Medioambiente y proceso electoral Regional... · 2015-01-27 · Ethos Regional, 1 000 ejemplares,...

Ethos Regional, 1 000 ejemplares, número 9, enero-abril de 2014, Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente, Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER, [email protected]

Editorial

ISSN 2248-7921

¿Cuál es el lugar del tema medioambiental en el debate electoral que se adelanta en este primer semestre de 2014 en Colombia? Se podría decir que insignificante, incluso entre los candidatos de la Alianza Verde, que se esperaría que lo tuvieran como una de sus banderas. Es notable, cómo las campañas se adelantan crecientemente sobre la imagen que pueden proyectar los candidatos, en una valla por ejemplo, más que en la defensa de un conjunto de ideas transformadoras de nuestros problemas como sociedad y como Estado. Esta puede ser una tendencia general de la modernidad en Occidente que se relaciona con la decadencia de los partidos programáticos, pero en Colombia asume rasgos particulares, por la violencia y sus efectos sobre el espacio público, pero también por la captura que se ha hecho del Estado por parte de intereses privados particulares, muchos de ellos mafiosos, para acceder a recursos y rentas. Los políticos se promueven y articulan en este contex-to. Su propaganda política es también consistente con este rasgo y refleja una enorme pobreza en la defensa de tesis y de ideas transformadoras.

Con referencia al tema medioambiental, el panora-ma es desolador en el caso de las elecciones parla-mentarias. Es probable que salga entre los candida-tos a la Presidencia. En este número del Boletín Ethos se hace un seguimiento a la campaña para la Cámara sobre el tema ambiental. Sobre la elección presidencial no contamos en este momento con información suficiente, pero podemos hacer algu-nas consideraciones, teniendo en cuenta los programas de Gobierno hasta ahora.

Lo primero, es que el plan de Desarrollo del presi-dente Santos se hizo inicialmente sobre la idea de jalonar el desarrollo sobre la base de cuatro ´locomotoras´, una de las cuales era la minera y energética. Cuatro años después, esta idea proba-blemente la matice el candidato Santos, especial-mente por los precios a la baja del carbón y segu-ramente del petróleo, pero la concepción subya-cente al desarrollo nacional no parece que vaya a cambiar. Esta se sustenta en un modelo extractivo que deja una inversión baja en los territorios afec-tados y en la Nación, no favorece el mercado interno y no tiene efectos claros positivos en el nivel de vida de la población.

El punto que queremos destacar es que durante cuatro años se presentó en el Gobierno una contradicción entre el apoyo que se le daba a esta política y aquella que defendía el medio ambiente. Hubo avances en el tema ambiental que se deben tener en cuenta, como la regulación de las licencias mineras que se habían otorgado antes con mano larga, la delimitación de los Parques Naturales, la defensa de las zonas de páramos y producción de agua, y la definición de zonas de protección ambien-tal en la Amazonía. Pero en términos generales, en las ejecuciones de la política estatal, el tema

Medioambiente y proceso electoral

ambiental y su defensa son apenas marginales, sus intereses y proyectos se asumen con timidez, frente a la avanzada del apoyo a las compañías mineras y energéticas. Esto es posible observarlo a nivel del Gobierno nacional, pero el problema es más dramático en los niveles departamentales y locales.

Se debe mirar con mucha reserva, por otro lado, la abundancia de pronunciamientos que se hacen desde el alto Gobierno en defensa del medioam-biente y de la ecología. Por ejemplo, en los foros internacionales como el de Río+20. Por las conse-cuencias que tienen, se puede pensar que son en buena medida retóricos y no se traducen en com-promisos efectivos. El aspecto que se quiere desta-car es que el Gobierno es ambivalente y equivoco con su política ambiental y no ha logrado articular-la con un modelo de desarrollo sustentable que le fije límites a locomotoras como la minera u otras que aparezcan como el motor del desarrollo. La inquietud que tenemos es si en el abanico de

candidaturas presidenciales, este problema se aborda y se resuelve de una manera más consis-tente. Con la información disponible, no parece ser el caso, ni en la derecha ni la izquierda del espectro político. Paradójicamente, en lo avanzado de las conversaciones de La Habana el tema ambiental asoma su cabeza y se articula, por lo menos, con una idea de Reforma Rural Integral.

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ETHOS REGIONAL es una publicación del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región

Pacífico Colombiana, CIER

RectorLuis H. Pérez

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Vicerrector Administrativo y FinancieroDiego Smith Vallejo

Directora de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico

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Director del CIERÁlvaro Guzmán Barney

Consejo Editorial

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Magíster en Estudios Políticos

Elizabeth Gómez EtayoSocióloga

Ph.D. en Ciencias Sociales

Álvaro Guzmán BarneySociólogo

Ph.D. en Sociología

Hernando Uribe CastroLicenciado en Ciencias Sociales

Magíster en Sociología

Guido Germán Hurtdado VeraHistoriador

Magíster en Estudios Políticos

Luis Eduardo Lobato PazHistoriador

Magíster en Historia Andina

Investigadores invitados

Germán Ayala OsorioMagíster en Estudios Políticos

Guido Germán Hurtado VeraMagíster en Estudios Políticos

Yenny Fabiana IsazaSocióloga

Luis Eduardo Lobato PazMagíster en Historia Andina

DiagramaciónLuisa Fernanda Panteves Ospina

Fotografía de portadaJosé Antonio Bedoya Veáasquez

Como estaba previsto, este semestre el seminario del CIER se ha centrado en exposiciones de profe-sores de la Alianza Universitaria sobre el tema de "Cuidades Justas". En la segunda parte del semestre, habrá intervenciones sobre los temas de Seguridad Ciudadana, Asentamientos Irregulares, Acción Afirmativa y Ciudad Sostenible. En cada interven-ción, participarán dos profesores de universidades distintas. Para el semestre entrante, el Seminario del CIER tendrá como marco el tema de la forma-ción doctoral y será una oportunidad para poner en discusión la propuesta que se viene elaborando desde la Universidad Autónoma de Occidente.

Seminario permanente

Boletín del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Yenny Fabiana IsazaCoordinadora Programa Ciudadanía Activa e Inclusión social – CAISForo Nacional por Colombia – Capítulo Valle

Un fin esencial del Estado es garantizar la participa-ción de las/los ciudadanos en las decisiones que los afectan. El control social como una forma de partici-pación es el que permite a las organizaciones y a los ciudadanos ejercer control sobre la gestión pública. Desde esta perspectiva, el control social cobra importancia no sólo porque garantiza la fiscalización de las acciones y resultados de las administraciones, sino porque permite que el ciudadano intervenga de una manera directa en los procesos de formula-ción, ejecución y seguimiento de políticas públicas. En Colombia se han desarrollado diversas experien-cias de control social que han contado con condi-ciones particulares para su implementación; algunas iniciativas han sido promovidas por el sector público, otras por aliados privados que facilitan recursos humanos y económicos para el fortalecimiento de

los actores sociales que realizan esta labor como para la visibilización de los procesos y resultados. Sin embargo, las más destacables son aquellas prácticas que se sustentan en las motivaciones, intereses, conocimientos y habilidades de integrantes de orga-nizaciones sociales que le apuestan a construir una manera diferente de relacionarse con lo público y entienden el control como un derecho fundamental que les permite reconfigurar la relación Estado – Ciudadano. En este sentido, la experiencia que se presenta a continuación muestra una de las mane-ras como las organizaciones de la sociedad civil lo vienen haciendo y pretende aportar elementos a la reflexión sobre la importancia del control social a la gestión pública municipal.

