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Guillaume Fontaine

Ms all del caso Texaco Se puede rescatar al Nororiente ecuatoriano?

Iconos. Revista de Ciencias Sociales, nm. 16, mayo, 2003, pp. 129-137,

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Ecuador

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Guillaume Fontaine*

Desde el descubrimiento de importantes re-servas de hidrocarburos a medianos de los se-senta, el Ecuador se ha desarrollado en base alas exportaciones de petrleo. El 90% de laproduccin nacional (250.000 barriles porda, en promedio anual) procede de la reginamaznica, que cubre casi la mitad del pascon unos 200.000 km2 y alberga menos del5% de la poblacin nacional (estimada en 12millones). La bonanza petrolera se acompa-, sin embargo, de un creciente endeuda-miento y de una dependencia tanto tecnol-gica como financiera hacia el exterior (Fontai-ne 2002). Hasta 1992, Texaco Inc. fue laprincipal operadora de la concesin del No-roriente. El balance socio ambiental dejadotras veinte aos de explotacin fue criticadopor varios grupos ecologistas y defensores delos derechos humanos (Kimerling 1993,Jochnick et al. 1994) y dio lugar a un proce-so judicial ampliamente cubierto por los me-dios a nivel internacional, conocido como elcaso Texaco. Ahora bien, tras ocho aos delucha ante las cortes estadounidenses, este ca-so fue reenviado al Ecuador, segn lo decidien ltima instancia la Corte de Apelaciones,en agosto de 2002.

En este artculo quisiramos recordar enuna primera parte cmo se desarroll el casoTexaco. En una segunda parte, desde el pun-to de vista del desarrollo sustentable, nos in-terrogaremos sobre lo que est en juego, msall de este caso, para la regin amaznicaecuatoriana y el Ecuador.

Actualidad del caso Texaco

Los impactos socio-ambientales de la era Te-xaco fueron desconocidos por la poblacinecuatoriana hasta inicios de los noventa, esdecir, hasta cuando finaliz el contrato de ex-plotacin y Petroecuador se volvi la opera-dora de este bloque. La primera investigacinsistemtica sobre aquellos impactos se debe aKimerling, una abogada estadounidense radi-cada en Ecuador desde 1989, que trabajabacomo asesora jurdica de la Federacin de Co-munas Unin de Nativos de la AmazonaEcuatoriana (FCUNAE) para la delimitacinde predios1. Segn su informe, los 30 derra-

Ms all del caso TexacoSe puede rescatar al Nororiente ecuatoriano?

* Socilogo. Profesor Investigador de FLACSO. Obser-vatorio Socio-Ambiental.

1 Kimerling haba empezado a trabajar en el mbito dela legislacin ambiental para el bufete Kreindler &Kreindler en New York. De 1984 a 1989 fue asistentedel Procurador General del Estado de New York, en eljuicio del asunto Love Canal. Este asunto comprendala indemnizacin de las vctimas de la contaminacingenerada entre 1942 y 1953 por la empresa qumicaHooker Chemical, en los alrededores de las Cataratasdel Nigara, un sitio que fue en parte evacuado y de-clarado zona de urgencia federal por el PresidenteJimmy Carter en agosto 1978.

mes ms graves del SOTE ocasionaron la pr-dida de 403.200 barriles, a los que se suman456.000 barriles de crudo y 450 millones debarriles de aguas de formacin vertidos al me-dio ambiente.

Cabe decir que esta informacin, procura-das por Petroecuador, es probablemente muyconservadora si se considera que el SOTEtransporta 250.000 barriles diarios. A mane-ra de comparacin, las prdidas provocadaspor el naufragio del Exxon Valdez en Alaska,alcanzaron 259.200 barriles. Lo mismo sepuede decir de la incineracin del gas al airelibre: segn el Informe Kimerling se incinera-ron 6.667 millones de metros cbicos de gasal aire libre en veinte aos, mientras Busta-mante y Bentez mencionan la cifra de dosmillones de metros cbicos de gas incinera-dos por da, o sea 14.600 millones de metroscbicos en este periodo (Fundacin Natura1996:139).

