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Guillaume FontaineMicroconflictos ambientales y crisis de gobernabilidad en la Amazona ecuatoriana

Iconos. Revista de Ciencias Sociales, nm. 21, enero, 2005, pp. 35-46,Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Ecuador

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Iconos. Revista de Ciencias Sociales,ISSN (Versin impresa): 1390-1249revistaiconos@flacso.org.ecFacultad Latinoamericana de Ciencias SocialesEcuador

www.redalyc.orgProyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Microconflictos ambientales y crisis de gobernabilidad en la Amazona ecuatoriana1

Guillaume Fontaine

Doctor en Sociologa por la Universit de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Francia).Profesor Investigador de FLACSO-EcuadorEmail: gfontaine@flacso.org.ec

Fecha de recepcin: septiembre 2004Fecha de aceptacin y versin final: noviembre 2004

ResumenEste artculo analiza la relacin entre contaminacin y conflictos ambientales en el norte de laAmazona ecuatoriana. La idea central que se defiende es que el manejo de conflictos por la em-presa petrolera del Ecuador, Petroecuador, puede llevar a negociaciones eficientes a corto pla-zo, a costa de la institucionalizacin de los arreglos y de un tratamiento de las causas estructu-rales de los conflictos. Este entorno, condicionado por una gestin ambiental inadecuada en elnorte de la Amazona, constituye el teln de fondo de los conflictos radicales en el centro y elsur de la regin y seguir siendo un marco referencial contra la poltica petrolera del Estado. Enparticular, el clima de tensin social que resulta de esta situacin es agravado an ms por lamediatizacin del juicio contra Chevrn-Texaco. Sin una redefinicin de las polticas pblicasen particular polticas ambiental y social responsables y equitativas este clima amenaza condesembocar en una crisis de gobernabilidad democrtica.

Palabras clave: Petrleo, contaminacin, Amazona, conflictos ambientales, gobernabilidaddemocrtica, Ecuador

AbstractThis paper analizes the relationship between oilspills and ecological conflicts in the northernAmazon of Ecuador. The central idea is that conflict management by the state-owned oil com-pany, Petroecuador, can lead to efficient negotiations in the short term, at the cost of a long-term perspective, that seeks the institutionalization of agreements and an effective treatment ofthe structural causes of environmental conflicts. This context is determined by an inadequateenvironmental management in the Northern Amazon and constitutes the background of wi-der protracted conflicts, in the Central and Southern parts of the region. Especially, the resul-ting tense social relationships are actually worsened by the mediatization of the Chevron-Texa-co trial. As a matter of fact, it will probably remain the framework for oil policies. Without aredefinition of public policies -especially a responsible and equitative environmental and socialpolicies this could lead to a crisis of democratic governability.

Key words: Oil spills, pollution, Amazon, ecological conflicts, democratic governability, Ecuador

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1 Una versin preliminar de este artculo fue presentada en el Segundo Encuentro de Ecuatorianistas de LASA. Mesa24: Gobernabilidad democrtica y desarrollo sostenible (Quito, 26/06/2004). Estoy muy agradecido del equipo del

Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 21, Quito, enero 2005, pp. 35-46 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Acadmica de Ecuador.

ISSN: 1390-1249

La contaminacin originada por las acti-vidades petroleras en el norte de la Re-gin Amaznica Ecuatoriana (RAE)desde la era Texaco (1972-1992) representaun factor esencial en los conflictos socio-am-bientales. No obstante, este alto nivel de con-taminacin en el rea actualmente operadapor la empresa estatal Petroecuador contrastacon el nivel relativamente bajo de enfrenta-mientos en la misma zona. En realidad, la ba-ja polarizacin de los conflictos ambientales sedebe a un tipo de manejo de conflictos que losvuelve invisibles en vez de institucionalizar losarreglos. Para explicar esta paradoja revisare-mos los impactos socio-ambientales de las ac-tividades petroleras en el norte de la reginamaznica en el periodo 1994-2002 (I), luegoanalizaremos el tipo de manejo de conflictosaplicado por la empresa estatal y las percepcio-nes locales de la misma (II), finalmente vere-mos en qu medida este tipo de manejo deconflictos incide sobre la gobernabilidad de-mocrtica en la regin amaznica (III).

