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Revista Argentina de SociologíaAño 4 Nº 6 // Mayo – Junio 2006

ISSN 1667-9261

Publicación Internacional de Ciencias Sociales.Consejo de Profesionales en Sociología. Ley 23.553

Av. Corrientes 2835, cuerpo B, piso 7… „B‰, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Tel: (54-11) 4964-2160

Email: [email protected]: www.sociologos.org.ar

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REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOG¸A

CPS. Publicación Internacional de Ciencias Sociales, de periodicidad semestral.

Directora-Editora Responsable: Alicia Itatí Palermo

Copyright by CPS

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Registro de la propiedad intelectual N… 466395

Buenos Aires, 2006

Registro LATINDEX por el CAICYT CONICET N… 13.365

Incluida en el SCA Sociological Abstract, Cambridge Scientific Abstract, Western

Región Office. Aceptada en la Red de Revista científicas de América Latina y el Ca-

ribe, España y Portugal de Ciencias Sociales y Humanidades (REDALyC) y Miem-

bro Fundador de la Red de Revistas de la Asociación Latinoamericana de Sociología

(RevistALAS).

VOCALES TITULARES

Alicia Edith Caplán María José Marcogliese Gladys Baer Silvia Noemí Furque Rubén Osvaldo Narváez Susana Graciela Cuestas Vedoya

VOCALES SUPLENTES

Beatriz Ana Giri Brown Carlos Alberto Dasso Alicia Funes Alicia Nora Giannattasio Silvia Adriana Mei

CONSEJO DE PROFESIONALES EN SOCIOLOG¸A

COMISIŁN DIRECTIVA

PRESIDENTE

Bernardo Raúl Maresca

VICEPRESIDENTA

Ana María Facciolo

SECRETARIO GENERAL

Eduardo Halliburton

TESORERA

Graciela Lía Contreras

SECRETAR¸A ASUNTOS PROFESIONALES

Alicia Itatí Palermo

TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

Presidente Jorge Enrique Taiana Ernesto María PastranaMartha Beatriz Rotblat

Teresa Fay Doris CalvetHéctor Roberto RoudilGraciela Irma Climent

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ASESORES EDITORIALES

Bernardo Raúl Maresca

Eduardo Halliburton

Fernando Nápoli

DIRECTORA-EDITORA RESPONSABLE:

Alicia Itatí Palermo (UN de Luján, UNSAM, Argentina)

CONSEJO EDITORIAL

Ana María Facciolo (UN de Luján, Arg.)

Liliana Gastrón (UN de Luján, Arg.)

Graciela Colombo (UN de Buenos Aires,

Argentina)

Ernesto Pastrana (UN de Buenos Aires,

Argentina)

Héctor Roudil (UN de Buenos Aires, UN

Nacional de la Matanza; Argentina)

Ricardo Martínez Mazzola (Facultad de

Ciencias Sociales, UBA, Argentina)

COORDINADORA DE REDACCIŁN

Graciela Biggiotti

COORDINADOR SECCIŁN RESEÑAS

BIBLIOGR˘FICAS

Diego Ezequiel Pereyra

ASISTENTE DE DISTRIBUCIŁN

José Cassaro

Eduardo Sandoval Forero (UN Autónoma

del Estado de México, México)

Teresa González Pérez (UN de la Laguna, España)

Edgar Mendoza (UN de San Carlos, Guatemala)

Pedro Rivas (UN de los Andes, Mérida, Venezuela)

Julio Fuentes Fuentes (Consejo de Sociología,

Arequipa, Perú)

Adrián Scribano (IAPSC - UN Nacional de Villa

María, Córdoba, Argentina)

Maira Baugmarten (FURG/Universidade Federal

do Río Grande

Dr. Víctor Armony (Universidad de Que-

bec, Montreal , Canadá).

Dra. Dora Barrancos (Universidad de

Buenos Aires - Universidad de Quilmes,

Argentina).

