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La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procura-

ción de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presi-

dente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es

algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por

asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo

los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el

que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo

los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo

protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas,

halcones, informantes, pagadores y hasta sicarios.

diaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de ma-nera temporal a combatir al narco.

Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débi-les a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, inclui-das las anónimas.

En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pa-go de la narconómina a los policías estata-les o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.

En Coahuila, el teniente coronel Ma-nuel de Jesús Cícero Salazar, quien se de-sempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era reco-mendado del secretario de Defensa, Gui-llermo Galván Galván.

La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era cono-cida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.

La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detu-vieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desa-parecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciu-dad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.

El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nues-tra propia dependencia. Somos los prime-ros en poner el ejemplo y tenemos (ac-ciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes fede-rales de investigación, contra los minis-terios públicos, contra quien sea en cual-quier nivel (que sean corruptos)”.

Morales adelantó que hay más impli-cados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expe-

diente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también im-plica a otros integrantes de la PGR.

En cuanto a la corrupción militar, el do-mingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los va-lores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.

Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran ma-yor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las des-apariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Oji-naga, así como la implicación en ejecucio-nes del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Bata-llón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Sal-tillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.

Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y proban-zas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernán-dez Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.

Galván Galván

NARCOTRÁFICO / COAHUILA

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La detención de cuatro integran-tes de la organización crimi-nal de Los Zetas puso al descu-bierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo sola-padas, por elementos del Ejér-cito Mexicano, la Procuraduría

General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA Federal (PF), así como por las policías esta-tales y municipales, tanto de Coahuila co-mo de Nuevo León.

A cinco años de iniciada la guerra de Fe-lipe Calderón contra el narco, que ya acu-muló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de se-guridad federales no escaparon a la corrup-ción que el presidente atribuye insistente-mente a policías e instituciones locales.

De acuerdo con la averiguación pre-

via PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integra-da apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciu-dadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.

La indagatoria añade que lo mismo ha-cían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversa-rios de Los Zetas, colocaban puestos de vi-gilancia donde éstos les indicaban y custo-

infiltrada

Toda la estructura de seguridad,

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tas detenidos, informar sobre todas las de-nuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información en-viada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delin-cuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Salti-llo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuer-pos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas per-sonales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.

No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada Gonzá-lez López tuvo que explicar personalmen-te lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, man-do de la PF en Coahuila y antes en Nue-vo León. De acuerdo con Sérpico, el capi-tán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregar-le la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejér-cito el 25 de enero de 2011 en Monterrey.

Escorpión afirma que conoció a Val-buena en 2008 y que en Nuevo León reco-gía también la nómina para Coahuila, en-tidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.

El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enri-que González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Sal-tillo en enero de 2011, y al jefe de inteli-gencia regional. En esa reunión los man-dos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estan-cia en los dos estados.

Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrup-ción de ministerios públicos locales en Ar-teaga, Coahuila, para liberar a delincuen-tes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsque-da de Pepito Sarabia en Nuevo León, don-

de escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.

El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.

Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras cor-poraciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehícu-los, vuelos, horarios y cantidad de perso-nas, así como del objetivo de los operati-vos federales en la zona.

El capitán también “resolvía los pro-blemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le en-tregó más de 1 millón de pesos, ya que to-da la corporación se encuentra compro-metida con Los Zetas”, señala Escorpión.

Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los benefi-ciarios. El testigo Sagitario le atribuye al ca-pitán el robo de cinco camionetas blinda-das en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.

La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciu-dades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chi-nas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.

Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Sen-da y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues ade-más de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbue-na tiene gasolineras en Monterrey y le en-tregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles

Por la información de los testigos mencio-nados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de represen-tantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licencia-

do Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.En Coahuila el peón de Los Zetas era el

teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a media-dos de 2008 fue designado titular de Segu-ridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.

El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvi-de, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayo-res y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entrega-ron todas las jefaturas de seguridad públi-ca municipales.

Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes mi-litares, dentro de este modelo, vienen co-misionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañe-ros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.

Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresuel-

Moreno Aviña. Ejecuciones

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NARCOTRÁFICO / COAHUILA

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Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la cla-ve confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaracio-nes de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confia-ble, por haber sido de utilidad para la cap-tura de otros integrantes de Los Zetas”.

En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Ro-dríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ga-naban” 50 mil pesos, y a Marcos Augus-to Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.

Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francis-co Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallar-do Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Va-lencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.

Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entre-gaban 20 mil. La función de Montes con-sistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.

Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, co-nocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infante-ría con la organización criminal y se en-cargaba de pagar la narconómina.

Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un te-niente de apellido Hoyos.

A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subtenien-te Francisco Javier Beltrán Luna, los sar-gentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cué-llar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.

En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pe-sos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargen-to Treviño Ríos asentadas en el expedien-te, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.

“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rum-bo) se encargaba de levantar y desapare-cer a personas contrarias a la organiza-ción de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.

Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), le-vantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de pro-fesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.

El martes 21, el diario Reforma publi-có otras revelaciones de Treviño, asenta-das en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Mali-brán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomi-sada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.

Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al gene-ral Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general or-denó matarlo.

Narcosueldazos

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Je-sús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, deteni-do el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.

Ante el Ministerio Público Sarabia na-rró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nue-vo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a “la operativa”, es decir, a la escol-ta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, lucha-ba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Val-dez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.

En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir co-mo “tranca” o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en jefe de pla-za de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo tam-bién como jefe de plaza,

pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dóla-res mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quie-nes responden al mando de Nuevo Laredo.

En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sér-pico asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandan-te segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les re-galaban costosos vehículos.

Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres le-tras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subde-legada de la PGR en Saltillo, Claudia Gon-zález López.

Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agen-tes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del minis-terio público y la subdelegada.

En febrero de 2010 la subdelegada Gon-zález López y la MP Leyva Quintero se en-contraron con Sarabia y El Gerry en la agen-cia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de do-ble cabina.

Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconó-mina, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.

Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está im-plicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ba-llesteros Huescas, a quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este úl-

timo responsable estatal de la AFI, radicado en To-rreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales pa-ra repartirlos entre los po-licías asignados a Coahui-la. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.

Además, los elemen-tos de la PGR y la AFI de-bían liberar mercancías vehículos y armas ase-guradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los ze-

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Vallejo Malibrán. Corrupción

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La guerra entre cárteles del narcotráfico produce perso-

najes que siempre están en medio de los enfrentamien-

tos más violentos, entre disparos, sangre y muerte. Uno

de ellos es el Comandante Pepito, un zeta recientemente

aprehendido que en su declaración ante la PGR da deta-

lles, entre otros, de dos sonados episodios: el tiroteo du-

rante una carrera de caballos en el que murió un jefe de

su organización y el asesinato del agente estadunidense

Zapata, del ICE, hace un año.

La averiguación 051/2011 establece que Sarabia pidió a El Toto que explicara lo ocu-rrido y le ordenó reunir a El Piolín con su “es-taca (comando) para darle piso (matarlo) o montarlo” (entregarlo a las autoridades).

Esto último fue lo que ocurrió, por lo que la Sedena y la Marina pudieron tener detenidos rápidamente y no por los traba-jos de inteligencia presumidos por Felipe Calderón, a quien inclusive felicitó Barack Obama tras las detenciones.

Sarabia estaba en Monclova, a donde lo había convocado Heriberto Lazcano pa-ra que se encargara de organizar una pro-testa contra la construcción de un penal federal que se realiza en esa ciudad, según se establece en la averiguación 041/2012.

El asunto había hecho crisis. La noche del 15 de febrero de 2011, horas después del asesinato del agente Zapata, L-40 y El Lazca convocaron a Sarabia para pedirle una ex-plicación, por ser el mando principal de esa región. El primero en llegar fue L-40.

De la declaración de Sarabia: “Mi com-

padre 40 me pregunta qué fue lo que pa-só en San Luis Potosí, que quién se había chingado a los de Migración, refiriéndose a los güeros del ICE, porque yo era el en-cargado, a lo que yo le dije que no sabía có-mo estaba el pedo, ya que se había queda-do encargado El Toto”.

El Piolín y otro sicario mencionado só-lo como El Tarta han sido identificados por las autoridades mexicanas como los eje-cutores del ataque. De la declaración de Sarabia se desprende que eso es cierto.

“Toto me dijo que había mandado a Pio-lín y a Tarta a robarse trocas a la carretera de San Luis a México, y al parecer había va-lido madre porque era gente del otro lado, es decir de los güeros. Después de eso, mi compadre 40 le habló a Lazcano para que checaran qué iban a hacer conmigo. Una vez que llega Lazcano le explicamos cómo están las cosas y Lazcano explica que él me había mandado llamar a Monclova para lo de las pancartas, por lo que queda mi com-padre 40 conforme con lo dicho y me dejan seguir haciendo lo de las pancartas.”

Días después, a principios de marzo, L-40 lo cambia de asignación y entonces Sarabia opta por desertar de Los Zetas.

“(L-40) me dejó dicho con El Abuelo (jefe de plaza en Monclova) que le migre para la guerra (llaman así al enfrentamiento con-tra el Cártel del Golfo en la frontera tamau-lipeca), que ya no regrese a San Luis Potosí y me ponga a las órdenes de El Gallo y La Pa-pa (ambos ejecutados y calcinados en la ca-rretera Laredo-Monterrey), pero no obedecí y a finales de marzo de 2011 dejo de formar parte de la organización de Los Zetas.”

Carreras en Fresnillo

Unos meses antes de su detención, Sara-bia empezó a tener problemas dentro de la organización criminal, según dice en su declaración.

El 15 de diciembre de 2010 hubo carreras y fiesta entre zetas. Se reunieron en un hi-pódromo en las inmediaciones del penal de

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asentado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEI-DCS/051/2011, integrada a partir de la deten-ción de El Toto y El Piolín, ya que explica có-mo se vivió la tensión por lo ocurrido en las horas que siguieron al homicidio de Zapata.

Sarabia, indiciado ahora por diferen-tes delitos federales, explicó que El Toto era el contador de la plaza y se había que-dado a cargo aquella semana cuando ata-caron a los agentes del ICE.

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San Luis. Muerte de Zapata

Sarabia. Toda la historia “El Toto”. Error fatal

NARCOTRÁFICO / COAHUILA

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Historias

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Las declaraciones de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia o Comandante Pepito, explican algu-nos hechos de violencia de los úl-timos años en regiones del nor-te del país; esto por su cercanía

con Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, su compadre, así como por su ascenso en la organización criminal de Los Zetas, de la que llegó a convertirse en asociado.

Detenido el pasado 11 de enero en un operativo incruento, Sarabia está en ca-lidad de indiciado según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, en la que se asienta que hasta marzo de 2011 fue mando regional de Los Zetas, con in-fluencia en San Luis Potosí, Zacatecas, Ja-lisco y Coahuila.

A lo largo de su declaración, Sarabia da cuenta de operaciones en las que par-ticipó directamente o de las que tuvo co-nocimiento al formar parte de la también llamada Compañía, operaciones que en su momento se convirtieron en noticias de repercusión internacional.

