Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos Escenarios de...

NORORIENTE Y MAGDALENA MEDIO, LLANOS ORIENTALES, SUROCCIDENTE Y BOGOT DC

NUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIAPanorama posacuerdos con AUC

Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales,Suroccidente y Bogot DCNUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIAPanorama posacuerdos con AUC

Director General Centro Nacional de Memoria HistricaGonzalo Snchez Gmez

Coordinador de la investigacin y edicinlvaro Villarraga Sarmiento

Asistente de CoordinacinSandra Marcela Flrez

Investigadores e InvestigadorasAlberto Santos Peuela, Lukas Rodrguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernndez Mercado y Juanita Esguerra Rezk

Comit de Lectores /Lectoras del CNMHNororiente: Vladimir Caraballo, investigador CNMH-DAV Llanos Orientales: Bernardo Prez, investigador, Fundacin Paz y ReconciliacinSuroccidente: Adolfo Atehorta. Doctor en Sociologa EHESS Pars, Francia. Profesor UPNBogot DC: Oscar David Andrade Becerra. Asesor Cualitativo de la DAV.

Edicin y correccin de estilo DAVMartha J. Espejo BarriosFernando Iriarte Martnez

MapasJonathan Stucky Rodrguez / Julio Enrique Corts Rueda / Wilson Gmez

Comunicaciones DAVAyda Mara Martnez

CONSEJO DIRECTIVOCENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTRICA

PresidenteGabriel Vallejo LpezDirector Departamento para la Prosperidad Social

Mariana Garcs Ministra de Cultura

Mara Fernanda Campo SaavedraMinistra de Educacin Nacional

Alfonso Gmez MndezMinistro de Justicia y del Derecho

Paula Gaviria BetancurDirectora Unidad para la Atencin y Reparacin Integral de las Vctimas

Flix Toms Bata JimnezBlanca Berta Rodrguez PeaRepresentantes de organizaciones de vctimas

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTRICA

Gonzalo Snchez Gmez Director General

Asesores de DireccinMara Emma Wills Obregn, Patricia Linares Prieto, Paula Andrea Ila, Andrs Fernando Surez, Luz Amanda Granados Urrea, Doris Yolanda Ramos Vega, Csar Augusto Rincn Vicentes

Directores Tcnicos

lvaro Villarraga SarmientoDireccin Acuerdos de la Verdad

Martha Anglica Barrantes Reyes Direccin para la Construccin de la Memoria Histrica

Ana Margoth Guerrero de OteroDireccin de Archivos de Derechos Humanos

Juan Carlos Posada GonzlezDireccin de Museo de la Memoria

Sonia Stella Romero TorresDireccin Administrativa y Financiera

Adriana Correa MazueraCoordinacin Equipo de Comunicaciones

Esta publicacin es posible gracias al apoyo del Programa de Reintegracin con Enfoque Comunitario de la Organizacin Internacional para las Migraciones (OIM), que cuenta con el respaldo econmico del Gobierno de Estados Unidos, a travs de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de la Direccin de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histrica, y no necesariamente reflejan la opinin de

USAID o de la OIM.

Cmo citar:

Centro Nacional de Memoria Histrica Direccin de Acuerdos de la Verdad.Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales,

Suroccidente y Bogot DCNUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIA

Panorama posacuerdos con AUC

La siguiente publicacin es resultado del trabajo adelantado por la Direccin de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histrica, (CNMH), que en parte de sus textos se apoy en versiones preliminares realizadas por el rea de Desmovilizacin, Desarme y Reintegracin de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (CNRR), elaborados en cumplimiento de la Ley 975 de 2005. Posteriormente, a instancias del CNMH estos textos fueron reelaborados y consolidados as como realizados los restantes, obrando de acuerdo con los Decretos Ley 4155 y 4158 de 2011, en concordancia con la Ley 1448 de 2011.

Este informe es de carcter pblico. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado siempre y cuando no se altere su contenido, se cite la fuente y/o en cualquier caso, se disponga la autorizacin del Centro Nacional de Memoria Histrica como titular de los derechos morales y patrimoniales de esta publicacin.

Centro Nacional de Memoria Histrica. CNMH. Direccin de Acuerdos de la Verdad

Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales,

Suroccidente y Bogot DCNUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIA


Coordinador de la investigacin y edicin lvaro Villarraga Sarmiento.

Bogot: Procesos Digitales, 2014.540 pginas, 15 x 23 cm.

ISBN: 978-958-8469-85-0

1. Conflicto Armado Colombia. 2. Violencia en Colombia. 3. Paramilitares. 4. DDR. 5. Desmovilizacin. 6. Desarme. 7. Reintegracin. 8. Grupos Arma-dos Ilegales posdesmovilizacin Colombia. 9. Regiones en Colombia. 10. Posdesmovilizacin Colombia. 11. Rearme. 12. Justicia y Paz. 13. Derechos Humanos. 14. DIH. 15. Paramilitares. 16. Disidencias. 17. Guerrillas.

I. Tit. II. Villarraga Sarmiento, lvaro. II. Direccin de Acuerdos de la Verdad.

CDD: 303.69861

Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales,Suroccidente y Bogot DC

NUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIA


ISBN: 978-958-8469-85-0Primera edicin: Julio 2014

Nmero de pginas: 540Formato: 15 cm x 23 cm

Diseo y diagramacin: Ricardo Gonzlez Medina

Edicin y correccin de estilo DAV:Martha J. Espejo Barrios

Fernando Iriarte Martnez

Fotografa: Portada: Fotomontaje de Ricardo Gonzlez Medina

Captulo 1: Alberto Santos PeuelaCaptulo 2: Lukas Rodrguez Lizcano

Captulo 3: Elizabeth Escobar EscobarCaptulo 4: Ricardo Gonzlez Medina

Impresin: Procesos Digitales

Centro Nacional de Memoria HistricaCarrera 6 No 35 29 PBX: (571) 796 5060

[email protected] www.centrodememoriahistorica.gov.co

Bogot D.C. Colombia Impreso en Colombia. Printed in Colombia

Queda hecho el depsito legal.

7INTRODUCCIN

lvaro Villarraga SarmientoDireccin de Acuerdos de la Verdad, director

Centro Nacional de Memoria Histrica

CAPTULO I. DDR EN NORORIENTE Y MAGDALENA MEDIO: rupturas y continuidades del fenmeno paramilitar

Alberto Santos Peuela

INTRODUCCIN

I. EL PROCESO DE DDR EN SANTANDER Y EL MAGDALENA MEDIO

1.1 Contexto: disputas por el territorio, imposicin armada y resistencia civil

1.1.1 El Magdalena Medio y Santander: una regin geoestratgica

1.1.2 Resea histrica del conflicto armado y las dinmicas sociales

1.1.3 Las guerrillas

1.1.4 Los paramilitares

1.1.5 Resistencia civil: exigencias humanitarias y de salida nego-ciada al conflicto armado

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NDICE

1.2. Grupos armados ilegales GAI pos AUC y presencia guerrillera (2008-2009)

1.2.1 Los de Urab, Los de Don Mario o Gaitanistas

1.2.2 Los Rastrojos

1.2.3 Las guilas Negras

1.2.4 Los de Don Csar, Los Botalones y otros GAI

1.2.5 FARC y ELN

1.3. 2010-2011: la reconfiguracin del escenario y las dinmicas del conflicto en el Magdalena Medio y Santander

1.3.1Magdalena Medio: sur de Bolvar y sur de Cesar

1.3.2 Magdalena Medio: Barrancabermeja y Yond

1.3.3 Magdalena Medio: Puerto Berro, Cimitarra y Puerto Boyac

1.3.4 Santander: el Bajo Rionegro

1.3.5 Santander: rea metropolitana de Bucaramanga

1.3.6 Guerrillas en el Magdalena Medio

1.3.7 Guerrillas en Santander

1.4 Impacto humanitario: latencia del conflicto y continuidad de la violencia (2010- 2011)

1.4.2 Santander

1.5 Balance de la recuperacin del estado local

1.6 Presencia de poblacin desmovilizada

1.6.1 Magdalena Medio

1.6.2 Santander

1.7 Nios, Nias y Adolescentes desvinculados del conflicto armado

1.7.1 Reclutamiento y utilizacin de nios, nias y adolescentes en el conflicto armado

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1.7.2 Aplicacin de la ley de justicia y paz y parapoltica

II. EL PROCESO DE DDR EN NORTE DE SANTANDER

2.1 Contexto 2008-2009. La frontera: entre las economas ilcitas y el conflicto ininterrumpido

2.1.1 Norte de Santander: la importancia de la frontera

2.1.2 El conflicto armado de Norte de Santander


2.1.4 Las ACCU y el Bloque Norte: frentes y grupos en Norte de Santander

2.2 Reactivacin de grupos similares a los paramilitares y fortalecimiento guerrillero

2.2.1 Aparecen Las guilas Negras

2.2.2 Los Rastrojos y Los Paisas

2.2.3 Incremento de la actuacin guerrillera

2.3 La disputa por la frontera y el riesgo para la reintegracin y las garantas de no repeticin

2.3.1 Los Rastrojos y Los Urabeos

2.3.2 Dinmica de reactivacin de las guerrillas

2.4 Derechos fundamentales y derecho humanitario en Norte de Santander

2.5 Poblacin desmovilizada: reintegracin en medio del conflicto armado

2.5.1 Proyectos productivos, planes de negocio y atencin

2.6 Reclutamiento y utilizacin de nios, nias y adolescentes

2.7 Ley 975, poco avance en investigacin a particulares y funcionarios comprometidos

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III. SITUACIN DE DDR EN 2012 EN LAS REGIONES CONSIDERADAS: RUPTURAS Y CONTINUIDADES

3.1 Magdalena Medio: Barrancabermeja y Puerto Berro, epi-centros de confrontacin

3.2 Sur de Bolvar: redes criminales, utilizacin de nios, nias y adolescentes y jvenes

3.3 Santander: mantienen presencia GAI posdesmovilizacin y guerrillas

3.4 Norte de Santander: intensa actividad de los GAI posdesmo-vilizacin en la frontera

REFERENCIAS

CAPTULO II. LLANOS ORIENTALES Y ORIENTE AMAZNICO: actores armados y formas de violencia colectiva, procesos de DDR

Lukas Rodrguez Lizcano

INTRODUCCIN

I. RESEA HISTRICA SOBRE LAS GUERRILLAS Y LOS PARAMILITARES EN LA REGIN

1.1 De las guerrillas del Llano al asentamiento de las FARC y el ELN

1.2 El paramilitarismo en la regin: escisin, enfrentamientos y desmovilizaciones

II. PERSISTENCIA DE LAS GUERRILLAS Y LOS GRUPOS ARMADOS POSDESMOVILIZACIN DE LAS AUC

2.1 Presencia guerrillera

2.1.1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

1.1.2 Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN)

