Nota a Vidal Con Listado de Reclamos Pendientes AJB Para Reunion 23-12-15 FINAL

7/25/2019 Nota a Vidal Con Listado de Reclamos Pendientes AJB Para Reunion 23-12-15 FINAL

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La Plata, 23 de diciembre de 2015.

Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires

Lic. Mara Eugenia Vidal

S / D:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en oportunidad de lareunin convocada para el da de la fecha a los fines de poner en su

conocimiento los principales reclamos pendientes de los trabajadores del Poder

Judicial provincial.

A tal efecto, aprovechamos para hacerle saber que la

Asociacin Judicial Bonaerense es la nica asociacin sindical con personera

gremial representativa de los empleados y funcionarios del Poder Judicial de la

Provincia, desde el ingresante hasta el de Secretario de cualquier nivel,

inclusive, cuya designacin no requiera acuerdo del Senado (conf. Personera

Gremial N 1446/85 otorgada por resolucin M.T.yS.S. N 944/85 y Estatuto

gremial aprobado por resolucin M.T.E.yS.S. N 996/08).

1. Ley de Paritarias:

Pese a su expresa consideracin constitucional (la

Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociacin de sus

condiciones de trabajo, art.39.4 Constitucin Provincial) y el extenso tiempo

transcurrido desde su sancin, los trabajadores judiciales an ven cercenado su

derecho a la negociacin colectiva de sus condiciones laborales.

Siendo que la casi totalidad de los trabajadores pblicos de la

provincia han obtenido el rgimen legal respectivo: leyes 13453 (trabajadores de

la administracin pblica provincial), 13552 (docentes), 14656 (municipales),

resulta imperioso cumplir con la manda constitucional y garantizar la

negociacin colectiva de los judiciales.

Luego de varios aos de dificultades para arribar a un consenso

al respecto, finalmente en el mes de julio de 2015 tom estado parlamentario un

proyecto de ley de negociacin colectiva1acordado entre la Asociacin Judicial

Bonaerense y la Suprema Corte provincial, e ingresado a la Legislatura por

iniciativa del Poder Ejecutivo; proyecto que lamentablemente no ha tenido

avances en su tratamiento.

1Enviado por el PE al Senado Provincial (Exte. 21200-86422/15-0).


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El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo a consideracin

del Senado provincial es el resultado de un dilatado proceso que culmina

satisfactoriamente en cuanto a su contenido, en tanto sus destinatarios son

quienes han contribuido a su elaboracin.

En tal sentido es, adems, una forma de dar cumplimiento a

obligaciones internacionales que, conforme la doctrina de nuestra Suprema

Corte de Justicia, resultan de observancia (cfr. SCJBA, Ferulano, Po Leonardo

y otros c. FACERA S.A. s. Amparo gremial, de fecha 05/10/2011 -causa L.

79.331-; SCJBA, Sandes, Hugo Ral c. Subpga S.A. s. Indemnizacin por

despido, de fecha 05/10/2011 -causa L. 93.122-, entre otros).

Ello a partir de sendos pronunciamientos del Comit de

Libertad Sindical y de la Comisin de Expertos en Aplicacin de Convenios y

Recomendaciones de la Organizacin Internacional del Trabajo en los que, ante

una queja presentada por la Federacin Judicial Argentina, se sostuvo que: El

Comit pide al gobierno que tal como lo dispone el art. 5to. del Convenio 154adopte las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas

si fueran necesarias, para fomentar la negociacin colectiva entre las autoridades

del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas (Caso 2881 del

Comit de Libertad Sindical, 364 informe, prrafo 231); y que: La Comisin

invita al Gobierno a que siga las recomendaciones del Comit de Libertad

Sindical y le recuerda que la asistencia tcnica de la Oficina est en su

disposicin(CEACR, 104 Reunin, 2015).

En el transcurso de la elaboracin del proyecto de negociacin

colectiva ingres a la Legislatura el proyecto de ley de Autarqua del Poder

Judicial, por lo que aquel no solamente tuvo en consideracin este rgimen, sinoque el primero tiene condicionada su efectiva puesta en vigencia a la sancin delsegundo.

Por este motivo, y ante la eventualidad que la aprobacin del

proyecto de ley de Autarqua requiriese de mayor tratamiento y demora en su

aprobacin, desde la AJB hemos propuesto la inclusin de una clusula

transitoria que, ante un diferimiento en la aprobacin del rgimen de autarqua,

establezca una inmediata vigencia del rgimen de negociacin colectiva de los

trabajadores judiciales.

