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La Rosa Blanca

Narvarte

México, D.F. a 11 de Agosto de 2012

Cada minuto 6 mexicanos se convierten en pobres.

Por: @ PonchaBeta y Smasher

Esta semana SIN EMBARGO.MX publicó una nota sobre la inflación alimentaria en América Latina. A pesar de que los salarios en México, en términos generales, permanecen en situación precaria, según información de la FAO, el nuestro es el país de América Latina que sufre la mayor inflación alimentaria, es decir, los alimentos son más caros. Por ejemplo, el precio del tomate rojo (o jitomate) se elevó más de un 51 % y el del tomate verde, un 23 %. Y no solo se elevó, sino que, durante el mes de junio, la inflación alimentaria superó el 8%, su nivel más alto desde octubre de 2009.

Mientras esto ocurre, y los mexicanos hacemos malabares con el dinero para cubrir nuestras necesidades básicas, llama la atención que un “indignado” Bruno Ferrari (titular de la Secretaría de Economía) haga evidente sus prioridades y pida que se castigue “con toda fuerza” a los responsables de los actos delictivos contra Soriana.

Según Notimex, Ferrari dijo: “Nos parece increíble que esté ocurriendo esto. Nos parece un acto cobarde, un

acto que debería ser sancionado porque además es un acto delictivo”.

Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo en avalar a quienes cometen cualquier tipo de delito, pero lo que realmente “parece increible”, es que tratándose de una empresa como Soriana (que ha sido relacionada con el fraude electoral y lavado de dinero) se hable por todos los medios de justicia y de un castigo “con toda la fuerza”, pero al hablar de políticos y funcionarios mexicanos corruptos, que roban con descaro a la nación, lo único que podamos esperar es silencio y total impunidad.

Como ejemplo tenemos al panista Javier Lozano Alarcón (ex secretario del Trabajo y Previsión Social) quien, durante su cargo como secretario (de 2008 a 2011) gastó más de 4 millones de pesos en centenarios. En el portal de obligaciones de Transparencia aparece el gasto como “Entrega de centenarios de acuerdo a las condiciones generales del trabajo” (SINEMBARGO.MX 7 Agosto 2012). ¿En qué condiciones generales de trabajo se necesita gastar el salario mínimo de más de 60 mil personas?

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¿A quién o quienes le fueron entregados esos centenarios comprados con dinero de los mexicanos? Mismos que, en su mayoría, viven en pobreza.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en lo que va de la administración de Felipe Calderón, en promedio, se convierten en pobres 8 mil personas por día, 348 por hora y seis por minuto. O sea que en el tiempo que a usted le toma leer este artículo, más de 10 personas se truenan los dedos (por primera vez) para pagar sus necesidades básicas.

En contraste, Alejandro Poiré (Secretario de Gobernación) nos habla de las verdaderas prioridades del gobierno, al decir que “la compra de un avión para uso exclusivo de la

Presidencia está contemplado en el presupuesto y es un asunto de seguridad nacional”, es decir, las 52 millones de personas en condición de pobreza tendrán que echarle más agua a los frijoles porque el nuevo avión, que tendrá un costo superior a los 750 millones de dólares, “se ha hecho (se comprará) conforme al presupuesto de egresos así autorizado” (Revista Proceso 31 Julio 2012).

Ejemplos hay muchos, podríamos nombrar más, y seguramente lo haremos en futuras entregas, pero para cerrar el presente artículo y parafraseando a Bruno Ferrari (secretario de Economía), nosotros pedimos: Que se castigue con toda fuerza a los cobardes que han permitido que millones de mexicanos vivamos en condición de pobreza.

La Democracia en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial

A poco más de un mes de la elección presidencial en nuestro país y después de las impugnaciones que se han presentado al Tribunal Electoral del Poder Judicial, parecería -o al menos es lo que han escrito y difundido analistas políticos y “comunicadores” en los medios- que el Tribunal dará como ganador a Enrique Peña Nieto, muy a pesar de las pruebas de compra de votos, lavado de dinero, gastos excesivos de campaña y en medios de comunicación (especialmente Televisa).