2.2 Grupos armados ilegales posdesmovilizacin de estructuras paramilitares

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2.1.1 Ejrcito Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC)

2.2.2 Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)

2.2.3 Otros grupos armados ilegales posteriores a las AUC

III. CONFLICTO ARMADO, NARCOTRFICO, CORRUPCIN Y PROBLEMTICA HUMANITARIA

3.1 La institucionalidad, la poltica y la economa afectadas por la corrupcin, el narcotrfico y la accin de grupos armados ilegales

3.2 Los operativos de la fuerza pblica no logran desalojar los grupos armados ilegales de sus principales centros de operacin

3.3 Las FARC, el ERPAC y otros grupos ilegales se sustentan principalmente con la renta ilegal del narcotrfico

3.4 La problemtica de derechos humanos y derecho humanitario se relaciona con el conflicto armado y los espacios de ilegalidad y violencia persistentes

3.5 Penetracin de cultivos de uso ilcito, despojo, reclutamiento ilegal y afectacin de los territorios de los pueblos indgenas

IV. LAS SUBREGIONES: PRESENCIA DE GUERRILLAS Y DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES POS AUC

4.1Eje Meta/Guaviare

4.2 Arauca

4.3 Casanare

4.4 Eje Vichada, Guaina y Vaups

V. SITUACIN DE LOS PROCESOS DE DESMOVILIZACIN Y REINTEGRACIN

5.1 Instituciones territoriales ante la reintegracin

5.2 Proyectos productivos

5.3 Reintegracin y apoyo sicosocial

5.4 Situacin de seguridad de la poblacin desmovilizada

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5.5 Reincidencia de personas desmovilizadas

5.6 Comunidades receptoras e iniciativas de reintegracin comunitaria

VI. NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES DESVINCULADOS Y PERSISTENCIA DEL RECLUTAMIENTO

6.1. Zonas de riesgo de reclutamiento de personas menores de 18 aos

VII. APLICACIN DE LA LEY 975 DE JUSTICIA Y PAZ

VIII. LLANOS ORIENTALES Y ORIENTE AMAZNICO: EVOLUCIN DE LA SITUACIN EN 2012

8.1. Sometimiento de una fraccin del ERPAC y reaparicin de estructuras

8.2. Relaciones entre el ERPAC y alias El Loco Barrera

8.3. Impacto de los grupos armados ilegales en la poblacin civil en Meta, Guaviare y Vichada

8.4. La situacin en Casanare y Arauca

8.5. Falta de consolidacin de garantas de no repeticin, parciali-dad de la reintegracin y bsqueda de contribucin a la memoria histrica

REFERENCIAS

CAPTULO III. SUROCCIDENTE (VALLE, CAUCA, NARIO Y PUTUMAYO): contexto de conflicto armado, violencia y situacin de las experiencias de DDR

Luisa Fernanda Hernndez Mercado,contribucin de Andrea Gmez

INTRODUCCIN

I. CONTEXTO GEOGRFICO E HISTRICO

II. VALLE DEL CAUCA

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2.1 Antecedentes

2.2 Dinmicas del conflicto armado

2.2.1 Presencia de las FARC

2.2.2 Grupos armados ilegales posteriores a las AUC

2.2.2.1 Los Rastrojos

2.2.2.2 Los Machos

2.2.2.3 Los Urabeos

2.2.2.4 Las guilas Negras

2.2.2.5 Los Doce del Patbulo

2.2.2.6 Oficinas de cobro

2.3 Cartografa y accionar de guerrillas y grupos armados ilega-les posdesmovilizacin de las AUC

2.3.1 Cali y zona metropolitana

2.3.2 Norte del Valle

2.3.3 Centro del Valle

2.3.4 Suroriente

2.3.5 Costa Pacfica del Valle

2.3.6 Acciones oficiales contra grupos armados ilegales posteriores a las AUC

III. CAUCA

3.1 Antecedentes

3.2. Conflicto armado y contextos de violencia sistemtica

3.2.1 Presencia de las guerrillas

Las FARC

3.2.2 Grupos armados ilegales posdesmovilizacin de las AUC

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3.3 Cartografa y actuacin de las guerrillas y de los GAI posdesmovilizacin de las AUC

3.3.1 Norte del Cauca

3.3.2 Costa Pacfica Caucana

3.3.3. Centro del Cauca

3.3.4 Sur del Cauca (bota caucana)

3.3.5 Alianzas y confrontaciones

V. IMPACTOS DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ

5.1 Versiones libres y procesos judiciales relacionados con DDR

VI. LA REINTEGRACIN EN EL VALLE Y EL CAUCA

6.1 Personas desmovilizadas en el programa de reintegracin con la ACR, Valle del Cauca

6.2 Personas desmovilizadas en el programa de reintegracin con la ACR, Cauca

6.3 Experiencia indgena de reintegracin autnoma: Asociacin de Cabildos Indgenas del Norte del Cauca (ACIN)

6.4 Dificultades y obstculos de los procesos de reintegracin

6.5 Avances y fortalezas del proceso de reintegracin

6.6 Consideraciones finales sobre los procesos de reintegracin

VII. NARIO

7.1 Antecedentes

7.2 Mapeo del conflicto armado

7.2.1 Presencia de las guerrillas

Las FARC

El ELN

7.2.2 Grupos armados ilegales posteriores a las AUC

7.2.3 Accionar de los grupos armados ilegales posteriores a las AUC

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7.2.4 Presencia de las Fuerzas Militares y Operacin Troya Pacfico

7.3 Escenarios del conflicto armado

7.3.1 Zona occidente y cordillera

7.3.2 Costa Pacfica

7.4 Crisis humanitaria

7.5 Sobre el proceso de Justicia y Paz

7.6 Personas desmovilizadas atendidas por la ACR

7.7 Los nios, nias y adolescentes desvinculados de la guerra, programa especial del ICBF

VII. PUTUMAYO

8.1 Antecedentes

8.1.1 El Frente Sur Putumayo

8.2 Dinmicas actuales del conflicto armado

8.2.1 Las FARC

8.2.2 Grupos armados ilegales posteriores a las AUC Los Rastrojos

8.3 Situacin de derechos humanos y DIH

8.4 La reintegracin de poblacin desmovilizada

8.5 Postulados a Justicia y Paz ante la Fiscala

IX. SNTESIS DE DDR EN 2012 Y PARTE DE 2013: REGIN SUROCCIDENTAL

9.1 Valle del Cauca

9.2 Cauca

9.3 Nario

9.4 Putumayo

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CAPTULO IV. BOGOT DC: conflicto armado, violencia y procesos de reintegracin

Juanita Esguerra Rezk y Lukas Rodrguez Lizcano

INTRODUCCIN

I. CARACTERIZACIN GEOGRFICA Y CONTEXTO DE VIOLENCIA

1.1 Referentes geogrficos y divisin poltico administrativa de la ciudad

1.2 Incidencia general del conflicto

II. CONTEXTO HISTRICO DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO CAPITAL

2.1 Las guerrillas en el Distrito Capital

2.1.1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

2.1.2 Ejrcito de Liberacin Nacional

2.2. El paramilitarismo

III. CARACTERIZACIN DE LA VIOLENCIA EN EL TERRITORIO Y AFECTACIONES A LA POBLACIN

3.1 Discusin sobre presencia y complejidad de la actuacin de grupos armados ilegales posdesmovilizacin de las AUC

3.2 GAI y su relacin con homicidios, narcomenudeo y bsque-da de un mercado interno

3.3 Violencia y presencia de GAI posdesmovilizacin de las AUC en las localidades

3.4. Injerencia en espacios electorales

3.5 Reclutamiento y utilizacin de nios, nias y adolescentes

IV. LA REINTEGRACIN EN EL DISTRITO CAPITAL

V. PRESENCIA DE GAI POSDESMOVILIZACIN DE LAS AUC Y PROGRAMAS DE REINTEGRACIN (2012 2013)

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5.1 Presencia de actores armados y hechos destacados

5.2 Contina el reclutamiento y la utilizacin de nios, nias, adolescentes y jvenes

5.3 Programas de reintegracin y formulacin de poltica de paz

CONCLUSIONES

Impacto del conflicto armado y del crimen organizado, pers-pectivas de paz, riesgos y retos para la reintegracin

REFERENCIAS

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NORORIENTE Y MAGDALENA

MEDIO

LLANOS ORIENTALES

SUROCCIDENTE

BOGOT DC

Nororiente y Magdalena MedioDesarme, Desmovilizacin y Reintegracin en Nororiente y Magdalena Medio: Rupturas y Continuidades del fenmeno paramilitarCorresponde a los departamentos de Santander y Norte de San-tander as como a la regin del Magdalena Medio, la cual abarcar los municipios del sur de Bolvar, sur de Cesar, Magdalena Medio santandereano, Magdalena Medio antioqueo y el municipio de Puerto Boyac. Llanos OrientalesLlanos Orientales y Oriente Amaznico: actores armados y formas de violencia colectiva, procesos de DDR Est conformado por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaina, Guaviare, Meta, Vaups y Vichada. En trminos geogr-ficos, estos departamentos conforman la regin de la Orinoqua colombiana, con excepcin de gran parte del Guaviare, Guaina y Vaups, que hacen parte de la selva amaznica.SuroccidenteSUROCCIDENTE (VALLE, CAUCA, NARIO Y PUTUMAYO): contexto de conflicto armado, violencia y situacin de las experiencias de DDRCorresponde a los departamentos Valle, Cauca, Nario y Putuma-yo. Esta regin tiene una amplia presencia de pueblos indgenas (parte del Valle, Cauca, Nario y Putumayo) y afrodescendientes (en la zona costera de Valle, Cauca y Nario y en reas del norte del Cauca y parte del suroriente y centro del Valle).Bogot DC.Bogot DC: conflicto armado, violencia y procesos de reintegracinCuenta con una triple condicin constitucional: capital de la Re-pblica, capital del departamento de Cundinamarca y Distrito Capital con rgimen especial. Est dividida en 19 localidades y una enteramente rural (Sumapaz), aunque varias de las primeras cuentan con zonas rurales.

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INTRODUCCINNUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIAPanorama posacuerdos con AUC

INTRODUCCIN

El Centro Nacional de Memoria Histrica (CNMH), Direc-cin de Acuerdos de la Verdad (DAV), entrega esta nueva pu-blicacin titulada NUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIA. Panorama posacuerdos con AUC, Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Surocci-dente y Bogot DC, con informes regionales sobre la situacin entre 2010 y 2013 del programa de reintegracin de parami-litares desmovilizados de las AUC y guerrilleros entregados ante autoridades estatales, apreciada en contraste con el an-lisis de las expresiones de rearme que han dado lugar al surgi-miento de nuevos grupos armados ilegales.

