En la sociedad actual donde estamos en constantes cambios de modelos políticos

– económicos y con autoridades de diferentes tendencias políticas, se hace necesario

que los estudiantes y la comunidad educativa conozcan, analicen y razonen los

componentes de la democracia y a través de ellos poder luchar y hacer cumplir con sus

derechos, pero sin olvidarnos de nuestros deberes.

La Democracia según la Asamblea Nacional, es la forma de gobierno en la que

los ciudadanos seleccionan a sus dirigentes y gobernantes para que representen los

destinos del país, donde ella es un fin y un medio participativo que permite obtener los

logros en base de los objetivos de la nación, donde cada uno de los caminos establecidos

impulsan a la ciudadanía a buscar la validez de sus derechos y la solución a sus

problemas.

Aquí se pretende que los componentes necesarios para el análisis para el debate

ético, político y pedagógico de la democracia son el medio y el fin, así como también el

papel del reconocimiento de los valores, como referentes para la construcción de un

concepto de democracia que maneja los ejes de la participación activa, la

responsabilidad social solidaria y los derechos.

La democracia debe permitir hablar de libertad, si solo existiera un ápice de

autoritarismo, ya no existe democracia. La igualdad es fundamental para la existencia de

la misma, si un supuesto demócrata que detesta la igualdad o la pone en entredicho,

tampoco permitirá existir la democracia. Los derechos, deberes van siempre unidas con

la democracia y viceversa.

Los ciudadanos debemos estar sujetos a la aplicación de los valores

democráticos de la igualdad y la libertad, como también de sus nexos de la ética y de la

política, para ello se de aplicar instrumentos para la construcción del proceso

democrático a través del consenso y el desarrollo de lo más humano del ser; los

derechos son un referente para la convivencia y la justicia, pero nunca se debe olvidar

del diálogo que es indispensable e imprescindible para la realización de todo acto

democrático.

Por lo tanto, la comunidad educativa debe determinar que el sujeto democrático

es parte del concepto de ciudadanía, cubriendo el conjunto de derechos y deberes

referidos al bienestar del ciudadano, de igual manera no debemos dejar de lado la

Ciudadanía sociopolítica, la cual determina los derechos necesarios en la libertad

personal sin dejar a un lado la responsabilidad social, como la participación en los

asuntos públicos y la toma de decisiones sociales en condiciones de igualdad.

Por tanto, si hablamos de la ciudadanía se debe comprender al sujeto

democrático, la cual deberá estar basada en sus derechos y deberes, así como en los

valores de igualdad y libertad, y tener como finalidad el encauzamiento social de los

mismos en todas los tipos de relaciones, normativas e interpersonales, afectivas y

comunicativas, entre las ciudadanas y ciudadanos.

De esta manera el término ciudadanía nos debe hacer referencia al derecho que

tenemos las personas a participar en la construcción de una sociedad democrática, así,

comprendemos lo que es un derecho inclusivo, como todos los derechos. Además,

implica que ser buen ciudadano parte de una exigencia ética en la que todos tengamos

acceso a los bienes, simbólicos y materiales, de manera equitativa y responsable social y

ecológicamente.

Los criterios de participación en común y el reconocimiento de los intereses

implica constantes transformaciones donde el camino se hace al andar, es decir, donde

democracia y ciudadanía sean procesos siempre en (re)construcción basados siempre en

los valores, ya que a ser ciudadano o ciudadana se aprende siéndolo.

Además de esta perspectiva educativa, imprescindible para el desarrollo y la

asunción de la ciudadanía, no podemos olvidarnos nuevamente del contexto donde ese

desarrollo se lleva a cabo. Muchas son las propuestas en este sentido, pero la mayor

parte de ellas actualmente están vinculadas, de una u otra manera, a lo que se ha dado en

llamar ‘mundialismo democrático’. En palabras de Bilbeny:

  

“La alternativa al globalismo neoliberal es el mundialismo democrático. Es la

opción contraria al llamado, también, ‘pensamiento único’, que no ve otro orden

posible que el orden neoliberal hoy existente. En el mundialismo no hay ‘un

solo mundo al margen de todos los demás’, sino ‘muchos mundos en un solo

mundo’, que es plural. Es la opción, en una palabra, por un pensamiento

pluralista y a la vez inclusivo, no disgregador. (...) el mundialismo democrático,

movido por lo cívico, no lo económico, y por lo que es común a los pueblos, no

a los más favorecidos por el mercado, se propone un gobierno de los poderes

públicos y por el público en general. La democracia es vista, desde esta

perspectiva, como un experimento en gran parte por hacer.” (BILBENY, 1999;

p. 92).