Dra. Mónica Bendini (Universidad Nacio-

nal del Comahue, Argentina).

Mg. Alberto Leonardo Bialakowsky (Insti-

tuto Gino Germani, Argentina).

Dr. Carlos Borsotti (Universidad Nacional

de Luján, Argentina).

Dra. Doris Fay Calvet (Academia Belgrania-

na - I.U.N.A. - C.A.R.I., Argentina).

Prof. Rubén Cuccuza (Universidad Nacio-

nal de Luján, Argentina).

Dr. Gerónimo de Sierra (Universidad de la

República, Uruguay).

Dra. Capitolina Díaz Martínez (Universi-

dad de Oviedo, España).

Dr. Fernando Díaz Orueta (Universidad de

Alicante, España).

Dra. Amalia Eguía (Universidad Nacional

de La Plata, Argentina).

Dra. Miren Etxezarreta (Universidad Autó-

noma de Barcelona, España).

Dr. Arturo Fernández (Universidad de

Buenos Aires, Argentina).

CONSEJO ASESOR ACADÉMICO INTERNACIONAL

TRADUCTORA

Alejandra Vassallo

CORRECTORA

Mirta Laura Bolinaga

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4

Dr. Gustavo Fishman (Arizona State Univer-

sity, Estados Unidos).

Dra. Consuelo Flecha García (Universidad de

Sevilla, España).

Mg. Isabel Hernández (CEPAL, Chile).

Dra. Anna Kozowska (University of Czesto-

chowa, Polonia).

Dr. Boris Kozuh (University of Ljubljana,

Eslovenia).

Dr. Vladimir P. Kultygin (Sociedad de Soció-

logos de Rusia, Rusia).

Dra. Cecilia Lagunas (Universidad Nacional

de Luján, Argentina).

Dr. Christian Lalive dÊEpinay (Faculté des

Sciences Économiques et Sociales, Suiza).

Dr. Tomás Palau (Universidad Nacional de

Asunción, Paraguay).

Dr. Vicente Palermo (CONICET, Argentina).

Dra. Edith Alejandra Pantelides (Centro de

Estudios de Población, Argentina).

Dr. Jean Ruffier (Centre Franco-Chinois de

Sociologie de lÊIndustrie et des Technologies,

Francia).

Dra. Isabel Santi (Universidad de Paris VIII,

Francia).

Dra. Ruth Sautu (Universidad de Buenos Ai-

res, Instituto Gino Germani, Argentina).

Dra. Beatriz Schmukler (Instituto Dr. José

María Luis Mora, México).

Dra. María Teresa Sirvent (Universidad de

Buenos Aires, Argentina).

Dra. Encarnación Sobrino (Universidad Na-

cional de Villa María, Córdoba, Argentina).

Dr. Tomaz Tadeu da Silva (Universidade Fede-

ral de Rio Grande Do Sul, Brasil).

Dr. Hernán Thomas (Universidad Nacional

de Quilmes, Argentina; CONICET, Argen-

tina).

Dr. Zhan T. Toshchenko (Revista de Investi-

gaciones Sociológicas. Academia de Ciencias,

Rusia).

Dr. Carlos Vilas (Universidad Nacional de

Lanús, Argentina).

Dra. Catalina Wainerman (Universidad de

San Andrés, Argentina – CENEP, Argentina).

OBJETIVOS DE LA REVISTA

1. Conformar un espacio de comunicación e intercambio entre el CPS, sus matricu-

lados, graduados e instituciones académicas del campo de las Ciencias Sociales y

Humanas en general y de la Sociología en particular.

2. Brindar un espacio para que investigadores y académicos puedan publicar sus

producciones académicas.

3. Constituir un medio de actualización a través de la difusión de investigaciones

científicas y ensayos

4. Incrementar y jerarquizar la actividad académica del CPS.

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Sumario / SummaryEditorial .............................................................................................................. 7

Artículos

• Ana María Mendes Diz; Liliana Findling, Patricia Schwarz,

Pablo Di Leo y Ana Camarotti.

