Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas en Centro y ...
Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas · La desaparición de una persona es una...
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LA JUSTICIA
NOLO H.
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G. V
PLAN NACIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
(1980 — 2000)
I. PRESENTACIÓN
La desaparición de una persona es una situación que afecta de manera permanente a sus
familiares como a su entorno. La incertidumbre, el no saber y, en muchos casos, la negación y
el estigma que acompañan la desaparición y la búsqueda de personas en situaciones de
extrema violencia, son circunstancias que afectan la vida individual y familiar, impidiendo
cerrar el proceso de duelo y perpetuando el daño causado en tanto se desconozca su
paradero. Esta práctica constituye una afrenta a la conciencia mundial y una grave ofensa a la
dignidad intrínseca de la persona humana.
En el Perú, durante los años de violencia (1980 — 2000), el número de personas desaparecidas
se estima en más de 13,000, y son muchos los familiares que después de 30 años siguen
esperando una respuesta sobre su paradero. Por ello, es una obligación impostergable del
Estado hacer todos los esfuerzos necesarios para su búsqueda.
El 22 de junio de 2016, se promulgó la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas
Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000, norma que tiene por finalidad
priorizar el enfoque humanitario en el proceso de búsqueda, articulando y disponiendo las
medidas relativas a su ubicación, recuperación, análisis, identificación y restitución de los
restos humanos, si fuera el caso. Asimismo, esta norma dispone que el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MINJUS) es la entidad competente para aprobar, implementar y hacer
seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En esta medida, el MINJUS presenta este documento marco que contiene los lineamientos del
proceso de búsqueda de personas desaparecidas, denominado "Plan Nacional para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas" (PNBPD), que se enmarca en la política pública del
Estado peruano establecida por la Ley N° 30470. Este documento describe los antecedentes, el
diagnóstico, el marco legal, los principios, la fundamentación, las situaciones a las que
Vesponderá el Plan, el objetivo general y los objetivos específicos, la estrategia metodológica y
os alcances generales para la implementación del Plan.
asimismo, este documento incorpora las experiencias nacionales e internacionales sobre la
ateria, los desarrollos conceptuales y normativos de la problemática, así como las propuestas
planteadas por organizaciones de familiares, de la sociedad civil y los distintos sectores
gubernamentales involucrados.
Es importante mencionar que el PNBPD se articulará con tres documentos que le son
complementarios. El primero, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos que determina el órgano de línea que se hará cargo del tema,
además de precisar sus funciones. El segundo, el denominado "Manual de Gestión de Procesos
de búsqueda de personas desaparecidas" que detalla el conjunto de procesos y
procedimientos que llevará a cabo el órgano de línea con el fin de implementar el plan. El
tercero, el "Plan de Acción" que desarrolla las estrategias planteadas en los tres objetivos
específicos que presenta este documento, define las acciones a realizarse anualmente, en base
a un diagnóstico e identifica los indicadores y fuentes de verificación respectivos que darán
cuenta de los avances en el proceso de búsqueda y la eficacia de las estrategias aplicadas.
Posteriormente, se elaborarán planes anuales o multianuales de acuerdo con el resultado de la
evaluación del primer plan de acción.
4
II. ANTECEDENTES
Los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas se iniciaron en la década de los
ochenta, a partir de búsquedas individuales de las familias y denuncias presentadas ante el
Ministerio Público, las cuales recibieron respuesta parcial o nula. En ese contexto, se formaron
asociaciones de familiares, que junto a los organismos de derechos humanos, iniciaron una
labor de incidencia para que se les brindara respuesta sobre el paradero de sus seres queridos.
En 1983, se funda la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y
Desaparecidos del Perú — ANFASEP y, posteriormente surgen otras organizaciones, como la
Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP). Las
demandas de los familiares fueron respaldadas por diversos organismos internacionales, como
Amnistía Internacional.
