MODALIDAD DE ESTUDIOS A - Universidad Nacional …...realizado un estudio bibliográfico, documental...
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE DERECHO TÍTULO “LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y LA FALTA DE REPARACIÓN EN LOS CASOS QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO” AUTOR: JUAN CARLOS CHÁVEZ CARRERA. DIRECTOR: DR. SERVIO PAÚL VELEPUCHA. LOJA – ECUADOR 2013 TESIS PREVIO A OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
TÍTULO
“LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y LA FALTA DE
REPARACIÓN EN LOS CASOS QUE SE TRAMITAN EN LOS
JUZGADOS DE TRÁNSITO”
AUTOR:
JUAN CARLOS CHÁVEZ CARRERA.
DIRECTOR:
DR. SERVIO PAÚL VELEPUCHA.
LOJA – ECUADOR
2013
TESIS PREVIO A OPTAR EL
TÍTULO DE ABOGADO
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AGRADECIMIENTO
Al cuerpo Directivo, planta docente y personal administrativo, de la Universidad
Nacional de Loja, que han coadyuvado en generar una formación de excelentes
Profesionales para el país, con una visión universal.
Reconocimiento especial a todos nuestros maestros que entregaron todo su
acervo de conocimientos, experiencias y vivencias con generosidad y
convicción, creyendo que es posible construir unos profesionales del derecho,
un sistema procesal justo, transparente “pro homine”, conforme las actuales
corrientes del pensamiento jurídico.
Juan Carlos Chávez Carrera.
v
DEDICATORIA
A mis padres, hijos, esposa, seres amados que han sido fuente de inspiración
para avanzar en los estudios universitarios hasta llegar a feliz término; gracias
por su comprensión, y el tiempo de ausencia en sus vidas por los estudios, ha
permite mi formación de Abogado, cuya recompensa será pasar mayor tiempo y
dedicación a mis seres queridos en el futuro.
Juan Carlos Chávez Carrera
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TABLA DE CONTENIDOS
1. Título
2. Resumen
2.1 Abstract
3. Introducción
4. Presentación de la Información Doctrinaria y Jurídica
4.1 Marco Conceptual
4.2 Marco Doctrinario
4.3 Marco Jurídico
4.4 Legislación Comparada
5. Materiales y Métodos
5.1 Materiales
5.2 Métodos
5.3 Procedimientos y técnicas
6. Resultados de Encuestas y Entrevistas
7. Discusión
7.1 Verificación de Objetivos
7.2 Contrastación de Hipótesis
7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal
8. Conclusiones
9. Recomendaciones
9.1 Propuesta de reforma jurídica
10. Bibliografía
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11. Anexos
Índice
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1.- TITULO
“LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y LA FALTA DE
REPARACIÓN EN LOS CASOS QUE SE TRAMITAN EN LOS
JUZGADOS DE TRÁNSITO”
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2.- RESUMEN
El Estado debe asegurar el resarcimiento del daño padecido por la víctima de
los delitos en forma individual o colectiva y como representante de la sociedad,
la desprotección de las víctimas ha generado violaciones al principio de la
igualdad de las partes; por lo cual la Corte Interamericana de DDHH ha emitido
sanciones a los países miembros.
La existencia de instrumentos internacionales sobre las víctimas, es la base
para generar mecanismos eficaces que garanticen a nivel del derecho interno
de los Estados, la protección de sus derechos. En el presente trabajo hemos
realizado un estudio bibliográfico, documental sobre la Victimología y los
Derechos Humanos y el Estado democrático, centrándose en la situación de la
víctima, con el fin de elaborar una propuesta legal de solución, que permita
garantizar el reconocimiento y el respeto de los derechos de las víctimas de
delitos, efectivizando la protección a las víctimas de los delitos. Pero aún faltan
acciones preventivas y de concientización de los factores que intervienen para
la toma de medidas que impidan la aparición de interacciones violentas en los
individuos y en la comunidad, que aspiramos se desarrollen futuros estudios
que sean motivados por nuestro aporte sobre el tema.
DESCRIPTORES: - Victimología, Justicia Penal, Víctima, Victimario, Sistema
Inquisitivo, Acusatorio, Acción Penal, Ilícito Penal, Procedimientos Penal,
justicia, Política Criminal.
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2.1 Abstract
The State must ensure compensation for the damage suffered by the victim of
the crimes individually or collectively and as representative of society, the
vulnerability of the victims led to violations of the principle of the equality of the
parties; by which the Inter-American Court of human rights has issued sanctions
to Member States.
The existence of international instruments on the victims is the basis for
generating effective mechanisms to ensure the protection of their rights at the
level of the domestic law of States. In this paper we have made a documentary,
bibliographic study on the Victimology and human rights and democratic State,
focusing on the situation of the victim, in order to develop a legal settlement
proposal, so as to ensure the recognition and respect for the rights of crime
victims, efectivizando protection to victims of crimes.
But still need preventive action and awareness of the factors involved to take
measures to prevent the emergence of violent interactions in individuals and in
the community, we aspire to develop future studies are motivated by our
contribution on the subject.
Key words:-Victimology, justice criminal, victim, Victimario, accusatory,
inquisitorial system, criminal action, illegal criminal, criminal procedures, political
justice Criminal.
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3. INTRODUCCION
Haciendo eco con las nuevas tendencias de la educación, la Universidad
Nacional de Loja, coherente con sus objetivos, propósitos, su visión y misión, ha
decidido fomentar la investigación a niveles superiores, para lo cual ha trazado
varias líneas de investigación, sobre las cuales se van a realizar dichos trabajos
y tratar de satisfacer las necesidades del entorno social, personal y, en este
caso, jurídico.
La Universidad Nacional de Loja, dentro del nuevo ambiente de trabajo,
esfuerzo, educación e instrucción, propicia las respectivas investigaciones,
tanto intra como transdisciplinario, dirigido a proyectos de interés público y
común en el seno de la sociedad.
Es así que, entre las líneas de investigación a seguirse se encuentran aquellas
que van dirigidas a las tecnologías de la información y comunicación; la
empresa y productividad, mercados y comportamiento del consumidor,
bienestar humano y salud pública, medio ambiente gestión del riesgo y
ordenamiento territorial.
De esta manera el presente trabajo de investigación se centra en el bienestar
humano, donde el acceso a la justicia, especialmente a lo que se relaciona el
respeto a los Derechos humanos, y a los demás derechos y obligaciones que
se encuentran contemplados en la Constitución y la Ley.
Es en este campo, donde se enfoca la investigación que tiene que ver
efectivamente con los derechos de las víctimas, que es la parte más débil de la
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relación jurídica en el proceso penal, puesto que se encuentra en desventaja
frente a los derechos que tiene el delincuente.
Por tal razón, se pretende buscar mecanismos orientados a proteger, dar
asistencia y reparar a víctimas de los delitos penales, buscando soluciones que
propenda a su reinserción en la sociedad, evitando que sus derechos queden
en la impunidad y excluidos de la Ley.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 Marco Conceptual
Dentro del Marco Conceptual utilizamos algunos términos que creemos
pertinente definir su significado, para dar mayor comprensión en el desarrollo
del tema planteado.
4.1.1 REPARACIÓN.- Según la definición del diccionario de la Real Academia,
repara es “Desagraviar, satisfacer al ofendido, remediar o precaver un daño o
perjuicio”.
4.1.2 INTEGRAL.- Integral es un adjetivo que permite señalar a lo que es total
o global. El término procede del latín integrālis. Por ejemplo: “Este país necesita
un proyecto integral y no medidas que actúan como parches para solucionar
sólo los problemas más urgentes”, “Quiero un jugador integral, que pueda jugar
en cualquier puesto de la cancha y que aporte tanto en ataque como en
defensa
4.1.3 VICTIMAS.- Víctima es una persona que sufre un daño o perjuicio por
culpa propia, ajena o por una causa fortuita, cuando el daño es ocasionado por
otra persona, éste recibe el nombre de victimario.
4.1.4 BIENES JURÍDICOS.- El Bien Jurídico hace referencia a los bienes,
tanto materiales como inmateriales, que son efectivamente protegidos por el
Derecho es decir, son valores legalizados: la salud, la vida, etc. Esta
concepción del bien jurídico es obviamente fruto de un Estado Social y
Democrático de Derecho, y dada su vertiente social, requiere una ulterior
concreción de la esfera de actuación del Derecho penal a la hora de tutelar
intereses difusos.
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4.1.5 LESIONES.- Una lesión, del latín laesĭo, es un daño, perjuicio o
detrimento. El concepto suele estar vinculado al daño físico causado por un
golpe, una herida o una enfermedad.
4.1.6 Nociones básicas de víctima, víctimología. Concepto de víctimas.- Su
origen lo situamos en los períodos de la posguerra, esto es entre 1945 y 1973.
En septiembre del 2010, se celebró en Jerusalén, el primer Symposium
Internacional sobre Victimología, que marca el punto de partida en la historia de
la actual Victimología. 1
En 1945, el principal concepto de víctima gira alrededor de la macrovíctima, o
de la víctima de abuso de poder, más concretamente del abuso de poder en la
época del nazismo, que ocasionó el genocidio de más de seis millones de
judíos, sobre la base de esta macrovictimización, tiene explicación en parte que
las Naciones Unidas, en su Declaración de (1985), dediquen un apartado, a las
víctimas del abuso de poder y las defina como: Las personas que individual o
colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones
que no lleguen a constituir violaciones del Derecho Penal nacional, pero
violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los Derechos
Humanos. (pag.33)
Posteriormente se extiende el estudio y el concepto acerca de las víctimas de
los delitos comunes, con marcada atención a las mujeres, niños, y a las
personas más vulnerables.
De acuerdo con HERRERA Moreno. “Compendio de victimología” (1996)
1 MENDELSHON, Benjamín “New Biospsychopsocial Horizons: Victimology”
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Al sujeto paciente del injusto típico, es decir, a las personas que sufren
merma en sus derechos, en el más amplio sentido de la palabra, como
resultado de una acción típicamente antijurídica, sin que sea necesario
que el victimario haya actuado culpablemente. Las víctimas son, por lo
tanto titulares legítimas del bien jurídico vulnerado (pag. 332).
Planteado de otra manera, se considera víctimas a las personas naturales o
jurídicas que han sido lesionados en sus bienes jurídicos protegidos por las
leyes, de manera concreta en la propiedad, en la vida, en la salud, el honor, la
honestidad, la dignidad, etc., básicamente tiene interés cuando los supuestos
en los que esos daños son producidos por conductas humanas tipificadas en el
Código Penal, así como cuando esos daños son ocasionados por accidentes
debido a factores humanos, mecánicos o naturales, tal como ocurre con los
accidentes laborales
Las Naciones Unidas, en su Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, de 29 de noviembre de
1985, nos presentan una escueta pero acertada definición de tres clases de
víctima. Refiriéndose las dos primeras a las víctimas del delito, y la tercera al
abuso de poder, de la que nos hemos referido anteriormente.
En España, la Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y
contra la libertad sexual (L. 35, de 11 de diciembre de 1995, No. 27 296), en el
Art. 2 reconoce, con frontalidad, que a más de las víctimas directas o sea las
que sufren lesiones como consecuencia directa del delito), tenemos las víctimas
indirectas, que desgraciadamente limita o reduce el número de estas víctimas al
cónyuge, los hijos y los padres supervivientes a una persona fallecida a
consecuencia directa del delito.
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Un concepto formal y positivo más amplio de víctimas establece el anteproyecto
del Código Procesal Penal del Paraguay, del año 1994, que en el Art. 67.
Establece la calidad de víctima.
A la persona ofendida directamente por el delito;
En los delitos cuyo resultado sea la muerte de la víctima, al cónyuge,
conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por
adopción, o segundo de afinidad y al heredero testamentario;
A los socios, respecto de los delitos que afectan a una sociedad, cometidos
por quienes la dirigen, administren o controlen, o sus gerentes;
A las asociaciones, en aquellos hechos punibles que afecten intereses
colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule
directamente con esos intereses; y,
A las comunidades indígenas, en los hechos punibles que impliquen
discriminación o genocidio.
Dependiendo del concepto de víctima, tendremos un concepto u otro de
Victimología. Si la víctima es aquella persona que sufre un delito, el objeto de
estudio sería diferente que si se define como aquella persona que sufre
cualquier clase de daño. No existe una definición única de víctima, discrepando
los autores sobre este concepto.
Desde el punto de vista etimológico, “víctima” proviene del latín y significa
persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio.
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El concepto de víctima ha evolucionado. Históricamente sabemos que la víctima
podía vengarse en un principio libremente y después tuvo como límite la Ley del
Talión que fue una medida de Justicia.
Hasta que se llega a conceptos actuales como sujeto pasivo del delito o de
víctima tal y como se entiende hoy. Si buscamos en los diccionarios de las
diferentes lenguas encontraremos que la palabra víctima tiene significados muy
diferentes: Víctima: “animal o persona destinado al sacrificio” “aquella persona
que se sacrifica voluntariamente” “aquella persona que sufre por culpa de otra”
“persona que sufre por sus propias faltas” “persona que padece daño por causa
fortuita” “el que sufre por acciones dañosas” “persona engañada” “sujeto pasivo
de un ilícito penal” “persona sacrificada a los intereses de otro”.
Hay múltiples definiciones como vemos. En términos generales podríamos decir
que víctima es el sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o por
causa fortuita. Para Mendelsohn en su obra “Tipología victimológica” (1946)
“víctima era la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en
que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento
determinado por factores de origen muy diverso, físico, psíquico económico,
político, social, así como el ambiente natural o técnico” (pag.45).
Según ZUANIMIR Separovic “El criminal y su víctima” (1997) “víctima es
cualquier persona física o moral que sufre como resultado de un despiadado
designio incidental o accidentalmente” (pag. 123).
Por otra parte la ONU se ha preocupado también de este concepto indicando
que víctima es la persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión en su
propia persona, propiedad o en sus derechos humanos como resultado de una
conducta que constituye una violación de la legislación penal nacional, una
violación de los principios sobre Derechos Humanos reconocidos
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internacionalmente o un abuso de poder por parte de la autoridad política o
económica.
Además para la ONU, la víctima puede ser individual o colectiva, incluyendo
grupos, clases, o comunidades de individuos, corporaciones económicas, o
comerciales y grupos u organizaciones políticas.
Desde un punto de vista jurídico se tiene en cuenta el bien jurídico tutelado y
que la conducta esté tipificada en la ley penal.
Ahora debemos tener en cuenta que no necesariamente coincide el concepto
de sujeto pasivo del delito y el de víctima. Problema de víctima sin crimen, ello
supone que se puede llegar a ser víctima sin tener una conducta delictiva.
Veamos algunos ejemplos.
- Personas que se convierten en víctimas sin la intervención humana. Caso de
catástrofes naturales o acción de animales
- Auto victimización: dolosa o imprudente.
- Existe victimización producida por una conducta dañosa para la víctima pero
que no se trata de una conducta antisocial. Ej. Las lesiones en el fútbol se
toleran, no es una conducta antisocial.
En resumen víctimas son: el sujeto pasivo de la infracción y todas las personas
físicas y jurídicas que directa o indirectamente sufren un daño notable como
consecuencia inmediata o mediata de la infracción.
De modo semejante a lo que manifiestan otros víctimólogos, así como John
DUSSICH, Representante de la Sociedad Victimilógica indica, son también
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víctimas las personas que, sin que medie delito, sufren marginación, pobreza,
sufrimiento, daños, entre otros de consideración.
4.1.7 Clasificación de la Victimización.- Al respecto se distinguen tres tipos
de victimización: primaria, secundaria y terciaria.
4.1.8 La victimización primaria.- Consiste en que se deriva directamente del
crimen.
4.1.9 La victimización secundaria.- Comprende los sufrimientos que a las
víctimas, a los testigos y con frecuencia a los sujetos pasivos de un delito les
relaciona las instituciones directamente encargadas de hacer justicia; como son
los policías, jueces, peritos, criminólogos, etc., con ciertas excepciones.
4.1.10 La victimización terciaria.- Procede principalmente, de la conducta
posterior de la misma víctima, en ocasiones surge como resultado de las
vivencias y de los procesos de adscripción y etiquetamiento, como
consecuencia o valor añadido de las victimizaciones primaria y secundaria.
A fin de presentar otra clasificación; mencionamos la establecida por el Doctor
Venegas y Cortázar en su obra “Temas Penales y de Criminología” (2003); y
que lo hace mediante tres tipologías:
4.1.11 Víctima completamente inocente o víctima ideal.- Es la víctima
inconsciente que se ubicará en el 0% absoluto de la escala de Meldensohn.
Es la que nada ha hecho o nada ha aportado para desencadenar la situación
criminal por la que se ve damnificada. Ej: arrebato, un anciano es masacrado
por un asaltante, una anciana violada, un menor violado, la víctima es
absolutamente inocente y el victimario absolutamente culpable.
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4.1.12 Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia.- En este
caso se da un cierto impulso no voluntario al delito. El sujeto por cierto grado de
culpa o por medio de un acto poco reflexivo causa su propia victimización. Ej.
mujer que se provoca aborto por medios impropios pagando con su vida su
ignorancia.
4.1.13 Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria.- Son
Aquellas que cometen suicidio tirándolo a la suerte (Ej: ruleta rusa).
Suicidio por adhesión.
La víctima que sufre una enfermedad incurable y que pide que la maten, no
pudiendo soportar el dolor (eutanasia).
La pareja que pacta el suicidio (incubo y súcubo); los amantes desesperados; el
esposo que mata a la mujer enferma y se suicida. En estos casos la víctima es
tan culpable como el que proporcionó el arma.
4.1.14 Víctima más culpable que el infractor.-
Víctima provocadora: aquella que por su propia conducta incita al infractor a
cometer la infracción. Tal incitación crea y favorece la explosión previa a la
descarga que significa el crimen, es aquella víctima que provoca al infractor,
una chica de modestos recursos se puso a fanfarronear que tenía dinero,
provocó el secuestro, el jactancioso que habla de dinero que puede tenerlo o no
tenerlo lo motiva que lo secuestren.
Víctima por imprudencia: Es la que determina el accidente por falta de control.
Ej: quien deja el automóvil mal cerrado o con las llaves puestas; el que desafía
una mar embravecida; quien ingresa en lugares peligrosos en zonas de guerra.
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4.1.15 Víctima más culpable o víctima únicamente culpable.-
Víctima infractora: cometiendo una infracción el agresor cae víctima,
(exclusivamente culpable o ideal), se trata del caso de legítima defensa, en que
el acusado debe ser absuelto.