Estos trabajos se complementan con los incluidos en el tomo anterior de la serie, sobre el mismo tema, referidos a la Regin Caribe y los departamentos de Antioquia y Choc. Lo tratado sobre cada regin se apoya en informes de segui-miento que realiz la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (CNRR), a travs de su rea de Desmovili-zacin Desarme y Reintegracin (DDR), sobre los aos 2010 y 2011, y lo complementa y actualiza el CNMH-DAV con lo sucedido entre 2012 y 2013.

Recordamos que la CNRR tuvo el mandato legal de hacer seguimiento y verificacin a los procesos de reincorporacin, como parte de su funcin general de contribuir a garantizar los derechos de las vctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en el contexto de violencia y conflicto armado registrado durante las ltimas dcadas en Colombia (Ley 975 de 2005). A la vez, el CNMH responde al de-ber de memoria histrica del Estado y al propsito de recuperar

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material documental relativo a los impactos de la violencia y el conflicto armado en la poblacin (Ley 1448 de 2011). As mis-mo, realizar Acuerdos de la Verdad con parte importante de la poblacin desmovilizada de las AUC, orientados a conseguir contribuciones efectivas a la verdad como condicin para faci-litarles la resolucin de su situacin jurdica (Ley 1424 de 2010).

La CNRR a travs de su rea de DDR elabor informes del orden nacional y regional entre 2007 y 2011 referidos a los procesos de DDR en curso. Su elaboracin incluy traba-jo de campo, reuniones y talleres de bsqueda de informa-cin, intercambio, convalidacin de resultados y entrega de diagnsticos y recomendaciones ante autoridades de distin-to orden, actores institucionales y sociales.

Como producto de esta labor, la misma Comisin redact tres informes nacionales: Disidentes, rearmados y emergentes: bandas criminales o tercera generacin paramilitar? (2006-2007); La Reintegracin: logros en medio de rearmes y proble-mticas no resueltas (2008-2010); y el tercer informe de DDR que trata sobre las dinmicas de reintegracin y la aparicin de grupos armados ilegales pos acuerdos con las AUC, que se inici por la CNRR rea de DDR y que se reelabor por la DAV del CNMH, para ser publicado en el marco de esta serie. De igual manera, el trabajo previo de la CNRR reas de DDR y Gnero y Poblaciones Especficas- contribuy a los ensayos del volumen titulado Desafos para la Reintegracin, enfoque de gnero, edad y etnia.

Cada captulo contiene un informe sobre cada una de las regiones tratadas, producto de material acopiado mediante entrevistas en campo, anlisis de prensa e informes de organi-zaciones sociales e instituciones as como documentacin pro-veniente de fuentes acadmicas. Todo ello muestra la trama de actuaciones y alianzas de los grupos armados ilegales posdes-movilizacin de las AUC y hace referencia a la reconfiguracin de escenarios en medio de altas tensiones y confrontaciones ar-madas, con impactos diferenciados en sectores de la poblacin. Se evidencian, adems, intereses relacionados con el acceso a re-

cursos en las zonas de disputa, continuidades en dinmicas del fenmeno paramilitar y cambios en los contextos considerados.

As, el nuevo mapa de grupos armados ilegales se define a travs de disputas violentas, transacciones, pactos, alianzas y sometimientos, en un panorama donde los grupos recurren a variados mtodos como la corrupcin, la presin o la tran-saccin con determinados agentes oficiales o privados, legales e ilegales, en medio de la coercin y las conductas criminales frente a la poblacin.

Este anlisis tambin incluye el balance sobre la aplica-cin en cada regin de la poltica y los programas de reinte-gracin, visto en relacin tanto con los logros como con las limitaciones y problemticas. Se manifiesta entonces la ten-sin entre el esfuerzo oficial por conseguir la reintegracin a la vida civil de la poblacin desmovilizada y el entorno de conflicto armado, rearmes, violencia, inseguridad e ilegali-dad que afecta notablemente sus posibilidades.

Desarme, Desmovilizacin y Reintegracin en Nororiente y Magdalena Medio: Rupturas y Continuidades del fenmeno paramilitar.

El captulo primero, de autora de Alberto Santos, muestra cmo se mantiene la disputa violenta entre los grupos arma-dos ilegales surgidos tras desmovilizaciones de estructuras de las AUC en este perodo, especialmente entre Los Rastrojos y Los Urabeos. Simultneamente, seala alianzas estableci-das entre stos y otros grupos regionales o locales de similar naturaleza, as como versiones sobre acuerdos que existiran entre estas agrupaciones y la guerrillas. De forma que aunque replegados y debilitados por operativos militares de la fuerza pblica tanto las FARC (sobre todo) como el ELN conserva-ban la mayora de sus frentes.

Por su parte, si bien la actuacin de la misma fuerza pblica no consegua contrarrestar la presencia y actuacin de los gru-pos posteriores a las AUC y el BCB (Bloque Central Bolvar), se

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registraron operativos en su contra y captura y muerte de varios de sus jefes, pero permanecieron en condiciones de dispersin y aparecieron nuevos grupos con distintas denominaciones. En ocasiones se observa, en particular en Norte de Santander, la apa-ricin de estructuras cuyos nombres se relacionan con la presen-cia anterior de las AUC o con expresiones de bandas emergentes provenientes de otras regiones del pas. Entre tanto, las conocidas guilas Negras aparecen espordicamente, su accin se vincula con la de otros grupos armados y continan con intimidaciones y amenazas contra lderes sociales, opositores polticos, organiza-ciones de vctimas y de defensa de los derechos humanos.

En este contexto, la intensificacin de la disputa territorial entre estas agrupaciones pos AUC se extendi a los dos centros urbanos importantes del Magdalena Medio: Barrancaberme-ja y Puerto Berro. Ambos municipios se convirtieron en los enclaves principales de la actividad de Rastrojos y Urabeos, luego de la entrada de los ltimos a la disputa por el control territorial y de las economas legales e ilegales de la regin.

Reportes del Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio identifican la presencia de varios de estos GAI (gru-pos armados ilegales) en la regin, con epicentro en Puerto Berro: Los Paisas, Las guilas Negras, Los Botalones y Los Urabeos, estos dos ltimos los de mayor fortaleza militar y operativa. Segn el anlisis establecido en esta monografa, los tres primeros se debaten entre alianzas con Los Rastrojos o Los Urabeos, en medio de una cruenta confrontacin te-rritorial y de apropiacin de los negocios ilegales. Las guilas Negras y Los Botalones haran parte de Los Rastrojos, mien-tras Los Paisas habran sido cooptados por Los Urabeos.

A pesar de la fuerte penetracin de Los Urabeos, Los Rastrojos se mantenan en la ruta del narcotrfico estable-cida entre Puerto Berro, Cimitarra y Landzuri, en alianza con Los Botalones, a la vez ligados -con anticipacin y desde la actuacin paramilitar previa- con la mafia narcotrafican-te. As mismo, Los Rastrojos cooperaban con las agrupacio-nes locales de Don Csar y de Don Alonso.

En Santander, la regin ms afectada por estos grupos es la del bajo Rionegro, en particular Puerto Wilches, Sabana de Torres, Rionegro, Lebrija y El Playn. Los Rastrojos en alianza con Las guilas Negras enfrentaban la incursin de Los Urabeos, que llegaban desde el Sur de Bolvar y el Sur del Cesar. En Bucaramanga y su rea metropolitana eran notorios el reclutamiento de jvenes e incluso de personas menores de 18 aos, los homicidios y otros hechos de violen-cia asociados con tales disputas.

En Norte de Santander los grupos armados posteriores a las AUC, que tuvieron sentido de continuidad con el surgimiento de Las guilas Negras, retornaron a formas propias de actua-cin paramilitar pero centradas en el control del narcotrfico y de otros negocios ilegales en la frontera y legales en la regin.

Registraron tambin el embate de la irrupcin de Los Ura-beos contra el poder establecido de Los Rastrojos, durante los aos considerados, de forma que stos fueron desplaza-dos de varias zonas pero se mantenan debilitados en Ccuta y entre Ocaa y el Catatumbo. Tras fugarse de la crcel Car-los Andrs Palencia, alias Visaje, exjefe del Frente Fronteras de las AUC, regres a reorganizar anteriores efectivos del paramilitarismo con Los Urabeos.

Estas agrupaciones, percibidas por pobladores locales como la continuacin del paramilitarismo, mantenan la mayoritaria responsabilidad en los hechos de violencia y las violaciones de los derechos fundamentales de la poblacin civil, dando en tal sentido continuidad al grave impacto del paramilitarismo anterior, aunque -de manera general- en menores volmenes de afectacin, con excepcin de las amenazas y ciertas formas de coercin local. Entre otros graves hechos, el rea de DDR de la CNRR alert en su mo-mento sobre las prcticas de explotacin sexual y de trata de personas fomentadas por estos grupos, con denuncias de casos en los barrios marginales de Ccuta en hechos que in-cluan hasta rifas y remates para el abuso sexual de nias y mujeres jvenes.

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En tal contexto, se entiende la falta de logro de garantas de no repeticin y la limitacin de las posibilidades del progra-ma de reintegracin, que en todo caso adelanta sus acciones con parte de la poblacin desmovilizada y, con algn margen de incidencia institucional, en sectores de la poblacin misma.

Como en otras regiones, se mantiene la ambivalencia en-tre personas desmovilizadas acogidas a la vida legal y per-sonas desmovilizadas reincidentes en el delito e integrados a estos nuevos grupos armados. Segn la Polica, un 30% de los integrantes de los GAI pos AUC en el Magdalena Medio seran paramilitares desmovilizados que se habran rear-mado. De igual manera, segn la misma fuente, personas desmovilizadas rearmadas en Puerto Boyac extorsionaban a ganaderos y a otros propietarios importantes porque pre-tendan dar continuidad al modelo paramilitar.

Las mismas personas desmovilizadas acogidas a la vida legal sufran alto riesgo de reclutamiento y afectacin por los nuevos GAI pos AUC, al tiempo que se estiman situaciones tambin de rearme colectivo en zonas de Barranco de Loba, Barrancabermeja, Santa Rosa del Sur, el Carmen de Chucu-r, Puerto Wilches y Cimitarra. Solamente en el Magdalena Medio, en cuatro aos se produjeron 514 capturas de perso-nas desmovilizadas, lo que implica la existencia de un alto nivel de reincidencia, pues este volumen resulta equivalente a un bloque paramilitar.

Llanos Orientales y Oriente Amaznico: actores armados y formas de violencia colectiva, procesos de DDR

El captulo segundo, cuyo autor es Lukas Rodrguez Liz-cano, revela la existencia de un foco de conflicto entre Puer-to Gaitn, Puerto Lpez, San Martn, Granada, Mapiripn (Meta) y Cumaribo (Vichada), con escenarios de control y regulacin en algunos municipios del Casanare. All se ex-presaba la confrontacin entre dos GAI derivados de la ex-tincin del ERPAC, con un grado significativo de continui-dad de parte de las estructuras del Bloque Centauros y del

Frente Heroes del Guaviare de las AUC lideradas por Pedro Olivero Rincn, alias Cuchillo: Los Libertadores/Vencedores de Vichada (de la lnea de alias Cuchillo y comandados por Pijarvey) vs. el Bloque Meta (de la lnea de Los Urabeos y cuyo propsito es rearmar las estructuras paramilitares).