La pertenencia a la obra social como clave de la evaluación de

los servicios de salud. Un estudio de caso ............................................... 11

• Jorge Lazo Cividanes

Ciencia e ideología: apuntes para un debate epistemológico. ............. 32

• Mariana Caram y Soledad A. Pérez

Entre el riesgo ambiental y el riesgo social:

buscando una salida a la tenencia irregular ............................................ 50

Dossier: Estado, Gobierno y Sociedad

• Silvia Grinberg

Educación y gubernamentalidad en las sociedades

de gerenciamiento ........................................................................................ 67

• Marcelo Gómez

Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva

desafiante en la Argentina (1989-2004) .................................................... 88

• Andrea López y Noberto Zeller

La Administración Pública Nacional en la Argentina (1983-2001):

el impacto de las reformas sobre su estructura y personal ................... 129

Comentarios de libros ................................................................................... 160

Reseñas de libros, congresos y eventos científicos .............................. 170

Actividades académicas e institucionales ................................................ 177

Publicaciones recibidas .................................................................................. 182

Normas para la presentación de trabajos ................................................ 183

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Publicación Internacional de Ciencias Sociales del CPS

Consejo de Profesionales en Sociología, Ley 23.553

Av. Corrientes 2835, cuerpo B, piso 7À „B‰, Ciudad de Buenos Aires,

Argentina

Tel / fax: (54-11) 4964-2160

E-mail: [email protected]

Sitioweb: www.cps.org.ar

Ilustración de tapa‰ Rojo Profundo‰ Alicia Nora Giannattassio.

La Revista Argentina de Sociología publica trabajos originales e inéditos

del campo de las Ciencias Sociales. Su periodicidad es semestral.

Están invitados a publicar investigadores y estudiosos de las más va-

riadas problemáticas y disciplinas de las Ciencias Sociales, del ámbito

nacional e internacional.

La Revista cuenta con un espacio en la página web del CPS (www.cps.

org.ar). En él se difunden: el Reglamento, las Normas para la presenta-

ción de artículos, los mecanismos para la selección, los nombre de los

responsables, y la versión electrónica de los ejemplares editados.

En el sitio REDALyC se encuentra la versión electrónica de los ejem-

plares NÀ 1, NÀ 2, NÀ 3, NÀ 4 y NÀ 5 de la Revista Argentina de Socio-

logía.

Los artículos expresan exclusivamente la opinión de los autores. Se au-

toriza su reproducción parcial a condición de mencionar el autor y la

fuente. Prohibida la reproducción total de los artículos sin autorización

expresa del editor.

Esta revista tiene una tirada de 700 ejemplares. La red de distribución

es internacional. La revista es enviada a Universidades, Bibliotecas e

Instituciones Académicas nacionales e internacionales.

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EDITORIAL

Hace aproximadamente un año, el Instituto de Investigaciones Sociológicas de nuestro Consejo de Profesionales en Sociología se propuso la organización del Primer Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones Internacio-nales, Políticas Migratorias y de Asilo. Para ello se contactó con la Maestría de Migraciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y ambos organismos coincidieron en asumir las tareas de organización.

La idea de una actividad académica que escapase a los moldes tradiciona-les y ofreciese la posibilidad de reflexionar sobre la problemática desde una perspectiva teórico-metodológica fue tomando forma, a la vez que se pensaba en un enfoque que permitiera discutir los marcos conceptuales desde nuestras propias realidades latinoamericanas.

Unos días antes del desarrollo del Congreso, el incendio de un taller textil clandestino en un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un saldo de seis víctimas fatales, puso al descubierto una realidad invisibilizada por los medios gráficos y electrónicos de comunicación, aunque conocida por las autoridades: la penosa situación de explotación, marginalidad e inde-fensión en que viven muchos migrantes indocumentados provenientes de los países limítrofes.