A pesar de todo, no se ha dicho la última palabra, por lo que creemos pertinente presentarles en este

espacio el artículo de opinión del Licenciado en Derecho por la UNAM Netzaí Sandoval Ballesteros, un joven de 29 años que se presentó en noviembre del año pasado a la Corte Penal Internacional, con una petición: Investigar por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a diversas autoridades mexicanas, entre ellas a Felipe Calderón Hinojosa.

Este artículo fue publicado en la Revista Contralínea el 29 de julio de 2012:

Quienes afirman que la elección del 1 de julio

se puede anular han descubierto el agua tibia.

Desde su creación, el Tribunal Electoral del

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Poder Judicial de la Federación cuenta con

facultades legales y constitucionales para anular

las elecciones.

Más que una posibilidad, la anulación es en

este caso una obligación legal. La compra

masiva de votos en todo el país que está

plenamente comprobada; la propaganda ilegal

del Partido Verde (que postuló a Peña) durante

la jornada electoral y en la veda, que constituye

un hecho público y notorio; el sorianagate y

el monexgate, denunciados por el Partido de la

Revolución Democrática (PRD) y el Partido

Acción Nacional (PAN); pero especialmente el

financiamiento privado que utilizó Peña Nieto

para su campaña y que superó con creces el

financiamiento público, obligan a que el

Tribunal Electoral anule la elección

presidencial. De otra forma estaría violentando

la Constitución Mexicana y su propia

jurisprudencia.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se

ha consolidado como el más fraudulento de la

endeble democracia mexicana. Esto lo expresa

el propio Tribunal Electoral, pues el 62 por

ciento de las elecciones que ha anulado en la

historia fueron fraudes orquestados por el PRI.

A través de sus prácticas enquistadas, dicho

partido ha logrado una vez más defraudar la

voluntad popular en las urnas.

Esta realidad se debe a deficiencias en nuestro

marco jurídico, pero fundamentalmente es

posible gracias a la tolerancia y la complicidad

de las autoridades electorales.

El presidente del Tribunal Electoral, Alejandro

Luna Ramos, emitió pronunciamientos

prejuzgando el caso que llegará a su

conocimiento.

Afirmó tácitamente que no anularán las

elecciones –aún sin conocer el asunto–, ya que

no otorgarían en “la mesa lo que no se ganó en

las urnas”. Por estas declaraciones, el

magistrado Luna Ramos debería ser excluido

del debate y votación de la calificación de la

elección presidencial, pues ha expresado que

tiene un prejuicio (algo inaceptable para un

juzgador) que afecta su imparcialidad. Con

ética, debería excusarse del asunto y si carece de

ella debería ser recusado por los partidos que

impugnan la elección. De otra forma pondría

en peligro la imparcialidad de toda la Sala

Superior del TEPJF, y hay que recordarle a los

magistrados y al establishment que los colocó

en sus puestos que la “apariencia de

imparcialidad” de un tribunal es un derecho

humano que puede controvertirse y dirimirse

en el ámbito de los tribunales internacionales.

Así, la presencia de Luna Ramos pondría en

juego la propia validez de la calificación de la

elección que emita el Tribunal Electoral.

En México existen procedimientos de selección

de representantes que se llevan a cabo sin

respetar los principios fundamentales de la

democracia.

En las elecciones mexicanas el principio de

publicidad no rige el proceso electoral.

Lamentablemente el escrutinio y cómputo es

una etapa cerrada a la supervisión ciudadana,

pues se prohíbe a los ciudadanos “normales”

presenciar el conteo de votos en las casillas.

Este simple argumento bastaría para anular la

elección en Alemania. De acuerdo con la Corte

Constitucional Federal de ese país (sentencia

del 3 de marzo de 2009, 2 BvC 3/07 and 2 BvC

4/07) la elección debe realizarse “ante los ojos

del público”: cada ciudadano debe comprender

de manera segura los pasos centrales de la

elección sin conocimientos técnicos previos, por

lo que si se lesiona el principio de publicidad de

la elección y no se posibilita un control efectivo

de los actos electorales, ni una verificación

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confiable del resultado –por parte de los

ciudadanos directamente– el proceso electoral

resulta anticonstitucional.