En cuanto a la presencia de guerrillas, se destac al Bloque Oriental de las FARC, que haba mantenido cierta calma hasta la declaracin de los dilogos de paz, cuando se reactivaron sus acciones armadas. Igualmente, los frentes 27 y 43, que ac-tan en los municipios de Vista Hermosa y La Uribe (Meta) y los frentes 31 y 53 (reactivados) con incidencia directa en municipios de Cundinamarca. A su vez, mientras en Arau-ca se han debilitado las actuaciones de los frentes 45 y 10 se reactivaron las del Frente Domingo Lan del ELN y los frentes 1 y 7 continan actuando en Guaviare. Se resalta adems la nueva intromisin del ELN en el departamento de Casanare.

Aunque debilitadas tras la guerra con el Bloque Centau-ros-AUC, de forma paralela a las negociaciones con el Go-bierno para desmovilizarse, las ACC que haban surgido con apoyo de lites regionales, complicidades de sectores de la fuerza pblica, alianzas con sectores polticos y capacidad de interferencia en las administraciones locales en Monte-rrey, Villanueva, Tauramena, Aguazul, Sabanalarga y Man, extendiendo su influjo desde Casanare a Cundinamarca, el Distrito Capital y Boyac ahora se encontraban reducidas en algunos de estos municipios y haban sufrido la captura de varios de sus lderes histrico, los Buitrago.

A su vez, el ERPAC desactivado en parte a finales de 2011, cuando algunos de sus integrantes se sometieron a la justicia dio lugar a la permanencia de un grupo armado bajo la jefatura de Martn Farfn, alias Pijarvey, que acta entre el sur de Meta y el suroccidente de Vichada. Entre tan-to Los Urabeos, en busca de penetrar, promovieron el rear-me de exintegrantes del Bloque Centauros en San Martn y Granada (Meta), bajo el mando de Dairo Antonio suga, alias Otoniel o Mauricio. En San Martn se denunci la exis-tencia de una escuela de entrenamiento de Los Urabeos.

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De hecho, estos grupos actan en procura del control de zonas de cultivos de uso ilcito y de rutas del narcotrfico, y se confrontan, o en ocasiones se alan, con frentes guerrilleros, a la vez que sobre todo en el caso del ERPAC segn denun-cias colaboran con ellos integrantes de las fuerzas militares.

No obstante las dificultades del contexto, el programa de reintegracin de excombatientes a cargo de la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegracin) realiza actividades con parte de la poblacin desmovilizada del paramilitarismo, pero la tendencia en los ltimos aos ha sido la creciente participacin de las personas desvinculadas individualmen-te de las guerrillas y acogidas en este programa, en tanto no tengan ante la justicia cargos judiciales por graves delitos.

De hecho, en muchas zonas de la regin aparecen invia-bles tanto las posibilidades de la reintegracin como las de atencin adecuada y garantas a las vctimas del conflicto, pero en otras zonas, especialmente en cascos urbanos de al-gunas ciudades, se adelantan proyectos y acciones institu-cionales de dicho programa.

Sobre la restitucin de tierras en medio de graves de-nuncias sobre el despojo, la apropiacin de tierras baldas y la inequidad existente se destaca la microfocalizacin en Puerto Gaitn as como sobre el tema de los megaproyectos se debate la compra, al parecer irregular, de baldos y tierras en Vichada por parte de la empresa azucarera Ropaila.

SUROCCIDENTE (VALLE, CAUCA, NARIO Y PUTUMAYO): contexto de conflicto armado, violencia y situacin de las experiencias de DDR

El captulo tercero contiene un informe de autora de Lui-sa Fernanda Hernndez Mercado, con contribuciones de Andrea Gmez y de los equipos regionales respectivos de la CNRR, con resultados de la verificacin de los procesos de desarme, desmovilizacin y reintegracin en los depar-tamentos del suroccidente del pas: Valle del Cauca, Nario,

Cauca y Putumayo, durante el periodo 20102011, con un eplogo que se refiere a lo sucedido durante 2012 y, en algu-nos aspectos, durante los primeros meses de 2013.

Presenta una sntesis departamentales alrededor de grupos armados ilegales, especialmente posdesmovilizacin de es-tructuras de las AUC; dinmicas y escenarios especficos de confrontacin armada, y de derechos humanos en relacin con situaciones de conflicto armado y violencia sistemtica, adems del anlisis de los procesos de reintegracin de per-sonas desmovilizadas que participan en los programas de la Agencia Colombiana para la Reintegracin.

En los departamentos estudiados se mantuvo la dinmica de fortalecimiento y aumento de la presencia de grupos ar-mados ilegales posdesmovilizacin y, en algunos casos, de las guerrillas. Sin embargo, confrontaciones armadas entre fuer-za pblica, guerrillas y grupos posteriores a las AUC as como escenarios tanto de cruentas disputas como de alianzas entre actores armados, propiciaron cambios en los mapas de actua-cin y niveles de control territorial y coercin sobre sectores de la poblacin.

En el periodo abordado hubo incursin y aumento de la pre-sencia de Los Urabeos, quienes habran entrado en 2011 por el Valle del Cauca para disputar el control de amplias zonas en manos de Los Rastrojos. Desde entonces se reporta la actividad de Los Urabeos en departamentos como Nario y Putumayo.

En cuanto a las guerrillas, las FARC, mantienen su pre-sencia histrica en zonas como el norte del Cauca, pero la han disminuido en algunas zonas como el suroriente del Va-lle, debido a las acciones de la fuerza pblica, aunque la han incrementado en la Cordillera Central, en zonas costeras de Nario y en Putumayo. El ELN, por su parte, ha recobrado fuerza en los lmites entre Valle y Choc, en algunos munici-pios del Cauca y en el piedemonte costero de Nario.

Tambin proliferan en la regin otros grupos ilegales aso-ciados a redes mafiosas con nexos con los rezagos parami-

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litares y las referidas reconformaciones de grupos armados. As, han persistido Los Machos, que a pesar de haber sido notablemente debilitados se mantienen en el Valle mediante la alianza que permiti el ingreso de Los Urabeos. Con el mismo tipo de alianza y propsitos entre grupos, surgi la agrupacin delincuencial La Empresa en Buenaventura, ciu-dad donde en esta clase de agrupaciones se registran notorias participaciones de desmovilizados paramilitares rearmados.

Persisten, as mismo, expresiones de Las guilas Negras pro-movidas por exparamilitares de las AUC, con alianzas y en ni-chos de control territorial donde negocian seguridad privada, extorsionan e inciden en administraciones pblicas locales. El grupo Renacer, en Nario, en buen grado ha sido cooptado por Los Rastrojos. As mismo, en el norte del Valle, con epicentro en Cartago, se registra la presencia de Los Doce del Patbulo, vinculados en los ltimos aos a Los Urabeos, con denun-ciada influencia en administraciones locales, vinculacin con redes mafiosas y reconocidas acciones contra opositores a ad-ministraciones locales, vertientes de izquierda o democrticas y organizaciones de vctimas y de derechos humanos.

Igualmente, en Cali y varios municipios importantes del Va-lle es manifiesta la existencia de redes mafiosas y de las llamadas oficinas de cobro, que administran bandas, acciones sicariales y escuelas de sicarios. Informaciones relacionadas sealan en Cali el funcionamiento de por lo menos doce de estas oficinas , controladas por Los Rastrojos, y en Palmira, Cartago y otros municipios al menos otras diez.

Las disputas entre GAI, intensificadas en lugares como el norte del Cauca, Buenaventura, piedemonte y costa de Nari-o, estn relacionadas sobre todo con la bsqueda de control de territorios que sirven como corredores estratgicos para la movilidad de grupos y el acceso a negocios e imposiciones ilegales que les generan altas rentas, relacionados con narcti-cos, armas, recursos mineros y recursos naturales, entre otros. Esto ha derivado en alianzas locales cambiantes, puntuales y difusas. Por ejemplo, quienes en un departamento pueden ser

aliados (FARC y Rastrojos en Putumayo) son enemigos en disputa por el control territorial y poblacional en Nario.

Estas confrontaciones tienen lugar, la mayora de las veces, en zonas rurales habitadas por poblacin campesina y gru-pos tnicos (afros e indgenas). Para estos ltimos, las cont-nuas violaciones de derechos asociadas al conflicto armado y la violencia sistemtica se han traducido en la limitacin del ejercicio de derechos colectivos y ha dado paso a crisis huma-nitarias (Buenaventura, en el Valle, costa pacfica de Nario y Cauca, y Pueblo Aw en Nario, entre otros).

Se reconocen los esfuerzos del Gobierno para adelantar pro-cesos exitosos de reintegracin de personas desmovilizadas o desvinculadas de manera individual de grupos armados ilega-les. No obstante, la vigencia del conflicto armado, las condi-ciones de exclusin y la reorganizacin permanente de grupos ilegales, ha llevado a la reincidencia y el rearme de parte de las personas participantes en estos programas, lo cual hace necesa-rio encontrar rutas ms eficaces e incluyentes para adelantar los procesos de reintegracin, que den cuenta de la diversidad de la poblacin desmovilizada.

Entre las deficiencias encontradas en el programa oficial de reintegracin se detect la falta de garantas y condiciones de seguridad as como de atencin adecuada ante los riesgos que enfrenta la poblacin desmovilizada y carencias en aten-cin, incluida la ausencia de programas diferenciados para los sectores ms vulnerables. Sumado el notorio impacto de la reincidencia y el rearme, se registraron en la poblacin expre-siones de resistencia, temor y desconfianza hacia la poblacin desmovilizada, de forma que en lugares como Buenaventura, Tumaco y Guap los pobladores afirman que hubo continui-dad de las agrupaciones paramilitares.

Es tal el grado de dificultad que nacionalmente se reconoce en esta regin el incremento en los aos recientes del con-flicto armado con las guerrillas. Igualmente, en el conjunto del andn pacfico, incluida esta regin, un notable rearme y la reconformacin de grupos armados ilegales posteriores a

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las AUC en sucesivos escenarios de cruenta disputa tras do-minios territoriales y rutas entre los cultivos de uso ilegal, los centros de procesamiento, las exportaciones de cocana y otros negocios. En tal panorama, a diferencia de otras re-giones, tras la desmovilizacin parcial del Bloque Calima se intensific el conflicto armado, proliferaron los rearmes y se reconformaron poderes narco-paramilitares, que mantuvie-ron nexos con determinados funcionarios y agentes estatales, lo cual explica el incremento de la violencia y la ilegalidad con notable impacto en Valle, Cauca y Nario.