El Congreso procuró convertirse en un foro que contribuya al fortaleci-miento de los vínculos entre el estudio del fenómeno y la realidad, y en virtud de ello se propusieron los siguientes objetivos:

• Generar un ámbito de reflexión crítica sobre los enfoques y modelos teóricos aplicados al conocimiento y tratamiento de los fenómenos migratorios y de movilidad geográfica de personas.

• Reexaminar y analizar las políticas que los países implementan para dar respuesta al fenómeno de las migraciones internacionales.

• Generar discusiones y reflexiones acerca de la forma en que se abordan las migraciones internacionales en la actualidad, exponer las estrategias metodológicas que se aplican para estudiarlas y las determinaciones y fundamentos que intervienen en la elaboración y diseño de las políticas y acciones implementadas.

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• Ampliar los conocimientos sobre la complejidad de las respuestas políticas y la gobernabilidad de las migraciones, aportando material de trabajo a los hacedores de políticas, a través de un mayor intercambio de experien-cias y diálogo, sobre la base del respeto a los Derechos Humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

Organismos como el Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Po-blación (FNUAP), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) aportaron a los objetivos del Congreso y financiaron su realización.

La Revista Argentina de Sociología se sumará a esta iniciativa dedicando su próximo número a esta temática. Una vez más el Consejo de Profesionales en Sociología muestra su preocupación por incrementar su calidad académica y ofrecer a los sociólogos y a toda la comunidad científica, la posibilidad de un espacio de reflexión sobre problemáticas de relevancia social.

Bernardo Maresca Alicia Itatí PalermoPresidente CPS Directora de la RAS

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HOMENAJE A SOCIÓLOGOS ASESINADOS O DESAPARECIDOS POR EL TERRORISMO DE ESTADO

Hace 30 años, el 24 de marzo de 1976, se inició el capítulo más siniestro, sangriento y retrógrado de la historia argentina. El golpe militar perpetrado por las fuerzas armadas instauró durante siete largos años una doctrina –de la seguridad nacional– y una metodología –el terrorismo de estado– inéditas, hasta entonces, en el escenario nacional.

Su aplicación no sólo se expresó en centros clandestinos de detención, secuestros, extorsiones, torturas y asesinatos a mansalva sino que sentó las bases de ese criminal quehacer sistemático que incluyó, también, esconder los cadáveres de las víctimas, que ascienden a un número que aún estremece a las conciencias civilizadas: 30.000 desaparecidos.

Esa doctrina y esa metodología constituyeron, asimismo, el respaldo ma-cabro del plan económico que benefició a los grandes grupos económicos e inició el endeudamiento externo y el proceso que culminó con la destrucción lisa y llana del aparato productivo nacional.

La dictadura militar orientó su accionar represivo contra toda organi-zación o individuo que pudiese cuestionar sus fines inconfesables: de esta manera fueron censurados los medios de comunicación, disueltos los partidos políticos e intervenidos los sindicatos y las universidades, al tiempo que se perseguía a sus dirigentes y activistas.

El ejercicio de esa práctica impiadosa alcanzó también a nuestra profesión cuando fueron asesinados o desaparecidos docentes, graduados o estudiantes de sociología.

Con la publicación de la lista que figura a continuación, necesariamente incompleta, la Comisión Directiva del Consejo de Profesionales en Sociología quiere rendir un sentido homenaje a su memoria y un reconocimiento a su coraje cívico.

SociólogosJuan Carlos Alzogaray

Patricio Biedma ScadewaldtMaría Antonia Berger

Roberto Cristina

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José Luis DiosCristina Fernández de ColomerDora Esther Franzosi de Betbede

