Propuesta educacion
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Propuesta Para La Reforma General de Educación Por una Educación Libre, Justa y de Excelencia.
Nos encontramos en una encrucijada histórica en la que están ocurriendo los
debates que definirán en los próximos meses, el país en el que queremos vivir las
próximas décadas. El tema de educación se ha vuelto esencial en la discusión de
la sociedad que queremos construir y de la cuál queremos ser partícipes. Es por
eso que en este debate tan importante deberíamos estar todos los sectores de la
sociedad presentes, pero el último tiempo, el discurso ha sido monopolizado por
una sola visión política, que es controlada por los sectores más radicales del
movimiento estudiantil, vetando a un sector importante de la sociedad Chilena.
Lamentablemente el otro sector político; la centro derecha en general y la
administración del Presidente Piñera en particular, no supo estar a la altura del
debate sobre educación, ya que estos últimos generaban políticas públicas en
reacción a lo que el movimiento estudiantil exigía, de forma gradual,
recordándonos a la “Reforma del macetero” de Jorge Alessandri. La centro-
derecha ha carecido en el último tiempo de una hoja de ruta clara y un proyecto
general sobre lo que se quiere en educación, defendiendo por default el estatus
quo, como la municipalización, o en la defensa de los distintos tipos de
establecimientos educacionales, situación que lo ha dejado fuera de la vanguardia
de la discusión, cediendo terreno a ideas ajenas a su sector.
El movimiento social acertó cuando puso sobre la discusión nacional la
problemática de la calidad, y la segregación que genera la municipalización, donde
los estándares de todo nuestro sistema educacional no dan el ancho al país de
oportunidades que hemos construido en las últimas décadas.
Debemos combatir contra la segregación, que es un verdadero Apartheid
educacional, ya que no es justo que si se nace en una comuna de bajos recursos,
se estudie, trabaje y muera en las mismas condiciones. Así también, si es que se
nace en una comuna de altos recursos se tienen altas posibilidades de que
suceda lo mismo, no por mérito, sino por origen socioeconómico. La educación
debe ser el principal motor de la movilidad social para evitar esta segregación que
va desde la cuna a la tumba, pero ¿son las herramientas de la izquierda la única
forma de superar esta segregación? ¿Son el Estado docente y la estatización de
la educación la única manera?
Nosotros tenemos la convicción de que no es así, de que podemos dar soluciones
a esos problemas con nuestras propias banderas.
Compartimos el diagnóstico de la izquierda, pero nosotros creemos en las
soluciones que entregan las ideas de la libertad y la justicia, bases fundamentales
de un sector político importante en nuestra historia republicana.
La consigna que se impuso en la opinión pública hoy es “educación: publica,
gratuita y de calidad” por lo que defender hoy sólo la “calidad” no parece la
estrategia más inteligente, ya que es un consenso de todos que queremos mejorar
la calidad. Sin embargo hoy el gobierno la ofrece gratuita en vez de justa, y pública
en vez de libre. El discurso hegemónico ha convencido a la sociedad de que para
que la educación sea de calidad, se debe financiar a la oferta y no a la demanda,
es ahí donde encontramos el sesgo fuertemente ideológico y no técnico que
mejoré realmente la calidad.
Para bien o para mal, la reforma tributaria ya es un hecho. Además del
compromiso del gobierno que vamos a exigir para invertir los ocho mil doscientos
millones de dólares que se recauden, en educación, que se suma a los doce mil
millones de dólares del presupuesto actual de educación, este nuevo presupuesto
anual de la nación sería de más de veinte mil millones de dólares, que representa
cerca del 30% del total del presupuesto anual del país, por tanto, tenemos una
oportunidad histórica de que nuestra educación pase a las primeras ligas
mundiales a nivel de excelencia.
Al futuro presupuesto total de educación, podemos agregar lo que ya pagan los
padres de educación subvencionada a través del copago que son más seis mil
millones de dólares. Esto sumado a mil millones de dólares más que aportan los
que tienen a sus hijos en educación particular pagada.