A finales de los años 90, la necesidad de miles de peruanos de encontrar a sus familiares
desaparecidos, se hizo más patente cuando empezaron a reportarse sitios de entierro que
fueron intervenidos apresuradamente y sin criterios técnicos ni científicos, sin la intervención
profesional, adecuada e inclusive sin la presencia de un Fiscal. Esta situación puso en evidencia
la carencia de recursos forenses en el país. En este contexto, en 1997, un grupo de
profesionales con conocimiento técnico forense y experiencia en el Tribunal Penal
Internacional de la ex Yugoslavia y Ruanda, decidió crear un equipo bajo la denominación de
Grupo Técnico de Antropología Forense (GTAF) de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos. En el año 2001, este grupo crearía el Equipo Peruano de Antropología Forense
(EPAF). Ese mismo año se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo informe
final fue entregado en el 2003, adjuntando la "Lista Consolidada de la Base de Datos de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación" con 8,558 casos de desaparición forzada. Además,
presentó un "Registro Nacional de Sitios de Entierro" con información de 4,644 sitios a nivel
nacional'. Finalmente, se propuso un "Plan Nacional de Investigaciones Antropológico
Forenses" (PNIAF).
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NOLO H.
El PNIAF fue pensado en relación con las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada
y, si bien se mencionaron aspectos humanitarios y psicológicos de la búsqueda, se enfatizó que
las investigaciones debían desarrollarse dentro de procesos judiciales que incluyeran los
allazgos como parte del acervo probatorio. Además, se planteó la centralización de la
úsqueda mediante la creación de una Comisión y una Oficina de Personas Desaparecidas y se
encionó la importancia de desarrollar un sistema de base de datos y protocolos acordes con
stándares internacionalmente aceptados.
En el año 2002, la Defensoría del Pueblo y el EPAF publicaron el "Manual para la Investigación
eficaz ante el hallazgo de fosas con restos humanos en el Perú"2. Entre sus recomendaciones
estaba la creación de una Fiscalía Especializada como un modelo institucional y técnico para la
intervención en casos de exhumaciones de fosas. Mimaban
Dono,
Lamentablemente, no se puso en práctica el PNIAF, por ello instituciones del Estado y de la
sociedad civil realizaron acciones independientes en relación con el tema de los desaparecidos,
con bajos niveles de coordinación.
Posteriormente, desde el Ministerio Público se impulsaron investigaciones orientadas a la
persecución de delitos y, en agosto de 2003 se creó el Equipo Forense Especializado del
Instituto de Medicina Legal (EFE), con el objetivo de realizar investigaciones forenses
dispuestas por la entonces Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones
1 De estos, 2,234 se encuentran en Ayacucho. En años recientes la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
identificó otros 1,818 sitios de entierro en dicha región. 2
Defensoría del Pueblo - EPAF: Manual para la Investigación eficaz ante el hallazgo de fosas con restos humanos en
el Perú". Lima —Perú. 2002
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Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas. Además, se encomendó al EFE la
realización de investigaciones preliminares, el análisis de restos exhumados y la presentación
de informes periciales correspondientes. En el año 2008, se creó el Laboratorio de
Investigaciones Forenses, con sede en la ciudad de Ayacucho, sin embargo, este Laboratorio —
importante para estas labores- no cuenta aún con el presupuesto suficiente para su adecuada
implementación.
Por otra parte, se formó un nuevo equipo forense denominado Centro Andino de Investigación
Antropológico Forenses - CENIA. Este junto con el EPAF, actuaron como peritos en las
investigaciones fiscales y orientaron esfuerzos hacia la investigación forense preliminar y la
capacitación principalmente. La información generada durante esos procesos ha sido
manejada de forma separada por las instituciones involucradas, por lo que no se cuenta con
cifras precisas sobre el número de personas desaparecidas.
Con relación al acompañamiento psicosocial, este se dio de manera escasa y fue asumido
principalmente por organismos no gubernamentales. En abril del año 2012, se aprobó el
"Documento técnico: Lineamientos para el acompañamiento psicosocial a familiares de
personas desaparecidas" del Ministerio de Saluda. Asimismo, se empezó a capacitar para la
aplicación de este documento a profesionales de la salud mental en las zonas más afectadas
del país. Si bien los lineamientos constituyeron un avance importante en el tema, esto es
insuficiente para atender la magnitud de la problemática.