Elda Galvez BruscoMónica Goldstein

Oscar Rómulo Gutiérrez SesaregoKatsyta Higa

Alberto Gustavo Jamilis WodlingerGraciela Perla Jatib Villar

María Cecilia Magnet Ferrero de TamburiniRafael Olivera

Rosa María Pargas Fleitas de CampsHugo Perret

Osvaldo Plaul SacheroNora Ercilia Rodriguez Jurado Byrne de Olivera

Marcos SlachterLuis Alberto Sosa Herrera

Ricardo TajesRafael Olivera Palacios

Enrique Carlos Pecoraro BafigiFernando Perera LunaMaría Sol Pérez Losada

Juan Domingo Plaza TabordaAntonio Vitaic Jakasa Peric

Elisabeth Kasemann Wizermann

ProfesoresRoberto CarriSilvio Frondizi

Daniel Saúl Hopen Etinger

EstudiantesCarlos AbadiAna BaravalleAriel Ferrari

Juan Pablo MaestreClaudia Yankilevich

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11REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 11-31

La pertenencia a la obra social…Mendes Diz, Findling, Schwarz, Di Leo y Camarotti

La pertenencia a la obra social como clave de la evaluación de los servicios de salud. Un estudio de caso

Ana María Mendes Diz, Liliana Findling,Patricia Schwarz , Pablo Di Leo y Ana Camarotti

Instituto Gino GermaniFacultad de Ciencias Sociales UBA

Abstract

El objetivo de este trabajo es indagar, desde una mirada cualitativa, las variables que influyen en

la evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Policlínico de la Obra Social del Per-

sonal Gráfico de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de la atención de los servicios de salud.

Se seleccionó una muestra no probabilística, por cuotas según sexo y antigüedad de afiliación,

que abarcó a 25 usuarios (15 mujeres y 10 hombres), aplicando una guía de pautas que contenía

preguntas abiertas. El corpus obtenido a través de las entrevistas fue procesado mediante la

aplicación del programa informático Atlas T.

La mirada con respecto a la institución está mediada por la pertenencia, lo cual otorga una

fuerte carga afectiva a las evaluaciones sobre los servicios. La significación simbólica de la

institución laboral se traslada a la institución sanitaria. En este sentido, los afiliados más an-

tiguos le dan una significación que trasciende el tema de la atención. Estas vivencias moldean

su evaluación, que no está afectada por estándares „objetivos‰ de la calidad de la atención que

reciben; por el contrario, ellos están evaluando a una institución que forma parte de sus vidas,

y la biografía personal se confunde con la historia del gremio y de la obra social.

Palabras clave: Evaluación, Calidad de servicios de salud, Tiempo de afiliación, Satisfacción

del paciente, Pertenencia.

This qualitative analysis explores the variables that impact on the evaluation of satisfaction

levels by health-care users at the City of Buenos Aires Graphic WorkersÊ Polyclinic.

A non probabilistic sample of 25 patients (15 women, 10 men) was selected according to sex

and length of affiliation. These patients were interviewed based on an open-ended questionnaire

and the data obtained was processed with Atlas T software.

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12 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 11-31

La pertenencia a la obra social…Mendes Diz, Findling, Schwarz, Di Leo y Camarotti

Membership mediates usersÊ vision of the institution, thus providing a strong emotional ele-

ment in the evaluation of health-care services. The symbolic meaning of the labor institution is

transferred onto the health-care provider. Thus, senior members assign meanings that transcend

health-care services. These experiences shape affiliatesÊ evaluations, which appear unaffected

by „objective‰ quality standards. On the contrary, users evaluate an institution that is part of

their lives, and personal biographies are interwoven with the history of the trade union and

its health-care services.

Key words: Evaluation, Health-care Quality, Length of Affiliation, Patient satisfaction, Mem-

bership.

Introducción

La investigación sobre servicios de salud se ha convertido en una de las áreas de mayor producción en los últimos años dentro del complejo campo dedica-do al abordaje de la problemática salud/enfermedad/atención médica. Se trata de un campo en elaboración, tanto a nivel teórico como metodológico.