Por otra parte, sera falso decir que losproblemas de contaminacin ambiental ter-minaron con la salida de Texaco del Ecuador.En realidad, el Nororiente (es decir las pro-vincias de Sucumbios, Orellana y Napo) si-gue siendo el teatro de los mayores impactossocio ambientales producidos por las activi-dades petroleras. Entre 1994 y 2002 cada aose produjeron en promedio 114 derrames queocasionaron la prdida de ms de 33.000 ba-rriles de aguas de formacin o de crudo. Sibien es cierto la mayor parte del crudo derra-mado es recuperada, los daos persisten, engran parte debido a la falta de recursos finan-cieros y humanos por parte de la empresa na-cional Petroecuador.

Pese a la imprecisin de ciertas cifras, elinforme de Kimerling tuvo el mrito de pro-vocar una toma de conciencia en la poblacinecuatoriana, sobre la cual volveremos luego.Otros informes siguieron y fueron agregadosal expediente, que es preciso mencionar antesde estudiar las consecuencias del juicio.

Un segundo informe fue realizado por elCentro de Derechos Econmicos y Sociales(CDES), una ONG radicada en New Yorkdesde 1992. A diferencia de otras organiza-

ciones ecologistas, CDES hace particular hin-capi en los derechos humanos. Por esta ra-zn su informe destinado a documentar el ca-so Texaco se interesa en esencia en los aspec-tos sanitarios de la actividad petrolera. Se tra-ta de un estudio realizado en una decena decomunidades que suman 1.465 personas, delas cuales 1.077 se radicaban en las zonas con-taminadas y 388 en reas sanas. Segn lasconclusiones de esta encuesta, las poblacionesque viven en zonas contaminadas se exponena concentraciones de hidrocarburos policcli-cos aromticos (HPA) y de componentes or-gnicos voltiles (COV) muy por encima delas normas sanitarias estadounidenses y euro-peas. Esos productos pueden ser absorbidospor el organismo humano por va oral, tctilo por inhalacin. Generan diversas enferme-dades que van desde las infecciones secunda-rias (como hongos cutneos, verrugas o ecze-ma, hasta cnceres de la piel, la sangre o elesfago, pasando por las neumonas y abortosespontneos). El equipo de Jochnick deducede ello que la contaminacin ocasionada porla actividad petrolera constituye una viola-cin de los derechos humanos, en derecho in-ternacional, aunque las poblaciones afectadasno dispongan de ningn amparo al respetocontra el gobierno ecuatoriano o la empresaTexaco.

Un tercer informe fue realizado por Mi-guel San Sebastin, con el Instituto de Epide-miologa y Salud Comunitaria ManuelAmunrriz (San Sebastin et al 2000). Enprimer lugar, el equipo del Dr. San Sebastinpresent una lista de 15 sntomas padecidospor 650 mujeres, de las cuales 365 se radica-ban en zonas contaminadas y 282 afuera. Lasconclusiones del estudio muestran que la tasade mujeres embarazadas durante los dos lti-mos aos es ms alta en la zona no contami-nada (93,5%) que en la otra (88,4%) pero latasa de abortos espontneos a menos de 28semanas es superior en la zona contaminada(9,8% contra 4,4%). En segundo lugar, esteequipo se esforz por evidenciar la correla-cin entre el riesgo de cncer y la contamina-cin petrolera, al estudiar la poblacin de San

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Carlos (Sacha, Sucumbios), un municipio de1.000 habitantes ubicado cerca de la princi-pal estacin de produccin de la regin, don-de 10 casos de cncer fueron registrados entre1989 y 1998. El tamao reducido de estamuestra prohbe generalizar las conclusionesdel Dr. San Sebastin pero atraen la atencinen dos puntos: la diversidad de los tipos decncer diagnosticados (estmago, vescula, la-ringe, hgado, sangre, etc.) y la elevacin de latasa de mortalidad entre las personas expues-tas, que muestra una fuerte agresividad de loscnceres o de un dramtico abandono.

Quiz lo ms tajante en esta sucesin depublicaciones es la falta de compromiso porparte del Estado en la defensa de los interesesde la poblacin amaznica. Cierto es que, enabril 1992, el gobierno de Rodrigo Borja fir-m un contrato con la empresa canadienseHBT Agra, para la realizacin de una audito-ria ambiental sobre las actividades de Texaco.Pero el informe preliminar, entregado en no-viembre 1993, fue difundido tan solo tras unadura lucha de poder entre el Presidente y elCongreso. En efecto, llegado al poder entretanto, Sixto Durn Balln se rehus a publici-tarlo, mientras que la Comisin de fiscaliza-cin y control poltico del Congreso presiona-ba para conseguir una copia del documento.