Factores de conflictos en el norte de la RAE

El Distrito Amaznico, operado por Petroe-cuador, abarca 49.160 km_ y 35 parroquias.El rea de estudio es constituido por los cam-pos ms antiguos -Shushufindi y Sacha quefueron explotados a partir de 1969 y 1971 su-cesivamente por el consorcio Texaco-Gulf,luego Texaco-Gulf-CEPE, Texaco-CEPE yPetroecuador. Son tambin los ms impor-tantes en produccin petrolera: a medianos

de los ochenta acumulaban el 74% de la pro-duccin total del consorcio CEPE-Texaco,mientras que el 26% de la produccin restan-te sala de 12 campos (Gordillo 2003: 238).Entre 1994 y 2002 ambos campos siguieronrepresentando el mayor porcentaje de la pro-duccin acumulada, aunque desde medianosde la dcada del noventa Shushufindi entr auna fase de decrecimiento tendencial2.

Estos campos afectan directamente a cin-co parroquias Shushufindi, Limoncocha,Enokanqui, La Joya de los Sachas y San Car-los que cubren 1.726,5 km2. Alrededor dela mitad de la poblacin se concentra en lascabeceras cantonales. Shushufindi es el se-gundo cantn de Sucumbos, con 32.184 ha-bitantes. El cantn La Joya de los Sachas es elsegundo de Orellana, con 26.363 habitantes(OSA 2003). La poblacin ubicada en el readirecta de influencia del campo Shushufindiest compuesta mayoritariamente de colonos(100 comunidades) y de menos 10 comuni-dades indgenas (4 quichua, 1 shuar, 2 secoyay 1 siona). Por su lado, la poblacin ubicadaen el campo Sacha se compone de 25 comu-nidades de colonos y 6 quichua. (Varios Au-tores 2000: 88-89).

La duracin de vida de esos campos y suimportancia en la produccin regional se tra-ducen por una concentracin excepcional deinfraestructuras petroleras: cinco estacionesde almacenamiento, una refinera, una plantaprocesadora de gas, un gasoducto y 105 pozosen Shushufindi; cuatro estaciones y 191 po-zos en Sacha. Tambin cuentan con los mayo-res pasivos ambientales de la era Texaco: 151piscinas segn Petroproduccin (ie: el 12%del crudo y el 46% del volumen de aguas re-siduales) o 183 piscinas segn el Frente deDefensa de la Amazona. Por ltimo, sonafectados por una contaminacin crnicaocasionada por las actividades de produccin

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Observatorio Socio Ambiental, en particular KarenAndrade, Mara Cristina Jarrn, Santiago Vallejo yDiego Snchez, que me ayudaron a levantar y siste-matizar la informacin de campo que ampara esta in-vestigacin. Agradezco tambin a Edmundo Guerra,Ivn Narvez y Fredy Rivera por sus comentarios. Lasinterpretaciones y los posibles errores son de mi res-ponsabilidad exclusiva.

2 En 2001, Shushufindi produjo 24,3 millones de ba-rriles y Sacha 16,5 millones (OSA, 2003).

y transporte. El volumen derramado en elDistrito Amaznico entre 1994 y 2002 alcan-za 32.611,5 barriles, es decir, 304,8 barrilespor mes durante 9 aos. A nivel regional, latasa de recuperacin promedio fue del 68%en este periodo. El mayor volumen de crudoderramado se registra en Sacha, con 20.132,5barriles. En promedio, se derramaron 188,15barriles por mes, de los cuales se recuper el88%. En una oportunidad (1996) se registrun volumen derramado superior a 10.000 ba-rriles por ao y en dos oportunidades (1999y 2000) se registraron volmenes superiores a3.000 barriles. En los otros campos del Dis-trito Amaznico, el promedio derramado esmucho menor: 49,5 barriles por mes en Li-bertador, 44,6 en Auca, 21,6 en Shushufindiy 5,2 en Lago Agrio. La informacin sobre lassuperficies afectadas, disponible desde el ao1997, confirma que el campo Sacha est en-tre los ms contaminados del Distrito Ama-znico, con un promedio anual afectado de63.637 m2. Si bien es cierto esta rea es infe-rior al rea contaminada en el campo Liberta-dor (78.411 m2), es muy superior a los deShushufindi (37.842 m2) y Auca (38.143m2) (OSA 2003).

Segn el balance provisional de los derra-mes por causas, que se realiz a partir de 991reportes entre 1994 y 2001, 310 derrames sedeben a fallas de equipo y 135 a negligencias deoperacin (Arteaga 2003). De ello se puede de-ducir que Petroecuador podra reducir ms del45% de los derrames mediante un mayor man-tenimiento de los equipos y una mejor gestinde los recursos humanos. Otra causa de acci-dentes proviene del hecho que los oleoductosno enterrados pueden ser atropellados por ca-rros o mquinas agrcolas. Finalmente, en lti-mos aos, el intento de robo de tubera se havuelto una frecuente fuente de derrames: entre1997 y 2002, se registraron 122 denuncias porhurtos (entre los cuales 14 en Sacha y 35 enShushufindi), aunque tan solo 32 desemboca-ran en procesos judiciales (OSA 2003).