Esa cantidad de recursos debe ser repartida entre los más de 4 millones y medio
de estudiantes en Chile, distribuidos entre la enseñanza pre básica, básica que
consta de un millón novecientos mil niños y la educación media, cerca de un millón
cuatrocientos mil jóvenes, además de los quinientos cincuenta mil estudiantes
universitarios y los más de trescientos mil estudiantes de instituciones técnicas de
educación superior.
Esta suma nos da un promedio de más de tres millones cien mil pesos por
estudiante al año en todos los niveles educacionales, sin incluir lo que se obtenga
de los créditos de auto endeudamiento, lo que implica más inyección de recursos
para la educación.
Es el momento donde los que creemos en una sociedad libre, demos un paso
hacia atrás y repensemos qué tipo de educación es mejor para todos y cada uno
de los chilenos.
Sobre el Rol de la educación y el Lucro
PRIMER ACUERDO: Rol Público
Consideramos que la educación es un bien esencialmente de carácter público,
porque entrega un beneficio social al que todos debemos tener acceso de forma
justa, ya que la educación también es un bien estratégico, que conduce a realizar
los cambios sociales que lleven a Chile al desarrollo.
Entendemos “bien público” como todo lugar de interacción entre privados, que no
sea en el área de lo estrictamente privado, como lo es el cuerpo, la consciencia o
el hogar. Consideramos estatal todos los bienes que sean propiedad del estado,
por tanto, consideramos que lo público es donde interactúan los privados entre
ellos o con el estado, razón por la cual consideramos que el mercado y los bienes
de consumo son también bienes de carácter y función pública.
Creemos como consecuencia de ello que la educación puede y debe ser
administrada por los privados en concesión del estado, como lo es en el caso de la
señal de televisión abierta; sean estos privados, personas particulares,
organizaciones no gubernamentales, sociedades comerciales o corporaciones
públicas. En este último caso, si los establecimientos educacionales fueran de
corporaciones públicas, deben ser administrados de la forma más descentralizada
posible.
La sociedad pública de apoderados y profesores tendrá prioridad por sobre una
Municipalidad y esta a su vez por sobre la gobernación, ésta por sobre la
educación planificada desde el gobierno central. Las sociedades públicas podrán
recibir copago a través del arancel diferenciado, de la misma manera que
cualquier otro establecimiento educacional, con la finalidad de mejorar su calidad.
Todos los establecimientos educacionales de cualquier nivel, al ser bienes de
carácter público, podrán ser reguladas en cuanto realicen sus prestaciones de
formas correctas y transparentes para el bien del consumidor, quien fiscalice esto
debe ser el Estado a través de una súper intendencia de educación.
SEGUNDO ACUERDO: Lucro y Emprendimientos
Las instituciones educacionales de todos los niveles tienen legítimo derecho al
lucro, si es que estas así lo estiman conveniente, pero este debe ser
absolutamente transparentado, informando en cualquier situación de publicidad,
como también al momento de la matrícula. Se debe especificar qué porcentaje de
los excedentes, no son reinvertidos en educación para qué los apoderados y
estudiantes puedan elegir libres e informados entre las diferentes ofertas
educacionales.
En la educación superior se avala el lucro en establecimientos educacionales del
tipo técnico pero no en las del tipo universitario. Encontramos sumamente injusto
que solo las personas más adineradas puedan elegir entre colegios con fines de
lucro o sin fines de lucro, esa es una opción que deben tener todos para tener una
educación realmente justa.
A modo de ejemplo, existen hoy espacios donde los privados pueden lucrar
perfectamente, con la elección de los beneficiados de una subvención estatal,
como es el caso de becas de alimentación de SODEXO o las viviendas sociales,
que son derechos básicos como la comida y el techo, nadie marcha aún por
comida pública y gratuita.
Por otro lado, creemos que el Estado debe facilitar opciones a las personas que
quieran emprender un proyecto educacional en lugares donde la oferta sea
insuficiente o excesivamente homogénea. Esto suele ocurrir en regiones,
especialmente en las más alejadas del país. Un mecanismo para ello es la
entrega de créditos bancarios. Con el fin de aumentar la oferta en educación y con
esto mejorar la calidad de todos los establecimientos educacionales, ya que una
mayor cobertura, aumenta la competencia y la diversidad de las opciones para
educarse.
