo, no dictaminó los ESAVI no
graves y, de los casos graves notificados, la entidad evidenció la falta de mecanismos de control
para asegurar que estos eventos fueran oportunamente detectados, clasificados, notificados,
investigados y evaluados, y que se les diera seguimiento. Derivado de lo anterior la ASF
recomendó al investigar las causas por las que no acreditó contar con un Sistema Nacional de
Registro Nominal de Vacunación, ni evidenció que realizó gestiones para su integración y, con
base en ello, analice la factibilidad de establecer estrategias, a fin de contar con mecanismos
adecuados para el ingreso, registro y generación de información confiable, oportuna y
suficiente que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas.
Deficiente control y seguimiento a los registros de información. En cuanto a la supervisión del
Programa de Vacunación, en 2016, el CENSIA realizó 35 visitas a 26 Servicios Estatales de Salud,
lo que no se correspondió con las 32 visitas a igual número de servicios estatales reportadas en
el PASH. De las 35 visitas de supervisión se derivaron 216 recomendaciones correctivas y
preventivas, y no se acreditó el seguimiento de 173 (80.1%) recomendaciones en 21 entidades
federativas. En cuanto a la evaluación de la política pública, el CENSIA contó con el mecanismo
“Caminando a la Excelencia”; sin embargo, no permite verificar el resultado de las actividades
de vacunación por grupo de edad, ni del esquema de vacunación, y tampoco si el programa
cumplió con su objetivo de otorgar protección específica a la población contra enfermedades
que son prevenibles, mediante la aplicación de vacunas.
Por lo antes señalado la ASF recomendó al CENSIA investigue las causas por las que las 35 visitas
de supervisión que efectuó en 2016 a 26 Servicios Estatales de Salud, registradas en sus bases
de datos, no se corresponden con las 32 visitas reportadas en el Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como, las causas por las que no acreditó el
seguimiento de 173 medidas correctivas y preventivas de los aspectos susceptibles de mejora
emitidas a 21 servicios estatales de salud en 2016, en el marco del "Programa de Supervisión
del Programa de Vacunación y, con base en ello, analice la factibilidad de establecer estrategias,
a fin de disponer de información confiable y suficiente con el propósito de mejorar la operación
del Programa de Vacunación.
La ASF señaló que debido a que el Programa de Vacunación es la política pública con la que el
Gobierno Federal protege la salud de la población, mediante la prevención de enfermedades
prevenibles por vacunación, las recomendaciones planteadas se enfocan principalmente para
que el CENSIA disponga de información y medios adecuados para su registro, a fin de coordinar
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Datos Básicos FSCP 2016
el programa e incidir en la protección específica de la población, mediante la vacunación contra
enfermedades prevenibles por vacunación y, con ello, avanzar en la eliminación de
enfermedades y evitar el riesgo de un rebrote de las ya controladas.
Consecuencias Sociales: En CENSIA registró la adquisición de 35,328.3 miles de dosis de
biológicos en 2016, con las que programó la atención de 13,171.7 miles de personas, mediante
el Programa de Vacunación; no obstante, no fue posible valorar sus resultados en el
otorgamiento de protección específica a la población contra enfermedades prevenibles por
vacunación, ya que la entidad no acreditó el número de dosis aplicadas, el número de personas
inmunizadas, ni los resultados obtenidos en las metas de mantener coberturas de vacunación
iguales o mayores que el 95.0% con cada biológico y del 90.0%, con esquemas completos; no
cuantificó a la población atendida mediante las Semanas Nacionales de Salud y el Programa
Permanente de Vacunación, y no acreditó la implementación de estrategias de vacunación
enfocadas en grupos vulnerables, por lo que no se pudo constatar la disminución de la brecha
de equidad en el acceso y disponibilidad de las vacunas en las comunidades en situación de
vulnerabilidad. En lo que se refiere al control, eliminación y erradicación de las enfermedades
prevenibles por vacunación, el CENSIA cumplió la meta de mantener controlada la incidencia
de la poliomielitis, rubeola congénita y sarampión en niños menores de cinco años de edad, al
no registrar casos en 2016; sin embargo, careció de información para valorar los efectos del
programa en el control de las demás enfermedades prevenibles por inmunización, en los demás
grupos etarios.
Dictamen: En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, no es posible valorar los
resultados del Programa de Vacunación en la atención del asunto de interés público ya que, el
CENSIA no acreditó los resultados obtenidos en las metas de mantener coberturas de
vacunación iguales o mayores que el 95.0% con cada biológico y del 90.0% con esquemas
completos en 2016.
Número de Observaciones: 12; Número de Acciones: 25 (RD).
Entidades No Coordinadas Sectorialmente
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. “Planeación y Articulación de
la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas”. Auditoría de Desempeño, 277.
Objetivo: Fiscalizar las acciones efectuadas por la CDI para preservar y fortalecer las
manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
84
Datos Básicos FSCP 2016
La entidad no dispuso de mecanismos de control ni de registros de información sobre los efectos
del programa. La ASF fiscalizó las acciones efectuadas por la CDI para preservar y fortalecer las
manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas para verificar el
cumplimiento de objetivos y metas. De acuerdo con los resultados la ASF señaló que en 2016
respecto del programa presupuestario P013, la CDI no dispuso de la información para acreditar
que orientó y coordinó los 54 programas presupuestarios autorizados en el PEF en materia
indígena, ni los proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y
sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. Además, no realizó las tareas de
colaboración con las 16 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las
políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, ni la
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y no dispuso de
indicadores y metas para valorar la cobertura de atención respecto de los 68 pueblos y
comunidades indígenas, ni de la población por beneficiar de los 12,025.9 miles de indígenas del
país, para garantizar los 11 derechos indígenas establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Derivado de lo anterior, la ASF recomendó a la CDI, investigar las causas por las cuales, en 2016,
no realizó tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, ni de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios
responsables de las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas y, con base en los resultados que obtenga, establezca un programa de
trabajo que permita la colaboración en materia indígena con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal y la coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios responsables de las políticas y acciones vinculadas con el
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Así como, investigar las causas por las
cuales, en 2016, no dispuso de los indicadores con sus correspondientes metas que permitieran
valorar la cobertura de atención respecto de los 68 pueblos y comunidades indígenas y de los
12,025.9 miles de indígenas por beneficiar con los programas, proyectos, estrategias y acciones
públicas y, con base en los resultados que obtenga, diseñe los indicadores correspondientes, a
fin de que se establezcan metas que, de acuerdo con los recursos disponibles y su capacidad
operativa.
Informes con datos insuficientes sobre los resultados del programa. La ASF señaló que en 2016,
la CDI elaboró el Informe Logros 2016 del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-
2018, pero no acreditó que, en el marco del programa presupuestario P013 “Planeación y
articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, dio seguimiento y evaluó las
políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales que
conduzcan al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, ya que de los ocho
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
85
Datos Básicos FSCP 2016
indicadores comprometidos en ese programa, únicamente reportó avances en un indicador
relacionado con el porcentaje de entidades que incorporan en sus constituciones los derechos
indígenas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde las
dependencias responsables de generar la información no contaron con los datos oficiales para
su evaluación. Asimismo, la comisión tampoco acreditó que realizó el seguimiento de los 4
indicadores relativos al porcentaje de población indígena con carencias básicas de
alimentación, porcentaje de población indígena con carencias básicas de salud, porcentaje de
población indígena que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel
nacional y población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Derivado de lo anterior
la ASF recomendó a la CDI investigar las causas por las cuales no dio seguimiento, ni evaluó
cuatro de los ocho indicadores comprometidos en el Programa Especial de los Pueblos
Indígenas 2014-2018 y, con base en los resultados que obtenga, defina una metodología para
su seguimiento y evaluación, así como un programa de trabajo para coordinarse con las
dependencias responsables de generar la información, a fin de integrar reportes periódicos del
avance en el bienestar y desarrollo en las regiones, municipios y localidades con población
indígena.
Diseño endeble de proyectos. En el marco del programa presupuestario P013 “Planeación y
articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, la comisión suscribió tres
convenios de colaboración con el FONHAPO, el IMSS y el Estado de Hidalgo para llevar a cabo
proyectos conjuntos en favor de los pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, no acreditó
que adoptó las medidas necesarias para mejorar su ejecución, ya que no se cumplieron los
plazos comprometidos para su conclusión. Derivado de lo anterior la ASF recomendó a la CDI
investigar las causas por las cuales, en 2016, no dispuso de los indicadores con sus
correspondientes metas que permitieran valorar el avance en la firma de los convenios de
coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con los
gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado para
llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntos en favor de los pueblos y comunidades
indígenas y, con base en los resultados que obtenga, diseñe los indicadores correspondientes,
a fin de que se establezcan las metas que, de acuerdo con los recursos disponibles y su
capacidad operativa.
Dictamen: La ASF concluyó que en 2016, respecto del programa presupuestario P013, la
comisión no dispuso de la información para acreditar que orientó y coordinó los 54 programas
presupuestarios autorizados en el PEF en materia indígena, ni los proyectos, estrategias y
acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades
indígenas; y tampoco realizó las tareas de colaboración con las 16 dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
86
Datos Básicos FSCP 2016
pueblos y comunidades indígenas, ni la coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios.
Derivado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de opinar sobre el
cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de
la acción pública hacia los pueblos indígenas” y de los avances en la atención del problema, ya
que a siete años de haberse establecido, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas careció de información para acreditar que orientó, coordinó, dio seguimiento y
evaluó las políticas públicas en materia indígena; asimismo, desconoce la cobertura de atención
de los 68 pueblos y comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas del país que
superaron las carencias y rezagos que los afectaron y, con ello, lograron su desarrollo integral y
sustentable, por lo que persiste la problemática relativa a la existencia de políticas públicas en
materia indígena sin la adecuada focalización.
Consecuencias Sociales: La falta de información por parte de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas impidió precisar la proporción de la focalización de los 68
pueblos y comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas del país que, desde el
año 2009, en que se autorizó por primer vez la operación del programa presupuestario P013
“Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, superaron las
carencias y rezagos que los afectaron y, con ello, lograron su desarrollo integral y sustentable
Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 10 (RD).
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. “Otorgamiento de Apoyos
para la Infraestructura Indígena”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 276.
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Infraestructura Indígena para verificar
que los recursos se destinaron al apoyo de las comunidades indígenas para que dispongan de
bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica; y que
los procesos de otorgamiento, seguimiento, comprobación y registro presupuestal y contable,
se realizaron conforme a la normativa.
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la
gestión financiera del Programa de Infraestructura Indígena para verificar que los recursos se
destinaron al apoyo de las comunidades indígenas para que dispongan de bienes y servicios
básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica; y que los procesos de
otorgamiento, seguimiento, comprobación y registro presupuestal y contable, se realizaron
conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
en el apartado relativo al alcance, la ASF concluyó que, en términos generales, la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cumplió con las disposiciones legales y
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:
Seguimiento opaco a obras inconclusas. La ASF detectó 53 obras por 190 mil 840.0 millones de
pesos que no se encontraban concluidas a la fecha de la revisión (febrero de 2017) y
presentaban avances del 50.0% al 99.0%, las cuales tenían como fecha de terminación a más
tardar el 31 de diciembre de 2016; con motivo de la intervención de la ASF, los responsables de
la ejecución del PROII en la CDI y de los gobiernos de los estados de Chiapas, Querétaro se
comprometieron a concluir las obras. Derivado de lo anterior, proporcionaron los finiquitos y
las actas de entrega recepción que comprueban su terminación.
La ASF verifico la operación del Sistema de Información del Programa de Infraestructura
Indígena (SIPROII) el cual da seguimiento a los avances físicos financieros, monitoreo,
supervisión y registro de las operaciones relacionadas con la ejecución del Programa de
Infraestructura Indígena, la entidad fiscalizadora pudo constatar que en la administración y
operación de dicho sistema intervienen las delegaciones estatales (captura), la Subdirección de
Operaciones Área Técnica (valida) y la Subdirección de Operación Área Financiera (autoriza).