El Compromiso…

Como antecedente, los candidatos a las alcaldías (hoy alcaldes) de los municipios de Corinto, Puerto Tejada, Suárez, Buenos Aires, Caloto, Gua-chené, Villa Rica, Padilla, Miranda y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, y Jamundí en el

Valle, firmaron entre los meses de septiembre y octubre del 2011 un documento de compromisos denominado “Por un Municipio Mejor”. El conteni-do contempla 23 propósitos que buscan mejorar los indicadores sociales de los municipios relacio-nados con empleo e ingresos, gestión del riesgo, inclusión de la infancia, adolescencia y juventud, gestión para la prestación eficiente de las ESE, agua potable y saneamiento básico, gratuidad y calidad de la educación, promoción de la recreación, el deporte y la cultura, concertación con otros muni-cipios para apuestas regionales y, en general, incre-mentar la capacidad de gestión. De igual manera, se comprometieron con articular los compromi-sos al Plan de Desarrollo Municipal, destinar recur-sos para su cumplimiento y posibilitar el control social a través de comisiones o colectivos ciudada-nos conformados en los municipios para su segui-miento. Actualmente se adelanta el segundo infor-me correspondiente a la evaluación del 2013 y se tiene proyectado realizar las reuniones comunita-rias de socialización para el mes de abril de 2014.

Las Comisiones y/o Colectivos…

Los encargados del seguimiento a estos compro-misos son líderes reconocidos por su trayectoria de trabajo social en sus comunidades; son cuaren-ta y tres (43) hombres y mujeres, representantes de 20 organizaciones sociales cuyos ámbitos de actuación son temas de Derechos Humanos, convivencia, desarrollo, producción, control ciuda-dano, medio ambiente, recreación, deporte y cultura. Es importante esta diversidad de actores e intereses porque facilita el intercambio de saberes – experiencias- y permite avanzar hacia la cons-trucción de trabajo articulado que promueva la construcción de confianzas, solidaridades, sentidos de pertenencia, trabajos colectivos, elementos necesarios para la consolidación de una cultura de control social sobre la gestión pública en la región.

Los aliados y sus apuestas…

El seguimiento a los compromisos ha contado con el apoyo y acompañamiento de la Fundación Plan y Foro Nacional por Colombia, Capítulo Valle en el marco del proyecto Protejamos Mi Mundo y de la Iniciativa Región Socialmente Responsable de los empresarios del Norte del Cauca. La apuesta de

trabajo se concentra en tres estrategias fundamen-tales que promueven diálogo constructivo entre las partes: la primera es generar procesos de formación a las/los comisionados sobre temas de gestión pública y control social necesarios para adelantar su ejercicio; la segunda es apoyar la aplicación de meto-dologías para la recolección de información y producción de los informes periódicos que ha impli-cado el desarrollo de habilidades y destrezas de los y las líderes en el manejo de técnicas para la captura de información primaria y secundaria de las alcaldías, los funcionarios y organizaciones sociales como medio de contraste; y finalmente, generar puentes entre las administraciones municipales y las comisio-nes para construir diálogos propositivos que contri-buyan a prácticas de buen gobierno en la región. Se resalta la importancia de estos aliados porque están generando condiciones que posibilitan el fortaleci-miento y la sostenibilidad del proceso en la región.

Los resultados…

• El seguimiento ciudadano a los compromisos firmados por los alcaldes en el 2011 ha permitido posicionar el control social como una acción legiti-ma y necesaria para la construcción de nuevas relaciones Ciudadano-Estado.• Ha posibilitado la cualificación de capital social y el trabajo articulado que permite generar escena-rios de encuentro y recreación de experiencias alrededor del control social. • Ha reforzado la necesidad de contar con aliados estratégicos que faciliten condiciones para la implementación y sostenibilidad de las iniciativas de control social.• Ha permitido establecer puentes entre adminis-traciones municipales y ciudadanía para construir diálogos que promuevan el buen gobierno y avan-zar en la construcción de una cultura de la partici-pación ciudadana.

Son varios los retos de esta apuesta de control social en el norte del Cauca. El más importante de ellos es lograr que las administraciones municipa-les se comprometan a construir una cultura de la participación que genere condiciones para su ejercicio y sostenibilidad, por ello el control social se convierte en el medio que contribuye a mejo-rar la gestión pública y a promover la garantía de los derechos de los ciudadanos en esta región.

¿Cuál es el lugar del tema medioambiental en el debate electoral que se adelanta en este primer semestre de 2014 en Colombia? Se podría decir que insignificante, incluso entre los candidatos de la Alianza Verde, que se esperaría que lo tuvieran como una de sus banderas.

¿Cuál es el lugar del tema medioambiental en el debate electoral que se adelanta en este primer semestre de 2014 en Colombia? Se podría decir que insignificante, incluso entre los candidatos de la Alianza Verde, que se esperaría que lo tuvieran como una de sus banderas. Es notable, cómo las campañas se adelantan crecientemente sobre la imagen que pueden proyectar los candidatos, en una valla por ejemplo, más que en la defensa de un conjunto de ideas transformadoras de nuestros problemas como sociedad y como Estado. Esta puede ser una tendencia general de la modernidad en Occidente que se relaciona con la decadencia de los partidos programáticos, pero en Colombia asume rasgos particulares, por la violencia y sus efectos sobre el espacio público, pero también por la captura que se ha hecho del Estado por parte de intereses privados particulares, muchos de ellos mafiosos, para acceder a recursos y rentas. Los políticos se promueven y articulan en este contex-to. Su propaganda política es también consistente con este rasgo y refleja una enorme pobreza en la defensa de tesis y de ideas transformadoras.

Con referencia al tema medioambiental, el panora-ma es desolador en el caso de las elecciones parla-mentarias. Es probable que salga entre los candida-tos a la Presidencia. En este número del Boletín Ethos se hace un seguimiento a la campaña para la Cámara sobre el tema ambiental. Sobre la elección presidencial no contamos en este momento con información suficiente, pero podemos hacer algu-nas consideraciones, teniendo en cuenta los programas de Gobierno hasta ahora.

Lo primero, es que el plan de Desarrollo del presi-dente Santos se hizo inicialmente sobre la idea de jalonar el desarrollo sobre la base de cuatro ´locomotoras´, una de las cuales era la minera y energética. Cuatro años después, esta idea proba-blemente la matice el candidato Santos, especial-mente por los precios a la baja del carbón y segu-ramente del petróleo, pero la concepción subya-cente al desarrollo nacional no parece que vaya a cambiar. Esta se sustenta en un modelo extractivo que deja una inversión baja en los territorios afec-tados y en la Nación, no favorece el mercado interno y no tiene efectos claros positivos en el nivel de vida de la población.

El punto que queremos destacar es que durante cuatro años se presentó en el Gobierno una contradicción entre el apoyo que se le daba a esta política y aquella que defendía el medio ambiente. Hubo avances en el tema ambiental que se deben tener en cuenta, como la regulación de las licencias mineras que se habían otorgado antes con mano larga, la delimitación de los Parques Naturales, la defensa de las zonas de páramos y producción de agua, y la definición de zonas de protección ambien-tal en la Amazonía. Pero en términos generales, en las ejecuciones de la política estatal, el tema

ambiental y su defensa son apenas marginales, sus intereses y proyectos se asumen con timidez, frente a la avanzada del apoyo a las compañías mineras y energéticas. Esto es posible observarlo a nivel del Gobierno nacional, pero el problema es más dramático en los niveles departamentales y locales.

Se debe mirar con mucha reserva, por otro lado, la abundancia de pronunciamientos que se hacen desde el alto Gobierno en defensa del medioam-biente y de la ecología. Por ejemplo, en los foros internacionales como el de Río+20. Por las conse-cuencias que tienen, se puede pensar que son en buena medida retóricos y no se traducen en com-promisos efectivos. El aspecto que se quiere desta-car es que el Gobierno es ambivalente y equivoco con su política ambiental y no ha logrado articular-la con un modelo de desarrollo sustentable que le fije límites a locomotoras como la minera u otras que aparezcan como el motor del desarrollo. La inquietud que tenemos es si en el abanico de

candidaturas presidenciales, este problema se aborda y se resuelve de una manera más consis-tente. Con la información disponible, no parece ser el caso, ni en la derecha ni la izquierda del espectro político. Paradójicamente, en lo avanzado de las conversaciones de La Habana el tema ambiental asoma su cabeza y se articula, por lo menos, con una idea de Reforma Rural Integral.

Figura 1. Medioambiente

Fuente: www.lenovo.com.