Cuando finalmente la Comisin consi-gui esta copia, contrat a dos bilogas2 paraanalizarla. Estas expertas rechazaron el Infor-me HBT Agra, tanto en el fondo como en laforma. Subrayaron los numerosos errores detraduccin y la inexactitud de las fuentes bi-bliogrficas (Varea et al 1995:319-320). Cri-ticaron, por otro lado, las soluciones plantea-das por el Plan de gestin ambiental, las cua-les consistan en tapar con tierra las fugas y laspiscinas de desechos que seguan abiertas.Asimismo, exigieron que se realizara un Plande gestin ambiental que incluyera medidaspreventivas de control y mitigacin de los im-pactos, un plan de contingencia y rehabilita-cin, y recomendaciones a las autoridades.

De paso, adems, notaron que el informe nocontemplaba medidas de indemnizacin y re-paro para las poblaciones afectadas por lacontaminacin.

La Comisin del Congreso y las organiza-ciones ecologistas organizaron un foro conamplia cobertura meditica sobre el temaPetrleo, Naturaleza y Vida, en abril 1994,al cual acudieron representantes de Petroe-cuador, del Ministerio de Energa, del Cole-gio de Ingenieros Gelogos, junto a organiza-ciones indgenas y campesinas de la Amazo-na. Con esa oportunidad se cre un Comitde Seguimiento Intersectorial cuya misin eravigilar y controlar la actividad petrolera en laregin amaznica. Finalmente, en junio, elMinistro de Energa admiti que la auditorano cumpla con las exigencias y que, por lotanto, Texaco tendra que pagar por los daosocasionados, bajo pena de ser demandada porel gobierno ecuatoriano.

En aquel entonces el gobierno inaugur la7 ronda de licitaciones para la contratacinpetrolera. En esta ronda (la ms importanteen la historia petrolera del Ecuador), se licita-ron ocho bloques, de los cuales, seis se encon-traban en la Regin Amaznica Ecuatoriana(RAE). El gobierno enfrentaba un dilema: nopoda rechazar las acusaciones del Congreso yde los ecologistas pero tampoco poda correrel riesgo de espantar a los inversionistas al de-solidarizarse de Texaco, a la cual el Estado de-ba 20 aos de bonanza petrolera.

Es en este contexto que el embajador delEcuador en Estados Unidos, Edgar Tern,trat de desacreditar a los demandantes me-diante una carta con fecha 3 de diciembre de1993. Cuando se la public en la prensa na-cional3, esta carta reaviv las discrepancias en-tre el ejecutivo y el legislativo, pues el Con-greso protest contra las declaraciones delembajador, mientras que Durn Balln lasrespaldaba.

Como lo han destacado Ortiz y Varea, laparticularidad de este conflicto es el efecto de

2 Elizabeth Bravo y Ana Mara Varea, activistas de Ac-cin Ecolgica.

3 Gobierno admite gestin ante Estados Unidos, enDiario Hoy, 14/01/1994.

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interpelacin hacia otros actores que, pese a lanaturaleza eminentemente poltica del asun-to, no se identificaron con posturas ideolgi-cas. En efecto, en el foro Petrleo, Naturale-za y Vida, cada actor estaba presente a ttuloinstitucional y no partidario. La Comisindel Congreso estaba adems integrada porseis diputados procedentes de distintos parti-dos (Varea 1995b:295-338). La Comisin delCongreso aparece adems como un nuevo ac-tor, con el cual los ecologistas formaron unaalianza tctica. Cabe precisar que, si bien escierto que este asunto fue presentado en se-sin plenaria del Congreso en enero, las deci-siones fueron tomadas en general por la Pre-sidenta de la Comisin. Ello muestra que elEstado no es monoltico, ya que esta comi-sin se opuso en efecto al ejecutivo. Aprove-chndose de esta rivalidad, los ecologistas in-tentaron interpelar directamente al Estadopara que el Ministerio de Energa se pronun-ciara sobre la validez de la auditoria.