En octubre de 2012, la Mesa de Trabajo en Acompañamiento Psicosocial en procesos de
búsqueda de personas desaparecidas4 desarrolló un seminario con la participación de
representantes de diversas instituciones privadas y públicas como el Ministerio Público,
Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, entre
otras, producto del cual se arribó a un consenso respecto a la necesidad de una política pública
para atender la problemática de desaparecidos. Dicha política estaría destinada a promover la
búsqueda, identificación y restitución de los restos mortales de las personas desaparecidas a
causa de la violencia 1980-2000, y atender las necesidades emocionales, materiales, logísticas
y de información de los familiares durante los procesos de búsqueda.
. DIAGNÓSTICO
De lo señalado en los antecedentes se aprecia que no se cuenta con una información precisa e
inequívoca sobre el universo de personas desaparecidas. Son distintas las fuentes que señalan
cifras de personas desaparecidas. Así tenemos que el Informe Defensorial N° 55 "La
Desaparición Forzada de Personas en el Perú", publicado en el año 2000, dio cuenta de 5,525
expedientes relativos a denuncias por desaparición forzada tramitados por el Ministerio
Público entre los años 1983 y 19965 .
S. Cori A
3 Este documento tomó como base el "Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial
en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias
o extrajudiciales"
4 Integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Redinfa, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
Equipo Peruano de Antropología Forense, Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política - CONAVIP,
Centro de Atención Psicosocial, Ministerio de Salud, Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal,
Defensoría del Pueblo, y Comisión Multisectorial de Alto Nivel (Curan). s
DEFENSORIA DEL PUEBLO. A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un
proceso inconcluso. Informe Defensorial N° 162. Lima, 2013, p.148.
6
Por su parte, la CVR reportó 8,558 casos de personas desaparecidas. Posteriormente, la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el EPAF reportaron a su vez nuevas cifras de
personas desaparecidas: 12,027 y 13,271 respectivamente6.
El EFE, realizó en el 2008 el cruce de la información existente en diferentes listados llegando a
la cifra de 13,256 personas desaparecidas'.
Finalmente, el Consejo de Reparaciones tiene inscritos en el Registro Único de Víctimas hasta
octubre del presente año 8,994 casos de personas desaparecidas.
Como se ha indicado, la labor del Ministerio Púbico y del EFE ha sido importante pero
insuficiente para responder a la demanda de los miles de familiares de encontrar una
respuesta sobre el paradero de sus seres queridos y de recibir atención a otros tipos de
necesidades, como el acompañamiento psicosocial y el apoyo material y logístico.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha advertido limitaciones que se presentan cuando la
búsqueda de personas desaparecidas se enmarca en una investigación judicial o fiscal. La
primera de ellas, es la falta de acceso a toda la información disponible. Asimismo, la
sobrecarga procesal de los fiscales es un impedimento para un mayor avance de las
investigaciones forenses.
Durante la labor desarrollada por el EFE desde el año 2002 a octubre del 2016 se han
exhumado 3,528 individuos y se ha identificado a 2,084 individuos. Hasta el momento, cerca
de 900 restos óseos recuperados permanecen almacenados en instalaciones del Ministerio
Público, pues principalmente se carecen de los recursos necesarios para identificarlos a través
de técnicas como el ADN.
Otra limitación es que no se contempla el acompañamiento psicosocial a los familiares durante
las distintas etapas del proceso de búsqueda. Pese a los diferentes esfuerzos de capacitación y,
en algunos casos, el trabajo coordinado entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado,
o se ha logrado formar equipos permanentes de salud mental para brindar atención a
blaciones afectadas por la violencia. Los especialistas en atención de salud mental y en
vestigación forense son escasos y no se dan abasto para atender la demanda.
G. VIGNOLO De otro lado, el universo de personas desaparecidas presenta rasgos culturales diversos que
no han sido incorporados en el desarrollo de los procesos de búsqueda, lo que se agrava
•orque los especialistas rara vez se comunican en el idioma materno de los familiares.
i finalmente, no se contempla el apoyo material y logístico una vez que los restos son
dentificados y entregados, a fin de que sean trasladados a sus zonas de origen y sepultados
conforme a sus costumbres. Esta labor la viene desempeñando la Comisión Multisectorial de
Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la
paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN) con apoyo del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), pero no forma parte de una política sostenida y los
recursos son cada vez más escasos.