Uno de esos casos es el ataque a dos agentes del Servicio de Inmigración y Con-trol de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 15 de febrero de 2011.

Ese día los agentes Jaime Zapata y Víc-tor Ávila fueron tiroteados en un paraje

de la autopista federal número 57, en San Luis Potosí. Zapata murió.

El 23 de febrero de ese año la investiga-ción a integrantes de Los Zetas derivó en la detención de Julián Zapata Espinoza, El Piolín, quien según la Secretaría de la De-fensa Nacional (Sedena) era el mando de la organización delictiva en la zona.

Ricardo Treviño, vocero de la Sedena, aseguró aquel 23 de febrero que el ataque se debió a una confusión, pues por el tipo de vehículo en el que viajaban los agentes del ICE, los sicarios asumieron que se tra-taba de miembros de un cártel rival.

El 28 de febrero de 2011 el gobierno pre-sentó a Sergio Mora Cortés, El Toto, detenido por la Marina. A El Toto se le atribuyó estar a las órdenes de El Piolín. Con inusual premu-ra los zetas implicados iban cayendo.

Durante un año nadie mencionó que los agentes del ICE iban armados, hasta que el pasado miércoles 15 The Washington Post dio a conocer otros pormenores del ataque. Por ejemplo que la camioneta en la que via-jaban era blindada y hubiera podido resis-tir los disparos de AK-47 y la detonación de granadas, pero el vehículo tenía una falla técnica: al poner la palanca en “parking” se levantaban los seguros de las puertas.

Los agentes del ICE no pudieron res-ponder la agresión, pues eran superados en armamento.

Con las declaraciones de Sarabia la in-formación complementa lo que ya se había

dos que nunca se transparentaron. Su “je-fe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco An-tonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.

Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que lle-vó a Coahuila reaparecieron tiempo des-pués en otras entidades, como Tamauli-pas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Se-guridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.

Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue con-tra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las insta-laciones de la Policía Municipal porque te-nía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegi-dos se desprende que Pepito Sarabia le en-tregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.

Otro implicado era Emanuel Alma-guer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y re-cibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hi-jo de 12 años.

Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (her-mano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocu-rador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ains-ley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.

Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un au-tomóvil BMW y un Mustang.

El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Cal-derón a Humberto Moreira, quien lo ig-noró y mantuvo al funcionario en el car-go desde 2010.

Pese a estos antecedentes y a las con-fesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en po-der de la PGR, esta dependencia no ha in-tegrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto ca-so alguno de desaparición forzada de per-sonas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde media-dos de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.

de sangre

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cos, donde se vigilaban las nuevas leyes a aprobarse. En ese lapso se tipificó el deli-to de desaparición forzada que no cumple los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas.

“La definición está amañada para sa-lirse por la tangente. Vamos pa’trás, de-jaron muy ambiguos los castigos a los responsables directos del delito y la res-ponsabilidad del estado para garantizar la justicia”, señala.

El desencanto no es nuevo. Confor-me pasa el tiempo y las familias peregrinan de institución en institución para solicitar la búsqueda de sus seres queridos, se han ido dando cuenta de las complicidades en-tre autoridades y delincuentes. Sin embar-go, hasta este momento se hizo explícito.

“Mucho tiempo confiamos en la pala-bra de esas personas que, dicen las noti-cias, están inmiscuidas. A nosotros Dios nos iluminó: el 27 de abril de 2009 nos di-mos cuenta de que el fiscal no iba a hacer nada. Descubrimos que los nuevos datos que llevábamos, las sábanas telefónicas, las fotografías, no las incluía en la averi-guación previa, aunque le dábamos todo en sus manos. Además nos paralizaba, diciéndonos que no buscáramos porque nuestro hijo corría peligro”, dice la madre de Jorge Antonio.

La familia del ingeniero decidió acudir a la PGR; hasta ahora la institución no ha avanzado en el caso de su hijo. La familia Robledo-Fernández y los demás miem-bros de Fuundec tuvieron pláticas con el subsecretario de Gobernación, Felipe Za-mora, con quien planeaban la creación de una fiscalía estatal que se dedicara a la búsqueda de los desaparecidos. Pero todo se interrumpió cuando él murió en el ac-cidente aéreo con el secretario Francisco Blake Mora.

“Nos interesa que se investigue a es-tas personas que ahora son señaladas, porque puede ser el hilo de esta madeja tan dolorosa para nosotros”, dice la seño-ra María Guadalupe.

Fresnillo los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, L-40 y L-42, respectivamente; Iván Velásquez Caballero, El Talibán o Comandante 50; El Diamante, operador de Zacatecas; otro sujeto conocido como El Gordo, quien se ha-ce cargo de los caballos de la organización, y La Ardilla, jefe de plaza en Zacatecas.

El Talibán le preguntó a Sarabia si le ha-bía hecho algo a su compadre L-40, porque andaba muy enojado y le quería montar “a aquel hombre”, refiriéndose a Lazcano.

“Yo lo único que le dije fue que esta-ba enojado porque me había visto con una muchacha que yo traía y que era de Vera-cruz, era una teibolera, pero al parecer le ha-bía gustado a mi compadre Miguel (L-40)”, explicó Sarabia.

No hubo reclamo, porque de repente recibieron reportes de la presencia de mi-litares en la zona y se acabó la fiesta.

El Ejército reventó la carrera, pero todos los zetas lograron escapar y enfrentaron a los militares a lo largo de la carretera esta-tal Jerez-Fresnillo. Sólo murió un pistolero. L-40, L-42, Lazcano y La Ardilla volaron en aviones privados a Monclova. Sarabia huyó por tierra y se fue a esconder a Saltillo.

La información oficial sólo dio cuenta de que un grupo de hombres armados había enfrentado un convoy militar que los repe-lió, dejando como saldo un sicario muerto.

Villarín y Cañada Park

El gusto por las carreras de caballos de Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño ha sido ampliamente referido, sobre to-do porque en diferentes ocasiones se han visto atacados o cercados por el Ejército al ser espectadores de justas ecuestres.

Una de las primeras menciones sobre esa afición ocurrió en El Villarín, Veracruz, cuando un desencuentro entre los apos-tadores terminó en balacera. Aquella vez se especuló con que uno de los muertos podría ser Heriberto Lazcano, pero en rea-lidad se trataba de Efraín Teodoro Torres, Comandante 14 o Z-14.

Villarín es un rancho cuya carretera re-ducida apenas está pavimentada. Al transi-tar por ahí es frecuente que salgan al paso gallinas o cerdos, antes de penetrar el breve y paupérrimo caserío. Sin embargo en ese lugar se instaló un hipódromo abatible, con capacidad para unas 10 mil personas y que entre sus curiosidades contaba con arran-caderos profesionales.

La bolsa era de unos 9 millones de pe-sos, pero al final de la carrera los aposta-dores no quedaron conformes con el re-sultado. De ahí surgió la balacera en la que murió el Z-14.

Dos años después, en el Futurity 2009 del Cañada Park, en Ramos Arizpe, Coahui-la, asesinaron a balazos a Javier Urióstegui Román, El Gato Urióstegui, un tahúr profesio-nal originario de Morelos.

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Dos días después, en una finca de Allende, Nuevo León, donde lo velaban, un comando acribilló a los dolientes. Ahí mu-rió su hermano José Carmelo, además de que otros familiares y amigos del aposta-dor –procedentes de Teloloapan, Guerrero– resultaron heridos.

En su huída del Cañada Park, un convoy encabezado por el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, entonces director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, se encontró con los delincuentes. Su vehículo iba equipado con cámara y grabó el enfren-tamiento. Bajo el fuego se escuchan las de-sesperadas peticiones de apoyo por radio a otras corporaciones. La ayuda no llegó.

De acuerdo con las declaraciones de Sarabia, fue El Gato Urióstegui quien ma-tó al Z-14 o al menos así lo entendía L-40.

“Conocí a esta persona (Cícero) el 30 de agosto de 2009 ya que hubo una balace-ra entre la escolta de Cícero en contra de la gente de la Compañía, entre los que nos encontrábamos mi estaca (comando) y yo.

“Fue en la carretera Los Pinos, ya que ese día hubo carreras de caballos a las que fue El Comandante 40, porque sabía que en ese lugar iba a estar un apostador que un año antes (en realidad dos años antes), ha-bía matado en unas carreras de caballos que se hicieron en Villarín, Veracruz, al Co-mandante 14.”

Sarabia estaba estacionado en las in-mediaciones de un convento ubicado por la carretera a Los González, en Salti-llo, cuando recibió la orden de acercarse al Cañada Park, pero en el trayecto se dio cuenta de que había patrullas esperando el convoy de L-40 que ya había ejecutado a El Gato Urióstegui y venía de regreso. Sara-bia fue quien hizo la custodia del convoy de L-40, haciendo frente a los policías y re-sultando herido.

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Los Robledo

“El Piolín”. Autor intelectual

NARCOTRÁFICO / COAHUILA

1843 / 26 DE FEBRERO DE 2012 13

C uando se enteraron por las noti-cias de que al exfiscal de Coahuila Jesús Torres Charles y a la subdele-gada de la PGR en el estado, Clau-

dia González, se les relaciona con Los Ze-tas –el primero por parentesco, la segunda por brindarles protección–, a cientos de fa-milias de todo el país se les heló la sangre.

Entendieron que a la par que aportaban nuevos datos a los funcionarios para que buscaran a sus familiares desaparecidos es-taban entregando información a los propios criminales. Comprendieron también por qué, a pesar de sus esfuerzos, el gobierno no ha encontrado a ninguna de las personas repor-tadas como desaparecidas en la entidad en estos tiempos de la guerra contra el narco.

“Siento frustración por la impunidad, por la omisión, por el cochinero y la colusión de todas las autoridades procuradoras de jus-ticia del estado de Coahuila, no nada más las personas que ya aprehendieron, sino las que nos pusieron innumerables obstáculos a las familias que hicimos pesquisas, inves-tigamos con esfuerzos sobrehumanos por ser simples ciudadanos. Y seguramente to-do lo que presentábamos al fiscal lo tiraba a la basura”, dice indignada la señora María Guadalupe Fernández Martínez.

Es madre del ingeniero Jorge Antonio Robledo Fernández, un defeño desapare-cido en Monclova el 25 de enero de 2009. Tenía 32 años y trabajaba en ICA Fluor Da-niels, en el Proyecto Fénix de Altos Hornos de México. Desde entonces la pareja Roble-do-Fernández se volcó en la búsqueda de su hijo y viajó cada semana a Coahuila para entregarle pruebas al fiscal.

Le dieron un video del antro sospechoso,

Funcionarios de doble caraMARCELA TURATI

de ventanas selladas, que comparte estacio-namiento con la tienda de autopartes donde desapareció su hijo. Las llamadas que, du-rante un año, se hicieron desde los dos telé-fonos celulares de su hijo y hasta la ubicación de los dos cajeros automáticos en los cuales se hicieron retiros bancarios con sus tarjetas. Pero no hizo nada, ni siquiera incluyó los da-tos en la averiguación previa 002/2009.