El 1 de julio no privó el principio de legalidad.

La violación a la ley que realizó masivamente y

de forma grave el Partido Verde durante la veda

electoral y el día de la elección bastaría para

que ese partido perdiera el registro, conforme al

artículo 101 del Código Federal de Instituciones

y Procedimientos Electorales (Cofipe), y para

que las elecciones fueran anuladas. Esto sería

posible con consejeros electorales con

principios, no con los actuales, que

demostraran estar postrados ante los mandatos

de las televisoras, que se negaron a transmitir el

primer debate y ellos no fueron capaces de

atreverse a pedir una cadena nacional para

lograr su mayor difusión. Evidentemente no se

atreverán a afectar los intereses del duopolio

televisivo quitando el registro al partido que les

permite tener su propia telebancada.

En cuanto al principio de equidad en la

contienda y la igualdad de oportunidades para

acceder a un cargo público, puede citarse el

grave rebase de tope de gastos de campaña en

que incurrió Enrique Peña Nieto. La discusión

ya no es si Peña Nieto rebasó ese tope (fijado

en 336 millones de pesos), porque sí lo rebasó

–como lo señalaron tanto el PAN como el

PRD– durante las primeras semanas de

campaña, sino que el tema realmente a resolver

de forma inmediata por el Instituto Federal

Electoral (IFE), a través de su unidad

especializada de fiscalización, y tomar en cuenta

el Tribunal Electoral al validar o anular la

elección, es la magnitud del rebase del tope.

Una violación adicional a los principios

constitucionales es que en las elecciones

mexicanas el voto no fue universal. Cerca de 2

millones de ciudadanos se han organizado y

reclaman que se les negó el derecho a votar en

las casillas especiales. Esto tiene una

explicación: el IFE decidió instalar únicamente

el 60 por ciento de las casillas especiales que la

ley le permitía ubicar. Con esta decisión, la

autoridad electoral violó el principio de

universalidad del sufragio.

Por otro lado, solicitar votos a cambio de

dinero y de promesas de paga o dádiva es un

delito, como lo establece el artículo 403,

fracción XI, del Código Penal Federal. Es

también una violación al Cofipe que el omiso

IFE debió evitar (pero ahora puede sancionar),

conforme a los artículos 4 y 347 de dicho

Código. La práctica política de México permite

que alguien que cometió flagrantemente delitos

electorales, en lugar de ir a prisión –como

jurídicamente correspondería–, pueda llegar a

la Presidencia de la República. El principio de

legalidad quedó destruido en estas elecciones.

Otro principio constitucional esencial en el

derecho electoral mexicano es la prevalencia del

financiamiento público sobre el privado. La

cantidad desmesurada de recursos empleados

por Peña Nieto permiten saber que empleó más

dinero de origen privado (basta ver el

financiamiento que recibió a través de contratos

con Televisa, revelados por The Guardian, o el

dinero que se utilizó a través de Soriana y

Monex). Por lo tanto, en la elección del 1 de

julio también se violó este precepto

constitucional.

Si Peña Nieto utilizó más dinero privado que

público durante su campaña, el Tribunal

Electoral está obligado a anular las elecciones.

Esta obligación deriva de su propia

jurisprudencia (ver la tesis XX/2004; la

jurisprudencia S3ELJ 23/2004, en lo relativo a

la prevalencia del financiamiento público; y las

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sentencias SUP-JRC-165/2008, SUP-JRC-

604/2007 y ST-JRC-15/2008).

Se estima que Peña Nieto erogó en su campaña

4 mil 599 millones de pesos. El financiamiento

público del PRI para 2012 fue de 1 mil 644

millones de pesos. Incluso suponiendo que todo

el financiamiento público hubiera sido

destinado a la elección presidencial, existiría

más financiamiento privado (unos 2 mil 955

millones) que público (1 mil 644 millones). Si

este escenario se confirma, no es que el

Tribunal Electoral pueda anular las elecciones,

es que tiene la obligación constitucional de

hacerlo.