2.

Restitucin del 3% de antigedad:

Histricamente, los trabajadores de los tres poderes del Estado

provincial gozamos de un reconocimiento salarial por los aos trabajados en el

sector pblico, fijado en un 3% -anual- del salario bsico de la categora de

revista.

Por medio de la ley 11.758, dictada a fines de diciembre de

1995 en el marco de una de las tantas crisis econmicas de la Provincia, se

redujo el porcentaje de la bonificacin por antigedad al 1%, manteniendo el

pago del 3% hasta el ao 1995 inclusive (art. 125 de la norma). Asimismo y en

forma inexplicable, desde ese entonces por el ao 1996 no se abona antigedadalguna.


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La sancin de la ley 13.354 vino a reparar, aunque

parcialmente, la reduccin de la antigedad operada por la ley 11.758, al

restablecer el pago del 3% de antigedad a partir del ao 2006 y fijando la del

ao 2005 en 2%.

De lo expuesto surge que el rgimen actual de pago de la

bonificacin por antigedad (ver Tabla 1), mantiene una reduccin entre losaos 1996 y 2005 respecto del valor histrico del 3%, que totaliza una diferencia

acumulada del 20% en aquellos agentes del Estado que poseen esos aos

trabajados.

Periodo Porcentajeantigedad

Hasta 1995 inclusive 3%

Ao 1996 0%

Entre 1997 y 2004 inclusive 1%

Ao 2005 2%

Desde 2006 en adelante 3%Tabla 1Rgimen actual antigedad

La restitucin del pago de la bonificacin por antigedad

respecto del perodo mencionado fue un reclamo sostenido en forma permanente

por nuestra asociacin sindical, renovado en cada negociacin salarial abierta

con el Ejecutivo a lo largo de los ltimos aos.

Es en este contexto que en la negociacin paritaria de este ao,

el Estado provincial asumi el compromiso de restituir paulatinamente los aos

de antigedad abonados por debajo del 3%, de acuerdo al esquema de la Tabla2.

Ese compromiso se materializ en un proyecto de ley

presentado por el Ejecutivo a fines de septiembre del presente aoingresado en

por el Senado provincial-, el que a la fecha tampoco ha tenido tratamientoadecuado.

Perodo AOPORCENTAJEANTIGEDADA LA FECHA

PORCENTAJEADICIONAL PARA

ALCANZAR LAALICUOTA DEL 3%

1 de enero de 2016(1996 -1998) 1996 0% 3%

1997 1% 2%

1998 1% 2%

1 de enero de 2017(1999-2002) 1999 1% 2%


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2000 1% 2%

2001 1% 2%

2002 1% 2%

1 de enero de 2018(2003-2005) 2003 1% 2%

2004 1% 2%

2005 2% 1%

Tabla 2. Esquema de restitucin de antigedad segn proyecto de ley con estadoparlamentario.

3. Licencia por violencia de gnero:

Este reclamo se enmarca en el conjunto de medidas para eliminar la

violencia de gnero, exigidas en las distintas movilizaciones populares

realizadas bajo la consigna Ni una menos.

Nuestra intencin es que la licencia para mujeres en "situacin" de

violencia de gnero est destinada a todas las trabajadoras de la Provincia. El

objetivo principal es llamar las cosas por su nombre para evitar que las licencias

psiquitricas perjudiquen los posteriores trmites de tenencia y rgimen de visita

cuando hay nias y nios de por medio y, por sobre todas las cosas, proteger la

fuente de ingresos de la mujer que le va a permitir autonoma necesaria para no

depender econmicamente del agresor. Esa es una de las razones por las cuales

las mujeres siguen soportando maltratos.

La sancin de esta ley permitir activar los mecanismos adecuados

para proteger y acompaar a las mujeres incorporando tambin al colectivo

trans-, llevar registros y estadsticas adems de proteger la identidad de la

vctima.

Lo ms importante es que la norma aspira a garantizar la plenavigencia de los derechos de las trabajadoras en situacin de violencia.

4. Restitucin del Sistema de porcentualidad salarial.Complementariedad con el sistema de enganchenacional:

La determinacin de las remuneraciones al interior del Poder

Judicial provincial ha plasmado a lo largo de toda su historia el establecimiento

de dos estamentos netamente diferenciados desde el punto de vista salarial: el de

los magistrados -jueces, fiscales, defensores y asesores de incapaces-, por un

lado; y el de empleados y funcionarios, por otro.


