Número 7 Ojo avizor • 1

Boletín trimestral de vigilancia, control y fortalecimiento de la gestión pública territorial

Vol. 1 · Nº 7 · Julio de 2011

Editorial«Cada instante dedicado a deliberaciones que no conducen a tomar acciones decisivas, es un instante trágicamente desperdiciado”.

nelson mandela. premio nobel de paz

Prevención integral territorial

Dirección generalCarlos Augusto Mesa Diaz

Compilación,edición de contenidos y distribuciónJuan Pablo Remolina PulidoCarlos Francisco Torres EscobarLucy Marcile Marie Kolter Arrieta

Diagramación:Hernán Hel Huertas Olaya - IEMP - PGN

Impresión:Imprenta Nacional de Colombia

Los contenidos del presente boletín son de responsabilidad exclusiva de sus autores.

Esta publicación fue financiada por el IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público.Carrerra 5 Nº 15-80 Piso 16 PBX: 5878750 ext. 11621 - Bogotá.

ISSN 2145-5546

Alejandro Ordóñez MaldonadoProcurador General de la Nación

Martha Isabel Castañeda Curvelo Viceprocuradora General de la Nación

Carlos Augusto Mesa DíazProcurador Delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales

Christian José Mora PadillaDirector Instituto de Estudios del Ministerio Público - PGN

Envíe sus comentarios a: descentralizacion@procuraduria.gov.co

Descargue la edición digital del boletín en: www.procuraduria.gov.co

Publicación de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales - PDET

Prevenir, el reto de la reconstrucción

Hoy casi un año después de ha-ber comenzado las lluvias, el

panorama del país continúa siendo desalentador, aún persisten las inun-daciones y derrumbes, 28 depar-tamentos y 1041 municipios se han visto afectados y en ellos 2.964.389 de personas. Cerca de un millón de hectáreas con vocación agrícola fue-ron inundadas, perdiéndose alrede-dor de 200 mil hectáreas de cultivos, 115.000 bovinos muertos, 1.460.000 de animales desplazados y la afecta-ción de 13 millones de metros cua-drados de infraestructura agrope-cuaria entre invernaderos, galpones y corrales, constituyen el desafortu-nado saldo que nos deja una tragedia sin precedentes para nuestro país.

El reto ahora que, de acuerdo a las proyecciones, las aguas bajarán y paulatinamente las cosas volverán a la normalidad, es reconstruir nuestro país, para ello es necesario obtener una lección enriquecedora de la tra-gedia vivida con el propósito de evitar que situaciones futuras nos afecten de forma tan severa. En este senti-

do es forzoso reconsiderar la actitud asumida frente a aspectos a los cuales lamentablemente no se les ha dado la importancia debida.

El país debe trabajar en aras a forta-lecer el Sistema Nacional para la Pre-vención y Atención de Desastres des-de lo local hasta lo nacional, así mismo es imperativo contemplar la gestión del riesgo, a todo nivel, partiendo desde los Planes de Ordenamiento Territo-rial, identificando las zonas peligrosas, que deben estar deshabitadas, respe-tando las rondas hídricas, así como los páramos y bosques y siendo estrictos al momento de ejercer vigilancia so-bre actividades que pueden afectar el territorio y sus habitantes como es el caso de la minería.

Igualmente es indispensable educar a nuestros compatriotas, de todas las edades, no solo para que puedan en-frentar futuras eventualidades de ma-nera eficaz, sino para que sepan qué mecanismos accionar, cómo hacerlo y en qué momento.

La reconstrucción estructural y so-cial de nuestra patria necesariamente deberá tener en cuenta estos aspec-tos si su objetivo va encaminado no solo a resarcir el daño causado sino a evitar males futuros, quizás peores que los presentes, en este sentido el papel de las autoridades territoriales es fundamental pues estas, como en-cargados de velar por el bienestar de sus pobladores, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguarda de sus comunidades y no hay mejor herramienta para ello que la prevención. O

Alejandro Ordóñez Maldonado

Procurador General de la Nación

2 • Ojo avizor Julio de 2011

El Plan Nacional de Desarrollo ‘Prospe-ridad para Todos’ se fundamenta en el

logro de tres prioridades: más seguridad, menos pobreza y más empleo. Incorpora en sus objetivos, la implementación de prin-cipios de Buen Gobierno, como instrumen-to para el mejoramiento de la administra-ción pública y la lucha contra la corrupción.