Del análisis de los registros contenidos en el SIPROII, la ASF verificó que se reportaron 1,349
contratos de obra, correspondientes a 2,294 proyectos de mejoramiento y construcción de
carreteras, obras de alcantarillado y saneamiento, y de agua potable, entre otros, mismos que
se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 2016; sin embargo, el sistema presentó
deficiencias en sus registros, lo que no permite contar con información confiable y oportuna
para dar seguimiento al desarrollo de las obras, ni para tomar decisiones adecuadas. Derivado
de lo anterior, la ASF recomendó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas establecer mecanismos de supervisión, coordinación y control para que sus
delegaciones, la Subdirección de Operaciones Área Técnica y la Subdirección de Operación Área
Financiera, actualicen los registros en los módulos del Sistema de Información del Programa de
Infraestructura Indígena.
Deficiente planeación, operación y control de proyectos. Se realizaron 30 obras de
infraestructura básica por 134.7 millones de pesos, sin contar con las autorizaciones de las
instancias normativas, como son el dictamen del impacto ambiental; dictamen de
aprovechamiento de aguas y permisos de descarga residuales; autorización del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, y liberación de derechos de vía y servidumbres de paso por
estados y municipios, representando un riesgo para la conclusión y desarrollo de las obras.
Derivado de lo anterior, la ASF recomendó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, establecer mecanismos de operación y control, a efecto de garantizar que
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
88
Datos Básicos FSCP 2016
se autoricen proyectos de obras que cuenten con las autorizaciones correspondientes
conforme a la normativa. Asimismo, se emitió una Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las
irregularidades de los servidores públicos, que en su gestión autorizaron la ejecución de 12
obras en la Delegación Estatal de Veracruz y 18 en la Delegación Estatal de Chiapas, sin contar
con la documentación comprobatoria relativa a las autorizaciones ambientales, de cambio de
uso de suelo, derechos de vía, servidumbres de paso, y disposición o afectación de los recursos
requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al aprovechamiento del agua, conforme a
la normativa.
Con motivo de la intervención de la ASF, se reintegraron 5,651.8 miles de pesos a la TESOFE, de
los cuales 4,149.1 miles de pesos correspondieron a cuatro anticipos otorgados, cuyas obras no
fueron iniciadas; 113.3 miles de pesos de cargas financieras y 1,389.4 miles de pesos por
recursos no utilizados en una obra que fue cancelada. Asimismo, se reintegraron a la TESOFE
1,612.3 miles de pesos por concepto de penas convencionales y cargas financieras no aplicadas
durante el ejercicio.
Dictamen: La ASF concluyó que, en términos generales, la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables
en la materia, excepto por los aspectos observados en el análisis que antecede.
Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 14 (7 R; 7 PRAS.).
Recuperaciones determinadas: 7.5 millones de pesos; Operadas: 7.5 millones de pesos.
Auditorías en las que la ASF se abstuvo de emitir dictamen
A continuación, se enumeran las auditorías practicadas a entidades vinculadas con funciones
de desarrollo social, en las cuales la entidad de fiscalización superior se abstuvo de emitir un
dictamen:
No. de
AuditoríaEntidad Fiscalizada Tipo de Auditoría
142 SEP Desempeño
143 SEP Desempeño
166 SC Desempeño
ABSTENCIÓN DE OPINIÓN DE LA ASF EN AUDITORÍAS A FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
2.3 Funciones de Desarrollo Económico
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SAGARPA. “Programa de Fomento a la Agricultura: Componente PROAGRO Productivo”.
Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0288.
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado
programa y componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las
disposiciones legales y normativas.
Pagos realizados en exceso. Se realizaron pagos en exceso por 47.4 millones de pesos, en
incentivos (apoyos) por superficies superiores o en estratos distintos de los que correspondían.
Otorgamiento de apoyos a personas fallecidas, y a servidores públicos. Se otorgaron apoyos por
4.6 millones de pesos a personas que fallecieron con anterioridad a la fecha en que se
autorizaron, así como a 174 servidores públicos.
Otorgamiento de apoyos a beneficiarios que no acreditaron la vinculación con el programa. Se
constató que un total de 25,064 beneficiarios no acreditaron la vinculación del incentivo
(apoyo) por un monto de 79.5 millones de pesos.
Uso de los recursos otorgados en otros fines. Se constató que en la delegación estatal de la
SAGARPA en el estado de Puebla se identificaron tres predios que recibieron apoyos por 58.4
miles de pesos en los que se sembró un cultivo distinto, así como un caso por 56.0 miles de
pesos que al momento de la verificación física el predio no contaba con indicios de haber sido
sembrado.
Falta de documentación comprobatoria de los apoyos otorgados. Se detectó que un beneficiario
no presentó la vinculación del incentivo (apoyo) por un monto de 16.0 miles de pesos y no se
cuenta con el expediente que acredite la elegibilidad de un beneficiario apoyado por un monto
de 56.0 miles de pesos.
Número Observaciones: 7; Número Acciones: 9 (1 R; 8 PO).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 131.7, Operadas: 0.0, Probables: 131.7.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
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Datos Básicos FSCP 2016
Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Liquidación del Programa para la
Transición a la Televisión Digital Terrestre”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No.
0321.
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa para la Transición
a la Televisión Digital Terrestre para verificar que los gastos para su liquidación correspondieron
a operaciones propias y fueron congruentes con los requerimientos y lineamientos emitidos
para tal efecto; verificar que el registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la
normativa.
Falta de documentación comprobatoria del destino final de los bienes. Se constató la falta de
documentación que acredite el destino final de 11,533 televisores, por un monto de 29.3
millones de pesos.
Inoportunidad en la reclamación de bienes siniestrados. Se reclamó de manera inoportuna la
indemnización de 6,492 televisores siniestrados, por un monto de 16.5 millones de pesos.
Bienes faltantes por entregar a beneficiarios. Se constató un faltante de 219 televisores
destinados a beneficiarios en el estado de Guerrero y en el almacén “Bombas” de la Ciudad de
México, por 556.2 miles de pesos.
Trámites sin realizar para indemnización por bienes dañados. No se realizaron las gestiones para
reclamar la indemnización de 96 televisores dañados, por un monto de 243.8 miles de pesos.
Pago de almacenaje de bienes que no se recibieron. Pago de servicios de almacenaje sin
evidencia de su recepción, por 42.3 miles de pesos.
Servicios contratados no incluidos en el programa anual de adquisiciones. Contratación de
servicios para concluir con la Transición a la Televisión Digital Terrestre, que no se incluyeron
en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Incumplimiento en el programa de trabajo. Se constató el incumplimiento de 3 actividades
establecidas en el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, cuya
fecha de conclusión se estableció para diciembre 2014 y junio 2016.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
91
Datos Básicos FSCP 2016
Se realizaron compras de bienes en exceso. Se constató que la SCT realizó compras en exceso
por 5,094 televisores.
Número de Observaciones: 15; Número de Acciones: 20 (10 R; 1 PEFCF; 3 PRAS; 6 PO).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 46.6, Operadas: 0.0, Probables: 46.6.
SCT. “Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende del Km
15+000 al Km 28+000, en el Estado de Querétaro”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0305.
Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron
conforme a la legislación aplicable.
Inobservancia a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se constató la
existencia de diversas irregularidades: obra pagada no ejecutada en relación al suministro y
fabricación de estructura metálica, aplicación de pintura de esmalte, montaje de estructura
metálica, suministro y colocación de sistema de entrepiso, y transporte de la estructura por 9.5
millones de pesos; diferencia de volúmenes entre lo cuantificado y lo pagado en los cementos
asfálticos por 2.0 millones de pesos; anticipo por amortizar de 2.4 millones de pesos; incorrecta
integración de precios extraordinarios por 404.3 miles de pesos; pagos de 5.7 millones de pesos
sin contar con las pruebas de índice de perfil en la carpeta de concreto asfáltico; y, pagos
duplicados de la renta de puente peatonal provisional por 1.0 millón de pesos.
Número de Observaciones: 16; Número de Acciones: 16 (2 R; 14 SA).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 21.0, Operadas: 0.0, Probables: 21.0.
SCT. “Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche”, Auditoría de
Inversiones Físicas, No. 0306.
Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la
legislación aplicable.
Autorizaciones indebidas de conceptos de obra que no están en el catálogo. En el contrato de
obra núm. 4-D-CC-A-033-W-0-4 se autorizó indebidamente el concepto fuera de catálogo núm.
2 BV, "Bonificación por complejidad y baja eficiencia del suministro y colocación de geotubo,
formado a base de telas de fibras multifilamento de polipropileno de alta tenacidad tipo
GT1000M color negro, con extremos planos, de 13.70 m de circunferencia y 20.00 m de
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
92
Datos Básicos FSCP 2016
longitud; según detalles de proyecto, marca TENCATE o similar en cantidad y características” y
un monto de 17.4 millones de pesos, en virtud de que el concepto ‘bonificación’ no es
reconocido ni está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
Diferencias entre los volúmenes de obra autorizados y pagados. Se determinaron diferencias
por 6.6 millones de pesos entre los volúmenes autorizados y pagados con los verificados por la
ASF en números generadores en el concepto núm. 2 C, “Suministro y colocación de geotubo,
tubo formado de tela a base de fibras multifilamento de polipropileno de alta tenacidad…”.
Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (2 R; 2 SA).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 24.0, Operadas: 0.0, Probables: 24.0.
SCT. “Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca”. Auditoría de Inversiones
Físicas, No. 0308.
Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron,
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
Diferencias entre los volúmenes de obra autorizados y pagados. En los contratos de obras
públicas núms. 2015-20-CE-A-136-W-00-2015, 2016-20-CE-A-011-W-00-2016 y 2016-20-CE-A-
012-W-00-2016 se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados y pagados por el
Centro SCT Oaxaca contra los verificados y cuantificados en las estimaciones de la ASF, por un
monto de 3.0 millones de pesos.
Anticipo no amortizado y pena convencional sin aplicar. Se detectó el anticipo no amortizado
de 8.2 millones de pesos y se omitió aplicar una pena convencional al contratista por 1.3
millones de pesos por el incumplimiento del contrato de obra pública núm. 2016-20-CE-A-011-
W-00-2016.
Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 6 (2 R; 4 SA).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 9.9, Operadas: 0.0, Probables: 9.9.
Adicionalmente, existen 2.7 millones de pesos por aclarar.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
93
Datos Básicos FSCP 2016
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. “Ampliación Natural del Puerto de
Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de
Veracruz”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0349.
Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron,
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
Gastos duplicados en el mismo concepto de obra. Se observó un monto por 31.9 millones de
pesos en el concepto extraordinario núm. 47 F.C., “traspaleo de roca procedente de las
explanadas de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)” en el contrato núm. API-GI-CO-62601-
026-14, cuyas actividades estaban contempladas en los conceptos originales de extracción,
suministro y colocación de roca vía terrestre y marítima.
Diferencias entre volúmenes de obra estimados y ejecutados. Se determinaron diferencias entre
los volúmenes de obra estimados y ejecutados por 20.9 millones de pesos, monto que fue
reintegrado en el transcurso de la auditoría.
Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1 SA).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 52.8, Operadas: 20.9, Probables: 31.9.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. “Ampliación y Modernización
de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el
Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones
Físicas, No. 0367.
Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron, pagaron y finiquitaron
de conformidad con la normativa aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se
realizó de acuerdo a lo propuesto.
Obras realizadas no cumplen con las normas de calidad. No se acreditó que la pintura
intumescente aplicada en la estructura del edificio de estacionamiento cumpliera con la calidad
requerida; no se verificó la correcta terminación de los trabajos, no obstante que se recibieron
físicamente, éstos quedaron inconclusos y no cumplieron las normas de calidad aplicables.
Ejecución de trabajos diferentes a los convenidos. Se solicitaron 74.2 millones de pesos para
realizar trabajos de conservación y mantenimiento; sin embargo, se ejecutaron trabajos de
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
94
Datos Básicos FSCP 2016
construcción en áreas que la contratista a la que se adjudicó un contrato de obra pública dejó
inconclusas; se incumplieron las cláusulas del convenio de colaboración, no se garantizó el
debido cumplimiento de la ejecución de los trabajos y no se hizo constar cómo se determinó el
importe asignado por 74.2 millones de pesos.
Realización de pagos indebidos. Se identificaron 5.6 millones de pesos por incongruencias entre
la integración de los precios unitarios de los conceptos de acarreos y herrería respecto de la
ejecución de los trabajos; 38.4 miles de pesos por costos de insumos (cilindros de prueba)
mayores que los precios de mercado; 296.9 miles de pesos por duplicidades entre el personal
técnico y administrativo indicado en el costo indirecto y en las matrices de los precios unitarios
presentados por la supervisora.
Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 9 (4 SA; 2 PRAS; 3 PO).
Recuperaciones (millones de pesos) Determinadas: 5.9, Operadas: 0.0, Probables: 5.9.
Adicionalmente, existen 0.2 miles de pesos por aclarar.
Economía
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). “Promoción de la Cultura al Consumidor”.
Auditoría de Desempeño, No. 0373.
Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover una cultura de consumo
responsable y difundir los temas de consumo que ayuden a las decisiones de compra de los
consumidores.
No existe una metodología para definir la población beneficiaria. Se constató que la PROFECO
carece de una metodología para cuantificar la población potencial y objetivo, así como de
fuentes de información para identificar a la población atendida. Sin embargo, a sugerencia de
la ASF, la procuraduría estableció, formalizó y difundió el documento “Metodología para el
cálculo de la Población Potencial, Objetivo y Atendida del Programa Presupuestario B002”, la
cual se aprobó y publicó en el sitio web de la procuraduría. El Programa B002 se denomina
“Promoción de una Cultura de Consumo Responsable e Inteligente”.
Carencia de indicadores y de información sobre los derechos y hábitos del consumidor. Se
constató la inexistencia de indicadores e información necesarios para medir la repercusión del
programa en los derechos del consumidor y en los hábitos de consumo de la población
beneficiada.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
Inexistencia de metas e información del número de usuarios atendidos. Se constató que la
PROFECO carece de un programa de metas de los servicios otorgados y no cuenta con
información del número de usuarios atendidos. Estas carencias se constataron en los 16
servicios otorgados: atención a grupos de consumidores de forma presencial; brújula de
compra; encuestas y sondeos; publicaciones en Facebook; respuestas en Facebook; monitoreo
de tiendas en línea; podcast; programas de TV; programas de radio; Quién es Quién en el Envío
de Dinero (QQED); Quién es Quién en los Precios (QQP); Revista del Consumidor; publicaciones
en Twitter; respuestas en Twitter; webcast y publicaciones en Youtube. La PROFECO señaló que
estas carencias se deben a que se trata de servicios abiertos y están sujetos a la libre demanda
de los consumidores.
Trabajo y Previsión Social
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). “Inspección Laboral”. Auditoría de
Desempeño, No. 0378.
Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover y vigilar el cumplimiento de las
normas de trabajo mediante las visitas de inspección.
Baja cobertura de los centros de trabajo inspeccionados. El nivel de cobertura de los centros de
trabajo inspeccionados fue de 17.7% (94,711), de un total de 535,653 centros de trabajo
registrados en el Directorio Nacional de Empresas (DNE). La STPS no justificó la utilización de
este directorio para cuantificar la población potencial y objetivo de los centros de trabajo a
inspeccionar; es decir, no estableció criterios de utilización del DNE.
Deficiencias en la integración de los expedientes de inspecciones a los centros de trabajo. Se
constató que 72 expedientes de inspecciones a centros de trabajo (de una muestra de 361
expedientes) no cuentan con los documentos mínimos requeridos que comprueben el proceso
de inspección.
Se desconoce si los centros de trabajo cumplen o no con la normativa laboral. Se detectó que
en 309 expedientes revisados (85.6% de los 361 expedientes), no se pudo identificar si los
centros de trabajo inspeccionados por primera vez cumplieron o no con la normativa laboral,
debido a que fueron expedientes con inspecciones canceladas; no correspondieron con los
solicitados en la muestra o no se logró identificar el cumplimiento de la normativa con base en
los documentos integrados en dichos expedientes.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
96
Datos Básicos FSCP 2016
Inexistencia de indicadores y metas de la cobertura de las visitas. La STPS realizó 8,460 visitas
de asesoría y asistencia técnica en beneficio de 328,724 personas a las que se les otorgó
información y orientación sobre lineamientos y disposiciones de la legislación laboral; sin
embargo, se constató que la secretaría no contó con un indicador ni programó metas para
evaluar la cobertura de estas visitas.
Incumplimiento del objetivo de profesionalizar a los servidores públicos. En relación al indicador
“número de certificaciones en estándares de competencia en seguridad y salud en el trabajo”,
la STPS no reportó ninguna persona certificada, con lo que se incumplió el objetivo relativo a
profesionalizar a los servidores públicos que intervinieron en la actividad de inspección.
Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 7 (7 RD).
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). “Protección de las Aguas Subterráneas”, Auditoría
de Desempeño, No. 0415.
Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de administrar las aguas subterráneas de país para su
protección y conservación en cantidad y con calidad.
Descenso en la disponibilidad de aguas subterráneas. La CONAGUA no dispuso de la información
histórica sobre la disponibilidad de agua subterránea; se utilizaron los registros del banco de
datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
correspondientes al periodo 1962-2016, en cuyo análisis se identificó que la disponibilidad de
las aguas subterráneas por habitante al año disminuyó 68.4%, al pasar de 2,062.6 m3/hab/año
en 1962 a 651 m3/hab/año en 2016, debido, entre otras causas, al incremento poblacional y la
demanda del agua para su consumo y uso en las actividades económicas, la pérdida en las redes
de distribución y la falta de una cultura sobre el cuidado del vital líquido.
En más del 50% de los acuíferos de agua se desconoce la calidad del recurso. En cuanto a la
evaluación de la calidad, en 2016, la CONAGUA instaló 991 sitios de monitoreo para evaluar 282
(43.2%) acuíferos, de los cuales en 923 sitios se reportó agua con calidad y en 68 con deterioro;
en tanto que 371 (56.8%) acuíferos no fueron evaluados, lo cual significó que en esos cuerpos
de agua la autoridad desconoció la condición del recurso.
Vigilancia mínima de la extracción de agua por los concesionarios. La Comisión efectuó 4,632
visitas para vigilar las extracciones realizadas por los concesionarios, las cuales representaron
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
97
Datos Básicos FSCP 2016
una cobertura de 1.7% respecto de las 275,300 actividades de extracción de aguas subterráneas
registradas. Se observó que de los 653 acuíferos del país, en 285 (43.6%) no se efectuaron visitas
para vigilar las extracciones.
En más del 80% de los cuerpos de agua del subsuelo se ignoró si se vertieron contaminantes. En
relación con las visitas de inspección sobre descargas de aguas residuales, la entidad no dispuso
de un programa de trabajo en el que se incluyeran metas, se asignaran recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución para medir los resultados alcanzados, por lo que las
revisiones se realizaron sin una planeación previa. En 2016, se registró una cobertura de
inspección de 102 (15.6%) de los 653 acuíferos del país, lo cual implicó que en cinco de cada
seis cuerpos del subsuelo la autoridad desconoció si se vertieron contaminantes que pudieron
comprometer la calidad del recurso y poner en riesgo la salud humana.
Carencia de proyectos alternativos que apoyen la disponibilidad del recurso hídrico. Para la
protección y conservación de las aguas subterráneas del país, en 2016, la Comisión implementó
2 proyectos de recarga artificial, insuficientes para la atención prioritaria de acuíferos con
escasez del recurso, dado que se identificó una recuperación anual de 10.9 Mm3, lo que resulta
marginal para revertir la sobreexplotación de las aguas subterráneas del país estimada en
5,631.3 Mm3.
Laxitud e ineficiencia en la normatividad para el uso racional de los acuíferos. La CONAGUA
elaboró los anteproyectos de veda para 99 cuerpos hídricos y, debido al desequilibrio
hidrológico, riesgos y daños al medio ambiente, así como la fragilidad de los ecosistemas,
desarrolló los anteproyectos de reglamento de otros 234, lo que permitiría la protección y
conservación de la cantidad y la calidad de un total de 333 acuíferos del país; sin embargo, a
ese año no se estableció ninguna veda, ni reglamento.
Exclusión de iniciativas para formular declaratorias de rescate y reserva de agua. Respecto del
establecimiento de declaratorias de rescate y reserva de agua, se identificaron 548 acuíferos
con disponibilidad del recurso que podrían albergar de dichos mecanismos; sin embargo, la
Comisión no consideró el establecimiento para ninguno de eso cuerpos hídricos.
Número Observaciones: 4; Número Acciones: 6 (6 RD).
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
98
Datos Básicos FSCP 2016
CONAGUA. “Construcción de los Revestimientos de los Drenes Chimalhuacán I y II, en el
Estado de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0398.
Objetivo: Fiscalizar y verificarla gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron, pagaron y finiquitaron
de conformidad con la normativa aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se
realizó de acuerdo a lo propuesto.
Pagos indebidos por errores en la integración del catálogo de conceptos y por diferencias entre
volúmenes de obra pagados versus ejecutados. Los trabajos de fiscalización consideraron la
revisión de tres contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras
públicas para la construcción de los revestimientos de los Drenes Chimalhuacán I y II en el
Estado de México. La ASF concluyó que se presumen daños o perjuicios o ambos a la Hacienda
Pública Federal por un monto de 5.7 millones de pesos por la integración de las matrices de
conceptos que no se habían considerado en el catálogo original del contrato; asimismo por 19.2
millones de pesos por diferencias entre el volumen pagado por la CONAGUA y el realmente
ejecutado; en el mismo sentido por 306.3 miles de pesos debido a una duplicidad de volúmenes
de obra; y, por 2.4 millones de pesos, debido a que se pagaron jornadas que no se trabajaron
y a que no se acreditó la totalidad de los servicios pagados.
Número Observaciones: 14; Número Acciones: 14 (5 SA; 9 PO).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 27.6; Operadas: 0.0; Probables: 27.6.
CONAGUA. “Construcción de Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Paz, en el
Estado de Baja California Sur”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0399.
Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la
legislación aplicable.
Nulo control del proyecto en el gasto programable del gobierno federal. No se reportó la
inversión aprobada, asignada y ejercida en el proyecto de inversión en los Informes sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2016.
Inobservancia a las normas de construcción establecidas para el proyecto. Se construyeron
áreas sin cumplir las dimensiones establecidas en los términos de referencia del contrato de
obra pública.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
99
Datos Básicos FSCP 2016
Pagos indebidos por obra no ejecutada. Se efectuaron pagos por 5.7 y 18.5 millones de pesos
por actividades de obra no ejecutadas.
Ausencia de control programático-financiero de la obra. No se llevaron a cabo las acciones de
control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los recursos federales
asignados, ni el destino de los rendimientos generados por dichos recursos.
Número Observaciones: 5; Número Acciones: 5(5 SA).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 24.2; Operadas: 0.0; Probables: 24.2.
Adicionalmente, existen 324.1 millones de pesos por aclarar.
CONAGUA. “Construcción del Canal Centenario, en el Estado de Nayarit”. Auditoría de
Inversiones Físicas, No. 0400.
Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y
pagaron, conforme a la legislación aplicable.
No se acredita el pago de intereses. En la revisión de dos contratos de obras públicas y uno de
servicios relacionados con la obra pública se identificó la falta de acreditamiento de los
rendimientos financieros por 5.2 miles de pesos.
Negligencia en la aplicación de penas convencionales y amortización de anticipos. Se constató
la falta de aplicación de penas convencionales por 1.3 millones de pesos y de amortización del
anticipo por 2.5 millones de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN.
Cuentas pendientes de cerrar por contratos rescindidos. Falta de reintegro del saldo del anticipo
pendiente de amortizar por 42.8 millones de pesos del contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
100/2014-LPN, el cual fue rescindido administrativamente.
Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3(2 SA, 1 PO).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos) 46.6; Operadas: 0.0; Probables: 46.6.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
100
Datos Básicos FSCP 2016
Energía
Secretaría de Energía (SENER). “Abasto de Gasolinas y Permisos para su Importación”.
Auditoría de Desempeño, No. 0429.
Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de garantizar el abasto de gasolinas y diésel
que demanda el país, mediante la conducción de la política y la regulación y supervisión de los
permisos en la materia.
No existen mecanismos ni procedimientos para sancionar irregularidades. Se constató que la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) no contó con mecanismos para sancionar las posibles
irregularidades de los permisionarios de transporte y distribución por ducto, así como de
almacenamiento, que están obligados a prestar el servicio de acceso abierto. Asimismo, no
dispuso de mecanismos para sancionar las posibles irregularidades de los términos y
condiciones de regulación de las ventas de primera mano de gasolinas y diésel.
