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(Ponencia del licenciado Josué González Ortiz, como representante de la ACLU en el Grupo Comunitario de Trabajo para la Reforma de la Policía de Puerto Rico durante las vistas celebradas el 23 de octubre del 2015 en Ponce sobre el estado de la Reforma de la Policía de Puerto Rico) Agradecemos esta oportunidad para dirigirnos a este tribunal. El Grupo de Trabajo Comunitario Sobre la Reforma de la Policía (GRUCORPO) es un grupo de trabajo compuesto de individuos y organizaciones de base comunitaria e independientes que prestan servicios a partes interesadas (stakeholders), y se han unido en este esfuerzo para promover la participación efectiva e independiente de la comunidad, la transparencia y la rendición de cuentas durante la etapa de implementación del Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico. Estos actores son básicamente personas de la comunidad que directamente han sufrido abuso por parte de agentes de policía, de la negligencia en el desempeño de sus funciones investigativas, o han prestado servicios a las víctimas de abuso policiaco. Desde su punto de vista, y en base a su experiencia en el campo, somos capaces de ofrecer un conocimiento único sobre aspectos importantes de las prácticas policiales en los niveles operativos. Teniendo en cuenta la cultura de violencia que aún prevalece dentro Policia de Puerto Rico, este grupo de trabajo cree firmemente que es necesaria la participación efectiva de la comunidad para lograr transformaciones exitosas y permanentes dentro de esa agencia Como muy bien señala Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las disposiciones del Acuerdo aspiran a establecer relaciones sólidas y comprometidas con la comunidad y de esta manera promover la colaboración en la resolución de problemas, prácticas policiales libre de discrimen, y en la prevención efectiva del delito. Las medidas incluyen: Integración comunitaria y la adopción principios de prácticas policiacas dirigidas a la resolución de problemas en lo que tiene que ver con supervisión, políticas y procedimientos, reclutamiento, entrenamiento, evaluación de personal, tácticas policiales, distribución de recursos, y sistemas de rendición de cuentas; desarrollo de programas que promuevan el acercamiento a la comunidad y programas de divulgación pública para mantener informado a las personas sobre el progreso de la PPR en el cumplimiento de la Reforma y atender sus preocupaciones de la comunidad; y el mantenimiento y difusión pública de estadísticas precisas y actualizadas crimen. Por lo tanto, cada organización e individuo que participa en este esfuerzo aspira a que la PPR sea transformada en una agencia de ley y orden para el Pueblo, institucionalmente fundamentada en el principio de la policía comunitaria, que opera bajo estrictos principios de derechos humanos y civiles.

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Este grupo de trabajo inicialmente se organizó a través de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) de Puerto Rico, quien por separado se acercó a los stakeholders, individuos, líderes y distintas organizaciones comunitarias, y los invitó a colaborar de forma independiente en el proceso de Reforma desde un punto de vista comunitario, como parte de la participación activa de la ACLU en el proceso de Reforma antes y después de la firma del Acuerdo. Entre agosto y diciembre de 2014, la ACLU de Puerto Rico organizó varias reuniones con la comunidad y varios funcionarios claves de la reforma, incluyendo el Asesor Técnico de Cumplimiento (TCA), Fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Superintendente del PPR y el Director de la Academia de Policía, Dra. Michelle Hernández y la Oficina de Reforma de la Policía dirigida por el Coronela Clementina Vega. Después de largas discusiones con los funcionarios de la Reforma, se han establecido importantes canales de comunicación, en gran medida gracias a la asistencia prestada por el TCA a tal efecto, así como a la apertura de la Oficina de la Reforma de la Policía y sus funcionarios quienes, hasta ahora, han permitido que el diálogo y el intercambio de información entre los miembros de esta comunidad basada grupo de trabajo. Aunque existen profundos desacuerdos en cuanto a visiones y opiniones sobre algunos aspectos de la Reforma, el diálogo, hasta ahora, ha producido un ambiente de colaboración con la Oficina de la Reforma y de la Academia. Por lo tanto, hemos sido capaces de revisar y hacer recomendaciones a las políticas propuestas, órdenes generales y protocolos; hemos sido capaces de hacer aportaciones a los tres primeros bimestres de la Academia de Policía; y a través de la Dra. Michelle Hernández Fraley, organizaciones que colaboran en este esfuerzo han sido invitadas a participar en las sesiones de inmersión en la que cada organización podría hacer presentaciones a los cadetes de la policía sobre asuntos relacionados a los derechos civiles y humanos. Hemos llevado a cabo reuniones con los TCA, del Departamento de Justicia, Jefe de la Policía y las reuniones periódicas con la Reforma Personal de la Oficina. Sostenemos que esta apertura también debe fomentarse, no sólo para este o cualquier otro grupo de trabajo de la comunidad ya colaborar con el PPR, sino también al público en general. Desde abril de 2015, nuestro grupo de trabajo ha revisado y hecho aportaciones, sugerencias y comentarios a las siguientes órdenes generales: -Arrestos y citaciones -Registros y allanamientos -Documentación de incidentes -Reorganización De la División de Armas y Tácticas Especiales -Reorganización De la División de Operaciones Tácticas -Uso de la Fuerza -Reglas En entrevistas voluntarias -Protocolos de Violencia Doméstica -Investigación Sobre incidentes de uso de la fuerza -Reglas para el establecimiento de prácticas policiales no discriminatorias.