Víctima simuladora: el acusador que premeditada e irresponsablemente inculpa
al acusado, recurriendo a cualquier maniobra con tal de llevar a la justicia a un
error, se trata de personas que inventan un delito para perseguir a un actor, el
caso de los patrones que no liquidan a sus empleados los denuncian de
ladrones.
Víctima imaginaria: se trata generalmente de individuos con serias psicopatías
de carácter y conducta. Es el caso del patrocinio reivindicador, litigioso,
interpretativo, perseguidor, perseguido, histérico, mitómano, demente senil,
niño, púber.
4.1.16 La Victimología Definición polisémica.-
Al respecto DIAZ Elías, “Aspectos Históricos y Reflexiones sobre la
victimología” (2004); manifiesta
¡No hay derecho! a qué el débil sea despreciado, explotado y aplastado
por el fuerte. Para corregir eso y evitarlo se justifica que exista el Derecho.
Estas líneas pretenden definir el Derecho, más en concreto el Derecho
Penal, pero es una definición polisémica, pues en realidad define la
Victimología. Señoras y señores, el Derecho Penal no corrige ni evita que
los débiles sean aplastados por el fuerte. (pag.90) 2
2 MENDELSHON, Benjamín “New Biospsychopsocial Horizons: Victimology”
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En tanto la victimología constantemente se encuentra empeñada y con suma
eficacia en el tema de las víctimas, tal como lo proclama las Naciones Unidas,
mediante Resolución 43/173 de 9 diciembre de 1988, en su Declaratoria sobre
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos de
poder. (el resaltado es mío).
Dándole una visión de ciencia integradora, cosmopolita, de actualidad, con un
nuevo concepto del término de víctima.
De manera que, se entenderá por víctimas a las personas que individual o
colectivamente hayan sufrido daños, como sufrimiento emocional, lesiones
físicas o mal tratos, pérdida en sus finanzas o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, como consecuencia o a causa de acciones u
omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros,
incluido la que proscribe el abuso de poder.
La expresión víctima, incluye además, en cada caso, a todas las personas y
familiares a cargo o que dependan o tengan relación directa, así como a las
personas que hayan sufrido daños al intervenir en defensa de las víctimas en
peligro o para prevenir la víctimización.
En resumen podemos definir a la Victimología como la ciencia y el arte pluri,
inter y transdiciplinario, que en estrecha relación con la investigación y la
práctica del Derecho Penal, la Criminología, Sociología, Filosofía y la Teología,
se encargan de la investigación primaria, secundaria y terciaria, como también
sus factores etiológicos, sus controles, consecuencias y sus respuestas
superadoras de los conflictos y de la delincuencia.
Otorga atención al análisis bio-psico-social de las diversas clases de víctimas,
no solo de las directas e inmediatas, ejerciendo constante influencia en el
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campo tradicional de los delitos y de las sanciones, un ejemplo que es
importante resaltar es la sustitución del principio fundamental que encontramos
en el sistema procesal democrático in dubio pro reo por el “revolucionario”
indubio pro víctima, (el resaltado es mío)
4.1.17 Evolución a través del tiempo del resarcimiento a las víctimas.-
4.1.18 La venganza privada:
El hombre primitivo no adecuó su conducta según los principios de causalidad y
conciencia del Yo, más por estudios antropológicos se puede observar la
vinculación de la retribución con la psicología colectiva del clan.
La idea de la venganza privada no va relacionada con la idea de pena, por el
contrario se trata de un sentido social y restitutivo del mal ocasionado, nadie
pone en tela de juicio a la venganza privada; esta estaba justificada, no
importaba su adecuación y tampoco su exceso.
Al quedar la venganza privada en manos de las víctimas, con esta se
provocaba nuevas lesiones a la sociedad, generalmente mayor a la ejecutada
por el infractor, aunque la víctima podía dar su indulgencia, haciendo uso de la
justicia.
Por eso lo que se consiguió es producir reacciones en cadena.
4.1.19 La ley del Talión:
La ley del Talión surge a consecuencia de la desproporción en el castigo que
recibía quien cometía un delito, de parte de los familiares de la víctima o de esta
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misma que eran quienes asumían el papel de juzgadores y ejecutores de la
sanción que le imponían al agresor.
Esta ley procuró remediar la desproporción existente y a la vez estableció
reglas claras en este sistema, como es la muy conocida frase de “ojo por ojo”,
es decir si la víctima había sufrido la amputación de su brazo izquierdo, el
agresor se le amputaba su brazo izquierdo.
Con posterioridad como se aplicó en el primitivo derecho Germánico,
paralelamente a la venganza privada, coexistió la figura de la compensación,
sea en bienes o en dinero, que eran negociados como resarcimiento entre el
victimario o sus familiares y la víctima.
Con la ley del Talión se inicia un proceso llamado a restringir y poner fin a la
crueldad que podría suponer el resarcimiento de la víctima o sus familiares, y
que culmina con la actual situación de exclusión absoluta de la víctima de la
respuesta social al delito, a través de la imposición de la pena, y como
consecuencia indirecta de todo el sistema penal.
Aparece esta ley para establecer límites frente a la falta de proporción de la
venganza privada, de esta manera para Israel Drapkin comenta en su obra
sobre “Victimología”; los legisladores primitivos tuvieron como fin a quien
primeramente infringió la norma social, es decir al delincuente y no a la víctima.
La medida de la venganza según la Leguis talionis, debía encontrar con la
medida de la injuria inferida, o sea “ojo por ojo, diente por diente, animal por
animal”, estos principios fueron conocidos por el Código de Hamurabi, el Código
de Manú, la Ley de las Doce Tablas, en tal virtud estas, cesaron las peleas que
se mantenían entre familias o tribus y daban la competencia a un juez de
resolver potestativamente estableciéndose un criterio de proporcionalidad entre
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la ofensa y la pena, (lo que en nuestra legislación ecuatoriana se establece
también como la proporcionalidad de la pena).
4.1.20 Composición y compensación:
Con el correr del tiempo, notamos que la violenta reacción que termina
aniquilando al agresor, o por lo menos dándole el mismo tratamiento que sufrió
la víctima, esto va teniendo otro matiz, puesto que la víctima asume otro rol, por
las siguientes consideraciones: 1.- Se observa que la posición violenta no
conduce a nada; y 2.- Se encuentra en la compensación o composición
económica una aceptable forma de resarcimiento a las víctimas.
La facultad que le corresponde a la víctima, entre la venganza por el mal
inferido debe sufrirla el agresor, o en su defecto debe suplirla con la entrega de
una determinada suma de dinero.
Cuando los germanos invadieron la Europa Occidental, influyeron a los pueblos
que ocupaban (España, Francia, Italia e Inglaterra) sus normas penales, que se
encontraban desarrollando el sistema de composición, y resultaba curiosa la
forma de adquirir la compensación; así la muerte de un hombre, era una fuente
de una compensación mayor que si se trataba de una mujer, la de un joven
mayor, que la de una persona mayor en años, el pariente directo o legítimo
cobraba más cantidad de dinero de quien no lo era, la mujer en un inicio no
podía recibir dinero porque se le consideraba incapaz, hasta que
posteriormente se dio acceso a este beneficio únicamente si faltaban herederos
varones.
Debemos destacar la importancia que desde la antigüedad hasta la Edad Media
tenía la víctima, considerando que era el titular de la acción y de la justicia, era
19
quien decidía respecto de la compensación por el daño ocasionado en su
contra, por consiguiente fijaba el monto de dinero a recibir.
4.1.21 Derecho del resarcimiento económico:
Las víctimas de infracciones penales tienen derecho a demandar al Estado por
su no victimización, y a exigir una vida armoniosa, digna y con respeto del
principio fundamental del buen vivir, sin embargo resulta preocupante, debido a
que el Estado genera más preocupación por castigar la transgresión de la
norma, que proteger el derecho violado a las víctimas, lo que ocasiona y con
razón un descontento ciudadano y de todos los profesionales del Derecho, que
de alguna manera están conscientes de esta realidad , hoy en día podemos ver
como se protege al delincuente, y no se puede decretar su detención sin los
debidos recaudos procesales, dado a que en la ley y la Constitución se
establece la presunción de inocencia de su responsabilidad, hasta que en
sentencia ejecutoriada y luego de haber seguido un proceso se pruebe lo
contrario, presunción que en la práctica toma otro giro al convertir al victimario
en víctima del sistema penal.
De otra parte notamos la protección del victimario cuando el Estado le
proporciona un defensor público cuando este no tiene posibilidades para
contratar un abogado privado, sumado a esto aparecen ciertos representantes
de los Derechos Humanos en su defensa, lo que no sucede cuando es abatido
un agente del orden en cumplimiento de su deber.
4.1.22 Resarcimiento del daño de parte del Estado.
Con frecuencia a las víctimas no se les concede el derecho que tienen a la
reparación material como consecuencia de la vulneración de sus derechos
garantizados en la Constitución, ciertamente porque no existe una norma legal
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que canalice su reparación, los gobiernos deben priorizar dentro sus políticas
de Estado mecanismos de asistencia, restitución y reparación a las víctimas.
Sin embargo a la víctima se le permite que ejerza la persecución penal en
carácter de particular damnificado, se acepta su cooperación en el
esclarecimiento del hecho cometido en su contra, se le interroga como testigo,
participa en careos, además se le recibe pruebas que pudiera aportar al
proceso, hasta tal punto que tiene que volver a revivir el hecho delictivo sufrido.
Igualmente el delito deja lesiones como cuando se pierde la vida, parálisis de
determinados órganos del cuerpo, la imposibilidad de locomoción, que se
ubican dentro de las categorías denominadas daños permanente que nunca se
logra reparar; la indemnización económica que deberían en determinados casos
ser automática, sin esperar que la víctima llegue hacer uso primero de la acción
penal, para el resarcimiento moral del daño emergente y del lucro cesante, que
necesita para mitigar su preocupante situación y de toda su familia, o hacer uso
de la acción civil que le representaría nuevos gastos, tiempo y con la posibilidad
de obtener resultados dudosos.
La condena al pago de indemnización puede dar lugar a un nuevo juicio de
ejecución de la sentencia.
En virtud de lo expuesto, debe ser el Estado quien proceda a resarcir el daño
que sufre el agredido que le deja con incapacidad para el trabajo, llegando
incluso hasta a perder la vida, quedándole al Estado la acción en contra del
infractor.
Como política estatal se debe priorizar la atención a través de la reparación del
daño sufrido, a las víctimas de infracciones penales que, en muchos casos son
gente humilde que queda en situaciones de indefensión, y necesitan la atención
21
social fijando un presupuesto, como parte del ingreso que por impuestos
obtiene el Estado.
4.1.23 Reparación Integral:
De acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia, reparar es:
“Desagraviar, satisfacer al ofendido. Remediar o precaver un daño o perjuicio”.
En el espectro de los derechos, ha de referirse a la satisfacción que procura
reemplazar, atenuar o mitigar los daños generados como consecuencia de la
vulneración de esos derechos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “La reparación es
el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado
puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido
(restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición,
entre otras).”
La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa
Rica del 7 al 22 de noviembre de 1962, señala en su Artículo 63.1 que la Corte:
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos
en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el
goce de su derecho o libertad transgredidos. Dispondrá asimismo, si ello
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago
de una justa indemnización a la parte lesionada.” (Lo resaltado es del autor)
3
3 Corte Interamericana de los Derechos Humanos 4 de noviembre de 2003.
22
Sobre el contenido de las reparaciones, debemos comentar que a través de
ellas, se evita que se agraven sus consecuencias por la indiferencia del medio
social, por la impunidad, o por el olvido; por lo tanto, las reparaciones revisten
un doble significado:
a) Proveer satisfacción a las víctimas, o a sus familiares, cuyos derechos han
sido violados, y b) restablecer el orden jurídico quebrantado por dichas
violaciones.
La posición solidaria pone al Estado frente a responsabilidades
económicas.
El sistema de justicia penal está diseñado para la represión exclusivamente.
Una justicia alternativa, cuya diferencia con la justicia represiva se pueden
resumir en la participación de la víctima en este nuevo modelo de justicia es
una alternativa.
Por justicia restaurativa se entiende todo proceso en que la víctima, el
delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la
comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en
la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de
un facilitador.
Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la
celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias.
Entendiéndose por resultado restaurativo al acuerdo alcanzado como
consecuencia de un proceso restaurativo.
23
Entre los resultados restaurativos se pueden incluir respuestas y programas
como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a
entender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las
partes y lograr la reintegración de la víctima y del delincuente.
Dentro de este sistema alternativo de justicia se denomina “facilitador” a la
persona cuya función es facilitar de manera justa e imparcial, la participación de
las partes en un proceso restaurativo.
Los procesos restaurativos deben utilizarse únicamente cuando hay pruebas
suficientes para inculpar al delincuente, y con el consentimiento libre y
voluntario de la víctima y el delincuente.
La víctima y el delincuente podrán retirar ese consentimiento en cualquier
momento del proceso. Los acuerdos se alcanzarán en forma voluntaria y solo
contendrán obligaciones razonables y proporcionadas.
La víctima y el delincuente normalmente deben estar de acuerdo sobre los
hechos fundamentales de un asunto como base para su participación en un
proceso restaurativo.
La participación del delincuente no se utilizará como prueba de admisión de
culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. Las diferencias adecuadas a
una desigualdad de posiciones, así como las diferencias culturales entre las
partes, se deben tener en cuenta al someter un caso a un proceso restaurativo
y al llevar a cabo ese proceso.
La seguridad de las partes debe ser tenida en cuenta al someter un caso a un
proceso restaurativo y al llevar a cabo ese proceso.
24
Cuando los procesos restaurativos no sean un recurso apropiado o posible, el
caso deberá remitirse a la justicia penal y se deberá adoptar sin demora una
decisión sobre la manera de proceder
En esos casos los funcionarios de la justicia penal se esforzarán por alentar al
delincuente a que asuma su responsabilidad para con la víctima y las
comunidades afectadas.
Los resultados de los acuerdos de justicia restaurativa, cuando proceda,
deberán ser supervisados judicialmente o incorporados a decisiones o
sentencias judiciales.
Cuando así ocurra, los resultados tendrán la misma categoría que cualquier otra
decisión o sentencia judicial y deberán excluir la posibilidad de enjuiciamiento
por los mismos hechos.
El incumplimiento de un acuerdo, acordado en el curso de un proceso
restaurativo deberá someterse al programa restaurativo o, cuando así lo
disponga la legislación nacional, al proceso de justicia penal ordinario, y deberá
adoptarse sin demora una decisión sobre la forma de proceder.
En nuestra legislación existe lo que se conoce con los nombres de
procedimientos especiales: abreviado, simplificado, conversión, suspensión
condicional del proceso que tienen su origen en el instituto del “pattegiamentto”
italiano, que es la traducción del pleabargaining del sistema norteamericano.
25
4.1.24 Reparación de los daños a través del proceso civil
En el contexto latinoamericano, el ofendido puede escoger la vía procesal penal
o civil, para que se le reparen los daños ocasionados por el quebrantamiento de
la norma legal, al escoger la vía civil, esta se realiza mediante el procedimiento
civil determinado en la legislación y surge luego de haber concluido el proceso
penal.
Las cuestiones penales las resuelve el juez penal y las cuestiones civiles; en lo
que respecta a montos a indemnizar, los resuelve otro juez y especialista en
casos civiles.
En el Código Penal de Brasil de 1984, mantiene una separación entre la acción
penal y la acción civil. Aquí la reparación del daño es un efecto de la sentencia
condenatoria penal, así lo determina el Art. 91 de su Código Penal; el efecto
principal de la condena consiste justamente en la imposición de la pena (prisión
multa), mientras que el efecto accesorio es de naturaleza no penal, por ejemplo,
la reparación del daño resultante del delito, la pérdida del cargo, el decomiso,
etc., determinado en el (art. 92 C.P.).
En Brasil la reparación de los daños para la víctima del delito, está regulado en
el Art. 159 del Código Civil, que establece la obligación de reparar los daños
para cualquiera que los ocasione en forma voluntaria o negligente. Para lo cual
se necesita una sentencia condenatoria que permita promover la ejecución de
la sentencia penal en cede civil (art. 63 C.P.), esta sentencia penal condenatoria
funciona como una declaratoria en lo que respecta la responsabilidad civil.
26
4.1.25 Estado Social y Democrático de Derecho, Sistema Penal y las
víctimas del delito.-
El Estado constitucional de derechos y justicia se fundamenta en el respeto a la
dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y
en la prevalencia del interés general, teniendo como una de las finalidades
esenciales garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución y asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado. 4
Para lograr este objetivo es preciso orientar el sistema hacia la solución del
conflicto profundo al delito, dejando de lado aquella idea según la cual el
sistema penal debe tener como finalidad principal la imposición de una pena o
simplemente la represión.
No medir la eficacia de la administración de justicia solo por el número de
sentencias condenatorias que sean proferidas.
Un sistema penal que pretenda ser coherente con el modelo de Estado social y
democrático de derecho debe buscar la humanización del sistema penal, es
decir, procurar que este tenga una estructura comprensiva del hombre, y para
lograrlo es preciso que se oriente en primer lugar hacia las víctimas, hacia los
vencidos, que les reconozca el verdadero protagonismo que tienen en el drama
penal, que tenga como objetivo fundamental, sin descuidar al delincuente, sus
derechos y garantías, escuchar, comprender y atender sus necesidades.
4 PÉREZ, Luis, (2007) “Apuntes de Derecho penal” Quito - Ecuador
27
Por esta razón las pocas alternativas legales para la intervención de las
víctimas en el proceso penal, cuando no exista su absoluta imposibilidad, el
desconocimiento de sus derechos y en no pocas ocasiones la burla a sus
necesidades con sentencias ineficaces por insolvencia, real o simulada del
victimario, la absolución del delincuente por error judicial o deficiencia en la
actuación de ciertos funcionarios, son factores, entre otros, que han hecho del
sistema penal un laberinto inalcanzable para las víctimas.
De acuerdo a De JORGE MESAS Luis Francisco, (1994) “La eficacia del
sistema penal”, en Cuadernos de Derecho Judicial - Criminología XXIX.
“la eficacia del sistema penal no puede ser contemplada solo desde el
punto de vista del delincuente (reincidencia etc.) o del delito (aumento o
disminución de su número, extensión del campo negro, etc). Si el
problema tiene tres términos (o cuatro si se quiere, pero sin olvidar que el
delito y victimización están íntimamente unidos), la respuesta, esto es, la
acción del sistema de la justicia penal, necesariamente actúa sobre todos
ellos, y a todos les afecta. Su eficacia deberá contemplarse desde la total
perspectiva del conjunto, y por lo tanto, también desde el punto de vista
de la víctima…” (p.60) 5
El ordenamiento jurídico debe tener como centro de atención al hombre, lo que
conduce a considerar que los ciudadanos y las autoridades están obligados a
asumir un papel activo, a la vez que un compromiso permanente en la
promoción de los derechos fundamentales.