“Siempre nos preguntaban qué cosas nuevas habíamos investigado y muchas ve-ces les dijimos: ‘Ustedes tienen que inves-tigar; esa es su labor, no la nuestra’”, dice a Proceso esta mujer, que forma parte de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), que tiene 230 casos documentados en el estado de 2007 a enero de 2011.

Los cálculos preliminares del gobierno estatal arrojan que en el estado han desapa-recido más de mil 600 personas durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Nosotros hacíamos esfuerzos sobrehu-manos por obtener información: hicimos un análisis de las llamadas que salían del ce-lular de mi hijo y se los llevábamos cada 10 días para mostrarles que estaban activos, que los recargaban, que tenían dados de alta como amigos a varios celulares; llevá-bamos estados de cuenta de tarjetas ban-carias y les avisamos la semana en la que ininterrumpidamente se presentaron a sacar dinero. Nosotros estábamos esperanzados de que iban a poner a un agente encubierto a esperarlos, porque Monclova es una ciu-dad pequeña. Pero llegó el sábado y esos animales-infelices-desgraciados que habían sacado de 3 mil en 3 mil le sacaron los últi-mos 100 pesos que quedaban”, dice.

El asco, la desilusión, la indignación, la sensación de estafa es compartida por las familias que, como la suya, se dedicaron a juntar pistas que ayudaran a las autoridades a ubicar a sus seres queridos. Sin saber que tenían a los enemigos en casa.

La directora del Centro de Derechos Hu-manos Fray Juan de Larios, de la Diócesis de Saltillo, Blanca Martínez, también aseso-ra de Fuundec (hoy Fuundem, porque aglu-tina ahora a desaparecidos en todo Méxi-co), informa que, ante la noticia reciente, las familias están desconcertadas e indignadas.

“Ya entendemos por qué estos años no se encontró a nadie a pesar de que la gen-te ha puesto información que no ha servido para nada.”

Crece el desencanto

La Fuundem programó varias asambleas re-gionales urgentes con el propósito de tomar una postura sobre ese caso. Sin embargo, queda claro que pedirán que se investigue al exgobernador Humberto Moreira que sostu-vo a Jesús Torres Charles en el cargo a pe-sar de su negligencia.

“La primera desaparición fue hace cinco años y a la fecha no hay nada. Hay una clara responsabilidad, como mínimo, por omisión y muy probablemente una deliberación de no buscarlos, y eso implica responsabilidades institucionales y de estado. No dudamos que haya responsabilidades directas de funciona-rios de alto nivel, como la subdelegada. Por eso vamos a pedir que se investigue al exfis-cal, a todos los funcionarios involucrados en las presuntas investigaciones de los desapa-recidos y, obviamente, al exgobernador Mo-reira”, señala Blanca Martínez.

Durante todo 2011, las familias estable-cieron mesas con funcionarios estatales y federales en las que participó la subdele-gada Claudia González. “(Ella escuchó) to-dos los casos, dando su opinión, compro-metiéndose con las familias a buscar a sus desaparecidos, diciendo –con un manejo emocional poco ético– que entendía a las madres de ellos por ser mujer”.

A raíz del anuncio de la semana antepa-sada de los vínculos de los dos exfunciona-rios con Los Zetas, la desconfianza entre las familias se afianza.

“Desde que nos sentamos la prime-ra vez con Moreira, en septiembre de 2010, una de las demandas de las familias era la renuncia de Torres Charles por sus claros actos de omisión en procurar justicia. El en-tonces gobernador hizo caso omiso y cuan-do dejó la gubernatura para irse como pre-sidente del PRI todavía nos dijo: ‘Quédense tranquilas, aquí está el fiscal, él va a seguir buscando’”, dice Martínez.

A pesar del mal desempeño de Torres Charles como procurador estatal, el sucesor de Humberto Moreira, su hermano Rubén, lo nombró jefe de la Oficina de Asuntos Jurídi-

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Familiares. Informantes involuntarios

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Estanzuela, en el sur de Monterrey. Estaba separado y tenía una hija de dos años. Ha-bía dejado trunca la escuela mecánica pa-ra trabajar.

En la versión de sus padres, aquel 16 de junio, a las 14:00 horas, el joven salió del taller automotriz donde trabajaba pa-ra ir a comer. Frente al local de alimentos vivía un amigo ocasional con el que Ma-rio Humberto intercambiaba películas y, cuando fue a entregarle algunas, lo detu-vieron policías federales.

Según la familia, bastó que al Gavilán le sembraran un cargador de ametrallado-ra para que lo procesaran por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y le die-ran siete años de prisión. También lo acu-saron a él y a su amigo de tener secues-trado a un Luis Maldonado Méndez, pero esto se estaba desahogando en una ave-riguación previa por privación ilegal de la libertad en su modalidad de “secuestro a un no servidor público” (sic).

Sus padres afirman que él es inocente. No tenía antecedentes penales y se dedica-

NARCOTRÁFICO / NUEVO LEÓN

ba a trabajar, pero de pronto lo encarcelaron y afirmaba que su estancia en prisión eran los ocho meses más horribles que había vi-vido. “Decía que había recibido más golpes ahí que en toda su vida”, cuenta su madre.

El día de la masacre, que primero se difundió como “un motín”, el goberna-dor nuevoleonés Rodrigo Medina estaba a unos cuantos metros del penal de Apoda-ca, brindando con los soldados en el cam-po militar. “Lo vi en las noticias levantán-dose el cuello, sentado ahí, diciendo que los penales son seguros”, añade Sofía.

“Los narcos mandan”

Sofía y Arturo son nombres falsos. Sus iden-tidades han sido alteradas por seguridad. Ella es empleada en un centro comercial y él mecánico automotriz que hace trabajos ocasionales. Durante la entrevista tienen con ellos las cenizas de su hijo, que les en-tregaron el miércoles 22 por la mañana.

“Mario me decía que cuando saliera, nada nos iba a separar. Por eso pedí que me lo cremaran y que me dieran las cenizas. Así cumplimos lo que habíamos dicho, que cuando saliéramos nadie nos iba a separar. Ahora siempre va a estar conmigo”, dice Sofía con la mirada fija en la urna.

Toda la información de los padres sobre las condiciones que prevalecían en el penal de Apodaca procede de Mario Humberto, que vivía atemorizado. Dicen que tan pron-to ingresó al presidio le ofrecieron jalar con los malos, adentro y cuando saliera.

Los padres declinan precisar quién es el grupo que manda adentro del penal, Los Zetas o el Cártel del Golfo. Sin embar-go, fue el gobernador Medina quien preci-só que Los Zetas controlan la cárcel y que habían cooptado a los mandos (incluido el director) y a los celadores con dinero.

Para Sofía, Mario Humberto rechazó la orden de unírseles y por eso lo golpeaban: “Fue muy hombre, el canijo, y les dijo que no. Por eso buscábamos el traslado, mi es-poso escribió esa hoja. Fuimos con el direc-tor y nos dijo que si no tenían problemas con él no había por qué trasladarlo; que sí trasladaban a los reos problemáticos”.

Cuando llegó al reclusorio, el mucha-cho fue asignado al ambulatorio Delta. Pre-guntó por qué, y las autoridades peniten-ciarias respondieron que se debía a que él era de La Estanzuela y que esa era una zo-na dominada por el Cártel del Golfo, así que él pertenecía a éste. Así sellaron su suerte.

“Teníamos ocho meses de estar pe-leando su inocencia. Todos nos decían que teníamos todo para sacarlo, pero que había que esperar un proceso y eso tarda-ba un año, lo que él tenía que estar para que los jueces dijeran que podía salir”, di-ce ella entre suspiros.

Ni siquiera pudieron trasladarlo y só-lo les quedó un recurso para aliviar la si-

tuación de su hijo: “Pagábamos para que lo golpearan menos. Dimos una vez 3 mil pesos. Luego nos pidieron unos tenis de 2 mil 600, de los Nike Choice, que ni cono-cíamos. Luego 500 por semana. Se los dá-bamos a él. Los otros, lógico, no iban a dar la cara”, expone Sofía.

“Lo amarraban para golpearlo. Lo sa-caban a un campo los mismos malos. Por eso digo que no es cierto que los custo-dios tenían las llaves adentro, las tenían los malos.”

Secunda Arturo: “Si mi muchacho quería ver a un amigo, tenía que pedirle permiso al comandante, pero no al de la justicia, sino al de la injusticia. Ese daba la orden y hablaba por teléfono”.

El 20 de diciembre del año pasado fue asesinado Ramón Gumaro Garza, un reo conocido en la localidad e implicado en el maxiproceso contra Mario Villanue-va, exgobernador de Quintana Roo. Lleva-ba encerrado 15 años, de una condena de 40, cuando fue asesinado con una puntilla por otro interno.

Los papás dicen que, inexplicable-mente, tras ese crimen recluyeron a Mario Humberto en su celda, bajo llave, y lo deja-ban salir nada más cuando ellos lo visita-ban. El resto del tiempo lo pasaba encerra-do y no veía el sol durante días.

En las visitas siempre tenían vigilancia, dice Arturo, “por eso queríamos trasladarlo a Cadereyta, porque se supone que ahí no es territorio de nadie. En Apodaca, en cada ac-ceso había una persona sentada con una li-breta y una pluma, anotando los movimien-tos: a dónde van, quién es, qué hace, cuántos son. No eran celadores, sino internos”.

Y cuestiona lo que todos: ¿por qué le han permitido tanta libertad a personas que están purgando penas? Los pandille-ros pueden inconformarse cuando quie-ren, queman colchones, se amotinan y asesinan.

En su afán de salvar a su hijo de la vio-lencia del penal, la pareja cayó en manos del abogado Gonzalo Reséndiz, que les pi-dió 35 mil pesos en varias entregas, con la promesa de que conseguiría la prelibera-ción del Gavilán.

Ansiosos de ver a su hijo libre o por lo menos trasladado a un penal donde no lo acosaran, Arturo y Sofía estaban dispues-tos a mudarse a cualquier estado para se-guir demostrando su inocencia. Pero des-pués de la última entrega de dinero el abogado ya no les contestó el teléfono.

“Querían destazarlos”

En el ambulatorio Delta, los internos ha-cían rondas de vigilancia durante las 24 horas. Cubrían las ventanas de sus dor-mitorios con cartones para prevenir ata-ques con bombas molotov. El propio Mario Humberto dormía de día para estar alerta

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MONTERREY, NL.- En el pe-nal de Apodaca las llaves de las celdas y los acce-sos eran controladas por los malos. Uno de ellos es-taba en cada puerta, to-mando apuntes de quién

entraba y salía. El comandante en el inte-rior no era un guardia, sino un interno de-signado por los líderes de los presos. Los locutorios eran territorio tomado, con es-pías que reportaban lo que se decía en ca-da visita personal.

Todo eso lo supieron Sofía y Arturo a partir de lo que les contaba su hijo Mario Humberto Ramírez Calderón, asesinado la madrugada del 19 de febrero junto con otros 43 internos.

