Domingo 8 de mayo de 2011

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PEDRO GUADIANA GARCÍA

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Acceso libre

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De la revista Proceso, misma fecha

1. Nuevo pacto o fractura nacional. Javier Sicilia

2. Airadas respuestas. Arturo Rodríguez García

3. La ultraderecha, contra el movimiento de Sicilia. Álvaro Delgado

4. La culpa, de la corrupción, no de las armas. J. Jesús Esquivel

5. En la “guerra de los grandes” los usuarios nada obtienen. Jenaro

Villamil

6. El ocaso de Al Qaeda. Marco Appel

7. Panamericanos: Mala planeación, abusos, contratos de obra para

cuates. Felipe Cobián y Víctor M. López

1. Nuevo pacto o fractura nacional Javier Sicilia

En su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, al culminar la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que se inició el jueves 5 en Cuernavaca, el poeta Javier Sicilia plantea un desafío: o el país todo –sus ciudadanos, sus estructuras políticas, gubernamentales y sociales– se compromete en un nuevo pacto social –paz, justicia y dignidad como premisas– o se hundirá en una fractura de consecuencias impredecibles. Advierte también que el movimiento que él impulsa tiene entre sus objetivos colocar a la clase política y a los poderes ante una disyuntiva: o hay cambios radicales en México o “no aceptaremos más una elección” o, en todo caso, “las elecciones del 2012 serán las de la ignominia”. Transcribimos aquí el discurso completo del poeta, colaborador de Proceso.

Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria. Pero tal vez no, todavía no, aún no, aun a pesar de la inconmensurable necesidad, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de un dolor sin nombre, a pesar de la ausencia de paz en creciente progreso, a pesar de la creciente confusión. Heidegger (Nuestro) peso es (nuestro) amor; a donde quiera que se (nos) lleve, es él quien nos lleva. (Ese) don que proviene de (nosotros) nos inflama y nos eleva: (nosotros) ardemos y vamos. San Agustín

Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan –a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan–; hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino. Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros; estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades. Si no hacemos esto solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y

engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder desmedido y de la complacencia y la complicidad con el crimen. Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos: ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Los claroscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es; no es el México de nuestros maestros, pero sí lo es; no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es; esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Heberto Castillo, de Manuel Clouthier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur –de esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación– y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es; no es el de los hombres y mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es; no es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es. Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad nos han conducido a esta espantosa desolación. Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores, para decirles directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos –a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que no es el nuestro–; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policiacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales, en su demencia, buscan imponernos aliados con las omisiones de los que detentan alguna forma de poder. Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de éste para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. O ¿dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las Iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar, a espaldas de la ciudadanía, una ley de seguridad que exige hoy, más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano? La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertido en chantaje administrativo y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión, impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitan a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato ni el plebiscito?

Estos casos –hay cientos de la misma o de mayor gravedad– ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el Panal, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones ¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar? ¿No se dan cuenta de que con ello están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran? Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios; hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante. Ante el avance del hampa vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay sólo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente como solía hacerse y se hace en muchos lugares o haciéndole la guerra con el ejército en las calles como sucede hoy. Se ignora que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía, y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe enfrentarse con la violencia. Con ello se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio. Este clima ha sido tierra fértil para el crimen que se ha convertido en cobros de piso, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos. A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero, con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista –más letal, por contundente y expansiva, que las drogas–, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado atrapado. ¿Como reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Es un desafío más que complejo. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudibles el latido de nuestros corazones que es el latido de la nación. Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las Iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia. Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no sólo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las de la ignominia, una ignominia que hará

más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país. Estamos, pues, ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto al que convocamos después de recoger muchas propuestas de la sociedad civil, y que en unos momentos leerá Olga Reyes, que ha sufrido el asesinato de 6 familiares, es un pacto que contiene seis puntos fundamentales que permitirán a la sociedad civil hacer un seguimiento puntual de su cumplimiento y, en el caso de traicionarse, penalizar a quienes sean responsables de esas traiciones; un pacto que se firmará en el Centro de Ciudad Juárez –el rostro más visible de la destrucción nacional– de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa. Antes de darlo a conocer, hagamos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar la Nación. Hagámoslo así porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera, es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y de la que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra que nos permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa: México.

2. Airadas respuestas Arturo Rodríguez García

La movilización ciudadana contra la violencia surgida en torno a la figura del poeta Javier Sicilia se ha convertido en un dolor de cabeza para Felipe Calderón, quien en su ánimo por descalificarla ha acusado a ese movimiento de confundirse, de atacarlo a él y a las fuerzas armadas, e incluso de querer frenar las acciones de gobierno. La movilización ciudadana contra la violencia surgida en torno a la figura del poeta Javier Sicilia se ha convertido en un dolor de cabeza para Felipe Calderón, quien en su ánimo por descalificarla ha acusado a ese movimiento de confundirse, de atacarlo a él y a las fuerzas armadas, e incluso de querer frenar las acciones de gobierno. La noche del miércoles 4, Calderón leyó ante las cámaras un mensaje en el que defendió lo que llama su “estrategia contra el crimen organizado” así como la integridad y efectividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Admitió que algunos ciudadanos pueden sentir desánimo, pero les aseguró que las cosas pueden cambiar. “No se trata de pedirles a los ciudadanos que hagan lo que corresponde a la policía o al Ministerio Público. Pero sí es indispensable tu comprensión y tu apoyo, el apoyo de toda la sociedad, porque hay quienes de buena o de mala fe buscan detener la acción del gobierno”, dijo. El mensaje del presidente fue inusual. Transmitido por los canales gubernamentales y el sitio oficial de la Presidencia en internet, no fue en cadena nacional, lo que hubiera forzado a los medios electrónicos a transmitirlo, pero mantuvo la señal satelital abierta para el que voluntariamente deseara enlazarse. Su discurso fue una apología de su gobierno y un reparto de culpas entre “los gobernantes que se hicieron de la vista gorda” y son responsables de la violencia, por lo que la lucha contra el crimen se ganará cuando haya policías honestas en los estados.

Enfatizó que no retirará al Ejército, la Marina ni a la Policía Federal de las calles porque, dijo, “son lo mejor que tenemos”. Su mensaje recogió expresiones que ha vertido ante las declaraciones que Javier Sicilia ha hecho desde el pasado 8 de abril. El ¡ya basta! de Calderón

La molestia de Calderón ante el movimiento nacional que encabeza Sicilia fue clara desde la primera marcha realizada por el poeta y colaborador de Proceso. El 31 de marzo, Sicilia convocó a una marcha nacional luego de que su hijo Juan Francisco fue asesinado en Temixco, Morelos, el 28 de ese mes. La marcha se realizó el 6 de abril y reunió a miles de personas en ciudades de todo el país, especialmente en Cuernavaca. La consigna era: “¡Ya basta de violencia!” En un discurso ante la XXIV Zona Militar, Sicilia se dirigió a las Fuerzas Armadas: “Ustedes han sido siempre los custodios de la paz de la nación. Por ello nunca habríamos querido verlos fuera de sus cuarteles más que para repeler una agresión extranjera o para ayudarnos, como lo han hecho siempre en las catástrofes naturales. “Ahora los han sacado a la calle para combatir lo que a las policías pertenece. No los queríamos allí pero allí los han puesto, provocando con ello una escalada en la violencia al incitar al crimen organizado a enfrentarse con ustedes con armas más poderosas.” El 7 de abril, Calderón dijo en Cancún que las críticas eran bienvenidas, pero que no cambiaría su estrategia... la reforzaría. El escenario era propicio: estaba reunida la Conferencia Internacional de Combate Contra las Drogas en la que participaban mandos de cuerpos antidrogas de decenas de países. Ahí advirtió que en el combate al crimen no debe haber “titubeos ni ambigüedades que limitan la capacidad de actuar contra los criminales”. El 8 de abril asentó que los militares regresarán a los cuarteles cuando haya 32 policías confiables, como lo reiteró el miércoles 4 en su mensaje. Aunque los llamados de Sicilia han sido respetuosos al jefe del Ejecutivo, la intolerancia presidencial se manifestó el 13 de abril cuando en Torreón, ante la comunidad empresarial local –una de las más agobiadas del país por la violencia–, exclamó su propio “¡ya basta!” Convocó ahí a lanzar un “¡ya basta! colectivo” contra los criminales, pues los verdaderos enemigos del país, dijo, son “los delincuentes y no quienes los combaten”. La alusión fue clara. Calderón interpretó el reclamo de seguridad como un ataque y pidió que nadie se escude en el anhelo social de tener paz para atacar al gobierno federal o a las fuerzas armadas. Agregó: “Son delincuentes, son criminales, son enemigos de México; a ellos hay que frenarlos, a ellos hay que condenarlos, a ellos hay que dirigir un ya basta colectivo y nacional: ¡Ya basta a los criminales!”, exclamaba. Para entonces, a pesar de que son ya alrededor de 40 mil los muertos de la guerra antinarco en lo que va del sexenio, en cada alocución se refirió al caso de las narcofosas de San Fernando, Tamaulipas, y al de los jóvenes asesinados en Temixco. Son los que le han puesto presión política. El 15 de abril insistió tras aludir al hallazgo de los cuerpos de San Fernando y del asesinato de los jóvenes de Morelos: “Y esos actos criminales nos recuerdan que la violencia, que tanto indigna y