No se concluyó la emisión de las estrategias programáticas y procedimentales. Se constató que
en 2016, la SENER condujo la política para abrir el mercado a la participación privada mediante
el establecimiento de los mecanismos para regular, supervisar y, en su caso, sancionar a los
permisionarios en materia de refinación de petróleo crudo, y exportación e importación de
gasolinas y diésel; sin embargo, no concluyó la emisión de estrategias programáticas y
procedimentales en materia de garantía de suministro ni de almacenamiento mínimo de
petrolíferos para garantizar la satisfacción de las necesidades nacionales de esos combustibles.
Inexistencia de mecanismos propios para sancionar a permisionarios. Se detectó que en 2016,
la CRE otorgó y supervisó 1,488 permisos, de los cuales 48.3% fue para expendio en estaciones
de servicio; 33.7%, transporte; 9.2%, comercialización; 8.4%, distribución, y 0.4%, para
almacenamiento de gasolinas y diésel. No obstante, se determinó que no contó con
mecanismos propios para sancionar las posibles irregularidades de los permisionarios.
Falta de información de los resultados en la satisfacción de la demanda de gasolina y diesel,
permisos de importación y exportación, y de refinación. Se detectó que la SENER soló reportó la
atención y resolución de los permisos de importación y exportación de hidrocarburos; sin
embargo, no se informó los resultados obtenidos en la satisfacción de la demanda de gasolinas
y diésel, ni permisos de importación y exportación de estos combustibles, ni de refinación de
petróleo crudo.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
101
Datos Básicos FSCP 2016
Deficiencias en la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. Se constató que en
el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados “Coordinación de la política
energética en hidrocarburos” a cargo de la SENER, no existe lógica vertical entre los niveles de
Componente y Actividad, ni en los Propósito y Fin. Además, no existió relación lógica horizontal
en los niveles de Fin, Propósito y Componente. Esto porque no se redactaron conforme a la
sintaxis recomendada.
Número de Observaciones: 7; Número de acciones: 8 (8 RD).
Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS). “Auditoría de TIC”. Auditoría
Financiera y de Cumplimiento, No. 0435.
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración
de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados
en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación,
contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre
otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
No existen manuales de organización, procedimiento y operación. Se constató que el CENAGAS
no contó con los Manuales Organizacionales, Específicos ni de Procedimientos, ni de normativa
relativa al proceso de contratación. Asimismo, se comprobó que no se encuentran publicadas
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Políticas en Materia de Adquisiciones y
Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.
Falta de documentación comprobatoria del reclutamiento, selección y capacitación. Se detectó
que los procedimientos de Reclutamiento y Selección, así como las acciones de capacitación
llevadas a cabo durante 2016, no proporcionaron la documentación soporte de los
procedimientos: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales, Descripción,
perfil y valuación de puestos de la Planeación de los Recursos Humanos e Ingreso y Movilidad.
Asimismo, No realizaron evaluaciones al desempeño, conforme al Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y Manual del Servicio
Profesional de Carrera.
No existen evidencias del reclutamiento de personal. De la revisión de 30 recursos de la plantilla
que conforman la Unidad de Tecnologías Operacionales y de Información (UTOI), se constató
que no se cuentan con evidencia de exámenes técnicos y psicométricos practicados al personal
de nuevo ingreso, ni de la autorización de los perfiles por el área correspondiente. No se
implementaron controles para validar el proceso de reclutamiento, selección y capacitación.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
102
Datos Básicos FSCP 2016
Pagos realizados en exceso. Se detectó pagos por 329.3 millones de pesos, correspondientes al
incremento no justificado mensual de 27.4 millones de pesos pagados durante 12 meses; el
CENAGAS realizó pagos en exceso resultado del incremento indebido del monto de la
contraprestación de los servicios otorgados en los contratos específicos de Pemex sin que hayan
aumentado las tarifas para el transporte y almacenamiento del gas natural del Sistema Nacional
de Gasoductos o del Sistema Naco-Hermosillo.
Número de Observaciones: 5; Número de acciones: 12 (10 R, 1 PRAS, 1 PO).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 329.3, Operadas: 0.0, Probables: 329.3.
Petróleos Mexicanos. “Evaluación del Control Interno del Proceso Integral de Adquisiciones
de PEMEX-PROCURA”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0447.
Objetivo: Evaluar los mecanismos de control interno en el proceso integral de adquisiciones de
PEMEX-PROCURA a efecto de verificar la aplicación de las disposiciones legales y normativas
correspondientes.
Cumplimiento parcial de la ley de PEMEX en el contenido del Plan de Negocios. Se detectó que
en el análisis del Plan de Negocio de Pemex 2016-2020, no se atendió lo establecido en la
fracción II, del artículo 14 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Asimismo, para Plan de Negocio de
Pemex 2017-2021, se constató que en el contenido del mismo, no se contemplaron varias
disposiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley de Petróleos Mexicanos: la fracción l;
fracción ll; fracción lll y fracción IV.
Incumplimiento de la normatividad-acuerdo del Programa Anual de Adquisiciones
Arrendamientos Servicios y Obras. Se constató que la Dirección Operativa de Procura y
Abastecimiento (DOPA) no proporcionó evidencia de la alineación de las actividades (Dirección
Corporativa de Procura y Abastecimiento-DCPA, en términos del Acuerdo DCAS-1001-2016 del
24 de junio de 2016), con el Modelo de Negocio y con la planeación, programación, integración
y ejercicio del Presupuesto, por lo que no se ha cumplido con los términos de dicha normativa.
Establecimiento de convenios modificatorios. Se constató que servidores públicos celebraron el
convenio modificatorio para "Servicios de Aprovisionamiento de Equipo de Cómputo y
Replicadores de Puerto para Pemex, OS y EF", con una empresa sancionada por la Secretaria de
la Función Pública, operación pactada originalmente por 122.2 millones de pesos (convenio
modificatorio en un aumento del plazo de 225 días naturales y un incremento de 21.9 millones
de pesos en el monto de la contratación).
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
103
Datos Básicos FSCP 2016
Aplicación de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS). Debido a
irregularidades de servidores públicos del Comité de Riesgos de Petróleos Mexicanos, que en
su gestión no dieron uso a los resultados y propuestas sugeridas por la consultora Management
Solutions, por un monto de 161.0 mil dólares.
Pagos anticipados indebidos por adquisición de carros tanques. Se constató quebrantos
importantes, violaciones a las disposiciones y bases de contratación, tales como: incremento en
precios del bien requerido por el incumplimiento del proveedor por 31.0 millones de dólares
(propuesta inicial contratada 91.1 millones de dólares y el reajuste solicitado asciende a 122.2
millones de dólares); procedimientos inadecuados de autorización inadecuados; autorización
de otorgar un anticipo indebido, de acuerdo a lo dispuesto en los términos de la licitación y los
daños y perjuicios que se presentan por el incumplimiento de dichos términos contractuales,
en virtud de que no se atienden las razones por las cuales se justificó la adquisición de 700
carros tanque.
Número de Observaciones: 18; Número de acciones: 51 (37 R, 14 PRAS).
Pemex Transformación Industrial. “Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las
Refinerías de Salinas Cruz y Minatitlán, y Tren Energético”. Auditoría de Inversiones Físicas,
No. 0478.
Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los
proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron,
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación
aplicable.
Insuficiente información para el análisis y evaluación. Se constató que la entidad fiscalizada
omitió realizar análisis, evaluación y cálculos que permitan acreditar la razonabilidad de los
precios contratados, cantidades adicionales y precios extraordinarios; así como, la economía de
los contratos en el ejercicio de recursos federales, en relación al programa.
Falta de documentación comprobatoria de la supervisión y control. Se detectó que la entidad
fiscalizada carece de elementos incluida la falta de medidas necesarias y oportunas que
permitan garantizar el control general y supervisión de todos los aspectos importantes que
inciden en la ejecución de los servicios y la administración de los contratos, ya que no comprobó
documentalmente que se haya llevado a cabo la supervisión y control de las cantidades y
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
104
Datos Básicos FSCP 2016
rendimientos de la mano de obra, maquinaria, equipos e insumos necesarios para la ejecución
de los contratos.
Incumplimiento en los alcances convenidos. Se determinó que la refinería “Gral. Lázaro
Cárdenas” en relación al contrato de emergencia por adjudicación directa núm. 4500540665
con un monto pagado de 127.8 millones de pesos, no acreditó la excepción de la contratación
de emergencia para la adquisición de 47 equipos completos. Asimismo, se observó que la
adquisición de la totalidad de los equipos no cumplió con los alcances convenidos en su anexo
“A”.
Falta de documentación comprobatoria del precio unitario por hora-hombre. Se constató que la
entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia documental del análisis, evaluación y validación
del precio unitario por hora-hombre, y no comprobó documentalmente el control o revisión de
la cantidad de documentos emitidos por la contratista y avalados técnicamente por el personal
de la entidad fiscalizada a cargo de la supervisión del contrato, en los que se justifica el total de
las horas-hombre pagadas a la fecha del contrato “Modernización de compresor,
fraccionamiento, recuperadora de vapores y tratamientos de FCC”, por 251.0 millones de pesos.
Ineficiente manejo de los recursos públicos. Se constató que en el convenio núm. PXR-COMESA-
01/2014 no se aseguró las mejores condiciones al Estado de que los recursos económicos de la
entidad fiscalizada se hayan administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estaban destinados; no se comprobó que dicho
convenio específico haya sido evaluado y autorizado técnica y económicamente por la entidad
fiscalizada.
Número de Observaciones: 8; Número de acciones: 8 (3 R, 1 SA, 3 PRAS, 1 PO).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 378.9, Operadas: 0.0 millones de pesos,
Probables: 378.9.
Turismo
Secretaría de Turismo (SECTUR). “Desarrollo Sustentable de los Destinos y Regiones
Turísticas”. Auditoría de Desempeño, No. 0439.
Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de impulsar el desarrollo de destinos turísticos
sustentables para contribuir a preservar el patrimonio natural, cultural e histórico del país y a
incrementar el beneficio social.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
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Datos Básicos FSCP 2016
Inadecuada alineación de las Reglas de Operación con los objetivos del Programa Sectorial de
Turismo 2013-2018. Se constató que las Reglas de Operación del Programa fueron
inconsistentes con la problemática identificada en los diagnósticos del programa y en los
documentos de planeación de mediano plazo; las Reglas de Operación establecidas se alinearon
al objetivo 2 “fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística”, del Programa Sectorial
de Turismo 2013-2018, y el diagnóstico del programa se alineó al objetivo 5 “fomentar el
desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos
de las comunidades receptoras”.
Deficiencias en el establecimiento de las Reglas de Operación. Se constató que las Reglas de
Operación del Programa no incluyen las causas por las cuales se creó el programa, no cuentan
con criterios metodológicos para la definición y cuantificación de la población objetivo, ni con
una estrategia de cobertura que focalice y priorice a los municipios o pueblos mágicos del país.
Monto transferido inferior al monto autorizado de los proyectos. Se constató que la SECTUR
recibió 553 proyectos, rechazó 381 sin identificar las causas; de esta manera el número de
proyectos apoyados fue de 172, en lugar de los 192 definidos inicialmente, por un monto de 1
mil 006.5 millones de pesos, cifra que no correspondió con el monto transferido a las entidades
federativas por 972.7 millones de pesos.
Otorgamiento de apoyos sin respetar los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de
Operación. Se constató que los recursos otorgados no se realizaron con base a los criterios y
requisitos establecidos en las Reglas de Operación, ya que de los 172 proyectos que se
apoyaron, en 8 casos no se incluyó la solicitud de apoyo, único y obligatorio requisito para
recibir recursos, y sólo en 8 casos se dispuso de permisos y licencias de impacto ambiental,
señalética y de patrimonio tangible e intangible que los solicitantes debían obtener ante las
autoridades federales.
No se reportaron las causas de la variación en el presupuesto del programa. Se constató que la
SECTUR ejerció 972.7 millones de pesos, monto inferior a los 1 mil 571.7 millones de pesos
(presupuesto original), es decir, ejerció 599.0 millones de pesos menos; no obstante en el
Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos no se informó sobre las causas de esa variación.
Número de Observaciones: 6; Número de acciones: 11 (11 RD).
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
106
Datos Básicos FSCP 2016
Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y
Tecnológica”. Auditoría de Desempeño, No. 0443.