Arturo había solicitado el 29 de julio de 2011 que trasladaran a su hijo de 19 años al penal de Cadereyta porque estaba en peligro. Le envió una carta a Ernesto Gar-cía Guerrero, entonces comisario general de Administración Penitenciaria, en la que le decía que quería el cambio “por motivo

de soborno y golpes que me le dan. (…) Tie-ne mucho miedo mi hijo, ya que el día que estamos con él todo parece bien, y nomás nos vamos retirando del penal lo golpean y le preguntan todo, si habló mal del penal. Por favor, ayúdenos con el traslado”.

El 1 de agosto le contestaron con un oficio firmado por José Anastacio Fuen-tes Rojas, comisario de apoyo, dirigido al director del penal, maestro Gerónimo Mi-guel Andrés Martínez, que dice: “Le solici-to realice las acciones necesarias para su debida atención y remita a la brevedad in-forme escrito de lo consumado. Sin otro particular, le reitero mi atenta y distingui-da consideración”.

Los padres dicen que nada se hizo para proteger a su hijo. Hablaron con el director para que acelerara el traslado, pero les res-pondió –dice Sofía– “que era un buen cha-vo, que para qué lo trasladaban, que esta-ba bien, que no tenían problemas… y que él (el director) no mandaba adentro; que él sólo mandaba a los azules, a los uniforma-dos. No nos dijo nombres de organizacio-

nes ni de personas, no nos dijo ni zetas ni del Golfo ni alguna otra organización que esté adentro. Nomás nos dijo que manda-ban los que estaban adentro”.

Pero lo seguían golpeando y por eso decidieron “ya no moverle”, porque po-drían desencadenar más agresiones hacia el muchacho. Cada vez que iban a visitarlo había una persona sentada a su lado para escuchar lo que platicaban. Por eso Mario Humberto tenía que hablar con sus padres en susurros o con señas; les decía que se la pasaba bien, pero tenía en la nuca mo-retones que su madre veía al abrazarlo.

“Contaba que se había golpeado por-que se caía –dice Arturo–. Uno lo cono-ce. Yo le decía: ‘A ver, si estás bien, desco-bíjate’. Pero contestaba que no podía”. Él piensa que, en caso de levantarse, el oreja lo hubiera reportado a sus jefes y la con-secuencia sería una golpiza peor que las habituales.

Mario Humberto, a quien le decían El Gavilán, fue detenido el 16 de junio de 2011. Vivía con sus padres en la colonia La

LUCIANO CAMPOS GARZA

Testimonios

Deshecha por la pena, una pareja de Monterrey relata

la estremecedora historia de su hijo, quien fue ence-

rrado a la mala por federales en el penal de Apodaca,

donde recibió maltratos y extorsiones permanentes.

Su familia sostiene que no pertenecía a Los Zetas ni al

Cártel del Golfo. Aun así, el joven fue masacrado junto

con otros 43 reos en el ambulatorio Delta. Los padres

describen el poder que los capos del narco ejercen en

las cárceles donde deberían purgar sus condenas.

desde el infierno

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1843 / 26 DE FEBRERO DE 2012 17 1843 / 26 DE FEBRERO DE 2012 17

NARCOTRÁFICO / NUEVO LEÓN

Los Zetas siguen

Partidos políticos, la clase empresarial de Nuevo León,

activistas locales y la propia ombudsman estatal, Miner-

va Margarita Martínez, reprueban al gobernador Rodrigo

Medina por su torpeza política y su falta de eficacia para

enfrentar a la delincuencia en el estado. Prueba de ello

es la matanza y fuga multitudinaria de sicarios de Los

Zetas del penal de Apodaca, donde son los grupos cri-

minales los que imponen su ley. Medina culpa de estos

hechos a la federación, y el PAN le pide que renuncie.

LUCIANO CAMPOS GARZA

dueños

MONTERREY, NL.- El lunes 20, al día siguiente de la ma-sacre en la que murieron 44 reos y una treintena más se fugó, un grupo de visitado-res de la Comisión de De-

rechos Humanos de Nuevo León acudió el penal de Apodaca para comprobar las condiciones de los internos.

Un funcionario del gobierno estatal que presenció la visita asegura que los ce-ladores advirtieron a los visitantes que no podían ingresar a todas las áreas debido al alto grado de peligrosidad prevalecien-te, sobre todo en las que el autogobierno impuesto por Los Zetas y por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda auto-ridad, aun la del gobierno estatal.

Luego del ataque al casino Royale el 25 de agosto último, a raíz del cual perecie-ron 52 personas, la ejecución tumultua-ria en Apodaca es el segundo ataque más oprobioso del crimen organizado.

El mismo lunes 20, pasmado aún por los acontecimientos, el gobernador Rodri-go Medina declaró a los medios que la cul-pa era de las autoridades federales “por retacar los reclusorios estatales”, si bien es cierto que su administración ha hecho muy poco para remediar el hacinamiento

y el autogobierno en ese centro peniten-ciario y en el de Topo Chico.

Y aun cuando el vocero de Seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, in-tentó limpiar la imagen del gobierno de Nuevo León, las declaraciones de Medina detonaron las inconformidades. La presi-denta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Margarita Martínez, aliada del gobernador, pidió a las autorida-des locales trabajar en serio para “tener el verdadero control de las penitenciarías”.

El alcalde de García, Jaime Rodríguez, fue más allá. Dijo que los penales son cen-tros de consumo de droga; incluso comen-tó que a Medina le ha faltado carácter pa-

ra enfrentar al presidente Felipe Calderón y solicitarle que sea el gobierno federal el que se encargue de los reos federales.

Riña, fuga y confusión

La madrugada del domingo 19 el guardia de la torre 6 del penal de Apodaca repor-tó a dos custodios que se sentía enfermo. Cuando acudieron a auxiliarlo, fueron so-metidos por varios internos. Hasta ahora se desconoce si el celador estaba amena-zado o fue presionado por ellos.

Así empezó la trifulca en este penal, ubicado a 20 kilómetros al norte de Mon-terrey. Poco después, a las 1:13 horas, el

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durante la noche, por eso sus padres su-ponen que estaba despierto cuando ocu-rrió la masacre.

Ellos acostumbraban visitarlo los lu-nes, pero el de esa semana iba a tener un careo como parte de uno de los procesos que enfrentaba, así que anticiparon el en-cuentro para el domingo 19.

Precisamente esa mañana los noticia-rios matutinos de televisión informaron del asesinato masivo de reos en el penal de Apodaca. A las 9:00 horas Sofía y Artu-ro ya estaban afuera del penal. Era un caos de aglutinamiento, desesperación y exi-gencias de información.

Un empleado del gobierno de Nuevo León salió a decirles que pronto revelaría listas de fallecidos. Luego salió y dijo que había 40 muertos, todos del ambulatorio Delta, y que no había otros lesionados.

Entraban y salían elementos de la Fuerza Civil y federales.

A las 14:00 horas la pareja no tenía información concreta sobre su hijo. So-fía, igual que los demás familiares, exigía nombres, pero la información llegaba con exasperante lentitud.

Mientras esperaban, una persona que dijo trabajar en derechos humanos la

cuestionó: ¿por qué no había denunciado lo que ocurría adentro del penal? “Yo le di-je que, cuando detuvieron a mi hijo, le di una carta al propio gobernador en su ma-no para que checara el caso de mi hijo y viera que era inocente, y hasta ahorita no me han hablado de su parte. Por eso no me digas ahora que no hablé: lo hice y nadie escuchó”.

Los familiares de los internos, deses-perados, apedreaban los coches que en-traban o salían de la prisión. A Sofía le to-có una pedrada en la pierna.

A las 16:30 horas tenían claro que en el penal no les darían dato alguno y se tras-ladaron al Hospital Universitario, en Mon-terrey. Ahí se encuentra el Servicio Médico Forense, adonde se enviaban los muertos y lugar en que el gobierno estatal instaló una mesa de orientación.

A las 19:00 horas tuvieron que ver foto-grafías de los cadáveres deshechos. Vieron 36 antes de encontrar a Mario Humberto. A decir de Arturo, reconocieron el tatuaje de un dragón que tenía en el brazo izquierdo y los dibujos dérmicos de una mano. La ca-beza y el rostro eran irreconocibles.

“Nos mostraron las fotos y sí eran los tatuajes –relata Sofía–, pero por lo que nos

mostraron no se podía reconocer. Lo que-ría abrazar, verlo, pero el ataúd estuvo se-llado y no se pudo abrir. Sus amigos que-rían verlo en el velorio. ‘Ábralo, doña’, me decían, pero yo no quería que lo vieran. No lo iban a conocer. ‘Quédense con el re-cuerdo de la foto, porque lo que hay aden-tro no es su cara’, les dije.”

Arturo exigió ver el cadáver comple-to. “Hasta ahorita no se me hace que sea su rostro, no se me hace que es él… Pero sí eran su cuerpo y sus tatuajes. Su cabe-za estaba unida por una parte, pero estaba casi cortada. Sí era la de él. Pero al princi-pio yo les decía (a los empleados del Se-mefo) que no era su cabeza, porque es mi hijo y lo conozco”.

Se lo habían advertido: “Es muy duro lo que usted va a ver”. Pero él les contes-tó que “quería saber qué me estaban en-tregando. Lo descobijaron y sí estaba uni-da la cabeza, pero definitivamente no era la persona que yo conocía. Lo vi un día, y cuatro después me lo dejaron muy dife-rente. Y así estaban los cuerpos de todos los que nos enseñaron”.

Sofía se hace una idea de lo que sufrió Mario Humberto: “Me imaginaba a unos perros que les avientas un trozo de carne. Como que decían: ‘Ten, golpéalo tú. ¿Ya te cansaste? Ahora golpéalo tú’”.

Arturo piensa lo mismo: “No era cues-tión de matarlos, sino de destazarlos. Tu-vieron tiempo para soltárselo a 15, pienso. Y háganle lo que quieran, y otros 15 agá-rrense a otro. Porque tuvieron el tiempo”.

Unos trabajadores del DIF de Nuevo León que la atendieron afuera del Seme-fo aun se atrevieron a decirle a Sofía que el gobernador estaba de su lado. “Le di-je que al gobernador le entregué una car-ta en su mano y no me escuchó –recuer-da ella–; por eso no me digas que ahora el gobernador está conmigo. Aunque me di-gas que está de mi lado, cuando lo ocupé no estaba ahí”.

Les entregaron el cuerpo el lunes 20 y lo velaron en la casa de la madre de Sofía. Recibieron el ataúd sellado a las 7:00 ho-ras y la funeraria quería llevárselo esa tar-de, pero los padres pidieron más tiempo. Finalmente se llevaron el cuerpo 24 horas después. Ese martes lo cremaron.

Ahora piden que el nombre de su hi-jo sea reivindicado, que se castigue la corrupción de las autoridades peniten-ciarias estatales y federales, y que el go-bierno de Nuevo León contribuya a la ma-nutención de la hija de Mario Humberto.