La mera celebración de votaciones no basta

para dar validez a la elección de representantes

públicos. La democracia es el gobierno del

pueblo y las reglas que impone ese pueblo para

que el gobierno pueda ser obedecido se

expresan en la Constitución. Si en México no

se respetan los principios constitucionales

básicos, entonces no existe democracia. La

desobediencia civil está, por lo tanto, a

lavuelta de la esquina.

Notas en corto:

Cada día son más los ataques que reciben los periodistas mexicanos ya sea por parte del narcotráfico, el crimen organizado y del propio gobierno (recordemos a Mario Marín, el “gober precioso), quienes tratan de impedir que se ventilen temas “incómodos” para ellos. Tan solo en esta semana, Lydia Cacho se vio obligada a salir de México después de recibir nuevamente amenazas de muerte "No te metas con nosotros o te vamos a mandar a casa en pedacitos" es lo que le dijeron por teléfono.

Lydia explicó que “al parecer las amenazas provienen de algunos presuntos delincuentes que habían sido señalados en su libro "Esclavas del Poder" y que estaban vinculados

con la trata de mujeres para la prostitución.” (regeneración.mx). También esta semana Gabriel Bauduco, editor de la revista Play Boy México recibió amenazas de muerte vía correo electrónico. Gabriel difundió un video donde explica él mismo que aún no sabe cuál fue el tema -publicado en su revista- que desató dicha amenaza y que ya realizó las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Lo cierto es que, en México, la libertad de expresión es mas un discurso autocomplaciente que una realidad, y nuestros “representantes” en el gobierno, tampoco hacen nada por garantizarnos este derecho constitucional.

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Aviso importante: FOVISSSTE, SAR y otras prestaciones. Por: Humerto

En 1972 fue creado el FOVISSSTE (fondo de vivienda para los cotizantes al ISSSTE), dicho fondo se constituyó con la aportación del 5% del sueldo base de cotización, obligación que corresponde cubrir al patrón, no obstante los fondos de vivienda son patrimonio del trabajador por disposición constitucional y legal; posteriormente en el año de 1992 se creó el sistema de ahorro para el retiro (SAR) que se compone de las siguientes subcuentas: 1. Ahorro para el retiro, con el 2% del sueldo -paga el patrón-. 2. Ahorro voluntario 3. Ahorro para la vivienda, con el 5% del sueldo -paga el patrón-.

En este proceso se suscitó una irregularidad por lo que toca al fondo de vivienda, puesto que para los trabajadores que laboraron previo a la entrada en vigor del SAR, sus estados de cuenta aparecieron en ceros, haciendo caso omiso del fondo de vivienda acumulado, el cual debió aparecer en la subcuenta de vivienda.

Otra anomalía consiste en que el estado de cuenta del SAR no viene desglosado, es decir, no aparecen los detalles de las aportaciones y los rendimientos, solo aparecen cifras en bruto. Esta oscuridad del estado de cuenta no permite al trabajador saber si el patrón cumplió en tiempo y forma con su obligación, así como tampoco permite conocer los rendimientos que deben pagar las afores por el 2% y el FOVISSSTE por el 5%.

Y hay mas irregularidades en el estado de cuenta, ya que si revisamos los totales encontramos con

frecuencia que el 2% es mayor al 5%, lo cual resulta absurdo y dudoso puesto que el 5 es 150% mayor al 2.

Es pertinente recordar que el FOVISSSTE es un organismo financiero de carácter social con facultades para cobrar y pagar intereses y con el deber de vigilar por el buen manejo de los fondos a su cargo.

Los fondos de vivienda no prescriben y son irrenunciables, prueba de ello es que, el 3 de agosto del 2011, la junta directiva del ISSSTE publicó un acuerdo en el diario oficial de la federación donde reconoce que adeuda los fondos de vivienda 1972-1992, por lo que ordena al FOVISSSTE devolver dichos fondos, sin embargo se niegan a pagar los intereses y el valor real del dinero, tal como su propia ley los obliga.

Por lo anterior, se recomienda a todos los compañeros trabajadores que reclamen la devolución de los fondos de vivienda 1972-1992, así como la aclaración de los estados de cuenta del SAR y el pago de las diferencias que pudieran resultar.