Como se pudo ver, la contaminacin poractividades petroleras en el norte de la RAEest particularmente concentrada en los cam-pos ms antiguos y ms productivos de laAmazona ecuatoriana: Sacha y Shushufindi.Ahora bien, la mala gestin ambiental en es-tas reas crea un entorno hostil y se vuelveuna causa de conflictos latentes y difusos. Acontinuacin analizaremos cmo Petroecua-dor enfrenta estos retos, a travs de sus pro-gramas de relaciones comunitarias.

Manejo instrumental de conflictos

Las relaciones comunitarias de Petroecuadorpasaron por tres periodos, relacionados con laevolucin de la normativa ambiental y el es-tatuto legal de la empresa y sus filiales.

Creada tras la adopcin de la Ley de hi-drocarburos de 1971, la Corporacin Estatalde Petrleos del Ecuador (CEPE) no tuvouna poltica de relaciones comunitarias siste-matizada durante los 13 primeros aos de suexistencia. stas se caracterizaban por su in-

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Gon

zalo

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gas

formalidad, en un contexto de legislacinambiental incipiente hasta la Ley de preven-cin y control de contaminacin de 1976. Apartir de 1984 se fijaron los primeros linea-mientos de una poltica, de corte asistencial ycoyuntural, es decir, para facilitar la ejecucinde las obras de las empresas y sus contratistas,mitigando y anticipando los conflictos loca-les. As fue creado el Fondo de Desarrollo Co-munal, destinado a financiar obras de bene-ficio comunal cuya ejecucin era a cargo deorganismos seccionales y organizaciones co-munitarias.

Tras la Ley 45, de septiembre de 1989,CEPE cedi paso a Petroecuador y sus filialesPetroproduccin, Petrocomercial, Petroin-dustrial-. En este periodo se concretaron losprimeros intentos de planeacin corporativa,con la creacin de la Unidad de ProteccinAmbiental (UPA) de Petroecuador. Sin em-bargo, la lgica burocrtica de la reforma ge-ner un conflicto de competencias entre estaentidad y la UPA de Petroproduccin, cuyasoficinas de relaciones comunitarias y de ase-sora legal funcionaban ya en el DistritoAmaznico. En este periodo, el marco legal seampli ms que nunca, con la Ley de hidro-carburos de 1993, el Reglamento ambientalpara las operaciones hidrocarburferas de1998 (reformado en 2001) y la Ley de gestinambiental de 1999.

La conversin de la UPA de Petroecuadoren una Gerencia (GPA) con presupuesto pro-pio, en 2001, marc el inicio de un cuartoperiodo, aunque su funcionamiento haya si-do afectado por el cambio de gobierno en2003 y la consiguiente inestabilidad en el di-rectorio de Petroecuador. Desde luego, la po-ltica de relaciones comunitarias oscil entreel modelo tradicional y un modelo de plani-ficacin estratgica, sin que haya desapareci-do la competencia entre las unidades afinesde Petroproduccin y Petroecuador.

En la actualidad, tres entidades estn invo-lucradas en el manejo de conflictos: la Ofici-

na de relaciones comunitarias y la Oficina deasesora legal de la UPA de Petroproduccin,y la GPA de Petroecuador. La primera tiene asu cargo la gestin de compensaciones enobras sociales mediante acuerdos colectivoscon las poblaciones afectadas por las opera-ciones de Petroproduccin. La segunda es res-ponsable de los acuerdos y convenios de in-demnizaciones individuales. La tercera inter-viene en la planificacin de la poltica social yambiental de Petroecuador y sus filiales.

Esta rpida revisin muestra que, desde1970, la poltica de relaciones comunitariasde la empresa estatal obedece a una lgicafuncional de prevencin o resolucin de con-flictos, aunque en el ltimo periodo se afirmuna voluntad de planificacin estratgica dela responsabilidad social.

Los acuerdos suscritos entre la Oficina derelaciones comunitarias de Petroproduccin ylas parroquias de los campos Sacha y Shushu-findi abarcan cinco tipos de actividades. Sedestaca la importancia de las obras de cons-truccin y lastrado para las calles, o la entre-ga de material de construccin, desbroce, jue-gos para parques infantiles, etc. En segundolugar, aparece la construccin de sistemas deagua potable y alcantarillado, as como obrasde electrificacin. Luego viene la entrega dematerial de oficina y material escolar, la aten-cin mdica y los dispositivos de salud y, porltimo, la ayuda para la realizacin de parce-las agrcolas demostrativas.