Bogot DC: conflicto armado, violencia y procesos de reintegracin

El cuarto captulo contiene un documento realizado por Juanita Esguerra Rezk y Lukas Rodrguez Lizcano, con apoyo en un informe previo a cargo de Mara Fernanda Bermeo.

Presenta un diagnstico sobre la situacin particular de vio-lencia en la capital del pas, relacionada con el influjo de las guerrillas, los paramilitares y los grupos armados ilegales pos-teriores a la desmovilizacin de estructuras de las AUC nota-blemente articulados a redes mafiosas y delincuenciales tanto locales como regionales, nacionales e internacionales. Anlisis que se complementa con la revisin del programa de reintegra-cin y las polticas y medidas que ha realizado, en un marco de logros en cuanto a la atencin de los desmovilizados partici-pantes, pero su limitacin para resolver asuntos como el acceso a proyectos de generacin de ingresos o a fuentes de empleo.

Frente a la influencia de las FARC, se destaca su presencia histrica rural, el impacto de su plan estratgico adoptado en la VIII Conferencia, que llev al despliegue de nuevos fren-tes y de unidades mviles en la periferia del Distrito Capital y a crear el Frente Urbano Antonio Nario. En respuesta, el Gobierno ejecut varias operaciones militares que, tras in-tensos combates en zonas de Cundinamarca y Meta, logra-ron su aniquilacin o repliegue hacia zonas de retaguardia.

Tanto las FARC como el ELN (aunque este ltimo en menor medida) han tenido presencia a travs de clulas que operan sobre todo como reclutadores y centran su influencia en gru-pos de militantes, colaboradores y simpatizantes en algunos colegios, universidades y organizaciones sociales. As mismo, las FARC se encuentran comprometidas con actos de terroris-mo urbano, uno de cuyos casos de alto impacto y graves conse-cuencias humanitarias fue el ataque al Club El Nogal.

Sobre el proyecto paramilitar se destaca la presencia pre-caria el Frente Capital, que sin embargo ocasion numero-sos homicidios. Y tambin, luego de desmovilizada parte importante de las estructuras de las AUC, de la presencia de paramilitares disidentes, rearmados y el mantenimiento de sus nexos con redes de delincuentes dedicados al narcotrfi-co y al control de mercados ilegales.

Estos grupos se han consolidado en la ciudad a travs de prc-ticas como el sicariato, las oficinas de cobro, el narcomenudeo, entre otras. Han proliferado pequeos centros distribuidores u ollas a pequea escala, estimulando el consumo de drogas ilci-tas. Situacin ligada al acelerado incremento del homicidio, que luego descendi una vez se instalaron los respectivos dominios.

As, en lo referido a afectos en materia de derechos funda-mentales de la poblacin, persisten y se han dimensionado las campaas de amenazas y en algunos casos con desen-laces en ataques contra las vctimas, dirigidas contra opo-sitores polticos, organizaciones de vctimas y de derechos humanos. Se encuentran casos de desplazamiento forzado intraurbano, interferencia violenta en procesos electorales, utilizacin y casos de reclutamiento ilegal de nios, nias, adolescentes y jvenes, entre otras graves modalidades.

En el tema de la reintegracin se evidencian las iniciativas que han tenido los gobiernos distritales desde la administra-cin de Antanas Mockus hasta el mandato de Gustavo Petro para responder a las demandas de Bogot como ciudad re-ceptora de poblacin desmovilizada.

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Se destaca la creacin durante la alcalda de Luis Eduardo Garzn del Programa Complementario a la reintegracin que consigui aportar con un enfoque civilista orientado a la construccin de la paz y la ruptura con la violencia y el compromiso con las armas, en discusin con el enfoque na-cional, a la vez que inici acciones de apoyo en la atencin de la poblacin desmovilizada.

En la alcalda de Samuel Moreno se reorganiz el programa de reintegracin PAPDRB, que consolid el acercamiento con la poblacin desmovilizada y mantuvo la cooperacin con ac-ciones de reintegracin en acuerdo con la actividad central en la materia por parte del programa de la ACR. En la adminis-tracin del alcalde Gustavo Petro se cambi el nfasis en la atencin a las personas desmovilizadas de los grupos parami-litares an atendidas y a las procedentes de las guerrillas que se haban entregado a las autoridades de manera individual, para priorizar la definicin de una poltica de paz que bus-ca proyectar la reintegracin dentro de las posibilidades del actual proceso de paz y la posible fase de transicin hacia el posconflicto, a partir de los posibles pactos entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC y el ELN.

En materia de reintegracin a la vida civil de ex integrantes de las guerrillas insurgentes como de agrupaciones paramili-tares, la particularidad en Bogot DC es que no se ha tratado de frentes pertenecientes a agrupaciones guerrilleras que hayan suscrito pactos de paz con el gobierno, ni de la desmovilizacin de estructuras paramilitares que hayan tenido presencia en la regin, a partir de los pactos de desmovilizacin con las AUC. La importancia del programa de reintegracin en Bogot est definida por ser el centro nacional y sede tambin de la institu-cionalidad nacional que la rodea y por ser parte de la atencin asumida con importancia y alto respaldo desde el gobierno na-cional e incluso desde instancias de la propia Presidencia de la Repblica, como han sido la Alta Consejera para la Reintegra-cin y la actual Agencia Colombiana para la Reintegracin.

Pero en lo relativo a la aplicacin del programa de reintegra-cin con poblacin desmovilizada, en ambos casos se ha tra-

tado ante todo de una poblacin sin arraigo local, provenien-te de todas las regiones del pas y de un fenmeno de manera general marginal por su impacto y significancia social. Esto, porque adems se trata de un enfoque de atencin individual, visto como la reintegracin posible en cada caso, pero no de la existencia ni del reconocimiento de un sujeto colectivo.

Por el contrario, en condiciones de ausencia de un proceso de paz y de procedencia de actores reconocidos por altos niveles de victimizacin sobre la poblacin, pesa la tendencia hacia el ocul-tamiento de su condicin por parte de las personas desmoviliza-das, sus dificultades y riesgos en materia de seguridad y el temor ante las expresiones de resistencia e incluso de rechazo social.

En resumen, estos cuatro documentos sobre las regiones y los departamentos incluidos en esta publicacin constituyen un ejercicio revelador, abierto al intercambio y acompaado de conclusiones que permiten alimentar dinmicas institucio-nales y sociales de positivo tratamiento. Su elaboracin res-pondi a un trabajo colectivo tanto con relacin a los informes previos en la CNRR como en su reelaboracin a instancias del CNMH-DAV. La reelaboracin de los textos dio lugar a espacios de actualizacin y convalidacin que aportan a los trabajos actuales del propio Centro y de manera ms directa a su DAV, por cuanto el estudio del proceso de reintegracin llevado a cabo con la poblacin desmovilizada de los grupos paramilitares se relaciona directamente con el actual desarro-llo de los Acuerdos de la Verdad a su cargo, en busca de la ela-boracin de informes de memoria histrica referidos a la con-formacin y actuacin de todas las estructuras paramilitares.

Es necesario reconocer los crditos institucionales a Ac-cin Social por el apoyo brindado al rea de DDR de la CNRR en su momento, el cual hizo posible los informes referidos que sirvieron de base para realizar estos trabajos. Por tanto, dichos crditos se transfieren en el reconocimien-to institucional al actual Departamento de la Prosperidad Social, que hereda funciones de Accin Social y se inscribe, al igual que el CNMH, dentro de la nueva institucionalidad creada por la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras.

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NUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIAPanorama posacuerdos con AUC

De igual forma, es necesario agradecer el apoyo logstico y en componentes de la investigacin que brind la Fundacin Cultura Democrtica y el compromiso asumido de manera voluntaria por varios de los responsables de los trabajos de esta serie en la fase precedente al CNMH, en especial lvaro Villa-rraga Sarmiento, Luisa Fernanda Hernndez, Alberto Santos Peuela y Lukas Rodrguez Lizcano, pues sin estas contribu-ciones no se habran concluido en 2012 los materiales que hi-cieron posibles los trabajos publicados en esta serie, una vez se produjo el cierre anticipado de la CNRR a finales del 2011.

El proceso de edicin de este volumen fue asumido con cuidadosa revisin y perfeccionamiento de los textos.Desta-camos los aportes entregados a travs de las observaciones y sugerencias por las personas designadas como lectoras por el CNMH-DAV, quienes gracias a sus especialidades y a su dis-posicin y trabajo voluntario permitieron enriquecer el conte-nido de cada uno de los documentos.

Esperamos que la difusin de estos materiales dinamice el estudio, la discusin y el intercambio sobre aspectos impor-tantes de las situaciones regionales desde una perspectiva his-trica reciente y el contexto actual, en lo referido al impacto del conflicto armado, las expresiones de violencia sistemtica, los conflictos sociales asociados y el estado y las lecciones que arrojan los programas institucionales y las experiencias de reintegracin de ex combatientes en curso. Temas de especial inters en los mbitos pblicos, institucionales, sociales y de la comunidad internacional. Abordados adems con un enfo-que que prioriza el compromiso con los derechos de las vcti-mas, los enfoques diferenciales frente a las discriminaciones estructurales y las condiciones de particular vulnerabilidad que afectan a sectores de la poblacin, el rescate de la memoria histrica de las graves violaciones sucedidas y el actual com-promiso con la recuperacin de la paz y la construccin de las condiciones necesarias para el logro de la reconciliacin.

lvaro Villarraga SarmientoDireccin de Acuerdos de la Verdad, director

Centro Nacional de Memoria Histrica

DDR EN NORORIENTE Y MAGDALENA MEDIO: rupturas y continuidades del

fenmeno paramilitarAlberto Santos Peuela1

INTRODUCCIN2

Este informe monogrfico tiene como objetivo principal reali-zar el seguimiento y monitoreo a los procesos de DDR en el no-roriente colombiano, intentando describir las circunstancias que han confluido en el desarrollo de nuevos escenarios de violencia en las regiones de estudio a partir de la revisin de diversas fuen-tes primarias y secundarias, que van desde el trabajo de campo realizado hasta la revisin de informes sobre el tema.

La monografa comprende la situacin del DDR, principalmente durante los aos 2010 y 2011 con una breve actualizacin sobre lo acontecido en 2012, en los departamentos de Santander y Norte de Santander as como la regin del Magdalena Medio, la cual abar-car los municipios del sur de Bolvar, sur de Cesar, Magdalena Medio santandereano, Magdalena Medio antioqueo y el muni-cipio de Puerto Boyac, de Boyac. El sur de Bolvar, dadas las ca-ractersticas de la regin y las dinmicas de conflicto encontradas,

1- Profesional especializado del Equipo Nacional de la DAV (Direccin de Acuerdos de la Verdad) del CNMH (Centro Nacional de Memoria Histrica), fue asesor de DDR en la CNRR.