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La pelea llevada a lo largo de toda la historia de nuestra

organizacin por garantizar una distribucin equitativa de la masa salarial del

Poder Judicial se materializ en la reivindicacin del sistema de porcentualidad

salarial.

Este sistema establece una relacin porcentual de cada uno de

los niveles salariales que conforman el escalafn administrativo, respecto del

salario del Juez de la Suprema Corte, garantizando que cada incremento salarial

otorgado a estos ltimos impacte con la misma intensidad en el resto del

escalafn.

El sistema de porcentualidad en nuestra Provincia ha estadovigente en diferentes momentos de su historia, habitualmente sancionado por

gobiernos democrticos y derogado por gobiernos de facto.

El ltimo sistema de porcentualidad salarial fue instaurado por

la ley 10.374 a fines de 1985, y derogado mediante ley 11.489, a fines de 1993.

Desde la Asociacin Judicial Bonaerense se ha mantenido el

reclamo de reimplantacin del rgimen de porcentualidad salarial actualmente

vigente, con diferentes modalidades, en varias jurisdicciones provinciales y de la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires-, producindose importantes conflictos

colectivos ante la falta de respuesta por parte del Estado provincial.

El sistema de enganche nacional

El reclamo de reinstauracin del sistema de enganche con la

Justicia Nacional apunta a tornar operativa la garanta constitucional de igual

tarea por igual remuneracin, partiendo de la constatacin de la similitud de

funciones realizadas por los empleados y funcionarios en los distintos poderes

judiciales provinciales, as como en la Justicia Nacional y Federal.

En nuestra provincia, el sistema de enganche se consagr

normativamente a travs de la ley 11.017, estableciendo la equivalencia entre las

remuneraciones del Juez de la Suprema Corte provincial con el Ministro de la

Corte Suprema de Justicia de la Nacin. Asimismo, la aplicacin del enganche alresto del escalafn de la Justicia provincial se garantizaba a partir de la

aplicacin del sistema de porcentualidad consagrado por la ley 10.374.

Ambos sistemas -porcentualidad salarial y enganche nacional-

operaban en forma complementaria garantizando remuneraciones equitativas al

interior del Poder Judicial provincial y equiparadas a las establecidas en la

Justicia Nacional. La ley 11.017 fue derogada en diciembre de 1991 mediante

ley 11.197.

Aqu resulta importante resaltar que previo a la derogacin de

la ley 11.017, ante la obligacin del Estado provincial de aplicar un aumento

salarial dispuesto por la Corte Suprema de la Nacin, el entonces Gobernador

pretendi ilegtimamente suspender su aplicacin mediante decretos, los que

fueron impugnados judicialmente por la Asociacin Judicial Bonaerense.


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En efecto, en los autos "Asociacin Judicial Bonaerense

contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad decretos 3073/1991,

3640/1991 y 3641/1991 y leyes 11.195 y 11.196", ha quedado firme la sentencia

que declar inconstitucionales los decretos y leyes que suspendieron la

aplicacin de la ley 11.017, previo a su derogacin.

Como consecuencia de este fallo, la Asociacin Judicial

Bonaerense viene realizando un reclamo administrativo ante el Estado

provincial, con el objeto de lograr que se efectivice la liquidacin de diferencias

y adecuaciones salariales resultantes de la declaracin de inconstitucionalidad

antes mencionada.

5. Crisis de infraestructura edilicia:

Una de las principales problemticas en las condicioneslaborales de quienes trabajamos en el Poder Judicial de la Provincia es la

situacin edilicia, la que por su precariedad afecta seriamente la prestacin del

servicio de Justicia al tiempo que vulnera los derechos laborales de nuestros

representados plasmados en la normativa vigente en materia de seguridad e

higiene laboral.

La magnitud de la crisis edilicia ha motivado la declaracin de

emergencia de la infraestructura edilicia del Poder Judicial a travs de la ley

13.795 (diciembre de 2007), declaracin que a pesar de sus prrrogas 2 no ha

logrado sus objetivos ni redundado en un avance en el mejoramiento de la

situacin.

La falta de presupuesto adecuado a las necesidades de

mantenimiento de los edificios existentes y adquisicin de nuevos inmuebles

para la puesta en funcionamiento de dependencias creadas por ley, no slo

condena a trabajar en condiciones lamentables a miles de trabajadores y

trabajadoras judiciales, sino que adems ha puesto de manifiesto una

preocupante falta de planificacin en la poltica de infraestructura edilicia.

