Poltica pblica en seguridad ciudadana

Poltica pblica en seguridad ciudadanaPolticas pblicasA qu se refiere? Es un conjunto organizado y estructurado de acciones, que buscan generar situaciones, bienes y servicios pblicos para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores o actitudes que se correspondan con la ley, la moral y la cultura propios de una comunidadEn este sentido toda poltica pblica de seguridad ciudadana debe, por principio, responder a los problemas de inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo stos como problemas pblicos, que como tal demandan una intervencin desde el espacio pblico.

Debe tener los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, dar a conocer el horizonte estratgico de las estrategias y acciones que se disean e implementan, as como los objetivos del Estado en la materia, de forma tal, que se diferencie de las polticas sociales y urbanas.

Toda poltica de seguridad ciudadana debe generar valor pblicoLa generacin de valor pblico slo es posible cuando existen procesos de negociacin y acuerdo poltico acerca del problema pblico que afecta a una colectividad y la forma como sta, con el concurso de las autoridades, pretende solucionarlo.

Lo que nos lleva a concluir que el valor pblico, en la medida en que responde a las preferencias y aspiraciones de los ciudadanos, es percibido por el conjunto de la sociedad, al ser consumido y disfrutado por la colectividad como un todo y no de manera individual.Coordinacin interinstitucional e intrainstitucionalTeniendo en cuenta que el tema de la seguridad ciudadana convoca tantos actores como intereses, es fundamental garantizar la coordinacin interinstitucional e intrainstitucional de las acciones que se desarrollan, a fin de garantizar la no duplicidad de acciones, la utilizacin adecuada de los recursos, la sostenibilidad de las acciones desarrolladas, y aumentar las posibilidades de garantizar evaluaciones de impacto y de gestin ms certeras.

Consustancialidad entre las polticas pblicas de seguridad ciudadana y otras polticas pblicasSi la seguridad personal es una parte de la seguridad ciudadana y sta a su vez es un elemento fundamental de la seguridad humana, resulta lgico pensar que la poltica de seguridad ciudadana de cualquier jurisdiccin debe ser consustancial con las polticas en educacin, salud, recreacin, cultura, empleo, justicia y dems mbitos.

Siempre debe existir coherencia entre la poltica de seguridad ciudadana y las dems polticas desarrolladas por las autoridades.

Esa relacin entre s, garantiza la complementariedad de las acciones, lo que a su vez permite pensar que los avances en materia de educacin y cultura, por ejemplo pueden verse reflejados de manera positiva en las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana de una comunidad.

La consustancialidad entre las polticas de seguridad ciudadana y las dems polticas pblicas slo es posible cuando se tiene una visin integral de la nocin de seguridad y se busca un desarrollo humano sostenible.

CORRESPONSABILIDAD COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA POLTICA, LAS ESTRATEGIAS Y LAS ACCIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA

Reconocer que la seguridad ciudadana es un bien pblico, un derecho que genera deberes, y tener como punto de referencia los conceptos de desarrollo humano sostenible, seguridad humana e integral, nos permite inferir que la construccin de dinmicas de convivencia y seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva del estado, sino que, por el contrario, es tambin una tarea de diferentes instancias socializadoras.

En este sentido, las polticas pblicas de seguridad ciudadana deben articularse en torno al criterio de corresponsabilidad, entendido ste no slo como una relacin en dos vas que debe darse entre las autoridades en todos sus niveles, sino como una relacin en dos vas que debe existir entre las autoridades, la sociedad y el individuo.

Cuando se hace referencia a la importancia de las normas en la construccin de polticas pblicas de seguridad ciudadana, sta no s limita a sugerir que las normas que regulan los comportamientos de los ciudadanos tanto en el espacio pblico como privado deben ser claras, coherentes entre s, conocidas por todos, entendidas por todos, sino tambin a la necesidad de que exista uno o varios actores que verifiquen su cumplimiento y sancionen su incumplimiento.

TODA POLTICA PBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEBE GENERAR CAPITAL SOCIAL

El concepto de capital social hace referencia a las normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recproca y la cooperacin entre un grupo de individuos para beneficio mutuo.