Entre tanto, las poblaciones afectadas porla era Texaco organizaron el Frente de Defen-sa de la Amazona (FDA) para agrupar las de-mandas de indemnizaciones y perjuicios antela Corte Suprema del distrito Sur de NewYork (sede de Texaco), a nombre de 30.000personas. Los demandantes alegaron los da-os a personas y contra la propiedad durantelas operaciones realizadas por el consorcio Te-xaco-CEPE/Petroecuador. A fin de agruparlas demandas individuales y obtener repara-ciones colectivas, la demanda consista en unaaccin de clase. Un ao ms tarde (diciem-bre 1994), una demanda similar fue presenta-da a nombre de 25.000 habitantes de la Ama-zona peruana igualmente afectados por lasconsecuencias de esas operaciones.

Estas acciones de clase buscaban conse-guir indemnidades e intereses compensato-rios por los daos corporales y contra la pro-piedad provocados por la contaminacin delmedio ambiente. Los demandantes invocaronla negligencia y ofensa intencional por acciny por omisin, que entraaron daos indivi-duales y colectivos, entre los cuales constabanel aumento del riesgo de cncer y dems en-

fermedades, as como la degradacin y des-truccin de su entorno. En su conjunto, lademanda inclua siete alegatos: negligencia,perjuicio pblico, perjuicio privado, estrictaconfiabilidad, seguimiento mdico, defun-cin, conspiracin civil y violacin del Ac-ta de Reclamo contra las Ofensas a un Ex-tranjero (Alien Tort Claim Act, ATCA).4 Ade-ms del ATCA, la demanda se amparaba en elartculo 13 del Tratado de Paz y Amistad deComercio y Navegacin entre Estados Uni-dos y Ecuador, segn el cual los ciudadanosde ambas naciones tienen derecho a presentarsus demandas ante las cortes del pas amigo.

Ante estos argumentos, Texaco empezpor intentar negar cualquier responsabilidaden el caso, argumentando, de un lado, que sufilial ecuatoriana, Texpet, era minoritaria enel consorcio con CEPE/Petroecuador, y delotro que la zona afectada por sus actividadessolo cubra el 3,8% de la regin amaznicaecuatoriana. Segn la empresa, la eliminacinde los desechos en la fase de produccin sehaba hecho conforme la legislacin ecuato-riana de la poca. Los abogados de Texacoagregaron que el regar aguas de formacin enel entorno era una prctica comn en mu-chos pases. Texaco an pretendi haber con-tribuido al mejoramiento de las normas am-bientales locales e implementado nuevos pro-cedimientos, como el transporte de materialpor helicptero para mitigar los impactosprovocados por la construccin de las rutas.

Luego, la multinacional afirm que noexistan pruebas cientficas de los alegatos delos demandantes en cuanto a los riesgos decncer en la regin. Es as como considerabanulo y sin valor el informe del CDES, porqueinterpretaba de manera errnea las normasestadounidenses y por falta de anlisis cuanti-

4 La particularidad del ATCA, que el Congreso de Esta-dos Unidos adopt en 1789, es garantizar los interesesforneos contra los perjuicios causados por una enti-dad estadounidense en su pas, al ofrecer un amparoante las cortes federales. En este caso, los demandan-tes alegaron que la prctica de regar desechos txicosen el medio ambiente constitua un genocidio cultu-ral que violentaba el ATCA y la Declaracin Univer-sal de Derechos Humanos.

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tativos relevantes. Segn los expertos citadospor Texaco, no solo este informe se fundabaen tomas realizadas en condiciones sospe-chosas sino que extrapolaban excesivamentelos resultados de las experiencias de cancero-loga realizadas con animales en laboratorios.Asimismo, se calific de alarmista y se de-clar sin valor el Informe Yana Curi porqueel nmero restringido de casos estudiados y ladisparidad de los cnceres diagnosticadosprohiban volverlo como una muestra repre-sentativa.

Una primera accin de clase haba sidointentada contra Texaco ante la Corte Supre-ma de Houston (Texas), a nombre de Sequi-hual. Pero el juez Black, a cargo de este expe-diente, haba devuelto el caso ante las cortesecuatorianas, con motivo del forum non con-venience y del comit internacional, sin pe-dir mayor informacin. De paso, este juezjustific su decisin por el hecho de que el ca-so tena serias implicaciones para las relacio-nes entre ambos pases y tena que ver con elderecho de las naciones a disponer de sus pro-pios recursos naturales.