5 PÉREZ, Luis, (2007) “Apuntes de Derecho penal” Quito - Ecuador
28
4.1.26 Los Tratados en materia de Derechos Humanos y el reconocimiento
de la personalidad internacional del individuo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que: “La
Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de
Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1962, se inspiran en valores comunes
superiores (centrados en la protección del ser humano) dotados de mecanismos
específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía
colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tienen
una naturaleza especial que los diferencia de los demás tratados, los cuales
reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes y son aplicados por
éstos con todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los
ordenamientos jurídicos internacional e interno.” Ejemplo: Corte I.D.H., Caso
Ivcher Bronstein Vs. Perú, donde el Estado peruano violó los derechos del
señor Bronstein, al privarle arbitrariamente el título de nacionalidad de
ciudadano peruano por naturalización.
Como señala FAÚNDEZ-LEDESMA Héctor, “El Sistema Interamericano de
Derechos Humanos” Segunda Edición, (1999) “genera obligaciones objetivas
para los Estados distintas de los derechos subjetivos y recíprocos
propios del Derecho Internacional clásico, y confiere al individuo la
condición de titular de derechos que derivan directamente del
ordenamiento jurídico internacional.” (p. 37).
El reconocimiento de la personalidad internacional del individuo, esto es la
capacidad para ser titular de derechos y obligaciones lo sitúa en una doble
posición frente al derecho internacional, por un lado como sujeto activo de
conductas que pueden llegar a considerarse contrarias al derecho internacional
y, por el otro, como sujeto pasivo de conductas violatorias a sus derechos
29
reconocidos por el mismo sistema, ambas situaciones generan consecuencias
distintas tanto en el ámbito interno como en el internacional.
Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene por fin proporcionar al
individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos
internacionalmente frente al Estado (sus órganos, sus agentes y todos aquellos
que actúan en su nombre). En la jurisdicción internacional las partes y la
materia de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción
interna.” 6
Por ello, en virtud de que el procedimiento ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, como en todo tribunal internacional, presenta
particularidades y características propias por lo cual no le son aplicables,
automáticamente, todos los elementos de los procesos ante tribunales internos,
es necesario distinguir entre la jurisdicción internacional en materia de derechos
humanos a la jurisdicción penal nacional o internacional.
Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El
Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer
penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas
y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los
Estados responsables de tales acciones.”
Cabe distinguir, que para establecer si se ha producido o no una violación de
los derechos consagrados en la Convención, no se requiere determinar la
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) 22 de noviembre de 1962
30
culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar
individualmente a los agentes a los cuales se atribuye tales hechos.
Es suficiente ha dicho la Corte, “La demostración de que ha habido apoyo o
tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la
Convención” o que el “Estado no realice las actividades necesarias, de acuerdo
con su derecho interno para identificar y, en su caso sancionar a los autores de
las propias violaciones.
La Corte no está facultada para pronunciarse, de ser el caso, sobre la
culpabilidad, naturaleza y gravedad de los delitos atribuidos a las presuntas
víctimas.
En ciertos casos en que los Estados demandados han alegado, para justificar
determinadas violaciones a los derechos consagrados en la Convención, la
participación de las víctimas en delitos considerados graves, tales como
narcotráfico o terrorismo, entre otros, la Corte ha reiterado que el aspecto
sustancial de la controversia no es si la supuesta víctima violó la ley del Estado,
sino si éste ha violado las obligaciones internacionales que contrajo al
constituirse en Parte en la Convención Americana.
“El deber de adoptar una decisión respecto de la inocencia o culpabilidad de la
presunta víctima recae exclusivamente en los tribunales internos, pues la Corte
no es un tribunal penal ante el cual se pueda discutir la responsabilidad de un
individuo por la comisión de delitos”.
“La Corte sólo está llamada a pronunciarse acerca de violaciones concretas a
las disposiciones de la Convención, en relación con cualesquiera personas e
independientemente de la situación jurídica que éstas guarden y de la licitud o
ilicitud de su conducta desde la perspectiva de las normas penales que
31
pudieran resultar aplicables conforme a la legislación nacional. La función de
ésta es proteger a las víctimas y determinar la reparación de los daños
ocasionados por los Estados responsables de tales acciones. Sin desconocer la
gravedad de ciertas acciones por parte de los individuos sujetos a la jurisdicción
estatal.
La Corte reiteradamente ha señalado que un Estado tiene el derecho y el deber
de garantizar su propia seguridad, aunque debe ejercerlos dentro de los límites
y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad
pública como derechos fundamentales de la persona humana.
Tal como lo ha señalado este Tribunal, está más allá de toda duda que el
Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad.
Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a
su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por
culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir
que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse
de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho
o a la moral.
Existe un amplio reconocimiento de la primacía de los derechos humanos, que
el Estado no puede desconocer sin violentar.
La protección internacional en materia de derechos humanos, tiene un carácter
subsidiario o complementario al derecho estatal, tal como lo señala el
preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José
de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1962; por ello, los Estados se
comprometen, de conformidad con el artículo 2 de la misma, a adoptar, con
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
32
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos y libertades.
4.1.27 Los Deberes del Estado y su responsabilidad internacional.-
Todo Estado es internacionalmente responsable por todo y cualquier acto u
omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos
internacionalmente consagrados.
El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San
José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1962; es de trascendental
importancia, en tal sentido este artículo contiene las obligaciones contraídas por
los Estados Partes, en relación con los derechos protegidos al señalar que
dichos estados “Se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que: el artículo
1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos
reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte.
En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes
fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los
derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido,
según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier
33
autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su
responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención. 7
Conforme al artículo 1.1 continúa la Corte es ilícita toda forma de ejercicio del
poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención.
En este orden de ideas, la Convención Americana de Derechos Humanos,
establece la obligación de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a
las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella
consagrados.
“El deber general del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, implica la adopción de medidas en dos vertientes; por una parte, la
supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen
violación a las garantías previstas en la Convención y por la otra la expedición
de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observación de
dichas garantías”
El carácter complementario se expresa en el hecho de que, de acuerdo con el
derecho internacional, la Corte Interamericana no tiene el carácter de tribunal
de apelación o de casación de los organismos jurisdiccionales de carácter
nacional y sólo puede señalar las violaciones de los derechos consagrados en
la Convención y, en consecuencia, determinar las formas de reparación.
7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) 22 de noviembre de 1962
34
4.2 MARCO DOCTRINARIO
El tema de la víctima es antiguo como la existencia del hombre, pero su estudio
científico es reciente y data del año 1945 cuando el profesor Benjamín
Mendelsohn, usa por primera vez el término victimología que es la ciencia que
actualmente se preocupa de este sujeto.
Esta palabra también tiene una raíz griega en la palabra “logos”, que significa
estudio
Este concepto no puede ser asumido sin más por la Criminología. El concepto
jurídico-penal constituye su punto de partida, pero nada más, porque el
formalismo y el normativismo jurídico resultan incompatibles con las exigencias
metodológicas de una disciplina empírica como la Criminología.
De acuerdo a la definición dada en el Primer Simposio sobre Victimología
celebrado en Jerusalén, Israel, del 2 al 6 de septiembre de (1973), la
victimología es “el estudio científico de las víctimas del delito” o como diría
GULOTTA. “Estudio de las víctimas”
La disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima del delito, de su
personalidad, de sus características biológicas, morales, sociales, y
culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha
desempeñado en la génesis del delito. (p. 34)
A fin de presentar algunas definiciones sobre la victimología nos permitimos
esbozar las siguientes:
GOLDSTEIN, Raúl, “Plan de Política victimológica”, (2004) define como:
“parte de la criminología que estudia a la víctima no como efecto nacido
35
de una conducta delictiva, sino como una de las causas, a veces
principalísima, que influye en la producción de los delitos”. (p. 33) 8
CHANAN CHASI “Singh, “Estudio de la víctima”, (2003); define a la
victimología como “un movimiento científico, que focaliza su atención en la
víctima, sus necesidades y derechos” (p. 29). 9
EZZAT FATTH, Abdel, “Tipología victimilógica”, (2003); definió a la
victimología como: “aquella rama de la Criminología que se ocupa de la
víctima directa del crimen y que designa el conjunto de conocimientos
biológicos, sociológicos, psicológicos y criminológicos concernientes a la
víctima”.(p. 63) 10
MENDELSOHN, Benjamín, “Tipología victimológica”, (1946) define como: “la
ciencia sobre las víctimas y la victimidad”.(p. 31) 11
Este autor se refiere en sus escritos a la “pareja penal”, en la que no existe
armonía, sino contraposición, lo que interesa al delincuente es el de causar un
perjuicio a la víctima, esa desarmonía determina los roles en el acto
delincuencial: victimario y víctima.
Existe otro extremo: ubicar a la víctima en el rol protagónico del hecho delictivo,
desplazando al autor o victimario, ubicándolo al ofendido como figura central del
hecho delictivo. Sin embargo, en el delito, el protagonista actor principal será
siempre del delincuente, esto no debería ser motivo de olvido y exclusión de la
víctima y de sus derechos.
8 GOLDSTEIN, Raúl, “Plan de Política victimológica”, (2004)
9 CHANAN CHASI “Singh, “Estudio de la víctima”, (2003 10
EZZAT FATTH, Abdel, “Tipología victimilógica”, (2003) 11 MENDELSOHN, Benjamín, “Tipología victimológica”, (1946)
36
La omisión de la víctima, el principalizar el rol del delincuente, debido a que la
víctima parece inofensiva, la parte perdedora del acto delictivo, ha sido
perjudicial para el respeto de sus derechos. Si nos remontamos al pasado la
víctima tenía relevancia en la “venganza privada”, la “compensación” y
“composición”, pero posteriormente los estudios penales, las leyes penales se
enfocaron exclusivamente en el delincuente, dejando a un lado a la víctima. Sin
embargo la pareja, son dos actores necesarios de un mismo drama penal. El
delincuente infringe la ley penal, por acción u omisión.
La Sociedad Internacional de Victimología y la ONU, han impulsado el estudio
del agredido, para comprender mejor la conducta del agresor y sobre todo para
amparar a las víctimas, en cuanto a su atención indemnización, reconociendo
sus derechos, su incapacidad proveniente del delito, su sufrimiento y el de sus
familiares. 12
Este esfuerzo de investigación rendirá frutos en las políticas criminológicas,
reformas legales, la atención y satisfacción a los derechos de las víctimas.
La justicia penal no puede edificar sobre la invisibilidad de las víctimas. Por ello,
el único modelo que integra la protección de las víctimas con las garantías del
victimario, es el ofrecido por la justicia reconstructiva que es desarrollada en la
obra “Criminología y Victimología, alternativas recreadoras del Delito”, (1998) de
BERISTAIN, Antonio “Hoy creamos una nueva ciencia cosmopolita e
integradora: la victimología de máximos, después de Auschwitz”. (p. 15).
De acuerdo a este autor, en lo reconstructivo, la injusticia provocada por el
delito destruye una relación que la justicia tiene el deber de reconstruir. Lo que
caracteriza al derecho proveniente de este modelo de justicia es la sustitución
del vínculo entre justicia y castigo del victimario por el de justicia y detener el
daño padecido por las víctimas.
12 ONU: Convención Mundial Nueva York – Estados Unidos.
37
4.2.1 Fundamentación Legal
La base legal la encontramos en la Constitución de la República del Ecuador
que nos rige, y el Art. 78, textualmente dice:
“Las víctimas de las infracciones penales gozarán de protección especial, se les
garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración
de las pruebas, y se les protegerá de cualquier amenaza u otras formas de
intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que
incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la
restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y
satisfacción del derecho violado.”13
4.2.2 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.- Aprobada el 17
de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las
Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
En lo referente a las víctimas en el Art. 75 establece:
Reparación a las víctimas
La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la
restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las
víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o
de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el
alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las
víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.
13
VÁSCONEZ BUSTAMANTE, Horacio M., (2006).- “Víctimas de las medidas cautelares de Carácter Personal” Guayaquil - Ecuador.
38
La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la
que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas,
incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la
Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se
pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79.
La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en
cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras
personas o Estados que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre.
Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte,
una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su
competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte
de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 90
Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este
artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente
artículo.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio
de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho
internacional.
Fue la criminología, la que primeramente se ocupó de la víctima del delito,
aunque actualmente en Europa, y especialmente en Alemania el tema es objeto
de estudio de la totalidad de las ciencias penales, es decir, desde los aspectos
de derecho penal material, procesal y criminológico.
39
Existe la convicción cada vez más creciente en Europa que la víctima necesita
mayor protección tanto dentro y fuera del proceso penal. Esto se observa con la
promulgación de la ley alemana para la protección de la víctima.
En el Código Penal Alemán de (1975) también se contemplan otras
instituciones que tratan de promover la reparación del daño causado a la
víctima. Así nos permitimos citar el caso determinado en el Art. 46 párrafo 2;
que permite atenuar la pena, el autor que “se esfuerce” o que trate de reparar
los daños. También para el caso de la condena con ejecución condicional
prevista en el Art. 56 y siguientes. En particular el Art. 56 b. párrafo 2, faculta al
Juez para imponer al imputado la obligación de reparar el daño causado por el
delito en la medida de sus posibilidades.
La reparación del daño puede funcionar en Alemania, además como un
sustituto de la sanción penal.
En referencia a este tema, lamentablemente existe muy poco en Latinoamérica,
legislación o al menos disposiciones penales que establezcan, respecto la
reparación integral de las víctimas de las infracciones penales.
Nos atreveríamos a decir que el tema es casi desconocido, aunque en el
Ecuador en nuestra Constitución revela importantes garantías a favor de las
víctimas de infracciones penales, que sin duda es un avance de este tema,
consecuentemente se vuelve imperativo que se regularice o se norme en los
cuerpos legales de nuestro país con mecanismo de reparación integral a las
víctimas de delitos penales.
40
4.2.3 Fundamentación Social
La inaplicación de los derechos de las víctimas de infracciones penales de parte
de quienes están obligados a administrar justicia, tiene consecuencias
negativas que repercuten en la sociedad, y generan con ello un desequilibrio en
nuestro Estado de Derecho, originando desconfianza e incredulidad del
conglomerado social hacía las instituciones judiciales, existe temor de las
víctimas de delitos al presentar su denuncia, que ven con duda que, será más
grave hacerlo que permanecer en silencio, lo que genera una apatía a
denunciar los hechos delictuosos, cuando se considera que haciéndolo, se
pierde más que lo que se gana, prevaleciendo la desconfianza social en las
instituciones y autoridades responsables de llevar adelante mecanismos claros
de administrar justicia.
La percepción ciudadana sobre la evolución de los indicadores relacionados
con la delincuencia, ha puesto este tema en los primeros lugares de la agenda
pública. Las intervenciones del gobierno han apuntado a aumentar los recursos
a la policía, a reforzar la oferta pública existente en materia de seguridad
ciudadana y a la implementación de políticas anti delictivas.
No obstante los esfuerzos por reducir los niveles de delincuencia, el gobierno se
ve impotente frente a esta problemática social, el descontento ciudadano es
común, las personas sienten desprotección e inseguridad, temen que sus
derechos no son respetados y por lo tanto se sienten más indefensos, y así la
llamada “puerta giratoria de la justicia” dejan la población la sensación de que
las Instituciones que deben velar por los derechos de las víctimas de los delitos
no funcionan.
41
El alto temor ante la delincuencia en nuestro país se asocia con una mayor
demanda por políticas de control y represión del delito, más que con una
demanda por políticas preventivas y de rehabilitación.
La doctrina y conceptualización de la víctima, tiene como base la definición
establecida en el documento culminante de VI Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado
Milán (Italia) en agosto y septiembre, de 1985, en el que señala que “se
entenderá por "víctimas"
A las “...personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de
poder”. Además se amplía este concepto para determinar igualmente que
“Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda,
enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación
familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se
incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que
tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para
prevenir la victimización”.14
Ecuador es parte de la ONU desde el 21 de Diciembre de 1945, y por lo tanto
obligado a procurar que la atención a las víctimas del delito sea en los términos
en los que se encuentra comprometido, conceptualización que debe ser
aplicable a nuestro contexto, por lo que se debe tener presente en la
investigación planteada, para comprender tanto el concepto de víctima como las
14 ONU: Convención Mundial Nueva York – Estados Unidos.
42
garantías otorgadas a éstas. Las concepciones Internacionales que para tal
efecto existen y que son retomadas por la mayoría de los países.
El enfoque de las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos,
representa una nueva modalidad en el tratamiento del delito, en la que el
sistema de justicia penal se constituye en un medio de protección de los
Derechos Humanos, “producto de que la igualdad entre las partes, el debido
proceso, el derecho de petición, la acción, el favor libertatis, la justicia pronta y
cumplida” representan principios que la administración de justicia debe
garantizar. 15
El proceso penal ecuatoriano ha olvidado a las víctimas del delito. Los
legisladores, el Estado como tal, preocupado más por sancionar a quien ha
quebrantado el orden jurídico, han dejado a un lado la consideración de las
víctimas como sujetos del litigio penal.
Las pretensiones punitivas de las víctimas fueron reemplazadas por la llamada
“vindicta pública”, protagonizada por la Fiscalía, pero olvidando que el
fenómeno penal debe contar con las víctimas, no solo en su condición de
testigos, sino de quienes han sido afectados por un daño directo o indirecto
como consecuencia de una conducta antijurídica, cuya reparación debe ser
garantizada.
Es importante la conciliación, como una forma de solución del conflicto con la
participación directa de la víctima, a través de mecanismos previstos en las
leyes, con fundamento en el Principio de Oportunidad y de la Mediación.
El papel que dentro del drama del proceso penal ha jugado la víctima ha tenido
diversas caracterizaciones. Razones históricas han determinado que en el
15 ONU: Convención Mundial Nueva York – Estados Unidos.
43
proceso penal el papel de la víctima hubiese pasado de un protagonismo
absoluto, a una expulsión y finalmente a un resurgimiento en el moderno
proceso penal.
Esta historia, no debe captarse como una vuelta al momento que tenía la
víctima en tiempos pasados, ni tampoco debe entenderse como un desarrollo
lineal, sino que la experiencia cotidiana nos enseña que el devenir de esta
historia es esencialmente dialéctico, con algunos saltos e igualmente con
grandes retrocesos y que en el campo del reconocimiento de los derechos de
las víctimas está pendiente la atención del Estado.