tanto entristece a los mexicanos, es originada por ellos. La violencia es originada por la acción de la delincuencia y por la barbarie a la que ha llegado la delincuencia. “Y que esa violencia es la que asesinó a los jóvenes en Morelos. Es la que secuestró y asesinó a los migrantes de Tamaulipas. Y es erróneo pensar que esa violencia va a desaparecer, como algunos sugieren, si el gobierno simplemente dobla las manos y deja de actuar en contra de los criminales. ¡Qué ingenuo!”, expresó. Durante la Semana Santa, Calderón desapareció de la escena pública. Luego regresó, viajó a Perú y, aunque su gira estaba principalmente relacionada con temas económicos, no perdió la oportunidad de promover su lucha antinarco. Entre otras intervenciones, el 29 de abril promovió su guerra hasta en el festejo del Día del Niño. Les dijo a los pequeños, reunidos en el Parque Bicentenario, que estaba “combatiendo a los malos”. En una entrevista con Joaquín López Dóriga, conductor del principal noticiario de Televisa, Calderón reiteró que a quienes se debe combatir es a los criminales y no al gobierno. Abiertamente dijo que las críticas a su gobierno son ataques malintencionados, defendió la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que le darían facultades para suspender garantías parcialmente en áreas de conflicto y dijo que hasta el momento nadie había hecho una propuesta que implique un cambio de fondo en su estrategia anticrimen. Agregó que siendo su gobierno el único que combate a la delincuencia, es el que recibe mayor presión política. La entrevista fue transmitida el lunes 2 y el martes 3. El miércoles 4 decidió transmitir el mensaje nacional mencionado, en el que dijo que su gobierno tampoco quiere violencia. Expuso que los asesinatos de Temixco han sacudido la conciencia nacional. La mañana del jueves 5, día de inicio de la Marcha por la Paz, Calderón encabezó la ceremonia conmemorativa de la Batalla de Puebla. Y volvió a decir que hay quienes “de buena o mala fe, quisieran ver a nuestras tropas retroceder; a las instituciones, bajar la guardia, y darle simple y llanamente el paso a las gavillas de criminales”. Advirtió: “Eso no puede y no va a ocurrir porque tenemos la razón, porque tenemos la ley y porque tenemos la fuerza y vamos a ganar”. Después de todas sus alusiones y reclamos, la noche del mismo jueves 5, la Presidencia emitió un comunicado en el que se asentó que Felipe Calderón expresaba su respeto por la marcha porque “revitaliza la acción ciudadana como una vía fundamental para superar inercias e impulsar las decisiones y los cambios que requiere nuestro país en temas fundamentales, como la seguridad y la justicia”. Pero no dejó de defenderse, aunque con mayor diplomacia, pues el comunicado expone que el gobierno federal “es sensible a los ciudadanos y a su exigencia de tener un México sin violencia, por lo que las acciones de las fuerzas de seguridad están encaminadas a proteger a los ciudadanos y lograr el objetivo de tener un México de paz y justicia”.

3. La ultraderecha, contra el movimiento de Sicilia

Álvaro Delgado El activista Eduardo Gallo lanza una afirmación contundente: cuando alguna organización civil destaca por sus críticas a las políticas y estrategias federales, el gobierno ofrece recursos, prebendas o cargos públicos, y así acalla a algunos descontentos. No todos se dejan comprar, aclara el expresidente de México Unido Contra la Delincuencia, y agrega que grupos ultraderechistas ya empezaron una ofensiva mediática contra el movimiento que encabeza Javier Sicilia. La cooptación, domesticación y amordazamiento de las organizaciones ciudadanas y sus dirigentes, por la vía de la transferencia de los recursos públicos y el reparto de cargos, es una práctica común en México, afirma el activista Eduardo Gallo, expresidente de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). El objetivo es claro: desnaturalizar las organizaciones cívicas para neutralizar el rechazo a las estrategias oficiales, como la “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que sea menos sonoro el clamor social de seguridad, justicia y paz. “Pero esto se da no sólo con dinero, sino con otras maneras: invitaciones a reuniones, eventos, comidas y cenas en las que es posible codearse con altos miembros del poder público, con el secretario de Gobernación o el procurador, que dan rápidamente un cita. Esto es muy seductor para quienes se marean al subirse a un ladrillo y desgraciadamente le ocurre a la mayoría.” A Gallo –quien dice haber renunciado a MUCD por falta de transparencia y rendición de cuentas en ese organismo y por no canjear independencia por recursos públicos– le consta cómo los políticos buscan mediatizar la acción ciudadana también con el ofrecimiento de cargos y candidaturas. No es sólo el caso de Elena Herrejón, presidenta de la organización Provecino, quien en 2006 fue candidata a senadora por Nueva Alianza (Panal, el partido de Elba Esther Gordillo), sino la propia experiencia de Gallo: el Partido Acción Nacional (PAN) le ofreció, también ese año, ser candidato a delegado y diputado local en la capital del país. –¿De quién fue la invitación? –Del entonces presidente del partido, Manuel Espino, a quien aprecio como persona pero a quien le dije que no me interesaba. Me insistió: “¿Qué te parece diputado federal por Morelos?”. “Manuel”, le respondí, “¿qué parte no me has entendido? Mi vida no va en esa dirección”. Gallo, a quien Convergencia le hizo también una oferta, recuerda cómo en 1998 un hijo de María Elena Morera, expresidenta de MUCD y quien ahora encabeza Causa Común, se convirtió en asesor del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por ello él se distanció temporalmente de esa organización. “Son formas diferentes con las que los políticos buscan consentir a los integrantes de la sociedad civil, cooptarlos o cuando menos jalar sus voluntades para que haya buena disposición en disculpar los actos equivocados o la no acción en algún área que pudiera ser criticada ante la opinión pública. Son formas que se siguen por todos lados.” Tras una década de participar en el activismo cívico, a raíz del secuestro y asesinato de su hija Paola en Morelos, en junio de 2000 –cuya investigación asumió personalmente por la

incompetencia de las autoridades–, afirma que la cooptación de organizaciones no se ha dado sólo en el gobierno de Calderón, sino desde el sexenio de Vicente Fox, cuyo secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, lo hizo tras la multitudinaria marcha contra la delincuencia del 27 de junio 2004. Recuerda cómo Fox se comprometió a crear un observatorio ciudadano para evaluar la acción gubernamental, pero Martín Huerta ofreció solamente crear un consejo de participación ciudadana. “A veces el presidente promete cosas que no puede cumplir”, le dijo a Gallo en una reunión. Ante el reclamo del activista de que Fox mintió, el funcionario dijo que interpretara como quisiera. “Lo tomo como que todo esto es una farsa y frente a una farsa lo que te digo es: chinga tu madre. No estamos para que jueguen con nosotros. A los ciudadanos se les respeta”. Indiferente al reclamo del activista, Martín Huerta lanzó el anzuelo: “Les vamos a asignar recursos a cada una de las organizaciones para que puedan elaborar sus programas, sus trípticos y puedan llegar a la comunidad”. Gallo, quien tiene fama de claridoso, subraya: “Fue así como de manera directa, precisa y específica se buscó cooptar a las organizaciones ciudadanas que habían participado en la organización de la marcha (de 2004) ofreciéndoles dinero”. El Yunque otra vez

En ese entonces las organizaciones que convalidaron la decisión del gobierno de Fox fueron, entre otras, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida entonces por Jorge Espina Reyes; la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), encabezada por Guillermo Bustamante, y el Consejo Ciudadano de Justicia Penal, liderada por José Antonio Ortega Sánchez. Son los mismos organismos bajo el control de la organización ultraderechista El Yunque que el pasado lunes 2 repudiaron la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que el jueves 5 salió de Cuernavaca y llegará a la Ciudad de México el domingo 8, encabezada por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado junto con otros seis jóvenes. “Denunciamos la manipulación del repudio a la violencia, a quienes pretenden manipular el repudio a la violencia para generar un movimiento sociopolítico demoledor de la institución presidencial, con odio al Ejército, que puede inducir a pactar con los criminales, entregando como botín a nuestras familias”, afirmaron organizaciones encabezadas por Ortega Sánchez. “La marcha convocada por Javier Sicilia, cuyo dolor todos comprendemos, al parecer con el apoyo del gobierno del Distrito Federal y algunos medios de comunicación, puede ser la mayor manipulación política de la violencia e inseguridad para atacar al presidente Felipe Calderón y responsabilizar a los militares”, insistió Ortega Sánchez, quien censuró la participación de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). “Marcos, con su dinero sucio salido de secuestros, extorsiones y asesinatos, se suma a la „caravana por la paz‟, para marchar tomado de las manos con quienes claman „¡Basta de sangre!‟ y le reclaman al presidente haber molestado a los pobres narcos. ¿Buscan estos señores el fin de la violencia? ¡Por supuesto que no! La violencia es un mero pretexto. Su negocio no es la paz, no es la seguridad pública. Su negocio es el mismo viejo, sucio y totalitario afán de la revolución socialista”, escribió el abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Gallo conoce bien a Ortega Sánchez y a Guillermo Velasco Arzac, presidente de Coordinadora Ciudadana y jerarca de El Yunque, quienes respaldan decisiones del gobierno desde Fox. Son parte de “un grupo que, definitivamente, no trabaja con otro interés que no sea el dinero”, y ambos, aseguró, “viven de eso” (Proceso 1463).