En esta medida, un alto nivel de capital social reduce los costos de transaccin, produce bienes pblicos y facilita la constitucin de organizaciones de base, efectivas y saludables. Bajo esta lgica, ste se convierte en un bien pblicoPARTICIPACIN CIUDADANA UN ELEMENTO A TENER EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES, PROGRAMAS Y PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA.La participacin ciudadana es uno de los elementos fundamentales en la construccin de polticas pblicas de seguridad ciudadana.

No obstante, es un elemento que debe ser manejado con suficiente cuidado y respeto tanto por los ciudadanos como por las instituciones del estado.

Uno de los primeros problemas a los que se enfrentan los funcionarios encargados de disear, implementar y evaluar polticas pblicas de seguridad ciudadana es establecer qu ciudadanos participan? Pregunta que puede tener mltiples respuestas: todos los ciudadanos que quieran y puedan; todos, porque es su obligacin y su deber; los representantes de los ciudadanos; los lderes innatos de una comunidad; los ciudadanos que se encuentren organizados bajo alguna figura jurdica.

Esto conduce a una nueva pregunta cmo pueden participar estos ciudadanos?, La que sugiere el diseo de una serie de mecanismos o la organizacin de ciertas formas de participacin innatas en la comunidad, pero que, por sobre todas las cosas, y de acuerdo con las experiencias vividas en Mxico, no debe conducir a la comunidad a asumir al extremo el rol de vigilantes o reguladores del orden social, generando fenmenos como los linchamientos o el vigilantismo.

Propuestas para combatir la inseguridad en Mxico 1. Poltica de convivencia y seguridad ciudadana mediante la participacin social desde lo local y disposicin institucional adaptada a las demandas diferenciadas, la prevencin e incidencia sobre la causalidad y no solo sobre sus efectos visibles, as como el abordaje de la violencia en correspondencia a los niveles de riesgo considerando edad, gnero, ubicacin territorial, origen tnico y posicin socioeconmica. En general, apoyo a los grupos vulnerables y reduccin de factores de riesgo.

2. Poltica criminal que articule las capacidades coercitivas del estado en el marco de los derechos humanos y el estado de derecho. La administracin oportuna de los conflictos de la interrelacin social contribuye a la convivencia y la prevencin. Se requiere establecer prioridades en la investigacin de delitos, coordinaciones, metodologas especializadas para investigar casos complejos, procedimientos sumarios para casos menos relevantes, atencin diferenciada a vctimas, proteccin a testigos, reeducacin penitenciaria, utilizar la detencin como medida de excepcin y aplicar medidas alternativas a la privacin de libertad.3. Fortalecimiento institucional para el acceso a la seguridad y la justicia:

Es de ineludible responsabilidad del estado proporcionar a los ciudadanos seguridad. Ello requiere: desempeo profesional de sus funcionarios dentro de una carrera de servicio estable basada en eficacia y profesionalismo, simplificacin de procesos, servicio descentralizado y accesible, manejo transparente de la informacin y la gestin pblica, promocin de participacin y control interno y social.

4. Participacin social en prevencin de violencia criminal y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Identificar formas de participacin social en la prevencin de la violencia que no sustituya el rol institucional y acte sobre las causas criminolgicas. La comunidad puede ejercer una efectiva auditora social sobre las entidades de la seguridad pblica e identificar sus necesidades para demandar la incidencia institucional.5. Fortalecimiento de la capacidad territorial diferenciada. Abordaje de la prevencin de la violencia y la incidencia desde el liderazgo local. Fortalecer el enfoque de polica comunitaria proactiva y los planes de seguridad integrados a los planes de desarrollo municipal.

6. Observatorio interinstitucional de la violencia criminal. Establecer valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre el fenmeno delictivo, diferenciando el riesgo en correspondencia a la edad, sexo, territorio y posicin socioeconmica.El Mxico de hoy En el marco de una crisis de seguridad insostenible pero tambin en el de una penetracin del crimen en diversas esferas de gobierno que ha revelado la profunda debilidad de las instituciones gubernamentales y la terrible corrupcin de funcionarios de todos los niveles, pea nieto present una serie de medidas a tomar para, segn afirm, poner fin a esta situacin.

Las medidas son de dos clases: de seguridad y econmicas. A su vez, las estrategias son bsicamente dos: centralizacin del mando policiaco y descentralizacin de los centros econmicos del pas.