Arturo y Sofía deben cuidar lo que les queda de familia. Otro de sus hijos, Ra-món Martín, desapareció el 13 de agos-to de 2010. Salió a comprar unas salchi-chas a la tienda, allá en La Estanzuela, y ya no apareció. Les queda otro de 12 años, al que se proponen educar para que sea “un buen muchacho”.

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1843 / 26 DE FEBRERO DE 2012 19

neral Jaime Castañeda Bravo como titular de Seguridad Pública en Nuevo León.

Presión a Medina

Desde que inició la gestión de Medina, los medios locales lo han criticado por su fri-volidad e insensibilidad política. El 4 de octubre último, por ejemplo, se le vio con su familia en las instalaciones de Disney World, en Orlando, Florida, cuando debía estar trabajando.

Meses atrás, el 23 de enero de 2011, el mandatario voló a Chicago para presenciar el juego de futbol americano entre Osos y Empacadores, aun cuando la entidad esta-ba inmersa en una “crisis de seguridad”. Y en estos días, mientras se define quiénes serán los candidatos del PRI a diputados locales y federales, el PAN estatal se lanzó contra él.

En un boletín difundido el lunes 20, Ac-ción Nacional calificó al gobierno de Medi-na de ser institucionalmente frágil y débil:

“Ante su incapacidad, insensibilidad y superficialidad públicamente demostrada en numerosos ejemplos, queremos exhor-tarlo a que nos conteste a los ciudadanos una simple pregunta: ¿Puede o no puede con el manejo del estado? Estos son tiempos de sumar, señor gobernador: si de verdad en al-gún momento le importó Nuevo León, es ho-ra de que conteste esta pregunta.”

El alcalde de García, el priista Jaime Rodríguez Calderón, ha sobrevivido a dos atentados. Cuando tenía cuatro días en el cargo Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, quien se fugó de Apodaca el do-mingo 19, ejecutó a su secretario de Segu-ridad y a sus escoltas.

Consultado sobre la matanza, dice que todo indica que Nuevo León no puede con los criminales: “La autoridad tiene que atreverse a quitar a todos los que manejan; es lo que yo haría si fuera gobernador. Los penales son centros de consumo de dro-ga muy grandes, son productores de delin-cuentes. Hay que rediseñar todo esto”.

–¿Hay un autogobierno en los pena-les? –se le pregunta.

–Ya lo vimos. El problema de los pe-nales aquí es el dinero. La federación no ha dado suficientes fondos; lo que urge es que ambas instancias –la federal y la es-tatal– se pongan de acuerdo en ese tema.

Aldo Fasci Zuazua, exsecretario de Se-guridad estatal y ahora candidato a dipu-tado federal por la alianza PRI-PVEM, ase-gura que la crisis en el penal de Apodaca se originó porque no está diseñado para alojar presos de alta peligrosidad.

Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Huma-nos (Cadhac), considera que la crisis en los penales es resultado de la impunidad con que se manejan los internos y los celadores. Dice que le llegan reportes de personas que se quejan de cobros constantes ahí. “Hasta

por dormir cobran adentro, pero las autori-dades no sancionan a los culpables”, dice.

Morales Elizondo confía en que la Co-misión Nacional de los Derechos Hu-manos investigará los acontecimientos del reclusorio apodaquense, tal como lo anunció el organismo, y dice que es mejor que eso lo haga el ombudsman nacional y no el estatal, porque tiene capacidad téc-nica y mayor libertad para hacerlo.

El miércoles 22, la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos instó al Estado mexicano a “adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares”, y le pidió “investigar y sancionar a los responsables”.

Al día siguiente, la clase empresarial arreció sus críticas contra el gobierno de Medina en rueda de prensa. Sus dirigen-tes locales señalaron que los niveles de inseguridad son alarmantes y exigieron al mandatario atender con rigor los proble-mas de la entidad.

José Mario Garza Benavides, director de la Confederación Patronal de la Repú-blica Mexicana (Coparmex); Eugenio Cla-riond Rangel y Guillermo Dillon, presiden-te y director de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), y Víctor Zo-rrilla y Miguel Treviño, presidente y direc-tor del Consejo Cívico de las Institucio-nes de Nuevo León (Ccinlac), estuvieron en ese acto.

Garza Benavides expuso: “Al goberna-dor Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad es Nuevo León, no los procesos partidistas. Le exigimos ocuparse en el trabajo que la ciudadanía le asignó, además de compro-meterse de manera que responda a la gra-vedad del problema que enfrentamos”.

Lo secundó Clariond Rangel: “Hoy es-tamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al gobierno del estado. El tema de la seguridad no se deslinda a se-cretarios ni se delega a voceros. Queremos ver al gobernador liderando y resolviendo los grandes problemas que enfrentamos, en lugar de solamente aparecer en even-tos de otra índole”.

Horas antes, en la asamblea de accio-nistas, el presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, dijo que en Nuevo León la se-guridad es mediocre:

“Hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el estado y se manifiesta de esta manera; es increíble y me lastima. En general yo diría que falta muchísimo en la capacidad (…) Tenemos mucho por hacer todavía y mientras no haya personas clara-mente capaces y responsables de las áreas de seguridad en Nuevo León no vamos a avanzar con la rapidez que debiéramos.”

La noche del jueves 23 el gobernador convocó a una conferencia de prensa en la que dijo que ya fueron identificados 10 de los agresores en la riña del penal de Apodaca.

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acceso a la torre, próxima al ambulatorio Coca, fue abierto. Por ahí salieron los 30 presos, 25 del fuero federal y cinco del co-mún, todos ellos pertenecientes a Los Ze-tas, quienes tienen el control del penal.

Uno de ellos es Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, operador de esa organización en la entidad, quien purga-ba una condena por su participación en la muerte del general retirado Juan Artu-ro Esparza García, secretario de Seguridad Pública del municipio de García, y de cinco escoltas el 4 de noviembre de 2009.

De acuerdo con las versiones recabadas por el reportero entre autoridades y familia-res de los reclusos, éstos subieron al puesto de vigilancia y se deslizaron por medio de sogas hacia el exterior, donde abordaron va-rios autos que los estaban esperando.

Aproximadamente a las dos de la ma-drugada, armados con objetos contun-dentes y punzocortantes, los del ambu-latorio Coca enfrentaron a los del Delta. Según los testimonios, no hubo una con-frontación abierta; al parecer las víctimas ya habían sido seleccionadas.

Domene Zambrano declaró que los muertos eran del CDG. Los cuerpos muti-lados fueron colocados en un rincón que servía de criadero de cabras. Una hora más tarde, cuando había concluido la matanza, alguien dio la voz de alerta. Los primeros en llegar fueron los agentes de la Fuerza Ci-vil del estado y los de la Policía Federal.

Para las nueve de la mañana del do-mingo 19, familiares de los internos acu-dieron al penal a pedir información acer-ca del amotinamiento; algunos lanzaron piedras contra los uniformados, sobre to-do contra los de la Fuerza Civil, que custo-diaban el enrejado de la entrada.

En medio del caos, el gobierno de Nuevo León instaló una mesa única de orientación a los familiares en el Servi-cio Médico Forense, ubicado en el Hospital Universitario de Monterrey, donde fueron trasladados los cuerpos.

Al día siguiente, Medina organizó una

conferencia de prensa en la que se de-dicó más a exaltar los logros de su go-bierno. Dijo que de 2009 a la fecha en la entidad se ha consignado a 8 mil 500 de-lincuentes, la mayoría por delitos federa-les, y culpó a la federación de los males que le ocurren a Nuevo León, en particular por el sobrecupo de internos federales que, ex-puso, fue lo que causó el homicidio masivo.

Medina afirmó que la evasión fue pro-ducto de una traición del personal inter-no, pues su administración había compro-bado que Los Zetas controlaban el penal tras haber comprado con cuotas a directi-vos y a los custodios.

Incluso cesó a Ernesto García Guerrero, comisario de la Agencia de Planeación Pe-nitenciaria; mientras que Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del penal, así co-mo el subdirector, Juan Hernández Hernán-dez, y el jefe de Seguridad, Óscar Deveze Lau-reano, permanecerán arraigados en tanto se investiga su presunta participación en los hechos. El mandatario anunció que 26 de los 70 custodios también serán interrogados.

Los reporteros le preguntaron por qué había contratado a Andrés Martínez, toda vez que en 2009 fue destituido como titu-lar del penal de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, por corrupción. Medina respondió que lo hizo porque “aprobó las pruebas de confianza”.

La tensión aumentó. El martes 21 en el penal de Topo Chico fueron asesinados con armas blancas los reclusos Alán Josué González Rojas, de 24 años; Jorge Eduardo González Salas, de 32, y Dewin Vianey Ro-jas Martínez, una mujer de 28 años; todos ellos relacionados con el CDG. Habían in-gresado al penal el día anterior.

El martes 21 por la noche el traslado de tres internos federales vinculados a Los Ze-tas –Marcos de León Quiroga, alias El Chabe-lo; Mario Andrés Alcorta Ríos, El Junior, y Jo-sé Francisco Gámiz Vega, El Extraño– provocó nuevos disturbios dentro y fuera del cen-tro penitenciario de Apodaca. En el inciden-te cuatro internos fueron lesionados; uno de

bala y los demás con armas punzocortantes.Al día siguiente el gobernador tuvo dos

actos públicos. En el del Centro Internacional de Negocios (Cintermex) dijo a los reporteros que los sistemas de seguridad de los penales de Topo Chico, ubicado al norte de Monterrey y con una población de 4 mil 500 internos, así como el de Cadereyta, 40 kilómetros al orien-te de esta capital y ocupado por mil 100 pri-sioneros, se habían reforzado.

También declaró que el estado cuenta con mil 100 celadores y que el déficit para los tres centros de reinserción social es de 4 mil. Consultado al respecto, un funciona-rio que pidió omitir su nombre dice que sólo 20% de los trabajadores penitenciarios han sido sometidos a exámenes de confianza.

El diputado local priista Héctor Gutiérrez de la Garza hace sus propios cálculos y res-ponsabiliza al gobierno federal de la sobre-población penitenciaria en la entidad. Dice que son ya 8 mil 862 los internos en los tres centros, si bien la capacidad es para 6 mil 108; de ellos, asegura, 2 mil 254 son federales.

De acuerdo con el legislador, el estado resolvería su problema de internamiento de prisioneros del fuero común si se cons-truye un penal en Mina, 50 kilómetros al oriente de la capital, que podría tener un cupo para 2 mil 300 personas.

Su correligionario Raymundo Flo-res presentó recientemente un punto de acuerdo en el Congreso local para pedir a la Secretaría de Seguridad Pública fede-ral (SSP) que se haga cargo de los presos que le corresponden, o que convierta el de Apodaca en un penal federal. Su moción fue aprobada por el pleno.

Luis Farías, presidente del partido lo-cal Cruzada Ciudadana, se sumó a los re-clamos contra la federación y señaló que es tiempo de que se haga cargo de todas las penitenciarías del país, porque es la única instancia con poder para solucionar esta emergencia nacional.