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El Compromiso…








Los resultados…



El plan de Desarrollo del presidente Santos se hizo inicialmente sobre la idea de jalonar el desarrollo sobre la base de cuatro ´locomotoras´, una de las cuales era la minera y energética. Cuatro años después, esta idea probablemente la matice el candidato Santos, especialmente por los precios a la baja del carbón y seguramente del petróleo, pero la concepción subyacente al desarrollo nacional no parece que vaya a cambiar.

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ETHOS REGIONAL

Apuntes a la propuesta de las Farc sobre sustitución de cultivos ilícitos

Germán Ayala OsorioMagister en Estudios PolíticosProfesor de la Universidad Autónoma de OccidenteIntegrante del Centro Interdisciplinario de Estu-dios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

La degradación del conflicto armado interno colombiano, así como la reorientación ideológica de todos los actores armados enfrentados, se dieron, en buena medida, por el lucrativo negocio del narcotráfico. Dicha circunstancia ha sido espe-cialmente compleja de manejar para las guerrillas de las Farc, en lo que concierne a la cartelización de algunos de sus Frentes.

Por ello, el narcotráfico, y específicamente el desmonte y sustitución de los cultivos de uso ilícito, son asuntos y temas que hacen parte de la Agenda de Negociación que se discute en La Habana. Los cultivos de amapola, marihuana y coca son, claramente, la expresión de un problema agrario no resuelto, sobre el cual gira aún el conflicto armado interno colombiano.

Por estar directamente relacionadas y beneficiarse de la siembra de coca, marihuana y amapola, así como de su aprovechamiento y de la distribución a gran escala de narcóticos, las Farc nuevamente le presentan al país su propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito, en el contexto de conversa-ciones de paz con el Estado colombiano. La prime-ra propuesta fue presentada por las Farc durante el proceso de paz en el Caguán, durante el gobier-no de Pastrana Arango (1998-2002). Ahora, reto-maron dicha propuesta y la presentan al país para su discusión pública y privada.

La propuesta fariana se titula “Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana”1 . Se expondrán algunos apartes del documento, con el fin de analizar sus alcances y su viabilidad.

Abordemos dos de los objetivos planteados en dicho documento: el primero, busca “contribuir a las transformaciones estructurales de la sociedad rural,

propias del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, que recla-man el país y los desposeídos del campo”. Y el quinto objetivo, señala que “ a través de la intervención direc-ta del Estado, regular la producción y el mercado de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medi-cinales, terapéuticas y culturales, a definir en cada caso, así como de sus posibilidades artesanales e industriales”.

Las FARC fincan los objetivos de su Programa en cambios estructurales de la sociedad rural, asunto que de no darse, daría al traste con las ideas y inicia-tivas que se intenten poner en marcha en torno a la sustitución de los cultivos de uso ilícito, por culti-vos de pan coger, que permitan garantizar la seguri-dad alimentaria del país, afectada en materia grave por la firma de Tratados de libre Comercio (TLC), con el consecuente empobrecimiento y pauperiza-ción del campesinado. En general, lo que se busca y debe buscarse es recuperar y mejorar las condi-ciones materiales e inmateriales del campesinado y del campo mismo. Es claro que el Estado deberá subsidiar la producción de yuca, papa, leche y horta-lizas, entre otros productos, para asegurar que el campesinado que hoy vive de la coca o de la ama-pola, cambie sus prácticas agrícolas.

Por esa vía, se debe garantizar al campesinado condiciones de vida digna. Y así lo expresan las Farc en su propuesta: “Generar condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las confor-man, que en la actualidad derivan su subsistencia precaria de cultivos de hoja de coca, amapola y mari-huana, en un contexto de transformaciones estructu-rales de la sociedad rural, propias del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, demo-crática y participativa, que reclaman el país y los desposeídos del campo”.

El quinto objetivo, por ejemplo, tiene en las políti-cas antidrogas de los Estados Unidos y en la Unión Europea, a sus mayores obstáculos, debido a la clara relación de dependencia política y económi-

ca que por largo tiempo disímiles gobiernos colombianos han establecido tanto con la poten-cia económica y militar del norte del Continente, como con varios países que conforman el bloque económico europeo.

El asunto de fondo está en el sentido político con el que los gobiernos de Colombia han asumido la soberanía. Resbalosa categoría que por decisiones económicas no sólo mantiene esa dificultad de asirla, sino que alimenta lecturas ideológicas que terminan por estigmatizar a quienes la agitan como salida para mejorar condiciones internas, o para dar solución a problemas como el narcotráfico y la siembra de cultivos calificados, de manera unilate-ral, como de uso ilícito. Aparece un elemento clave en la manera como la clase política colombiana asume de tiempo atrás los asuntos de Estado y las relaciones multilaterales: una evidente falta de dignidad para defender los intereses de la Nación.

Discutir asuntos propios de un Estado soberano, en el contexto de un Estado liberal promovido también por las propias Farc, le quitaría un peso ideológico a la discusión y a la necesidad de, que en medio de un proceso globalizador y globali-zante, el Estado colombiano actúe desde mejo-res condiciones de soberanía y capacidad de autodeterminación.

En otros apartes del documento se lee que “con base en los instrumentos técnicos propios de la referenciación geográfica y de la cartografía social, se procederá - con la participación directa de las FARC-EP y de las comunidades involucradas – a la defini-ición de los territorios y áreas específicas del Progr-ama. Según el caso y de acuerdo con las definiciones más precisas del Programa, se podrán establecer territorios o zonas geográficas a priorizar”

Las Farc pretenden o buscan, de esta forma, una reorientación en la forma como los territorios son poblados, modificados, transformados y ocupados socialmente. En especial, porque la participación de miembros de las Farc en la definición de los territo-rios en los cuales se aplicaría el programa de sustitu-ción de cultivos, muy seguramente generará moles-tias, escozor y hasta urticaria, en sectores de la sociedad civil, acostumbrados a intervenir de manera directa en la ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y en políticas de desarrollo rural de Gobiernos locales y regionales, interesados en beneficiar a actores privados de la producción que hayan apoyado económica y elec-toralmente tanto las campañas presidenciales, como a las de Congreso y por supuesto, a las regionales (alcaldías, gobernaciones; para concejo y asambleas).

Por ejemplo, los intereses de ganaderos, latifundis-tas, palmicultores, cafeteros y la agroindustria cañera, entre otros, entran, desde ya, en franco conflicto con lo propuesto por los negociadores de las Farc que conversan en La Habana, con los delegados del Gobierno de Santos.

En otro aparte de la citada propuesta, se lee que “teniendo en cuenta que los territorios y zonas objeto del Programase se inscriben dentro de un concepto de desarrollo alternativo para la soberanía y la seguridad alimentarias de la Nación, éstos serán excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo abierto y gran escala, o de exploración y extracción de hidrocarburos”.

Es decir, se propone no sólo el reordenamiento territorial, sino la reorientación de los destinos de la llamada locomotora minera, que hoy es fuente del Gobierno de Santos para financiar iniciativas y tareas de posconflicto. Las implicaciones políticas que este punto demanda, hacen que lo propuesto sea inviable o por lo menos difícil de realizar en un país que se la jugó por la gran minería, desde las dos administraciones de Uribe Vélez y que el gobierno de Santos dio continuidad sin mayores cambios, especialmente, en el urgente fortaleci-miento de las instituciones ambientales, debilitadas durante las dos administraciones de Uribe Vélez (2002-2010).

A pesar del ambiente poco favorable que parece tener el proceso de paz de La Habana al interior del país, los integrantes del Grupo de Apoyo del CIER confían en que las negociaciones de paz van por buen camino, de allí que se necesite del apoyo de más actores de la sociedad civil y de la sociedad colombiana en general. Esta oportunidad de ponerle fin al conflicto no podemos los colombia-nos dejarla pasar.

Por lo anterior, al interior del Centro Interdiscipli-nario de Estudios de la Región Pacífico nos reuni-mos para discutir los alcances y el contenido mismo de lo acordado alrededor del primer punto de la Agenda de Paz, llamado Política de Desarro-llo Agrario Integral.