Nuestra visión se circunscribe al Ecuador y aspira a ubicar en qué etapa nos
encontramos en nuestro país con relación a la defensa efectiva de los derechos
de las víctimas, siguiendo la premisa que es importante conocer la realidad y
comprometerse en transformarla.
44
4.3 MARCO JURIDICO
La Corte Penal Internacional, publicado en el Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas del 16 de octubre de 1998, establecerá
principios para reparar los daños sufridos por las víctimas, incluyendo
restitución, compensación y rehabilitación. La Corte tiene poderes para
determinar el alcance y extensión de cualquier daño, pérdida o herida que las
víctimas hayan sufrido y para ordenar a los convictos que hagan las
reparaciones correspondientes. Puede establecerse un Fondo Fiduciario para
beneficio de las víctimas y de sus familias. Sus fondos procederán, entre otras
fuentes, del dinero y de propiedades obtenidas mediante multas y decomisos
que imponga la Corte.
El 24 de noviembre de 1985 mediante Resolución No. 40/34 la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,
estableciendo los derechos de las víctimas en los procedimientos de justicia
penal, incluidos el derecho de acceso a la justicia, el derecho a ser tratado con
normas mínimas de respeto y dignidad, el derecho a la protección y la
asistencia y el derecho a la reparación. Esta declaración ha servido como un
pilar para establecer los derechos jurídicos de las víctimas bajo el derecho
internacional. 16
Se han desarrollado una gama diversa de mecanismos que ofrecen a las
víctimas acceso a la justicia, cuando éstas no logran obtener reparación ante
los tribunales nacionales.
A nivel nacional, el mecanismo de la jurisdicción universal debe ser un
instrumento en la lucha contra la impunidad, para asegurar que los victimarios
16 ONU: Convención Mundial Nueva York – Estados Unidos.
45
individuales sean llevados ante la justicia. A nivel regional e internacional, las
víctimas cada vez más han logrado obtener acceso a mecanismos de derechos
humanos con jurisdicción sobre violaciones cometidas por los estados. Se
reconoce el papel de la justicia internacional en brindar no sólo justicia
retributiva, es decir en la condena a los culpables; sino también de una justicia
restaurativa que permita a las víctimas participar en los procedimientos y recibir
reparaciones por los daños que han sufrido.
De acuerdo con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos más
conocida como Pacto de san José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de
1962, establece con claridad una serie de disposiciones que protegen a todas
las personas sin importar las condiciones de sexo, raza, religión, posición
económica, entre otros factores, se protege a la víctima de un delito, cuando se
vulneren sus derechos como son: la propiedad, la vida, la libertad de
disposición, la protección judicial y la seguridad jurídica, entre otros, y al ser
reconocidos y garantizados por dicho Pacto, suscrito y ratificado por el Ecuador,
su aceptación y aplicación es obligatoria.
Efectivamente los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos
alcanzan la jerarquía y se refleja en las disposiciones contempladas en los
artículos 424 y 425 de la Constitución de la República del 2008, que establecen
la Supremacía de la Constitución seguida de los Tratados y Convenios
Internacionales, que se encuentran por encima de cualquier norma jurídica o
acto del poder público.
Cabe señalar que, de acuerdo con la práctica jurídica extrañamente los
derechos de los victimarios se han visto más garantizados en relación a los
derechos de las víctimas que cada día se ven más transgredidos, por cuanto las
Organizaciones de Derechos Humanos han demostrado su respaldo directo a
46
quienes delinquen y no actúan de la misma manera a favor de las víctimas que
realmente son quienes más lo necesitan.17
Justificación
Cumplido el enfoque del tema planteado y dada su importancia que reviste,
tanto más que es un problema de actualidad, no encontramos marco legal
alguno en nuestro país que efectivice y reglamente las garantías consagradas
en la Constitución de la República del Ecuador aprobada en Montecristi el 20 de
octubre de 2008, la cual es garantista, donde prima los principios
constitucionales, más que legales y que, justamente garantiza la reparación
integral a las víctimas de un delito penal al haber sufrido una lesión en sus
bienes jurídicos tutelados, es así que, se puede concluir indicando que no existe
otro trabajo similar, por lo que, tiene características de originalidad, ya que no
existe otro tema semejante.
Es un tema de interés, tanto para los profesionales del Derecho, estudiantes,
como de interés social, si consideramos el alto índice de delincuencia que en
muchas ocasiones escapa de las manos del Gobierno, al no poder controlar
diríamos esta lacra social, sin embargo hemos visto además que es el sentir
popular que dicen, que más se demoran los delincuentes en entrar a las
cárceles que en salir, ahora que pasa con la víctima, con sus derechos
vulnerados, las condiciones en las que queda, emocional, física y
económicamente, sumado a esto la de sus familiares cuando éste es el que
mantiene y corre con los gastos del hogar.
La importancia que reviste este trabajo, y que sobre la base de la bibliografía
encontrada, a más de los comentarios de los profesionales del Derecho, que
nos permite realizar una recomendación, para que se ponga en práctica el
17 Constitución de la República del Ecuador aprobada en Montecristi el 20 de octubre de 2008
47
mandato constitucional, que la reparación integral a las víctimas de las
infracciones penales, mediante mecanismos de rehabilitación, protección y
asistencia y derecho a la reparación.
Los resultados fruto de tema investigado, será promover como propuesta un
proyecto de ley que se direccione a la protección, asistencia, y derecho a la
reparación de las víctimas, quienes serán los beneficiarios; así como las
obligaciones del Estado de efectivizar la protección integral de las víctimas tal
como prescribe el Art. 78 de la Constitución de la República.
Por lo tanto el aporte será dirigido y aprovechado por las víctimas de los delitos
que han sido olvidados por las políticas públicas, el Derecho Penal y los
servicios del Estado.
El beneficio del presente trabajo investigativo está dado en la medida de que,
la correcta aplicación de las garantías constitucionales permita mantener la
seguridad jurídica, dentro de un Estado Constitucional de derechos y justicia,
además de ser una fuente de consulta para estudiantes, profesionales del
derecho y para quienes estén interesados en el tema.
4.3.1 Factibilidad técnica.- Es posible efectuar la investigación ya que la
información se encuentra en tratados, convenios y obras de derecho
constitucional, nacionales y extranjeros, resoluciones y sentencias judiciales
basadas en las leyes y la doctrina.
48
4.3.2 Aportes prácticos.- Esta investigación ha permitido integrar los
problemas para ser valorados en su contexto en busca de soluciones integrales.
18
4.3.3 Factibilidad legal.- El tema seleccionado ha permitido realizar la
investigación dentro del campo legal ya que se dispone de la doctrina, las
resoluciones y sentencias judiciales.
4.3.4 Factibilidad temporal.- No existe prohibición legal alguna que impida
realizar la presente investigación.
4.3.5 Factibilidad económica.- No existe impedimento económico para
efectuar la presente investigación.
18 SUBIJANA ZUNZUNEGI, Ignacio J., (2006).- “El principio de protección de las víctimas en el orden
jurídico penal” Arbolete - Camores.
49
4.4 LEGISLACION COMPARADA
En el Código Penal Alemán de (1975) también se contemplan otras
instituciones que tratan de promover la reparación del daño causado a la
víctima. Así nos permitimos citar el caso determinado en el Art. 46 párrafo 2;
que permite atenuar la pena, el autor que “se esfuerce” o que trate de reparar
los daños. También para el caso de la condena con ejecución condicional
prevista en el Art. 56 y siguientes. En particular el Art. 56 b. párrafo 2, faculta al
Juez para imponer al imputado la obligación de reparar el daño causado por el
delito en la medida de sus posibilidades.
La reparación del daño puede funcionar en Alemania, además como un
sustituto de la sanción penal.
En referencia a este tema, lamentablemente existe muy poco en Latinoamérica,
legislación o al menos disposiciones penales que establezcan, respecto la
reparación integral de las víctimas de las infracciones penales.
Nos atreveríamos a decir que el tema es casi desconocido, aunque en el
Ecuador en nuestra Constitución revela importantes garantías a favor de las
víctimas de infracciones penales, que sin duda es un avance de este tema,
consecuentemente se vuelve imperativo que se regularice o se norme en los
cuerpos legales de nuestro país con mecanismo de reparación integral a las
víctimas de delitos penales.
La doctrina y conceptualización de la víctima, tiene como base la definición
establecida en el documento culminante de VI Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado
Milán (Italia) en agosto y septiembre, de 1985, en el que señala que “se
entenderá por "víctimas"
50
A las “...personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de
poder”. Además se amplía este concepto para determinar igualmente que
“Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda,
enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación
familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se
incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que
tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para
prevenir la victimización”.
Ley que dotara a la sociedad colombiana de una política de Estado que
reconociera y garantizara los derechos de las víctimas y de la sociedad se limita
el tipo de daño a las víctimas al ámbito de los derechos fundamentales, dejando
por fuera lo relativo a derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y
del ambiente. contrasta con la definición adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en marzo de 2006 y que es acogida por la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación que se refiere a los derechos
humanos en general: “La CNRR considera como víctimas a todas aquellas
personas o grupos de personas que, en razón o con ocasión del conflicto
armado interno que vive el país desde 1964 hayan sufrido daños individuales o
colectivos ocasionados por actos u omisiones que violan los derechos
consagrados en normas de la Constitución Política de Colombia, del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario
y del Derecho Penal Internacional, y que constituyan una infracción a la ley
penal nacional.
51
Las recomendaciones de las Naciones Unidas en el documento sobre
“Principios y directrices básicos sobre los derechos de las víctimas …” extiende
el concepto de víctima “ a la familia inmediata o las personas a cargo de la
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para
prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”.
52
5 MATERIALES Y METODOS
5.1 MATERIALES UTILIZADOS
Es fundamental esta fuente de consulta, para la realización de nuestro trabajo
de investigación, tanto más que, para determinar aspectos relacionados con el
tema planteado, resulta de suma importancia la revisión de todo tipo de textos,
libros, revistas, folletos, en fin de todo documento que nos permita apoyarnos, y
sacar la información posible y presentar un trabajo de actualidad, innovador y
sobre todo que trascienda dentro nuestro sistema jurídico.
A fin de complementar la investigación que se va a desarrollar, es pertinente
que también se lo realice en el campo, por cuanto, este medio va a servir de
utilidad para que el trabajo preste las garantías, efectividad y transparencia de
los resultados, es un mecanismo confiable porque el investigador está en
contacto directo con la fuente de información que en este caso es el juzgado
Séptimo de Tránsito de Pichincha.
Tiene estrecha relación con la fuente bibliográfica, precisamente en el presente
trabajo investigativo, se va a recurrir además a los documentos que lo
encontraremos en los textos, folletos, revistas y todo lo que de manera impresa
coadyuve a la investigación.
Efectivamente el tema de investigación que vamos a desarrollar se dará dentro
del marco jurídico, aplicando fuentes con este contenido, por consiguiente se
utilizará cuerpos legales que tengan relación con el tema, tanto nacionales
como internacionales; empezando por códigos, leyes, Constitución de la
República e inclusive y de manera fundamental haremos referencia a los
tratados y convenios internacionales que sobre derechos humanos existe.
53
5.2 MÉTODOS
Para el desarrollo de la presente tesis debemos indicar que se entrevistó a los
siguientes funcionarios de los juzgados de Tránsito de Pichincha y a
profesionales en ejercicio de la profesión, tal como se detalla en el presente
cuadro.
El trabajo de investigación está enmarcado dentro del campo jurídico,
doctrinario, filosófico, científico, y dogmático, así como también se toca casos
prácticos que se han tramitado en el juzgado Séptimo de Tránsito de Pichincha,
y es así que en lo científico, nos permite seguir una secuencia lógica para
obtener la información, análisis e interpretación jurídica de los argumentos
establecidos; dentro del campo dogmático se observa el debido proceso, en el
procedimiento penal, desde la perspectiva constitucional y legal. Sin embargo,
en la investigación jurídica, estos procedimientos constituyen un auxiliar del
proceso, porque el núcleo fundamental se ubica en los campos descriptivos,
históricos y comparativos.
54
Operacionalización de variables.
Cuadro No.2 Operacionalización de variables u objetivos.
55
5.3 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS
En la presente investigación se utilizarán dos tipos de técnicas, la de gabinete:
donde utilizare fichas bibliográficas y nemotécnicas, las mismas que servirán
para obtener información relacionada con el tema de investigación. Entre estas
técnicas se encuentran: la entrevista y la encuesta.
Este elemento servirá para obtener información a personas que tiene
conocimiento sobre el tema a desarrollarse, es decir, se encuentra dirigida a los
señores Jueces y secretario de los Juzgados de Tránsito de Pichincha; además
a Abogados en libre ejercicio de la profesión, la entrevista contará con
preguntas claras, precisas y concretas.
Nos permite obtener datos suministrados por personas relacionadas con el
problema propuesto y dirigida a los mismos profesionales descritos en la
entrevista, por considerar que tiene amplios conocimientos con este tema de la
tesis. Esta técnica será realizada sobre la base de un cuestionario elaborado
con preguntas cerradas en forma clara y concreta.
La validez de los instrumentos utilizados en la investigación será dada por el
criterio de personas expertas en la materia; en cambio la confiabilidad se
verificará con la aplicación de los resultados obtenidos. Previa a esta
investigación se efectúo un estudio exploratorio que permitió advertir con
anticipación los casos existentes, con expertos que puedan aportar información
profesional y empírica sobre el tema de estudio. Los procesos de información
se realizaron en la bibliografía existente de carácter convencional y virtual, la
observación en documentos existentes en las bibliotecas.
La recopilación de la información jurídica sacamos de fuentes bibliográficas
convencionales y virtuales, por medio de lectura científica, argumentativa y
contextualizada, a fin de registrar datos avalados por una comprensión crítica
de la teoría doctrinaria, dogmática-legal y jurídica existentes.
56
6. RESULTADOS
Para el desarrollo de la presente tesis debemos indicar que se encuestó y
entrevistó a los jueces y secretarios funcionarios de los juzgados de Tránsito
de Pichincha y a profesionales en ejercicio de la profesión, tal como se detalla
en el presente cuadro.
Evidentemente el tema de investigación que vamos a desarrollar se dará dentro
del marco jurídico, aplicando fuentes con este contenido, por consiguiente se
utilizará cuerpos legales que tengan relación con el tema, tanto nacionales
como internacionales: empezando por Códigos, leyes, Constituciones de las
Repúblicas y de manera fundamental haremos referencia a los Tratados y
Convenios Internacionales que sobre Derechos Humanos existen.
57
6.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Encuestas dirigidas a los señores Jueces de Tránsito.-
1.- ¿En su experiencia como operador de justicia, diga si se han ejecutado
sentencias condenatorias, que reparen los daños y perjuicios causados a
las víctimas?
Cuadro No.4 Se han ejecutado sentencias condenatorias para reparar a
víctimas.
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
58
Interpretación:
El 60% de los encuestados dice que si se han ejecutado, mientras que el 40%
indican que a veces.
Análisis:
Los jueces encuestados fueron cinco, de los cuales, tres de ellos señalaron que
si han ejecutado sentencias condenatorias reparando los daños y perjuicios
causados a las víctimas; los dos restantes manifestaron que a veces, lo que
me lleva a pensar que se debe revisar la actuación de algunos jueces de
tránsito, ya que ellos tiene la competencia de juzgar el delito y dictar sentencia
por daños y perjuicios causados a las víctimas.
2.- ¿Con su experiencia, nos puede decir si las Instituciones del sistema
judicial penal como (policías, jueces, fiscales), cumplen con la
Constitución y leyes para hacer respetar los derechos de las víctimas?
Cuadro No.5 Las Instituciones del sistema de justicia penal cumplen con el
marco jurídico.
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
59
Interpretación:
El 80% de los encuestados indica que las Instituciones del sistema de justicia
penal cumplen a veces; y el 20% dice que no se cumple.
Análisis:
De los cinco operadores de justicia encuestados uno dice que no se cumple con
la Constitución y leyes, sin respetar los derechos de las víctimas; los cuatro
restantes manifiestan que a veces.
60
3.- ¿Cree usted que una efectiva protección a la víctima, evitaría que
quede en indefensión?
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
Vemos que el 100% de los encuestados dice que una efectiva protección a las
víctimas de un delito, aseguraría que no queden en indefensión.
Análisis:
De los cinco encuestados, manifiestan que una efectiva protección a las
víctimas si evitaría que queden en indefensión.
61
4.- ¿Cree usted que hace falta socializar los derechos de las víctimas
previstos en la Constitución y leyes penales, en especial la ley de
Tránsito, para su efectiva aplicación?
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 100% de los encuestados afirman que hace falta la socialización de los
derechos de las víctimas contemplados en la Constitución y las leyes
pertinentes.
Análisis:
Todos los jueces consultados manifiestan que hace falta la socialización de los
derechos de las víctimas, previstos en la Constitución, las leyes penales y la ley
de Tránsito, para su efectiva aplicación, puesto que muchas víctimas por
desconocimiento de la ley no exigen sus derechos.
62
5.- ¿Cree usted que se garantiza el derecho de las víctimas en los juicios
penales por accidente de tránsito?
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 20% dice que sí; el 40% indica que no se garantizan y el otro 40% indica que
a veces se garantiza los derechos de las víctimas, en los juicios penales por
accidente de tránsito.
Análisis:
Uno de los encuestados señala que si se garantiza el derecho de las víctimas
en los juicios penales por accidente de tránsito, dos dicen que no se garantiza y
los dos restantes indican que a veces se garantiza los derechos de las víctimas,
por lo que vemos que no se está aplicando el ordenamiento jurídico.
63
6.- ¿Ha dispuesto usted que en algún juicio a su cargo, la fiscalía
intervenga a través del sistema de protección a las víctimas?
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
De los cinco jueces de tránsito entrevistados, ninguno de ellos ha dispuesto que
la fiscalía intervenga a las víctimas a través del sistema de protección a las
víctimas, por lo que entendemos que no es necesario o no están dando
cumplimiento a lo que determina la ley.
Análisis:
Ninguno de los jueces entrevistados expresan que en los juicios de tránsito que
ellos tramitan, hayan dispuesto que intervenga la fiscalía a través del sistema
de protección a víctimas, vemos que no cumplen como manda la ley.
64
7.- ¿Diga usted si existe protección, satisfacción del derecho violado,
rehabilitación integral a las víctimas, luego de sufrir un accidente de
tránsito?
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 40% indica que si existe una verdadera protección, satisfacción del derecho
violado, rehabilitación integral a las víctimas y el 60% expresa que no, esto nos
indica que los operadores de justicia, no están cumpliendo con el precepto
Constitucional, lo cual es realmente preocupante.
