Marcos Robledo

Académico U. Diego Portales, marcos.robledo@mail.udp.cl

paraguay y el mercosur:

Dos crisis y dos fracturas

El ingreso de Venezuela constituye un cambio estructural importante en la política regional, consolidando la idea de un bloque sudamerica-no autónomo del organizado en torno a Estados Unidos en la cuenca del Caribe.

En el Continente parecen aumentar las concep-ciones instrumentales de la democracia. Unos y otros encuentran justificaciones para suspender o limitar derechos políticos o civiles.

Fernando Lugo lee su mensaje a la Nación paraguaya –21 de junio– un día antes de que el Congreso aprobara su destitución.

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paraguay y el mercosur:

Dos crisis y dos fracturas

La destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el 22 de junio pasado, y la posterior suspensión de este país del MERCOSUR y de UNASUR han abierto un episodio

de gran complejidad en la región. El golpe blanco en Asunción es el eslabón más reciente de un proceso de polarización regio-nal en el que se comienzan a escuchar acusaciones cruzadas de debilitamiento de la democracia, revelando así un preocupan-te y creciente desacuerdo regional en torno a las instituciones democráticas.

La posterior incorporación inmediata de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR ha abierto una crisis al interior del grupo con desenlace y duración de difícil pronóstico, que constituye un acontecimiento de gran envergadura. Consoli-da política e institucionalmente la idea de una subregión sud-americana, y redefine las fronteras institucionales y políticas regionales. En la práctica se perfilan así dos fracturas. Una de carácter ideológico y otra de naturaleza geopolítica y geoeco-nómica. En su conjunto, ambos fenómenos dan cuenta de un proceso de transformación importante de la región.

EL ACOSO A LA DEMOCRACIA

Desde luego, existe una crisis de la democracia paraguaya. La destitución de un Presidente constitucionalmente elegido puede ser formalmente ajustada al derecho interno de Para-guay, pero viola principios básicos del debido proceso y con ello del Estado de Derecho y, en definitiva, de la democracia. En el discurso para justificar lo injustificable se invocan insti-tuciones, procedimientos o resquicios democráticos, aunque en los hechos lo que se intenta es legitimar conductas antide-mocráticas. Al igual que en Honduras, los grupos sociales y políticos que se han sentido amenazados por la llegada de un liderazgo de izquierda han buscado los resquicios de su ins-titucionalidad nacional para remover al mandatario, interrum-piendo el proceso democrático.

Sin embargo, en el contexto de las crecientes dificultades re-gionales y globales de las democracias representativas, luego de la primera etapa de revalorización regional sobre este régi-men político que siguió al proceso de democratización, y a pesar de que el apoyo a la democracia se ha ido consolidando en la opinión pública latinoamericana, entre las élites de la región se observa un creciente y cada vez más profundo desacuerdo sobre la democracia. Un examen de la política desde una perspecti-va regional permite observar conductas, tanto desde algunas derechas como desde algunas izquierdas, que en su conjunto están debilitando derechos civiles y políticos, tanto como los económicos y sociales de las democracias latinoamericanas.

Desde la derecha, y luego de haber ignorado las demandas sociales que acompañaron a los procesos de ajuste en la década de los noventa, parece estar reviviéndose la antigua costumbre de detener procesos de cambio, violando derechos políticos. Por eso es muy relevante y lamentable para la democracia regional que Estados Unidos y un grupo importante de países de la re-gión, que se proclaman firmes promotores de la democracia y defensores de la Carta Democrática Interamericana, no hayan

hecho posible una clara condena de la OEA a la interrupción democrática de Paraguay.

Al mismo tiempo, desde varios de los Gobiernos de izquierda que apoyaron la suspensión de Paraguay en MERCOSUR y en UNASUR, y que manifiestan una legítima y especial preocupa-ción por los derechos económicos y sociales de sus pueblos, se están llevando a cabo procesos que debilitan otras dimen-siones de la democracia, como los derechos políticos y/o los derechos civiles, según el caso.

Ese es el significado más profundo de los fuertes cuestiona-mientos al sistema interamericano de protección de los dere-chos humanos construido luego de las dictaduras de los años setenta y ochenta, con una reciente expresión en el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como del debilitamiento de la separación de poderes, de las limitaciones a la libertad de prensa y de expresión, de la per-secución de políticos opositores, de la hiperconcentración del poder en la presidencia y del abuso de los recursos del Estado para imponer prácticas personalistas, populistas y/o cliente-listas, como se observa en algunos casos.

EL MERCOSUR Y SUS DILEMAS

La crisis paraguaya ha puesto en marcha otras dinámicas. El 29 de junio, una semana después de la destitución de Lugo, los jefes de Estado del MERCOSUR aplicaron la cláusula de-mocrática del bloque y acordaron la suspensión temporal de Paraguay (lo mismo haría UNASUR). Simultáneamente, apro-baron además el ingreso de Venezuela como miembro pleno, hasta entonces detenido por la negativa del Senado paraguayo a ratificar al acceso. De esta manera, el MERCOSUR ha dado un giro estratégico.