Esperamos que lo dicho en este nuevo Ethos Regional, como en otras ediciones, sirva para que los colombianos tengan mejores elementos de juicio para discutir, en ámbitos públicos y privados, alrededor de la urgente necesidad de ponerle fin a la guerra interna, consolidar la paz en escenarios de posconflicto viables, posibles y perennes.

En esta oportunidad, en la sección El Cier se pregunta, los integrantes del Grupo de Apoyo se reunieron para debatir en torno al contenido del primer punto. He aquí la síntesis de una larga discusión que por supuesto no termina con lo publicado en este número del Ethos Regional.

¿Qué tiene de novedoso lo acordado en el punto 1 de la Mesa de Conversaciones en La Habana?

Profesor Germán Ayala Osorio: destaco del punto 1, que reconfirma la naturaleza rural del conflicto. Es decir, es un conflicto agrario y pone ese punto como un elemento estratégico para la consolidación de la paz en el posconflicto. Lo escrito en el Informe Conjunto llama la atención de la sociedad y del Estado, acerca de la naturaleza agraria del conflicto, claridad que se viene perdien-do en los análisis de la guerra interna colombiana. No se puede mirar el conflicto interno exclusiva-mente como un asunto de seguridad nacional en el que se lucha contra ‘bandas narco terroristas’.

Aquí subsiste un trasfondo que no podemos perder de vista: subsiste de tiempo atrás el proble-ma de concentración de la tierra, de exclusión social, económica y política. Hay un modelo de desarrollo rural en crisis. Hay otros asuntos que sobresalen, como la seguridad alimentaria que el Estado debe promover y garantizar con criterios universales que beneficien a las grandes mayorías.

En esa medida, lo acordado hasta el momento en ese aspecto, pone en crisis el actual modelo de desarrollo rural, incluyendo por supuesto la loco-motora minera que promociona el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Igualmente, pone en crisis la ganadería extensiva, la minería sin control político, social ni ambiental. Pero por otro lado, pone el faro en la gestión ambiental, que me parece que en los gobiernos de Uribe y ahora el de Santos, es y ha sido nula.

Por ello, hay que hacer grandes transformaciones en el Estado nacional y reorientar los modelos económico y político. Hay un cambio en el discur-so de las Farc que hay que reconocer. La cúpula de esa agrupación cree en el modelo liberal y en la globalización, siempre y cuando el Estado asuma máximas responsabilidades sociales y ambientales. En lo acordado hasta el momento no hay visos del modelo cubano o venezolano. Que eso les quede claro a los opositores del Gobierno Santos y a los detractores del proceso de paz.

Profesor Guido Hurtado Vera: plantearía tres aspectos para responder esa pregunta. Primero, no creo que tenga nada de novedoso. Aquí se está hablando de una reforma agraria donde pone en el centro del debate el problema agrario, que viene desde López Pumarejo con la Ley de Tierras. Lo novedoso, entonces, está en que se “reconoz-ca” que el centro del conflicto armado está en el campo, asunto que tiene que ver con la forma como se fue poblando la periferia y fue creciendo la frontera agrícola, sin la presencia del Estado.

Lo segundo, en este punto se expone el asunto del bienestar y el buen vivir de los campesinos. Esto es fundamental porque promueve la igualdad,

En la iniciativa presentada por las Farc en la Mesa de Conversaciones de La Habana, se propone, también, la conformación de “Consejos Territoriales del Programa, integrados por representantes del Gobierno en el nivel departamental, delegados de los gobiernos municipales, de las FARC-EP, y de los Consejos Comunitarios de los respectivos territorios. Sus principales funciones consisten en el diseño concertado del Programa en el nivel territorial, en la definición de las políticas, de los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así como en el seguimiento a su ejecución y cumplimiento, atendien-do lo establecido de los Programas locales”.

Lo que hay que preguntarse es quiénes serán estos delegados de las Farc. Acaso Comandantes de Frente, mandos medios o guerrilleros de base. ¿Cómo velar por la seguridad de estos? Las Farc buscan, de esa forma, que sus líderes y militantes, una vez desmovilizados, ocupen espacios políticos y comunitarios en regiones en donde seguramen-te tienen una histórica presencia e influencia.

Se trata de una estrategia política y electoral de regionalización de su proyecto político, por la vía de la sustitución de cultivos de uso ilícito o por el contrario, con la legalización de la siembra y apro-vechamiento de dichas siembras para uso medici-nal (terapéutico) e incluso, recreativo, eso sí, bajo el control estatal.

Darle valor a estos espacios de discusión pública y de planeación territorial, otorgaría a las Farc una ventaja política y electoral frente a políticos y líderes de otras fuerzas políticas que históricamen-te han trabajado, desde la legalidad, en zonas apar-tadas de las ciudades principales, para consolidar allí su proyecto político y la fuerza electoral nece-saria para mantenerse vigentes.

Es de vital importancia analizar la propuesta presentada por los negociadores de las Farc, en torno al complejo y espinoso asunto de las drogas y los cultivos de uso ilegal. Y es así, porque la lucha contra el narcotráfico y la siembra de monoculti-vos de marihuana, coca y amapola tiene, en la dimensión internacional, a su más complejo contexto, por cuanto la política antidrogas de los Estados Unidos ha sido impuesta y aplicada en

Colombia sin tener en cuenta circunstancias cultu-rales, sociales, ambientales, económicas y políticas.

Política antidrogas que ha terminado por atizar el conflicto y profundizar incluso los problemas que desde esas mismas dimensiones, legitimaron el levantamiento armado y de alguna manera sostie-nen la histórica legitimidad alcanzada por las Farc en territorios golpeados por la pobreza, la exclu-sión y por la nula o ineficiente presencia del Estado, a lo que se suman los efectos, negativos y positivos, que dejan la siembra de dichos cultivos y la fumigación con glifosato.

Pero quizás el punto más polémico de la propues-ta de las Farc sea el de la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa. La desmilita-rización daría la oportunidad para el diseño de experiencias productivas y de vida social, que bien pueden entenderse como propias del posconflic-to, en la medida en que implican la reconstrucción social, ambiental, económica y política y cultural de zonas en donde el conflicto armado destrozó el tejido social, modificó sustancialmente las formas de producción de riqueza y hasta las formas de resolver los conflictos.

El obstáculo estará en la visión de los líderes de las fuerzas militares y de las fuerzas políticas que consi-deran que no debe haber territorios vedados para la fuerza pública, lo que claramente significa un ambi-guo ejercicio de la soberanía. Los opositores habla-rán, incluso, de que la seguridad nacional y la cohe-sión de la Nación, quedarían fuertemente golpeadas.

Nota: el 13 de febrero de 2014 los negociadores de las Farc y del Gobierno de Santos, anunciaron que hay un borrador de acuerdo sobre el punto número 3, que alude a la sustitución de los ‘narcocultivos’.

Referencias

(1) Documento Delegación de Paz de las FARC-EP, tomado de la página oficial. http://www.pazfarc-ep.org.

el cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, la protección de los derechos sociales, entre otros. Es decir, estamos ante una reivindicación social importante para la búsqueda de la paz.

Y el tercero, tiene que ver con que este punto de la negociación dice que se adelantará en un contexto de globalización y políticas de inserción, y en cinco puntos define cómo va a ser. Por un lado, habrá un fondo de tierras y distribución gratuita. Habrá unas zonas de reserva campesina (ZRC). Y como lo manifestaba el profesor Lobato y Guzmán, no se trata sólo de proveer tierra, sino también bienes y servicios y apoyar y consolidar una econo-mía campesina con un radio de acción de infraes-tructura comercialización de semillas, etcétera, que fortalezca ese cambio. Y allí mismo, fortalecer un sistema de protección social que ayude a pensar que los campesinos también son ciudadanos.

Finalmente, reitero que el punto no tiene nada de novedoso. Se trata del reconocimiento de la natura-leza del conflicto armado y como éste se ha exacer-bado sobre todo en la periferia campesina. De hecho, ya se había reconocido en otros informes, por ejem-plo, en el IDHC 2003, Informe ¡Basta Ya!, entre otros.