El enfoque de investigación más tradicional se orienta al estudio de los servicios, tomando como dimensiones las relaciones entre estructuras, procesos y resultados. Este abordaje vincula en el nivel micro al equipo de salud con los usuarios en aspectos tales como: la oferta y la demanda de prestaciones; la organización y la utilización de recursos financieros, técnicos y humanos, y las conductas y las prácticas de prestadores y pacientes. Son múltiples los enfoques utilizados y las disciplinas involucradas. Se suelen combinar perspectivas que valoran formas organizativas con otras que buscan ponderar las condiciones de uso por parte de los usuarios o estudian dimensiones de la calidad de la atención recibida.

Trascender el enfoque de individuo portador de necesidades de atención y construir una perspectiva relacional que vincule la organización de los ser-vicios con las necesidades, las expectativas y las demandas de la población, supone incorporar la dimensión de los grupos sociales; y esto ha sido posible gracias a la inclusión de las ciencias sociales en el análisis de la problemática de los servicios (Belmartino, 1995).

En el marco del proceso de desregulación y reconversión de las obras sociales, la oferta innovadora de servicios, la calidad de atención, los costos, la comunicación y la imagen institucional son los atributos valorados por las entidades, sobre todo a partir de la introducción de la libre elección de afilia-dos entre las diversas obras sociales. El reemplazo del concepto de población cautiva por el de libre elección plantea el inicio de un proceso de transición

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13REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 11-31

La pertenencia a la obra social…Mendes Diz, Findling, Schwarz, Di Leo y Camarotti

que genera cambios profundos en el vínculo del beneficiario con su prestador de servicios de salud. Esta idea del beneficiario con predisposición a elegir una obra social marca un punto de inflexión en el desarrollo de las instituciones y, por ende, en el sistema de obras sociales en general.

El objetivo de este trabajo es indagar desde una mirada cualitativa acerca del comportamiento de las variables que influyen en la evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Policlínico de la Obra Social del Personal Gráfico de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la atención de los servi-cios de salud.

La evaluación de la calidad de los servicios

En el área de la salud se expresan con mayor nitidez las interacciones entre los niveles individuales, institucionales y sociales. Asimismo, la satisfacción (o su contrario) está teñida de valoraciones, expectativas, modelos y/o estilos de vida deseados y/o deseables. La satisfacción es producto de una ponderación subjetiva de los actores.

Desde la perspectiva de las ciencias sociales se diferencian tres aspectos a la hora de evaluar la calidad de la atención:

• Calidad percibida: se refiere a la opinión formada de los usuarios respecto de un servicio, tanto anterior a la decisión de su utilización como poste-rior, basada en la imagen institucional, en la experiencia con el servicio y en la información boca a boca, a partir de otros usuarios, de fuentes especializadas o de los medios de comunicación.

• Expectativas: constituyen los estándares o los puntos de referencia con respecto a los cuales se evalúa el desempeño de un servicio. Son percep-ciones de la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de algún hecho, juntamente con lo que se piensa que debería suceder.

• Satisfacción: refleja cuánto gusta/disgusta un servicio al usuario después de su utilización. La satisfacción es producto de una ponderación subje-tiva de los actores y no puede ser medida ni objetiva ni unidimensional-mente.

Linder Pelz (1982) y Williams (1994) plantean la relación entre las ex-pectativas y valores sustentados por el paciente y el nivel de satisfacción. Las creencias previas relacionadas con la conducta médica pueden jugar un papel significativo en la determinación de las evaluaciones subsiguientes, sin que exista una relación directa con lo que efectivamente se hizo o percibió durante

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La pertenencia a la obra social…Mendes Diz, Findling, Schwarz, Di Leo y Camarotti

el encuentro. En los estudios en ámbitos hospitalarios, los pacientes dan por supuesto la competencia técnica de los profesionales y sólo se sienten habilita-dos para evaluar aspectos conductuales de la atención y comunicación. Como plantean Iriart y Nervi (1990), la práctica médica está socialmente legitimada y las mediciones sobre satisfacción sólo muestran la aceptación de la autoridad médica por parte de quienes demandan su atención. Asimismo, son escasos los estudios de satisfacción sobre grupos muy vulnerables con enfermedades crónicas, como ancianos o enfermos con problemas mentales. En estos casos, las expresiones de satisfacción recogidas no aparecen ligadas a las expectativas del paciente, dado que éstas son muy bajas o no existen. En muchas ocasiones este tipo de pacientes no se sienten calificados para emitir opiniones sobre dis-tintos aspectos de los servicios ya que saben muy poco acerca de ellos (Owens y Batchelor, 1996).