  

La democracia educativa y la educación para la democracia

Partiendo de esta realidad, podríamos decir con Taylor (1994) que las formas

principales de respeto desde la ciudadanía deben darse sobre la identidad

intransferible de cada persona y sobre las formas de acción y concepciones

apreciados por los colectivos minoritarios. El comunitarismo de Taylor

propone el concepto de reconocimiento como categoría fundamental para

armonizar las demandas de igualdad de las democracias modernas y el

reconocimiento de las particularidades culturales e históricas, para alcanzar un

‘igual reconocimiento’ a través de una ‘política de la diferencia’ donde la

dignidad pasa de ser un  derecho a un valor con pretensiones universalizantes.

Así, Taylor reclama el reconocimiento cultural como base necesaria y

suficiente del sistema de derechos, mientras que Habermas advierte de que

ello depende siempre de la aprobación de los individuos, si bien reconoce que

ésta se encuentra en función del reconocimiento de sus particularidades y

vinculaciones. En este sentido, se da una mediación de la esfera pública entre

el sistema de derechos y el reconocimiento de las diferencias, ya que es en la

formación deliberativa de la misma donde se va a conformar el proceso

político de la democracia, que siempre debe tener como pretensión el

autoentendimiento colectivo y el desarrollo de una comunidad ética. Así, el

propio Habermas afirma que

  

“la política no tiene sólo una función mediadora, sino que es

cabalmente conformadora del proceso de constitución de la sociedad.

La ‘política’ se concibe como la forma reflexiva de la eticidad de una

forma de vida, como el medio en el que los miembros de comunidades

de solidaridad más o menos emergentes de manera natural se hacen

conscientes de sus dependencias mutuas y, con voluntad y con

conciencia, dan forma y desarrollan como ciudadanos sus relaciones

de mutuo reconocimiento en una asociación de sujetos de derecho

libres e iguales.” (HABERMAS, cit. por THIEBAUT, 1998; p. 142).

  

Así pues, para que los valores democráticos sean verdaderamente

constitutivos de una sociedad democrática, ésta requiere de una esfera pública

  

 

 

 

 

 

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permanentemente activa, lo que conlleva a su vez el ejercicio constante de una

ciudadanía plena en derechos democráticos y con el único deber, como exigencia de la

propia democracia, de la puesta en práctica de sus valores.

Por otro lado, para que una democracia sea educativa, es imprescindible que la

educación sea democrática. Y, en sentido inverso, para que se dé una educación

democrática, es necesaria una democracia que sea educativa. Esta interrelación

dialéctica no es, sin embargo, simétrica en su reciprocidad, puesto que todo proceso

democrático tiene un componente educativo inherente a sus valores, virtudes y

aspiraciones, pero, al mismo tiempo, a ser demócratas, como hemos explicitado ya, se

aprende viviendo en democracia. De ahí el papel fundamental de los procesos

educativos en la formación y desarrollo de la democracia y para el ejercicio de una

ciudadanía activa.

  

“La educación en la democracia es una tarea encaminada al desarrollo de una

personalidad que hace del diálogo, la confrontación de ideas y la participación

los elementos de su proceso formativo permanente. (...) Educar para y en la

democracia, considerada esta última como el mejor método para resolver las

tensiones y conflictos que se dan en la sociedad en el ámbito individual,

nacional y global, se asienta sobre la idea de una ciudadanía que participa en la

construcción cultural y moral y en el sostenimiento de la democracia misma. En

este sentido, la democracia no es algo alejado de las personas, no es una

instancia meramente formal e institucional, sino un estilo de vida legitimado por

una norma basada en el diálogo, la comunicación y el consenso.” (TUVILLA,

1998; p. 113).

  

Desde esta óptica, el proceso educativo sólo puede considerarse como un medio para el

desarrollo autónomo y crítico de las personas, un desarrollo que interrogue y cuestione

el mundo que nos rodea, los valores culturales socializados en nuestro entorno y los

modos de sentir, pensar y actuar que se derivan de todo ello. Por eso hablamos de un

proceso de (re)construcción personal y colectiva a través de una concepción dinámica y

transformadora de la cultura.

Otra consecuencia de esta visión debe ser, por consiguiente, el priorizar el papel

protagonista de las personas en su educación, entendida como un derecho humano

absolutamente imprescindible e irrenunciable, y la presencia como criterios

configuradores del quehacer en las instituciones educativas de los valores

democráticos. Se trata no sólo de una necesidad de participación, sino de dar la

palabra a todos los actores sociales con el referente continuo de crear formas

de racionalidad enfocadas hacia el entendimiento como respuesta a una

realidad social impregnada de vejaciones pseudodemocráticas e intereses

privados economicistas que se priorizan a los humanos y educativos.