Estas dos medidas no son nuevas: muchas administraciones pasadas han buscado restar fuerza a las policas locales y han creado diversas instituciones, ahora disueltas, para absorber responsabilidades de seguridad hacia esferas ms altas. Esperamos que la estrategia de Pea sea distinta, pues todas las anteriores, en este sentido, han fracasado. No necesitamos ir muy lejos: la polica federal preventiva (PFP) de Zedillo, la agencia federal de investigacin (AFI) de Fox y la secretara de seguridad pblica federal (SSPF) de Felipe Caldern tenan tareas similares y sustituyeron cada una a su antecesora sin lograr xito alguno.

No deja de surgir la pregunta qu hace diferente a esta estrategia? Lamentablemente, la nica garanta con la que contamos es la palabra del presidente con 2 aos de estrategias fallidas en materia de seguridad.

1. Iniciativa de reforma constitucional que expide una ley contra la infiltracin del crimen organizado en las autoridades municipales.

La idea fundamental de pea es simplificar los mandos policiacos y eliminar las policas municipales. Muchas de ellas, como ejemplifican los casos de iguala y Cocula, estn prcticamente infestadas de funcionarios corruptos. No obstante, al eliminar tales cuerpos de seguridad, la proteccin de los municipios estara a merced de las decisiones de los gobiernos del estado. Los alcaldes no tendrn ms en sus manos la seguridad de sus localidades.Esta decisin atenta contra la idea de federalismo, es decir, contra la idea de que el pas est dividido en unidades ms o menos autnomas cuyos gobernantes puedan cumplir, al menos, con la primera de las tareas del estado: garantizar la seguridad.

De esta manera, cada vez que el gobierno del estado no responda a las demandas de seguridad municipales, se darn brotes de policas comunitarias (en efecto, histricamente, el origen de la policas es justamente ese: cuerpos de seguridad civil que protegen a los ciudadanos frente al crimen, pero tambin frente a los poderes mayores). Estas policas servirn, a su vez, como argumentos de las fuerzas federales para penetrar continua y sistemticamente en los estados de la repblica, como ya han hecho antes.

2-. Iniciativa de reforma constitucional para redefinir el sistema de competencias en materia penal y de seguridad y;

3-. Creacin de policas estatales nicas.Crear un nuevo modelo policaco con 32 slidas corporaciones de seguridad estatal en lugar de la ms de mil 800 policas municipales.Guerrero, Michoacn, Tamaulipas y Jalisco, sern los primeros estados en tener Polica nica Estatal.

Momentos desesperados exigen soluciones desesperadas: esta es la idea detrs de la unificacin y centralizacin de la seguridad impulsadas ahora por el gobierno federal. Pero es este el esquema ms conveniente?, Pueden los altos mandos de corporaciones policiacas enormes dar solucin con mayor eficiencia a problemas de pequeas localidades que sus propios habitantes?Por supuesto, la respuesta inmediata a esta pregunta es: son las policas municipales las que tienen un problema ms profundo de corrupcin. Esto es verdad, aunque la existencia de este problema no implica que la unificacin de mandos sea la nica solucin. Recientemente, el gobierno federal, tras asumir el control de Michoacn, renombr y legaliz a las policas comunitarias bajo el nombre de fuerzas rurales. En guerrero, han sido grupos de guardias comunitarias los que ms fosas clandestinas han encontrado durante la investigacin del caso Ayotzinapa. Qu ocurrir con estas organizaciones?

El problema de la corrupcin exige una solucin. Sin embargo, ese no es argumento suficiente para asumir que la nica opcin es la unificacin de los mandos. Antes bien, si no hay una limpieza efectiva de la corrupcin, la unificacin de las policas equivale a la institucionalizacin de la narco-polica.

El #911 ser instaurado en Mxico, para atender emergencias y denuncias ciudadanas en el pas.

Aunque la idea de unificar los nmeros de emergencia en uno solo es conveniente, el problema de fondo persiste: si estos nmeros son operados por los propios cuerpos de seguridad, cmo se evitar que los servicios de notificacin no caigan en las manos de los crteles del crimen organizado?La experiencia en diversas entidades indica que la notificacin del delito es uno de los principales medios monitoreados y controlados por los criminales. Cmo se evitar que aquel que conteste el telfonos para tender una denuncia no sea quien llame de inmediato a los criminales y fuerzas de seguridad coludidas para informar que hay testigos de sus acciones?