6 Ibídem.
7 Información brindada por el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.
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LA JUSTICIA
S. CM A.
IV. MARCO LEGAL
a. Legislación nacional
• Constitución Política del Perú.
• Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de
violencia 1980-2000.
• Ley Nº 28413, Ley que regula la Ausencia por desaparición forzada durante el
periodo 1980-2000.
• Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0015-2006-JUS y sus modificatorias.
• Resolución Ministerial N° 0167-2016-JUS. Constituye el Grupo de Trabajo
encargado de brindar asesoría durante el proceso de implementación de la Ley N°
30470.
• Resolución Ministerial N° 299-2012/MINSA, que aprueba el Documento Técnico
"Lineamientos para el acompañamiento psicosocial a familiares de personas
desaparecidas".
• Resolución Ministerial N° 250-2016/MINSA, que aprueba "Los Lineamientos para la
Atención en Salud Mental a Personas Afectadas por la Violencia durante el Período
1980-2000.
• Resolución Viceministerial N° 0014-2016-JUS, por la cual se encarga a la Secretaría
Técnica del Consejo de Reparaciones la elaboración de una propuesta que
contemple las medidas que debe asumir el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos para la implementación de la Ley Nº 30470.
b. Legislación internacional
• Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.
• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas.
• Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales,
Arbitrarias y Sumarias. Protocolo de Minnesota.
• Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre Trabajo Psicosocial en
procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones
forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales.
• Resolución de OEA sobre el Derecho a la Verdad.
• Resolución de OEA sobre las personas desaparecidas y la asistencia a sus
familiares.
PRINCIPIOS8
• Enfoque de derechos humanos: Todas las acciones desarrolladas deben basarse en el
reconocimiento de la dignidad y el valor de la persona humana, así como en el carácter
universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos de las víctimas.
8 Están basados en los Principios Éticos del Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre Trabajo
Psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones
arbitrarias o extrajudiciales.
8
MINeM • Mis 1,4 Modo.
AFtACIONES
• Enfoque humanitario: Atención centrada en el alivio del sufrimiento, la incertidumbre y
la necesidad de respuestas de los familiares de las personas desaparecidas. Priorizar el
enfoque humanitario significa orientar el proceso de búsqueda de manera que éste
tenga un efecto reparador en las familias, sin que ello signifique alentar o dificultar la
determinación de responsabilidades penales.
• Enfoque diferencial: Todas las acciones desarrolladas deben considerar las
particularidades, expectativas y necesidades de la población con la que se trabaja, entre
ellas, su contexto regional, social, político, económico, histórico y cultural, y sus
características de género, generación, etnia, lengua, espiritualidad, orientación sexual,
formas de organización y sistemas de justicia tradicionales, así como otras circunstancias
personales y sociales diferenciadoras.
• Acción sin daño: Todos los equipos implicados en el proceso de búsqueda de personas
desaparecidas deben ante todo garantizar que no se genere más daño a las víctimas y
que se fomente la realización de acciones que tengan un carácter reparador. Todas las
acciones que se desarrollen deben tener como sentido y fin último el cumplimiento de
las necesidades de las víctimas y sus familias, así como generar actuaciones orientadas
hacia su inclusión y participación en los procesos de búsqueda.
1 M le` más lejanos: Nepal, Sri Lanka, Lebanon, Iraq, Uganda, Sierre Leona, Timor del Este, entre otros,
Y 'L hUb HUnIallt. el CICR ha encontrado que el "saber qué pasó con sus seres queridos y que los busquen" es
DE Ecnoutudos una necesidad prioritaria de los familiares, que requiere que ellos sean partícipes de las YAC 0 ALA JUSTICIA
G. VI oLo H. estrategias de búsqueda y cuenten con acompañamiento psicosocial.
El derecho a la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como la
desaparición forzada, ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional (TC) como un derecho
utónomo y constitucional, considerando que este se funda en la dignidad del hombre y en los
rincipios del Estado democrático de derecho. Este abarca dos dimensiones: colectiva, en el
ntendido que la sociedad en su conjunto tiene el derecho de conocer la verdad sobre los
echos dolorosos ocurridos en contextos de violencia, que se traduce en la posibilidad de
S. Cori A. conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales tales acontecimientos
ocurrieron; y la dimensión individual, pues los titulares del derecho a la verdad — las familias de
las víctimas de desaparición forzada, en este caso - tienen el derecho a saber, entre otros, el
paradero de su ser querido. Para el TC, el conocimiento de estas circunstancias es de carácter imprescriptible9.