El Buen Gobierno es la filosofía de tra-bajo del gobierno del Presidente Juan Ma-nuel Santos, se basa en el trabajo en equi-po, se construye a diario con cada acción y decisión de los servidores públicos, con ejemplo, efectividad, transparencia y ética.

Esta filosofía se desarrolla a través de principios y programas, entre ellos:

• Uso eficiente de los recursos: Los recursos son limitados e insuficientes, se deben asignar a temas prioritarios y de alto impacto y su uso eficiente involucra la consecución, asignación y ejecución. “Hacer más con menos” es uno de los principios de eficiencia y eficacia.

• Transparencia y rendición de cuentas: Desde la perspectiva del Estado al servicio de los ciudadanos, buscamos metodologías efi-cientes de rendición de cuentas y trabajamos en la generación de información de fuentes de calidad, fáciles de consultar, expresadas en len-guaje claro y accesible al ciudadano.

• Eficiencia e innovación guberna-mental: Contar con diseños instituciona-les que maximicen organizaciones públicas

Contratación directa y convenios interadministrativosPor: Carlos Augusto Mesa DíazProcurador Delegado, PDET - PGN

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Auditoria General de

la República, expidieron la Circular 014 del 1 de Junio de 2011, recordando a los orde-nadores del gasto, Alcaldes y Gobernadores, el especial cuidado que deben desplegar, en los procesos contractuales “excepcionales” consagrados en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, relacionados con la contratación directa y los contratos interadministrativos.

La advertencia se relaciona con postula-dos que deben regir la conducta oficial, se-gún los cuales, los procesos de contratación deben surtirse en debida forma sin forzar la verdad real para ajustarse a procedimientos de contratación aparentemente más ágiles y expeditos, lo cual atenta contra la buena fe pública e incluso podría configurar fraudes con alcances disciplinarios, fiscales y penales.

Es necesario reconstruir en el servidor público la confianza en los procesos de con-tratación “ordinarios” contenidos en la Ley 1150 de 2007 y demás que la desarrollan, para lo cual se requiere una pedagogía que les demuestre a los administradores que contratar, ajustados a la verdad real, garan-tiza eficiencia en la aplicación de recursos y eficacia en los logros. El administrador debe recurrir a los procesos excepcionales solo cuando las condiciones no le dejen otra ruta.

Los procesos de contratación ordinarios permiten al administrador, desde la etapa de planeación, determinar los logros que se quieren y le exigen establecer mecanismos de control, seguimiento y evaluación, que le facilitan asumir un verdadero protago-nismo como “Gerente de la Gestión Públi-ca”, brindándole mayor oportunidad para ajustar la ejecución de sus políticas y estra-tegias cuando se requiera, y en compañía de los órganos de control garantizar la ade-cuada inversión de los recursos públicos.

Sin duda, la efectiva observancia de la planeación contractual garantiza la adop-ción de decisiones tendientes al cumpli-miento de los fines estatales para hacer eficientes los recursos públicos. Quien de manera correcta cumple estos postulados saldrá adelante en el examen de sus actos por parte de quienes tienen el deber consti-tucional y legal de controlar aquellos.

Buen gobiernoPor: María Lorena Gutiérrez BoteroAlta Consejera Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa.

eficientes en el cumplimiento de su misión, mitiguen fallas de mercado, generen equidad y cuenten con asignaciones eficientes. El di-seño de las instituciones debe generar meca-nismos transparentes que orienten las rela-ciones ciudadanos, sector privado y público (Przeworski, 1999: 15-39)1. La innovación y eficiencia abarcan programas estratégicos: gestión jurídica pública, manejo de activos del Estado, mejoramiento del control inter-no y sistemas de información.