Interesantes en este sentido resultan las propuestas de Guttman:

  

“Una educación democrática debería presentar a los estudiantes

diversas perspectivas y equiparlos para deliberar como ciudadanos

igualitarios acerca de por qué y cuándo resulta justificable acordar el

desacuerdo sobre una cuestión (como el culto religioso) y cuándo es

moralmente necesario decidir colectivamente acerca de una política

individual sustantiva (como la no discriminación sexual y racial). Las

decisiones acerca de tolerar la diversidad religiosa pero no la

discriminación racial o sexual se deben realizar colectivamente, por su

propia naturaleza, ya sea a nivel estatutario o constitucional. La

reciprocidad exige que estas decisiones se justifiquen en público, en la

medida de lo posible, a las personas que se vean obligadas por ellas.”

(GUTTMAN, 2001; p. 376).

  

Partiendo de aquí, debe quedarnos bien claro que la educación democrática es

un proceso que emana de un ideal a la vez político y educativo. Y ello es así en

la medida en que permite el desarrollo de políticas culturales emancipadoras a

la vez que abogan por la horizontalidad en la toma de decisiones desde

principios dialogadores inclusivos donde todas las voces tengan su espacio y

todas las personas sean actores dentro de los procesos normativos y sustantivos

del quehacer educativo, ya sea dentro o fuera del ámbito institucional. En tal

sentido, conviene recoger las afirmaciones de Popkewitz, cuando dice:

  

“Las prácticas discursivas de la escolarización son más que una simple

transmisión de ideas; constituyen los principios de realidades. Los

discursos no son simples estrategias de comunicación, sino también

prácticas culturales y políticas.” (Popkewitz, 1998;  p. 159).

   

 

 

 

 

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Por consiguiente, en este contexto debe ser absolutamente necesario el profundizar en

las instituciones educativas y sus dimensiones curriculares y organizativas para acabar

aterrizando en el contexto de participación directa (aula u otros espacios educativos no

formales) como expresión última e ineludible del mundo de la ética discursiva y la

democracia en la praxis social y educativa. De esta manera, considero que el análisis

educativo de los principios de igualdad desde la diferencia y libertad para la inclusión

debe hacer suyas estas cuatro dimensiones:

1. Una educación común, para la convivencia de las personas desde la riqueza de su

heterogeneidad y el desarrollo de iniciativas transformadoras a nivel educativo y social.

2. Un currículum común, para desarrollar conocimientos, actitudes y procedimientos

plurales, dialógicos y coherentes con los valores democráticos.

3. Una organización común, para fomentar métodos y estrategias didácticas diversas,

siempre desde los principios del aprendizaje cooperativo y en función de todos los

miembros de la comunidad educativa y sus contextos de desarrollo.

4. Un espacio común, para educar a ciudadanos y ciudadanas críticas y demócratas.

En definitiva, se trata de hacer una apuesta coherente y constante por la democracia,

donde el componente crítico hacia las injusticias se complete y se haga verdaderamente

revolucionario desde las propuestas de mejora que debe conllevar el mismo, pues lo

contrario puede ser postmodernamente peligroso. Y ello, tanto desde una perspectiva

micropolítica, desde los contextos inmediatos de acción e influencia de las personas,

colectivos e instituciones democráticas, como desde una perspectiva macropolítica,

según la cual una visión democrática de la educación debe estar comprometida con el

fomento de un extenso debate público en el que las propuestas y políticas educativas

puedan ser probadas a través del diálogo crítico y en el que todas las personas participen

activamente. 

Por tanto, y sintetizando algunas de las ideas aquí expuestas sobre la democracia,

recurrimos nuevamente a las palabras de Bilbeny:

 

“La educación democrática enseña a escuchar. ‘Oír’ es difícil en nuestra

sociedad del ruido. ‘Escuchar’ lo es más todavía. Y, sin embargo, de la actitud

de escucha de la voz y las razones del otro –y de las nuestras, en la intimidad de

nuestra conciencia– depende la suerte de la democracia en todos sus aspectos

básicos: como un ‘instrumento’ y unos ‘valores’, un ‘proceso’ en el tiempo y un

‘compromiso’ personal a cada momento.” (BILBENY, 1999; p. 141).

 

Profundizar en esto, tanto desde el contexto social (como ciudadanas y ciudadanos)

como desde el contexto educativo (como educadoras y educadores comprometidos ética

y políticamente con los valores democráticos y la lucha contra la exclusión de las

personas y las culturas minoritarias), debe ser nuestra prioridad y nuestra senda.