Sobre Financiamiento
TERCER ACUERDO: Sistema Voucher
La piedra angular de nuestra Propuesta para la Reforma General de Educación,
es que rol subsidiario y solidario del estado debe estar enfocado en ayudar a las
personas que no puedan solventar la totalidad de su educación o la de sus hijos.
La subvención debe ir a las personas y no a las instituciones, por ende, los
recursos administrados por el estado deben financiar a través de subvención a la
demanda y no a la oferta, o sea, a los estudiantes y no a los centros
educacionales, ya sean estos colegios, centros de formación técnica o
universidades.
La beca del estado variará entre un 1% y el 99% según necesidad, como una
política pública simbólica de solidaridad y responsabilidad, para que todos los
alumnos estudien con un porcentaje de financiamiento estatal y con otro
porcentaje de financiamiento de las propias familias y los mismos estudiantes.
CUARTO ACUERDO: Arancel Diferenciado
La subvención estatal debe hacerse a través de un arancel diferenciado, donde se
analicen los diferentes casos de las familias y los estudiantes, según necesidad
que tenga en cuenta un criterio objetivo de análisis de los ingresos familiares, la
cantidad de hijos que se encuentran estudiando dentro de una familia, entre otros
factores. No es lo mismo una familia que gana doscientos cuenta mil pesos que
una que gana un millón de pesos, tampoco es lo mismo una que gana un millón de
pesos y tiene cinco hijos estudiando, que una que gana lo mismo y sólo tiene un
hijo en la educación básica o superior.
Cuando las personas no puedan estudiar, debe ser la sociedad civil y en última
instancia el estado el que debe garantizar que todos tengan acceso a la
educación. Por lo que cada familia pagara un máximo de un 20% de sus ingresos
totales en la educación de todos los miembros que se encuentren en la educación
formal.
QUINTO ACUERDO: Financiamiento Directo por Investigación
La única subvención directa del estado a un establecimiento educacional debe ser
a través del concurso público con la finalidad de invertir en área de investigación e
innovación. Todos los establecimientos educacionales deben poder competir en
igualdad de condiciones, según méritos, por dichos recursos, los que deben
obtenerse por el mérito de la innovación, compitiendo también por esos recursos
con otros privados o instituciones que quieran hacerlo.
Al igual que la Beca de Conicyt, al mismo tiempo esta debería estar fuera de la
competencia de los organismos estatales de educación, ya sea del Ministerio de
educación o de la Superintendencia de educación, sino que, de algún organismo
similar pero del área de Innovación, Investigación y Desarrollo. Con estos recursos
los establecimientos educacionales no podrán lucrar y su gasto deberá ser rendido
con gran probidad.
SEXTO ACUERDO: Créditos para la Educación Superior
En educación superior de pregrado y posgrado, todos los individuos deben tener
las mismas oportunidades de estudiar con la mayor cantidad de recursos posibles,
bastando la sola intención de estudiar y la capacidad académica necesaria, para
poder acceder a ellas. Es por esta razón que proponemos mantener el sistema de
crédito con aval del Estado, pero este debe ser apto para toda la población
estudiantil superior, sin discriminación alguna, además el interés comercial debe
ser de un 0% pero con un valor calculado en Unidad de Fomento, para que el
pago posterior sea correctamente adaptado a su justa correspondencia monetaria.
Cualquier persona debe poder estudiar en cualquier institución educacional sin ser
discriminado por capacidad de pago, sino que, solo por mérito académico. Del
mismo modo tampoco es menester del Gobierno central determinar la elección de
establecimiento educacional o la carrera que se estudie, sino que esta decisión es
sólo de los estudiantes.