Objetivo: Verificar el cumplimiento del objetivo relativo a contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones
de investigación y empresas, mediante el otorgamiento de apoyos para infraestructura.
Subejercicio de los recursos otorgados. Con el propósito de atender la problemática en torno a
la carencia y desactualización de infraestructura científica y tecnológica del país, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) implementó en 2016 el Programa presupuestario
(Pp) S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, al cual se le asignó
un presupuesto de 1 mil 161.3 millones de pesos para la adquisición de equipo para el
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, de los cuales se ejercieron sólo
906.9 millones de pesos, que representó el 78.1% del total.
Deficiencias en el establecimiento de las Reglas de Operación. Se constató que en 2016, el
CONACYT no diseñó adecuadamente las reglas de operación del Programa presupuestario (Pp)
S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, ya que no identificó con
precisión la población objetivo por región del país y municipio, no incluyó la temporalidad del
otorgamiento de los apoyos y tampoco estableció el reporte del ejercicio de los recursos y de
gestión en informes trimestrales, como mecanismos de control y supervisión.
No se dispone de un diagnóstico actual sobre el rezago de la infraestructura científica y
tecnológica. Se constató que en 2016, el CONACYT no dispuso de un diagnóstico ni de la
cuantificación del rezago de la infraestructura científica y tecnológica, así como de un inventario
del equipo adquirido.
Otorgamiento de apoyos a una población objetivo diferente a la definida en las Reglas de
Operación. En 2016 el CONACYT apoyó 106 instituciones, centros y empresas, que sólo
representó el 1.1% de las 10,041 inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). De la población beneficiada, 81 (76.4%) se
correspondieron con Instituciones de Educación Superior; 16 (15.1%) con Centros de
Investigación-CONACYT, y 9 (8.5%) con instituciones gubernamentales. Sin embargo, se
constató que la población atendida fue integrada por las solicitudes apoyadas y no por las
instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector público,
del ámbito federal y estatal, así como empresas que cuenten con grupos consolidados de
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
107
Datos Básicos FSCP 2016
investigación que se encuentren inscritas en el RENIECYT, determinadas como la población
objetivo en las reglas de operación del programa.
Omisión de los criterios para priorizar el financiamiento de las propuestas apoyadas. El
CONACYT recibió 1,826 solicitudes de apoyo para el fortalecimiento de la infraestructura
científica y tecnológica como resultado de la convocatoria publicada en enero de 2016, de las
cuales 643 (35.2%) propuestas incumplieron los criterios de selección administrativos, por lo
que fueron rechazadas y 1,183 (64.8%) los cumplieron, por lo que fueron aprobadas. De éstas
últimas, se financiaron 208 (17.6%) y las 975 (82.4%) restantes no fueron apoyadas por falta de
recursos. El consejo no acreditó los criterios de priorización para el financiamiento de las
propuestas apoyadas.
Reducida cobertura de apoyos otorgados. Se constató que sólo 208 propuestas fueron
apoyadas, de las cuales 102 (49.0%) fueron de investigadores jóvenes y 106 (51.0%) de grupos
de investigación consolidados o en consolidación. Mediante las 208 propuestas apoyadas, se
benefició a 1,582 investigadores.
Reducciones presupuestales afectaron el cumplimiento de las metas. Se constató que en 2016,
el consejo ejerció 906.9 (78.1%) millones de pesos de los 1 mil 161.3 millones de pesos
aprobados, debido a una reducción de 254.4 (21.9%) millones de pesos realizada mediante
adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; este
recorte presupuestal limitó el cumplimiento de la meta dispuesta en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) 2016 de apoyar 275 propuestas; se apoyaron 67 (24.4%) propuestas
menos.
No se realizaron auditorías ni visitas de supervisión. Se constató que el CONACYT no realizó
auditorías ni visitas de supervisión con el propósito de constatar el grado de avance en el
desarrollo de los trabajos y la correcta aplicación de los recursos canalizados al sujeto de apoyo.
Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 11 (11 RD).
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
108
Datos Básicos FSCP 2016
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). “Política de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento del Territorio”. Auditoría de Desempeño, No. 0385.
Objetivo: Fiscalizar que mediante la planeación, la coordinación, el seguimiento y la evaluación,
la SEDATU condujo la política pública de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Inadecuada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. Se
constató el diseño inadecuado de la planeación estratégica de la política pública, la
desactualización de la normativa en la materia, la baja coordinación con los tres órdenes de
gobierno para la implementación de la política, y el inadecuado seguimiento de la gestión y
evaluación de los resultados de los programas del sector: El resultado fue un desproporcionado
crecimiento del territorio urbano, ya que mientras la población urbana se duplicó durante los
últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis.
Gasto ejercido superior al presupuesto autorizado y falta de documentación comprobatoria del
destino de los recursos. La SEDATU ejerció 1 mil 802.5 millones de pesos, superior en 904.5
millones de pesos (100.7%) al presupuesto autorizado; no se acreditó que los recursos fueron
destinados para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni se contó con
registros auxiliares que mostraran los avances presupuestarios y contables para realizar el
seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal.
No se impulsó la constitución de una instancia sectorial de planeación. Se constató que la
SEDATU no impulsó la constitución de una instancia sectorial ni estableció cuál es su objetivo y
misión para contribuir al desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio. Además, aun
cuando la dependencia acreditó la dictaminación de siete manuales y dos lineamientos de
operación, así como la actualización de siete reglas de operación y dos lineamientos, no dispuso
del número total de instrumentos normativos susceptibles de dictaminar y actualizar.
Falta de documentación comprobatoria de la suscripción de contratos, acuerdos y convenios de
colaboración. Se constató que la dependencia no comprobó que en 2016 suscribió contratos,
acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y
entidades competentes de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas y
con los municipios, para la atención y solución de problemas del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
109
Datos Básicos FSCP 2016
Resultados y avances no sustentados en la operación de la política pública. En el seguimiento,
se constató que la SEDATU no evidenció la implementación del Tablero Maestro Agrario
Territorial y Urbano (TAMATU), ya que no sustentó los resultados y avances en su operación; y
en la evaluación, no demostró contar con un programa de trabajo en 2016 para planear,
establecer y coordinar el Sistema Evaluación Integral de la Gestión del Sector, ni programó la
realización de estudios prospectivos, a fin de anticipar escenarios y necesidades de desarrollo
en materia de ordenamiento territorial.
Carencia de elementos para evaluar los avances de la política pública. Se determinó que en
2016, la SEDATU careció de elementos para evaluar en qué medida avanzó en la conducción de
una política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, ya que no integró, procesó,
generó y analizó la información estratégica del territorio nacional que coadyuvará a la
planeación territorial del desarrollo y a la toma de decisiones, para asegurar la consecución de
metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.
Número de Observaciones: 11; Número de acciones: 16 (16 RD).
SEDATU. “Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda”.
Auditoría de Desempeño, No. 0386.
Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para impulsar obras, acciones y servicios
de viviendas que presentan carencias de calidad y espacio contribuyó en la mejora de la
ampliación y mejoramiento de viviendas.
Deficiencias en el diseño de las Reglas de Operación. Se constató que las reglas de operación
presentaron deficiencias en el diseño, respecto de las disposiciones legales que regulan el
otorgamiento de subsidios ya que no se definió de manera específica su población objetivo para
la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del
programa, no se definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y
excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población
objetivo.
Se desconoce el monto de los recursos destinados a la ampliación y mejora de la vivienda. Se
detectó que en sus documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó
un ejercicio del 69.5% (6 mil 509.2 millones de pesos) respecto del presupuesto aprobado (9
mil 362.6) en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, sin que se pueda identificar cuánto
correspondió a la vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda ni acreditar el gasto.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
110
Datos Básicos FSCP 2016
Falta de documentación comprobatoria de los resultados de los proyectos y bienes. La SEDATU
reportó en sus bases de datos, la construcción de 77,228 cuartos adicionales, 26.1% (20,132) se
encontraban en ejecución y 73.9% (57,096) fueron concluidos, lo que representó un
cumplimiento del 81.2% sobre la meta programada de 95,149, y el 1.8% (30.0 millones de
pesos) de la dotación de 6,855 estufas ecológicas, sin que la dependencia acreditara esos
resultados. La secretaría recibió 93,178 solicitudes para la construcción de un cuarto adicional,
mismas que fueron autorizadas; sin embargo, el 5.6% (5,192) de ellas no acreditó contar con el
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), como requisito para su
autorización.
Deficiencias en las actividades de seguimiento de la ejecución de proyectos de obras. Se constató
que la dependencia no realizó las actividades de seguimiento, por lo que carece de evidencias
del avance de las obras para asegurar que los recursos se aplicaron para lo que fueron
destinados y en beneficio de la población objetivo de la vertiente.
No se cuantifica la población potencial, objetivo y atendida. Se detectó que en 2016, la SEDATU
cuantificó a 21,889,499 hogares como su población potencial, y a 69,681 hogares como la
atendida; sin embargo, no determinó a la población objetivo ni identificó si la población
atendida se correspondió con los hogares ubicados dentro de las localidades rurales de muy
alto, alto y medio rezago social o en Área Geo-Estadística Básica (AGEB) urbanas de alto, medio
y bajo rezago social, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad
y espacios de la vivienda.
Número de Observaciones: 10; Número de acciones: 10 (10 RD).
SEDATU. “Atención de Conflictos Agrarios”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No.
0382.
Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa
presupuestario E002.- Programa de Atención de Conflictos Agrarios, se ejerció y registró
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas
aplicables.
Deficiencias en los mecanismos de control y supervisión de la normativa que regula el programa.
Se constató que la SEDATU no precisó plazos en los “Lineamientos de Operación del Programa
de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural”, no reguló los procedimientos para la
comprobación de los recursos otorgados del programa, y no señaló la documentación que
respaldará la transferencia de recursos al Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), al
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
111
Datos Básicos FSCP 2016
Tribunal Unitario Agrario (TUA) y al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE),
así como el tipo y periodicidad de los informes que rendirán éstos.
Incumplimiento del calendario de sesiones del Comité. Se constató, al realizar el análisis de las
actas de sesiones del Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural
(COMAC), que las sesiones efectuadas se realizaron con la presencia de la mayoría de sus
integrantes pero no en las fechas y números establecidos en el calendario aprobado en su
primera acta de sesión.
Asuntos pendientes de resolver debido a que el Comité no sesiona. Se constató la existencia de
cuatro asuntos (Estancia Grande, Plan de Arroyo, Lomas de la Ceniza y Francisco de la Fuente
Oviedo) de ejercicios anteriores pendientes de resolver por concepto de pago de
contraprestaciones por 281.3 miles de pesos (agosto de 2012); 40.0 (diciembre de 2014); 2.5
(octubre de 2015) y 5.1 millones de pesos (diciembre de 2015); para lo cual el COMAC no ha
sesionado para afectar los recursos asignados al programa presupuestario.
Falta de documentación comprobatoria de la contraprestación. La ASF presume un probable
daño o prejuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por 1.4 millones de pesos,
correspondientes a la contraprestación del asunto Adolfo López Mateos pagado mediante la
cuenta por liquidar certificada (CLC) núm.2155 por 8.0 millones de pesos, menos un reintegro
a la TESOFE por 132.9 miles de pesos, y el cheque núm. 563 que se le entregó al beneficiario
en comento por 6.5 millones de pesos.
Irregularidades en la entrega de recursos a los beneficiarios. Se constató que derivado de cuatro
transferencias de recursos al FIFONAFE por 187.6 millones de pesos, en el asunto de “Casas
Grandes”, se transfirieron los recursos sin que la Dirección General de Concertación Social
(DGCS) comprobara y garantizara la entrega de recursos a los beneficiarios por 150.0 millones
de pesos, en un periodo no mayor a los seis meses, como lo estipulan los “Lineamientos de
Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural”.
Número de Observaciones: 6; Número de acciones: 10 (5 R, 3 PRAS, 2 PO).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 1.4, Operadas: 0.0, Probables: 1.4.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
112
Datos Básicos FSCP 2016
SEDATU. “Construcción de Viviendas, en la Pesquería La Gloria, Municipio de Arriaga, en el
Estado de Chiapas”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0383.
Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al
proyecto mediante el fideicomiso FONDEN, a fin de comprobar que las inversiones físicas se
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
Sobreprecio e irregularidades en la adquisición de un inmueble. Se constató que la SEDATU, por
conducto de la Delegación Estatal de Chiapas, adquirió el terreno denominado “Las Isabeles”
para la construcción de 38 viviendas que fueron reubicadas al Municipio de Arriaga, por daños
ocasionados por el huracán Bárbara por 2.9 millones de pesos, no obstante el predio fue
adquirido por el vendedor en el año 2014 a un valor de 107.0 miles de pesos, según consta en
la escritura pública, el terreno quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Chiapas; y sin contar con el contrato de compraventa, la escritura del
terreno, el valor catastral, el avalúo catastral y el avalúo del INDABBIN a la fecha de celebración
de dicho convenio.
Deficiencias en la planeación y programación de la ejecución de las obras. Se constató que en
la revisión de contratos de obras públicas y servicios relacionados con la obra pública relativos
a la construcción de viviendas de 38 acciones de reubicación en el municipio de Arriaga,
Chiapas, 53 acciones de introducción de servicios en 12 municipios de Chiapas; y supervisión y
control de la construcción de vivienda por importes de 4.6; 4.2 millones de pesos y 445.6 miles
de pesos respectivamente; la Delegación Estatal de la SEDATU en Chiapas puso los anticipos a
disposición de la contratista y la supervisora por 317, 98 y 317 días naturales antes del inicio de
los trabajos y servicios; así mismo hubo suspensión de trabajos y servicios debido a que no se
contaba con disponibilidad en el predio para la ejecución de los mismos; y la SEDATU no
acreditó ni formalizó las suspensiones antes de iniciarlos ni durante el desarrollo de estos.
Omisión en la aplicación de penas convencionales por atrasos registrados. Se constató que la
Delegación Estatal de Chiapas omitió aplicar penas convencionales por los atrasos en los días
naturales registrados en sus contratos de obra pública y servicios relacionados con la obra
pública, por importes de 456.0, 44.6 y 424.0 miles de pesos, que representan el 10% de las
fianzas de cumplimiento estipuladas en los contratos referentes a la aplicación de penas
convencionales, ya que los importes reales que arrojan los días de atraso (366,357 y 366 días
naturales, respectivamente), son 625.0; 183.0 miles de pesos y 5.0 millones de pesos.
Deficiencias en las acciones de construcción de viviendas. Se constató que en las 38 viviendas
correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloria, en el municipio de Arriaga, no cuentan
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
113
Datos Básicos FSCP 2016
con los servicios urbanos básicos; la ejecución de los trabajos es de mala calidad, lo que
confirma la falta de supervisión, vigilancia y control de calidad en las realización de las acciones
de vivienda, a pesar de que el contrato fue adjudicado a una empresa de supervisión externa.
Número de Observaciones: 12; Número de acciones: 14 (2 R, 4 SA, 7 PRAS, 1 PO).
Recuperaciones Determinadas (millones de pesos): 4.7, Operadas: 0.0, Probables: 4.7.
2.4 Gasto Federalizado
FONDOS DE SALUD
De los informes individuales entregados el 30 de junio de 2017 por la ASF en materia de Salud,
sobresalen los resultados de auditoría de los siguientes mecanismos fiscalizados: Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa” (Seguro Popular) y al PROSPERA Programa de
Inclusión Social (Componente de Salud)
FASSA
De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados del FASSA, se
presentan a continuación:
— Recursos no enterados (al SAT o FOVISSSTE) por 3 mil 025.5 millones de pesos, en los Estados
de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, México, Michoacán, Nayarit,
Oaxaca y Veracruz, lo que representa el 42.8% del monto total observado.
— Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 1 mil 239.8 millones de
pesos, en los Estados de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, México,
Michoacán, Nayarit y Nuevo León, lo que representa el 17.6% del monto total observado.
— Subejercicios (incluye intereses y penas convencionales) por 1 mil 116.8 millones de pesos,
en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas,
lo que representa el 15.8% del monto total observado.
— Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros Fondos o Programas, y no
reintegrados por 1 mil 060.1 millones de pesos, en los Estados de Baja California, Guerrero,
Morelos, Veracruz y Yucatán, lo que representa el 15.0% del monto total observado.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
114
Datos Básicos FSCP 2016
— Pago de ISR con recursos de la cuenta del FASSA de personal que no corresponde al Fondo,
por 144.9 millones de pesos, en el Estado de Sinaloa lo que representa el 2.1% del monto
total observado.
— Pagos improcedentes o en exceso, por 117.8 millones de pesos, que corresponde a los
Estados de Colima y México, lo que representa el 1.7% del monto total observado.
— Pago de conceptos de nómina no pactados y autorizados para su pago con recursos del
Fondo, por 97.8 millones de pesos, en los estados de Chiapas, Michoacán y Nayarit lo que
representa el 1.4% del monto total observado.
— Falta de aplicación de los recursos en los objetivos del Fondo 93.8 millones de pesos, en los
estados de Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí, lo que
representa el 1.3% del monto total observado.
— Pagos posteriores a la fecha de baja, y/o no se realizó reintegro de cheques cancelados en
las cuentas bancarias pagadoras de nómina, por 45.6 millones de pesos en los Estados de
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nayarit, Sinaloa
y Sonora, lo que representa el 0.6% del monto total observado.
— Otros conceptos por 120.2 millones de pesos lo que representa el 1.7% del monto total
observado, destacando los siguientes: personal que no acredita el perfil académico, personal
que no se localizó en su área de adscripción o comisionado a otras dependencias, pago de
terceros institucionales (SAR, FOVISSTE Y ISSSTE) con recursos de la cuenta del FASSA de
personal que no corresponde al Fondo, conceptos no contemplados para ser pagados con
recursos del FASSA o que corresponden a ejercicios anteriores, pagos al personal de
honorarios con recursos de FASSA sin tener evidencia de los contratos que amparen la
relación laboral entre otros.
Seguro Popular
De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados del Seguro
Popular, se presentan a continuación:
— Falta de documentación comprobatoria del gasto y/o contratos por 2 mil 058.6 millones de
pesos, en los Estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, México, Michoacán, Nayarit,
Oaxaca y Sonora, lo que representó el 34.5% del monto total observado.
— Subejercicios (incluye intereses y penas convencionales) por 1 mil 803.1 millones de pesos,
en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
115
Datos Básicos FSCP 2016
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, lo que representó el 30.3% del monto total
observado.
— Retenciones de impuestos y aportaciones de seguridad social no enteradas a las instancias
correspondientes por 770.4 millones de pesos, en los Estados de Baja California, Chiapas,
Guerrero, México, Michoacán y Oaxaca lo que representó el 12.9% del monto total
observado.
— Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias de otros Fondos o Programas, y no
reintegrados por 406.7 millones de pesos, en los Estados de Baja California, Campeche,
Chiapas, Michoacán y Tamaulipas lo que representó el 6.8% del monto total observado.
— Pagos a personal sin contrato o superiores a lo contratado por 319.9 millones de pesos, en
los Estados de Chihuahua, Ciudad de México, Durango y Michoacán, lo que representa el
5.4% del monto total observado.
— Recursos e intereses financieros no ministrados o transferidos por la tesorería estatal con
oportunidad por 305.9 millones de pesos, en los Estados de México, Michoacán y Veracruz,
lo que representó 5.1% del monto total observado.
— Otros conceptos por 300.4 millones de pesos, en 18 estados del país, lo que representa el
5.0% del monto total observado, entre los que destacan los siguientes: falta de aplicación de
los recursos en los objetivos del Programa; pagos en adquisiciones sin contrato o contratos
sin anexos; adquisición de medicamento y servicios no incluidos en el CAUSES, medicamento
adquirido a un precio superior al de referencia, además del pago de medicamento que
excede el porcentaje autorizado para este rubro; personal que no acredita el perfil
académico, que no fueron localizados en su centro de trabajo, o que no están directamente
involucradas en la prestación de servicios de atención a los beneficiaros del programa;
conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del Programa o que
corresponden a ejercicios anteriores; pagos superiores a los permitidos, entre otros.
PROSPERA Programa de Inclusión Social (componente de salud)
De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados del PROSPERA
componente de salud, se presentan a continuación:
— Subejercicio por 571.1 millones de pesos en los Estados de Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
116
Datos Básicos FSCP 2016
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, lo que representa el 46.1% del monto total
observado.
— Recursos no transferidos por 316.1 millones de pesos en el Estado de Veracruz, lo que
representa el 25.5% del monto total observado.
— Transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros Fondos, Programas, cuentas
bancarias de ejercicios anteriores, y no reintegrados por 224.1 millones de pesos, en los
estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, México,
Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas, lo que representa el 18.1% del monto total
observado.
— Falta de documentación comprobatoria del gasto por 42.6 millones de pesos, en los Estados
de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Tlaxcala, lo que representa el
3.4% del monto total observado.
— Falta del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores por 25.4 millones
de pesos, en los Estados de Baja California, Chiapas, Durango, México y Morelos, lo que
representa el 2.1% del monto total observado.
— Conceptos no contemplados para ser pagados con recursos del Programa o que
corresponden a ejercicios anteriores por 23.7 millones de pesos en los Estados de Jalisco,
Michoacán y Quintana Roo, lo que representa el 1.9% del monto total observado.
— Otros conceptos por 35.7 millones de pesos, en Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos,
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, lo que representa el 2.9% del monto
total observado, destacando los siguientes: Pagos al personal de honorarios con recursos del
PROSPERA sin tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, o existen
diferencias entre el monto pagado y el contratado, personal que no acredita el perfil
académico, o que no están directamente involucradas en la prestación de servicios de
atención a los beneficiaros del programa, Recursos no enterados al SAT, recursos
recuperados durante la revisión, pendientes de aplicar, pagos posteriores a la fecha de baja,
y/o no se realizó reintegro de cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de
nómina, falta de aplicación de los recursos, entre otros.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
117
Datos Básicos FSCP 2016
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
De los informes individuales entregados el 30 de junio de 2017 por la ASF en materia de
infraestructura social básico, sobresalen los resultados de auditoría de los siguientes
mecanismos fiscalizados: El Fondo de Infraestructura Social Estatal y el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
FISE
De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados del FISE, se
presentan a continuación:
— Se detectaron recursos no aplicados en los fines del fondo por 50.1 millones de pesos.
— Se comprobó la existencia penas convencionales no aplicadas por 0.8 millones de pesos.
— Se detectó la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 3.6 millones
de pesos.
— Se detectó obra pagada no ejecutada por 10.1 millones de pesos.
FISMDF
De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados del FISMDF,
se presentan a continuación:
— En los Municipios de Chamula y Ocosingo Chiapas, se determinó la falta de documentación
justificativa y comprobatoria del gasto por 251.5 millones de pesos.
— En el Municipio de Ocosingo, Chiapas se realizaron pagos con recursos del Fondo por 16.9
millones de pesos, en obras que no están consideradas en el Catálogo de Acciones de los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo.
— En el Municipio de Ocosingo, Chiapas se identificaron pagos realizados en obras que no se
encuentran en operación por 10.2 millones de pesos.
— En el Municipio de Salto del Agua, Chiapas se realizaron pagos de acciones que no están
contempladas en el catálogo de los Lineamientos del Fondo por 1.5 millones de pesos.
— En el Municipio de Tila, Chiapas se identificaron reintegros de recursos que están pendientes
de aplicar en los fines del Fondo por 1.8 millones de pesos.
— En el Municipio de Manzanillo, Colima se comprobaron concepto de obras que no se
concluyeron oportunamente por 4.0 millones de pesos.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
118
Datos Básicos FSCP 2016
— En los siguientes Municipios del Estado de Guerrero: Acatepec, Ayutla de los Libres, Chilapa
de Álvarez, Ometepec y Chilpancingo de los Bravo se realizaron pagos de fertilizantes, acción
que no se encuentra contemplada en la Ley de Coordinación Fiscal ni en los Lineamientos
del Fondo, por 138.2 millones de pesos.
— En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero se constató que se realizaron 5 obras
que no beneficiaron directamente a población en pobreza extrema por 8.1 millones de
pesos.
— En los Municipios de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Santa Catarina, Nuevo León; se
realizaron transferencias de recursos del Fondo a otras cuentas del Municipio por 19.9
millones de pesos.
— En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero se comprobó la existencia de obra
pagada no ejecutada por 2.7 millones de pesos.