2- Esta monografa fue elaborada por Alberto Santos Peuela, con orientacin, revisin y correcciones de lvaro Villarraga Sarmiento, antes en calidad de coordinador del rea DDR de la CNRR y posteriormente en su actual cargo de director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histrica.

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CAPTULO I. NORORIENTE Y MAGDALENA MEDIONUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIAPanorama posacuerdos con AUC

incluir desde la regin del Brazo de Loba,3 que tradicionalmente no se considera parte del Magdalena Medio bolivarense.

La informacin que encontrar es de carcter descriptivo, sin embargo algunas de las situaciones permiten interpretaciones causales o explicativas del fenmeno tratado. Es precsamente la reconfiguracin del conflicto armado a partir de la naturaleza de los actores la que permite establecer, como apuesta interpretativa de este documento, rupturas y continuidades del paramilitaris-mo y las expresiones violentas que perviven en el territorio, no solo desde el anlisis de la composicin de las estructuras arma-das, sido tambin desde sus formas de actuacin y las causas de su permanencia.

Si bien las explicaciones encontradas para el surgimiento de las estructuras paramilitares, desmovilizadas en la regin entre los aos 2004 y 2006, encuentran sustentos histricos expuestos de manera general en la primera parte del texto, las causas de la conti-nuidad y permanencia del conflicto, en especial de las expresiones paramilitares, se pueden leer desde los distintos mbitos de imple-mentacin de los programas de DDR y las condiciones econmicas y sociopolticas que se entreveran en la realidad reciente del pas.

De tal forma que se pretende fundamentalmente describir la situa-cin vivida durante los aos de estudio considerando los componentes de los procesos posdesmovilizacin, estableciendo, de manera inicial, un panorama de los antecedentes que comprenden

- (a) la caracterizacin de los grupos paramilitares en la regin,

- (b) el panorama del conflicto armado en cuanto a presencia de actores,

- (c) disputas territoriales,

- (d) crisis humanitarias,

- (e) fenmenos de resistencia y,

- (f) el desarme y la desmovilizacin de dichos grupos.

3- Esta regin comprende los municipios de San Martin de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, El Pen y Regidor.

Igualmente se busca establecer la situacin del proceso de rein-tegracin, los contextos de rearme, disidensias y grupos emer-gentes, asi como las afectaciones humanitarias que se derivan de los mismos.

Tales descripciones permiten interpretar los contextos de vio-lencia en trminos de la continuidad o la ruptura con el fenmeno paramilitar, ms all de la desaparicin de denominaciones o la reconfiguracin de actores preexistentes y asociados a expresiones mafiosas no militares.

La aparicin de grupos armados ilegales (GAI) posdemovi-lizacin, como Los Urabeos, Los Paisas, Los Rastrojos, Los Botalones, Las guilas Negras, Autodefensas Unidas de Ve-nezuela, Autodefensas Unidas de Norte de Santander, Ejrcito Paramilitar de Norte Santander y otras asociadas a antiguos frentes de las ACCU, como el Fronteras, se describen durante el texto y se analizan desde su composicin y sus modalidades de actuacin, estableciendo parangones con los grupos demo-vilizados y sus posibles vnculos con exintengrantes y mandos participantes del proceso de justicia y paz y con otros disidentes y prfugos de la justicia.

De igual forma se evidencian las dificultades, retos y avances en materia de reintegracin, teniendo en cuenta el contexto de violencia que persiste en los lugares donde las personas desmo-vilizadas adelantan su reinsercin a la vida civil. Lo anterior evi-denciar las dificultades que se encuentran en dichos procesos en medio de la persistencia del conflicto armado.

Por otra parte, estos procesos no pueden ser comprendidos des-de anlisis minimalistas obviando la importancia de la aplicacin de polticas de recuperacin institucional y de implementacin del Estado Social de Derecho, condicionantes indispensables para ga-rantizar el xito de los procesos de DDR y la garanta de no repeti-cin en el marco de los derechos de las vctimas. Estos puntos son analizados y expuestos en concordancia con la presencia de pobla-cin desmovilizada y en el entendido de las implicaciones para las comunidades receptoras generalmente vctimas de la violencia de los grupos paramilitares.

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Cada uno de los puntos que componen la monografa debe comprenderse en su relacin con el conjunto de aspectos que se describen, de manera que permita interpretaciones sobre los fac-tores que se tejen en la complejidad de los procesos en las regiones.

Para su desarrollo se dispondrn tres captulos: el primero abordar la situacin del DDR (Desarme, Desmovilizacin y Reintegracin) entre los aos 2010 y 2011, en el departamento de Santander y la regin del Magdalena Medio, toda vez que las dinmicas encontradas en ambos lugares se corresponden con el fenmeno de reconfiguracin de los escenarios de confrontacin del conflicto armado, en particular las nuevas formas de actua-cin de los GAI (grupos armados ilegales) en el marco de dispu-tas por distintas economas regionales, legales e ilegales, que se encuentran en estas jurisdicciones.

El segundo captulo abordar durante los mismos aos el tema en el departamento de Norte de Santander, que si bien se relacio-na con la situacin de tal departamento, sobre todo en la regin de Garca Rovira y la Provincia de Soto, exhibe un contexto dis-tinto asociado con la frontera con Venezuela y la composicin de un mapa del conflicto delimitado y correspondiente a distintas variables. Ellas van desde condiciones geoestratgicas y control de rutas a diferentes departamentos y pases, hasta la permanen-cia y fortalecimiento de las guerrillas en El Catatumbo y otras regiones nortesantandereanas.

Finalmente, el eplogo ofrece un repaso general a las dinmicas y los escenarios del conflicto armado en la regin y los dos depar-tamentos durante el ao 2012, con el fin de permitir un nivel de actualizacin de los cambios o continuidades ms significativas.

I. EL PROCESO DE DDR EN SANTANDER Y EL MAGDALENA MEDIO

1.1 Contexto: disputas por el territorio, imposicin armada y resistencia civil

1.1.1 El Magdalena Medio y Santander: una regin geoestratgica

El Magdalena Medio corresponde a la zona geogrfica ubica-da en lo que puede considerarse como la regin central del ro Magdalena. Su delimitacin geogrfico-poltica es variada, pues no corresponde por lo regular a jurisdicciones departamentales sino que ha sido determinada por estrategias encaminadas a la consolidacin de zonas de defensa y de proteccin de recursos minerales, del latifundio, la ganadera y de empresas privadas, en relacin con la presencia e impacto histrico de la accin de grupos insurgentes (Trujillo, 1991, pgina 4).

La importancia de la regin radica en su posicionamiento estratgico que comunica varios departamentos y capitales a travs de distintas vas terrestres y fluviales, entre las cuales se cuentan las carreteras entre Bogot y Medelln, Bogot y la Cos-ta Atlntica, as como el ro Magdalena, que comunica regiones trascendentales para la explotacin y distribucin (nacional e in-ternacional) de recursos naturales y para el cultivo, produccin y trfico de estupefacientes (Vicepresidencia de la Repblica, 2001, pgina 1). Sus principales centros urbanos son Barrancabermeja en Santander y Puerto Berro en Antioquia.

Si dividimos la zona en las subregiones sur y norte, en la pri-mera se encuentran extensas propiedades de tierra dedicadas a la ganadera extensiva, la agricultura y la explotacin forestal, petrolera (en municipios como Cimitarra y Puerto Boyac) y de recursos minerales como el carbn, el oro y las esmeraldas en Caracol y El Carmen. En la subregin norte las dinmicas de explotacin agroindustrial, petrolera concentrada en Barranca-bermeja, San Pablo, Simit y Yond, y minera en los municipios

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del sur de Bolvar, el Brazo de Loba y Simit, entre otros, son tambin de vital importancia, as como las relaciones comercia-les entre distintos municipios. En el sur del Cesar la agricultura industrial, con grandes extensiones dedicadas al cultivo de pal-ma africana y arroz, tiene peso en la economa de la regin.

Es importante resaltar que la regin, a pesar de consolidarse como un centro de desarrollo econmico por la fuerte presencia de recursos preciosos, no ha podido reflejar esta condicin en la superacin de la pobreza y la miseria de la mayora de los habitan-tes rurales y urbanos, propiciando por el contrario la ampliacin de la brecha entre ricos y pobres. sta se evidencia en el contraste entre la mejora en la infraestructura de los centros urbanos en Ba-rrancabermeja, Puerto Berro y Cimitarra y el atraso marcado en las zonas rurales, e incluso en los barrios de invasiones y comunas populares de los mismos municipios (Comisin Andina de Juristas, 2003, pgina 84).

Por su parte, el departamento de Santander posee importantes recursos derivados del petrleo que se encuentra en el Magdale-na Medio santandereano; tambin cuenta con amplios terrenos dedicados a la agroindustria en el piedemonte de la cordillera oriental y vastos predios de ganadera extensiva, sobre todo en el valle. Su geografa resulta en un relieve quebrado producto de la Cordillera Oriental, tambin con gran nmero de afluentes h-dricos, entre ros y quebradas, que facilitan la movilidad de los GAI (Grupos Armados Ilegales) y dificultan el acceso de la fuerza pblica (Procuradura General de la Nacin, 2009, pginas 400-401).

El desarrollo de vas que comunican el oriente y el occidente del pas, as como el proyecto de la Troncal de la Paz que une el sur y el norte del pas han consolidado la regin como un punto de conexin trascendental para el control de las economas y el posicionamiento de estrategias de consolidacin de la paz (Otero, Silvia, 2008, Las carreteras en el gobierno Uribe hecatombe o enre-do?). Los ejemplos ms visibles son la ya mencionada Troncal del Magdalena y el Puente de Yond, que constituyen estrategias en-caminadas a la reactivacin del comercio entre regiones antao distanciadas por las complejas circunstancias de comunicacin y acceso y por la implementacin de la tesis de la accesibilidad

como punto de quiebre a las dinmicas de la violencia impuestas por las guerrillas y los paramilitares en dichas regiones (lasillava-cia.com, 2009, octubre 01).

Si bien es clara la intencin, y se registr desde mediados de los ochenta como una poltica de paz en la regin, sobre todo en el caso de la troncal de la paz, los hechos ocurridos durante los aos noven-ta y la primera dcada de dos mil, permiten afirmar que la misma fue ineficiente y no impidi el escalonamiento de la violencia y la ex-pansin del fenmeno paramilitar (El Tiempo, 9 de octubre de 1994).