Profesor Luis Eduardo Lobato Paz: es el reconoci-miento de que la sola distribución de tierras no basta para la solución de los problemas históricos que se han dado en el campo colombiano. Por eso es necesario que esa reforma sea, como se deno-mina, una verdadera Reforma Rural Integral. Además de la tierra que se entrega, esto debe ir acompañado de una mejora en la infraestructura del país (vía terciarias), otorgar créditos, brindar asistencia técnica y otras condiciones necesarias para que la situación del campo mejore. Es el reco-nocimiento de la necesidad de que el Estado invier-ta para proporcionar al campesino mejores condi-ciones de vida. Esto también implica proveerles seguridad, mejorar sus programas de alimentación, y todo lo que tiene que ver en materia sanitaria.

Evidentemente el narcotráfico se ha convertido en un mecanismo de financiación de diferentes orga-nizaciones armadas. Pero me parece que es inco-rrecto afirmar que el narcotráfico es el que sopor-ta la financiación completa de todos los grupos

criminales y que si se tala los cultivos de coca, ellos desaparecerían. Pero esto es desconocer que estos grupos han tenido diferentes formas de financiación y ellos mismos reconocen que duran-te un tiempo fue el secuestro y más recientemen-te el asalto a las finanzas públicas de los munici-pios y departamentos. Esa parte no se ha analiza-do lo suficientemente en Colombia, y es qué tanto dinero se pierde de las arcas municipales como producto de extorsiones que van a estos grupos criminales. Así que el Estado es indirectamente uno de los grandes financista del conflicto armado, porque esos alcaldes no tienen la suficiente seguri-dad para oponerse a cualquier ataque.

Profesor Álvaro Guzmán Barney: creo que lo nove-doso está en el tema de la integralidad. La propuesta habla, por un lado, de crear un Fondo de Tierras, conformado por tierras que hayan sido adquiridas de manera ilegal, para ser entregadas a los campesi-nos. Pero además de la tierra, se plantean aportes al desarrollo rural como la infraestructura de vías, el mercadeo de productos e incluso la seguridad social para la gente del campo. Se puede decir que hay un paquete de temas que se vinculan con la idea de desarrollo rural integral. Sin embargo, me gustaría matizar la novedad de la propuesta. Considero que es muy importante recuperar la manera en cómo se ha hecho historia agraria en Colombia, a trancazos y avanzando con dificultad. El tema de la distribución de tierras fue abordado significativamente en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo con la reforma agraria. Resulta que frente a ese empuje, se reaccio-nó con el Pacto de Chicoral, que lo que hace es echar abajo la política de redistribución de tierras. Años más tarde, en el Gobierno de Virgilio Barco, se dio un gran impuso a la asistencia técnica al campesi-nado con el programa DRI, que se concebía en ciertos territorios como una alternativa a la violencia y al conflicto en Colombia. El DRI fue una estrategia nacional muy importante, llevando crédito, asistencia técnica y mercadeo a los campesinos. Con posterio-ridad a Barco, y bajo el amparo de políticas neo-liberales que defendió el gobierno de Gaviria, se desmontó el programa DRI, que significaba apoyo a los campesinos

Entonces, nuestra historia reciente está vinculada con empujes y retrocesos alrededor del desarrollo

rural. En este momento, nos encontramos con una paradoja: lo que se está proponiendo en el fondo es recoger elementos que están dispersos en iniciativas estatales anteriores, pero esta vez en un acuerdo con un movimiento levantado en armas.

Al leer de forma desprevenida la propuesta o punto 1 de La Habana, no la veo contraria a un desarrollo agrario complementario a partir de economías que no son campesinas. Es decir, economías agrarias que sean intensivas en el uso del capital y en la producción de materias primas para la industria. En este punto de la complemen-tariedad, se vuelve sobre un tema importante, que lo planteó en su momento López Pumarejo en la Revolución en Marcha, pero que ha sido el gran problema del desarrollo del campo en Colombia. El tema es que la tierra es para el que la trabaja. Y ese ha sido el problema de ochenta años de histo-ria nacional porque es muy duro trabajar la tierra, pero hay que trabajarla, y quien lo haga debe tener derecho al ingreso por el trabajo. ¿Qué hacemos con las tierras ociosas?, ¿Qué hacemos con las tierras de uso indebido?, ¿Qué hacemos con la apropiación indebida de tierras?, ¿Qué hacemos con las tierras que no se compran por la ley de oferta y demanda, sino por la coacción?

¿Qué estaría entonces en juego en el futuro próximo para Colombia?

Profesor Álvaro Guzmán Barney: Lo que está en juego en el futuro próximo para Colombia es un modelo propio de desarrollo que sea incluyente. Socialismo o no socialismo, esa no es la cuestión. Lo que no podemos perder es la idea del papel de la utopía en la construcción de lo social. Se debe trabajar por una sociedad mejor, con justicia, distribución equitativa de recursos, que reconoz-ca el papel del campesinado en el mundo moder-no. Que responda a problemas claves de la socie-dad. Creo que la intelectualidad tiene un papel crucial para jugar. Somos un sector privilegiado para señalar senderos y fronteras de interés colectivo y público.

Un punto importante es que el conflicto social hoy es parcialmente rural. La sociedad colombia-na ha cambiado mucho. Si bien en su origen, el

conflicto que dio inicio a la guerrilla tiene que ver con un problema agrario, en cincuenta años este conflicto ha variado, ha habido una transformación radical de los territorios y de sus poblaciones, por ejemplo con la urbanización. Como resultado, el mapa de la presencia guerrillera no coincide con el mapa de la economía campesina. Hay más relacio-nes con los mapas de cultivos ilícitos. Por otro lado, si inicialmente pudo haber solidaridad entre cam-pesinado y guerrilla, hoy priman relaciones de acomodo y de resistencia de los campesinos a los grupos armados. El telón de fondo es el tema del narcotráfico. Con sus recursos, la guerrilla se ha autonomizado y en un ejército con intereses propios. Es una burocracia armada bastante desli-gada de los intereses campesinos. En los últimos años podríamos decir que los problemas del cam-pesinado van por un lado y la inserción de la guerrilla en la población, van por otro. Hay com-plejidades que hacen que el conflicto hoy sea parcialmente agrario ya que el tipo de conflicto ha cambiado y también está en las ciudades. En las ciudades el tema va a ser el de la criminalidad, más que el de la confrontación política.

Profesor Luis Eduardo Lobato Paz: la palabra reconocimiento es la más acertada en el sentido en que el Gobierno es consciente que durante mucho tiempo mantuvo olvidado a los campesinos, y ese olvido es el que estamos pagando hoy en día. Ese olvido de las regiones rurales que quedaron a merced de los grupos ilegales, y ahí se fortalecieron toda una serie de organizaciones que ahora tienen un impacto grande sobre la población.

¿La jurisdicción agraria llegará y respetará los límites de Parques Naturales Nacionales?, pues se habla de zonas de reserva forestal, figura que no se agota en los Parques Naturales Nacionales?

Profesor Álvaro Guzmán Barney: mi respuesta es ambigua, con referencia al tema medio ambien-tal en el acuerdo. Hay un párrafo en el que se plantea la defensa del medio ambiente. En la lectura del documento, creí que no lo iba a encontrar, por el énfasis en otros puntos. Me doy cuenta que el problema ha entrado poco a poco en la Agenda y me parece que esto es clave. Se requiere hacer más pedagogía para que el tema

medioambiental entre en la conciencia de los actores que han estado en guerra, incluso en los campesinos. Este es un problema estratégico para el siglo XXI y debe quedar en los acuerdos que se hagan.

Dicho esto, creo que la pregunta plantea un tema que es interesante: se pueden definir zonas de reserva que son intocables y zonas de desarrollo agrario que tienen colchones medioambientales y forestales o de preservación de cuencas que son obligatorios, al lado de los desarrollos rurales a que haya lugar. Sobre esto debería haber un acuer-do. Las reservas campesinas con sus zonas de amortiguamiento ambiental, deben garantizar, por otro lado, que la economía campesina pueda sobrevivir a partir de unidades productivas vincu-ladas al mercado, produciendo bienes que se vendan y sean rentables.