Pero la cooptación de organizaciones sociales que con Fox inició Martín Huerta ha escalado con Calderón –cuya espiral de violencia ha cobrado la vida de aproximadamente 40 mil personas y el propio PAN reconoce 103 mil asesinatos en una década– mediante recursos públicos y mecanismos de persuasión. Desde el poder público, afirma, también se busca dividir a los ciudadanos agraviados, como las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños. “Los padres de familia fueron divididos por el gobierno del estado. A algunos se les han dado recursos para que ya no haya ruido, y los que no han aceptado son los que siguen luchando por que haya justicia”. También existe la otra cara de la moneda, dice: “Así como hay quienes se dejan cooptar, hay quienes no tenemos precio y actuamos con base en principios y convicciones. Ojalá no hubiera nunca alguien que se dejara cooptar, pero es una debilidad humana a la que muchas personas sucumben”. Gallo afirma que el gobierno busca hacer que las organizaciones ciudadanas dependan económicamente del Estado para despojarlas de su independencia, pero también controlarlas para que lo respalden en lo que le interesa. “Por ejemplo, cuando el presidente de la República dice que los gobiernos de los estados no cooperan, de repente líderes de organizaciones se lanzan a la cargada contra los gobernadores que no han construido policías certificadas, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco está certificados a todos, porque está atrasado ese programa.” Explica: “Salen a criticar a los gobiernos de los estados porque no tienen los penales adecuados, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco ha cumplido con eso. Avientan la pedrada para otro lado para no confrontarse”. Cauteloso pero firme, Gallo reconoce que existe cercanía de Calderón con Isabel Miranda, madre de Luis Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en julio de 2005, y con Alejandro Martí, padre del niño asesinado en 2008. “Así es. Cuando vas creciendo en peso como organización de la sociedad civil, entonces evidentemente el gobierno busca tenerte cercano precisamente para evitar que con ese peso que vas adquiriendo puedas generarle un problema, como señalar algo que cause un impacto en la sociedad. Y entonces te llaman, te buscan, tienes reuniones para oír tu opinión, una junta no empieza a tiempo porque no has llegado y te esperan.” “Ya no habrá donativos…”

Pone como ejemplo una reunión privada convocada por Calderón, en julio del año pasado en Los Pinos, con Causa Común, encabezada por María Elena Morera; México SOS, de Alejandro Martí, y MUCD, que entonces él presidía. Gallo conoció a Calderón cuando era candidato presidencial, para saber su punto de vista sobre su estrategia de combate al crimen organizado. “Me dio la palabra primero como organización: „Le decimos abiertamente que no estamos de acuerdo con la estrategia que se está siguiendo para combatir a la delincuencia y en esta guerra de las drogas, y no estamos de acuerdo porque la estrategia no tiene parámetros que permitan evaluarla‟.” Añadió: “Pero tampoco estamos de acuerdo porque detona la violencia, porque creemos, y se lo dijimos desde aquella ocasión como candidato a la Presidencia, que el ataque a la delincuencia debe ser a través de las estructuras financieras. No lo decimos nosotros, la historia en el mundo de combate a la delincuencia lo ha evidenciado. Ese es el flanco débil”.

Como Martí no asistió, cuenta Gallo, el director de México SOS, Alejandro Camacho, expuso lo que hace esa organización, y luego habló Morera. “Su posición fue: ¿En qué podemos ayudar, presidente, en qué podemos ser útiles para el país?”. Sólo él asumió una posición crítica a la estrategia de Calderón, quien para eso los convocó. “Desconozco si a ellos se les invitó para lo mismo. Si les llegó así, respeto cómo respondieron”. Por eso la estrategia de Calderón se mantiene, porque la mayoría de las organizaciones guarda silencio, como ha ocurrido en los Diálogos por la Seguridad Pública convocados por el gobierno. En el más reciente, en enero, sólo cinco de al menos 30 pidieron cambiar la estrategia. “Todos los demás no tocaron el tema de si están o no de acuerdo o se fueron a otros temas que en consecuencia no permiten al Presidente recibir un mensaje claro y contundente de que en la sociedad civil no estamos de acuerdo con su estrategia.” Su renuncia a la presidencia de MUCD obedeció, entre otras razones, a esta conducta de aminorar la crítica al gobierno para no poner en riesgo las transferencias de recursos públicos, vía donativos y contratos. El tema se abordó en febrero, en una reunión del Consejo de la organización, fundada en 1997, en la que se discutió la posición que se debía asumir sobre el debido proceso en casos como el de las tres indígenas acusadas de secuestrar policías federales, el de Jorge Balderas Garza, supuesto agresor del jugador Salvador Cabañas, y el de la francesa Florence Cassez. Según Gallo, Josefina Ricaño, primera presidenta de MUCD y quien lo sustituyó a su renuncia, rechazó incluir el caso Cassez en el posicionamiento sobre el debido proceso. “Van a decir que estamos defendiendo secuestradores”, dijo, y ante la preguntas de dónde estaban las evidencias sólo atinó a decir que eso decían “los medios”. Pero lo que irritó a Gallo fue el argumento que dio Pablo Girault Ruiz, secretario del Consejo y actual tesorero de MUCD, para no hablar sobre el asunto de Cassez: “Van a dejar de fluir recursos y contratos del gobierno”. Eso y la falta de claridad en el manejo de los recursos de la administración previa, encabezada por Ana Franco –quien nunca hizo entrega-recepción a su renuncia por motivos de salud– precipitaron un choque de Gallo con el “grupo de poder” que controla MUCD, del que forman parte, entre otros, Girault Ruiz, director general de Fundación Dondé, y Félix Gavito, presidente de la Fundación Nemi. Este último está implicado en dudosas transacciones de tres millones de pesos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública federal para un programa elaborado presuntamente por Nelia Tello Peón, hermana del asesor de Calderón en seguridad nacional. Harto de la opacidad, Gallo decidió renunciar porque no se cumplió el compromiso de regresar a los principios fundacionales de México Unido Contra la Delincuencia, por los que aceptó presidir la organización. “No estaba dispuesto a cargar responsabilidades que no me competen, porque por algo había opacidad”. MUCD, dice, va a seguir: “En cultura de la legalidad puede haber muchos contratos, mucho dinero y mucho desarrollo y van a poder ayudar, pero ya no con el proyecto original, porque éste requiere de principios y valores que no tienen”. –¿Están autoamordazados?

–Así es, pero también están de alguna manera maniatados cuando dicen que es una organización que está en el tema de seguridad y justicia, cuando no es así. Es válido cambiar, pero que la gente sepa que cambiaste. Si no le dices, la gente estará esperando algo que no recibirá nunca. Y en esa parte hay que tener cuidado, porque las personas se pueden sentir engañadas

4. La culpa, de la corrupción, no de las armas

J. Jesús Esquivel Para la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, la narcoviolencia en México no es culpa de las armas estadunidenses, sino de la corrupción que permea a las Fuerzas Armadas, al sistema judicial y al gobierno en su relación con los cárteles de la droga. Al combate de ese problema debería dedicarse el presidente mexicano, dicen directivos de esa organización, y advierten: “No permitiremos que ninguna injerencia extranjera, empezando por la de México, consiga modificar las leyes sobre armas en Estados Unidos...” PITTSBURGH.- La Asociación Nacional del Rifle (NRA) no duda en señalar que la narcoviolencia en México es consecuencia de la incapacidad de Felipe Calderón para contener la corrupción que permea su gobierno. Al culpar a las armas estadunidenses del problema, afirma esta organización, el mandatario mexicano sólo busca eludir responsabilidades. En medio de una enorme cantidad de armas de fuego desplegadas en tres niveles del imponente Centro de Convenciones David L. Lawrence, en Pittsburgh, Pensilvania, la NRA insiste en que “nada, ni lo que ocurra a los vecinos del sur (los mexicanos), debe interponerse ante el sagrado derecho” de los estadunidenses a portar y usar armas para su defensa. “Nunca vamos a soportar que gobiernos extranjeros, en este caso el de México, culpen a las leyes de Estados Unidos que permiten la compra y portación de armas, o a los fabricantes de las mismas, por los problemas, las tragedias y la violencia que sufren”, dice en entrevista con Proceso Rachel Parsons, directora de la Oficina de Relaciones Públicas de la NRA. La 140 Reunión Anual de la NRA en Pittsburgh, cuyo lema este año fue “Ríos de Libertad”, es un ejemplo más de la indiferencia que existe en Estados Unidos sobre la narcoviolencia que priva en México, los casi 40 mil muertos que ha dejado la guerra militarizada que emprendió Calderón y el papel que en esto juega la demanda y adicción a las drogas de los estadunidenses. “Esta es una reunión exitosa. Hay más de 70 mil asistentes al evento y más de 400 fabricantes de armas y accesorios que están exhibiendo sus productos aquí en Pittsburgh. Estamos mejor que nunca”, afirma sonriente la vocera de la NRA, quien a última hora sustituyó al vicepresidente ejecutivo de la Asociación, Wayne R. LaPierre, con quien este reportero tenía pactada la entrevista en un principio. La Reunión Anual en Pittsburgh, que se realizó del 29 de abril al 1 de mayo, fue un muestrario imponente de la tecnología más nueva en armas de fuego, que van desde pistolas calibre .22 a los impresionantes rifles calibre .50, que son los preferidos por los narcotraficantes mexicanos y que en Estados Unidos están alcance de cualquier ciudadano, criminal o no. En las decenas de pasillos que recorren los tres niveles de las dos alas principales del Centro de Convenciones, los fabricantes de armas permiten que los miles de asistentes y miembros de la NRA sopesen y prueben sus productos como si se tratara de utensilios de cocina.