1.1.2 Resea histrica del conflicto armado y las dinmi-cas sociales4

Los GAI relacionados con el fenmeno paramilitar han tenido presencia permanente en la zona desde mediados del siglo XX. All tuvieron origen Los Pjaros, expresin inicial de los grupos para-militares (Rivas y Rey, 2008, pgina 44; Comisin Andina de Juristas, 2003, pgina 88), y las primeras expresiones de autodefensas campe-sinas que, igualmente, son consideradas como la expresin inicial de las FARC (Snchez, 1990, pgina 23). Asimismo, el ELN naci en la regin, entre San Vicente de Chucur y Simacota, en 1965, donde tuvo una presencia activa hasta la dcada de los aos ochenta (Co-misin Andina de Juristas, 2003, pgina 89). Las FARC, que actuaban all desde mediados de los setenta, coparon posteriormente la zona y se consolidaron como grupo guerrillero predominante.

Durante los aos ochenta aparecieron varios grupos armados que fueron la base del paramilitarismo, entre ellos MAS (Muerte a Secuestradores), Los Tiznados y las Autodefensas de Puerto Boya-c, quienes luego se reconformaran como ACMM (Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio), su expresin ms reconocida.

4- Si bien la presencia de guerrillas en la regin y la posterior consolidacin del proyecto paramilitar en todo el territorio estuvo cruzado por distintas relaciones tejidas con las comunidades y con distintos sectores de la poblacin civil en lgicas de control y disputas, este documento presenta solo un panorama de la presencia sin ahondar en estas variables que pueden ser consultadas en otros trabajos acadmicos para comprender el fenmeno en toda su complejidad. Ver: Archila, Mauricio (2006), Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001, Colciencias, CINEP, Bogot DC.

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De tal forma despunt el proyecto paramilitar dirigido a la confrontacin con las guerrillas y en especial al ataque a su base social campesina que conllev tambin el debilitamiento de los procesos de organizacin social campesina que haban tomado fuerza en la regin con la creacin de la ANUC (Asociacin Na-cional de Usuarios Campesinos) as como a los proyectos pol-ticos de izquierda y sus lderes (Vicepresidencia de la Repblica, 2001, pgina 1) (Guerrero, Luis Alberto, 2013, pginas 15-134).

Durante esta dcada los grupos paramilitares fueron expan-diendo su control desde Puerto Boyac, Puerto Berro y San Vi-cente de Chucur, hasta los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare en Antioquia y El Carmen, Cimitarra, Simacota y Puerto Pa-rra en Santander; las acciones de estos grupos paramilitares con-taron con promocin, colaboracin o anuencia de la fuerza pblica (Comisin Andina de Juristas, 2003, pgina 91). En 1985 se produjo el primer informe estatal de reconocimiento de la implicacin de personal de la fuerza pblica en la organizacin y promocin de los grupos paramilitares (Procuradura General de la Nacin, 1985).

En Barrancabermeja, epicentro regional del Magdalena Me-dio, las condiciones de abandono estatal, las diferencias socia-les remarcadas por la explotacin de recursos naturales y la alta confrontacin derivada del accionar guerrillero, incidieron en la consolidacin de movimientos polticos de izquierda y sociales, especialmente durante las dcadas de los ochenta y noventa. Es-tos estuvieron encaminados a la proteccin de los derechos hu-manos y las reivindicaciones sociales, comunitarias y regionales, en su mayora de carcter pacifista y con implicaciones directas en la bsqueda de redistribucin de los recursos y de la tierra.

En dicha ciudad se conjugaron la histrica lucha sindical de va-rias organizaciones que defendan tambin los recursos naturales y la soberana de la USO (Unin Sindical Obrera)5, el surgimiento de Comits Cvico Populares con exigencias de servicios pblicos y mejoras regionales, las demandas campesinas por tierra y contra las violaciones sufridas y el movimiento viviendista que en buen

5- Unin Sindical Obrera, sindicato nacional de los trabajadores de la empresa estatal Ecopetrol.

grado representaba la insercin urbana de desplazados forzados y migrantes campesinos de la regin.

Estas dinmicas sociales lideraron una ola de marchas, paros y movimientos en todo el nororiente colombiano a finales de los aos ochenta, que consiguieron fuerte repercusin nacio-nal y dieron lugar a negociaciones y pactos directamente con-venidos con el gobierno nacional6.

Pero tambin se expresaron influencias polticas e interferen-cias militares desde las guerrillas FARC, ELN, EPL y M19 en las organizaciones sociales, lo cual redund en su radicalizacin, las propensiones a la confrontacin con el Estado y alent la repre-sin oficial y la propia actuacin paramilitar contra ellos. Esta si-tuacin se enmarc en el recrudecimiento de la llamada guerra sucia desatada tras la ruptura progresiva de las treguas conve-nidas entre el gobierno nacional y la mayora de ellas7 que tuvo muy grave y cruda expresin en esta regin con la continuacin del ataque sistemtico de los grupos paramilitares contra los mo-vimientos de oposicin poltica y de protesta social, que caus la muerte de varios miles de sus lderes y activistas en el mbito nacional.

A partir de all, en la regin se entroniz un alto nivel de con-frontacin poltica, social y militar, en medio de fuerte incidencia de las guerrillas y de expansin del paramilitarismo, que produjo altos costos en la poblacin civil. En los aos noventa cobraron fuerza nuevas organizaciones sociales con nfasis en la lucha por los derechos humanos, la resistencia a la guerra y en pro de la paz8.

6- Los paros cvicos regionales del nororiente colombiano, entre 1986 y 1989. Artculos, crnicas y reportajes sobre estos movimientos sociales en el Magdalena Medio y el nororiente pueden consultarse en las revistas Colombia Hoy, Solidaridad, Opcin y los semanarios Voz y Revolucin, en las ediciones comprendidas entre 1986 y 1990.

7- El Gobierno del presidente Belisario Betancur pact treguas bilaterales en 1984 con las FARC, el EPL y el M19 que duraron con las FARC hasta 1987 y con el EPL y el M19 hasta 1985.

8- Entre otras se resaltan las siguientes organizaciones de carcter civil: Asociacin de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), Organizacin Femenina Popular, OFP, el Comit de Derechos Humanos, el Comit Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), el Comit Cvico para la Convivencia Ciudadana, la Mesa de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, entre otras.

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Desde los aos sesenta la guerrilla de las FARC tuvo una pre-sencia predominante, sobre todo en la regin sur del Magdalena Medio a travs del Frente 4. Luego, durante los aos ochenta, ste se desdobl y expandi con los frentes 11, 12, 20 y 23 en Santan-der, el 24 en el sur de Bolvar, el 22 en Cundinamarca y el 9 en Antioquia. Posteriormente nacieron los frentes 37 en Bolvar y 46 en lmites entre este departamento y Santander. A finales de los noventa tom fuerza en la regin del Valle del Ro Cimitarra y en zonas de tradicional influencia del ELN (Vicepresidencia de la Repblica, 2001, pgina 1).

Adicionalmente, en Santander, el Frente Jos Antonio Galn hizo presencia en las provincias de Garca Rovira, Comunera, Vlez y Mares. Por su parte, el Frente 23 tuvo predominancia en la regin de Vlez, al igual que el 46, que tambin tuvo su zona de influencia en la provincia Comunera y en San Vicente de Chu-cur, en la provincia de Mares. El Frente 24 tuvo presencia en la provincia de Mares, especialmente en Barrancabermeja, el 25 en la regin de Garca Rovira y las Milicias Bolivarianas en el rea metropolitana de Bucaramanga y en Barrancabermeja.

El ELN, por su parte, operaba con mucha ms fuerza en la regin norte del Magdalena Medio, en los municipios del sur de Bolvar, Antioquia y Santander, especialmente en la zona de confluencia entre los santanderes y el sur del Cesar (Vicepresiden-cia de la Repblica, 2006, pginas 16-17). El grupo tuvo su periodo de expansin entre 1973 y 1980, a travs de los frentes Camilo Torres que lleg hasta los municipios del sur del Cesar, Jos Solano Seplveda en la regin del sur de Bolvar y el Capitn Parmenio en Santander, entre otros.

Durante los aos noventa se crearon nuevos frentes tales como el Manuel Gustavo Chacn en Barrancabermeja y sur del Cesar y el Hroes y Mrtires de Santa Rosa en el sur de Bolvar y Puerto Wilches (Santander). A inicios del ao 2000 apareci la Compa-a Simn Bolvar, que mantena presencia en el sur de Bolvar y la Compaa Comuneros con influencia en Santander. Segn datos del Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia

de la Repblica, en la ltima dcada del siglo XX, el ELN tuvo una mayor actividad armada, en comparacin con las FARC, en la regin del Magdalena Medio: el 63.4% (1.273) [de las acciones armadas] correspondieron al ELN, el 24.8% (470) a las FARC y el 12% restante a otras organizaciones (Vicepresidencia de la Rep-blica, 2006, pginas 2 y 3).

Asimismo, el Frente Efran Pabn Pabn del ELN operaba en la regin de Garca Rovira; los frentes Resistencia Yarigues y Claudia Isabel Escobar Jerez en las provincias de Soto y Ma-res, especialmente en el Bajo Rionegro y Barrancabermeja; el Frente Guillermo Antonio Vsquez Bernal haca presencia en las provincias de Vlez y Guanent; y, finalmente, el Frente urbano Diego Cristbal Uribe Escobar en el rea metropolitana de Bu-caramanga.

El EPL tambin tuvo presencia en Santander, principalmente en lmites con Norte de Santander entre los municipios de Rione-gro, Matanza, Surat y El Playn, mediante el Frente Ramn Gil-berto Barbosa Zambrano (Vicepresidencia de la Repblica, 2001b, pginas 5-8). Este Frente como tal actu hasta 1991, cuando se suscribi el pacto de paz entre el EPL y el Gobierno nacional, pero qued activa en esa regin una fraccin disidente que actu durante algunos aos (Villarraga y Plazas, 1994). A la vez, surgi otra disidencia del ELN con la denominacin ERP (Ejrcito Re-volucionario del Pueblo) que actu hasta 2007 entre la parte alta del sur de Bolvar y La Mojana sucrea9

1.1.4 Los paramilitares

Durante los aos ochenta, la regin del Magdalena Medio fue escenario propicio para la consolidacin de un proyecto narco pa-ramilitar que integraba elementos de la sociedad civil grandes empresarios, ganaderos y hacendados como la ACDEGAM (Aso-ciacin Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio), intimidados por la presin de las guerrillas, el cobro de extorsiones y el avance de las asociaciones campesinas que pro-

9- Se desmoviliz el 30 de abril de 2007 tras presiones de la fuerza pblica y de las FARC en su contra.

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pendan por la recuperacin de la tierra, proyecto narco paramili-tar que tambin contaba con el auspicio y participacin de la fuer-za pblica, donde fue trascendental la creacin de la Brigada XIV del Batalln Brbula (Puerto Boyac) del Ejrcito, con presencia en Cimitarra y Puerto Berro, desde donde se coordinaron acciones conjuntas y se proporcionaron armas a los grupos paramilitares.