Tras este xito, Texaco trat de obtener elrechazo de la demanda planteada en NewYork bajo los mismos motivos, a fin de que sejuzgara el caso en Ecuador. Sin embargo, an-tes de pronunciarse, el juez Broderick, a car-go del expediente neoyorquino, orden com-plementar la informacin. En enero 1996,Texaco solicit nuevamente la anulacin de lademanda de Mara Aguinda, aprovechndosede la defuncin del juez Broderick, en 1995,y su reemplazo en este caso por el juez Rakoff.En noviembre de 1996, este ltimo aceptaquella solicitud, citando el juicio del caso Se-quihual versus Texaco.

Los demandantes quisieron recalificar lademanda, para tomar en cuenta la nueva ac-titud del gobierno ecuatoriano. Hasta esemomento, ste se haba desentendido del ca-so Aguinda versus Texaco, al considerar que setrataba de un asunto de derecho privado y ha-ba rechazado las convocatorias del juez. Dela misma manera, el Congreso se negaba aapoyar a los demandantes, aunque algunos

diputados lo hubiesen hecho a ttulo perso-nal. Ahora bien, en noviembre 1996, al pare-cer, la Repblica del Ecuador estaba a puntode aceptar ser citada en el caso.

No obstante, el gobierno y Petroecuadorseguan negndose a levantar la inmunidadsoberana para someterse a la entera jurisdic-cin de la corte deNew York. Por lotanto, en agosto1997, la solicitudde recalificacinfue denegada. Eljuez Rakoff argu-ment que se trata-ba de una manio-bra para ganartiempo, pues la ins-truccin llevabams de tres aos.Aadi que ni laRepblica delEcuador ni tampo-co Petroecuador es-taban calificadaspor la ley para in-tervenir como de-mandantes.

Los demandan-tes apelaron ense-guida esta decisinante la Corte deApelacin del Se-gundo Circuito deNew York, que pidi una reconsideracin deljuicio por la Corte de Primera Instancia (oc-tubre 1998). Confirm que la intervencinde la Repblica del Ecuador no era necesariani tampoco requerida para que el caso siguie-ra su curso. Por tanto, el procedimiento fuemantenido y, en enero del 2000, el juez Ra-koff pidi un nuevo complemento de infor-macin para determinar si los tribunales deEcuador y Per no eran ms apropiados. Endiciembre de 2000, la perspectiva de la com-pra de Texaco por el grupo estadounidenseChevron (efectiva en octubre 2001), dejabavislumbrar nuevos plazos en un procedimien-

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El "pasivo ambiental" de la era Texaco seguir sin serresuelto hasta que el ejecutivose involucre en una estrategiade desarrollo sustentable parala RAE. No hay duda de que lapoblacin amaznica no se habeneficiado de la bonanzapetrolera.Tampoco hay dudade que es urgente pensar elproblema del Nororiente msall del caso Texaco.

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to judicial cuyo fin segua siendo incierto. Noobstante, en mayo de 2001, el juez resolvienviar la demanda a Ecuador, lo que fue con-firmado por la Corte de Apelaciones en agos-to de 2002.

Entre tanto (septiembre 1998), Texaco ha-ba concluido el programa de rehabilitacininiciado tres aos antes y se haba liberado decualquier obligacin legal en Ecuador. Enefecto, en mayo de 1995, el Ministerio deEnerga y Minas, Petroecuador y Texpet ha-ban firmado un contrato de rehabilitacindel rea Texaco, que liberara a la empresa decualquier compromiso al finalizarse las opera-ciones. Las operaciones se realizaron con lacolaboracin de los municipios de Nueva Lo-ja, Shushufindi, Joya de los Sachas y Coca, ascomo el consejo provincial de Sucumbios,por un costo total de 40 millones de dlares.Una suma irrisoria, comparada con las repa-raciones que se pedan a Texaco -unos 1.500millones dlares- y con lo que la compaaExxon haba sido condenada a pagar por losdaos en Alaska -900 millones de dlares a t-tulo de cargos civiles y 250 millones a ttulode cargos penales-.

Contaminacin y conflictos socio-ambientales

A pesar de lo que dejan pensar ciertos obser-vadores, el caso Texaco no es un conflicto enel cual se oponen exclusivamente comunida-des indgenas y una empresa multinacional.En realidad, los campesinos colonos constitu-yen la gran mayora, no solo de los firmantesde la demanda presentada en New York sinotambin de la poblacin que se intent defen-der en la accin de clase. En realidad, se tra-ta de un caso tpico de convergencia entre losmovimientos ecologista, indgena y campesi-no, que se concretiz por la creacin, el 15 demayo de 1994, del FDA.