¿Qué cree usted que va a hacer el Estado para enfrentar el ejército anti restitución de tierras?

Profesor Germán Ayala Osorio: muy poco podrá hacer si la Fuerza Pública no se compromete de lleno con la superación del conflicto, con la paz y el posconflicto. Preocupa la reciente crisis en la cúpula militar y la corrupción al interior del Ejército y la Policía. Hay que garantizar el efectivo sometimiento de la fuerza pública al poder civil. Hacerse al mono-polio de las armas debe ser un imperativo político y militar que debe guiar el posconflicto. Y por ese camino, se necesita del compromiso de ganaderos y latifundistas, en el sentido en que no van a dar apoyo económico a las fuerzas ilegales que buscarán oponerse al programa de restitución de tierras. Hay un posconflicto estatal que demandará que el Estado colombiano transite, por fin, por los caminos que la modernidad trazó. Y en ese sentido, la socie-dad deberá hacer ingentes esfuerzos para garantizar y exigir que el Estado tenga el monopolio rentista, el de la fuerza y el de la justicia. El reto es ese.

Seguimiento a los compromisos “por un municipio mejor”, una experiencia de control social




El Compromiso…








Los resultados…










































Referencias























ETHOS REGIONAL

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El Compromiso…








Los resultados…



Por estar directamente relacionadas y benefi-ciarse de la siembra de coca, marihuana y amapola, así como de su aprovechamiento y de la distribución a gran escala de narcóticos, las Farc nuevamente le presentan al país su propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito, en el contexto de conversaciones de paz con el Estado colombiano.








































Referencias























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ETHOS REGIONAL Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Luis Eduardo Lobato PazMagíster en Historia AndinaProfesor de la Universidad Autónoma de OccidenteIntegrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Figura 1. Campesino colombiano

Fuente: Armando Rojas.

En las décadas de los veinte y treinta del siglo XX, las luchas protagonizadas por campesinos e indígenas develaron un punto nodal que sigue sin resolverse en el país: el problema agrario. En esos años se presentaron diversos enfrentamientos entre arrendatarios, colonos e indígenas con terratenientes por la posesión de tierras en varias poblaciones del país. Estos conflictos evidenciaban la precariedad que se tenía en materia de titula-ción de tierras, la desprotección de las tierras de baldíos y la existencia de formas de contratación laboral serviles o semi-feudales (como la aparcería o la terrazguería).

En el gobierno de Alfonso López Pumarejo se promulgó la Ley 200 de 1936 o Ley de Tierras. Con esta disposición se pretendía allanar el camino para el establecimiento de una Reforma Agraria y solucionar los motivos que dieron origen a las luchas agrarias de las décadas anterio-res. Se contemplaba la expropiación de aquellas tierras que durante un lapso de diez años no hubiesen sido explotadas, la obligación de recono-cer a los campesinos las mejoras hechas en predios que habían explotado bajo formas semi feudales de producción y el otorgamiento de títulos de propiedad para aquellos, que habían establecido y explotado parcelas en terrenos que desconocían que eran baldíos o de propiedad de la nación. La oposición cerrada de los latifundistas y de los dirigentes de los partidos Liberal y Con-servador dio al traste con esta iniciativa.

Carlos Lleras Restrepo durante su administración (1966-1970) revivió el proyecto de Reforma Agraria. Al igual que en el anterior intento de López Pumarejo, hubo una fuerte oposición de los latifundistas que se agruparon y pusieron en marcha un plan de contrarreforma agraria deno-minado Pacto de Chicoral y en el que se cooptó a varios dirigentes campesinos de la Asociación Nacional de Usuarios campesinos (ANUC).

Sepultados estos proyectos de Reforma Agraria, los grupos subversivos creados en la década de los sesenta (FARC, ELN, EPL), plantearon en sus plataformas de lucha la necesidad de establecer una reforma agraria. La mayoría de los estudiosos del problema agrario y la violencia en Colombia comparten esta urgencia. Recalcan que las zonas agrarias se han convertido en los territorios en donde los grupos ilegales encuentran sus ejércitos de reserva, les proveen de fondos para financiar la guerra y la búsqueda y explotación desaforada de recursos naturales, por parte de compañías lega-les y actores armados, convierte a los habitantes de las zonas rurales en obstáculos que deben removerse (desplazar o eliminar).

Hecha esta descripción de la necesidad que hay de dar una salida al problema agrario, resulta espe-ranzador que en la Agenda Política de negociación en la Mesa de Diálogo instalada en La Habana, se piense como uno de los puntos centrales para solucionar en el posconflicto.

En junio de 2013 se conoció los acuerdos a los que llegaron los representantes de las FARC y del Gobierno de Santos, sobre los dos primeros puntos de la Agenda: Desarrollo Agrario Integral y Participación Política. En el texto dado a conocer, se hicieron las precisiones sobre los conceptos y categorías de análisis utilizadas y las estrategias y acciones que pueden o deben implementarse para afrontar estas problemáticas.

Hay que decir al respecto, que hay un avance en el sentido de reconocer que para propiciar el bien-estar y buen vivir de campesinos, indígenas y afro-descendientes, hay que ir más allá del simple otor-gamiento de tierras y avanzar hacia el desarrollo de una Reforma Rural Integrada. Proceso concebi-do para lograr la integración regional, la erradica-ción de la pobreza, cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación de la economía cam-pesina y comunitaria…

En el documento se describen las estrategias propuestas para alcanzar este propósito: la crea-ción de un fondo de tierras para ser repartido gratuitamente; crear condiciones en el entorno rural que garanticen una mayor productividad y bienestar, que es denominado acceso integral, las cuales se logran con la provisión de bienes y servi-cios a los campesinos y la puesta en marcha de otros mecanismos de acceso a la tierra, entre los que se mencionan la creación de líneas especiales

de crédito y la entrega de subsidios integrales para la adquisición de tierras.

Entre los medios que se utilizarán para la constitu-ción del Fondo de Tierras están la extinción de dominio a las propiedades adquiridas indebida e ilegalmente, expropiación por la vía administrativa de las tierras no explotadas por diez años o que no cumplan la función social y ecológica y la expropiación con indemnización de otras. Se contempla igualmente recibir tierras en calidad de donación. Para la implementación de estos programas se reconoce la necesidad de formar y actualizar el catastro rural para conocer los usos del suelo, delimitar las zonas agrícolas y de voca-ción forestal.

Para obtener el acceso integral se contempla la entrega de capital semilla, asistencia técnica, reconstrucción de vías terciarias, ampliar la cober-tura y calidad de agua, energía e Internet, riego en donde se necesite, eliminación de residuos, dismi-nución del déficit de vivienda. A estos se le suman programas de salud con énfasis en la prevención, de educación tendientes a erradicar el analfabetis-mo, aumentar la productividad de los jóvenes productores y apoyar la investigación e innovación agropecuaria y finalmente la creación de una infra estructura en el campo para la comercialización de productos.

Figura 2. Cultivo de café


Finalmente, en el documento se definen estímulos para el fomento de la economía campesina, fami-liar y comunitaria. Así mismo, se habla del estable-cimiento de programas para la erradicación del hambre, promoción y protección de las semillas nativas, líneas de crédito blandas y seguros de cosechas, asegurar las condiciones para una adecuada comercialización de sus productos y el fortalecimiento de los sistemas de protección y seguridad social para la población rural.

Para el gobierno colombiano estos principios de acuerdo sobre el punto de Desarrollo Agrario Integral contribuirán a reversar los efectos noci-vos del conflicto y para las FARC serán una contribución a la solución de las causas históricas del mismo.

No se puede negar la importancia que puede traer en una etapa de posconflicto vislumbrar salidas al problema agrario que lleva más de un siglo sin solución. Las dudas están dadas por la forma, los medios y los recursos para sacar adelan-te este proyecto.

Respecto a la forma, esto tendría que asumirse como una política de Estado que garantice que los planes y programas previstos tengan continui-dad. Igualmente tendría que definirse si crea un Superministerio o una Alta Consejería que se encargue de planear y hacer seguimiento a las dependencias encargadas de poner en práctica estos programas.