Los convenios suscritos entre la GPA dePetroecuador y la poblacin de los campos es-tudiados se reparten entre cuatro tipos de ac-tividades. En primer lugar se destacan losproyectos de arrastre, que apuntan al mejo-ramiento de la calidad de vida a travs deobras de infraestructuras de educacin, saludy puentes, equipos mdicos, cultivos alterna-tivos y proyectos avcolas, capacitacin so-cioambiental a promotores comunitarios,eventos deportivos y prevencin de drogadic-cin. En segundo lugar vienen los proyectos

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de salud integral, que ataen a la reconstruc-cin de subcentros de salud y la ampliacinde un hospital. En tercer lugar estn los pro-yectos de educacin, que incluyen progra-mas de proteccin integral y muebles (sillas,escritorios, etc.). En cuarto lugar vienen pro-yectos de infraestructura comunitaria, queabarcan obras de construccin, sistemas deagua, muros de contencin y viviendas oficia-les para la Polica Nacional.

La RAE en su conjunto se benefici deproyectos de construccin y operacin de launidad mdica fluvial Umia, implantacinde un sistema de electricidad fotovoltaica paradiversas comunidades, investigaciones acad-micas, lucha contra las hepatitis B y D. Tam-bin se financiaron varios proyectos culturales(grabacin de CD, compilacin etnomusic-loga, publicacin de un libro de fotos, etc.), elequipamiento de bibliotecas y un estudio decontaminacin en los campos petrolferos, porel Frente de Defensa de la Amazona.

Como se puede observar, los convenios dela GPA de Petroecuador demuestran una vo-luntad de planificar la gestin social a un nivelnacional y estratgico. No obstante, no buscanenfrentar los retos planteados por la contami-nacin masiva registrada en el rea de Sacha yShushufindi. Desde luego, es preciso analizarlas percepciones locales en relacin con estapoltica, para determinar el nivel de riesgo realde conflictos ambientales en la zona.

En el periodo 1994-2002, se emitieronms de 2.600 actas para indemnizaciones,compensaciones y medidas diversas, tan sloen las oficinas de relaciones comunitarias y deasesora legal. Entre stas, 1.150 ataen a in-demnizaciones o compensaciones por conta-minacin o muerte de animales.

Segn la Oficina de asesora legal de Pe-troproduccin, se firmaron 2.554 convenios,demandas o acuerdos de indemnizacin eneste periodo, ms 288 casos sin fecha (que notomamos en cuenta aqu). Al nivel del Distri-to Amaznico, el 43,46% de las actas son ori-

ginados por la contaminacin o la muerte deanimales debido en general a la presencia depiscinas de crudo o residuos de derrames. Elresto se reparte entre la adquisicin de servi-dumbre para las operaciones de exploracin yexplotacin (el 26,9%) o para la electrifica-cin (el 26,64%). En el rea de estudio, se re-portaron 185 actas originados por contami-nacin o muerte de animales, 191 actas deservidumbre para operaciones y 100 actas deservidumbre para electrificacin local. A ellose aaden los megaproyectos de electrifica-cin en el Distrito, que representan el19,77%.

La informacin proporcionada por la Ofi-cina de relaciones comunitarias de Petropro-duccin (diciembre de 2002) consta de 51documentos (convenios, actas de cooperacino proyectos de convenios). Las comunidadesdel rea de influencia directa de Sacha se be-neficiaron de 11 convenios o actas de coope-racin y 5 proyectos de convenio. En compa-racin, Shushufindi recibi mucho menosayuda, ya que constaba en la misma fecha de3 convenios o actas. Las comunidades de losdems campos se repartan los 32 convenios,actas y proyectos de convenios restantes.

Finalmente, se reportaron 204 conveniosen ejecucin o por ejecutarse en 2003 en laUnidad sociocultural de la GPA de Petroe-cuador. Los proyectos que benefician a laRAE representan tan slo el 44,12% del to-tal. Las provincias de Sucumbos y Orellanaapenas representan el 20% del total nacional,en cuanto a los proyectos especficos, y el25,5% si se incorporan los proyectos que be-neficiaron a la regin en su conjunto. Esta re-particin no refleja la presencia de la empresaestatal en el norte de la Amazona y de mane-ra especial en ambas provincias.

A pesar de esta profusin de proyectos, lapoblacin local muestra cierta desconfianzahacia la poltica de relaciones comunitarias dePetroecuador. Cierto es que, para algunos sec-tores de la sociedad civil (como la junta pa-

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rroquial de San Carlos), las relaciones con ellason buenas, siempre y cuando contribuye aldesarrollo local. Reconocen que hay proble-mas, debidos al incumplimiento de ciertoscompromisos, pero consideran que la empre-sa se esfuerza por aportar en obras de com-pensacin social al bienestar de aquellas co-munidades.