Análisis:
Dos afirman que si existe verdadera protección, satisfacción del derecho
violado, rehabilitación integral a las víctimas, luego de sufrir un accidente de
tránsito, los tres restantes dicen lo contrario que no.
65
8.- ¿Considera usted, que se logra resarcir el daño que sufre la víctima,
ante el cometimiento de un delito?
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 60% indican que a veces, en tanto que el 40% manifiesta que nunca se
logra resarcir el daño que sufren las víctimas, frente al cometimiento de un
delito.
Análisis:
Ninguno de los jueces encuestados indica que si se logra resarcir los daños que
sufren las víctimas, ante el cometimiento de un delito, dos dicen que no y tres
determinan que a veces, esto quiere decir que los jueces no están cumpliendo
con lo que determina la Constitución y las leyes penales.
66
9.- ¿En el ámbito procesal penal, existe un tratamiento igual entre la
víctima y victimario?
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 100% de los encuestados afirman que en el ámbito procesal penal, nunca ha
existido, ni existe un trato igual entre la víctima y el victimario, ya que los
derechos humanos siempre salen a favor del victimario, no así de la víctima.
Análisis:
Los cinco jueces que fueron encuestados manifiestan que no existe en el
ámbito procesal penal, un tratamiento igual entre la víctima y el victimario;
debemos suponer que quienes están obligados constitucionalmente a
garantizar los derechos de estos actores, no aplican las normas que rigen.
67
10.- ¿Según su criterio personal, queda en la impunidad, la mayoría de los
delitos de tránsito?
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 60% de los jueces indican que los delitos de tránsito quedan en la impunidad
y el 40% a veces
Análisis:
Tres encuestados dicen que si quedan en la impunidad, y dos indican que a
veces quedan en la impunidad los delitos de tránsito, por lo que podríamos
decir que no existen garantías y que el sistema judicial está fallando.
68
11.- ¿Estaría usted de acuerdo con una reforma constitucional o legal que
establezca, que la Defensoría Pública, patrocine en igual forma a las
víctimas de los delitos?
Población encuestada: Jueces de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
Vemos que el 80% considera que debe reformarse la Constitución y la Ley, a su
vez que la Defensoría Pública patrocine a las víctimas como lo hace con los
victimarios; en tanto que el 20% dice que no está de acuerdo.
Análisis:
Cuatro encuestado dicen que si están de acuerdo que exista una reforma
Constitucional y legal que establezca que la Defensoría Pública patrocine de
igual forma a las víctimas de los delitos y uno dice que no está de acuerdo, esto
quiere decir que la mayoría quiere que exista una reforma a fin de proteger a las
víctimas.
69
Encuesta dirigida a los Señores Secretarios delos Juzgados de Tránsito.
1.- ¿En su experiencia como secretario del juzgado, tienen conocimiento
si se han ejecutado sentencias, que reparen daños y perjuicios a las
víctimas?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 40% dicen que si tiene conocimiento; el otro 40% indica que a veces a
constatado, mientras que el 20% restante indica que no tiene conocimiento de
sentencias condenatorias que hayan ordenado la reparación de daños y
perjuicios.
Análisis:
En esta pregunta dos secretarios encuestado, dicen que si tiene conocimiento
que se han ejecutado sentencias condenatorias para reparar daños y perjuicios
70
a las víctimas, uno dice que no y los otros dos dicen que a veces, poniéndonos
a meditar que pasa con la administración de justicia
2.- ¿Conoce usted si las Instituciones del sistema penal como: (Jueces,
policías, fiscales) cumplen con lo que manda la Constitución y las
políticas penales, para hacer respetar los derechos de las víctimas?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
Evidencia que el 60% de la población encuestada afirma que las Instituciones
del sistema judicial penal si cumple con la políticas criminales, la Constitución y
las leyes, en tanto que el 405 indica que a veces.
71
Análisis:
Observamos que tres encuestados responden que si conocen que las
Instituciones del sistema de justicia, cumplen con lo que manda la Constitución
y las políticas penales, para hacer respetar los derechos de las víctimas, y dos
indican que a veces se cumple.
3.- ¿Está usted de acuerdo, en que el Estado a más de perseguir la
sanción para el delincuente, se preocupe por la reparación integral a las
víctimas de los delitos penales?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
Observamos que el 60% indican que si están de acuerdo que el Estado a más
de sancionar al delincuente, se preocupe por la reparación integral a las
víctimas de delitos penales; y el 40% indica que a veces.
72
Análisis:
Tres encuestados indican que si están de acuerdo que el Estado a más de
sancionar al victimario también se preocupe por la reparación integral a la
víctima de los delitos penales y dos de ellos manifiestan a veces debe asumir el
Estado, nos parece una respuesta apresurada de estos últimos ya que el
Estado es quien está obligado a dicha reparación, por ser el representante de la
sociedad.
4.- ¿Cree usted que hace falta socializar los derechos de las víctimas
previstos en la Constitución, leyes penales y la ley de transporte, para su
efectiva aplicación?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
73
Interpretación:
El 80% de los encuestados afirman que si se debe socializar los derechos de
las víctimas, contempladas en la Constitución y las leyes pertinentes, para
poder asegurar su efectiva protección y el 205 restante dice que a veces.
Análisis:
Cuatro de cinco encuestado manifiestan que si están de acuerdo con
socializarlos derechos de las víctimas previstos en la Constitución, leyes
penales y ley de tránsito, para su efectiva aplicación y el restante dice que a
veces, cabe indicar que por el desconocimiento de sus garantías, las víctimas
se quedan en indefensión, por lo que si es necesario socializar las leyes.
5.- ¿Cree usted que se garantiza el derecho de las víctimas, en los juicios
penales por accidente de tránsito?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
74
Interpretación:
Notamos que el 80% dicen que si se garantiza el derecho de las víctimas en los
juicios penales por accidentes de tránsito y el 20% señala que nunca se
garantiza estos derechos
Análisis:
Constatamos que cuatro encuestados afirman que si se garantiza el derecho de
las víctimas en los juicios penales por accidente de tránsito y el uno restante
dice que nunca, las afirmaciones son alentadoras, pero lo ideal es que siempre
se garantice los derechos de las víctimas
6.- ¿Conoce usted, si los jueces de tránsito, han dispuesto que la Fiscalía
intervenga a través del Sistema de Protección a víctimas?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
75
Interpretación:
El 100% de la población encuestada, afirman que nunca los jueces han
dispuesto que la fiscalía intervenga a favor de las víctimas por medio del
sistema de protección.
Análisis:
Los cinco encuestados manifiestan que no conocen que los Jueces de Tránsito
hayan dispuesto que la fiscalía intervenga a través del sistema de protección a
las víctimas; por lo que interpretamos que no se está dando cumplimiento con el
precepto Constitucional y legal.
7.- ¿Cree usted, que existe protección, satisfacción del derecho violado,
rehabilitación integral a las víctimas, luego de sufrir un accidente den
tránsito?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
76
Interpretación:
Que el 40% de los encuestados manifiestan que si existe una verdadera
protección, satisfacción del derecho violado, rehabilitación integral a las
víctimas, luego de sufrir un accidente de tránsito, el otro 40% expresa que a
veces y el 20% restante señala que nunca se cumple estos derechos.
Análisis:
Dos encuestado manifestaron que si existe protección, satisfacción del derecho
violado, rehabilitación integral a las víctimas, luego de sufrir un accidente de
tránsito; uno dice que no se da esta protección y los dos restantesseñalan que a
veces, de la lectura podemos entender que no se esta llevando a cabo el
mandato constitucional, que sin duda es preocupante.
8.- ¿Considera usted, que se logra resarcir el daño que sufre la víctima,
ante la comisión de un delito?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
77
Interpretación:
El 60% manifiesta que a veces se logra resarcir los daños que sufren las
víctimas frente al cometimiento de un delito; y el 40% indica que nunca se lleva
a cabo la reparación.
Análisis:
De la población encuestada dos señalan que no se logra resarcir los daños que
sufren las víctimas ante el cometimiento de un delito, y los tres restantes dicen
que a veces se logran resarcir estos daños; esto nos da la pauta para indicar
que el Estado a través de los operadores de justicia no están cumpliendo con
las políticas criminales.
9.- ¿En el ámbito procesal penal, cree usted que existe un tratamiento
igual entre víctima y victimario?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
78
Interpretación:
El 60% de la población encuestada afirma que, en el ámbito procesal penal no
existe un trato igual entre la víctima y victimario, y el 40% indica que si hay un
trato igual.
Análisis:
Dos señalan que si existe un tratamiento igual entre la víctima y victimario; y los
tres restantes dicen que no existe un trato igual.
Debemos indicar que hay cierta discriminación a la víctima.
10.- ¿Según su criterio, cree usted, que queda en la impunidad la mayoría
de los delitos de tránsito?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
79
Interpretación:
Vemos que el 60% responde que a veces queda en la impunidad los delitos de
tránsito y el 40% indica que nunca quedan en la impunidad estos delitos.
Análisis:
Dos encuestados indican que no queda en la impunidad los delitos de tránsito y
los tres restantes dicen que a veces quedan en la impunidad, por lo que
diríamos que existe negligencia en la aplicación de las leyes, por parte de los
operadores de justicia y esto produce desconfianza en la sociedad.
11.- ¿Cree usted, que el Estado debe crear organismos públicos, que
garanticen una eficaz reparación integral a las víctimas de infracciones
penales?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
80
Interpretación:
Encontramos que el 60% de la población encuestada afirma que el Estado si
debe crear organismos públicos y así garantizar una eficaz reparación integral a
las víctimas de infracciones penales, en tanto que el 40% expresan que a
veces.
Análisis:
Tres encuestados señalan que el Estado si debe crear organismos públicos que
garanticen una eficaz reparación integral a las víctimas de infracciones Penales
y dos dicen que no deben crearse estos organismos públicos.
12.- ¿Cree usted, que el Estado debe fomentar la creación de fondos
propios para indemnizar a las víctimas de los delitos penales?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
81
Interpretación:
El 60% dice que el Estado si debe crear fondos propios para indemnizar a las
víctimas de los delitos penales y el 40% dicen que no deben crearse estos
fondos.
Análisis:
Tres de los encuestados expresan que el Estado, si debe fomentar la creación
de fondos propios para poder indemnizar a las víctimas de los delitos penales, y
los dos restantes dicen que no se debe fomentar fondos.
Debemos manifestar que lo menos que puede hacer el Estado es crear estos
fondos, para quienes quedan en situaciones difíciles, luego de habérseles
violado sus derechos.
13.- ¿Cree usted, que el Estado debe capacitar al personal de la fuerza
pública, de justicia, ONGs, etc., para garantizar los derechos de las
víctimas?
Población encuestada: Secretarios de Tránsito de Pichincha
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
82
Interpretación:
El 80% de los encuestados determina que el Estado debe capacitar al personal
de que administra justicia y así poder garantizar los derechos de las víctimas, el
20% expresa que no deben capacitarse.
Análisis:
De cinco encuestados, cuatro indican que si se debe capacitar a todo el
personal que administra justicia, para poder garantizar los derechos de las
víctimas y uno dice que no; cabe indicar que es necesaria y urgente esta
capacitación.
83
Encuesta dirigida a los Abogados en Libre Ejercicio
1.- ¿Cree usted, que con la experiencia que tiene, si se han ejecutado
sentencias, que reparen daños y perjuicios a las víctimas de delitos
penales?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 35% de encuestados dicen que si se ejecutan sentencias condenatorias,
reparadoras de daños y perjuicios; el 50% comentan que no se ejecutan estas
sentencias y el 15% señalan que a veces.
Análisis:
De una población de veinte encuestados , siete indican que si tiene
conocimiento que se han ejecutado sentencias condenatorias, reparadoras de
84
daños y perjuicios causados a las víctimas; diez dicen que no tiene
conocimiento y tres manifiestan que a veces; cabe indicar que existe un alto
porcentaje que desconoce que se dicten sentencias condenatorias con daños y
perjuicios.
2.- ¿Conoce usted, si las instituciones del sistema de justicia penal
(Jueces, fiscales, policías) cumplen con la Constitución, políticas penales
y las leyes, para hacer respetar los derechos de las víctimas?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 5% señalan que las instituciones del sistema de justicia si cumplen con lo
que manda la Constitución, la política criminal y las leyes, para hacer respetar
85
los derechos de las víctimas; el 40% indica que no se cumplen y el 55% dice
que a veces se cumplen.
Análisis:
Un encuestado dice que las instituciones del sistema de justicia penal, si
cumplen con lo que manda la Constitución, política criminal y la leyes, para
respetar los derechos de las víctimas; ocho dicen que no se cumplen y once
indican que a veces.
3.- ¿Usted está de acuerdo en que el Estado a más de perseguir la sanción
al delincuente, se preocupe con la reparación integral a las víctimas de
delitos penales?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
86
Interpretación:
El 80% está de acuerdo que el Estado a más de perseguir la sanción al
delincuente, se preocupe por la reparación integral a las víctimas de los delitos
penales, el 15% no está de acuerdo y el 5% indica que a veces.
Análisis:
Dieciséis encuestados indican que si están de acuerdo que el Estado, a más de
perseguir la sanción al delincuente, se preocupe por la reparación integral a las
víctimas de los delitos penales, tres dicen no estar de acuerdo, y una dice que a
veces, es propicio este resultado ya que el Estado es el representante de la
sociedad.
4.- ¿Cree usted, que hace falta socializar los derechos de la víctima,
previstos en la Constitución, leyes penales y la ley de transporte, para su
efectiva aplicación?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
87
Interpretación:
El 85% de encuestados señalan que si hace falta socializar los derechos de las
víctimas previstos en la Constitución, las leyes penales y la ley de tránsito, para
su efectiva aplicación, el 10% no está de acuerdo y el 5% dice que a veces.
Análisis:
Diecisiete encuestados dicen que si hace falta la socializar los derechos de las
víctimas, previstos en la Constitución, las leyes penales y la Ley de tránsito,
para su efectiva aplicación, dos dicen que no hace falta y uno indica que a
veces. Muchas personas por desconocimiento de la ley no reclaman sus
derechos, por lo que es necesaria su socialización.
5.- ¿Cree usted, que se garantiza el derecho de las víctimas en los juicios
penales por accidentes de tránsito?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
88
Interpretación:
El 15% de los encuestados indica que si se garantiza el derecho de las víctimas
en los juicios penales por accidentes de tránsito; el 65% dice que no existe esta
garantía y el 20% a veces.
Análisis:
Dos dicen que si se garantiza el derecho de las víctimas en los juicios penales
por accidente de tránsito; trece expresan que no se garantizan y cuatro
exponen que a veces. Cabe manifestar que es alarmante este resultado, ya que
viene de quienes se encuentran día a día en sus actividades.
6.- ¿Conoce usted, si los jueces de tránsito, han dispuesto que la Fiscalía
intervenga a través del sistema de protección a víctimas de delitos?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
89
Interpretación:
El 10% dicen que si conocen que los jueces de tránsito han dispuesto que la
fiscalía intervenga a través del sistema de protección a las víctimas, y el 90%
responde que no conocen.
Análisis:
De los veinte Abogados encuestados, dos dicen que si conocen que los jueces
de tránsito han dispuesto que la fiscalía intervenga a través del sistema de
protección a las víctimas y testigos; dieciocho dicen que no conocen.
Podemos indicar que no se está aplicando este recurso legal a que tienen
derecho las víctimas.
90
7.- ¿Cree usted, que existe protección, satisfacción del derecho violado,
rehabilitación integral a las víctimas, luego de sufrir un accidente de
tránsito?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 80% de los encuestados dice que no existe verdadera protección,
satisfacción del derecho violado, rehabilitación integral a las víctimas, luego de
sufrir un accidente de tránsito, el 20% dice que a veces.
91
Análisis:
Dieciséis encuestados señalan que no existe verdadera protección, satisfacción
del derecho violado, rehabilitación integral a las víctimas, luego de sufrir un
accidente de tránsito, cuatro dice que a veces se aplica. Concluimos indicando
que se está vulnerando los derechos de las víctimas.
8.- ¿Considera usted, que se logra resarcir el daño que sufre la víctima,
ante el cometimiento de un delito?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 10% de los encuestados dice que si se logra resarcir el daño que sufre la
víctima, ante el cometimiento de un delito, el 50% indica que no y el 40%
manifiesta a veces.
92
Análisis:
Diez encuestados indican que no se logra resarcir el daño que sufre la víctima,
ante el cometimiento de un delito; ocho dicen que a veces se logra resarcir y
dos se manifiestan que si se logra resarcir el daño que sufren las víctimas. Aquí
podemos decir que existe un alto grado de indefensión.
9.- ¿Cree usted, que en el ámbito procesal penal, existe un tratamiento
igual entre la víctima y el victimario?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 5% señala que si existe un trato igual a la víctima y al victimario; el 755 dice
que no existe un trato igual y un 20% manifiesta que a veces.
93
Análisis:
Uno señala que si existe un trato igual a la víctima y al victimario, quince dicen
que no hay un trato igual, y cuatro manifiestan que a veces. Un alto porcentaje
se pronuncia que no, por lo que se debería tomar medidas para corregir esta
falencia.
10.- ¿Según su criterio, diga si se quedan en la impunidad la mayoría de
los delitos de tránsito?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
Interpretación:
El 50% dice que se quedan en la impunidad la mayoría de los delitos de
tránsito, el 5% dice que no y el 455 indica que a veces.
94
Análisis:
Diez encuestados dicen que si se queda en la impunidad la mayoría de los
delitos de tránsito, uno dice que no se queda en la impunidad y nueve dice que
a veces. Esto nos lleva a pensar que las víctimas se quedan en indefensión, por
no permitir el derecho a una justicia justa.
11.- ¿Cree usted, que el Estado debe crear organismos públicos que
garanticen una eficaz reparación integral a las víctimas de infracciones
penales?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
95
Interpretación:
El 90% de los encuestados señalan que si se debe crear organismos públicos,
que garanticen una eficaz reparación integral a las víctimas de infracciones
penales y el 10% dicen lo contrario.
Análisis:
Dieciocho encuestados señalan que si se deben crear organismos públicos,
para que garanticen una eficaz reparación integral a las víctimas de las
infracciones penales y dos dicen que no se debe crear estor organismos. La
respuesta nos indica que se está vulnerando los derechos de las víctimas.
12.- ¿Cree usted, que el Estado debe fomentar la creación de fondos
propios, para indemnizar a las víctimas de los delitos penales?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
96
Interpretación:
El 1005 de los encuestados determina que el Estado si debe fomentar la
creación de fondos, para la indemnizar a las víctimas de los delitos penales.
Análisis:
Es un resultado dominante, puesto que la totalidad de los encuestados,
manifiestan que el Estado si debe fomentar la creación de fondos nacionales,
para la indemnización a las víctimas de los delitos penales, ya que la víctima se
encuentra en desamparo de sus garantías constitucionales y legales.
