Protección jurídica del software

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PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE Alumno: Yhony Valdez Mamani

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PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE

Alumno: Yhony Valdez Mamani

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El avance de la Informática ha tenido que producir replanteos conceptuales de gran amplitud en el análisis jurídico tradicional. El problema del régimen jurídico aplicable al Software aún no está resuelto, y los cuestionamientos que se hacen no sólo recaen en el campo estrictamente jurídico, sino que denota la presencia de dos elementos fundamentales como lo son el técnico y el económico.

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EL SOFTWARE DEBE TENER UNA PROTECCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA AUTORAL O DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La doctrina concuerda en señalar múltiples medios de protección de distinto alcance y eficacia. Pero ya que los programas de computación sólo “forzadamente” se enmarcan en los conceptos de “invención” y “obra protegible”, se ha planteado la necesidad de establecer una protección específica, sui generis, pero en todo caso los principios generales del derecho civil y del derecho penal serán siempre aplicables.

En el enfoque tradicional de los derechos de autor, la obra intelectual debe ser una expresión personal del autor, original, resultado de la actividad del espíritu, con individualidad, que sea completa y unitaria, una creación integral.

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CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE EN EEUU

Estados Unidos se reafirmó en la tendencia internacional de proteger los programas de computador mediante el régimen de derechos de autor. El artículo 10 (1) del ADPIC establece que los programas de computador, se encuentren en código fuente o en código objeto, deben ser protegidos como obras literarias a la luz de la Convención de Berna de 1971.

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PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE EN LA UNIÓN EUROPEA

Los Países Miembros de la Comunidad Europea han reproducido la esencia de esta disposición en sus leyes de patentes. Encontramos aquí también que la posición legal se encuentra soportada en la concepción según la cual los programas de computador no son más que fórmulas matemáticas o “instrucciones para ejecutar ejercicios intelectuales y que involucran la aplicación de técnicas de programación a un problema particular.

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PROTECCIÓN JURÍDICA SEGÚN LA DECISIÓN 486 DE LA CAN

Régimen Común sobre Propiedad Industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad

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EL TRATAMIENTO DEL TEMA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

Constitución Peruana, que en su artículo 2° inciso 8), Capítulo I establece: “Toda persona tiene derecho: (...) a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.”; en este artículo vemos que los derechos de propiedad intelectual han sido colocados como derechos fundamentales de la persona con rango constitucional. Otras normas nacionales que regulan la propiedad industrial son: el Decreto Legislativo Nº 1075

- Ley de Propiedad Industrial de carácter complementario y procesal cuyas normas son aplicables en tanto no contradigan las normas del Régimen Común Andino; la Ley Nº 27444

- Ley del Procedimiento Administrativo General que establece y regula supletoriamente los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Industrial, la Ley Nº 27584 y sus modificatorias que se aplica en casos de Propiedad Industrial cuando, agotada la vía administrativa, se inicia una demanda de impugnación de resolución administrativa mediante un proceso contencioso administrativo en vía judicial. De otro lado, encontramos elementos de Propiedad Industrial en el Código Civil y delitos contra la Propiedad Industrial en el Código Penal y su modificatoria, Ley N° 27729.