El miércoles 22, el titular de la SSP, Ge-naro García Luna, respondió al gobernador en una entrevista radiofónica que el pro-blema de las fugas masivas en los estados se debe a la corrupción, no a la sobrepobla-ción, como alega el nuevoleonés. Recordó incluso que cinco entidades –Distrito Fede-ral, Estado de México, Jalisco, Baja Califor-nia y Sonora– concentran casi 50% de los internos estatales y federales.

“Ahí no ha habido ningún incidente de este tipo –expuso García Luna–. Es decir, no corresponde que la variable donde hay fugas sea por la perspectiva de la sobrepoblación. En todas las fugas no ha sido porque tiren una pared o entre un comando por ellos, sino porque siempre hay alguien que los libera.”

El viernes 24 por la tarde García Luna anunció que el general retirado Javier del Real Magallanes, quien hasta 2010 fue co-mandante de la Cuarta Región Militar con sede en Escobedo, sustituía al también ge-

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Familiares de los presos. Indignación

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cados en el corredor petrolero Coatzacoal-cos-Acayucan, en el sur de Veracruz.

Cuenta que lo plagiaron en pleno cen-tro de esta ciudad. “Ese día”, recuerda, “to-mé mi camioneta y fui al pueblo a dar una vuelta, como siempre lo hacía; de pronto me interceptaron esas personas y me lle-varon a la fuerza”.

–¿Qué le dijeron? –se le pregunta.–¿Qué me van a decir? Lo que le dicen

a la gente que secuestran. Que cooperara o me mataban. Me llevaron a dar vueltas y más vueltas. No sabía ni dónde estaba porque me vendaron los ojos y me golpea-ron. Luego me llevaron a una casa y ahí es-tuve tres días. Querían que les diera dine-ro, que le dijera a mi esposa que llevara una cantidad y se las entregara para que me dejaran libre.

–¿Cuánto le pidieron? –No quiero hablar de ese tema.–En otros casos han exigido hasta 5

millones de pesos…–Fue menos. Pero perdí lo más impor-

tante de mi vida: mi tranquilidad. Ya na-da es igual.

En medio de la constante amenaza de muerte, siempre encañonado, los plagia-rios le exigían el dinero para dejarlo libre. Pero había un problema: su esposa no tenía acceso a su cuenta bancaria. Reyes negoció con Los Zetas: les pidió que lo liberaran y se comprometió a liquidar el pago tan pron-to reuniera el dinero. Sus plagiarios acepta-ron pero le advirtieron que si no pagaba, los matarían a él y a toda su familia.

Una vez liberado le contó lo ocurrido sólo a su esposa. Luego vendió unas vacas, pidió prestado, dispuso de lo que tenía en una cuenta bancaria y finalmente pagó. Pe-ro la pesadilla no terminó ahí. Los Zetas le exigieron que les entregara el rancho, loca-lizado a un kilómetro y medio de su casa. No se pudo negar.

–Sólo te pedimos que no vuelvas al ran-cho, que no te pares por ese lugar –le dijeron.

Reyes accedió.–¿Por qué no denunció el secuestro

y el despojo del rancho? –le pregunta el reportero.

–¿Para qué? Aquí no hay justicia para nadie. Más iba a tardar en denunciar que ellos en saberlo y mi vida vale más que lo que tengo. Les di el rancho porque pensé que así podía vivir tranquilo con mi fami-lia. Es un ranchito de 10 hectáreas donde tengo un ganadito, ya no mucho porque to-do se ha ido acabando; pero yo sólo pensa-ba en mí, en mis hijos y mi esposa, y lo de-más no me importó.

–¿Desconfiaba de las autoridades?–Sí. Aquí ya no sabe uno quiénes son

los buenos y quiénes los malos. Sólo Dios sabe y a él me encomiendo todos los días.

Reyes cuenta que al paso de los días comenzó a observar que de día o de noche vehículos con gente armada y encapucha-

da entraban y salían del rancho que, su-pone, les servía de refugio. Ahí sólo vivía un matrimonio, dice el ganadero, que cui-daba la propiedad; pero no aguantaron las presiones, se asustaron y se fueron.

“A veces pasaban seguido por aquí y en ocasiones tardaban varias semanas en re-gresar. Desde mi casa yo veía que pasaban y pasaban vehículos y suponía que eran ellos. Yo no me quise enterar de nada y hasta la fecha no me he parado por el rancho.”

–¿Qué suponía usted que hacían ahí?–Que se escondían. No me quise ente-

rar porque durante todo un año y medio no se metieron conmigo y así vivía tranquilo.

–¿De verdad vivía tranquilo?–Bueno... más o menos tranquilo; no se

puede vivir tranquilo en medio de todo esto. Uno nunca sabe cuándo van a venir a ma-tarlo a uno, pero pensaba que ya no se iban a meter conmigo y yo, la verdad, me desen-tendí del rancho y me olvidé del predio.

Asegura a este semanario que no de-nunció los hechos ni piensa denunciarlos ante las autoridades porque no tiene con-fianza en la justicia.

Se autodefine como una “persona de trabajo que suele ayudar a la gente” y nie-ga estar ligado al crimen organizado, aun-que reconoce que después de su secuestro ya carga con la mala fama de estar metido en el narco y todo esto ha surgido –reco-noce– sólo “porque a veces ayudo a la gen-te, le regalo un poco de carne”.

Reyes es propietario de varias carnice-rías en Acayucan. Cada fin de año y cada 10 de mayo suele matar unas 15 vacas pa-ra vender el kilo de carne a 20 pesos o re-galar alimentos a la gente que lo necesita.

“Esto lo he hecho porque me siento bien dándole alimento a la gente pobre, pero esta decisión me ha acarreado mu-chos problemas. Un día me vinieron a ver los marinos y me llevaron a un cuartel. Me

preguntaron si yo era narco. Les dije que no, que sólo ayudo a la gente que lo necesi-ta. Y me dijeron que eso que yo hacía tam-bién lo hacían los narcos.

“Y por hacer un bien salí hasta perju-dicado, porque mucha gente ahora pien-sa mal de mí, aunque aquí en el pueblo también hay muchas personas que me es-timan. Soy muy conocido aquí porque pa-trocino equipos de futbol, beisbol y, la ver-dad, son buenos equipos.

“Como le digo, yo no tenía problemas. Aquí se vivía muy bien. Todo eso de los se-cuestros y matanzas sólo lo veía en la tele-visión y en los periódicos, pero jamás pen-sé que esta pesadilla fuera a llegar hasta acá. Hoy ya no se puede hacer nada. Aquí no hay seguridad más que la que Dios le da a uno y para eso hay que pedirle todos los días, porque uno se puede acostar tranqui-lo pero no sabe si va a amanecer vivo.

–¿Conoce usted otros casos como el suyo en la zona?

–Se oye hablar mucho de eso por aquí y no sé ahora. Eso ya tiene un buen rato, como año y medio o dos años que se des-compuso la cosa, y feo. Pero nada más se oye el ruido, yo no sé de nadie en particu-lar. Ahora parece que se está medio com-poniendo esto con la llegada de los mari-nos, que andan por todos lados; vamos a ver cómo termina todo esto porque, no se crea, está muy mal.

“Cocinados” y calcinados

René Reyes pensaba que con la entrega del rancho La Poma Rosa los sustos y las sorpresas habían llegado a su fin. Pero se equivocó. En realidad Los Zetas que lo pla-giaron no sólo usaban el predio como casa de seguridad, sino como cementerio.

En ese sitio fue enterrado un número aún no precisado de personas, hasta aho-

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“Los narcos deshacían a las víctimas”

NARCOTRÁFICO / VERACRUZ

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Los primeros días de este mes se descubrieron varias

fosas con los restos de al menos 14 personas asesi-

nadas por Los Zetas en un predio de Acayucan, Vera-

cruz. Capturado poco antes del hallazgo, el jefe de los

sicarios en esa sureña región de la entidad, El Pollo H,

confesó los crímenes sin empacho; pero resulta que el

predio donde estaban las fosas clandestinas tiene un

dueño, al menos nominalmente: un ganadero que se

vio forzado a abandonar la finca para salvar su vida

y la de su familia, y sobre el que ahora se ciernen las

sospechas.

ACAYUCAN, VER.- “Yo soy gente de trabajo y me sigo preguntando por qué me pasó esto tan horri-ble. Se robaron mi tranquilidad y temo que un día vengan y me maten. Esta gente ya no respe-

ta nada. Hoy les pagas y al rato vienen y masacran a toda tu familia. Así no puede uno vivir tranquilo.”

Habla René Reyes Ramírez, ganadero y dueño del rancho La Poma Rosa, a dos ki-lómetros de esta cabecera municipal. Si-carios del cártel de Los Zetas lo secuestra-ron y luego lo despojaron de su propiedad para usarla como cementerio clandestino.

En entrevista con Proceso, René Reyes narra lo que padeció hace un año y me-dio, cuando lo secuestró “un grupo de en-capuchados” que, según se supo después, eran sicarios al servicio de Los Zetas afin-

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RICARDO RAVELO

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ra no identificadas, presuntamente po-licías municipales de Acayucan, sicarios que traicionaron a la organización delic-tiva o víctimas que no pagaron su rescate.

El tema de los entierros clandestinos salió a la luz entre el domingo 5 y el mar-tes 7 de febrero cuando fue detenido Juan Francisco Alvarado Martagón, El Pollo H, identificado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz como líder de Los Zetas en el sur del estado.

Según las autoridades, este hombre era el artífice de muertes y secuestros en esa re-gión ganadera, y su detención ocurrió cuan-do a bordo de un vehículo sin placas inten-tó evadir un retén a la entrada de Acayucan.

El Pollo H fue llevado a la Agencia Se-gunda del Fuero Común de la PGJ con se-de en Acayucan, donde se integró la averi-guación previa ACA/1/123/2012.

En el interrogatorio confesó ser miem-bro de Los Zetas y jefe de Los Halcones en la zona sur del estado. También dijo que en el rancho La Poma Rosa habían ente-rrado a 15 personas.

Con base en estas declaraciones las autoridades estatales y un equipo de peri-tos acudieron al predio, aún propiedad de René Reyes Ramírez, donde El Pollo H seña-ló los lugares en los que estaban enterra-dos los cuerpos. Los peritos excavaron y comenzaron a extraer restos humanos en descomposición.

Se hicieron 20 excavaciones de donde extrajeron los restos casi completos de 14 personas, aunque el número de enterrados clandestinamente podría ser mayor: en el fondo de las fosas excavadas se observó una sustancia blanca que hizo sospechar a los peritos de la procuraduría que los si-carios cocinaban a sus víctimas; es decir, las deshacían con ácido o sosa cáustica. Había también restos de cadáveres quemados.

Los peritos no han podido identificar a nadie hasta ahora, pero trascendió que

entre los 14 cuerpos que extrajeron están los que presuntamente corresponden a tres policías municipales –María del Car-men Domínguez Cadena, Ceferino Santia-go Jiménez y uno más apodado El Palillo. Los dos primeros desaparecieron en junio de 2010 luego de participar en un operati-vo para recuperar un taxi robado.