13.- ¿Cree usted, que el Estado debe capacitar al personal de Justicia,
fuerza pública, ONGs, etc., para garantizar una buena atención a los
derechos de las víctimas?
Población encuestada: Abogados en Libre Ejercicio Profesional.
Encuestador: Juan Carlos Chávez Carrera
97
Interpretación:
Encontramos que el 95% de encuestados dicen que el Estado si debe
proporcionar capacitación al personal de la fuerza pública, de justicia, a
organizaciones no gubernamentales, etc…, para responder en forma adecuada
y eficaz a las necesidades de las víctimas; el 5% señala que a veces.
Análisis:
Del total de encuestados diecinueve expresan que el Estado si debe capacitar
al personal de justicia, fuerza pública, ONGs, etc.., y poder responder en forma
adecuada a las víctimas, mientras que uno dice que a veces. Debemos indicar
que esta capacitación es urgente.
98
7. DISCUSIÓN
7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS
7.1.1 OBJETIVOS
7.1.2 Objetivo General
Determinar cómo influye la falta de reparación integral de los bienes jurídicos
de las víctimas de accidentes de tránsito, que han sufrido lesiones o la muerte
en las infracciones cometidas en estado de embriaguez, tramitados en el
Juzgado Séptimo de Tránsito de Pichincha, en el año 2010-2011.
7.1.3 Objetivos Específicos:
Examinar los delitos cometidos en estado de embriaguez que ocasionan
lesiones o la muerte a las víctimas de accidentes de tránsito.
Implementar mecanismos para que no se den acuerdos reparatorios injustos
a los que llegan las partes.
Analizar como incide la falta de aplicación de la Ley en la reparación integral
de los bienes jurídicos tutelados de las víctimas.
Establecer la falta de políticas para las víctimas de las infracciones cometidas
en estado de embriaguez en el Juzgado Séptimo de Tránsito de Pichincha.
99
7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS
En el proyecto de investigación jurídica propuesta para esta tesis, he formulado
la siguiente hipótesis.
“La inaplicación de los derechos de las víctimas tiene incidencia en la
reparación integral de sus bienes jurídicos protegidos, dentro de las
infracciones cometidas en estado de embriaguez que se tramitan en el
Juzgado Séptimo de Tránsito de Pichincha, en los años 2010-2011.”
Durante el tiempo que duro la investigación, esto es el año 2012, en los
diferentes Juzgados de Tránsito, con sede en la ciudad de Quito, y
específicamente el Juzgado Séptimo de Tránsito, se tiene como resultado que,
se han ingresado 550 causas en el año 2010, de las cuales el 80% han sido
archivadas, y 700 causas en el año 2011, de las mismas que la gran mayoría
también se han llegado a archivar.
De las 550 causas que se tramitaron en el año 2010, solo tres causas han
terminado en sentencia condenatoria, y el resto se refieren a sentencias a favor
del procesado, o que se han sentenciado previo el desistimiento de la parte
agraviada; de igual forma pasa en las 700 causas del año 2011, ya que ahí
hubieron un poco más de diez causas con sentenciadas condenatorias, algunas
absueltas y otras a favor del procesado, con lo que se deja en claro que los
derechos de las víctimas , se encuentran vulnerados, en parte por la falta
del principio de celeridad; por la falta de investigación, muchos por desistimiento
de la parte afectada y otras por acuerdos reparatorios irrisorios de las partes.
100
7.3 FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA
LEGAL
La Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre de 2008,
determina importantes disposiciones a favor de quienes han sido víctimas por la
vulneración de sus derechos, des sus bienes jurídicos tutelados, mediante el
quebrantamiento de la ley. En tal sentido el Art. 78 establece textualmente:
Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección
especial, se les garantizará su no revictimación, particularmente en la
obtención y valoración de las pruebas y se les protegerá de cualquier
amenaza u otra forma de intimidación. Se adoptará mecanismos para una
reparación integral que incluirá, sin dilataciones, el conocimiento de la
verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación,
garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.
El actual Código de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial Nº 360 del 13 de Enero del año 2000, en el Título III que trata
sobre “Los Sujetos Procesales”, se refiere en su Capítulo II al ofendido como
parte del Proceso Penal, considerando al ofendido o a la víctima entiéndase por
ésta, de acuerdo al Art. 68 no solo al directamente afectado por el mismo, como
se señala en el cuerpo de este trabajo de investigación, sino también a su
cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes, a los
demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad; a los socios respecto de los delitos que afectan a una compañía por
parte de quienes la administran o controlan; a las personas jurídicas en aquellos
delitos que afectan a sus intereses; a cualquier persona que tenga interés
directo en caso de aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos y
a los pueblos y comunidades indígenas en los delitos que afecten
colectivamente a los miembros del grupo.
101
Esta consideración a la víctima se completó igualmente, en el inciso cuarto del
Art. 219 de la Constitución Política de 1998, que estableció que correspondía al
Ministerio Público velar por la protección de las víctimas, testigos y otros
participantes en el Juicio Penal, lo que se complementó con la derogada Ley
Orgánica del Ministerio Público y el Reglamento del Programa de Protección y
Asistencia a Víctimas, Testigos y más participantes procesales, publicado en el
Registro Oficial Nº 671 del 26 de Septiembre del 2002.
Lo antes mencionado estuvo en concordancia con la Declaración de Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,
expedida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1985, que
determinó la necesidad de tomar medidas más eficaces, en los planos
internacional, regional y nacional, en favor de las víctimas de delitos.
102
8. CONCLUSIONES
- Es preocupante las respuestas de los jueces de tránsito consultados, que
en un porcentaje del 80% afirman que las Instituciones del Sistema de
Justicia Penal, cumplen a veces con la políticas criminales, la
Constitución y demás leyes, lo que incide en la falta de aplicación de la
ley.
- El 100% de los jueces encuestados manifiestan que una efectiva
protección a las víctimas evitaría que queden en indefensión, lo que nos
hace pensar que se debe crear políticas que garanticen a las víctimas de
infracciones penales.
- El 60% de los secretarios encuestados de los Juzgados de Tránsito de
Pichincha dice que a veces queda en la impunidad los accidentes de
tránsito; las lesiones o la muerte de las víctimas son producidas por la
imprudencia, impericia o la inobservancia de las leyes y sus reglamentos.
- Es comprensible que el 95% de Abogados en libre ejercicio profesional
señalan que, el Estado debe capacitar al personal de la fuerza pública y
de justicia, con la finalidad de responder en forma adecuada y eficaz las
necesidades de las víctimas, implementando mecanismos para que no
se den acuerdos reparatorios injustos a los que llegan las partes.
103
9. RECOMENDACIONES
- El rol del Consejo de la Judicatura, debe ser más perseverante en cuanto
al seguimiento y control de todos quienes están involucrados en la
administración de justicia.
- Se debe implementar políticas claras mediante procedimientos de
restitución, indemnización, rehabilitación y reparación del daño sufrido
tanto a las víctimas como a sus familiares.
- Destinar parte del presupuesto de Estado, para la creación de fondos
propios, destinados a socializar la ley de Tránsito y poder prevenir las
sanciones, así como endurecer las penas.
- El Estado debe implementar mecanismos para capacitar y evaluar
periódicamente al personal de la fuerza pública, de justicia y
organizaciones no gubernamentales, y poder responder en forma
adecuada y eficaz las necesidades de las víctimas.
104
9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 120, literal 6 de la Constitución de la República del Ecuador señala:
Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes,
además de las que determina la ley:
6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter
general obligatorio.
Que, el artículo 132, literal 6 de la Constitución de la República del Ecuador,
señala que:
“La Asamblea Nacional aprobara como leyes las normas generales de interés
común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la
expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se
requerirá de ley en los siguientes casos…….
Otorgar a los Organismos Públicos de control y regulación la facultad de expedir
normas de carácter general en las materias propias de su competencia sin que
puedan alterar o innovar las disposiciones legales”
Que: para los efectos de este proyecto de Ley, serán víctimas “aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido incluso lesiones
físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, por consiguiente,
105
víctima será toda persona que directa o indirectamente sufra un daño
como consecuencia, de la violación de la Constitución y demás leyes de
la República.
Que: es necesario complementar una Ley, en concordancia con la
Constitución de la República, para la aplicabilidad de la reparación
integral a las víctimas de delitos penales.
Que: el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República, preceptúa
que el más alto nivel del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la Constitución.
Que: el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 en el artículo 75, determina
principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la
indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a
sus causahabientes.
Que: de conformidad con la normativa transcrita, se ha considerado pertinente
mediante un Proyecto de Ley que será debatido, discutido, analizado y
aprobado en la Asamblea Nacional, la creación de una Institución
gubernamental, con similares características de la Defensoría Pública,
pero que esté enfocada a la protección de las víctimas de infracciones
penales, en los siguientes términos:
106
DE LA DEFENSORIA PÚBLICA DE LAS VICTIMAS
Art. 1.- Creación.- Se constituye la Defensoría Pública de la Victimas de las
infracciones penales, como organismo autónomo público del Consejo de la
Judicatura, con sede en la ciudad de Quito y jurisdicción a nivel Nacional.
Art. 2.- Funciones.- Sus funciones son:
1.- La asesoría y patrocinio judicial a las personas víctimas de delitos, que por
su situación socio económica no puedan contar con un abogado defensor
particular en el proceso;
2.- Asegurar el respeto de los derechos constitucionales y legales de las
víctimas en el proceso penal;
3.- Brindar de manera colateral, atención social, psicológica a las víctimas y sus
familiares, a través de departamentos técnicos:
4.- Coordinar con los organismos del sistema de justicia penal, a fin de realizar
una defensa técnica de calidad a las víctimas;
5.- Establecer convenios con Universidades, fundaciones, gremios de abogados
y abogados externos que sean necesarios para la defensa de los intereses de
las víctimas en los juicios penales y los que se deriven de estos;
Art. 3.- DEL DEFENSOR O DEFENSORA PÚBLICO DE LAS VICTIMAS
La máxima autoridad de la entidad debe reunir los mismos requisitos que se
requieren para elegir al Defensor del Pueblo, ser elegido mediante concurso de
merecimientos, por el plazo de cuatro años.
Art. 4.- DEFENSORES (AS) POR DIVISION POLITICA
Existirán Defensores (as) Públicos regionales, provinciales y cantonales, que
serán designados mediante concurso de merecimientos.
107
Art. 5. ATRIBUCIONES DEL DEFENSOR (A) PÚBLICO DE VICTIMAS
1. Protección gratuita y oportuna de servicios de asistencia, representación y
asesoría judicial y psicológica, en razón de su situación económica y social.
2. Garantizar el derecho a una defensa técnica de calidad, integral,
ininterrumpida hasta ser legalmente sustituido.
3. Prestar la defensa penal a las personas que no tengan para contratar una o
un abogado, a petición de parte o nombrado por un juez o tribunal competente.
4. Garantizar la defensa pública especializada para todas las víctimas de
infracciones penales, que realmente necesiten de este servicio.
5. Contratar profesionales del derecho externos para la atención de asuntos que
requieran patrocinio especializado, aplicando para ello el régimen especial
previsto por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el
procedimiento que dicte quien esté a cargo de esta institución.
6. Autorizar y vigilar el funcionamiento de la asistencia jurídica prestada en
beneficio de las víctimas de infracciones penales de escasos recursos
económicos o grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o
instituciones distintas a esta institución; y,
7. Los demás que determine la Constitución y la Ley.
Art.6.- REPARACION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS.-
La entidad exigirá y obligará para que se cumplan la reparación los condenados
en los juicios penales a favor de las víctimas. La indemnización se fijara de
acuerdo a los daños y perjuicios ocasionados, o si en ultima ratio el condenado
no cuenta con recursos suficientes, se le obligara a realizar trabajos
comunitarios, pero para suplir esta falta de indemnización el Estado lo cubrirá.
108
10. BIBLIOGRAFÍA
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111
11. ANEXOS
CUADRO DE ENCUESTAS
Encuesta dirigida a los jueces de Tránsito
1. En su experiencia como operador de justicia ¿se han ejecutado
sentencias, que reparen daños y perjuicios causados a las
víctimas?
Si ( ) No ( ) A Veces ( )
2. En su experiencia, ¿las instituciones del sistema de justicia penal
(policía, jueces, fiscales) cumplen con la Constitución, políticas
criminales y leyes para hacer respetar los derechos de las víctimas?
Si ( ) No ( ) A Veces ( )
3. ¿Una efectiva protección a la víctima evitaría que quede en
indefensión?
Si ( ) No ( ) A Veces ( )
4. ¿Cree Ud. Que hace falta socializar los derechos de la víctima previstos en la Constitución, leyes penales y la Ley de Transporte para su efectiva aplicación? Si ( ) No ( ) A Veces ( )
5. ¿Cree Ud., que se garantiza el derecho de las víctimas en los juicios penales por accidentes de Tránsito? Si ( ) No ( ) A Veces ( )
6. ¿Ha dispuesto que en algún juicio a su cargo, la fiscalía intervenga a través del Sistema de Protección a víctimas?
112
Si ( ) No ( ) A Veces ( )
7. Diga si existe protección, satisfacción del derecho violado, rehabilitación integral a las víctimas luego de sufrir un accidente de Tránsito
Si ( ) No ( ) A Veces ( )
8. ¿Considera Ud., que se logra resarcir el daño que sufre la víctima,
ante la comisión de un delito?
Si ( ) No ( ) A Veces ( )
9. En el ámbito procesal penal, ¿existe un tratamiento igual entre víctima y victimario?
Si ( ) No ( ) A Veces ( )
10. Según su criterio, ¿queda en la impunidad la mayoría de los delitos de Tránsito?
Si ( ) No ( ) A Veces ( )
11. Estaría de acuerdo en una reforma constitucional o legal que establezca que la Defensoría Pública patrocine en igual forma a las víctimas de los delitos? Si ( ) No ( ) A Veces ( )
113
Encuesta dirigida a los secretarios de Tránsito
1. En su experiencia tienen conocimiento si ¿se han ejecutado
sentencias, que reparen daños y perjuicios causados a las
víctimas?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
2. ¿Conoce si las instituciones del sistema de justicia penal (policía,
jueces, fiscales) cumplen con la Constitución, políticas penales y
leyes, para hacer respetar los derechos de las víctimas?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
3. ¿Está de acuerdo en que el Estado a más de perseguir la sanción al
delincuente, se preocupe por la reparación integral a las víctimas de
los delitos penales?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
4. ¿Cree Ud. Que hace falta socializar los derechos de la víctima
previstos en la Constitución, leyes penales y la Ley de Transporte
para su efectiva aplicación?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
114
5. ¿Cree Ud., que se garantiza el derecho de las víctimas en los juicios
penales por accidentes de Tránsito?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
6. ¿Conoce Ud., si los jueces de Tránsito, han dispuesto que la fiscalía
intervenga a través del Sistema de Protección a víctimas?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
7. ¿Cree Ud., que existe protección, satisfacción del derecho violado,
rehabilitación integral a las víctimas luego de sufrir un accidente de
Tránsito?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
8. ¿Considera Ud., que se logra resarcir el daño que sufre la víctima,
ante la comisión de un delito?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
9. En el ámbito procesal penal, ¿existe un tratamiento igual entre
víctima y victimario?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
115
10. Según su criterio, ¿queda en la impunidad la mayoría de los delitos
de Tránsito?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
11. ¿El Estado debe crear organismos públicos que garanticen una
eficaz reparación integral a las víctimas de infracciones penales?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
12. ¿El Estado debe fomentar la creación de fondos propios para
indemnizar a las víctimas de los delitos penales?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
13. ¿El estado debe capacitar al personal de la fuerza pública, de
justicia, ONGs. etc., para garantizar la atención a los derechos de
las víctimas?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
116
Encuesta dirigida a los abogados en libre ejercicio
1. ¿En su experiencia tienen conocimiento si se han ejecutado
sentencias, que reparen daños y perjuicios causados a las
víctimas?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
2. ¿Conoce si las instituciones del sistema de justicia penal (policía,
jueces, fiscales) cumplen con la Constitución, políticas penales y
leyes, para hacer respetar los derechos de las víctimas?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
3. ¿Está de acuerdo en que el Estado a más de perseguir la sanción al
delincuente, se preocupe por la reparación integral a las víctimas de
los delitos penales?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
4. ¿Cree Ud., que hace falta socializar los derechos de la víctima
previstos en la Constitución, leyes penales y la Ley de Transporte
para su efectiva aplicación?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
5. ¿Cree Ud., que se garantiza el derecho de las víctimas en los juicios
penales por accidentes de Tránsito?
117
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
6. ¿Conoce Ud., si los jueces de Tránsito, han dispuesto que la fiscalía
intervenga a través del Sistema de Protección a víctimas?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
7. ¿Cree Ud., que existe protección, satisfacción del derecho violado,
rehabilitación integral a las víctimas luego de sufrir un accidente de
Tránsito?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
8. ¿Considera Ud., que se logra resarcir el daño que sufre la víctima,
ante la comisión de un delito?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
9. En el ámbito procesal penal, ¿existe un tratamiento igual entre
víctima y victimario?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
10. ¿Según su criterio, queda en la impunidad la mayoría de los delitos
de Tránsito?
Si ( )
118
No ( )
A Veces ( )
11. ¿El Estado debe crear organismos públicos que garanticen una
eficaz reparación integral a las víctimas de infracciones penales?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
12. ¿El Estado debe fomentar la creación de fondos propios para
indemnizar a las víctimas de los delitos penales?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
13. ¿El estado debe capacitar al personal de la fuerza pública, de
justicia, ONGs. etc., para garantizar la atención a los derechos de
las víctimas?
Si ( )
No ( )
A Veces ( )
119
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
“LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y LA FALTA DE REPARACIÓN EN LOS
CASOS QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO”
Aspirante:
JUAN CARLOS CHÁVEZ CARRERA.
Tutor:
DR. SERVIO PAÚL VELEPUCHA.
LOJA – ECUADOR
2013
PROYECTO DE TESIS PREVIO A
OPTAR EL GRADO DE ABOGADO
120
1.- TEMA.
“LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y LA FALTA DE REPARACION EN
LOS CASOS QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE TRANSITO”
2.- PROBLEMÁTICA.
El Primer Congreso de Victimología, patrocinado por la Sociedad Internacional de
Victimología, en Jerusalén, año 1973, la definió como: “el estudio científico de las
víctimas del delito”.