VI. FUNDAMENTACIÓN
La desaparición de una persona implica una vulneración múltiple de derechos fundamentales,
además de generar dolor, angustia e incertidumbre constante en sus familiares. Sus efectos no
solo atañen a la dignidad de la persona desaparecida, afectan también con sus secuelas el
tejido social, la economía del hogar y hasta la condición jurídica de sus familiares.
En estudios respecto a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas en la
región: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Colombia y Perú; así como en contextos
9 STC 2488-2002-PHC. Genaro Villegas Namuche. Sentencia de 24 de marzo de 2004. F.J. 8 y 9
9
En los casos de desaparición forzada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado la necesidad de garantizar el derecho a la verdad y ha insistido en la necesidad de impulsar todas las acciones que se requieran para determinar la suerte o destino de la víctima y la localización de su paradero. En un caso peruano, la Corte sostuvo que:
"El Tribunal reitera que el paradero del señor Anzualdo Castro aún se desconoce, por lo que el Estado debe, como una medida de reparación del derecho a conocer la verdad de los familiares, proceder de inmediato a su búsqueda y localización o, en su caso, de sus restos mortales, ya sea dentro de la investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo. En caso de encontrarse los restos, deben ser entregados a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, a la mayor brevedad posible y sin costo alguno. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de sepultura, de común acuerdo con sus familiares"10 .
De este modo, la obligación de ubicar, identificar y entregar los restos de la persona desaparecida a las familias "representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con todos los medios a su alcance"n.
En atención a ello, el tribunal supranacional ha instado al Estado peruano a que "adopte una estrategia nacional de búsqueda y determinación del paradero de personas desaparecidas en el conflicto armado en el Perú,"12 afirmando que "la investigación y judicialización penal no es incompatible con la adopción de diferentes mecanismos adecuados y efectivos para localizar el paradero de las personas desaparecidas o localizar sus restos de modo que se determine con certeza su identidad"13 . Además, la Corte considera conveniente que el Estado establezca, entre otras medidas, "un sistema de información genética que permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de las víctimas, así como su identificación"14 .
Más recientemente, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias
señala en el informe de su misión al Perú-2015 que: "... Todavía queda mucho por hacer en
términos de verdad. Es necesario fortalecer los esfuerzos estatales y dar un cambio de visión
sobre el propósito de la búsqueda. Es prácticamente insoportable para los familiares de las
víctimas aceptar que, más de 30 años después de los hechos, aún no tengan información
alguna sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos (...) De acuerdo con sus obligaciones
internacionales, el Estado debe asumir la responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar
que estas iniciativas sean parte de una política de Estado exhaustiva, coherente, permanente,
cooperativa y colaborativa con las víctimas y sus familiares-15.
DESPACHO DEDER YACCESO
EMISTEFRAL SULCO
JUSTKLA
G. VIGNOLO H.
S. Corl A
Por tanto, de acuerdo con las obligaciones nacionales e internacionales el Estado debe asumir
su responsabilidad frente a este problema mediante una política pública que permita tomar
1° Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Sentencia del 22 de septiembre de 2009, párr.185. (Subrayado nuestro)
11 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares vs. Perú. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 179.
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú. Sentencia
de 1 de septiembre de 2015, pág. 107.
13 Íbidem.
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Kenneth Anzualdo vs. Perú. Sentencia de 22 de setiembre de
2009, pág. 59 y 60.
15 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su misión al Perú-2015 pág.
15.
ES
10
Objetivo general
9ar respuesta y atender de manera integral las necesidades de los familiares de las personas
desaparecidas en el marco de la Ley Nº 30470. Nen
S. Cori 4
SE., DE
acciones concretas para la búsqueda de las personas desaparecidas, cuyo número se estima a
la fecha en aproximadamente 13,000 personas desaparecidas.