Friedson (1961), por su parte, diferencia las expectativas del paciente en cuanto a ideales y prácticas. Las ideales son definidas como resultados an-ticipados que proceden de la propia experiencia de cada individuo o de las experiencias de otros. Las expectativas prácticas derivan de la evaluación que hace cada paciente de su problema y sus objetivos en la búsqueda de atención. Ambas pueden no coincidir, dando lugar a situaciones en las cuales los pacien-tes están satisfechos porque sus expectativas prácticas se han cumplido, aunque la atención recibida no se ajuste a la imagen ideal previamente formada.

Según Petracci y Szulik (1998), la calidad de un servicio resulta de com-parar las expectativas del usuario con las cualidades del servicio. Las autoras citan el modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry, en el que se hace una dis-tinción entre la calidad esperada y la calidad percibida. Considerando que la satisfacción del usuario es el elemento predominante de la calidad percibida; la definición de calidad del servicio estaría dada por la minimización de la distancia entre las expectativas del usuario con respecto al servicio y la percep-ción de éste tras la utilización del servicio.

Puede decirse que tanto los estudios dedicados a evaluar la calidad de un servicio, como los referentes a medir la satisfacción del usuario, están basados en el paradigma de la confirmación/desconfirmación de las expectativas. Dicha postura considera que la satisfacción está ligada con las expectativas iniciales de una persona.

Más específicamente, las expectativas individuales son confirmadas cuando el servicio se comporta de la manera esperada, o bien cuando las expectativas iniciales son positivamente confirmadas porque el servicio funciona mejor de lo que se esperaba. La insatisfacción se produce cuando las expectativas son negativamente desconfirmadas.

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La pertenencia a la obra social…Mendes Diz, Findling, Schwarz, Di Leo y Camarotti

A partir de la revisión de una amplia bibliografía sobre estudios realizados en diversos países (Atria et al., 2000; Rosselot, 2000; Sandoval Priego, 1997; Viana, 2003; Alvarado y Vera, 2001; Velandia, 2003; Saco Méndez, 2001; Chang de la Rosa, 2000; Gómez Castro, 1997), hemos observado que muchos instru-mentos utilizados en investigaciones sobre satisfacción no están fundamen-tados en los modos en que los usuarios definen y perciben la calidad de los servicios de atención, ni en sus prioridades. La mayoría de las investigaciones se basan en un supuesto no verificado sobre la manera en que los pacientes evalúan la atención recibida.

En todos estos trabajos, en los que se utilizaron técnicas cuantitativas y/o cualitativas y que se basaron en muestras muy diversas, se detecta un elevado nivel de satisfacción por parte de los usuarios de los servicios evaluados. También se muestra que la relación médico/paciente es la que brinda mayor satisfacción y que la insatisfacción en este aspecto es uno de los principales motivos de abandono de los tratamientos. En cambio, la infraestructura y los aspectos organizativos/administrativos son, en general, los ítems evaluados más desfavorablemente.

La Obra Social del Personal Gráfico (OSPG)

En nuestro país, la actividad gráfica se inicia a principios del siglo XIX, y ya en 1857 se organiza la Sociedad Tipográfica Bonaerense (STB), primera mutual de oficio de nuestro país, orientada al auxilio recíproco entre sus miembros y la defensa de la profesión. Bajo el lema „Trabajo, ilustración y fraternidad‰, la STB reunía a patrones y trabajadores asalariados (Grimberg, 1997).