La víctima en el ámbito penal puede ser individual o colectiva y el daño resulta del
hecho de la violación de bienes jurídicamente protegidos en la normativa penal: en
especial la salud, patrimonio, ultrajes sexuales, la libertad, dentro de los delitos y las
contravenciones. Todos los perjuicios en fin, a que somete la acción u omisión del
victimario que deriva de su existencia. A la agresión a los bienes jurídicos de las
personas, según la ONU:
La Declaración de los principios fundamentales para las víctimas de delitos y abuso
de poder”, del Congreso de la ONU para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, de Milán, 1955, se agrega la familia, dependientes de las víctimas de la
victimización y abuso del poder político19
La victimología llevó a admitir que el juzgador no puede dejar de lado el proceder de la
víctima y, la necesidad de una actitud garantista de protección y ayuda moral y material
a la víctima. Y la prevención de la conducta de la víctima, que es la prevención del
delito.
La victimología penetra en el campo de los Derechos Humanos, por ejemplo en la
situación de las mujeres y niños maltratados, la discriminación. Mientras exista la
19 NEUMAN Elias,(1984) “Victimología.
121
conculcación, la victimología es uno de los soportes que atienda a las víctimas de los
hechos delictivos, alcanzando un sistema de justicia penal que tenga en cuenta las
necesidades de la víctima, la falta de compensaciones y en definitiva la falta de política
y respuestas validas a la víctima.
Nadie está exento de devenir en delincuente, así con mayor facilidad la persona puede
convertirse en víctima de un delito, sea este violencia callejera, vehicular, fraudes,
falsificación de medicinas, medicamentos, delitos financiero-económicos, etc.
La víctima, según NEUMAN, Elián, (2007) en su texto El rol de la víctima en los
delitos, sostiene que:
Es el ser humano que padece daño en los bienes jurídicamente protegidos por la
normativa penal: vida, salud, propiedad, honor, honestidad, etc., por el hecho de otro,
e, incluso por accidentes debidos a factores humanos, mecánicos o naturales como
ocurre con los accidentes de trabajo-transito. (p.30)
Las ideas precursoras de la victimología encuentran su base en los fundamentos del
israelí MENDELSHON, Benjamín quien publica en 1946: “New Biospsychopsocial
Horizons: Victimology”, luego aparece la obra “The criminal and his victims”, de
Hans Von Hentig, donde se esboza una clasificación de la víctima. Mendelshon, en el
texto “La Victimología y las tendencias de la sociedad contemporánea”, en “Revista
Ilanud al día”, 1981, Costa Rica, definió a la victimología como “...la ciencia sobre
víctimas...”, y manifiesta: “… entendemos el termino victimidad como un concepto
general o un fenómenos específico común que caracteriza todas” (p. 55)
Señala que el objetivo de la disciplina es lograr que haya menos víctimas en la sociedad,
ya que la menor cantidad de víctimas significa menor costo social, menores pérdidas y
una mayor energía capaz de asegurar la existencia en paz del ser humano. Siguen a
Mendelshon autores como Wolfgang, Sellin, Viano, Miyazawam Separovic, Korchoff,
122
Scheneider. Siguiendo a Elías Neuman, al término “victimidad” y “actitud victimal”, le
sigue el de “criminalidad” y “actitud criminal”
En la Constitución de la República que se encuentra en vigencia, el Estado es garante de
todos los derechos de las personas, entre los que se encuentran las garantías que tienen
las víctimas de las infracciones penales a no ser revictimizados, particularmente en la
valoración y obtención de las pruebas, a protegerles de cualquier amenaza u otras formas
de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin
dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, rehabilitación
entre otros, dando lugar a una correcta administración, la misma que se debe ejercer y
aplicar con sujeción a los diferentes principios procesales. Cabe reconocer que los
principios han favorecido más a las personas que se encuentran siendo investigadas que
a las presuntas víctimas, donde incluso las organizaciones de Derechos Humanos se han
mostrado a favor, sin proteger también a la víctima.
Esto se evidencia claramente en los delincuentes comunes que cometen ilícitos y porque
la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, sostienen que la prisión preventiva
debe ser impuesta en extrema ratio, ellos salen libres y siguen cometiendo infracciones
en perjuicio de la colectividad, al respecto, PÉREZ, Luis, (2007) sostiene:
A los delincuentes se les garantiza el derecho a la defensa, que se manifiesta
primariamente en el derecho al proceso para que sea juzgado dentro del marco de la
ley, como presupuesto de una pena, en el cual el perseguido pueda intervenir con
amplitud suficiente para hacer valer sus derechos y gozar ampliamente de su derecho
a la libertad. Derecho que es proclamado ampliamente por todas las constituciones y
reiterado en todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos, expresa
e implícitamente. Pero cabe reconocer que el actual sistema es más favorable al reo
que a la víctima, lo cual permite el crecimiento de la inseguridad jurídica y personal.
(p. 26).
123
Consecuentemente se debe realizar el máximo esfuerzo para dar cumplimiento a todos
los principios constitucionales y garantizar el debido proceso, con el objetivo de llegar a
una correcta y adecuada administración de justicia, donde los derechos y bienes
jurídicos sean protegidos, evitando al máximo su vulneración en sacrificio de la
seguridad integral de las víctimas, los presuntos delincuentes, la sociedad y el Estado.
Para proyectar el respeto de los derechos inalienables de las personas y lograr una sólida
y auténtica justicia, donde prime la seguridad jurídica.
Formulación del Problema
¿Afecta la falta de inactivación de los derechos de la víctima y su incidencia en la falta
de reparación integral de sus bienes jurídicos protegidos en los casos que se tramitan en
los Juzgados de Tránsito?
3.- JUSTIFICACION.
Realizado el enfoque del tema planteado, y dada su importancia que reviste
actualmente, desde el punto de vista de la Constitución de la República del Ecuador,
aprobada en Montecristi, como un marco jurídico garantista, donde prima los principios
constitucionales, más que legales, y que justamente determina las garantías que tiene la
víctima de un delito penal y el tratamiento que se le debe dar luego de haber sufrido una
lesión en sus derechos jurídicos, y es así, que se puede concluir indicando que no existe
otro trabajo similar, por lo que, tiene características de originalidad, ya que no existe
otro tema igual.
Es un tema de interés, no solo personal sino social si se realiza un análisis del alto
índice de delincuencia, siempre se destaca la situación del delincuente, a través de los
Derechos Humanos, que está bien, pero que pasa con la víctima, con sus derechos
vulnerados, las condiciones en las que queda, emocional, física y económicamente,
124
sumado a esto la de sus familiares cuando este es el que cubre los gastos.
La importancia que reviste este trabajo, y que sobre la base de la bibliografía
encontrada, a más de los comentarios de los profesionales del Derecho, nos permite
realizar una reflexión, para que se ponga en práctica el mandato constitucional, cual es la
reparación integral a las víctimas de las infracciones penales, mediante mecanismos de
rehabilitación.
Los resultados fruto del tema investigado, será promover como propuesta un proyecto
de ley que detalle los derechos de la víctima, quienes serán los beneficiarios; así como
las obligaciones del Estado de efectivizar la protección integral de las víctimas que
prescribe el Art. 78 de la Constitución del Ecuador. Por tanto, el aporte será dirigido y
aprovechado por las víctimas de los delitos que han sido olvidados por las políticas
públicas, el Derecho penal y los servicios del Estado.
La utilidad del presente trabajo investigativo, está dado en la medida de que, la correcta
aplicación de las garantías constitucionales, permitirá mantener la seguridad jurídica,
dentro de un Estado Constitucional de derechos y justicia, además de ser una fuente de
consulta para estudiantes, profesionales del derecho y para quienes estén interesados en
el tema.
4.- OBJETIVOS.
4.1. Objetivo General
- Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los derechos de las víctimas y la falta de
reparación de dichos derechos, según la Legislación Penal y Procesal Penal Ecuatoriana.
4.2. Objetivos Específicos
- Determinar cómo influye la inactivación de los derechos de la víctima y su
125
incidencia en la falta de reparación integral de sus bienes jurídicos protegidos en los
casos que se tramitan en los Juzgados de Tránsito.
- Determinar las causas y efectos de la falta de reparación a las víctimas de los delitos
en los juicios de tránsito.
- Determinar falta de cumplimiento de los derechos de las víctimas, en la reparación
integral de sus bienes jurídicos protegidos.
- Establecer una propuesta de creación de una Ley en beneficio de las víctimas de los
delitos.
5.- HIPOTESIS.
La falta de seguimiento a la víctima por parte del Estado a través de los departamentos
de justicia respectivos, hace que se vulneren los derechos de las víctimas ante los
Juzgados de Tránsito, esto permite observar un gravísimo problema jurídico-social, por
lo que es necesario proceder con una reforma que permita realizar la protección
necesaria de la víctima.
6.- MARCO TEORICO.
Antecedentes Investigativos
Cumpliendo con lo establecido, para desarrollar los antecedentes históricos del presente
trabajo de investigación, podemos manifestar convencidos de que, el tema que estamos
abordando no existe otra igual en las bibliotecas y de manera particular en las bibliotecas
de las universidades que visitamos como de la Pontificia Universidad Católica,
Universidad Central, Universidad Andina, y más aún si analizamos que el tema de la
falta de reparación integral a las víctimas de las infracciones penales, no ha sido tratado
con la importancia y frontalidad que se le debe prestar, y que por el contrario más se
preocupan de dar mayor relevancia a los derechos del delincuente, viviendo en un
126
Estado constitucional de derechos, donde la norma suprema que es la Constitución de la
República, determina puntualmente como garantía de las víctimas, su reparación
integral, es así que, nos ha concitado el interés de estudiar las condiciones en que queda
la persona que ha sufrido un delito penal, debemos concluir indicando que no se
encontró monografías, tesis, tesinas, que al menos pueda tener cierta similitud, lo que
consecuentemente este trabajo es original y único.
Fundamentaciones
Fundamentación Jurídica
A nivel universal, sobre la base del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del
Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de la Corte Penal Internacional
(Estatuto de Roma) se reconocieron por primera vez en la historia el derecho de las
víctimas a participar en los procedimientos penales y a obtener reparación como
producto de éstos.
En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,
estableciendo los derechos de las víctimas en los procedimientos de justicia penal,
incluidos el derecho al acceso a la justicia, el derecho a ser tratado con normas mínimas
de respeto y dignidad, el derecho a la protección y la asistencia y el derecho a la
reparación. Esta declaración ha servido como un pilar para establecer los derechos
jurídicos de las víctimas bajo el derecho internacional.
Se han desarrollado una gama diversa de mecanismos que ofrecen a las víctimas acceso
a la justicia, cuando éstas no logran obtener reparación ante los tribunales nacionales.
A nivel nacional, el mecanismo de la jurisdicción universal debe ser una herramienta
en la lucha contra la impunidad, para asegurar que los victimarios individuales sean
llevados ante la justicia. A nivel regional e internacional, las víctimas cada vez más han
127
logrado obtener acceso a mecanismos de derechos humanos con jurisdicción sobre
violaciones cometidas por los Estados, por los organismos de DDHH. Sin embargo, se
ha generado un movimiento, apoyado por un amplio número de organizaciones de la
sociedad civil y por algunos Estados, y que sigue creciendo, donde se reconoce el papel
de la justicia internacional en brindar no sólo justicia retributiva, es decir en la condena a
los culpables; sino también de una justicia restaurativa que permita a las víctimas
participar en los procedimientos y recibir reparaciones por los daños que han sufrido.
De acuerdo con la Convención Interamericana de los derechos Humanos o, más
conocida como Pacto de san José de Costa Rica, establece con claridad una serie de
disposiciones que protegen a todas las personas, sin importar de las condiciones, sexo,
raza, religión, posición económica, entre otros factores, por ende, se protege a la víctima
de un delito, puesto que este vulnera derechos como la propiedad, la vida, la libertad de
disposición, la protección judicial y la seguridad jurídica, entre otros, y al ser
reconocidos y garantizados por dicho Pacto, y al ser este suscrito y ratificado por el
Ecuador, sus obligaciones son obligatorias.
La efectividad de estas disposiciones se encuentra inmersas en los artículos 424 y 425 de
la Constitución, que establecen la Supremacía de la Constitución seguida de los Tratados
y Convenios Internacionales, que se encuentran por encima de las leyes orgánicas.
Los derechos reconocidos por la Convención plantean el importante problema de su
eficacia, que es la materia de la que todo ciudadano quiere que se respeten.
Cabe señalar que, de acuerdo con la práctica jurídica, los derechos de los victimarios se
han visto más protegidos en relación a los derechos de las víctimas, que cada día parece
que se ven más conculcados, por cuanto las Organizaciones de Derechos Humanos han
realizado su respaldo expreso y directo a los que son objeto de detención, aprehensión y
privación de la libertad por causa del cometimiento de un delito y no se han mostrado a
favor de las personas que merecen la protección de la ley y de estas misma
128
organizaciones, como son el pueblo o la ciudadanía indefensa, los agentes del orden,
entre otros grupos que son vulnerables.
Varios tratados y convenios internacionales, reconocen los derechos de las personas en
general o por ciertas condiciones, como el género, pero en contra de toda forma de
violencia. Lo cual debería acogerse por parte de nuestra legislación e incluso a nivel
continental, para que se proteja a toda personas de las formas de violencia, y una de esas
formas es el delito que sucede a diario y presenta una amalgama de manifestaciones,
formas, causas y efectos, que en definitiva vulneran los derechos de la víctima en forma
directa y de la sociedad en forma indirecta.
Fundamentación Doctrinaria
En 1982 el ILANUD promovió un estudio sobre “Estigmatización, Conducta desviada y
Victimización, en áreas marginadas de la ciudad de San José”. Este estudio luego fue
comparado con otro similar realizado en la ciudad de Panamá. De este estudio
comparado se obtuvo en 1984 interesante información que concuerda entre poblaciones
marginadas de esos dos países, como por ejemplo: edad de la víctima, (menores
ancianos) sexo de víctimas (mujeres, niños), hora de mayor victimización (más en la
noche que en el día), porcentaje de delitos (contra la propiedad mayormente que contra
la vida o que contra la libertad sexual), características del agresor (joven, masculino,
desempleado, analfabeto).
La definición amplia de la víctima ha sido adoptada por múltiples tratadistas como
Carranza, Zaffaroni, Halasi, Jackovljevic, etc., los que en el 5to. Symposium de
Victimología presentaron trabajos sobre sujetos tan variados como: refugiados, minorías,
desviados, sobre víctimas de desastres naturales, abusos de poder, conflictos armados,
etc.
El objeto de estudio en estos casos no se limita a la víctima en sí pues se atacan desde
129
tres niveles de interpretación: como afirma el Dr. RODRÍGUEZ MANZANERA, (2002)
que sostiene:
Los niveles de interpretación para proteger a la víctima, son:
-nivel individual: la víctima
-nivel conductual: la victimización
-nivel general: la victimidad. (p. 36)
Al estudiar el fenómeno victimal en general se hace en su conjunto como suma de
víctimas y victimizaciones, con características independientes.
De acuerdo a la definición dada en el Primer Simposio sobre Victimología celebrado en
Jerusalén, Israel, del 2 al 6 de septiembre de (1973), la victimología es “el estudio
científico de las víctimas del delito” o, como diría GULOTTA, es
La disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima del delito, de su
personalidad, de sus características biológicas, morales, sociales, y culturales, de
sus relaciones con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis
del delito. (p. 34)
A fin de presentar algunas definiciones sobre la victimología nos permitimos esbozar las
siguientes:
CHANAN CHASI Singh (2003); define a la victimología como “un movimiento científico, que focaliza
su atención en la víctima, sus necesidades y derechos” (p. 29) .
GOLDSTEIN, Raúl, (2004) define como: “parte de la criminología que estudia a la víctima no como
efecto nacido de una conducta delictiva, sino como una de las causas, a veces principalísima, que
influye en la producción de los delitos”. (p. 33)
130
EZZAT FATTH, Abdel, (2003); definió a la victimología como: “aquella rama de la Criminología que
se ocupa de la víctima directa del crimen y que designa el conjunto de conocimientos biológicos,
sociológicos, psicológicos y criminológicos concernientes a la víctima”.(p. 63)
MENDELSOHN, Benjamín (1946) define como: “la ciencia sobre las víctimas y la victimidad”.(p. 31)
MENDELSHON Benjamín.- Se refiere en sus escritos a la “pareja penal”, en la que no
existe armonía, sino contraposición, lo que interesa al delincuente es el de causar un
perjuicio a la víctima, esa desarmonía determina los roles en el acto delincuencial:
victimario y víctima.
Por otro lado existe la “pareja delincuencial”, sostenida por el Tratadista italiano
SIGHELE, Escipion, citado por NEUMAN Elías, (1999).
En esta existe mutuo consenso delictivo para que dos o más personas se
involucren en la comisión de un delito. La pareja penal, se ve superada
por los crímenes no contravencionales, desde los que genera el abuso del
poder, la corrupción, los delitos económicos o el crimen organizado, La
víctima, en muchas ocasiones, no tiene idea de quien concretamente la
victimizo. Por ejemplo toda una población pude ser victimizada. (p. 54)
En nuestro país, dentro del Derecho Penal, se estudia la Victimología como parte de la
Criminología, buscando establecer las leyes que presiden los procesos de victimización
y los factores personales que atañe la victimización. Al estudiar la pareja penal, se
analiza los elementos que inciden al incremento de los delitos y de la predisposición a
ser vulnerable a un delito.
Existe otro extremo: ubicar a la víctima en el rol protagónico del hecho delictivo,
desplazando al autor o victimario, se llega a ubicar al ofendido como figura central del
hecho delictivo. Sin embargo, en el delito, el protagonista, actor principal, será siempre
del delincuente, esto no debería ser motivo de olvido y exclusión de la víctima y de sus
131
derechos.
La omisión de la víctima, el principalizar el rol del delincuente, debido a que la víctima
parece innocua, la parte perdedora del acto delictivo, ha sido perjudicial para el respeto
de sus derechos. La víctima tenía relevancia en la “venganza privada”, la
“compensación” y “composición”, pero posteriormente los estudios penales, las leyes
penales se enfocaron exclusivamente en el delincuente, dejando a un lado a la víctima.
Sin embargo la pareja, son dos actores necesarios de un mismo drama penal. El
delincuente infringe la ley penal, por acción u omisión.
La víctima, puede ser un conjunto de miles, por ejemplo en los delitos
económicos. Al respecto la Sociedad Internacional de Victimología y la ONU, han
impulsado el estudio del agredido, para comprender mejor la conducta del agresor y
sobre todo para amparar a las víctimas, en cuanto a su atención, indemnización,
reconociendo sus derechos, su incapacidad proveniente del delito, su sufrimiento y el de
sus familiares. Este esfuerzo de investigación, rendirá frutos en las políticas
criminológicas, reformas legales y la atención y
satisfacción a los derechos de la víctima.