Para el pago de dichos créditos universitarios, debe el estado entregar la opción
de; trabajar voluntariamente en una labor que genere un beneficio público y que
esté relacionado con el área de lo estudiado por el deudor; el pago en trabajo
debe ser similar a la deuda y el valor debe ser establecido por el mercado y
corroborado por el estado; o bien debe existir la opción de pagar con un
porcentaje del sueldo pactado al ingresar al mundo laboral, con al menos un año
después de conseguir el primer trabajo remunerado; y finalmente, eliminación del
trabajo forzado al que el estado somete a los egresados de algunas carreras como
lo son derecho y medicina.
Sobre Selección
SÉPTIMO ACUERDO: Fin de los privilegios
No deben haber alumnos de primera categoría, segunda categoría y tercera
categoría, por tanto no puede haber favoritismo alguno hacia una institución de
educación por sobre otra por parte del estado. Esto es injusto y discriminatorio
para los estudiantes y apoderados que eligen una institución que no tiene
privilegios particulares entregados por el estado, ya que estos beneficios son una
forma de corporativismo elitista, como es el caso de los privilegios mantenidos por
mera tradición de las universidades del consejo de Rectores. Planteamos la
eliminación del CRUCH y todo privilegio a ciertos organismos por sobre otros.
Como por ejemplo, el monto máximo de las becas del gobierno para estudiar en
universidades del Consejo de Rectores, es mayor que para hacerlo en una
universidad que no pertenece a ese grupo y ambos a su vez, son mayores que
para estudiar en un instituto profesional.
OCTAVO ACUERDO: Fin a la discriminación
Ninguna institución de educación puede discriminar arbitrariamente el ingreso de
un estudiante que haya elegido libremente un establecimiento educacional, que no
sea por sorteo en la educación pre-básica y básica o por mérito académico en la
educación media y superior. Solo aceptamos que se dé prioridad a los que tengan
más hermanos estudiando en un colegio que seleccione por sorteo. Estas
discriminaciones en ningún caso pueden ser por género, etnia, nacionalidad,
condición socioeconómica, lugar de residencia, orientación sexual o credo
religioso. Esto en la práctica eliminaría por ejemplo la discriminación que sufren
hijos de padres separados y también la que ocurre en colegios que no sean
mixtos.
Tampoco se podrá discriminar a los estudiantes por el porcentaje de pago en
subvención estatal y recursos privados. Nuestro compromiso está con la “Libertad
de Educación”, que entendemos en la defensa del mercado, o sea, de los
apoderados y estudiantes. No en la defensa política de las empresas o
emprendimientos educacionales particulares, que si bien es necesario existan
para que la oferta sea posible, deben ser los padres y estudiantes los que escojan
entre la oferta de establecimientos y no viceversa.
NOVENO ACUERDO: Arancel Referencial
La Superintendencia fijará un arancel referencial, según disponibilidad total de
recursos en educación de la suma del presupuesto público en educación y los
aportes privados, divididos en la cantidad de alumnos por nivel educacional.
Si un establecimiento educacional supera con el valor de su matrícula el Arancel
referencial, debe tener un sistema de becas interno, que permita subvencionar a
los alumnos seleccionados por sorteo o prueba estandarizada que no tengan los
recursos para financiar el excedente de la matrícula por sobre el arancel
referencial.
DÉCIMO ACUERDO: Fin de la Segregación
Deben eliminarse las diferencias entre categoría jurídica y comercial de los
colegios estatales por su gradual desaparición. Así también debe eliminarse la
diferencia de los colegios subvencionados y particulares pagados, por medio de la
fusión de estos conceptos en un solo tipo de establecimiento educacional, ya que
todos serían subvencionados de forma indirecta, superando el tema de la
segregación educacional, debido a que las becas podrán ser utilizadas en
cualquier establecimiento de Chile, tal como ocurre con las universidades.
También se liberará a las universidades estatales del aparato burócrata, quedando
éstas en igualdad de condiciones para competir con las universidades privadas.