En otros casos, el grado de frustracin ex-presado es proporcional a la gravedad y la fre-cuencia de los derrames. Por ejemplo, los nu-merosos derrames que se registraron en la Jo-ya de los Sachas, suscitan fuertes crticas, prin-cipalmente debido a las demoras en la reme-diacin y la falta de planificacin ambiental.

Por ltimo, encontramos actitudes defranca desconfianza, debido a la repeticin dereclamos y enfrentamientos irresueltos con laempresa. Este fenmeno es particularmentepatente en las zonas de mayores impactos so-cio-ambientales, que coinciden con las zonas

donde las infraestructuras petroleras son a lavez ms concentradas y obsoletas, como en elcaso de Shushufindi.

Como se pudo constatar anteriormente, lapoltica de relaciones comunitarias de Petroe-cuador sigue siendo desligada de las necesida-des de la poblacin, en particular en cuanto ala gestin ambiental. El desfase entre la profu-sin de actas y el nivel de satisfaccin de los ac-tores locales opaca el nivel real de riesgos deconflictos ambientales en esta zona. Para me-dir el nivel de riesgo real de conflicto, es preci-so considerar la correlacin de dos factores: elnivel de contaminacin o riesgo ambiental3 yel nivel relativo de manejo de conflictos rela-

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3 Definimos el nivel de riesgo ambiental, como la co-rrelacin entre cuatro factores en una determinadazona: la presencia de piscinas, la frecuencia de derra-mes, el volumen de crudo derramado y el volumen decrudo no recuperado.

Figura 1.Indicador promedio de conflictividad real en Sacha y Shushufindi.

Fuente: OSA (2003).

cionados con la contaminacin4. As es comocalculamos dos coeficientes de variacin conrespecto al promedio parroquial del DistritoAmaznico: el de contaminacin o riesgo am-biental (detallado segn las causas) y el de ma-nejo de conflictos mediante acuerdos y conve-nios. La correlacin de ambos indicadores,ponderada por la densidad poblacional, da unndice de riesgo real de conflictos en cada pa-rroquia del rea, que contrasta con el nivel demanejo de conflictos (Cf. Figuras 1 y 2).Limoncocha aparece con el nivel de riesgoreal ms bajo del rea de estudio, con el ndi-ce de 17,95. Este resultado se explica en parte

por la baja densidad poblacional en esta pa-rroquia (6 habitantes/km2) y en parte por queel riesgo ambiental global es inferior al pro-medio del distrito por parroquia. Sin embar-go, cabe recordar que la presencia de piscinasy la frecuencia de los derrames en esta parro-quia representan riesgos mayores al promedio(1,4 cada uno6). Por otro lado, el nivel de ma-nejo de conflictos es particularmente bajo(0,18), ya que no se registraron actas firmadospor la Oficina de relaciones comunitarias.

San Carlos se ubica en segundo lugar, conel ndice de 35,3. Este resultado se explica porsu relativamente baja densidad poblacional(17,8 habitantes/km2). Vale insistir en que pa-dece de un nivel de riesgo ambiental (1,7)

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4 Definimos el nivel de manejo de conflictos relaciona-dos con la contaminacin como la correlacin entre losacuerdos de indemnizacin por contaminacin, muer-te o enfermedad de animales. Estos acuerdos resultan amenudo de conflictos con los afectados, mientras queel precio del derecho de servidumbre resulta en generalde procesos de negociacin de tipo comercial.

5 Base 100 = promedio por parroquia del rea de estu-dio.

6 Coeficiente 1 = nivel promedio por parroquia delDistrito Amaznico.

Figura 2.Indicador promedio de manejo de conflictos en Sacha y Shushufindi.

Fuente: OSA (2003).

muy superior a los de Enokanqui y Limonco-cha. Ello se debe al nivel particularmente altode riesgo relacionado con el volumen derra-mado no recuperado (2,3), el cual es compa-rable al de Shushufindi. Adems, si bien escierto esta parroquia beneficia de un nivel demanejo de conflictos superior a los de Limon-cocha y Enokanqui, ste queda por debajo delpromedio (0,85).