En la actualidad, el FDA agrupa a diecisie-te organizaciones de primero y segundo gra-do y colabora de manera estrecha con las or-ganizaciones indgenas de la regin -siona, se-

coya y kichwa- y organizaciones de defensa delos derechos humanos como el FEPP y elCDES. En un principio constituido para ex-plicar la accin de clase a las poblaciones lo-cales, extendi poco a poco sus actividades aotros casos de contaminacin o conflictos so-cio-ambientales. Desde luego, su misin deasesora incluy dos partes: a) donde existaya una actividad petrolera se trataba de ayu-dar a las poblaciones afectadas a conseguir unnivel de indemnizaciones y proteccin con-forme al derecho pblico ecuatoriano; b)donde la actividad petrolera era todava inci-piente o no exista, se trataba de informar ycapacitar a las poblaciones locales sobre susderechos, los impactos socio-ambientales delas actividades petroleras, las tcticas y estra-tegias de negociacin y/o de resistencia.

El FDA interviene tambin como facilita-dor o mediador para presentar demandas an-te el Ministerio de Energa y Minas. En esesentido, asume un papel de asesor sobre elprocedimiento que es preciso seguir para pre-sentar una demanda, en caso de violacin delderecho constitucional a vivir en un ambien-te sano y libre de contaminacin. No obstan-te, la organizacin empez a dar un segui-miento de los casos en trmite, tan solo a fi-nales de la dcada del noventa (entre otras co-sas gracias a la creacin de un cargo de asesorjurdico y un programa financiado por Ox-fam Amrica y la Cooperacin austriaca). Es-ta actividad tuvo por efecto modificar el com-portamiento de las poblaciones afectadas: deuna actitud fatalista y dependiente frente a lasempresas, stas pasaron a una actitud de resis-tencia y lucha por el respecto de sus derechos.

Entre 1994 y 2000, el FDA trat un cen-tenar de demandas procedentes de organiza-ciones sociales locales, excepto las demandaspresentadas a ttulo individual. El estudio deestas demandas permite establecer una tipolo-ga de los conflictos socio-ambientales en elrea Texaco. Resulta de este anlisis que lacontaminacin vinculada con las prcticas delas empresas origin el 49% de las demandas,mientras la contaminacin provocada por ac-cidentes en el ciclo de produccin origin el

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30%. Hablamos aqu de la contaminacin delos ros y terrenos de cultivos o de piscicultu-ra, lo que provoca la destruccin de planta-ciones de caf, cacao y dems rboles frutales,ocasiona la muerte o la intoxicacin de ani-males domsticos y de ganado, adems dequitarles el agua potable a los moradores. Porlo dems, las violaciones de propiedad priva-da originan el 9% de las demandas y las recla-maciones de indemnizaciones no pagadas opor acuerdos no cumplidos constituyen el7% de los casos. Las dems demandas dirigi-das al FDA abarcan la asistencia jurdica o elfortalecimiento de las organizaciones de base.

Entre el origen de los accidentes que oca-sionaron prdidas de petrleo en la naturale-za, encontramos los accidentes de manteni-miento, el retraso en las operaciones de reno-vacin de los equipos y las rupturas de losconductos secundarios, provocadas por el usoy la oxidacin o por errores de manipulaciny hasta por actos de sabotaje. Comparado conlas voladuras de oleoductos en Colombia, es-ta ltima prctica es todava marginal enEcuador, pero el robo de tubera se volvi unaprctica comn, para abastecer a los camaro-neros o la construccin de casas. En cambio,los errores de manipulacin en tareas de man-tenimiento son bastante frecuentes, trtese decambiar una conducta o de regular la presinen la red de oleoductos.

Otra causa de accidentes proviene del he-cho que los oleoductos raras veces fueron en-terrados y pueden ser atropellados por carroso mquinas agrcolas. Varios accidentes de es-te tipo fueron provocados por la excesiva ve-locidad o el mal revestimiento de las carrete-ras. Una prctica corriente hasta 1996 consis-ta en regar desechos de crudo en las vas p-blicas, en vez de asfalto. Esos productos con-tienen altos porcentajes de aceites y residuosqumicos, lo que tiene como efecto el volverlas carreteras resbalosas cuando llueve o hacemucho calor. Adems, producen emanacio-nes txicas que afectan a las poblaciones loca-les de manera crnica. Aunque ilegales, estasprcticas nunca desaparecieron, al menos enlas vas secundarias, donde es bastante fre-

cuente ver camiones de esparcimiento cubrirel suelo con un lquido opaco, sin el mnimotratamiento fijante a posteriori.