• Lucha contra la corrupción: Los recursos públicos pertenecen a los colom-bianos. Si se desvían o pierden, todos per-demos. La lucha contra la corrupción nos ocupa a todos, cada día, en cada actuación. El Gobierno del Presidente Santos presen-ta el Estatuto Anticorrupción, y trabaja con organismos de control, Fiscalía, y Po-licía, en una estrategia coordinada de lucha contra la corrupción.

• Vocación del servicio público: Orien-tado hacía la generación de acciones para modernizar las políticas de empleo público y el fortalecimiento del sector administrativo de la función pública. Nuestro objetivo es generar e incentivar que los servidores públi-cos en su quehacer diario, sean innovadores y eficientes en la búsqueda del bien común.

Este Gobierno busca que sus actua-ciones, que incluyen la agenda legislativa y todos sus procesos, incorporen programas y principios de un Buen Gobierno, funda-mentales para la Prosperidad para Todos. O

1 Para Przeworski, los actores que se relacionan son el gobierno y los agentes privados (mediante la regulación), los políticos y los servidores públi-cos (mediante la supervisión) y los ciudadanos y el gobierno (mediante la rendición de cuentas).

CARICATUR A

Número 7 Ojo avizor • 3

Productividad en el sector públicoPor: Juan Pablo Remolina PulidoFuncionario PDET

“La productividad no lo es todo, pero  en el largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país de mejorar su nivel de vida en el tiempo depende, casi exclusivamente, de su

capacidad de aumentar la producción por trabajador” (Paul Krugman).

Las expectativas de la sociedad frente a las instituciones públicas han creci-

do más que nunca. Corrupción arraigada, crisis en la salud, ola invernal, terrorismo, infraestructura crítica, pobreza y destruc-ción de los recursos naturales son proble-máticas, entre otras, que demandan una mayor intervención del Estado.

No obstante, la capacidad de oferta de bienes y servicios públicos por parte de las instituciones es restringida. La deuda públi-ca y el déficit fiscal en algunos casos siguen siendo un riesgo y en la mayoría de entidades territoriales existen dificultades para generar recursos propios y rigidez en la destinación del gasto. Igualmente, la ciudadanía está me-jor informada y por lo tanto exige mejores servicios sin el pago de mayores impuestos. Por último, el sector público enfrenta barre-ras propias que entorpecen su desempeño: presión política, proliferación normativa, bu-rocracia y tramitología.

Así, una reforma al sector público no es solo un imperativo sino una gran oportuni-dad para incrementar la producción redu-ciendo insumos (capital y trabajo). La solu-ción a primera vista es reducir el gasto pero hoy se requiere hacer más con menos. Esto implica, innovar, especialmente en la for-ma de operación de la función pública. Las organizaciones públicas deben incorporar herramientas gerenciales que les permita es-tablecer metas claras y medibles a través de indicadores de resultado y realizar rendicio-nes de cuentas periódicas. Los funcionarios públicos no solo deben ser de alto nivel aca-démico sino también tener  sentido de ur-gencia y vocación por lo público. A su vez, la alta dirección debe estar comprometida con estos cambios.

El aumento de la productividad en el sector público generará las condiciones fa-vorables para que el resto de sectores de la economía hagan lo propio y se desencadene un círculo virtuoso hacia la prosperidad. O

 

La Procuraduría realizó la conferen-cia “Experiencias frente a Políticas

Públicas de Seguridad Ciudadana en las Entidades Territoriales” presentada por expertos funcionarios de la Policía Fran-cesa y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito unodc, me-diante las cuales narran las experiencias en Francia frente a políticas públicas de seguridad y algunas auditorias sobre el tema desarrolladas en varios municipios del país.

La seguridad ciudadana es la protec-ción universal de los ciudadanos contra el delito, garantizando su vida, integridad, libertad y patrimonio económico; acep-ción conceptualizada en el actual Plan de Desarrollo. Esta clase de seguridad es nueva en el país, porque las acciones desarrolladas han estado dirigidas a segu-ridad nacional y están en cabeza del eje-cutivo, desconociendo las expresiones de las autoridades locales; más grave aún, las

autoridades nacionales todavía pretenden responder las afectaciones de conviven-cia, seguridad ciudadana y la calidad de vida de los ciudadanos, a partir de princi-pios, doctrinas y supuestos de seguridad nacional, mediante la centralización exce-siva, desconociendo que las manifestacio-nes de inseguridad tienen características locales.