VII. SITUACIONES A LAS QUE RESPONDERÁ EL PNBPD
La desaparición en el Perú presenta situaciones diferenciadas, que requieren estrategias
adaptadas a cada una de ellas. Éstas pueden definirse desde criterios como la información
disponible, el contexto cultural de los familiares y la complejidad de la investigación, entre
otras. Para la elaboración de este documento se han establecido tres grandes grupos, que no
son definitivos ni excluyentes, cada uno de los cuales condensa una amplia gama de
situaciones.
a. Personas cuyo paradero se desconoce y no se tiene información de su situación actual
Por ejemplo, personas que fueron reclutadas forzosamente, personas que ingresaron a
lugares de detención, personas cuyos cuerpos fueron desaparecidos al tirarlos a ríos o
quebradas, miembros de las fuerzas del orden y ronderos perdidos en acción, niños
huérfanos separados de sus familias, personas desaparecidas que podrían estar vivas, entre
otras.
b. Personas desaparecidas que se presume se encuentran en sitios de entierro
Son los casos en los cuales la familia o testigos presumen que la persona desaparecida está
muerta y, aunque el nivel de información respecto al sitio de entierro varía, se tiene al
menos un indicio de su ubicación.
c. Restos humanos de personas desaparecidas que no han podido ser identificadas y
reintegradas a su familia y/o comunidad
Existen diferentes motivos que hacen difícil o incluso imposible la identificación de restos
humanos (limitaciones técnicas, logísticas, estado de conservación de los restos,
desconocimiento del contexto, entre otros) a pesar de haber agotado el uso de todas las
herramientas para su búsqueda. En algunos de estos casos, si bien no es posible establecer
la identidad individual, sí es posible establecer la pertenencia de la persona a una
comunidad o grupo.
VIII. OBJETIVOS
Objetivos específicos
1. Conocer lo que ocurrió con las personas desaparecidas, agotando todos los esfuerzos de
búsqueda. De ser el caso, recuperar, identificar y restituir los restos humanos encontrados
a sus familiares.
11
2. Atender el impacto psicosocial producido tanto por la desaparición como por el proceso
de búsqueda.
3. Promover que la participación de los familiares en los procesos de búsqueda se dé a partir
de decisiones tomadas por ellos mismos, sobre la base de información entregada de
manera clara, oportuna y suficiente.
IX. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas es el documento marco que
orienta las acciones que el Estado debe desarrollar para dar respuesta integral a los familiares
de personas desaparecidas durante el proceso de violencia 1980-2000, según lo establecido
por la Ley N° 30470 Ley de Búsqueda de personas desaparecidas.
Como parte de las primeras acciones a tomar se propone realizar un proceso de
sistematización de la información existente en las diversas instituciones priorizando la
información que existe en el Estado (Consejo de Reparaciones y Ministerio Público). Estas
acciones contribuirán a elaborar un diagnóstico que refleje las características de las personas
desaparecidas, los contextos de la desaparición, además de guiar los casos a priorizar y las
estrategias diferenciadas a usar, entre otros aspectos.
Por la complejidad y extensión de la búsqueda, este plan se desarrollará de manera
multidisciplinaria, involucrando a los familiares de personas desaparecidas y a varios sectores
del Estado y de la sociedad civil, por ello se requiere una planificación anual y programación
multianual con convenios, acuerdos de trabajo conjunto, indicadores y metas que permitan un
seguimiento y una evaluación efectivos para introducir los correctivos necesarios o efectuar las
reformulaciones que correspondan en caso de que las condiciones del entorno varíen.
En este sentido, se han definido tres objetivos específicos en torno a los cuales se diseñarán
strategias, que sólo por razones metodológicas se plantean de manera diferenciada, pero que
e trabajarán articuladamente para lograr los objetivos propuestos.
9.1 ASPECTOS TRANSVERSALES DEL PROCESO DE BÚSQUEDA
La estrategia metodológica planteada requiere que a lo largo del desarrollo del Plan se tome
en consideración lo siguiente:
a. Ejecutar las acciones de manera descentralizada y en coordinación permanente con las
autoridades y los sectores concernidos.
b. Contar con el consentimiento informado de los familiares.
c. Informar a los familiares con tiempo suficiente para que éstos planifiquen su
participación con el apoyo logístico gestionado por el MINJUS.
d. Usar un lenguaje claro, sencillo y con la sensibilidad necesaria en la comunicación con
los familiares, utilizando su idioma materno y tomando en cuenta que las acciones
planteadas son movilizadoras emocionalmente, garantizando en todo momento un
trato digno a los familiares.
e. Explicar con claridad a los familiares los alcances, limitaciones y avances del proceso,
de forma pertinente y según los acuerdos tomados junto con ellos.