Enokanqui y Shushufindi se ubican entercer lugar, con ndices similares: 56,8 y57,2. Cabe recordar que todos los indicadoresde riesgo por causa para Enokanqui estn pordebajo del promedio, lo cual da un indicadorde riesgo ambiental bajo (0,81). No obstante,vale insistir en que el nivel de manejo de con-flictos ah es particularmente bajo (0,15), enparticular debido a la escasez de actas firma-das con la Oficina de relaciones comunitarias.En cambio, en Shushufindi, todos los indica-dores de riesgo por causa se ubican por enci-ma de los promedios del Distrito Amaznico,lo cual da un nivel de riesgo ambiental 3,8 ve-ces superior al promedio. No obstante, en lamedida que el nivel de manejo de conflictoses tambin relativamente alto (2,8), la corre-lacin entre riesgo ambiental y manejo deconflictos es similar a la de Enokanqui, pese auna densidad poblacional dos veces superior(43,5 habitantes/km2).

Finalmente, el alto ndice de riesgo real enLa Joya de los Sachas (211) se explica por laconjuncin de altos niveles de riesgo con nive-les insuficientes de manejo de conflictos y altadensidad poblacional (50 habitantes/km2). Enparticular, el riesgo relacionado con el volu-men de crudo derramado (19) supera conside-rablemente los niveles registrados en otras pa-rroquias, lo cual agrava el riesgo implicado porla presencia de piscinas y la frecuencia de de-rrames. Por otro lado, el nivel de manejo deconflictos (1,9) no compensa estos resultadosy se ubica por debajo de Shushufindi.

La ausencia de correspondencia entre losniveles de riesgo ambiental y niveles de asis-

tencia a la poblacin del rea evidencia queno existe correlacin entre contaminacin ymanejo de conflictos. Por otro lado, la pre-sencia de fuentes permanentes de contamina-cin no necesariamente masiva y la siem-pre incompleta limpieza y remediacin creanun clima de tensin constante, aunque sea debaja intensidad. La falta de respuestas idneaspor parte de Petroecuador y el Estado ecuato-riano, no slo para la limpieza y remediacin,sino tambin en trminos de indemnizacio-nes y compensaciones por obras sociales, ge-neran un clima de desconfianza, hacia la em-presa estatal y cualquier empresa petrolera enel pas. A continuacin veremos en qu medi-da y por qu razones este fenmeno se con-vierte en factor de crisis de gobernabilidaddemocrtica de la regin amaznica.

Factores de crisis de gobernabilidad democrtica

Un problema crucial para la sociologa deconflictos ambientales es la evaluacin del ni-vel de riesgo y la magnitud de un conflicto. Elnivel de riesgo de conflicto por contamina-cin puede variar considerablemente segn siocurre en reas pobladas o no, cultivadas ono, etc. En ese sentido, la contaminacin delagua de uso domstico es quiz el mayor fac-tor de conflicto, y no depende tanto del volu-men derramado como de la ubicacin y laimportancia de la fuente contaminada paralos afectados segn si existe fuentes alterna-tivas o no, si los derrames son repetitivos aun-que de baja magnitud, si se producen reitera-damente infiltraciones desde una piscina ale-daa, etc.

Otro factor de conflicto que no reflejannecesariamente las estadsticas ambientales, esel factor subjetivo emocional o esttico,que concierne a la calidad de vida de los po-bladores debido a la cercana de infraestructu-ras petroleras. Sean defectuosas o en buen es-

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tado, estas infraestructuras generan un entor-no hostil y constituyen una agresin continuacontra los sentidos y el psiquismo de los po-bladores, lo cual puede generar tensionesconstantes, aunque de baja intensidad. Tal esel caso de estaciones como Sacha en San Car-los que, a medida que se ampliaron, genera-ron una imagen de desolacin, como resulta-do de la progresiva invasin por el ruido, elmal olor, los mecheros y las tuberas oxidadasa la vista.

Ahora bien, en varias zonas del norte de laRAE, subsisten conflictos latentes o de bajaintensidad, que pueden desembocar en medi-das de hecho o en conflictos abiertos cuandose reinician las operaciones en estas zonas.Adems, la presencia de ncleos de organiza-ciones sociales, ampliados y consolidados porla existencia del conflicto alrededor de la he-rencia dejada por Texaco, contribuye a media-tizar los impactos socio-ambientales negati-vos, producidos por la industria petrolera des-de los aos setenta. Cierto es que las condicio-nes de precariedad que afectan a la poblacinamaznica constituyen todava el marco derelaciones de poder extremadamente desequi-libradas. Sin embargo, los actores locales de-muestran una creciente capacidad de presiny negociacin con la empresa estatal, reforza-da por su creciente capacidad de interpelacindel Estado ecuatoriano, a travs de la opininpblica nacional e internacional.