En lo que tiene que ver con los medios, la puesta en marcha de una Reforma Agraria es vital. Pero estos propósitos de redistribución de tierras no son tan fáciles de alcanzar teniendo en cuenta que no tenemos todavía censos agropecuarios actualizados y la expropiación de predios por apropiación indebida, expropiación por vía admi-nistrativa o indemnización se han convertido en prácticas generadoras de corrupción administra-tiva o en procesos de indefinida duración. Cabría aquí la siguiente pregunta: ¿Existe la suficiente voluntad política entre representantes de los gremios económicos y de los partidos políticos para comprometerse en un programa de redis-

tribución de tierras con los alcances sociales previstos en esta negociación?

La otra parte a considerar es lo referente a los recursos que se destinarían para financiar estos programas. Se enumera un sinnúmero de progra-mas que buscan el mejoramiento de las condicio-nes de vida de los campesinos y cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, pero que van a deman-dar cuantiosos recursos económicos. ¿Cuáles serían las fuentes de donde saldría esta inversión: ¿Aumento de las tasas impositivas para todos los colombianos?, ¿Elevación de la carga impositiva a los sectores de mayores ingresos de la nación?

Habría otras consideraciones adicionales. Una de ellas tiene que ver con los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados. ¿Cómo se protegería la producción agropecuaria nacional frente a países que presentan ventajas competitivas en este sector o tienen programas establecidos de larga data de subsidios o apoyo a sus productores?

Un aspecto crítico para el Desarrollo agropecua-rio Integral tiene que ver con los cultivos psicotró-picos. ¿Qué alternativas se ofrecen a los campesi-nos que están dedicados a la producción de culti-vos ilícitos?

La pregunta para las FARC y el gobierno es: ¿Cómo se abordaría el problema de desminado de las tierras y parques naturales?

Si se tienen perspectivas de las vías para afrontar este macro proyecto de la Reforma Rural Integra-da se habrá dado un paso grande para afrontar el posconflicto, de lo contrario se habrá firmado un catálogo de buenas intenciones pero sin posibili-dad de llevarlas a cabo.



















En el CIER se preguntan…






















Referencias























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Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIERETHOS REGIONAL

Anotaciones Sobre el acuerdo político del Gobierno colombiano y las Farc-Ep sobre Desarrollo Agrario Integral























































Guido Germán Hurtado VeraMagíster en Estudios PolíticosProfesor de la Universidad Autónoma de Occidente Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Figura 1. Minería en El Cerrejón, Colombia

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre.

El Congreso recién elegido será importante en los próximos cuatro años porque legislará sobre los temas derivados de un posible acuerdo de paz. Esto explica, en parte, porqué los partidos y movi-mientos políticos y sus candidatos se concentra-ron en “otros temas” para obtener los votos que les garantizaron una curul. La paz es el eslogan central de la campaña de reelección del Presiden-te Santos y no se podría derrochar en las eleccio-nes parlamentarias.

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil los partidos Liberal (23), Cambio Radical (19), Conservador (24), Unión Patriótica (22), Polo Democrático Alternativo (17), Social de la Unidad Nacional (23) y Centro Democrático (17), entre otros, inscribieron para la Cámara de Representantes un total de 145 candidatos, en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle.

La cuestión radica en que esos “otros temas” fueron tan vagos e imprecisos que no dijeron nada. Verdaderas perogrulladas. Entre los numero-sos y vagos temas de campaña (trabajar por las

comunidades, el cambio, mayor salud, para que vivas mejor, gasolina más barata) el medio ambien-te fue totalmente invisibilizado, en una región como el suroccidente colombiano que enfrenta una verdadera crisis socio ambiental.

A finales del 2012, el Ministerio de Minas y Energía había concesionado cerca del 40% de su territorio a empresas nacionales y multinacionales para que adelanten proyectos de exploración y extracción mineral, tal situación ha originado una serie conse-cuencias nocivas para el ecosistema y las comuni-dades humanas que habitan allí.

En lo regional saltan al vista casos específicos: de un lado, el puerto de Buenaventura y su perma-nente dragado, lo que pone de presente claros eventos de deforestación y pérdida de suelos que terminan arrastrados por ríos tributarios que entregan dicho material al mar, sedimentando el canal de acceso, de allí la necesidad de dragarlo en forma permanente, y de otro, la línea férrea entre Yumbo y Buenaventura y un nuevo muelle multi-propósito. Los Farallones, en un informe de la Superintendencia de Notariado sobre el “robo de los Farallones” éste se ha ido privatizándose con el paso de los años, mediante maniobras en las que aparecen apellidos de prestantes familias y narco-traficantes. El Jarillón y el uso de los recursos para su intervención y que están destinados a reforzar el dique y reubicar “invasores”.

La minería legal, según datos de La Silla Vacía, en Suárez, Cauca, más de 10.000 hectáreas de tierra ya fueron concedidas a individuales y multinacio-nales y 14 títulos fueron otorgados para labores de extracción aurífera. La minería ilegal, el Impacto en el río Dagua y en las reservas forestales por trabajo de retroexcavadoras sigue siendo nociva y el detrimento 102 minas de carbón en el cerro La Bandera, en los Farallones de Cali.

En el Observatorio de Prensa del Cier correspon-diente al año 2012 se reseñaron y analizaron 1440 noticias. Las noticias, nacionales y regionales, tienen que ver con el Medio Ambiente, la Región y el Desarrollo social y económico. Dicho análisis

permite reflexionar sobre los hechos naturales “sucedidos” y el impacto que han causado en el medio social y político. La conclusión es que no se prestando atención a los graves efectos ambienta-les de la minería a gran escala, la débil instituciona-lidad para controlarla y la relación entre conflicto y minería.

Lo que no tuvieron en cuenta partidos y candida-tos fueron estos temas. Más aun, no tomaron nota que durante los dos últimos años se produjeron acciones colectivas en contra de los grandes proyectos minero-energéticos, con banderas como la defensa del medio ambiente y el territo-rio (salvo el movimiento indígena cuyo tema central por naturaleza es lucha por el medio ambiente y la defensa de la tierra).

Las anteriores acciones fueron la respuesta evidente a la lluvia de proyectos que han empeza-do a plantearse en el país por cuenta del impulso que el Gobierno Nacional le ha dado a la locomo-tora minero-energética. El mensaje de miles de ciudadanos es que no están de acuerdo con dichos proyectos.

Se advierte que frente a la gran cantidad de denuncias ambientales (que hacen los columnis-tas en la prensa nacional y regional) la moviliza-ción socio ambiental sigue siendo un tema pen-diente. Aun así, el problema ambiental en Colom-bia ha llevado a expertos y académicos a unirse en el tema del medio ambiente y el desarrollo. Igualmente ha movilizado innumerables sectores de la sociedad.

La mayoría de los analistas coincide en que a pesar de los billones de pesos que la locomotora minera genera, esto puede no necesariamente se traduce en desarrollo social en el país. La experiencia de la última década es un ejemplo ya que a pesar de los grandes ingresos obtenidos de los yacimientos petroleros, la inversión pública en salud, educación, saneamiento básico, agua potable, energía e infraestructuras, se perdieron entre la debilidad institucional, la corrupción, el daño ambiental, el crimen organizado y la exacerbación de los conflictos sociales.

Coinciden los expertos en que el recorrido de la locomotora minera, en la última década, es desas-troso. Se comprueba que las comunidades campe-sinas, indígenas y afrocolombianas son las que más soportan los daños ambientales, culturales y socioeconómicos ocasionados por los proyectos de exploración y explotación minera.

Al interior del Cier se plantea esta hipótesis: el conflicto ambiental se percibe de manera diferente por parte de las personas afectadas directamente por éste y de otra manera por quienes opinan sobre los conflictos ambientales. Quienes tienen más claridad conceptual frente al daño ambiental que parece irreversible e irreparable al que se avecina Colombia, no logran articular sus denun-cias, investigaciones y reportajes a una gran movili-zación social. Es decir, son esfuerzos intelectuales aislados e individuales, cuya expresión ameritaría un pronunciamiento colectivo, de carácter acadé-mico con claros fines político-ambientales, que está en proceso de maduración y estructuración.