A parte de los accidentes, la principal cau-sa de contaminacin del rea Texaco se debea las prcticas pasadas y presentes de la indus-tria. La perforacin de un pozo ocasiona amenudo el vertimiento de aguas de forma-cin al medio ambiente y la evacuacin deaceites y productos qumicos contenidos enestas aguas va directamente a los ros alrede-dor. La ausencia de remediacin de las pisci-nas de aguas residuales provoca su desborde einfiltracin en el subsuelo, en particular en latemporada de las lluvias. Salvo pocas excep-ciones, las operaciones realizadas conjunta-mente por Texaco y Petroecuador entre 1995y 1998 se limitaron a taponar con tierra estaspiscinas y pozos inactivos, luego a sembrar al-gunos rboles. No solo ello no descarta losriesgos de contaminacin, sino que tambinse traduce frecuentemente en la formacin decampos de sal y reas estriles.

Otra prctica frecuente es el almacena-miento de desechos domsticos o industrialesbanales por las empresas subcontratistas, seapara el mantenimiento de los equipos o parala construccin de carreteras y plataformas deexploracin y produccin. Se trata de unaprctica no slo contaminante, sino tambinque expone a las personas -especialmente alos nios- a herirse, como ocurre a veces conminas o rollos de alambrada abandonados.Por otra parte, esas prcticas son el origen deconflictos que implicaron directamente a laspoblaciones locales.

La incineracin del gas natural al aire libreque produce humos cidos y un olor nausea-bundo, la no-renovacin de los equipos queprovoca derrames crnicos, el retraso o la au-sencia de operaciones de limpieza y remedia-cin tras un accidente son algunos de los mo-tivos de la tensin entre los habitantes de la eraTexaco y las empresas petroleras. A ello se aa-den los conflictos por abuso de autoridad, queinvolucran a los tcnicos y guardias de empre-sas, o incluso algunas prcticas que menosca-ban abiertamente el derecho de propiedad, co-

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mo aquella que consiste en cavar una trochaen una finca, durante la fase de la exploracinssmica, que obstaculiza la circulacin de laspersonas y los animales domsticos.

Lo que est en juego para Ecuador

El problema de la remediacin de los daosambientales en el Nororiente enmascara unproblema fundamental: la pobreza y la falta deintegracin al mbito nacional. Quiz porqueel electorado de la RAE apenas representa el4% del pas nunca le hicieron mucho caso lospartidos polticos ni los gobiernos de turno.Sin embargo, la poblacin amaznica subi de74.913 a 546.602 entre 1962 y 2001, mien-tras se prevea que solo alcanzara 353.612 se-gn el censo de 1962, lo que confirma la co-rrelacin entre el desarrollo de las actividadespetroleras y la colonizacin agrcola.

Histricamente esta regin perifrica sir-vi de sustituto a las reformas agrarias de lasdcadas de los sesenta y setenta. A la salida deTexaco, todos los indicadores socioeconmi-cos de desarrollo de la provincia quedabanpor debajo de los promedios nacionales, loque matiza el balance de la bonanza petrolerade los setenta. En Sucumbios, donde se con-centra la mitad del PIB regional, la esperanzade vida era un ao menor al promedio nacio-nal (63 contra 64). El personal de salud porcada 10.000 habitantes apenas representabael 11,3% contra cerca del 30% en el nivel na-cional. La tasa de mortalidad infantil alcanza-ba el 62,6% contra el 53,2%. El analfabetis-mo funcional superaba el 30%, contra el25% para el pas. Menos del 9% de las vivien-das tenan acceso a una red de alcantarillado,contra 39,5% para el pas. Menos del 40% te-nan acceso al servicio elctrico, contra el77,7%. Apenas el 5,5% de los hogares dispo-nan de agua entubada, contra el 38,2%.5