Las actuales universidades estatales podrán optar a sistemas de propiedad
colectiva de naturaleza privada como lo es la Universidad Austral, la Universidad
de Concepción y la Universidad Técnica Federico Santa María, que pertenecen a
la comunidad local o a una fundación sin fines de lucro, que en la práctica se
traduce a una administración autónoma. Dichos establecimientos no tendrán
privilegios diferentes al resto de establecimientos educacionales, eliminando de
toda la esfera educacional la intervención directa del estado y su posible sesgo. El
estado no debe decidir dónde estudia y qué estudia una persona, ya sea con
incentivos positivos o negativos.
Sobre los Profesores:
DÉCIMO PRIMER ACUERDO: Evaluación Docente
Todos los educadores y profesores deberán someterse al menos una primera vez
obligatoriamente a una prueba docente, luego podrán darla tantas veces ellos
estimen conveniente. Todos los establecimientos educacionales deberán mostrar
al momento de matricularse los alumnos, los puntajes de la nómina de profesores
y al momento de hacer cualquier publicidad los establecimientos deberán mostrar
el promedio de ranking de sus profesores. La prueba será estandarizada, no habrá
ni mayor incentivo ni castigo por el resultado de la prueba más que el del mercado,
en relación de la elección de los padres, la transparencia en la calidad de los
establecimientos privados con subvención indirecta y la de los profesores de
querer mejorar para poder negociar mejor sus contratos de trabajo y aumento de
su precio en el mercado laboral.
Esto será un incentivo para los profesores de mejorar continuamente sus
facultades docentes y cada establecimiento educacional podrá invertir en preparar
a sus profesores para que rindan una mejor prueba, o bien éstos por su cuenta
podrán pagar un establecimiento privado destinado a la mejora. La única exigencia
e intromisión del estado sería en pos de la transparencia del consumidor, tanto de
alumnos como de apoderados. La misma comunidad educacional se regularía a sí
misma, razón por la que el organismo encargado de realizar dicha prueba debiera
ser el mismo que esté encargado de realizar PSU, idealmente expertos
académicos seleccionados por la Superintendencia de educación a diferencia de
cómo funciona en la actualidad.
Nos parece que cuando una profesión obtiene gran parte de su remuneración con
aportes fiscales, la sociedad puede exigir una prueba de calidad, invitamos a esto
a las demás profesiones con similares características a igual exigencias.
En Resumen nuestra Propuesta de Reforma General de Educación tiene la
ventaja de ser sustancialmente coherente en todos los niveles educacionales, ya
que contempla un sistema de Voucher desde la etapa preescolar hasta la
educación superior, esta beca entregada por el estado según la necesidad de las
familias, con arancel diferenciado, podrá ser utilizada en cualquier establecimiento
educacional que apoderados o estudiantes estimen conveniente. No habrán
establecimientos vedados para nadie, ni diferencias de castas entre colegios ya
sea estatales, subvencionados o privados, porque habrá un sólo modelo
educacional diverso en su contenido pero igualitario en privilegios y todos podrán
optar a cualquiera de los diferentes proyectos educacionales, ya que el poder de
decisión está en los apoderados y los estudiantes y no en el establecimiento
educacional, lo que terminará con la segregación y discriminaciones arbitrarias.
De esta forma todos los niños y jóvenes recibirán un gasto similar que se traducirá
en un equitativo acceso a la educación, ya sea si estudian en la Patagonia, en
Santiago o en Arica, si viven en comunas con menos recursos o con mayores
recursos económicos, e independiente de la situación particular de las familias.
Además permitirá entregar más recursos a la etapa preescolar, que es la etapa
donde se pueden inyectar de forma más efectiva y económica los recursos a la
hora de direccionar éstos a buenos resultados, tanto intelectuales como sociales.
Se ha demostrado que el mercado puede cubrir perfectamente derechos
esenciales y bienes públicos, además de hacerlo mejor y de forma más eficiente,
siempre y cuando se corrijan las faltas de información y se eliminen los privilegios
por tradición.
Es hora de pasar a la vanguardia de la discusión, con banderas propias
coherentes y representativas de nuestros principios y valores, que logren correr
nuevamente el eje de la discusión hacia la libertad, la justicia y la excelencia.