En tal proceso fue determinante el emergente cartel de Medelln, en relacin con la creacin del MAS (Muerte A Secuestradores) y dems grupos paramilitares desde Puerto Boyac, como respuesta al accionar guerrillero que atentaba contra los intereses de la acu-mulacin de capital y el manejo del negocio ilegal del narcotrfico, pero tambin con el objetivo de atacar a su base social campesina de manera sistemtica con homicidios, desplazamientos y amena-zas (Cinep, 2004; Verdad Abierta, 23 de septiembre de 2011).

En este contexto, los grupos paramilitares fueron el resultado de dos procesos de conformacin y expansin distintos: las Auto-defensas de Puerto Boyac y Puerto Berro y las Autodefensas de San Juan Bosco Laverde posteriormente Frente Isidro Carreo y conocido como el modelo paramilitar de San Vicente de Chu-cur (Comisin Andina de Juristas, 2003, pgina 92). Estas ltimas tuvieron un proceso de expansin importante dentro de Santan-der no slo en la regin del Magdalena Medio santandereano sino tambin en la de Mares (Cinep, 2004), lo cual ocurre hasta mediados de los aos noventa, cuando la organizacin parami-litar se adhiere al Bloque Central Bolvar (BCB) y es finalmente cooptada por el Frente Juan Carlos Hernndez, que oper en la regin del bajo Simacota y el Carmen de Chucur hasta 200510.

Por su parte, las Autodefensas de Puerto Boyac llegaron a tener presencia en municipios del Magdalena Medio santandereano como Landzuri, Cimitarra, Puerto Parra, El Pen, Bolvar, San Vicente de Chucur y El Carmen hasta 1991, cuando se acogen a un proceso de desmovilizacin y sometimiento a la justicia con el gobierno de Csar Gaviria. Sin embargo, la desmovilizacin de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyac fracas y en 1994 se reorganizaron

10-http://www.verdadabierta.com/especiales-flash/Ubicacion_Bloque_Central_Bolivar.swf

bajo el mando de alias Botaln, quien haba participado en el proce-so de desmovilizacin como mando medio.

Desde 1982, y bajo el auspicio del modelo de Puerto Boyac, aparecieron las que luego se conoceran como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, quienes operaron entre el Magdalena Medio y el oriente antioqueo bajo el mando de Ra-mn Isaza. Este grupo paramilitar intent diferenciarse de las organizaciones auspiciadas directamente por los carteles de la droga y mantuvo cierta autonoma al seno de las AUC (Autode-fensas Unidas de Colombia) (Verdad Abierta, s/f). Ambas estruc-turas se desmovilizaron en el 2006, la primera en la vereda El Marfil en Puerto Boyac (el 28 de enero) y la segunda en el corre-gimiento La Merced en Puerto Triunfo (el 7 de febrero) (Cinep, 2004; Verdad Abierta, 26 de agosto de 2009).

De otra parte, tambin en el Magdalena Medio y Santander hi-cieron presencia las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, las cuales operaron principalmente en los municipios de Agua-chica, San Martn y San Alberto, en el sur del Cesar, y en Rione-gro, Lebrija y Bucaramanga en Santander. Aunque hacan pre-sencia en la regin desde finales de los ochenta, se reorganizaron bajo esta denominacin desde 1998, con alias Camilo Morantes en Santander, los hermanos Prada en el sur del Cesar y alias Ma-rio Zabala en Norte de Santander.

Como producto de la estrategia expansionista de las ACCU (Au-todefensas Campesinas de Crdoba y Urab), a travs de la conso-lidacin del proyecto del BCB (Bloque Central Bolvar), se dieron tensiones con los grupos de naturaleza ms regional, que termina-ron con la eliminacin de sus jefes principales y la cooptacin de las estructuras acfalas en el territorio. Tras la muerte de Camilo Morantes en 1999, un reducto en Santander pasa a formar parte del Frente Walter Snchez del Bloque Central Bolvar de las AUC, mientras que el grupo de Juancho Prada pas a llamarse Autode-fensas Campesinas del Sur del Cesar (ACSUC) (Vicepresidencia de la Repblica, 2001, pgina 9). Este ltimo grupo coadyuv a la crea-cin del BCB-SB (Bloque Central Bolvar - Sur de Bolvar) y estuvo

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bajo esta estructura hasta que problemas internos derivaron en la adhesin al Bloque Norte.

El Frente Walter Snchez, que operaba en Santander, fue ab-sorbido en 2002 por el Frente Fidel Castao del BCB-SB, y se desmoviliz en enero de 2006 con este Bloque. Por su parte, las ACSUC se desmovilizaron parcialmente bajo el nombre de Fren-te Hctor Julio Peinado Becerra (nunca antes utilizado) del Blo-que Norte, en marzo de 2006 (Verdad Abierta, diciembre 6 de 2010).

El BCB-SB adquiri esa denominacin en el 2000, aunque ya venan haciendo presencia desde 1998. Incursionaron al sur de Bolvar apoyados por las ya constituidas ACCU (Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab), las ACSUC, las Autodefensas de Puerto Boyac y Magdalena Medio y, finalmente, por el gru-po de Salvatore Mancuso. Conformaron los frentes Libertadores del Ro Magdalena (Cantagallo y San Pablo), Combatientes de la Serrana de San Lucas (regin del Brazo de Loba) y Vencedores del Sur (en los municipios de Ro Viejo, Regidor, Arenal, Simit y Santa Rosa del Sur).

El BCB tambin actu en regiones de Santander, Boyac y An-tioquia, incluso extendindose hasta Caquet, Caldas, Putumayo y Risaralda. Estuvieron bajo el mando de Macaco, Julin Bolvar y Ernesto Bez, primero integrados al proyecto aglutinador de las ACCU -las AUC- y luego de forma independiente con sus pro-pios estatutos y directrices. Tuvieron una fuerte relacin con el narcotrfico desde el Magdalena Medio hasta Putumayo. Su des-movilizacin culmin el 31 de enero de 2006 en el corregimiento de Buena Vista, en Santa Rosa del Sur.

Por orden del Frente Fidel Castao en 1999, el BCB-SB es-pecficamente con el Frente Patriotas de Mlaga expandi su presencia hacia la regin santandereana de Garca Rovira. Per-manecieron en la regin hasta el 2004, cuando fueron enviados a Puerto Berro para unirse a las desmovilizaciones del Frente Nor-deste Antioqueo, Magdalena Medio y Bajo Cauca, realizadas en 2005. El Frente Alfredo Socarrs, que operaba en la zona norte del departamento -entre Sabana de Torres, Rionegro, Lebrija, El Playn, Surat y Matanza- bajo el mando de Mario Zabala y Wi-

lliam, tuvo incidencia en la regin desde el 2000. Sus integrantes se desmovilizaron de manera dispersa entre el BCB-SB y el Fren-te Nordeste Antioqueo, Magdalena Medio y Bajo Cauca.

Por su parte, el Frente Cacique Guanent hizo presencia en las regiones de Guanent y Comunera (Santander) desde el 2000, como parte del BCB-SB. Igualmente, el Frente Lanceros de Vlez y Boyac ejerci control en la regin limtrofe entre Boyac y San-tander (Bolvar, La Belleza, El Pen, Vlez, Florin, Moniquir, entre otros municipios) desde el 2001. Se desmoviliz en Reme-dios (Antioquia) en 2005 (Verdad Abierta, 11 de enero de 2011).

Las AUC buscaron apoderarse de las zonas estratgicas de la regin, no slo para contrarrestar la presencia guerrillera sino tambin para frenar los movimientos campesinos. Igualmente, buscaban controlar zonas caracterizadas por los grandes lati-fundios, el negocio de la minera, la explotacin de recursos y el control de las rutas del narcotrfico. Para tal fin, la Serrana de San Lucas, as como los municipios de Barrancabermeja, Puerto Berro, Cimitarra y Puerto Boyac, eran enclaves determinantes para entrar al territorio y controlarlo.

En Santander, San Rafael de Lebrija se convirti en una de las bases paramilitares ms importantes debido a su posicin estratgica cer-cana a Bucaramanga y sus importantes rutas hacia el sur de Bolvar, sur del Cesar y Norte de Santander (Echanda, 2001). El municipio sirvi como campo de entrenamiento para los diversos frentes que operaban en la regin y fue objeto de un alto nivel de infiltracin en la institucionalidad (Vanguardia Liberal, 11 de marzo de 2010).

Es crucial considerar la vinculacin de estos grupos con el narcotrfico, en cuanto permite establecer conceptos precisos sobre la naturaleza de los mismos y de los ahora reconformados GAI (grupos armados ilegales) posdesmovilizacin. Aunque hay que entender que dicha relacin ha sido una constante en la regin, no puede considerarse el fenmeno paramilitar slo a partir de su insercin estructural con el narcotrfico, pues si bien este es un elemento determinante que afecta en buen gra-do su naturaleza como grupo armado ilegal, no agota sus moti-

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vos, sus propsitos ni el marco de relaciones, aliados e intereses que implica su actividad.

El posicionamiento en dichos territorios permita cortar vas de comunicacin y desestabilizar el control de los grupos insur-gentes, especialmente en comunidades donde la afectacin por la presencia de los mismos generaba descontento y debilitamiento de las dinmicas de acumulacin. El apoyo de sectores y comu-nidades enteras que sentan los impactos de la violencia, as como la implementacin de mecanismos violentos de desarticulacin social coincidan con la premisa paramilitar de estigmatizar el movimiento social pro derechos humanos y las exigencias civiles que apuntaban hacia el reconocimiento de la equidad social y la participacin poltica, estigmatizadas como expresiones guerri-lleras e izquierdosas.

No obstante, en la expansin del paramilitarismo en la zona -como a nivel nacional-, el narcotrfico fue condicin funda-mental: Es bien cierto que en buena parte de los aos ochenta su expansin y fortalecimiento en el sur de la regin se explica por el respaldo de los narcotraficantes ms reconocidos en ese enton-ces en el pas, pero con la muerte de Gonzalo Rodrguez Gacha y de Pablo Escobar, a finales de los ochenta y principios de los noventa, se produjeron fisuras y enfrentamientos internos (Vice-presidencia de la Repblica, 2001, pgina 9). A esto cabe agregar que no slo se imbrica el respaldo, sino tambin la puesta del aparato paramilitar al servicio del narcotrfico para consolidar el control de las rutas y propiedades adquiridas y usurpadas a travs del despojo en terrenos estratgicos y de gran productividad (Posada, 2009; Verdad Abierta, s/f 2).

1.1.5 Resistencia civil: exigencias humanitarias y de salida negociada al conflicto armado

El Magdalena Medio ha tenido un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil reflejado en la consolidacin de procesos or-ganizativos que abogan por la defensa de los derechos humanos y de las vctimas del conflicto armado. Se han conformado iniciati-vas de exigibilidad, incidencia poltica y liderazgo en programas

y proyectos regionales que han permitido el empoderamiento comunitario en temas de paz y generan receptividad y apoyo d

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