Como consecuencia de ello, los go-biernos locales, deben coordinar con los gobiernos nacionales y las políticas inte-grales, aplicando medidas desde los ám-bitos preventivos, hasta los coercitivos contra, maltrato infantil, violencia intra-familiar, restricciones del horario noctur-no a establecimientos públicos, consumo de bebidas alcohólicas, programas de acercamiento entre la policía y la comu-nidad y recuperación del espacio público, además, seguridad en las ciudades contra el hurto, atracos, homicidios, lesiones personales y secuestros. O

Seguridad ciudadanaPor Nancy Pérez González y Elsa Liliana MontoyaFuncionarias PDET

Por Carla María Rey BengoaFuncionaria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Durante el año 2011 se vencerá gra-dualmente el plazo para que los

alcaldes hagan la revisión de sus POTs, instrumentos que promueven el orde-namiento del territorio, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y la prevención de desastres. Es necesario que en dicha revisión se haga énfasis en lo que corresponde a la variable ambien-tal, toda vez que su incorporación será determinante para corregir los impactos ambientales con ocasión de la devastado-ra ola invernal.

Para la elaboración y revisión de los POTs, los municipios deberán incorporar las determinantes que constituyen nor-mas de superior jerarquía, entre ellas, las relacionadas con la conservación y pro-tección del medio ambiente, la prevención de amenazas y los riesgos naturales. (art. 1º Ley 388/97)

Las previsiones ambientales que de-berán ser advertidas por los alcaldes con el fin de garantizar una mejor y más se-gura calidad de vida para sus habitantes, son las siguientes (Circular 023/2009 PGN):• Conocimiento del territorio• Estrategias para mejorar calidad

de vida• Protección del medio ambiente• Prevención de amenazas y riesgos• Localización de infraestructuras

básicas• Establecimiento de áreas protegidas• Zonificación del suelo• Manejo de cuencas hidrográficas • Preservación del patrimonio ecológico• Promoción de modelos de espacios

verdes• Garantía a vivienda y servicios públicos • Promoción del modelo de planificación

y coordinación interestatal• Estrategias para evitar la degradación

de suelos • Adopción de modelos de desarrollo. O

Visión ambiental en la revisión de Planes de Ordenamiento Territorial

4 • Ojo avizor Julio de 2011

¡Que NO le pase a usted!

Por: Jairo R. Martínez Cubillos Funcionario PDET – PGN. • Un secretario de hacienda de-

partamental celebra contrato de publicidad con una sociedad deportiva mediante contrata-ción directa. La Procuraduría General de la Nación conclu-yó que atendiendo la cuantía del contrato y demostrado que la sociedad deportiva no era el único oferente capaz de satisfacer la necesidad de la entidad, la cual era promo-cionar el nombre del departa-mento, no se ajustó a una de las excepciones a la regla de la licitación pública, establecida en el literal j), numeral 1, artí-culo 24 de la Ley 80 de 1993, por lo cual se violó el principio de transparencia, configurán-dose dicho comportamiento en el tipo disciplinario con-tenido en el numeral 31 del artículo 48 del Código Dis-ciplinario Único, pues si bien es cierto que la contratación directa es un procedimiento legal, no reemplaza el trámite licitatorio, como quiera que este ofrece mayores garantías.

Sanción:Destitución e inha-bilidad general por el término de 10 años. Fuente: IUC 021-151885-06.