No hay limitantes para hacerlo: los niños de cualquier edad también tienen derecho, y algunos hasta son ayudados por sus padres para sostener y apuntar con la mira telescópica un rifle AK-47, un R-15, una pistola 9 milímetros, una ametralladora, escopetas y hasta las temidas armas calibre .50, conocidas en México como “las matapolicías”. “Esta es una feria de libertades y derechos”, comenta al reportero uno de los vendedores de la fábrica Smith and Wesson. “Estos niños aprenden desde ahora a defender sus derechos y su integridad física. Esto es legal, y no lo confundan con una escuela de criminales; los criminales no vienen aquí”, señala el vendedor. De múltiples colores y tamaños (hay armas de color rosa para las damas en varios de los calibres), el armamento exhibido refleja parte de la cultura de los estadunidenses, que en varios países es categorizada como “salvaje”. El arsenal expuesto en Pittsburgh es un catálogo de intimidación y una prueba más de que las pistolas, escopetas y rifles automáticos y semiautomáticos que se ofrecen aquí son los mismos que portan los integrantes de cualquier cártel mexicano, algunos incluso más potentes y sofisticados que los que tienen el Ejército y la Armada de México. En la Reunión Anual de la NRA no se venden directamente armas ni municiones. Quienes muestran sus productos levantan pedidos de pistolas y rifles que después llegarán a sus compradores por correo. No hay límite para adquirir las armas, siempre y cuando el cliente no tenga antecedentes penales, indagación que se hace en menos de cinco minutos en cada uno de los cientos de cubículos de los vendedores. La NRA aprovecha su reunión para ofrecer conferencias, cursos y talleres sobre cómo “usar las armas para la defensa personal”. Decenas de instructores, en su mayoría exmilitares y exagentes federales del FBI y hasta de la CIA, enseñan a niños, adolescentes y adultos cómo utilizar cualquier tipo de arma contra algún ladrón que quiera entrar a sus casas. Dan clases acerca de cómo desenfundar con rapidez una pistola en caso de ser atacado por un delincuente que porte un cuchillo o cualquier objeto punzocortante, y hasta de cómo disparar contra una persona a más de 150 metros de distancia con rifles de alto calibre como AK-47 o R-15 si el intruso, delincuente o enemigo se echa a correr tras cometer una fechoría. También se instalaron talleres para cazadores, pero éstos, aunque sí tienen una audiencia también numerosa, no cuentan con el mismo éxito que las clases o cursos de defensa personal. La política no es ajena a las reuniones anuales de la NRA, y mucho menos este año, cuando empieza a calentarse en Estados Unidos la contienda por la presidencia, que se definirá en los comicios de noviembre de 2012. El viernes 29 de abril, en un foro titulado “Celebración del liderazgo de la NRA y de los valores estadunidenses”, los oradores estelares fueron el senador federal republicano por Pensilvania, Pat Toomey, los congresistas republicanos Dan Boren y Jason Altmire, así como los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Republicano, Newt Gingrich –expresidente de la Cámara de Representantes– y Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas. Todos los ponentes hablaron del “indestructible derecho” de los estadunidenses a comprar y portar armas de fuego, pero el mensaje principal fue el de “no permitir que voces extranjeras” interfieran en los asuntos nacionales pues podrían poner en riesgo la vida de los estadunidenses. Es decir, evitar a toda costa que por situaciones de inseguridad, como la de México, en Estados Unidos se limiten las leyes que favorecen la producción y venta de armas.

“Este año y el siguiente, la NRA se dedicará a promover el voto en contra de la reelección del presidente Barack Obama”, declaró LaPierre al concluir el desfile de oradores especiales en la sesión del último viernes de abril. “Obama quiere anular nuestros derechos por pedidos injustificados de gobiernos extranjeros; eso no lo vamos a permitir”, expresó LaPierre en medio de los aplausos del auditorio, que empezó a gritar: “¡Fuera Obama, fuera Obama!”. De acuerdo con las últimas estadísticas del Departamento de Justicia sobre las aportaciones que ha hecho desde 2009 la NRA para financiar campañas políticas, esta agrupación ha gastado 1 millón 333 mil 660 dólares en el apoyo a candidatos –sin importar su afiliación política– a puestos federales, estatales y locales que estén a favor de mantener intactos los derechos a comprar y a portar armas de fuego. Parsons asegura que por decreto de la junta directiva de la NRA, y con el respaldo unánime de sus poco más de 4.3 millones de afiliados, “se hará campaña en contra de cualquier aspirante a un puesto de elección popular que esté dispuesto a promover acciones en contra de los derechos a favor de las armas, y más aún cuando lo haga por simpatía o solidaridad a lo que está ocurriendo en México por la narcoviolencia”. La vocera de la NRA asegura que para ellos es muy lamentable lo que está pasando a los mexicanos, pero considera que es más lamentable que el gobierno de Calderón, en lugar de solucionar el problema, se dedique a buscar culpables en otros países, como la misma NRA, entre otros sectores estadunidenses. “En el caso de México, la solución al problema de la violencia tiene que surgir en México; se tiene que eliminar la corrupción en las Fuerzas Armadas, en el sistema judicial y, en términos generales, en todo el gobierno; porque está claro que por medio de la corrupción son los cárteles del narcotráfico los que tienen el control de lo que ocurre en el país”, apunta Parsons. Según la NRA, los narcotraficantes, y en general todos los integrantes de organizaciones criminales mexicanos, no están exclusivamente armados con arsenales civiles de origen estadunidense como los exhibidos en Pittsburgh. “Tienen armamento militar automático y semiautomático que seguramente llegó a México por otro lado, no por Estados Unidos, como dice el gobierno mexicano”, añade la vocera a Proceso. En las diversas salas de exhibición del Centro de Convenciones de Pittsburgh ninguno de los más de 30 asistentes consultados por el reportero dijo estar preocupado por las quejas del gobierno de Calderón sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Todos coincidieron en afirmar que el Congreso no se dejará influir por lo que pase en México, problema que, dijeron, debe ser corregido por su gobierno y no por la Casa Blanca o el Capitolio. “¿Qué quieren, que también vayan agentes federales a detener a los narcos o a los funcionarios corruptos?”, declaró un miembro de la NRA que viajó desde Seattle, Washington, a Pittsburgh, con su esposa y sus tres hijos, para participar en el evento y ordenar la compra de dos rifles y tres escopetas. En los tres días que duró la Reunión Anual de la NRA fueron repetidamente mencionados la narcoviolencia en México, el nombre de Felipe Calderón y la Operación Rápido y Furioso, sólo que para incentivar una campaña en contra de Obama y de cualquier intento del gobierno mexicano de intervenir para modificar las leyes federales sobre los derechos a la compra de armas en toda la Unión Americana. Cuestionada sobre la posición de la NRA respecto a la Operación Rápido y Furioso, que fue realizada por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, y que bajo supervisión gubernamental permitió la compra múltiple de cerca de 2 mil 500 armas de todo tipo y calibre en la ciudad de Phoenix, Arizona, por 15

traficantes que introdujeron el arsenal a México para entregarlo a narcotraficantes, Parsons ofreció una respuesta. “Es terrible lo que ocurrió con Rápido y Furioso. Queremos que se realice una investigación del asunto por parte del Congreso, ya que es lamentable que el ATF, que representa al gobierno federal de Obama, haya ayudado y supervisado la compra múltiple de armas que sabía de antemano terminarían en poder de los narcotraficantes mexicanos. Aquí se debe castigar a los responsables de esto y no a los fabricantes o vendedores de las armas, que nunca violaron las leyes de este país”, dice Parsons. Bajo un ambiente de fiesta, los miles de asistentes a la Reunión Anual de la NRA disfrutaron cada uno de los momentos en las salas de exhibición donde la tecnología digitalizada marca una nueva pauta en la fabricación de armas. Por ejemplo, la empresa estadunidense Arma Lite, Inc., presentó en Pittsburgh su última creación: el rifle semiautomático AR-10, calibre 7.62 milímetros, el cual tiene un sistema electrónico de reconocimiento digital que sólo permite disparar a la persona o personas cuyas huellas digitales tenga almacenadas en su memoria computarizada. Su costo, 4 mil 500 dólares. “Somos una historia en la innovación”, sostiene el lema de la empresa cuya sede está en Geneseo, Illinois. La feria de las armas en Pittsburgh ofrecía a los potenciales clientes el uso “virtual” de los productos. Por medio de computadoras, niños, adolescentes y adultos podían empuñar una pistola o rifle de cualquier calibre, apuntar a figuras de animales o personas que aparecían en pantallas gigantes de televisores planos, y simplemente disparar, como en los juegos electrónicos y de computadoras. El efecto por el impacto en el objetivo dependía del calibre de la munición. Con un arma calibre .50, por ejemplo, el impacto contra la figura de un hombre o un animal salvaje resultaba demoledor. El culto a las armas en Estados Unidos no tiene límites. En el Centro de Convenciones de Pittsburgh había también artesanos que ofrecían sus servicios a los compradores potenciales de armas. Decenas de pequeñas y medianas empresas promovían “trabajos sofisticados”, como bañar en oro pistolas o rifles, acuñar diamantes, esmeraldas o rubíes en las cachas de las armas, o incluso artillar cualquier tipo de automóvil con rifles automáticos o semiautomáticos. “Podemos ocultar y montar un rifle calibre .50 en cualquier auto sedán”, afirma el vendedor de la empresa Ruag Ammotec USA Inc. Lo más novedoso este año en la Reunión Anual de la NRA fue la exhibición de armas con estructura de cristal. Había pistolas 9 milímetros, revólveres calibre .44 y rifles AK-47. También, armas con estructura de cristal a un precio que iba de los 500 hasta los 7 mil dólares. Las normales, con estructura de metal, no eran tan caras: un pistola para bolso de dama calibre .38 de tres tiros se podía ordenar por la módica cantidad de 220 dólares. Pero la NRA tiene otra solución para el problema de la inseguridad en México: que el gobierno mexicano modifique las leyes para que se permita la venta, compra y portación de armas. “Nunca más que ahora nosotros pensamos que los mexicanos necesitan defenderse a sí mismos. En México hay mucha violencia y corrupción que hace más urgente el que la misma gente se pueda defender”, recomienda Parsons.