También se cree –aunque las autorida-des estatales no han podido confirmarlo– que ahí podrían estar los restos de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Cuco, de 17 años, reportero del diario local El Mañane-ro y desaparecido en este municipio desde el 17 de septiembre de 2011.

Los despojos fueron trasladados al Servi-cio Médico Forense de Minatitlán, donde aún está en curso el proceso de identificación.

Bajo sospecha

–¿Qué pensó cuando supo que su rancho servía de cementerio de Los Zetas? –se le pregunta a René Reyes.

–No lo podía creer.–¿Usted sabía de esos entierros clan-

destinos?–¡Para nada! Ni he ido al rancho desde

que me lo quitaron. A mí me dijeron: “No te pares por el rancho”. Y no he ido ni iré has-ta que un sacerdote venga a hacer una mi-sa. Ese lugar está perdido. Creo que con todo lo que pasó ni lo podré vender. ¿Usted cree que alguien pueda vivir tranquilo ahí?

–¿Lo interrogó la PGR sobre lo ocurri-do? ¿Le notificaron que su rancho podría quedar asegurado?

–A mí no me vino a ver nadie. Los ma-rinos vinieron a verme dos o tres veces, me llevaron a un cuartel y me interrogaron. Les conté todo lo que me pasó y cómo me pasó y eso fue todo. No me han dicho que el rancho está asegurado ni nada.

“Yo ya no quiero problemas, todo esto me ha perjudicado mucho y lo que deseo es vivir tranquilo con mi familia. Y aquí la voy pasando, vivo el día como Dios me lo presenta y eso es todo.”

–¿Ha pensado irse del pueblo?–¿A dónde voy a ir? Sólo sé trabajar la

tierra y criar ganado. Aquí me voy a que-dar. No tengo por qué ir a otro lado a dar lástima. Sé que estamos viviendo una dura crisis, tengo 48 años y siento que me que-dan muchas fuerzas para seguir trabajan-do y salir adelante.

“Esto fue como una maldición, y créa-me usted que no se lo deseo a nadie. Le ro-ban a uno la tranquilidad, el sueño, la vida. Después de lo que viví ya no se puede vi-vir en paz.”

–¿A qué le teme?–A la muerte. Tengo mucho miedo de

que esas gentes (Los Zetas) vengan otra vez y me maten con mi familia.

–¿Ha pedido apoyo a las autoridades para que le den seguridad?

–No.–¿Por qué?–No confío en nadie. Así está mejor.

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Peinando el rancho

El cementerio clandestino

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En octubre Julián LeBarón mandó la primera señal de

inconformidad al ausentarse del segundo encuentro

con el presidente Calderón. Pero no fue sino hasta el

viernes 24 cuando envió una carta a sus compañe-

ros del Movimiento por la Paz, que encabeza Javier

Sicilia, para comunicarles que lo dejaba porque no

está de acuerdo en que dialogue con el gobierno y los

partidos y les exija soluciones. Dice a Proceso: “Estoy

dispuesto a participar en el movimiento, con cualquier

ciudadano que adopte una actitud de accionar”.

lectura muy reducida y quizás eso obede-ce a que (LeBarón) está en Chihuahua y desde allá no se ven las cosas igual. Des-de allá, por ejemplo, no toma en cuenta la campaña ‘En los zapatos del otro’, que se construye desde la sociedad y las víc-timas”, dice.

El exombudsman capitalino relata que después del diálogo con el presidente Fe-lipe Calderón y con el Poder Legislativo se avanzó en la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia y en el reconocimiento de 15 casos consigna-dos de desaparecidos en Nuevo León.

Al igual que Sicilia, considera que no cree que la salida de Julián LeBarón ten-ga un impacto negativo en el movimiento. “Lo vamos a extrañar, pero las comisiones y los trabajos tienen su ritmo. Vamos a se-guir trabajando por la paz y las víctimas, y aunque él no vaya en el mismo barco, sa-bemos que vamos por el mismo camino”.

Fines políticos

Casi siempre de botas, pantalón vaque-ro y camisa a cuadros, Julián LeBarón se convirtió en uno de los referentes del Mo-vimiento por la Paz con Justicia y Digni-dad al que dio vida el poeta Javier Sicilia en abril de 2011, luego del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia y otras seis per-sonas en Cuernavaca, Morelos.

Constructor de casas en Chihuahua, Julián se sumó de inmediato a esa organi-zación como una más de las víctimas de la violencia del crimen organizado y la gue-rra declarada por el presidente Calderón al narcotráfico desde diciembre de 2006.

En 2009, su hermano Benjamín y su cuñado Luis Widmar fueron asesinados por un grupo de secuestradores que un año antes habían plagiado a Eric, otro de sus hermanos de sólo 17 años. Los delin-cuentes dejaron una manta en la que de-

cían que las ejecuciones eran en represa-lia por el activismo de Benjamín y Luis.

Desde entonces, Julián LeBarón y su familia comenzaron con su activismo en demanda de justicia, hasta que se unió al movimiento liderado por Javier Sicilia. La mañana del 6 de mayo de 2011 enarboló una bandera nacional y al lado de Sicilia inició en Cuernavaca la marcha de la paz hacia la Ciudad de México.

A partir de entonces, asistió a las prin-cipales acciones del movimiento: estuvo en las caravanas del norte y sur; también en el primer diálogo con Calderón del 23 de junio de ese año, aunque ya no asistió al segundo encuentro con el presidente, el del 11 de oc-tubre, en el Castillo de Chapultepec. Esa fue la primera señal de su desacuerdo.

“Ya no fui al segundo diálogo porque me di cuenta de que era un desperdicio de esfuerzos. Si (Calderón) quisiera resolver el problema, ya lo hubiera hecho, pero no puede porque es imposible hacerlo con la misma herramienta, con la misma filoso-fía que crea el problema: la violencia”, co-menta LeBarón.

El líder mormón confía en que su salida no tenga efectos negativos para los demás integrantes del movimiento: “Mi decisión no es para hacerle daño a nadie, es para poner en claro mi posición. Desde un prin-cipio acordamos que (la organización) no iba a utilizarse para fines políticos y creo que ha habido mucho de eso. Yo no quiero participar así”.

–¿Puede precisar esta idea?–¡Claro! Cuando el movimiento exige

a Estados Unidos que deje de mandar ar-mas a México, estamos pidiendo algo abs-tracto; no creo que vaya a funcionar. Me parece que pone a las víctimas en una po-sición de porristas para un régimen, pa-ra ciertos fines políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso.

Dice que le incomoda que se le tome

como bandera en la caravana en territo-rio estadunidense que Sicilia prevé reali-zar en agosto próximo para exigir un alto al contrabando de armas.

“Mira, esa caravana es para exigir a los estadunidenses que dejen de mandarnos armas; creo que eso no resuelve nada. Si las armas fueran el problema, entonces Estados Unidos sería el país más insegu-ro, el más violento y tendría el nivel de se-cuestros más alto del mundo.”

E insiste en que enfocarse en ese tipo de demandas es hacerle el juego al sistema que ha propiciado el clima de violencia y muer-te en el país. “Me parece que ésta no es una forma efectiva de hacer las cosas. Creo que el gobierno es una buena herramienta pa-ra la comunicación social, pero no lo es para asuntos morales o económicos”.

Muestra de ello, argumenta, es que el gobierno calderonista nos ha dejado 60 millones de pobres y desde que el presi-dente declaró la guerra al crimen organi-zado tenemos 60 mil muertos y más dro-gadictos que nunca.

–¿Esencialmente es ésa su diferencia con el movimiento, la demanda de que Es-tados Unidos deje de vender armas?

–No sólo esa, hay otras más. Yo me he fijado en eso desde un principio y he llega-do a la conclusión de que no puedo seguir apoyándolo. Tampoco me gustó esa idea de la reforma política y algunas otras co-sas más que se han planteado. Yo no creo que nuestro sistema político vaya a cam-biar así; tiene que haber un cambio de fon-do, y para eso hay que ver dónde se contra-dice y dejar de apoyarlo.

–¿Por dónde cree entonces que vaya el camino?

–Precisamente por la organización ciu-dadana, por gente que ya no está esperan-do que llegue Quetzalcóatl, el mesías o el cuadillo, y asume la responsabilidad de cambiar por sí mismo su destino.

Insiste: “Creo que esta idea de delegar el poder a las autoridades que no funcio-nan no está bien. Hace unos días el presi-dente puso un anuncio en la frontera para decir que no quiere más armas de Estados Unidos, aunque de manera simultánea en Coahuila se descubrió que el Ejército ha si-do corrompido por el crimen organizado”.

–¿Observa usted que el movimien-to se está inclinando hacia un partido o candidato?

–No es tanto eso, como que tiende a esperar que el gobierno resuelva nuestros problemas. La idea de educación universal y seguro social, por ejemplo; no creo que resuelvan las cosas, porque forman parte de un sistema criminal que ve a las perso-nas como objetos. Eso es lo que se necesita cambiar de fondo. Si no se hace, nunca va-mos a salir de este precipicio.

–¿Hay una supeditación hacia la clase política y gobernante?

VIOLENCIA SOCIAL

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Por considerar que el Movimien-to por la Paz con Justicia y Dig-nidad está siendo utilizado con fines políticos al recurrir al go-bierno y los partidos para resol-ver el problema de la violencia

que azota el país, Julián LeBarón, una de sus principales figuras junto con Javier Si-cilia, decidió separarse de él.

Poco antes de anunciar su decisión, el agricultor y constructor chihuahuense co-menta a Proceso: “Yo estoy dispuesto a participar con el movimiento siempre que las víctimas y los ciudadanos podamos re-solver nuestros propios asuntos. Lo que ya no quiero es que se utilicen mis esfuerzos, mi nombre y mi dolor para estarle exigien-do al gobierno y a los partidos resolver algo que no pueden”.

Comenta al reportero que habló con Ja-vier Sicilia para anunciarle de su decisión y asegura que el poeta estuvo totalmente de acuerdo: “Yo respeto mucho a Javier, es co-mo un padre para mí, lo considero un gran líder. Le dije que estoy dispuesto a partici-par en el movimiento, con cualquier ciuda-dano que adopte una actitud de accionar… Pero creo que exigirle a las autoridades só-lo es estar reaccionando; desde la reacción no podemos lograr nada”.

Aclara que no se va del movimiento por problemas personales, sino por una diferencia de posiciones ideológicas y mo-rales; e insiste en que está dispuesto a se-guir colaborando, siempre y cuando no haya de por medio algún interés político:

“No, yo no tengo ningún problema con las personas del movimiento ni tampoco problemas con los políticos como perso-nas. En lo que me estoy enfocando es en los principios, en las ideas.”

Consultado al respecto, Sicilia asegu-ra que durante un encuentro con LeBarón en la casa del poeta en Cuernavaca le expu-so que no estaba de acuerdo con sus argu-

LeBarón pinta

su raya ante Sicilia

JOSÉ GIL OLMOS

mentos, y tras recomendarle que no hiciera pública su decisión, le dijo que la respetaba.