5-. Establecimiento de una clave nica de identidad, los datos se esta clave sern tomados de las bases de los registros del INE, IMSS y Seguro Popular.

Centralizar la informacin de un ciudadano a travs de una clave nica no es mala idea si se cuentan con medidas preventivas para evitar que se trafique con tal informacin. Cuando pensamos en bases de datos de tamao monumental tambin viene a la cabeza el mercado negro de informacin personal. El caso de la venta del padrn electoral completo en Tepito o en la plaza de Santo Domingo no son antecedentes muy alentadores.

6-. Realizar un operativo especial en Tierra Caliente Desde Guerrero a Michoacn.

Si el presidente propone iniciar un operativo especial en esa regin, entonces que han estado haciendo las fuerzas federales y rurales durante todo este ao? El presidente promete impulsar una estrategia que de hecho ya est llevando acabo y no ha funcionado.

7-. Se realizar un conjunto de acciones para la proteccin de los Derechos Humanos y;

8-. Instruiral Congreso para expedir leyes,fortalecer los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura y desaparicin forzada las respuestas sean oportunas.

Las acciones anunciadas por el presidente para combatir las violaciones a los derechos humanos en Mxico consisten en la creacin de bases de datos de desaparecidos que contemplen un gran abanico de informacin, desde expedientes de investigacin hasta muestras de ADN.

Olvida incluir a las organizaciones ciudadanas que ya han impulsado propuestas similares y que buscan descentralizar las vas de investigacin en delitos como secuestro, extorsin y desaparicin forzada. La idea de instituciones de esta clase es empoderar a los ciudadanos y, sobre todo, a los familiares de las vctimas para que acten como investigadores y expertos en la bsqueda de sus seres queridos y no como vctimas secundarias en espera del mando nico policial. Existen alternativas jurdicas para que estos organismos entren en coordinacin con el gobierno y diversifiquen las alternativas de investigacin. Para conocer ms de esta alternativa, da clic aqu.

Si el congreso no legisla en un sentido ciudadano para enfrentar estos delitos y sigue considerando que estas investigaciones son competencia nicamente de las autoridades gubernamentales, entonces estar entorpeciendo el encontrar una respuesta adecuada y rpida a esta situacin.

Adems, el presidente sigue con una fuerte deuda en el fortalecimiento de la comisin nacional de derechos humanos.

9-. Se acelerar la publicacin del Reglamento de la Ley General de Vctimas.

La publicacin de esta ley es indispensable. Lo curioso es que su formulacin fue impulsada en 2008. Su retraso constituye un ejemplo ms del inters por el capital poltico que el PRI tiene por encima de la pronta solucin de problemticas de la ciudadana. Esta estrategia fue seguida tambin con la reforma energtica, entorpecida por ese partido durante la administracin de Caldern e impulsada durante la de Pea Nieto.

El trabajo de la oposicin no es evitar la actualizacin de las leyes, sino argumentar en contra de una formulacin especfica para obtener la mejor versin lo ms rpido posible. Por otro lado, el trabajo del partido en el poder no es entorpecer la legislacin para, posteriormente, apropiarse de las propuestas en un momento polticamente conveniente, sino alimentarse de las diversas opiniones para tomar decisiones adecuadas justo en el momento en el que se necesitan

10-. La creacin de un tribunal especial para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupcin que sern severamente sancionados; as como sanciones ejemplares para empresas que caigan en corrupcin.

Es indispensable un organismo ante el cual puedan denunciarse actos de corrupcin, desvos de recursos y mala administracin de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, mientras tal organismo no sea exclusivamente ciudadano, descentralizado y autnomo, se seguir dejando en manos de los administradores de los recursos y de la seguridad la tarea de auditarse a s mismos, lo que constituye uno de los principales factores que propician la corrupcin.

En pocas palabras, no sirve de nada que los gobiernos y tribunales judiciales prometan atender con especial atencin el problema de la corrupcin si no existe una fuerza diferente que realice esa vigilancia. A juzgar por el anuncio, los organismos ciudadanos que acompaarn al tribunal no tendrn carcter vinculante, es decir, sus decisiones no condicionarn necesariamente las decisiones del tribunal.

Por supuesto, resta esperar la puesta en marcha de esta estrategia. Es nuestro papel, como ciudadanos, mantenernos informados sobre la forma en la que se ponen en prctica y, sobre todo, la manera en la que aterrizarn en la ley.