5. En la “guerra de los grandes” los usuarios nada obtienen

Jenaro Villamil Si los usuarios de telefonía celular piensan que los saldos de la “guerra” entre Telcel y los aliados Televisa-TV Azteca se traducirán en beneficios para ellos –es decir, para los que llenan las arcas de estos consorcios–, pueden desengañarse de una vez. Expertos en telecomunicaciones y magistrados de la Suprema Corte de Justicia consideran que la reducción en la tarifa de interconexión impuesta a Telcel, por ejemplo, no tendrá un impacto positivo en la economía de los usuarios. Como sea, los bandos en pugna ya están negociando el fin de la “guerra” que iniciaron en enero… El 14 de mayo de 2009, TV Azteca pagó desplegados en varios periódicos del país para defender su servicio de televisión restringida HiTV, calificada como una “señal pirata”: “Las empresas de Televisa, Sky y Cablevisión, así como sus socias de Cablemás y Televisión Internacional, y las empresas que forman parte de la Canitec (Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable), han hecho todo lo posible para impedir que se rompa el monopolio de TV de paga para impedir que bajen los precios al consumidor; para impedir que haya una mayor oferta en esta industria”, denunciaba el comunicado firmado por Jaime Ramos Rivera, responsable de Comunicación de TV Azteca. Envalentonada, la empresa de Ricardo Benjamín Salinas Pliego advirtió: “Por eso, ahora TV Azteca reta al monopolio de TV de paga, igual que en 1993, cuando retó y rompió el monopolio de Televisa en TV abierta”. A su vez, el Consejo Directivo de la Canitec, dominado desde entonces por empresas ligadas a Televisa, calificó el servicio de HiTV como “ilegal” e hizo un llamado al presidente Felipe Calderón y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, para que “tomen las acciones previstas en el propio marco jurídico”. El desafío de Salinas Pliego tuvo una sanción mínima. En febrero de 2010, la SCT multó a TV Azteca con sólo 4.5 millones de pesos por violaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones. HiTV ofrecía un servicio de 18 canales de señal restringida a través de la compra de un decodificador que se vendía en las tiendas Elektra, propiedad también de Salinas Pliego. La astucia del dueño de TV Azteca radicó en utilizar los llamados “canales espejo” del 7, 13 y 40 que le fueron entregados durante el gobierno de Vicente Fox para multiplexar la señal y ofrecer un servicio similar al que ofrecen Sky o Cablevisión, ambos de Televisa. Dos años después, el panorama ha cambiado. Salinas Pliego ya no desafía al monopolio sino que se asoció con Televisa, empresa que adquirió el control de 50% de Grupo Iusacell a cambio de invertir más de mil 600 millones de dólares (37.5 millones en capital y mil 565 millones en deuda convertible) para convertirse en el único grupo que ofrezca los servicios de cuádruple play (televisión, internet, telefonía móvil y fija) (Proceso 1797). El martes 3, Salinas presumió en conferencia de prensa el lanzamiento de la empresa Totalplay, en sociedad con Televisa, para convertirse en “el primer servicio en México que está fusionando dos tecnologías, que es la de telecomunicaciones con entretenimiento, creando así el concepto de infotainment”. Agregó que con Totalplay “se concreta un sueño que he tenido desde hace más de 10 años, que es la idea de la conectividad total. Lo veíamos venir, pero por una u otra razón no se podía concretar –la tecnología, los costos, la situación del mercado–, pero ahora es una realidad esta oferta”.

De acuerdo con la información de Grupo Iusacell, la nueva empresa ofrecerá conexiones de 100 megas en internet, televisión de alta definición (HD) hasta con 250 canales, además de telefonía fija y telefonía celular a través de la red 4G de Iusacell. Salinas Pliego aclaró que el plan para este año será “muy modesto”: pretende llegar a 100 mil hogares, incluyendo el Distrito Federal y el Estado de México, entidad donde habrá elecciones este año. La cifra es menor si se compara con los más de 7 millones de suscriptores de televisión de paga existentes, con los 12 millones de usuarios de líneas telefónicas y los 7.57 millones de clientes de internet en banda ancha, pero será la única que pueda ofrecer el modelo de cuádruple play. El doble rasero

La alianza entre Televisa y TV Azteca –que controlan, entre ambas, 95% de las señales de televisión abierta y 98% del mercado publicitario de la pantalla– no ha sido autorizada aún por la Comisión Federal de Competencia, pero ya se anuncian en Canal 2 y en Canal 13 y comienzan a repartir folletos en todos los hogares capitalinos para ofrecer sus paquetes, que van de 449 hasta mil 399 pesos. En contraste, el servicio “Banda Ancha Móvil para Todos”, anunciado tres semanas antes por MVS, asociada con la norteamericana Clearwire, Alestra e Intel, aún no puede arrancar, a pesar de que este grupo ha mantenido negociaciones durante cuatro años con las autoridades de la Comisión Federal de Competencia, de la Cofetel y de la Secretaría de Hacienda. José Antonio Abad, director general del proyecto, afirmó en un comunicado del lunes 2 que este plan de negocios “se encuentra detenido porque, a pesar de contar con las opiniones favorables de la Cofeco y la Cofetel, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha fijado, a la fecha, una contraprestación acorde a estándares internacionales sobre lo que se ha pagado por la explotación de la misma banda, que nos permita competir”. A diferencia de Total Play, el proyecto del grupo constituido como “Consorcio Concesionario” promueve utilizar la banda 2.5 ghz para ofrecer los servicios de cuádruple play. MVS posee 190 mhz en esta banda, pero la SCT y la Cofetel no han renovado la mayoría de los 60 títulos de concesión. Hasta el momento, Hacienda no ha aclarado si Grupo Iusacell pagará una contraprestación por la utilización del espectro para dar los servicios de cuádruple play ni la Cofeco ha determinado cómo se regularán los precios de las señales de televisión restringida. A diferencia de hace dos años, la Canitec, dirigida por Alejandro Puente, ahora apoya la sociedad entre TV Azteca y Televisa, pero insiste en acusar a MVS y a la sociedad con Telmex, a través de Grupo Dish, de ser anticompetitivas y violar la Ley Federal de Competencia. Telcel: negociación e interconexión El lanzamiento de Total Play coincidió con la resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por seis votos contra cuatro, que afecta los intereses de Telcel y emitida 15 días después de que la Cofeco le notificó una histórica multa de 11 mil 989 millones de pesos, equivalentes a 10% de los activos de la empresa, por elevar los costos de sus competidores mediante una tarifa de interconexión alta. Paradójicamente, ni Telcel ni Telmex, que han pagado desplegados e inserciones en prensa en los últimos cuatro meses, contraatacaron la resolución de la Corte que autoriza a la Cofetel fijar la tarifa de interconexión para las empresas del ramo.