Sicilia considera errónea la aprecia-ción de LeBarón respecto del uso políti-co del movimiento. “Se equivoca –dice–. Nunca ha habido intereses políticos en sentido partidista. El movimiento es polí-tico en el sentido de la polis, de la partici-pación ciudadana, pero no partidista. De hecho hay que recordar que rechazamos las candidaturas que nos ofrecieron”.

Sicilia se muestra asombrado por la decisión de LeBarón, quien le envió una carta el viernes 24, sobre todo porque, di-ce, lo hizo en un momento en el cual el movimiento busca fortalecerse para sen-tarse a dialogar con los candidatos a la

Presidencia de la República. No obstante, confía en que esa decisión no impacte al movimiento de manera negativa.

LeBarón, líder de una comunidad mor-mona que su numerosa familia fundó en el municipio de Galeana, Chihuahua, par-ticipó más en las marchas y caravanas, no tanto en la organización interna ni en la planeación del movimiento, puntualiza Sicilia, y reitera que seguirá teniendo las puertas abiertas para que colabore como él quiera. De manera similar se expresa Emilio Álvarez Icaza Longoria, otro de los representantes del movimiento:

“No coincido con eso de que el movi-miento ha centrado sus acciones sólo fren-te al gobierno. Me parece que esa es una

Ger

mán

Can

seco

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que sólo el Estado mexicano puede proveer. No están en prisión porque compran protec-ción, pagan aparatos judiciales, corrompen corporaciones policiacas y gozan de corte-sías oficiales.

Durante los últimos seis años, en nues-tro país los cárteles de la droga se han tripli-cado. De 12 organizaciones criminales en 2006 hoy se cuentan 28. El poderío del Cár-tel de Sinaloa es reconocido por autorida-des y medios de Estados Unidos, y la vio-lencia cruenta de Los Zetas es motivo de estudios en la República y allende las fron-teras mexicanas. Las autoridades federales –el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa– encargadas de facto del combate al narcotráfico y el crimen organizado, han fallado en su estrategia de guerra. La prueba son los más de 60 mil ejecutados hasta no-viembre de 2011, los cientos de secuestra-dos. Los 69 periodistas asesinados. Los 12 comunicadores aún desaparecidos.

Melvin Gutiérrez Quiroz, el que tiene la intención de acabar con el periodismo de investigación de Zeta a partir de un crimen, es uno de esos prófugos de la justicia sin or-den de aprehensión. Al menos en México no cuenta con una.

Sirvió entrando al CAF en la célula de Gustavo Rivera, El P1, quien a su vez se inició como escolta de Enedina Arellano Félix. Otra integrante del cártel que no interesa a las au-toridades mexicanas ni a las estadunidenses.

A la detención de El P1, Melvin Gutié-rrez Quiroz, alias El Melvin, El Camacho y El Marino, entre otros, permaneció cerca de la mafia Arellano. Recientemente, ante la llega-da de elementos del Cártel de Sinaloa a Ti-juana, refrendó su posición como uno de los hombres fuertes de El Ingeniero.

En Zeta hemos dado cuenta, a partir de investigaciones especiales realizadas por un calificado equipo de reporteros y editores, de las actividades ilícitas de los narcotraficantes asentados a fuerza de corrupción y amenaza en territorio bajacaliforniano. El Melvin no ha sido la excepción. Lo ubicaron oficialmente en la restructuración del Cártel de los Arella-no Félix, y en la reorganización de los hom-bres del barrio Logan en tierra mexicana.

Desde esa posición ha trasegado droga, encabezado a distribuidores y narcomenu-distas. Arropado a asesinos y homicidas. Es parte de una de las estructuras que pelean calles y avenidas de Tijuana. Que contribu-yen a la muerte y la perdición de las drogas.

Así se ha informado, con sustento en expe-dientes, reportes de inteligencia, fotografías y documentos que en el Consejo de Seguridad del Estado son parte de una investigación.

La fotografía de Melvin Gutiérrez Qui-roz la hizo pública la DEA. Las autoridades mexicanas la replicaron para su publicación y distribución. También la de su hermano Benjamín Gutiérrez Quiroz, que le entró al negocio de la droga como quien se dedica a mantener el patrimonio familiar.

Es evidente –por la amenaza– que el pe-riodismo de Zeta es incómodo a los del ba-rrio Logan. Lo mismo el trabajo de las au-toridades que en San Diego y Tijuana los persiguen.

Nosotros, como en el pasado, ante la impunidad nos queda la publicación. El ejer-cicio de nuestra libertad de expresión y el derecho del lector a estar informados es lo que nos sostiene.

A las autoridades corresponde investi-gar, capturar, procesar y sentenciar a los cri-minales, a los prófugos de la justicia, acabar con la impunidad. Nuestro compromiso es informar. Y esto, es lo que sucede.

Directora general del semanario Zeta de Tijuana.

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–Sí. Pero es más que eso. Siento que queremos resolver el problema de la vio-lencia con las mismas herramientas que crearon el problema. Para un cambio ver-dadero necesitamos una conciencia social que reconozca que todos los seres huma-nos somos iguales. Los políticos nos ven como ganado, como objetos de sus experi-mentos. Yo no quiero ser eso.

Por un movimiento ciudadano

Julián LeBarón relata que aún tiene pre-sente el día de abril de 2011 en que Javier Sicilia emplazó a las autoridades de More-los a que presentaran a los responsables de la muerte de su hijo en 13 días; de lo contrario, les dijo, tendrían que presentar su renuncia.

Cuenta que le pareció que por fin la ciudadanía estaba asumiendo la responsa-bilidad de resolver sus propios problemas: “Por eso me uní al movimiento y también porque después de eso nos fuimos por to-do México a mover conciencias. Ese aspec-to de la caravana me pareció muy positivo, pero cuando nos sentamos con las autori-dades más falsas del Estado para exponer nuestras inconformidades, ya no me gus-tó… Así no se puede resolver el problema de la violencia”.

A diferencia de Sicilia y de Álvarez Ica-za, LeBarón piensa que no tiene caso se-guir buscando el diálogo con las autorida-

des, porque forman parte de un sistema “criminal” que realiza “actos dañinos de gran irresponsabilidad”.

–¿Tiene usted la idea de formar otro movimiento?

–Antes de que conociera a Javier yo ya era parte de uno. Eso es lo que me impulsó a marchar y participar con el Movimien-to por la Paz con Justicia y Dignidad, por-que observé que ellos estaban haciendo efectivo lo que pienso: que los ciudadanos empezaran a tomar el control de su pro-pio destino.

–¿Cómo ve las acciones del movimiento?–Para que pueda justificarme, ten-

go que hacer las cosas en las que creo. Yo respeto y quiero a toda la gente del movi-miento, no creo que tengamos diferencias en los fines, pero creo que es importante ser claros en nuestra posición.

–Los medios que propone el movi-miento son la resistencia civil pacífica, los diálogos con el gobierno, ¿en eso no está de acuerdo?

–No estoy de acuerdo en que se busque al gobierno para que resuelva nuestros problemas, porque no puede. ¡Es como querer reparar un auto con un serrucho!

Y pone un ejemplo: “Hace como dos semanas el presidente mandó el Ejército a Ciudad Juárez con maquinaria para re-construir el tejido social. Nada más veo eso, camiones llenos de soldados armados, y digo: es como mandar a cirujanos a ope-

“Y a los andan correteando. Los traen cortitos”, señaló la voz al otro lado del teléfono.

Inmediatamente sentenció: “Quieren darles un chingadazo”.

No de manera directa, pero sí en forma de aviso, llegó la amenaza.

A los que anuncian traer “cortitos” son a los editores de Zeta. Refieren con esa pala-bra, que los han seguido. Los han ubicado.

A la pregunta de quién es el hostigador, el anónimo interlocutor dijo sin preámbulo ni regateo: El Melvin. Se refirió así a Melvin Gutiérrez Quiroz, un hombre extraído de los fondos del barrio Logan en San Diego, Ca-lifornia, por miembros del Cártel de los Are-llano Félix (CAF).

Integrante del brazo armado de esa or-ganización desde inicios de la década de los noventa, Gutiérrez Quiroz sirvió a Ramón Arellano Félix, a Francisco Javier Arellano Félix, y cuando el primero fue asesinado y el

segundo aprehendido en 2002 y 2006, res-pectivamente, se quedó en el organigrama de la mafia comandada por Fernando Sán-chez Arellano, El Ingeniero.

Identificado ahora como cabeza de una célula criminal en Baja California, Melvin Gutiérrez Quiroz fue identificado por la DEA en 2009 en el afiche de búsqueda de miem-bros de la organización criminal Arellano Fé-lix. Aún sin una recompensa por información que lleve a su captura, los norteamericanos habilitaron números especiales (01-800-720-7775 y 001858-277-4215) y un correo electrónico (afotips@usdoj.gov), para recibir datos que puedan ayudar a la detención de ése y otros delincuentes.

Autoridades mexicanas confirmaron que Gutiérrez Quiroz pertenece todavía al CAF que comanda Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.

La amenaza al semanario Zeta proviene de esa estructura criminal.

“Zeta” denuncia amenazasADELA NAVARRO BELLO *

Desafortunadamente no es la prime-ra ocasión que un anónimo interlocutor in-forma de intimidaciones a personal de este semanario. En el pasado inmediato fuimos alertados de las malas intenciones de otra célula perteneciente al mismo cártel. Hoy aquellos que planearon atentar contra noso-tros, están tras las rejas. Detenidos unos por elementos del Ejército Mexicano, por la Poli-cía Municipal otros.

En México el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, se lleva a cabo aun contra las presiones de los inte-grantes del narcotráfico y del crimen organi-zado, personas que gozan de la impunidad

rar corazones con motosierras. Las cosas no jalan de esa manera”.

–¿Está de acuerdo con las acciones de resistencia civil pacífica?

–Yo no creo en la violencia de ninguna forma. Creo que en el momento en que se levanta un arma para cualquier causa, esa causa ya está perdida.

Tomada su decisión de salir del Movi-miento por la Paz con Justicia y Dignidad, Julián LeBarón refiere que por el momen-to piensa terminar un documental, Encen-der el corazón, en el que aborda la violen-cia en México.

Dice que incluso planea realizar una gi-ra por el país para promover la cinta y ha-blar de las causas de la violencia. “No más odio, no más rencor, no más política”, dice el dirigente mormón, cuya religión consi-dera la compasión como elemento funda-mental para salir del atolladero.

–¿Reiniciaría sus propias acciones ciudadanas?

–Sí, eso es lo que quisiera hacer, parti-cipar con cualquier movimiento. Me gus-taría impulsar a todos los ciudadanos para que hagan lo mismo: luchar por las cosas en las que verdaderamente creemos.

–¿Qué le propondría a la gente?–Más que nada que estemos conscien-

tes de que cada una de nuestras acciones afectan al resto de la humanidad para siem-pre, que debemos ser conscientes de que, actuemos o no, eso afecta a los demás.

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