También debe revisarse el descuento del ISR, ya que se han encontrado numerosos casos de descuento indebido.

Esa situación también se ha presentado con los préstamos hipotecarios y los préstamos personales. Lo mismo podemos decir del cálculo y pago de pensiones y el pago del remanente de los préstamos hipotecarios saldados.

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El laberinto del gato

De: Jaime Ortíz Alvarez

Me pareció ver un gato negro en los anaqueles

donde están las cartas. Las cartas están en

sobres. Los sobres se encuentran agrupados en

cincuentenas. Las cincuentenas están atadas.

Los atados a su vez acomodados en pilas. Las

pilas ocupan todo el espacio de los anaqueles.

Los anaqueles se suceden uno tras otro

cubriendo por completo todas las paredes. Las

paredes forman innumerables cuartos y

pasillos. Los cuartos y pasillos se suceden unos

tras otros comunicándose entre si, a través de

angostos marcos sin puertas. En este lugar

construido sin sentido alguno, muchas veces

veo un gato negro, pero de inmediato

desaparece, tal cual se desvaneciera en el aire,

entonces pienso que solo fue una ilusión, que

en realidad no lo vi, que solo me pareció ver

un gato negro en los anaqueles donde están

apiladas las cartas. Aquí camino días y noches

ordenando los atados de sobres, donde están

las cartas que me has escrito y las que yo te

escribí y que jamás te envíe. Hay días en que

tengo dificultad para hacerlo, ya que el criterio

de orden en los anaqueles, es indistintamente

por fecha, por tema o por color del timbre

postal, yo mismo lo he cambiado cada vez que

me parece ver un gato negro merodeando en

los anaqueles.

En casi todas las cartas, te decía que interrumpí

la escritura de la anterior porque me pareció

ver un gato negro, cosa que no es posible,

porque en esta construcción nunca los ha

habido. Aquí, además de anaqueles y pilas de

atados de cartas, sólo hay una mesa en un

pasillo, a la que me siento varias veces al día a

contestar las cartas que me has escrito.

Siempre que lo hago, siento una mirada y al

buscar de donde viene, encuentro el brillo de

los ojos de un gato negro en la estantería,

luego desaparece.

Sin embargo, cuando logro olvidarme de ello,

recorro una y otra vez toda la construcción,

para ordenar las malogradas cartas que

contestan las muchas que recibo de ti cada día.

He olvidado cuantos años han pasado desde

que recibí la primera, sé que son muchos e

incontables, sé también que son los mismos

años en que no nos hemos visto. Pero no

siempre ha sido así, por eso tú me escribes, y

yo a cambio, siempre trato de contestarte, y

aveces como hoy, he conseguido terminar esta

carta que ya he puesto en un sobre con timbres

postales para llevarla al correo. Por eso ahora

recorro apuradamente este laberinto, doblo lo

mismo a la izquierda que a la derecha, mirando

de reojo los incontables atados de sobres

apilados con nuestras cartas ordenadas por

fecha, por tema o por color del timbre postal,

cruzo una y otra vez los marcos sin puertas que

comunican los cuartos con los pasillos y los

pasillos con los cuartos, pero al llegar a la

puerta de salida de esta construcción, no la

cruzo, porque frente a mi se aparece un gato

negro y los gatos negros son de mala suerte.

La información aquí vertida fue recopilada de: Revista Proceso, La Jornada, SIN EMBARGO.MX, Revista Contralínea, Notimex, Regeneración.mx y periódico Reforma.

Gracias a la colaboración de: Maki, Jaime, Menyu, Poncha Beta, Smasher, David y Humberto.

Todos los sábados a las 11am se realizarán mesas informativas de este y otros temas en el foro Joaquín Pardavé del parque Las Américas ubicado entre las calles de Caleta, Zempoala y Diagonal San Antonio, col. Narvarte.

También los sábados pero a las 5pm tendremos funciones en nuestro cine club y después de la función se realizará un cine debate. La cita es en el café “Grela” ubicado en Caleta No. 554 PB, esq. Mitla, Col. Narvarte. La entrada es libre!! Solo se paga el consumo.