— En los Municipios del Estado de Guerrero. Chilpancingo de los Bravo y Ometepec se
realizaron pagos diversos que no están comprendidas dentro de catálogo del Fondo por 4.5
millones de pesos.
— En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero se determinó un subejercicio por 4.5
millones de pesos.
— En el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo se comprobó la existencia de obras que no
operan y penas convencionales por 1.7 millones de pesos.
— En el Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala se comprobó que se ejercieron recursos
del Fondo sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 23.2
millones de pesos.
— En el Municipio de Progreso, Yucatán se realizaron pagos con recursos del Fondo en
proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y
tampoco corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, por 3.6
millones de pesos.
SEGURIDAD PÚBLICA
De los informes individuales entregados el 30 de junio de 2017 por la ASF en materia de
Seguridad Pública, sobresalen los resultados de auditoría de los siguientes mecanismos
fiscalizados: El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
119
Datos Básicos FSCP 2016
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y el Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF; los principales resultados del
PFORTAMUN-DF, se presentan a continuación:
— En el Municipio de Manzanillo, Colima se pagaron servicios no recibidos por 0.8 millones de
pesos.
— En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero se identificó la falta de
documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 1.4 millones de pesos.
— En el Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala se identificó la falta de documentación
comprobatoria y justificativa del gasto por 3739 millones de pesos.
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)
De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF; los principales resultados del
FORTASEG, se presentan a continuación:
— En los municipios de Ensenada Baja California y el de Pueblo Nuevo Durango, se realizaron
transferencia de recursos del Subsidio hacia cuentas bancarias en las que se dispone de otro
tipo de recursos, sin acreditar su aplicación por 45.6 millones de pesos.
— En los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca y el Municipio de San Luis Potosí, San
Luis Potosí; se detectó la falta de documentación comprobatoria del gasto por 36.3 millones
de pesos.
— En los Municipios de León, Guanajuato; Aguascalientes, Aguascalientes y en La Paz, Baja
California Sur; se comprobaron recursos no ejercidos ni devengados, e intereses generados
que no fueron reintegrados a la TESOFE por 25.1 millones de pesos.
— Se observaron otros conceptos de irregularidad por un monto de 38.4 millones de pesos.
SANEAMIENTO FINANCIERO
De los informes individuales entregados el 30 de junio de 2017 por la ASF en materia de
saneamiento financiero, sobresalen los resultados de auditoría del siguiente mecanismo
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
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Datos Básicos FSCP 2016
fiscalizado: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF).
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF; los principales resultados del FAFEF, se
presentan a continuación:
— Se detectó la falta de documentación comprobatoria del gasto por 3 mil 794.8 millones de
pesos, que representaron el 38.6% del monto total observado.
— Se identificaron subejercicios a la fecha de la auditoría por 1 mil 979.8 millones de pesos, con
el 20.2% del monto total observado.
— Se determinaron recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos
específicos del fondo por 1 mil 726.0 millones de pesos, que representaron el 17.6% del
monto total observado. Los estados que tuvieron una mayor importancia en este concepto
fueron Veracruz con el 81.1%, México con el 12.5% y Tabasco con el 3.4%.
— Se constató la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 1 mil 719.7 millones
de pesos que representaron el 17.5% del monto observado. Los estados que tuvieron una
mayor importancia en este concepto fueron Coahuila con el 24.6%; Zacatecas con el 22.4%
y Morelos con el 20.6%.
— Asimismo, se observaron otros conceptos de irregularidades por 599.2 millones de pesos,
que significaron el 6.1% del monto observado.
PROGRAMAS DEL RAMO GENERAL 33
De los informes individuales entregados el 30 de junio de 2017 por la ASF en materia de
Programas del Ramo General 33, sobresalen los resultados de auditoría del siguiente
mecanismo fiscalizado: Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FORTALECE).
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FORTALECE)
De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF; los principales resultados del
FORTALECE, se presentan a continuación:
— Se identificaron subejercicios a la fecha de la auditoría por 245.7 millones de pesos, en los
Municipios de Juárez, Chihuahua, Torreón, Coahuila, León, Guanajuato, Bacalar, quintana
Roo, Ahome, Sinaloa., Cd. Madero y Reynosa, Tamaulipas, Xalapa, Veracruz, y Delegaciones
de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, CDMX, lo que representó el 64.3% del
monto total observado.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
121
Datos Básicos FSCP 2016
— Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 30.6 millones de pesos,
en los Municipios de Ensenada, Baja California, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas,
Yurécuaro, Michoacán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y Matamoros Tamaulipas, lo que
representó el 8.0% del monto total observado.
— No se acreditó la propiedad del Gobierno del Estado o del Municipio del predio donde se
realizó la obra ni se presentó el registro patrimonial del inmueble construido por 25.5
millones de pesos, en los Municipios de Campeche, Campeche, Ahome, Sinaloa, y Reynosa,
Tamaulipas, lo que representó el 6.7% del monto total observado.
— Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, sin acreditar su destino y aplicación por
22.5 millones de pesos, en los Municipios de Ensenada, Baja California, y Pueblo Nuevo,
Durango, lo que representó el 5.9% del monto total observado.
— Se detectaron obras de mala calidad o que no cumplieron con las especificaciones
contratadas por 12.3 millones de pesos, en los Municipios de Ocozocoautla de Espinosa,
Chiapas, y Reynosa, Tamaulipas, lo que representó el 3.2% del monto total observado.
— Recursos o intereses no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 por 2.2 millones de
pesos, en los Municipios de Ensenada, baja California, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas,
Torreón, Coahuila, Ayotlán, Jalisco, Venustiano Carranza y Yurécuaro, Michoacán, Cerralvo,
Nuevo León, Ahome, Sinaloa, Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, y Jeréz, Zacatecas, lo que
representó el 0.6% del monto total observado.
— Otro tipo de irregularidades por 43.2 millones de pesos, que representaron el 11.3% del
monto total observado, que se refieren principalmente a: falta de amortización de anticipos,
falta de operación de obras concluidas, pago de conceptos extraordinarios no autorizados,
modificaciones del calendario de las obras sin contar con la autorización de la UPCP, obras
pagadas no ejecutadas, anticipos otorgados no amortizados, obras ejecutadas de las que no
se acreditó que fueran públicas, recursos o intereses no transferidos por la Entidad
federativa al ejecutor, falta de aplicación de sanciones o penalizaciones por incumplimiento
de las obligaciones pactadas, falta de aplicación de retenciones o retenciones no enteradas
a las instancias correspondientes, ejecución de proyectos no autorizados, entre otros.
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
122
Datos Básicos FSCP 2016
OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS
Gobierno del Estado de Chihuahua. Programas y Fondos Federales
— Recursos ministrados a FORTAFIN 2016 por 3.0 millones de pesos y a FONMETRO 2016 por
3.6 millones de pesos, que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago al 31 de diciembre de 2016; y recursos comprometidos no ejercidos en FORTAFIN 2016
por 98.7 millones de pesos y en FONMETRO 2016 por 62.1 millones de pesos.
Gobierno del Estado de Veracruz. Programas y Fondos Federales
— De los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con
cargo en el FORTAFIN y FORTALECE en el ejercicio de 2016, se determinó un monto de 1 mil
304.9 millones de pesos que debe ser reintegrados a la TESOFE, en virtud de que no se
acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino,
aplicación y ejercicio de dicho importe en los proyectos autorizados.
Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, en el Estado de Aguascalientes:
— Se omitió la aplicación de penalizaciones por trabajos pendientes de ejecutar dentro de los
plazos pactados en los dos contratos revisados por 5.5 millones de pesos.
Construcción de los Centros de Justicia Penal en Ensenada y Tecate y Salas de Juicio Oral del
Fuero Común, en el Estado de Baja California
— No se aplicaron las retenciones del 5.0% por penas convencionales a los contratos de obra
por 13.6 millones de pesos, trabajos no autorizados por 0.9 millones de pesos y trabajos
pagados no ejecutados por 1.0 millones de pesos.
Construcción de Hospital de Especialidades (Incluye Oncología) en La Localidad de Gómez
Palacio, en el Estado de Durango
— Se realizaron pagos por 3.9 millones de pesos de ajustes de costos, que no se afectaron en
un porcentaje igual al del anticipo otorgado por el 30.0% del monto del contrato; tres
conceptos de trabajo por 1.2 millones de pesos no cumplen con los alcances de los precios;
se autorizaron precios extraordinarios por 165.3 millones de pesos, sin contar con la
documentación soporte establecida en la normatividad.
Proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital en
Guadalajara, en el Estado de Jalisco
— Se determinaron pagos por 98.7 y 55.8 millones de pesos de obra pagada no ejecutada y
deficiencias en el control, registro y llenado de la bitácora de obra.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
123
Datos Básicos FSCP 2016
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León
— Se realizaron pagos indebidos por un importe de 14.4 millones de pesos y no se aplicaron las
retenciones a las contratistas estipuladas en las cláusulas contractuales por 0.7 millones de
pesos.
Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal (1a. Etapa), en el Estado de
Quintana Roo
— Se pagó obra no ejecutada por 0.7 millones de pesos, se realizaron pagos indebidos a la
contratista por un monto total de 3.6 millones de pesos y, sobrecosto de obra no acreditado
derivado del incumplimiento de la fecha de término de los trabajos por un importe de 11.9
millones de pesos.
Construcción de la Presa Bicentenario en el Sitio los Pilares (Ampliación), en el Estado de
Sonora
— Se realizaron pagos indebidos por trabajos de mala calidad por 6.9 millones de pesos, pago
de material de mala calidad por 5.7 millones de pesos, pago improcedente de 10.5 millones
de pesos y pago de 13.0 millones de pesos de conceptos fuera de presupuesto.
Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Yucatán
— Se determinaron pagos improcedentes por 2.7 millones de pesos por incumplimiento en la
calidad especificada de los conceptos de obra.
Construcción del Nuevo Centro de Convenciones de Mérida, en el Estado de Yucatán
— Recursos no comprometidos al mes de diciembre de 2015 por 1.9 millones de pesos,
rendimientos financieros no reintegrados a la TESOFE por 0.4 millones de pesos.