La justicia penal no puede edificarse sobre la invisibilidad de las víctimas. Por ello, el
único modelo que integra la protección de las víctimas con las garantías del victimario
es el ofrecido por la justicia reconstructiva que es desarrollada en la obra de
BERISTAIN, Antonio “Hoy creamos una nueva ciencia cosmopolita e integradora: la
victimología de máximos, después de Auschwitz”. (p. 15). De acuerdo a este autor, en lo
reconstructivo, la injusticia provocada por el delito destruye una relación que la justicia
tiene el deber de reconstruir. Lo que caracteriza al derecho dimanante de este modelo de
justicia es la sustitución del vínculo entre justicia y castigo del victimario por el de
132
justicia y restañamiento del daño padecido por las víctimas.
Fundamentación Constitucional
La Constitución de la República del Ecuador, consagra en el Art. 78 y que textualmente
dice:
Las víctimas de las infracciones penales gozarán de protección especial, se les
garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las
pruebas, y se les protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se
adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el
conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación,
garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.”
El Estatuto de Roma respecto de la víctima en el Art. 75 establece:
Artículo 75
Reparación a las víctimas
1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la
indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus
causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias
excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños,
pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los
principios en que se funda.
2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que
indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la
restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar
que la indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo
133
Fiduciario previsto en el artículo 79.
3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta
las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados
que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre.
4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una
vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá
determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este
artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 90.
5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo
como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo.
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los
derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.
Fue la criminología, la que primeramente se ocupó de la víctima del delito, aunque
actualmente en Europa, y especialmente en Alemania el tema es objeto de estudio de la
totalidad de las ciencias penales, es decir, desde los aspectos de derecho penal material,
procesal y criminológico. Existe la convicción cada vez más creciente en Europa que la
víctima necesita mayor protección tanto dentro y fuera del proceso penal. Esto se
observa con la promulgación de la ley alemana para la protección de la víctima.
En el Código Penal Alemán de (1975) también se contemplan otras instituciones que
tratan de promover la reparación del daño causado a la víctima. Así nos permitimos citar
el caso determinado en el Art. 46 párrafo 2; que permite atenuar la pena, el autor que “se
esfuerce” o que trate (sein Bemuhen) en reparar los daños. También para el caso de la
condena con ejecución condicional (Strafaussetzung zur Bewahurung) prevista en el
Art., 56 y siguientes. En particular el Art., 56 b. párrafo 2, faculta al Juez para imponer
al imputado la obligación de reparar el daño causado por el delito en la medida de sus
134
posibilidades (nach Kraften).
La reparación del daño puede funcionar en Alemania, además como un sustituto de la
sanción penal. Para los casos de amonestación con reserva de imposición de pena
(Verwarnung mit Strafvorbehald) contemplado en el Art. 59 y siguientes, en donde el
Tribunal puede imponer al actor que repare el daño causado según sus posibilidades. El
Ministerio Público, también puede archivar la denuncia en ciertos casos según el
principio de oportunidad e imponer al acusado ciertas obligaciones, como repara el daño
causado (Art. 153 C.P.P.). En referencia al tema que estamos tratando; lamentablemente
no existe diríamos a nivel latinoamericano, legislación o al menos disposiciones penales
que establezcan normas jurídicas, respecto de la reparación integral de las víctimas de
las infracciones penales, nos atreveríamos a decir que el tema es desconocido, aunque en
el Ecuador, se lo ha topado muy someramente en la Constitución de la República, que
sin duda es un avance dentro de este tema, consecuentemente se vuelve imperativo que
se regularice en los cuerpos legales de nuestro país.
Con esta reflexión, indicamos que en un porcentaje considerable, la información lo
encontramos en Acuerdos y Tratados a nivel Internacional, lo que será base y sustento
de nuestro tema de estudio, para desarrollar una investigación comparativa, y sintetizarlo
en un proyecto de ley en procura de proteger a las víctimas del delito penal, y de esta
manera cumplir con lo dispuesto en la Carta Suprema, que es la Constitución de la
República.
Fundamentación Social
La inadecuada protección a las víctimas, tiene consecuencias que repercuten en nuestra
sociedad, y generan con ello un desequilibrio en nuestro Estado de Derecho, por la falta
de credibilidad del conglomerado social hacía las instituciones jurídicas, como lo es la
denuncia, desconfianza que surge en aquellas personas que sin ser responsables, se ven
afectadas en su esfera jurídica, por la falta de información respecto de sus derechos, y la
135
poca atención y apoyo que recibieron como consecuencia del evento delictivo,
independientemente del delito de que se trate, lo que genera una apatía a denunciar los
hechos delictuosos, cuando se considera que haciéndolo, se pierde más que lo que se
gana, prevaleciendo la desconfianza social en las instituciones, programas y autoridades
responsables de la implantación de éstos en cuanto a la Justicia.
La percepción ciudadana sobre la evolución de los indicadores relacionados con la
delincuencia ha puesto el problema de las víctimas en los primeros lugares de la agenda
pública. Las intervenciones del gobierno han apuntado a aumentar los recursos a la
policía, a reforzar la oferta pública existente en materia de seguridad ciudadana y a la
implementación de políticas anti delictivas.
No obstante la variedad de programas impulsados por el gobierno, el descontento social
es generalizado, las personas sienten que sus derechos no son respetados y por lo tanto
se sienten más indefensas, y así la llamada “puerta giratoria de la justicia”, deja en la
población la sensación y el pensamiento generalizado de que las Instituciones, que deben
velar por los derechos de las víctimas de los delitos, no funcionan. El alto temor ante la
delincuencia en nuestro país se asocia con una mayor demanda por políticas de control y
represión del delito, más que con una demanda por políticas preventivas y de
rehabilitación, y con una baja tolerancia frente a los delitos menores.
La doctrina y conceptualización como concepto de víctima, tiene como base la
definición establecida en el documento culminante de VI Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuentes, de 1985, en el
que señala que “se entenderá por "víctimas" a las “...personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”,
además se amplía este concepto para determinar igualmente que “Podrá considerarse
136
"víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente
de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la
expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a
cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan
sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización”.
Ecuador es parte de la ONU y por lo tanto obligado a procurar que la atención a las
víctimas del delito sea en los términos en los que se encuentra
comprometido, conceptualización que debe ser aplicable a nuestro contexto, por ello
debe tenerse presente en la investigación planteada, para comprender tanto el concepto
de víctima como las garantías otorgadas a éstas, las concepciones Internacionales que
para tal efecto existen y que son retomadas por la mayoría de los países.
El enfoque de las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos, representa una
nueva modalidad en el tratamiento del delito, en la que el sistema de justicia penal se
constituye en un medio de protección de los Derechos Humanos, “producto de que la
igualdad entre las partes, el debido proceso, el derecho de petición, la acción, el favor
libertatis, la justicia pronta y cumplida” representan principios que la administración de
justicia debe garantizar.
El proceso penal ecuatoriano, olvido a las víctimas del delito. Los legisladores, los
jueces preocupados por la garantía de los derechos de los procesados, han dejado a un
lado la consideración de las víctimas como sujetos del litigio penal. Las pretensiones
punitivas de las víctimas fueron reemplazadas por la llamada “vindicta pública”,
protagonizada por la Fiscalía, pero olvidando que el fenómeno penal debe contar con las
víctimas, no solo en su condición de testigos, sino de quienes han sido afectados por un
daño efectivo que una conducta penal les ha ocasionado, cuya reparación también debe
137
ser garantizada.
Por ello se reencuentra la conciliación, como una forma de solución del conflicto con la
participación directa de la víctima, a través de los mecanismos previstos en las leyes,
con fundamento en el Principio de Oportunidad y de la Mediación.
El papel que dentro del drama del proceso penal ha jugado la víctima ha tenido diversas
caracterizaciones. Razones históricas han determinado que en el proceso penal el papel
de la víctima hubiese pasado de un protagonismo absoluto, a una expulsión y finalmente
a un resurgimiento en el moderno proceso penal.
Esta historia, no debe captarse como una vuelta al momento que tenía la víctima en
tiempos pasados, ni tampoco debe entenderse como un desarrollo lineal, sino que la
experiencia cotidiana nos enseña que el devenir de esta historia es esencialmente
dialéctico, con algunos saltos e igualmente con grandes retrocesos y que en el campo del
reconocimiento de los derechos de las víctimas está pendiente de atención del Estado.
Nuestra visión se circunscribe al Ecuador y aspira a ubicar en qué etapa nos
encontramos en nuestro país con relación a la defensa efectiva de los derechos de las
víctimas, siguiendo la premisa que es importante conocer la realidad y comprometerse
en transformarla.
PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY
Como fruto de la investigación del trabajo documental, bibliográfico y de campo que se
efectuará en el desarrollo de la tesis, me propongo recopilar los textos de las leyes sobre
las víctimas que existen en Colombia, Perú, México, Chile, España y otros países del
mundo, a fin de elaborar un proyecto de ley para la defensa de los derechos de las
víctimas de escasos recursos económicos, que usualmente son la parte perjudicada en las
infracciones de tránsito y más específicamente en los delitos que causan la pérdida de
vidas y lesiones permanentes, específicamente en nuestro país , para el efecto se
138
investigará en el Juzgado Séptimo de Tránsito de Pichincha, para efectos de la
información estadística de casos del año 2010 y 2011.
Cabe mencionar que en el país de Chile, en las Comisarias de la Mujer, ya se han
implementado el servicio jurídico gratuito del Estado, a través de profesionales del
derecho remunerados por parte del Estado, para la defensa de los derechos de las
mujeres de escasos recursos económicos que son objeto de violencia intrafamiliar. Y, en
base de esta experiencia, pretendo aplicar esta experiencia internacional, para el
patrocinio y defensa jurídica en el ámbito de la defensa de las víctimas de accidentes de
tránsito en nuestro país. Esto es concomitante con las obligaciones que el Ecuador ha
adquirido al suscribir pactos, tratados, convenios internacionales de los derechos
humanos los mismos que exigen a los Estados, se implemente la protección de las
víctimas y específicamente la asesoría jurídica gratuita.
7.- METODOLOGIA.
Modalidad de la Investigación
Bibliográfica.
Es fundamental esta fuente de consulta, para la realización de nuestro trabajo de
investigación, tanto más que, para determinar aspectos relacionados con el tema
planteado, resulta de suma importancia la revisión de todo tipo de textos, libros, revistas,
folletos, en fin de todo documento que nos permita apoyarnos, y sacar la información
posible y presentar un trabajo de actualidad, innovador y sobre todo que trascienda
dentro nuestro sistema jurídico.
De Campo
A fin de complementar la investigación que se va a desarrollar, es pertinente que
también se lo realice en el campo, por cuanto, este medio va a servir de utilidad para que
139
el trabajo preste las garantías, efectividad y transparencia de los resultados, es un
mecanismo confiable porque el investigador está en contacto directo con la fuente de
información.
Documental
Tiene estrecha relación con la fuente bibliográfica, toda vez que, precisamente se va a
recurrir a los documentos, que lo encontraremos en los textos, folletos, revistas y todo lo
que de manera impresa coadyuve a la investigación.
Jurídica
Justamente el tema de investigación a desarrollarse se dará dentro de un marco jurídico,
aplicando fuentes con este contenido, por consiguiente se aplicará cuerpos legales que
tengan relación con el tema, tanto nacionales como internacionales; ya sea tratados y
convenios internacionales, entre otros.
Nivel o Tipo de Investigación
Exploratoria
El presente trabajo da lugar a realizar un estudio exploratorio, con la ayuda de métodos
y técnicas disponibles, con el propósito de plantear nuevas interrogantes, formular otras
respuestas que nos permita llegar a encontrar soluciones al problema planteado.
Descriptiva
Este se refiere a la descripción de la investigación planteada, por cuanto se realizará un
análisis profundo del tema, que nos permitirá conocer más sobre la problemática que
actualmente existe en nuestra legislación, es decir que, podremos comparar la
legislaciones de otros países, y sacar las mejores conclusiones, para que, con
conocimiento pretendamos contribuir con un proyecto de Ley que sin duda coadyuvará a
140
mejorar la situación de las víctimas del delito.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Técnicas de gabinete
En la presente investigación se utilizará dos tipos de técnicas, la de gabinete, donde se
utilizarán las fichas bibliográficas y las nemotécnicas, las misma que servirán para
obtener la información relacionada con tema – problema de investigación.
Técnicas de campo
Entre las técnicas de campo a realizarse se encuentran la entrevista y la encuesta
Entrevista
Que servirá para obtener la información de las personas que tienen conocimientos sobre
el tema a desarrollarse, es decir, se encuentra dirigida a los jueces de tres Juzgados de
Transito de Pichincha, con asiento en la ciudad de Quito, abogados y secretarios de las
diferentes dependencias judiciales, que de una u otra forma colaboran para llegar a una
correcta administración de justicia. La entrevista contará con preguntas claras, precisas y
concretas.
Encuesta
Nos permite obtener datos proporcionados por personas relacionadas con el problema
propuesto, y estará dirigido a los mismos profesionales que tienen contacto directo con
el tema de la presente tesina. Esta técnica será realizada sobre la base de un cuestionario
elaborado con preguntas cerradas, en forma clara y concreta.
Validez y Confiabilidad
141
La validez de los instrumentos utilizados en la investigación será dada por el criterio de
personas expertas en la materia; en cambio que la confiabilidad se verificará con la
aplicación de los resultados obtenidos a una muestra para corregir los posibles errores
que pueda tener.
Estadística
Se utilizarán las estadísticas de las infracciones que se han conocido y se han emitido
sentencia como muestra para el trabajo analítico de campo dentro de la presente tesis.
9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.
9.1. Recursos Humanos.
Investigador: Juan Carlos Chávez Carrera.
Tutor: Por designarse.
9.1.2. Recursos Materiales.
Computadora $ 800
Flash Memory $ 30
DVD-Rom $ 30
Grabadora $ 30
Papel $ 50
Bolígrafo-lápices $ 20
142
Tinta $ 50
El costo total asume a la cantidad de mil diez dólares de los Estados Unidos de Norte
América, los mismos que serán financiados con recursos propios del postulante.
10.- Cronograma de actividades
Año-2012
No
Fecha
Actividades
Junio Julio Agosto
1
2
3
4
5
Selección del tema
Recolección de la
información
Desarrollo
Presentación
Revisión
X
X
X X
X
X X
X X
143
6
7
8
9
Corrección
Presentación nuevo
informe
Aprobación
X
X
Elaborado por: El investigador
11.- BIBLOGRAFÍA
- BERISTAIN, Antonio “Estudios de Victimología” Valencia España.
- CHANAN CHASI Singh (2003) “Derecho Penal” México - México
- EZZAT FATTH, Abdel, (2003) “Derecho Penal” Buenos Aires – Argentina.
- FERNÁNDEZ FUSTER, M., (2004).- “La intervención de la víctima en el
proceso penal” Valencia - España.
- GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio, (2005).- “Criminología: una
introducción a sus fundamentos teórico” Valencia - España.
- GOLDSTEIN, Raúl, (2004) “Estudios Penales” Barcelona –España.
- GULOTTA, “Dos Estudios sobre la teoría del delito” Bogotá – Colombia.
144
- MENDELSHON, Benjamín “New Biospsychopsocial Horizons:
Victimology”
- NEUMAN, Elías, (2007) “Manual de Derecho Penal” México - México
- ONU: Convención Mundial Nueva York – Estados Unidos.
- PÉREZ, Luis, (2007) “Apuntes de Derecho penal” Quito - Ecuador
- RODRÍGUEZ MANZANERA, (2002): “Libertades del hombre y derecho
penal” Madrid – España.
- SIGHELE, Escipion, citado por NEUMAN Elías, (1999). “Manual de
Derecho Penal” México – México.
- SUBIJANA ZUNZUNEGI, Ignacio J., (2006).- “El principio de protección
de las víctimas en el orden jurídico penal” Arbolete - Camores.
- VÁSCONEZ BUSTAMANTE, Horacio M., (2006).- “Víctimas de las
medidas cautelares de Carácter Personal” Guayaquil - Ecuador.
145
ANEXOS
Como producto final del trabajo de la tesis, me propongo elaborar un proyecto de ley
sobre las víctimas de accidentes de tránsito de escasos recursos económicos.
FORMATO DE INTERROGATORIO DE LA ENCUESTA A EFECTUARS EN
LA INVESTIGACIÓN
1.- ¿Conoce Usted los Instrumentos Internacionales sobre la Protección a las
víctimas?
2.- ¿Considera Ud. que el Proceso Penal logra resarcir el daño que sufre la
víctima ante la comisión de un delito?
3.- ¿Cuáles considera Ud. son las causas por la que no se produce una
reparación a la víctima proporcional al daño sufrido?
4.- ¿En el ámbito procesal penal, existe igualdad entre la víctima y el actor del
146
delito?
5.- ¿En la administración de justicia penal, se respeta el principio de igualdad
de las partes en el proceso?
6.- ¿Cree Usted que en el proceso penal se desprotege los derechos de la
víctima?
7.- ¿Cree Usted que la administración de justicia da una igual atención a la
sanción punitiva del delincuente y al resarcimiento de la víctima?
8.- ¿Una efectiva protección a la víctima ayudaría a recobrar la confianza en el
sistema de justicia penal?
9.- ¿Aplicando el principio de la igualdad de las partes en la administración de
justicia se evitaría la desprotección de la víctima en el proceso penal?
10.- ¿Al no respetar el principio de la igualdad de las partes se violan las
garantías fundamentales de la administración de justicia y el debido proceso?
11.- ¿La desprotección de la víctima se debe a que al Estado le interesa más la
punición que la restauración de la paz social alterada por la comisión del ilícito
penal?
12.- ¿La mejora de la posición de la víctima en la justicia penal de nuestro país
se constituye en una necesidad?
147
INDICE
Carátula i
Certificación del Director ii
Declaración de Autoría iii
Agradecimiento iv
Dedicatoria v
Tabla de contenidos vi
Título 1
Resumen 2
Abstract 3
Introducción 4
Revisión de Literatura 6
Marco Conceptual 6
Marco Doctrinario 34
Marco Jurídico 44
Legislación Comparada 49
148
Materiales y Métodos 52
Materiales 52
Métodos 53
Procedimientos y Técnicas 55
Resultados 56
Discusión 98
Verificación de Objetivos 98
Objetivos 98
Objetivo General 98
Objetivos Específicos 98
Contrastación de la Hipótesis 99
Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal 100
Conclusiones 102
Recomendaciones 103
Propuesta de Reforma 104
Bibliografía 108
Anexos 111
Índice 147