• El secretario general de un departamento y un alcalde municipal, asisten a una re-unión en un sitio público don-de fueron propuestas varias personas como futuros can-didatos a la Cámara y el Se-nado, acordándose que pos-teriormente se indicaría a cuál de estos candidatos apoya-rían. La Procuraduría General de la Nación encontró res-ponsables a los mencionados funcionarios públicos de la fal-ta disciplinaria consistente en utilizar el cargo para participar (…) en las controversias polí-ticas, entendiendo que bajo el ropaje de una reunión técnica sobre los proyectos del muni-cipio, lo que hicieron los disci-plinados fue invitar a los par-ticipantes a hacer un equipo para las elecciones de Cámara y Senado. Sanción: Destitu-ción e inhabilidad general por el término de 10 años. Fuen-te: IUC: D-2010-86-270316.

Por: Jorge Alberto Rojas OtálvaroContralor General de Antioquia

La Contraloría General de Antioquia ha perfecciona-

do su nuevo software, Gestión Transparente, una herramienta de control que permite vigilar on-line la gestión contractual de las entidades públicas, con un valioso complemento: por primera vez, los ciudadanos se enterarán a través de las redes sociales de la firma de un con-trato desde que se legalice y se suba a la plataforma.

La transparencia que pro-vee un sistema que funciona en tiempo real es una garantía para el control que realizan nuestros funcionarios, a la vez que permi-te a veedores e investigadores de lo público el acceso a las variables de los contratos: quién, cuánto, porqué, en qué plazo, etc.

Con esta herramienta se su-peran todos los obstáculos de los órganos de control: primero, porque el software está diseña-do para guiar al sujeto de control en todas las etapas y requisitos para contratar bienes o servicio, garantizando también que toda la documentación contractual y sus anexos ingresen al sistema.

Este control de legalidad es un gran avance, pues los software existentes permitían gran margen de maniobra y discrecionalidad por parte de alcaldes y contra-tantes, llevando a rendiciones de cuenta incompletas por incum-plimiento de requisitos docu-mentales, haciendo más gravoso el control. Y segundo, porque al documentar cada etapa contrac-tual, el estado de la contratación es conocido en tiempo real por los funcionarios de la Contraloría.

Quedan así resueltos los va-cíos de información en el lleno de los requisitos contractuales, facilitando la vigilancia fiscal y

abriendo el camino para planear a conciencia las consiguientes audi-torías. Con ello, nos adelantamos a cumplir las previsiones del Es-tatuto Anticorrupción en temas como el apoyo a los mecanismos de transparencia en la función ad-ministrativa, garantizar el control de legalidad y mejorar las meto-dologías de auditoría. Igualmente, abrimos el camino para un control social sin precedentes, pues cada contrato firmado se difunde auto-máticamente por Twitter y Face-book pudiéndose ampliar la infor-mación ingresando al sistema.

En resumen, Gestión Trans-parente constituye la más inno-vadora solución para organizar información contractual válida, tal como lo confirman sondeos reali-zados en países latinoamericanos.

Sistema Gestión Transparente

http://gestiontransparente.com/sujetoscontrol/

¡Que SI le pase a usted! Lucha anticorrupción, control social y herrramientas informáticas

Top 5 de las faltas más sancionadas por la PGN – Primer trimestre 2011Por: Liliana Villamil Gómez y Nohemy Mahecha Alza, Grupo SIM

La Procuraduría ha sancionado a 448 servidores públicos y/o particulares que transitoriamente ejercen funciones públicas. Éstas son las más relevantes:

Top Falta disciplinaria N° personas sancionadas

N° destituidos e inhabilitados

1 Suscribir contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales escenciales. 44 23

2 Realizar objetivamente una descripcion tipica consagrada en la ley como delito sancionable a titulo de dolo (art. 48-1 CDU)

36 14

3 No cumplir ni hacer que se cumplan los debres contenidos las leyes 26 3

4 Extralimitacion de funciones 24 75 No cumplir con diligencia, eficiencia e

imparcialidad el servicio encomendado 22 4

Fuente Sistema de Información Misional –SIM- PGN

Se capacitaron 152 funcionarios de 20 municipios de la provincia de Velez. El evento realizado el 27 de mayo fue convocado por la Procuraduría General de la Nación con el apoyo del Archivo General de la Nación, la Contraloría General de Santander y la Gobernación de Santander.

Procuraduría acompaña capacitación en gestión documental en la provincia de Velez - Santander