Un día antes, esa comisión determinó fijar en 0.39 centavos de peso por minuto la tarifa de interconexión entre la red local móvil de Telcel y sus competidores. Esta tarifa respondió a los desacuerdos entre Telcel y las empresas de Grupo Televisa Operbes, Bestphone y Cablevisión, así como Nextel y las telefónicas de Grupo Salinas, Iusacell-Unefon. Versiones confirmadas le revelaron a Proceso que por iniciativa del titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, desde la semana pasada se iniciaron negociaciones entre Televisa, TV Azteca y Grupo Carso para frenar la “guerra” que se inició a finales de enero con la suspensión de los paquetes publicitarios de las compañías de Grupo Carso en las señales de televisión abierta de las empresas de Azcárraga Jean y Salinas Pliego. Fuentes de ambas empresas indicaron que por ahora hay una “tregua” natural por vacaciones en la guerra de desplegados periodísticos de los últimos tres meses, pero las tensiones continúan. Las negociaciones están atoradas porque Televisa ha vetado el cambio de título de concesión de Telmex. A su vez, Telcel dio a conocer su reporte del primer trimestre de 2011. La guerra con las televisoras no ha afectado sus ingresos: facturó 156 mil millones de pesos y tiene 6 millones de suscriptores más en América Latina. En medio de estas negociaciones tras bambalinas, Telcel consideró “infundada” la multa de mil millones de dólares que le impuso la Cofeco. En su comunicado del 26 de abril, la empresa contraargumentó: “La Cofeco parte de la base que Telcel fija las tarifas de interconexión, lo cual es impreciso e incorrecto. Dichas tarifas son por ley acordadas entre los operadores de celulares y, bajo ciertas circunstancias, a falta de acuerdo, fijadas por la autoridad. En su resolución, la Cofeco omite que las tarifas de interconexión aludidas durante la investigación que realizó fueron acordadas entre los operadores (incluyendo a algunos de los denunciantes) y avaladas en diferentes momentos por la Cofetel en diversas resoluciones emitidas durante el periodo comprendido en la investigación”. El martes 3, al día siguiente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, Telcel afirmó que era “respetuoso” de la decisión, pero aclaró que “los diferentes procesos judiciales iniciados por Telcel respecto de determinaciones realizadas por la Cofetel sobre tarifas de interconexión seguirán su curso”. Usuarios, los menos beneficiados Sin embargo, ni la confirmación de la sociedad entre Televisa y TV Azteca ni las resoluciones en contra de Telcel beneficiarán necesariamente a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones con precios más bajos en telefonía móvil ni mejor acceso a la banda ancha. La ministra Olga Sánchez Cordero, una de las cuatro que votaron en contra de la decisión mayoritaria, arguyó que “la medida cautelar no perjudica el bienestar social porque no se trasladará a los usuarios al no exigirse en la ley”. En el mismo sentido, la ministra Margarita Luna Ramos argumentó así su voto en la minoría: “yo quisiera saber cuál va a ser la empresa que al final de cuentas les va a decir a sus clientes: „Fíjense que gané, fíjense que gané la tarifa más baja, ahí les va la devolución de todo esto‟”. El organismo Mediatelecom Consulting sostiene que la votación de la Corte no resuelve el fondo del asunto y que “sólo aplica para tarifas de interconexión y no para otros actos de autoridad de la Cofetel”.

Citando al abogado Agustín Ramírez, especialista en derecho de las telecomunicaciones, Mediatelecom considera que la medida de la SCJN “parecería” que afecta a Telmex y a Telcel, “pero a la larga impactará en todo aquel operador que decida invertir e incrementar su red de infraestructura”. “En realidad no afecta a los principales operadores, porque la situación jurídica no ha cambiado y porque la práctica litigiosa va a continuar”, sentencia el organismo. A su vez, Ramiro Tovar Landa, consultor en competencia y regulación económica y profesor del ITAM, señala que “la decisión de la Suprema Corte de Justicia hace su aportación al actual conflicto en telecomunicaciones”. Explica: “Ahora las redes entrantes, como las filiales de Televisa y TV Azteca, pueden presionar a la Cofetel para bajar las tarifas de interconexión a los niveles deseados, con efecto benéfico inmediato en sus finanzas”. Consultado por Proceso, Tovar Landa afirma que con la resolución de la Suprema Corte “hay claramente operadores beneficiados y no precisamente el usuario”. Entre esos beneficiados están los nuevos socios en el cuádruple play: Televisa y TV Azteca

6. El ocaso de Al Qaeda Marco Appel

Al Qaeda está sumamente debilitada. Varios de sus dirigentes han sido asesinados o capturados, otros desertaron y el resto protagoniza pugnas internas para controlar la orientación ideológica y estratégica de la organización. Un informe elaborado por el Combating Terrorism Center, de la academia West Point, subraya incluso la progresiva pérdida de liderazgo de quien fuera su principal figura: Osama Bin Laden, asesinado el pasado domingo 1. BRUSELAS.- El asesinato de Osama bin Laden, el pasado domingo 1, ocurrió en momentos en que Al Qaeda se encuentra dividido internamente y la Guerra Santa Islámica (Jihad) que libra contra Occidente con otros grupos fundamentalistas se halla en una “fase de acelerado debilitamiento” por “fisuras de organización, estrategia, táctica y unidad ideológica”. Tal diagnóstico lo hacen expertos del Combating Terrorism Center (CTC), organización de la Academia Militar de Estados Unidos, West Point, en un “reporte estratégico” de 251 páginas titulado Heridas autoinfligidas: debates y divisiones dentro de Al Qaeda y su periferia, divulgado el pasado 16 de diciembre en la página en internet del centro. El documento dirigido al Departamento de Defensa de Estados Unidos asegura que, a pesar de que sigue siendo “un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados”, Al Qaeda muestra “claros signos de declive”. “Muchos de los hombres clave en la operación del grupo han sido arrestados o asesinados; varias de sus ramificaciones, incluso las de Arabia Saudita, Irak y Argelia, han sido sustancialmente debilitadas o derrotadas y una gran cantidad de dudas ideológicas internas, que incluyen las retractaciones de prominentes figuras radicales, han forzado a Al Qaeda a dedicar un tiempo valioso a defender su reputación y sus acciones”, señala el documento. Por otro lado, se añade, contra lo que pretendía Al Qaeda con los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos mantiene una presencia sólida en Medio Oriente, el gobierno talibán fue derrocado en Afganistán, el régimen de Saddam Hussein (que Al Qaeda quería derrocar) fue reemplazado por un gobierno de mayoría chiita e Israel sigue existiendo.

El reporte no alcanzó a registrar las revueltas de este año que exigen libertades civiles y regímenes democráticos en los países árabes. Conflictos personales

El documento menciona los numerosos “choques de personalidades” en el grupo islamista. Dice que Bin Laden se ha enemistado, entre otros, con el religioso Hassan al-Turabi, exjefe de los Hermanos Musulmanes en Sudán; con los egipcios Abu al-Walid al-Masri, ideólogo de los fundamentalistas afganos que lo acusó de una “gran ignorancia de los principios fundamentales de la acción militar”, y con Saif al-Adel, integrante del comité militar y de seguridad del líder de Al Qaeda. En 2006, el CTC ya había revelado documentos supuestamente escritos por al-Adel. En uno de ellos, fechado el 13 de junio de 2002, el egipcio dice que cuando en las reuniones alguien no compartía su punto de vista “Bin Laden concede la palabra a alguien que exprese una opinión a su favor e ignora a todos a su alrededor”, por lo que, lamentó, “en seis meses hemos perdido lo que construimos en años”. Por diversas razones, Bin Laden también tuvo problemas con el sirio-español Abu Musab al-Suri, miembro de Al Qaeda y teórico de la Jihad moderna, capturado en Pakistán en 2005; con el jordano Abu Musab al-Zarqawi, líder de las operaciones de Al Qaeda en Irak hasta su muerte en 2006; y con el sirio Abu Khalid al-Suri, instructor en los campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán y preso en Siria desde 2005. El reporte también destaca los conflictos entre al-Zarqawi y su maestro espiritual, bajo custodia en Jordania, el escritor jordano-palestino Abu Muhammad al-Maqdisi, quien tiene en internet el sitio Tawhed, que los expertos del CTC consideran “la librería de Al Qaeda en línea”. Al-Maqdisi se alejó ideológicamente de al-Zarqawi en 2004 cuando éste proclamó impíos a los chiitas de Irak. Otras desavenencias se dieron entre al-Suri y el jordano residente en Londres Abu Qatada, considerado “embajador” de Al Qaeda en Europa, así como entre el sucesor de Zarqawi, el egipcio Abu Hamza al-Muhajir (abatido en Irak el año pasado por las tropas estadunidenses) y el “juez” de Al Qaeda en el “Estado islámico de Irak”, el jeque Abu Sulayman al-Utaybi (fallecido en 2008 en Afganistán). Éste acusó a su discípulo de dirigir mal la resistencia en ese país y tomar decisiones equivocadas, como la amnistía que otorgó a criminales a cambio de que se unieran a la Jihad, según consta en las cartas que soldados estadunidenses hallaron el 24 de abril de 2008 en un escondite de Al Qaeda en Irak. Sin estrategia El reporte señala que Al Qaeda no tiene una estrategia formal. En su interior se identifica una vertiente minoritaria de “estrategas” que razonan en función de la logística y del impacto político que puedan generar las acciones violentas, por lo que plantean que es más eficiente el funcionamiento de pequeños grupos de combatientes de élite. Los “doctrinarios”, por su parte, se focalizan en la pureza espiritual de las operaciones. Esta estrategia fracasó en Argelia, Irak y Afganistán, afirma el CTC, que agrega: “Las unidades operacionales de la Jihad afiliadas a Al Qaeda seleccionan entre los numerosos documentos estratégicos o ideológicos sólo los que consideran viables. Tal variación estratégica aumenta su incapacidad para coordinarse entre ellos, lo que limita su habilidad para alcanzar sus objetivos políticos”.