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
125
Datos Básicos FSCP 2016
ANEXO I. Resumen de auditorías practicadas FSCP 2016
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
127
Datos Básicos FSCP 2016
N° SECTOR / ENTE DESEMPEÑO
FINANCIERA
CON ENFOQUE
DE DESEMPEÑO
EVALUACIÓN
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
ESTUDIOFINANCIERAS Y DE
CUMPLIMIENTO
INVERSIONES
FÍSICASFORENSES TOTAL
72 154 0 0 236 40 0 502
28 1 0 0 8 4 0 41
SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 12 1 0 0 2 0 0 15
1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2 1 1 4
2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 1
3 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 4 4
4 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 2 2
5 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 1 1
6 Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 1 1
7 Servicio de Administración Tributaria 1 1
8 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 1
PODER JUDICIAL 0 0 0 0 0 3 0 3
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 1
10 Consejo de la Judicatura Federal 2 2
SECTOR GOBERNACIÓN 5 0 0 0 3 0 0 8
11 Secretaría de Gobernación 1 1 2
12 Archivo General de la Nación 1 1
13 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 1 1
14 Policía Federal 2 2
15 Prevención y Readaptación Social 1 1
16 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 1
SECTOR DEFENSA NACIONAL 0 0 0 0 1 0 0 1
17 Secretaría de la Defensa Nacional 1 1
SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 4 0 0 0 0 0 0 4
18 Procuraduría General de la República 2 2
19 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 1 1
20 Investigación Nacional de Ciencias Penales 1 1
SECTOR MARINA 0 0 0 0 1 0 0 1
21 Secretaría de Marina 1 1
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 7 0 0 0 1 1 0 9
22 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 1
23 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 1
24 Instituto Nacional Electoral 2 1 3
25 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 3 3
26 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 1 1
20 0 0 0 7 19 0 46
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1 1
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3 0 0 0 2 12 0 17
28 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 1 1
29 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 1 1
30 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 1 1
31 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 1 2 3
32 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2 1 7 10
33 Instituto Mexicano del Transporte 1 1
SECTOR ECONOMÍA 1 0 0 0 0 0 0 1
34 Procuraduría Federal del Consumidor 1 1
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 1 0 0 0 0 0 0 1
35 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 1
SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 4 0 0 0 1 1 0 6
36 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4 1 1 6
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5 0 0 0 0 5 0 10
37 Comisión Nacional del Agua 3 5 8
38 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1 1
39 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1 1
SECTOR ENERGÍA 1 0 0 0 1 0 0 2
40 Centro Nacional de Control de Gas Natural 1 1
41 Secretaría de Energía 1 1
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 2 0 0 0 2 1 0 5
42 Comisión Federal de Electricidad 1 1
43 Pemex Exploración y Producción 1 1
44 Pemex Transformación Industrial 1 1 2
45 Petróleos Mexicanos 1 1
ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 1 0 0 0 0 0 0 1
46 Comisión Reguladora de Energía 1 1
SECTOR TURISMO 1 0 0 0 0 0 0 1
47 Secretaría de Turismo 1 1
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1 0 0 0 0 0 0 1
48 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 1
24 0 0 0 7 6 0 37
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 9 0 0 0 2 1 0 12
49 Secretaria de Educación Pública 7 2 9
50 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1 1
51 Fondo de Cultura Económica 1 1
52 Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 1 1
SECTOR CULTURA 6 0 0 0 0 0 0 6
53 Secretaria de Cultura 1 1
54 Instituto Mexicano de Cinematografía, A.C. 1 1
55 Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 1 1
56 Educal, S.A. de C.V. 1 1
57 Estudios Churubusco Azteca, S.A. 1 1
58 Fideicomiso Cineteca Nacional 1 1
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 1 0 1
59 Universidad Autónoma Metropolitana 1 1
SECTOR SALUD 5 0 0 0 2 0 0 7
60 Centro Nacional para la Salud de la infancia y la Adolescencia 1 1
61 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 1 1
62 Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 1 1
63 Secretaría de Salud 3 3
64 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1 1
SECTOR DESARROLLO SOCIAL 2 0 0 0 1 0 0 3
65 Secretaría de Desarrollo Social 1 1
66 Instituto Nacional de la Economía Social 1 1
67 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 1 1
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 2 0 0 0 2 4 0 8
68 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1
69 Instituto Mexicano del Seguro Social 1 3 4
70 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1 1 1 3
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/
TOTAL
FUNCIONES DE GOBIERNO
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
128
Datos Básicos FSCP 2016
N° SECTOR / ENTE DESEMPEÑO
FINANCIERA
CON ENFOQUE
DE DESEMPEÑO
EVALUACIÓN
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
ESTUDIOFINANCIERAS Y DE
CUMPLIMIENTO
INVERSIONES
FÍSICASFORENSES TOTAL
72 154 0 0 236 40 0 502
0 153 0 0 214 0 0 367
71 Aguascalientes 6 7 13
72 Baja California 3 6 9
73 Baja California Sur 1 5 6
74 Campeche 3 7 10
75 Chiapas 8 5 13
76 Chihuahua 1 10 11
77 Ciudad de México 2 11 13
78 Coahuila 4 6 10
79 Colima 8 5 13
80 Durango 1 8 9
81 Guanajuato 1 6 7
82 Guerrero 10 5 15
83 Hidalgo 8 5 13
84 Jalisco 8 5 13
85 México 5 8 13
86 Michoacán 3 9 12
87 Morelos 7 8 15
88 Nayarit 4 7 11
89 Nuevo León 13 5 18
90 Oaxaca 1 6 7
91 Puebla 3 8 11
92 Querétaro 3 8 11
93 Quintana Roo 1 6 7
94 San Luis Potosí 3 5 8
95 Sinaloa 7 6 13
96 Sonora 1 6 7
97 Tabasco 3 6 9
98 Tamaulipas 3 7 10
99 Tlaxcala 10 5 15
100 Veracruz 1 6 7
101 Yucatán 14 5 19
102 Zacatecas 4 8 12
SECRETRÍAS Y ENTIDADES FEDERALES 0 3 0 0 4 0 0 7
Secretaría de Cultura 1 1
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1 1
Secretaría de Salud 2 1 3
Comisión Nacional de Protección Social en Salud 2 2
0 0 0 0 0 11 0 11
Aguascalientes 1 1
Baja California 1 1
Chihuahua 1 1
Durango 1 1
Jalisco 1 1
Nuevo León 1 1
Quintana Roo 1 1
Sonora 1 1
Veracruz 1 1
Yucatán 2 2
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.
OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS
AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/
TOTAL
GASTO FEDERALIZADO
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
129
Datos Básicos FSCP 2016
ANEXO II. Resumen de observaciones-acciones FSCP 2016
Análisis de los Informes Individuales de Auditorías. Primera Entrega
131
Datos Básicos FSCP 2016
R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTAL
502 2,087 645 471 30 140 555 584 0 2,425
41 96 39 63 0 9 26 6 0 143
SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 15 5 6 5 0 0 0 0 0 11
1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 4 1 6 6
2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 0
3 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 4 0
4 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 2 0
5 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 1 2 3 3
6 Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 1 0
7 Servicio de Administración Tributaria 1 2 2 2
8 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 0
PODER JUDICIAL 3 15 7 0 0 6 2 0 0 15
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 5 1 3 1 5
10 Consejo de la Judicatura Federal 2 10 6 3 1 10
SECTOR GOBERNACIÓN 8 27 20 11 0 0 12 4 0 47
11 Secretaría de Gobernación 2 2 4 3 2 9
12 Archivo General de la Nación 1 5 6 6
13 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 1 1 1 1
14 Policía Federal 2 15 16 9 2 27
15 Prevención y Readaptación Social 1 4 4 4
16 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 0
SECTOR DEFENSA NACIONAL 1 4 1 0 0 0 3 0 0 4
17 Secretaría de la Defensa Nacional 1 4 1 3 4
SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 4 6 0 7 0 0 0 0 0 7
18 Procuraduría General de la República 2 4 5 5
19 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 1 2 2 2
20 Investigación Nacional de Ciencias Penales 1 0
SECTOR MARINA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
21 Secretaría de Marina 1 1 1 1
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 9 38 5 40 0 3 8 2 0 58
22 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 1 2 2
23 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 0
24 Instituto Nacional Electoral 3 12 6 3 4 13
25 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 3 23 32 32
26 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 1 2 5 4 2 11
46 282 87 173 1 61 36 33 0 391
SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1 7 1 0 0 0 0 8 0 9
27 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1 7 1 8 9
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 17 92 29 22 1 44 6 10 0 112
28 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 1 2 1 1 2
29 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 1 1 1 1
30 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 1 9 4 2 3 9
31 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 3 7 12 3 15
32 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 10 63 17 10 1 35 3 7 73
33 Instituto Mexicano del Transporte 1 10 12 12
SECTOR ECONOMÍA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Procuraduría Federal del Consumidor 1 0
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 1 6 0 7 0 0 0 0 0 7
35 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 6 7 7
SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 6 61 7 50 0 4 10 3 0 74
36 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 6 61 7 50 4 10 3 74
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 10 47 0 40 0 12 2 10 0 64
37 Comisión Nacional del Agua 8 38 20 12 2 10 44
38 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1 3 10 10
39 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1 6 10 10
SECTOR ENERGÍA 2 12 10 8 0 0 1 1 0 20
40 Centro Nacional de Control de Gas Natural 1 5 10 1 1 12
41 Secretaría de Energía 1 7 8 8
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 5 38 40 16 0 1 17 1 0 75
42 Comisión Federal de Electricidad 1 7 9 9
43 Pemex Exploración y Producción 1 0
44 Pemex Transformación Industrial 2 13 3 7 1 3 1 15
45 Petróleos Mexicanos 1 18 37 14 51
ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 1 5 0 8 0 0 0 0 0 8
46 Comisión Reguladora de Energía 1 5 8 8
SECTOR TURISMO 1 6 0 11 0 0 0 0 0 11
47 Secretaría de Turismo 1 6 11 11
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1 8 0 11 0 0 0 0 0 11
48 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 8 11 11
37 211 32 235 0 15 35 13 0 330
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 12 66 3 101 0 0 2 2 0 108
49 Secretaria de Educación Pública 9 64 3 98 2 2 105
50 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1 2 3 3
51 Fondo de Cultura Económica 1 0
52 Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 1 0
SECTOR CULTURA 6 30 0 40 0 0 0 0 0 40
53 Secretaria de Cultura 1 8 13 13
54 Instituto Mexicano de Cinematografía, A.C. 1 8 9 9
55 Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 1 3 3 3
56 Educal, S.A. de C.V. 1 5 9 9
57 Estudios Churubusco Azteca, S.A. 1 1 1 1
58 Fideicomiso Cineteca Nacional 1 5 5 5
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2
59 Universidad Autónoma Metropolitana 1 1 1 1 2
SECTOR SALUD 7 41 9 43 0 0 10 6 0 68
60 Centro Nacional para la Salud de la infancia y la Adolescencia 1 12 25 25
61 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 1 3 2 2 5 9
62 Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 1 12 7 8 1 16
63 Secretaría de Salud 3 13 17 17
64 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1 1 1 1
SECTOR DESARROLLO SOCIAL 3 28 9 39 0 0 5 1 0 54
65 Secretaría de Desarrollo Social 1 11 25 25
66 Instituto Nacional de la Economía Social 1 8 9 5 1 15
67 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 1 9 14 14
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 8 45 11 12 0 15 17 3 0 58
68 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1 1 1 2
69 Instituto Mexicano del Seguro Social 4 21 1 2 14 7 24
70 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 3 23 9 10 1 9 3 32
ACCIONES
OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/
TOTAL
FUNCIONES DE GOBIERNO
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
N° SECTOR / ENTE REVISIONES OBSERVACIONES
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Fiscalización Superior Parcial de la Cuenta Pública 2016
132
Datos Básicos FSCP 2016
R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTAL
502 2,087 645 471 30 140 555 584 0 2,425
367 1,422 473 0 29 0 443 526 0 1,471
70 Aguascalientes 13 22 10 4 9 23
71 Baja California 9 79 30 18 32 80
72 Baja California Sur 6 58 3 3 35 20 61
73 Campeche 10 47 27 6 14 47
74 Chiapas 13 61 13 6 3 49 71
75 Chihuahua 11 39 4 13 22 39
76 Ciudad de México 13 33 9 13 11 33
77 Coahuila 10 20 7 4 9 20
78 Colima 13 26 2 9 15 26
79 Durango 9 55 8 31 16 55
80 Guanajuato 7 12 3 10 13
81 Guerrero 15 45 10 4 35 49
82 Hidalgo 13 26 2 3 21 26
83 Jalisco 13 64 31 21 15 67
84 México 13 67 17 4 33 17 71
85 Michoacán 12 79 30 2 17 38 87
86 Morelos 15 44 31 2 5 7 45
87 Nayarit 11 72 14 1 37 22 74
88 Nuevo León 18 82 41 27 14 82
89 Oaxaca 7 34 3 5 9 22 39
90 Puebla 11 23 6 13 4 23
91 Querétaro 11 26 24 2 26
92 Quintana Roo 7 36 2 25 9 36
93 San Luis Potosí 8 28 3 15 10 28
94 Sinaloa 13 69 47 9 15 71
95 Sonora 7 40 3 17 21 41
96 Tabasco 9 25 12 7 6 25
97 Tamaulipas 10 54 36 19 55
98 Tlaxcala 15 16 9 7 16
99 Veracruz 7 16 3 2 13 18
100 Yucatán 19 61 24 23 14 61
101 Zacatecas 12 59 8 43 8 59
SECRETRÍAS Y ENTIDADES FEDERALES 7 4 4 0 0 0 0 0 0 4
Secretaría de Cultura 1 3 3 3
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1 0
Secretaría de Salud 3 0
Comisión Nacional de Protección Social en Salud 2 1 1 1
11 76 14 0 0 55 15 6 0 90
Aguascalientes 1 4 3 2 5
Baja California 1 8 5 3 8
Chihuahua 1 15 7 9 2 3 21
Durango 1 4 2 4 6
Jalisco 1 3 2 2
Nuevo León 1 11 11 11
Quintana Roo 1 7 6 1 7
Sonora 1 7 1 6 4 11
Veracruz 1 7 1 3 3 7
Yucatán 2 10 1 9 2 12
1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.
Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.
OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS
GASTO FEDERALIZADO
ACCIONES
OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/
TOTAL
N° SECTOR / ENTE REVISIONES OBSERVACIONES