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Los comentarios y sugerencias acerca de estas políticas propuestas fueron entregadas en memorandos, dirigidas al Director de la Oficina de la Reforma, que incluyen la aportación de los grupos participantes a la luz de sus experiencias en el campo, y por lo general citando fuentes primarias y secundarias de derecho y haciendo referencia a literatura publicada por expertos en distintas áreas. De toda esta experiencia han surgido profundas preocupaciones entre los participantes de este grupo de trabajo. Debido a la limitación de tiempo, solo señalaré a aquellos aspectos que consideramos Deneb abordarse con mayor urgencia. En cuanto al protocolo sobre el uso de la fuerza sostenemos que el lenguaje elaborado debe adoptar guías claras que limiten la discreción de los funcionarios policiales a nivel operativo, más allá de la mera referencia al estándar jurídico de carácter general establecido por la jurisprudencia o en el acuerdo. Teniendo en cuenta, en nuestra opinión, que el PPR no ha logrado hasta el momento adoptar políticas sólidas que dirijan la discreción de los agentes de policía en el uso de la fuerza, creemos que cualquier protocolo propuesto debe estrictamente guiar y limitar la discreción de los funcionarios policiales. Por ejemplo, nos percatamos que las políticas incorporan la técnica de agarre de cuello que creemos son innecesarias y peligrosas. A pesar de que esta técnica se menciona en el acuerdo, nada impone la obligación de que sean adoptados. La orden general propuesta que regula la División de Operación Táctica debe establecer claramente que la división no debe ser activada para suprimir actividades protegidas por la Primera Enmienda. Hemos señalado que cualquier lenguaje que de alguna manera sugiera que la protesta constitucional equivale necesariamente disturbios debe ser eliminado. También, se deben eliminar los criterios de activación basado en "actitudes percibidas" o la activación preventiva, que tiene un efecto disuasivo al ejercicio del derecho a la libre expresión. Las políticas para el manejo de eventos multitudinarios deben incorporarse a la orden general por separado, diseñadas para facilitar de manera organizada el ejercicio de los derechos protegidos por la Primera Enmienda. Las partes interesadas que colaboran con este grupo de trabajo avalan la política PPR rechazar la práctica de detenciones investigativas. Sin embargo, al evaluar otras órdenes generales propuestas (citas y arresto) encontramos que hay margen para las detenciones investigativa bajo el concepto de interrogatorios voluntarios. Aunque somos perfectamente conscientes de que bajo la 4ta enmienda de la Constitución estadounidense, los "Terry Stops" han sido constitucionalmente validados bajo ciertas circunstancias, sostenemos que la única detención válida sin orden judicial bajo las leyes de Puerto Rico son aquellas basadas en motivos fundados de la comisión de un delito. Según la experiencia en otras jurisdicciones, las detenciones investigativas han sido instrumento para carpeteo racial, y con demasiada frecuencia provocan incidentes de abuso policial. Por lo tanto, en nuestra opinión, la adopción de este tipo de detención no promueve los objetivos del Acuerdo. Por el contrario, ante las circunstancias actuales que enfrenta la PPR en esta etapa sería problemático permitir oficiales de la facultad de llevar a cabo investigaciones a base de la

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sospecha razonable, aún más teniendo en cuenta que el mecanismo de la documentación de esos incidentes no se han establecido. Además, el uso del lenguaje debe ajustarse estrictamente a la doctrina constitucional de los derechos del sospechoso. Hemos visto en algunas políticas que las definiciones clave, (por ejemplo. "Arresto", "causa probable", "entrevistas de campo", "testimonio estereotipado" uso de fuerza”, "sospecha razonable") deben ser explicados y articulados en las políticas haciendo referencia a principios constitucionales claramente establecidos y, en consecuencia, delinear límites estrictos a la discreción de los oficiales. En las propuestas de políticas más participación y responsabilidad deben asignarse a los supervisores en la supervisión directa de los operativos policiales, con el fin de asegurarse de que la operación se realiza de acuerdo a la ley y para evitar comportamientos abusivos. En cuanto a los protocolos sobre la violencia de género, las políticas propuestas deben establecer criterios claros para la clasificación adecuada de los delitos de violencia doméstica y agresiones sexuales; debe procurar la colaboración y coordinación de grupos de apoyo para víctimas de violencia de género; protocolos deben ajustarse a los estatutos y reglamentos de la ley federal, y especial atención merece los incidentes de violencia de género cometidos por agentes de policía. En general, las políticas propuestas no deben ser una reproducción literal del Acuerdo. El Acuerdo es la fuente de autoridad que permite la implementación de la reforma, y constituyen el mapa que ofrece visión y dirección. Pero su contenido no constituye las órdenes generales en sí mismas. Con el fin de ajustar las órdenes propuestas al espíritu del Acuerdo, se requiere una gran dosis de creatividad y flexibilidad que sobrepasa el lenguaje literal del Acuerdo, por lo que es pertinente a las cotidianas tareas policiales, las prácticas y la realidad. El lenguaje incluido debe ser preciso y exacto, ajusta estrictamente a los principios constitucionales bien establecidos, por lo que proporciona una orientación clara a los agentes de policía en su actividad policial cotidiana. De nuestra parte, estamos dispuestos a colaborar con este esfuerzo monumental como un grupo independiente que busca facilitar la participación comunitaria, el debate público y el intercambio de información. A tal efecto, estamos comprometidos a compartir la información y nuestro trabajo con el público. Al día de hoy no sabemos cuáles de nuestras propuestas serán finalmente adoptadas. Pero exigimos que nuestro esfuerzo sea considerado con seriedad. Como ya hemos hecho, denunciaremos enérgicamente al público la adopción de políticas que a nuestro juicio se alejen de principios de prácticas policiacas constitucionales. Por último, este Acuerdo constituye una oportunidad única para adoptar un nuevo modelo de gobernanza que promueve la participación pública efectiva para la adopción de políticas públicas importantes. Gracias