Al respeto, con la llegada al Ecuador de lademanda contra Chevrn Texaco -aceptadapor el presidente de la Corte Superior deNueva Loja, el 13 de mayo 2003- el caso Te-xaco se volvi un referente imprescindiblepara entender los conflictos ambientales ac-tuales en toda la RAE y hasta en otros pasesamaznicos. Por supuesto, no es el primerconflicto ambiental mediatizado a escala in-ternacional que estall en Ecuador: basta conrecordar el conflicto entre la Organizacin delos pueblos indgenas del Pastaza (OPIP) yArco-AGIP, que arranc en 1989 con la ex-

ploracin ssmica del bloque 10 (Pastaza), o lacampaa Amazona por la vida lanzada en1990 para la defensa del Parque Yasun. Entodos ellos, siempre hubo un efecto demostra-tivo excepcional. Los ecologistas radicales venel caso Texaco no solo como una clave pa-ra cuestionar el modelo petrolero en el Ecua-dor sino que destacan, adems de sus aspec-tos judiciales, que ste abarca la organizaciny la educacin popular en las comunidadesamaznicas y el compromiso del Estado ecua-toriano (Ramos 2000:228, Jezic 2001:185).Por ello, el caso Texaco se volvi un referen-te constante en los conflictos ambientales queestallaron en el centro y en el sur de la regin,alrededor de Sarayacu y del Transcutuc (blo-ques 23 y 24).7 Por lo tanto, lo ms probablees que seguir siendo el teln de fondo de lasprximas rondas de licitacin petrolera anun-ciadas por el Estado ecuatoriano, incluso en elmegaproyecto ITT (Ishpingo, Tiputini, Tam-bococha), para el cual se busca una alianza es-tratgica con el sector privado.

Hemos subrayado en otra parte que losconflictos socio-ambientales en el norte de laRAE se desarrollan en un contexto de pobre-za endmica y falta de integracin al mbitonacional (Fontaine 2003a). A ello se agrega eldficit de gobernabilidad democrtica cuyascaractersticas merecen ser recordadas aqu.8

Asumimos, siguiendo a Camou (2001:39),que hay un dficit de gobernabilidad cuandolas demandas de la sociedad y las respuestasdel sistema institucional entran en desequili-brio crnico, lo que se traduce por la apari-cin de anomalas percibidas como inacep-tables por los actores organizados, que ame-

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5 Base 100 = promedio por parroquia del rea de estu-dio.

6 Coeficiente 1 = nivel promedio por parroquia delDistrito Amaznico.

7 Por un anlisis de estos conflictos, Cf. Varios autores,2002; Lpez, 2004.

8 Para un anlisis ms amplio de la relacin entre pol-tica petrolera y crisis de gobernabilidad en Ecuador,Cf. Fontaine, 2003: 89-142.

nazan la estabilidad institucional por la pre-sin poltica. Una situacin de crisis de go-bernabilidad surge cuando aquellas anomalasse multiplican y constituyen un conjunto dedesequilibrios inesperados y/o intolerablesentre demandas sociales y respuestas guberna-mentales.

En su dimensin poltica, se traduce por lafalta de eficiencia del sistema institucional.9

Seales de ello son la confusa divisin o la su-perposicin de competencias entre los pode-res ejecutivo, legislativo y judicial, la inefi-ciencia de los mecanismos de control y la in-suficiente responsabilidad del Estado frente ala ciudadana. Por ejemplo, es notoria la difi-cultad de acceder (cuando existen) a los infor-mes de monitoreo ambiental de la Direccinnacional de proteccin ambiental. Tambines conocido el control del Ministerio deEnerga y Minas en materia ambiental, parala validacin de los estudios de impacto am-biental y planes de manejo ambiental de lasempresas, salvo en reas protegidas (que sondel dominio del ministerio del Ambiente). Aello se agrega la falta de coherencia de las po-lticas pblicas entre s, particularmente ta-jante en el caso de las polticas energtica yextractiva, ambiental y neoindigenista, comolo muestra la superposicin de reas protegi-das, territorios indgenas legalizados y blo-ques petroleros en la Reserva Cuyabeno y elParque Yasun. Por ltimo, es patente la ino-perancia de la administracin local del desa-rrollo y la incapacidad del ECORAE de cana-lizar los recursos procedentes de la renta pe-trolera para fomentar un modelo de desarro-llo sostenible a escala regional y local (Andra-de 2004).