Diez aos despus de la salida de Texacodel Ecuador, la situacin no ha mejorado mu-

cho si, por ejemplo, se considera el Plan par-ticipativo estratgico de la provincia de Su-cumbios. El diagnstico realizado entre2000 y 2002 (por las juntas parroquiales, or-ganizaciones comunitarias, municipios, insti-tuciones y organismos provinciales, etc.)constata la mala calidad de la educacin, elbajo rendimiento educativo y el dbil desa-rrollo educativo y cultural de la provincia.Asimismo, lamenta la ineficiencia del sistemade salud por falta de coordinacin, insufi-ciencia y baja calidad de servicios (lo que setraduce, por ejemplo, en una alta morbilidady mortalidad materno infantil). En tercer lu-gar, denuncia las deficiencias de los serviciosde energa elctrica, de las comunicaciones,de las redes comerciales y de las infraestructu-ras bsicas. En cuarto lugar, alerta sobre losproblemas de seguridad ciudadana que se ma-nifiestan por la corrupcin institucionalizada,la impunidad, los efectos del Plan Colombiay, por supuesto, la dbil capacidad de respues-ta ante los desastres (Consejo Provincial deSucumbios 2002).

Sin embargo, es preciso destacar que laviolencia en Sucumbios es anterior al 2000,ao en que fue implementado el Plan Colom-bia. Segn un estudio realizado por FLAC-SO-Ecuador (2001), desde inicios de los no-venta, el Nororiente conoce niveles de violen-cia superiores a los promedios nacionales. En1997-1998, los cantones de Lago Agrio y Co-ca (capitales respectivas de Sucumbios y Ore-llana) se encontraban entre los 19 cantonesdonde se observaba la mayor correlacin entrepobreza y defunciones por homicidio. En es-tos cantones, las tazas de pobreza y defuncio-nes por homicidio alcanzaban respectivamen-te el 76,3% y 28,6 por 100.000 (frente a 13,7al nivel nacional). Sucumbios aparece en lastres primeras provincias por su tasa de defun-cin por homicidios, en 1990, 1995 y 1999,junto con Esmeraldas y Carchi (las tres locali-zadas en la frontera con Colombia). Compa-rando las tasas de 1995 y 1999, Sucumbiosaparece en el cuarto lugar por el incrementoporcentual (84,9%), detrs de Morona San-tiago, Chimborazo y Loja. Por ltimo, en el

5 Datos calculados a partir del Sistema Integrado de In-dicadores Sociales (SIISE) 2000 y del Infoplan 1999.

temas

ICONOS 137

acpite del trfico de droga, Sucumbios noaparece entre las provincias donde se efectua-ron los mayores decomisos, pero s entre losque se observan las mayores tasas de detenidospor tenencia de drogas (39,4%), por delantede Imbabura, Esmeraldas y Manab.

Tal es la situacin que deben enfrentar las30.000 personas que, luego de tratar de aso-ciarse a la accin de clase ante las cortes deNew York, tienen que revisar su estrategia ju-dicial para conseguir la ayuda del Estadoecuatoriano. Pues para ste, el rescate del No-roriente es un reto que remite a un doble pro-blema de legitimidad: aquel del gobierno cen-tral y aquel de la justicia. En este sentido, ladescentralizacin y la transferencia de lascompetencias ambientales a los organismosseccionales constituyen sin lugar a dudas lamayor esperanza para que la situacin cambiea mediano plazo.

A corto plazo, las poblaciones amaznicasse benefician de una mejor proteccin legal, atravs de la Constitucin de 1998 y del nue-vo Reglamento ambiental de las operacioneshidrocarburferas. No obstante, su situacinsigue siendo precaria debido a la desigualdadde fuerzas y a la falta de integracin al mbi-to nacional a los que ya se aludi. De hecho,si bien es cierto la industria petrolera tieneque cumplir con normas ambientales ms es-trictas, el pasivo ambiental de la era Texacoseguir sin ser resuelto hasta que el ejecutivose involucre -mediante los ministerios deEnerga y del Ambiente- en el diseo de unaestrategia de desarrollo sustentable para la Re-gin Amaznica Ecuatoriana.

Mientras tanto, la disyuncin entre los fe-nmenos relacionados con la colonizacin ylas actividades extractivas (tpica de una situa-cin de economa de enclave) seguir contra-diciendo el discurso desarrollista oficial quese aplica a la Regin Amaznica y al Ecuadordesde los sesenta. As como no hay la menorduda de que la poblacin amaznica no hapodido aprovecharse de la bonanza petrolera,

no queda la menor duda de que es urgentepensar el problema del Nororiente ms alldel caso Texaco.

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