El ingreso de Venezuela supone una consolidación del blo-que como proyecto político. Se trata de la cuarta economía de América del Sur después de Brasil, Argentina y Colombia (ver gráfico), quince veces mayor que la de Paraguay. Constituye una innovación estructural mayor en la política latinoamerica-na. Para Venezuela, porque significa un cambio de eje de una política exterior de Caracas desde Estados Unidos, la cuenca del Caribe y la Zona Andina hacia el sur, consolidando el pro-yecto sudamericano. Para los países del MERCOSUR, por la en-vergadura y el impacto que tendrá política y económicamente la llegada del nuevo miembro pleno. Y para todos los países de América del Sur y América Latina, porque supone una reconfigu-ración parcial, pero estructural, de la política y, eventualmente, de la economía regional.

El ingreso de Venezuela también plantea serias dudas sobre la vigencia del proyecto de integración económica del Tratado de Asunción, que en 1991 dio origen al MERCOUR, y ha abierto una crisis política al interior de este referente.

Mercosur deberá conciliar la agenda ALBA de Venezuela, con su agenda de integración. China ha propuesto un acuerdo de libre comercio al bloque.

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El Gobierno venezolano es un miembro pleno y fundador de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), creada el año 2004 como opción diferente a los proyectos li-berales de integración organizados en torno a la creación de zonas de libre comercio. Aunque gran parte de dicha oposi-ción tiene un fundamento antiestadounidense (la sigla elegi-da, ALBA, pretende diferenciarse simbólicamente de ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas), el problema es que el MERCOSUR fue concebido también como un proyecto liberal de integración con tres pilares: un modelo de democracia libe-ral, un objetivo político regional (la construcción de un bloque político democrático autónomo internacionalmente) y un con-cepto liberal de integración económica basado en la teoría y experiencia europea de integración (creación de una zona de libre comercio, de una unión aduanera y un arancel externo común, de un mercado común, en la perspectiva de una unión económica y política).

Por eso, el nuevo escenario plantea legítimas interrogantes y ha abierto un intenso debate en cada uno de sus países y en la región sobre la agenda de integración económica contenida en el Tratado de Asunción, así como sobre la estrategia econó-mica y de inserción internacional del grupo.

MERCOSUR A LA ExpECtAtIvA

Una hipótesis en ese debate es que MERCOSUR ha ingresado definitivamente a lo que algunos autores han denominado el regionalismo latinoamericano posliberal. Un regionalismo que, sea por mutación ideológica de los Gobiernos, por necesidad de proteger industrias, por su subordinación a proyectos na-cionales, por desacuerdos entre países, o por la combinación de todas esas y otras razones, ha renunciado a profundizar la

integración económica de acuerdo al proyecto económico liberal europeo; retoma la construcción de un espacio político inter-nacional autónomo en clave antiestadounidense, y comienza a repensar una nueva estrategia de desarrollo a partir de cada uno de sus proyectos nacionales. En Argentina, Brasil y ahora Venezuela estos combinan políticas de capitalismo de Estado con políticas de mercado, aunque con variaciones importantes y, en algunos casos, claramente neodesarrollistas.

Una segunda hipótesis podría ser que, y a pesar de lo ante-rior, la nueva etapa sea gestionada con extremo pragmatismo, y que Brasil y, eventualmente, Argentina, además de Uruguay y Paraguay (en el hipotético caso de que sea readmitido o quiera regresar al bloque), exigirán que sea Venezuela la que se su-bordine a la dinámica del proyecto de integración. En esta pers-pectiva, MERCOSUR podría actuar entonces como un factor de disciplinamiento de Venezuela (y alejamiento y debilitamiento del ALBA). Si se considera el extremo pragmatismo con que ha sido conducido el MERCOSUR, lo anterior es también un esce-nario muy probable.

Para tener una idea sobre cómo se expresarán estos de-bates es importante contextualizar lo anterior. El MERCOSUR negocia actualmente un acuerdo de asociación con la Unión Europea (que incluye uno de libre comercio) y, por sobre todo, ha comenzado a debatir cuál será su respuesta institucional a la propuesta formulada por el Primer Ministro de China, Wen Jiabao. Durante su visita de fines de junio pasado, este propuso nada menos que la suscripción de un acuerdo de libre comercio entre China y el MERCOSUR, lo cual deberá ser considerado con el máximo cuidado por un bloque que hace veinte años también se configuró, en parte, para oponerse a otro proyecto de libre comercio, el ALCA, propuesto por el expresidente George Bush.