Otro aspecto a tener en cuenta es la debilidad institucional encuadrada en los entes que regulan el medio ambiente y que es motivo de análisis por los expertos que opinan del sector.

Pero a quienes de verdad el tema del medio ambiente y sus nefastas consecuencias no interesa, es a los partidos y movimientos políticos. Para la muestra un botón: ninguno de ellos lo expuso como tema de discusión pública en las pasadas elecciones. El medio ambiente es un tema crucial para la sostenibilidad de las comunidades, el problema es que no da votos.

Sepultados estos proyectos de Reforma Agra-ria, los grupos subversivos creados en la década de los sesenta (FARC, ELN, EPL), plantearon en sus plataformas de lucha la necesidad de establecer una reforma agraria. La mayoría de los estudiosos del problema agrario y la violen-cia en Colombia comparten esta urgencia.

Al interior del Cier se plantea esta hipótesis: el conflicto ambiental se percibe de manera diferente por parte de las personas afectadas directamente por éste y de otra manera por quienes opinan sobre los conflictos ambienta-les. Quienes tienen más claridad conceptual frente al daño ambiental que parece irreversi-ble e irreparable al que se avecina Colombia, no logran articular sus denuncias, investigacio-nes y reportajes a una gran movilización social.

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ETHOS REGIONAL




























El medioambiente en las elecciones parlamentarias 2014

Guido Germán Hurtado VeraMagíster en Estudios PolíticosProfesor de la Universidad Autónoma de Occidente Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Figura 1. Minería en El Cerrejón, Colombia

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre.

El Congreso recién elegido será importante en los próximos cuatro años porque legislará sobre los temas derivados de un posible acuerdo de paz. Esto explica, en parte, porqué los partidos y movi-mientos políticos y sus candidatos se concentra-ron en “otros temas” para obtener los votos que les garantizaron una curul. La paz es el eslogan central de la campaña de reelección del Presiden-te Santos y no se podría derrochar en las eleccio-nes parlamentarias.

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil los partidos Liberal (23), Cambio Radical (19), Conservador (24), Unión Patriótica (22), Polo Democrático Alternativo (17), Social de la Unidad Nacional (23) y Centro Democrático (17), entre otros, inscribieron para la Cámara de Representantes un total de 145 candidatos, en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle.

La cuestión radica en que esos “otros temas” fueron tan vagos e imprecisos que no dijeron nada. Verdaderas perogrulladas. Entre los numero-sos y vagos temas de campaña (trabajar por las

comunidades, el cambio, mayor salud, para que vivas mejor, gasolina más barata) el medio ambien-te fue totalmente invisibilizado, en una región como el suroccidente colombiano que enfrenta una verdadera crisis socio ambiental.

A finales del 2012, el Ministerio de Minas y Energía había concesionado cerca del 40% de su territorio a empresas nacionales y multinacionales para que adelanten proyectos de exploración y extracción mineral, tal situación ha originado una serie conse-cuencias nocivas para el ecosistema y las comuni-dades humanas que habitan allí.

En lo regional saltan al vista casos específicos: de un lado, el puerto de Buenaventura y su perma-nente dragado, lo que pone de presente claros eventos de deforestación y pérdida de suelos que terminan arrastrados por ríos tributarios que entregan dicho material al mar, sedimentando el canal de acceso, de allí la necesidad de dragarlo en forma permanente, y de otro, la línea férrea entre Yumbo y Buenaventura y un nuevo muelle multi-propósito. Los Farallones, en un informe de la Superintendencia de Notariado sobre el “robo de los Farallones” éste se ha ido privatizándose con el paso de los años, mediante maniobras en las que aparecen apellidos de prestantes familias y narco-traficantes. El Jarillón y el uso de los recursos para su intervención y que están destinados a reforzar el dique y reubicar “invasores”.

La minería legal, según datos de La Silla Vacía, en Suárez, Cauca, más de 10.000 hectáreas de tierra ya fueron concedidas a individuales y multinacio-nales y 14 títulos fueron otorgados para labores de extracción aurífera. La minería ilegal, el Impacto en el río Dagua y en las reservas forestales por trabajo de retroexcavadoras sigue siendo nociva y el detrimento 102 minas de carbón en el cerro La Bandera, en los Farallones de Cali.

En el Observatorio de Prensa del Cier correspon-diente al año 2012 se reseñaron y analizaron 1440 noticias. Las noticias, nacionales y regionales, tienen que ver con el Medio Ambiente, la Región y el Desarrollo social y económico. Dicho análisis

permite reflexionar sobre los hechos naturales “sucedidos” y el impacto que han causado en el medio social y político. La conclusión es que no se prestando atención a los graves efectos ambienta-les de la minería a gran escala, la débil instituciona-lidad para controlarla y la relación entre conflicto y minería.

Lo que no tuvieron en cuenta partidos y candida-tos fueron estos temas. Más aun, no tomaron nota que durante los dos últimos años se produjeron acciones colectivas en contra de los grandes proyectos minero-energéticos, con banderas como la defensa del medio ambiente y el territo-rio (salvo el movimiento indígena cuyo tema central por naturaleza es lucha por el medio ambiente y la defensa de la tierra).

Las anteriores acciones fueron la respuesta evidente a la lluvia de proyectos que han empeza-do a plantearse en el país por cuenta del impulso que el Gobierno Nacional le ha dado a la locomo-tora minero-energética. El mensaje de miles de ciudadanos es que no están de acuerdo con dichos proyectos.

Se advierte que frente a la gran cantidad de denuncias ambientales (que hacen los columnis-tas en la prensa nacional y regional) la moviliza-ción socio ambiental sigue siendo un tema pen-diente. Aun así, el problema ambiental en Colom-bia ha llevado a expertos y académicos a unirse en el tema del medio ambiente y el desarrollo. Igualmente ha movilizado innumerables sectores de la sociedad.

La mayoría de los analistas coincide en que a pesar de los billones de pesos que la locomotora minera genera, esto puede no necesariamente se traduce en desarrollo social en el país. La experiencia de la última década es un ejemplo ya que a pesar de los grandes ingresos obtenidos de los yacimientos petroleros, la inversión pública en salud, educación, saneamiento básico, agua potable, energía e infraestructuras, se perdieron entre la debilidad institucional, la corrupción, el daño ambiental, el crimen organizado y la exacerbación de los conflictos sociales.

Coinciden los expertos en que el recorrido de la locomotora minera, en la última década, es desas-troso. Se comprueba que las comunidades campe-sinas, indígenas y afrocolombianas son las que más soportan los daños ambientales, culturales y socioeconómicos ocasionados por los proyectos de exploración y explotación minera.

Al interior del Cier se plantea esta hipótesis: el conflicto ambiental se percibe de manera diferente por parte de las personas afectadas directamente por éste y de otra manera por quienes opinan sobre los conflictos ambientales. Quienes tienen más claridad conceptual frente al daño ambiental que parece irreversible e irreparable al que se avecina Colombia, no logran articular sus denun-cias, investigaciones y reportajes a una gran movili-zación social. Es decir, son esfuerzos intelectuales aislados e individuales, cuya expresión ameritaría un pronunciamiento colectivo, de carácter acadé-mico con claros fines político-ambientales, que está en proceso de maduración y estructuración.

Otro aspecto a tener en cuenta es la debilidad institucional encuadrada en los entes que regulan el medio ambiente y que es motivo de análisis por los expertos que opinan del sector.

Pero a quienes de verdad el tema del medio ambiente y sus nefastas consecuencias no interesa, es a los partidos y movimientos políticos. Para la muestra un botón: ninguno de ellos lo expuso como tema de discusión pública en las pasadas elecciones. El medio ambiente es un tema crucial para la sostenibilidad de las comunidades, el problema es que no da votos.

¿Existe la suficiente voluntad política entre representantes de los gremios económicos y de los partidos políticos para comprometerse en un programa de redistribución de tierras con los alcances sociales previstos en esta negociación?

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Medioambiente y proceso electoral Regional... · 2015-01-27 · Ethos Regional, 1 000 ejemplares,...

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