Lo anterior lo ejemplifican las “dificultades de comunicación” entre los líderes de Al Qaeda y sus comandantes en Irak, y entre éstos y sus hombres sobre el terreno, como se puede observar en las cartas que en 2005 enviaron a al-Zarqawi, entonces brazo derecho de Bin Laden, Ayman al-Zawahiri y Atiyah abd al-Rahman, alto consejero de Al Qaeda asesinado por la CIA en Afganistán en 2010; así como en las “recomendaciones a los soldados” de al-Muhajir en 2007, cuando se deterioraron por completo esos canales de información. Las cartas evidenciaban que los líderes de Al Qaeda tenían problemas para ordenarle a al-Zarqawi que detuviera sus ataques contra los líderes sunitas más populares en Irak, ya que iba contra su estrategia de atraer a la causa a esa facción. Por otra parte, explica el reporte, no todas las organizaciones radicales islámicas comparten los “objetivos globales” de Al Qaeda y Bin Laden: los combatientes egipcios tienen reivindicaciones locales y lo mismo pasa en Irak y Somalia, ya que, se indica, hay distintos “bloques de origen étnico, lingüístico y geográfico”. Al Qaeda aún logra unificarlos en un objetivo: la construcción de un califato y la defensa de la “nación islámica” contra la actual “conspiración de sionistas, cruzados y apóstatas”. No obstante, advierte el CTC, la única descripción de cómo gobernaría Al Qaeda puede encontrarse en el texto Informando al pueblo acerca del Estado islámico de Irak, elaborado en diciembre de 2006 por la rama iraquí de Al Qaeda, donde se prioriza la estricta aplicación de la sharia (ley islámica) por encima de los servicios, como la distribución de alimentos, la seguridad o la recolección de basura. “Esa es una indicación de que la ideología, y no la viabilidad política, conduce incluso a los intelectuales más sofisticados de la Jihad en sus objetivos políticos”, lo que representa una de las más notables debilidades de Al Qaeda, según el reporte. Pérdida de liderazgo La táctica de lanzar ataques terroristas contra la población musulmana juzgada “apóstata” –que Bin Laden defendía como “acciones válidas” de la Jihad– recientemente causó divisiones en Al Qaeda y detonó críticas hasta de líderes religiosos y de organizaciones simpatizantes. El rechazo de esa táctica alcanzó tales dimensiones dentro del fundamentalismo islámico que en diciembre de 2007 –tras una sucesión de matanzas de civiles en Afganistán, Argelia, Irak y Pakistán– el propio al-Zawahiri publicó una invitación abierta para responder a los cuestionamientos que le habían planteado en los foros en internet. El 2 y el 22 de abril de 2008 –en una sesión en internet producida por Al Qaeda coordinada con el grupo de medios Al-Fajr–, al-Zawahiri contestó como pudo a cuestionamientos muy duros del público, que le recriminó la muerte injustificada de “inocentes”. Aquellas matanzas incluso hicieron renunciar a la organización a uno de sus ideólogos prominentes: Sayyid Imam al-Sharif –el exlíder del grupo terrorista egipcio Al-Jihad, alto miembro del consejo de Al Qaeda, creador de sus programas de entrenamiento en Afganistán y colaborador cercano de al-Zawahiri–, quien en 2007 publicó el libro Racionalizando la Jihad en Egipto y el mundo. El reporte del CTC observa una pérdida del liderazgo de Bin Laden a través de los años. Indica que recientemente tuvo lugar en Al Qaeda una “ruptura” entre quienes querían volverla una fuerza de reacción rápida, con una eficiente organización de comando y control militar, y quienes

pretendían hacerla una “marca global” con estándares ideológicos adaptables a un amplio rango de militantes, que era la visión de Bin Laden y de al-Zawahiri. En este sentido, Bin Laden aún era considerado el líder de Al Qaeda y ejercía influencia sobre una amplia capa de sus afiliados, pero tal liderazgo se basaba en la reputación y la “marca” y no en su autoridad operativa: los grupos asociados, independientes en su accionar, tienen mayor capacidad de control operativo que la misma Al Qaeda. Y había otras inconformidades. En febrero de 2001, por ejemplo, Jamal al-Fadl y L‟Houssaine Kherchtou, exmilitantes de Al Qaeda detenidos en Estados Unidos, revelaron a las autoridades estadunidenses lo bajo de sus percepciones en contraste con la opulencia en la que vivían sus dirigentes. Kherchtou incluso relató que Bin Laden no quiso darle 500 dólares que necesitaba para costear la cesárea de su esposa. En 2006, otro estudio del CTC, Atlas ideológico militante, concluyó que ni Bin Laden ni su segundo al mando tenían una “particular influencia” ideológica en el movimiento de la Jihad, ya que las bases intelectuales para la acción operativa de la Guerra Santa las aportan escritores y teólogos menos conocidos. La irrupción en internet entre los grupos jihadistas también dañó severamente el liderazgo de Bin Laden y Al Qaeda, ya que, afirma el reporte, “incorporó un montón de nuevas preguntas acerca del poder en el movimiento”. Apunta: “Asumieron una nueva importancia los productores técnicos de la propaganda fundamentalista derivada de la demanda de productos de audio, video e impresos; también los administradores y reproductores suplementarios de los contenidos originales adquirieron la capacidad de darle una forma al ambiente en el que se transmite la información”. A ese respecto, el reporte cita un análisis de la New American Foundation realizado el año pasado, según el cual los propagandistas opositores al fundamentalismo islámico eclipsan a los antiguos operadores del terrorismo, como Bin Laden, “que convirtieron a Al Qaeda en la agrupación más famosa de la Guerra Santa”.

7. Panamericanos: Mala planeación, abusos, contratos de obra para cuates

Felipe Cobián y Víctor M. López Los organizadores de los Juegos Panamericanos de Guadalajara deben afrontar graves problemas producto de la mala planeación y las corruptelas presentes durante más de cuatro años, desde que esta ciudad fue elegida sede de la justa continental. Han sido tantos los yerros y las pifias alrededor de este proyecto que es difícil pronosticar cómo terminará. Al final de cuentas los problemas logísticos y legales tendrán que resolverse GUADALAJARA, JAL.- Desde que esta ciudad obtuvo en 2006 en Buenos Aires, Argentina, la sede de los XVI Juegos Panamericanos 2011, la organización de esta justa ha estado siempre al borde del desastre. Ahora, el Comité Organizador de los Panamericanos de Guadalajara (Copag), el gobierno estatal y las administraciones municipales de Guadalajara y Zapopan incurren constantemente en errores técnicos y retrasos. También enfrentan procesos judiciales que tienen a la competición deportiva en vilo.

El hecho más reciente ocurrió el pasado 29 de abril, cuando el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), por medio del magistrado de la Cuarta Sala unitaria, Armando García Estrada, ordenó que en 24 horas se suspendieran las obras de construcción de la Villa Panamericana. El motivo: violación a leyes y normas de ordenamiento urbano y equilibrio ecológico. El lunes 2, el gobernador Emilio González Márquez declaró en una conferencia de prensa que el fallo del tribunal era sospechoso y que pretendía boicotear la justa deportiva, porque sin Villa Panamericana no habrá juegos. En desacato al plazo fijado por el TAE, la directora de Inspección y Reglamentos de Zapopan, Patricia Godínez Luna, clausuró el miércoles 4 la sede atlética. Se trató de una acción irregular, pues sólo levantó un acta circunstanciada y no colocó los sellos en las puertas de acceso del inmueble. Aunque la funcionaria contó con el apoyo de varias patrullas de la Policía Municipal, no cumplió en tiempo y forma con el ordenamiento judicial porque personal de la constructora Corey Integra le impidió el ingreso a la villa. A su vez, los trabajadores de esta empresa estaban respaldados por elementos y unidades de la Policía Estatal que duplicaban en número a los municipales. El fantasma del fracaso

De no realizarse los Juegos Panamericanos, Jalisco tendría que cargar no sólo con el desprestigio, sino que se vería obligado a pagar una multa de 50 millones de dólares, según lo establece un acuerdo de la Asamblea general de la Odepa celebrada el 6 de noviembre de 2009 en esta ciudad. El mismo día de la clausura verbal, la Constructora Corey Integra promovió y obtuvo un amparo del juez federal Fernando López Tovar en contra de la resolución del TAE. El anuncio oficial no provino de la empresa; lo hizo la noche del miércoles 4 el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez. Al respecto, María del Rayo Calderón, integrante del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la asociación Ciudadanos por el Medio Ambiente, dice que el gobierno del estado sólo salvaguardaba los intereses de la constructora. “La Policía Estatal enviada por el gobernador acudió a proteger al consorcio privado de los Cornejo, que ellos llaman Villas Panamericanas. Los agentes aparecieron defendiendo la casa de los Cornejo y evitaron, desde el interior de la malla, que el acto de clausura se llevara a cabo. Fue en realidad una especie de escena surrealista, difícil de entender desde la lógica legal e institucional”, afirma en entrevista telefónica. Además, niega que los ambientalistas y los vecinos afectados por las villas sean saboteadores: “Eso no es cierto. La cosa es que nosotros queremos los juegos más exitosos y más dignos, pero aquí preguntamos por qué esos juegos se tienen que desarrollar haciéndole el negocio a los Cornejo. Que renten hoteles o departamentos y que los señores Cornejo cumplan la ley”. Y añade: “Resulta que nos quieren asustar con el petate del muerto y los empresarios de las diferentes cámaras (aparecen) como niñitas quejándose de boicot y diciendo que no va a haber juegos, que quienes nos atrevemos a cuestionar somos traidores a las causas deportivas. Incluso el gobernador asegura que hay sospechosismo, aunque de él nada nos extraña. Creo que por su enfermedad, el alcoholismo, sus desatinos políticos han sido conocidos a nivel nacional y a diestra y siniestra”.