Pero China no es Estados Unidos. No solo no tiene la histo-ria de intervenciones en América Latina de Washington, sino que se ha transformado en el motor del crecimiento de Amé-rica del Sur y su demanda de materias primas sostiene la ma-yor parte del actual dinamismo económico de toda la región (y del mundo). La relación tiene, con todo, contradicciones. Al igual que la industria estadounidense, las exportaciones chinas también amenazan a las industrias locales, especial-mente de Brasil, y el volumen de las inversiones de Beijing en la región es aún bajo, lo que habla de discretos niveles de encadenamiento productivo. Por eso, un TLC será un tema ro-deado de dificultades. China tampoco es Estados Unidos para Venezuela, que busca forjar una alianza política global anties-tadounidense (hasta ahora, no correspondida por Beijing) y económica. Venezuela es actualmente el cuarto abastecedor de petróleo de China y el comercio bilateral se ha incremen-tado de manera importante.

Las dudas que plantea el ingreso de Venezuela y las deci-siones que deberá tomar el MERCOSUR ante la oferta de Chi-na conforman un dilema que tiene alcance global. Se trata de definir si el MERCOSUR adoptará una postura proteccionista o negociará una apertura y/o una asociación hacia China; y si lo hará solo como grupo o formará parte de una estrategia sud-americana (a través de UNASUR) o Latinoamericana (de CELAC)

Un examen de la política permite observar conductas que en su conjunto están debilitando derechos civiles y políticos, tanto como los económicos y sociales de

las democracias latinoamericanas.

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o intermedia (con la Alianza del Pacífico). En otras palabras, es definir si América del Sur o América Latina tendrán una sola es-trategia de relación económica con Asia Pacífico o si lo harán de manera dividida, tal como ha ocurrido hasta ahora ante Estados Unidos y el Nafta, la Unión Europea, o el G-20.

Lo anterior influirá, a su vez, en la relación entre las econo-mías emergentes —porque Brasil y China se encuentran en el BRICS, el bloque político conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—, y el G-7 (las siete economías más desarro-lladas) al interior del G-20 y la ONU.

La negociación que se avecina se produce, sin embargo, en un contexto en que tanto el Estado miembro suspendido, au-toridades uruguayas, y destacadas personalidades políticas y diplomáticas opositoras brasileñas, denuncian una crisis ins-titucional del MERCOSUR.

Consideran que la incorporación de Venezuela constituye una violación del Tratado de Asunción (el expresidente Cardo-so y el vicepresidente de Uruguay Danilo Astori la calificaron como “grave” y el excanciller Celso Lafer como “ilegal”). Este establece que las decisiones sobre adhesión de nuevos Estados miembros no pueden ser adoptadas sin la unanimidad (Art. 20), consenso y presencia (Art. 32) de los Estados partes.

El 9 de julio pasado Paraguay presentó una demanda ante el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del MERCOSUR im-pugnando tanto su suspensión como el ingreso de Venezuela. Esta fue declarada inadmisible pocos días después. De esta forma la crisis ha llegado a un punto de espera. El nuevo Go-bierno de Paraguay evalúa el futuro de su relación con el blo-que, pero no debería descartarse un mayor acercamiento suyo hacia Estados Unidos. Aunque el escenario más probable es el de un retorno de Paraguay al MERCOSUR, eso podría ocurrir en un contexto de renacimiento de los debates en Asunción y Montevideo sobre las estrategias de relación económica al-

ternativas al MERCOSUR, y de renegociación de su estatuto al interior del bloque, aunque esta vez el eje Paraguay-Uruguay no enfrenta solo a Brasil y Argentina, sino también a Venezuela.

BALANCE MIxtO

Como es posible observar, la región continúa experimentan-do cambios, y estos son relevantes, pero el balance es mixto. América Latina continúa un momento positivo y de optimismo. Está siendo capaz de mantener su crecimiento económico y la reducción de la pobreza, y su peso internacional relativo se ha incrementado. Al mismo tiempo, sin embargo, se profundiza una doble fractura. La primera surge ante el debilitamiento de los acuerdos regionales sobre la democracia, aumentando las visiones instrumentales y los dobles estándares, lo que abre interrogantes sobre la posibilidad de futuras crisis de régimen (y no solo de carácter político, como había ocurrido desde los procesos de democratización y hasta la crisis de Honduras). La segunda fractura es geoeconómica y geopolítica, y ocurre entre la zona económica que depende económicamente de Estados Unidos, desde Canadá hasta Centroamérica y el Caribe —por un lado—, y América del Sur, cuyo anclaje político radica en Brasil, pero que sea el MERCOSUR o la Alianza del Pacífico depende económicamente del arrastre del Asia Pacífico.

Qué tipo de democracia, qué tipo de desarrollo; qué tipo de regionalismo y de inserción económica y política global: esos son los temas detrás de la crisis de Paraguay. MSJ

El nuevo escenario plantea legítimas interrogantes y ha abierto un intenso debate en cada uno de sus

países y en la región sobre la agenda de integración económica contenida en el MERCOSUR.

pGB MERCOSUR y países seleccionados América Latina 2011(Fuente: elaboración propia sobre estimaciones del FMI, World Economic Outlook Database)

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Colombia

328

Chile

248

Argentina

448

Venezuela

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Perú

174

Uruguay

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Paraguay

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