12
f. Utilizar un lugar adecuado, privado y el tiempo necesario para brindar información a
los familiares y resolver todas las preguntas que ellos formulen.
g. Tomar en cuenta los patrones culturales de los familiares, que definen las relaciones
con la muerte y la memoria durante todo el proceso y no solo al final del mismo.
h. Realizar investigaciones preliminares con la debida diligencia antes de toda
intervención forense relacionada con la recuperación, análisis e identificación de los
restos humanos. Salvo en los casos de urgencia debidamente fundamentados.
i. Las labores que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de la
Ley N° 30470 no reemplaza ni sustituye las obligaciones que por competencia
corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial.
9.2 EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL PERÚ
A continuación, se presentan los objetivos específicos planteados líneas arriba, así como los
indicadores y metas. Se presenta también las estrategias y actividades a aplicarse en cada
caso:
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X. IMPLEMENTACIÓN
El MINJUS creará un órgano de línea para dirigir y desarrollar las acciones necesarias para
implementar y ejecutar este documento marco y otras disposiciones de la Ley N' 30470, que
dependerá del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Una vez constituido el
órgano de línea se elaborará el "Manual de Gestión de Procesos de búsqueda de personas
desaparecidas", el "Plan de Acción" y planes anuales o multianuales de acuerdo con el resultado
de la evaluación del primer plan de acción.
En el siguiente gráfico se muestran los procesos que seguirá el MINJUS en coordinación con las
instituciones involucradas para la ejecución de estas acciones.
Gestión de la información
*Centraliza información existente
• Integr a información nueva
*Ordena y conecta la informar ión
Estrategias de búsqueda
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*Realiza acciones de búsqueda
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Cierre del proceso de intervención
• Da respuesta en Indos tos casos
•Procura un entierro digno, c randa Sea posible (identificados o no)
Investigación
Acompañamiento
Participación informada
La gestión de la información permitirá la recepción, centralización y sistematización de la
información recibida por el MINJUS en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de
Entierro (RENAPDES). Esta información incluirá tres tipos de fuente:
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• Las bases de datos y archivos provenientes de otras entidades públicas y privadas.
• La información ofrecida de forma voluntaria —y si lo requieren de manera confidencial-
por personas que se acerquen a las oficinas del MINJUS.
• La información que se genere durante las acciones de búsqueda (informes, fichas de
datos, entrevistas, consultas en archivos, fuentes periodísticas, entre otras).
Toda esta información será gestionada mediante procedimientos que aseguren el cumplimiento
de los principios que sustentan este plan y que permitan que la información sea evaluada
rigurosamente e ingrese de forma expeditiva al RENAPDES.
El análisis de la información centralizada en el RENAPDES servirá para el desarrollo de estrategias
de búsqueda por un equipo multidisciplinario. Estas estrategias tomarán en consideración la
complejidad de los contextos y los diferentes aspectos de la búsqueda, incorporando tanto las
necesidades de investigación, como de acompañamiento psicosocial, apoyo material y logístico y
30
S. Corl A.
participación de los familiares en el proceso. A partir de las estrategias propuestas, el órgano de
línea decidirá qué intervenciones realizar, así como la priorización de los casos en los planes
anuales.
Para optimizar la eficiencia de la búsqueda, el MINJUS podrá realizar estas acciones tanto a
través de su propio equipo multidisciplinario como apoyándose en equipos externos, del Estado
o de la sociedad civil, tanto para la investigación como para el acompañamiento psicosocial. Los
familiares serán informados y participarán del proceso desde su planificación y durante la
duración del mismo. En todos los casos, corresponde al MINJUS la supervisión de estas acciones,
así como la coordinación permanente para asegurar que las exigencias de calidad y las
necesidades materiales y logísticas del proceso estén atendidas. Asimismo, el MINJUS evaluará y
validará los resultados de estas acciones.