Esta ausencia de planificacin ha multiplicado la locacin o

compra de pequeos inmuebles, de excesivo costo e inadecuados para la funcin

que deben cumplir; y que adems se encuentran geogrficamente diseminados

en las ciudades con asiento de dependencias judiciales. Esto provoca un enorme,innecesario y costoso movimiento de expedientes y exige a los justiciables

realizar largos trayectos para poder completar trmites o gestiones entre los

diferentes organismos que intervienen en un mismo expediente.

Los proyectos para concentrar las diferentes dependencias

judiciales de una ciudad en edificios nicos o a travs de las denominadas

Ciudades judiciales han fracasado debido a las restricciones presupuestarias y

a la ausencia de voluntad poltica para encarar obras de envergadura.

2Leyes 13.946, 14.090, 14.187, 14.298, 14.402 y 14.260.


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6. Precarizacin de las condiciones de la estabilidad

laboral. La situacin de Pasantes y contratados:

La sancin de la Ley 12.404 durante el gobierno de Carlos

Ruckauf implant la flexibilizacin laboral en el Poder Judicial. La exposicin

de motivos de esa norma deca sin tapujos que la posibilidad de incrementar las

plantas de personal bajo un rgimen flexible y temporario, permitir a la

Suprema Corte de Justicia acudir en refuerzo de todo otro segmento del Fuero

Penal -y dependencia y organismos vinculados- que, por efecto de la

profundidad y dinamismo de los cambios operados, exterioricen la necesidad de

recurrir a mecanismos transitorios de sostn en procura de asegurar un adecuadofuncionamiento del sistema de su integridad.. y con ello autoriz al Poder

Ejecutivo, con la previa intervencin del Ministerio de Economa, a incorporar

hasta quinientos (500) cargos con destino exclusivo a la Planta Temporaria

Personal Transitorio del Poder Judicial.

Este fue el comienzo de los contratos de locacin de servicios

y locacin de obra, luego vinieron los contratos por tiempo determinado, la

tercerizacin de la limpieza de los edificios judiciales y finalmente las pasantas

gratuitas. Todas estas modalidades de contratacin laboral tienen el claro

propsito de abaratar el costo laboral.

La ecuacin es sencilla: se contrata mano de obra ms baratacon ningn o nfimo costo ante el despido por efecto de la naturaleza precaria de

la vinculacin legal con el Estado empleador, en violacin a la garanta

constitucional de estabilidad del empleo pblico (Art. 14 bis. Const. Nac.).

La muestra ms obscena de esta poltica de precarizacin en el

Poder Judicial se configura al amparo de una norma administrativaAcuerdo N

3102 SCJBA del 22/10/03- que reglamenta la figura de la pasanta en abierto

fraude a la Ley 26.427, y que permiti que entre la Suprema Corte de Justicia y

la Procuracin General suscribieran 13 convenios de pasantas con Facultades y

Universidades pblicas y privadas que les proveen de mano de obra estudiantil

que desarrollan tareas propias del personal de planta permanente en formagratuita (ver expediente nro.002152396-15-000 en trmite ante la Subsecretara

de Negociacin Colectiva del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos

pendiente de resolucin).

El Departamento Judicial de Mar del Plata es un caso testigo

de esta prctica laboral, segn los datos brindados por la Secretara de Extensin

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata a la

Asociacin Judicial Bonaerense entre los aos 2.013, 2.014 y hasta marzo del

2.015 trabajaron bajo esta figura en la justicia marplatense unos/as 254

estudiantes trabajadores/as.

El aporte de esta mano de obra gratuita no incluye aestudiantes trabajadores provenientes de las dos restantes casas de altos estudios

privadas de esa ciudad que tienen suscriptos convenios de pasantas con la


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Suprema Corte de Justicia y la Procuracin General y que trabajan bajo esta

modalidad.

Estos datos demuestran que es necesaria esa fuerza de trabajo

para el funcionamiento del Poder Judicial, aprovechada por la Suprema Corte de

Justicia y la Procuracin General como parte del Estado Provincial bajo las

reseadas figuras en violacin a los derechos humanos de naturaleza laboral y

jerarqua constitucional contenidos en nuestra carta magna nacional y provincial

y en los tratados internacionales de derechos humanos.

En funcin de lo expuesto, peticionamos la inmediata

regularizacin de esta situacin mediante el pase a planta permanente de todos

los trabajadores precarizados bajo esas modalidades contractuales.

Jorge SoteloSecretario Adjunto

Pablo AbramovichSecretario General

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