Improvisación Hace 15 años el entonces presidente municipal de Guadalajara, César Coll Carabias, lanzó por primera vez la candidatura para que esta ciudad fuera sede de los Juegos Panamericanos de 2003, pero ganó Santo Domingo. Volvió a postularla y finalmente el 8 de mayo de 2006 logró su objetivo. Sin embargo, este hecho pareció no importarles a las autoridades estatales y municipales, todas ellas de extracción panista, y postergaron los preparativos. El 1 de enero de 2007, Alfonso Petersen Farah –del PAN– asumió la presidencia municipal de Guadalajara. El 5 de agosto de ese año conformó el Copag y el 30 de octubre anunció el ambicioso Proyecto Alameda, consistente en un proyecto integral de remodelación y reactivación del centro de la ciudad, cuyo detonante sería la construcción de la Villa Panamericana en el parque Morelos. También dio a conocer que en ese proyecto participarían, por asignación directa, tres arquitectos mexicanos: Fernando González Gortázar, Augusto Quijano y Alberto Kalach, así como tres extranjeros: la española Carmen Pinós, el chileno Mathías Klotz y el estadunidense Rick Joy. El funcionario municipal aprovechó el foro para asegurar que el gobierno a su cargo había comprado, sin mayores obstáculos, la mayor parte de fincas y terrenos aledaños al parque. No era verdad. Pronto empezaron los cuestionamientos y las protestas de vecinos porque no se les presentó el proyecto. En vez de buscar el diálogo las autoridades procedieron a desalojar a los habitantes de la zona y a derruir sus casas y edificios. Las voces de rechazo a estas acciones crecieron y al clamor se unieron organizaciones civiles y urbanistas que desde el arranque del proyecto cuestionaron los propósitos “sin planeación, ocurrencias y caprichos” del presidente municipal. Incluso se mencionó que Petersen pretendía favorecer a ciertos propietarios de la zona para hacer un jugoso negocio, sin haber hecho antes una labor de convencimiento entre los perjudicados. “Se menospreció a los moradores. No se hicieron diagnósticos urbanos, evaluaciones ni investigaciones socioeconómicas y estudios de mercado. Desde que se anunció el proyecto se veía que no iba a ser viable”, comenta a este semanario el urbanista Jesús García Rojas. El Proyecto Alameda, en el que se pensaban invertir alrededor de 2 mil millones de pesos, se fue a la basura sin que hubiera un plan alterno. Luego de dos años de presiones y sinsabores, el 7 de septiembre de 2009, Petersen anunció que la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) no había aprobado el Proyecto Alameda. Para entonces ya se habían derrochado 440 millones de pesos en adquisición de terrenos y estudios para el proyecto. Todos los esfuerzos fueron inútiles. El Parque Morelos sigue en el abandono, con fincas destruidas, vacías y desoladas. El fiasco precipitó la salida de Petersen de la alcaldía de Guadalajara y terminó por ser designado titular de la Secretaría de Salud de Jalisco, cargo que ya había ocupado. El 9 de septiembre de ese año el gobierno estatal anunció la compra de un terreno de 25 hectáreas denominado El Disparate, en la ceja de la Barranca de Huentitán, área natural protegida en el nororiente de la ciudad. En su momento se denunció que la adquisición se había efectuado con un sobreprecio de 85 millones de pesos. Los organizadores de los juegos pensaron que en este sitio podrían construir la villa y una docena de edificios de 20 niveles cada uno, así como el estadio de atletismo. Tampoco funcionó.

En la búsqueda de un sitio idóneo los organizadores de los juegos eligieron la parte sureste de La Primavera, cercana al viejo autódromo de los hermanos Gallo, donde iniciaron algunos trabajos. Sin embargo, ante la oposición de los ambientalistas, desistieron de su propósito. Finalmente se decidieron por el predio La Curva, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Zapopan y Los Belenes. Ecocidio

El 3 de noviembre de 2009 la Odepa anunció en un comunicado que la Villa Panamericana se edificaría en El Bajío, en un predio de 17 hectáreas ubicado en el cruce de Periférico Poniente y avenida Vallarta, en el municipio de Zapopan. Para la construcción del conjunto se requería de una inversión cercana a los mil millones de pesos. Constará de cuatro edificios en los que habrá un total de 930 departamentos de cinco diferentes medidas que van de los 35 a los 140 metros cuadrados. Ahí se alojarán 8 mil atletas y cuando termine la justa los inmuebles se venderán a razón de 18 mil pesos por metro cuadrado. La decisión de construir estadios y la Villa Panamericana en El Bajío, cerca de ecosistemas frágiles como La Primavera y Los Colomos, demuestra que las autoridades no tienen ningún interés en la preservación del medio ambiente. Sacrifican las riquezas naturales a cambio de unos juegos que durarán menos de un mes, sostiene Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea). Y agrega: “La fiesta colectiva que serían los juegos se convirtió en un lastre, por la mala decisión, la escasa planeación y la deficiente infraestructura que construye o remodela el CODE (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud). Afirma que la peor decisión de las autoridades locales fue construir la Villa Panamericana en El Bajío, pues los vecinos de Rancho Contento han promovido numerosos juicios e interpuesto recursos legales ante las violaciones flagrantes del uso de suelo en esa localidad. “Desde el año pasado los miembros del Consejo Consultivo de la región Occidente de la Semarnat, que presido, advertimos de los daños irreversibles al medio ambiente. No nos escucharon. La Semades otorgó los permisos ambientales para que se permitiera urbanizar el Bajío cuando no era de su competencia, sino que era de la Semarnat. Su importancia hidrológica es vital para la metrópoli. Que no se extrañen entonces de los juicios. La culpa es de los organizadores, no de quienes con razón reclaman en tribunales.” Por su parte, el arquitecto Jesús García Rojas dice que los Juegos Panamericanos no beneficiarán al desarrollo urbano ni al equipamiento de la ciudad. “Las instalaciones deportivas que construyen son mediocres e intrascendentes. Y además se han derramado miles de millones de pesos, en su mayoría provenientes de la federación, para sufragar los gastos de las obras y del diseño arquitectónico. Pero los contratos no se licitaron, con el argumento de que ya no había tiempo para hacerlo”, señala García Rojas. –¿Quiénes son los beneficiados? –se le pregunta. –No sabemos porque han sido herméticos y no han transparentado cómo han invertido esos recursos millonarios procedentes de la federación. –¿Qué ha sucedido en otros países que organizaron eventos similares, como los Juegos Olímpicos?

–Me tocó conocer Montreal y Barcelona, y es clara la herencia que dejaron en términos arquitectónicos. Invitaron a los mejores arquitectos locales y hasta internacionales para que diseñaran las instalaciones deportivas. Y aquí, en Jalisco, lo que hicieron fue contratar a sus cuates, a firmas desconocidas. Se asignaron esos diseños sin concurso y con absoluta discrecionalidad. Contubernios Conocedor de los entretelones del negocio de desarrollos inmobiliarios en Jalisco, García Rojas ya había advertido en noviembre de 2009 (Proceso Jalisco 261) que había estrechos lazos de amistad entre los Cornejo, propietarios de la constructora, el presidente del Copag, Carlos Andrade Garín, y el dueño de Chivas, Jorge Vergara. “Construir la villa en El Bajío confirma los nexos que tiene Francisco Cornejo con Jorge Vergara y el constructor Bosco Gutiérrez Cortina (quien era el desarrollador del proyecto original en el centro de la ciudad), y los de Andrade Garín con Álvaro Preciado Coronado (director del Consorcio Terrenos, constructor fraccionador del desarrollo Ayamonte, aledaño a la Villa).” Recuerda García Rojas que las instalaciones deportivas tuvieron errores graves. Por ejemplo, el velódromo tenía fallas elementales de visibilidad, lo que ocasionó un accidente mortal de un juez de pista, y en algunas partes las canchas de tenis no tenían las medidas exactas. Agrega: “Andrade Garín ha tenido éxitos en conseguir medallas deportivas, pero al dirigir la organización de los Juegos Panamericanos fue un fracaso total. ¿Cómo es posible que haya tenido esos errores elementales?”. Dice que la justa deportiva no servirá ni para atraer turismo ni derrama económica a la metrópoli. “Y, además, los juegos no han despertado el interés de los tapatíos. Les parecen irrelevantes”. Los especialistas en la materia consultados por Proceso comentan que las ciudades que han organizado los panamericanos o los olímpicos, como Río de Janeiro y Barcelona, aprovecharon la oportunidad para transformar su entorno urbano. En cambio, en Guadalajara han hecho justamente lo contrario. Quienes hoy quieren llevar a la hoguera al magistrado Armando García Estrada no deberían sorprenderse. Desde noviembre de 2009, cuando se anunció que la Villa Panamericana se realizaría en el predio Zapopan del Bajío, abundaron las voces que se opusieron al proyecto, pues afirmaban que éste depredaría la superficie de amortiguamiento y captación de agua pluvial que surte varios mantos acuíferos de Guadalajara, Asimismo, argumentaron que se pisotean tres decretos presidenciales (de 1951, 1976 y 1987) que protegen la zona