La búsqueda de una persona se dará por terminada cuando ésta sea hallada e identificada o
cuando se tengan indicios suficientes para determinar que no será posible encontrar más
información. Entonces se dará paso a los procesos de cierre de la búsqueda, los cuales deben
ofrecer respuesta desde el Estado en todos los casos. Los procesos de cierre de la búsqueda
serán ejecutados por el mismo equipo que realizó las acciones de búsqueda, procurando la
dignificación de la memoria de la persona desaparecida y respetando el contexto cultural, las
creencias y las decisiones de los familiares, quienes participarán durante todo el proceso.
Xl. GLOSARIO18
a) Persona desaparecida: Toda persona cuyo paradero es desconocido por sus familiares o
sobre la que no se tiene certeza legal de su ubicación, a consecuencia del período de
violencia 1980-2000.
b) Familiar: Para los fines de este documento, la definición de este término incluye a las hijas
e hijos, cónyuge o conviviente, padre, madre, hermanas o hermanos, familia extensa,
comunidad y otras personas emocionalmente cercanas con legítimo interés, según el
contexto cultural.
c) Búsqueda de personas desaparecidas: Es el conjunto de acciones relativas a la recolección,
verificación y procesamiento de información que lleven al hallazgo de personas
desaparecidas, así como al conocimiento de lo que sucedió después de su desaparición, así
como la realización de los análisis que ayuden a la identificación de los cadáveres o restos
humanos encontrados en las exhumaciones. Este proceso concluye con la restitución de las
personas a los familiares o cuando se obtenga y entregue toda la información existente
respecto a su paradero, aunque no sea posible su hallazgo. El proceso de búsqueda incluye
el acompañamiento psicosocial, así como el apoyo material y logístico a los familiares.
ter. de Hunlamr.
NOviatiZTERIAL
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d) Accines con perspectiva psicosocial: Son las acciones de búsqueda realizadas por
diferentes actores, que implican el reconocimiento de los efectos de su accionar en los
niveles individual, familiar, comunitario y social y se orientan a garantizar el carácter
18 Las definiciones aquí descritas tienen como fuente lo establecido en la Ley Nº 30470, publicada el 22 de junio del año
2016.
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reparador de estos procesos, tanto para las víctimas directas o indirectas como para la
sociedad en su conjunto.
e) Acompañamiento psicosocial: Es el conjunto de acciones a nivel individual, familiar,
comunitario y/o social, orientadas a prevenir, atender y afrontar el impacto psicosocial de
la desaparición y favorecer así el desarrollo de los procesos de búsqueda de personas
desaparecidas, acompañando a los familiares en todas las etapas de la investigación y de la
restitución, favoreciendo la recuperación y bienestar emocional de los familiares.
f) Apoyo material y logístico a los familiares: Es el conjunto de acciones desplegadas por
diferentes sectores del Estado para que los familiares participen en los procesos de
búsqueda, recuperación, análisis, identificación, restitución y, de ser el caso, sepultura de
los restos de las personas desaparecidas.
g) Sitios de entierro: Es la categoría general que indica distintos tipos de depósito de restos
humanos, los cuales son diferentes entre sí y pueden clasificarse respecto a su dimensión,
contenido, antigüedad, estado de conservación, espacio físico, entre otros; e incluye tanto
la información contenida en el sitio como el tratamiento que recibió el cuerpo de la
persona fallecida al ser depositada.
XII. SIGLAS
• PNBPD: Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas
• MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
• MINSA: Ministerio de Salud
• CVR: Comisión de la Verdad y Reconciliación
• PNIAF: Plan Nacional de Intervención Antropológico Forense
• ONG: Organización no gubernamental
• CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
• DP: Defensoría del Pueblo
• EFE-IML: Equipo Forense Especializado - Instituto de Medicina Legal
• CNDDHH: Coordinadora nacional de Derechos Humanos
• GTAF: Grupo Técnico de Antropología Forense
• EPAF: Equipo Peruano de Antropología Forense
• COMISEDH: Comisión de Derechos Humanos
• CONAVIP: Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia
Política
• CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
• ANFASEP: Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y
Desaparecidos del Perú.
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