En lo econmico, la crisis de gobernabili-dad se traduce ante todo por la excesiva de-pendencia hacia los ingresos de las actividades

petroleras en Ecuador (por parte del Estadocentral y los organismos seccionales), la con-formacin de economas de enclave y la insu-ficiente integracin de la RAE al mercado na-cional. Se traduce tambin por la privatiza-cin de la poltica social, es decir, la delega-cin de responsabilidades sociales a las em-presas (pblicas y privadas). Esta poltica seopone a la falta de autonoma financiera dePetroecuador, que desemboca en presupues-tos operativos restringidos para enfrentar lacrisis ambiental y social en la cual est sumer-gida la poblacin del norte de la RAE.

En lo social, es notoria la persistencia de lapobreza y las patologas sociales, que 32 aosde explotacin petrolera slo han profundiza-do. Otro factor de crisis de gobernabilidaddemocrtica en este mbito es la falta de au-tonoma de los movimientos sociales frente alos poderes locales, as como la falta de acto-res estratgicos encargados legtimamente derepresentar los intereses colectivos de las po-blaciones afectadas por las actividades petro-leras, a excepcin notable del Frente de De-fensa de la Amazona, con sus 17 organizacio-nes miembros de primer y segundo grado.

Finalmente, en su dimensin tica, cabemencionar el clientelismo, el nepotismo y lacorrupcin, que obstaculizan el ejercicio de lademocracia, tanto al nivel local como al nivelregional. Pero el mayor problema es la fragili-dad del tejido social y la ausencia de una ver-dadera identidad regional, asumida por laspoblaciones. Este fenmeno, diagnosticadopor el Consejo Provincial de Sucumbos(2002), contrasta con la importancia de laproblemtica territorial y la vitalidad de lasreivindicaciones identitarias planteadas porlas organizaciones indgenas amaznicas des-de los ochenta.

Al fin y al cabo, la falta de respuesta porparte de la industria petrolera y del Estadoecuatoriano a las demandas de la sociedad ci-vil por una poltica ambiental responsable ypor una poltica social equitativa conlleva la

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9 Este aspecto corresponde a la crisis de governance enla literatura anglosajona, cuya traduccin adecuada alespaol es gobernanza. (Cf. Sol, 2000)

radicalizacin de los conflictos ambientales,que suele acompaarse de la militarizacin delos espacios de confrontacin. Frente a losimpactos negativos generados por las activi-dades petroleras en el norte de la RAE, la po-sicin de los movimientos indgenas y ecolo-gistas se cristaliza en torno a la defensa terri-torial y la exigencia de una moratoria a aque-llas actividades en el centro y el sur. En esecontexto, la poltica petrolera del Estado de-be evolucionar, so pena de dar cabida a unacrisis de gobernabilidad.

Conclusin: la paradoja de la negociacin eficiente

La multiplicidad de los actas firmados por lasOficinas de relaciones comunitarias y de ase-sora legal de Petroproduccin, junto con losconvenios de la GPA de Petroecuador, contri-buye a explicar la baja polarizacin de losconflictos ambientales comparado con el altoriesgo ambiental en Sacha y Shushufindi. Laimportancia de las actas de indemnizacin,comparado con los de compensacin, de-muestra una preferencia por el tratamientoindividual de los conflictos, frente a un trata-miento colectivo o comunitario. Ello confir-ma que las relaciones comunitarias de Petroe-cuador siguen basadas en tcnicas de mitiga-cin y resolucin de los conflictos, sin realplanificacin a escala regional. No se revirtiesta prctica con la conversin de la UPA dePetroecuador en Gerencia, a pesar de la im-portancia del presupuesto manejado por estaentidad (ms de 20 millones de dlares en2003).

Al fin y al cabo, la multiplicacin deacuerdos o convenios que conlleva la negocia-cin caso por caso no garantiza la paz sociala un Estado y a una industria que padecen deuna imagen generalmente negativa entre lapoblacin amaznica y se volvieron el blancode los movimientos ecologistas e indgenas.

Por otro lado, la aplicacin de un modelo derelaciones comunitarias de corte asistencial ycontingente impide a la poblacin local par-ticipar de los supuestos beneficios socioeco-nmicos de las actividades petroleras, aunquesta siga sufriendo sus impactos sociales y am-bientales negativos. En este sentido, el mane-jo de conflictos por las diferentes unidades dePetroecuador implicadas puede ser eficientea corto plazo pero es inoperante a largo plazo.Este efecto perverso de los mecanismos de ne-gociacin caso por caso, es una clave esencialpara entender la radicalizacin de los conflic-tos ambientales en el pas. Por ltimo, sevuelve un factor de crisis de gobernabilidaddemocrtica, no slo al obstaculizar la armo-nizacin de las polticas pblicas hacia unmodelo de desarrollo sostenible, sino tambinal impedir la participacin de la sociedad ci-vil en la definicin del mismo.

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