Veinte años después se constituyó la primera asociación obrera con fines exclusivamente sindicales de la Argentina, la Unión Tipográfica, que organizó la primera huelga en el país, demandando aumentos salariales, reducción de la jornada laboral y la supresión del trabajo de menores.

Ya desde la primera década del siglo XX, a pesar de que se vivía un am-biente político enrarecido por conflictos obreros que motivaron una respuesta represiva del Estado, se lograron conquistas tales como: la jornada laboral de ocho horas, tarifas salariales uniformes según categorías, un reglamento colec-tivo de trabajo y un aumento del 50% en los salarios. El gobierno de Hipólito Yrigoyen benefició a los trabajadores gráficos, pero el de Uriburu implicó, en la década del Â30, una pérdida de las conquistas anteriores.

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La pertenencia a la obra social…Mendes Diz, Findling, Schwarz, Di Leo y Camarotti

Durante la primera etapa del peronismo, la Federación Gráfica afrontó el desarrollo de una dura lucha interna entre las conducciones socialistas y comunistas y la reciente Agrupación Gráfica Peronista, iniciada en 1946. En 1949, gran cantidad de trabajadores peronistas, socialistas y comunistas or-ganizaron una huelga de un mes por la renovación del convenio de trabajo. La resolución del conflicto fue el primer antecedente de intervención de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En el marco de la movilización gremial y de enfrentamientos políticos contra el régimen militar, desde 1968, encabezados por Raimundo Ongaro, la Federación Gráfica Bonaerense, constituida por una alianza de activistas pero-nistas, grupos de izquierda e independientes, lidera la Confederación General de Trabajadores Argentinos (CGTA). La fuerte asociación entre especialización, cultura y politización funcionará como eje de identidad y diferenciación, tanto al interior del sector gráfico como respecto del resto de los trabajadores (Grimberg, 1997).

En 1974, por segunda vez en un gobierno peronista, la Federación Gráfica fue intervenida por la CGT, mientras llevaba adelante un plan que suponía la articulación de distintas medidas de fuerza (paros, demoras en la producción, restricción de los ritmos y los volúmenes de producción) y la reivindicación indirecta de aumentos salariales. Desde esos años, la política represiva ejecuta-da por el gobierno militar implicó para los trabajadores gráficos la desapari-ción de aproximadamente 80 personas y la prisión y el despido de activistas y delegados. También significó la pérdida de conquistas y la drástica supresión de los mecanismos de intervención y negociación sindical contemplados en el convenio gráfico.

En 1984, con el retorno al régimen democrático, se inició un proceso de reorganización sindical que posibilitó el reagrupamiento de activistas y el proceso electoral que permitió el retorno a la dirección de Ongaro, con una alianza en la que participaron viejos y nuevos activistas incorporados durante el régimen militar (Grimberg, 1997).

A fines de la década del Â90, el proceso de reconversión de obras sociales posibilitó la solidificación del proceso de reorganización de la Obra Social del Personal Gráfico. Con el ingreso al Programa de Reconversión de Obras Sociales (PROS), financiado por el Banco Mundial, la entidad logró ampliar la infraestructura del Policlínico Central, reorganizar los sistemas de infor-mación de la entidad y capacitar al personal administrativo. La libre elección de afiliados no significó una pérdida de beneficiarios; por el contrario, en estos últimos años lograron un balance positivo al recibir usuarios de otras entidades.

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La pertenencia a la obra social…Mendes Diz, Findling, Schwarz, Di Leo y Camarotti

La visión de los usuarios de la Obra Social

En este artículo se analizan las percepciones sobre la calidad de atención que poseen los usuarios que concurrieron a los consultorios externos de diver-sas especialidades del Policlínico Central de la Obra Social del Personal Gráfi-co de la Ciudad de Buenos Aires. Se seleccionó una muestra no probabilística, por cuotas según sexo y antigüedad de afiliación, que abarcó a 25 usuarios (15 mujeres y 10 hombres), aplicando una guía de pautas que contenía preguntas abiertas.

Este trabajo forma parte de una investigación subsidiada por CONICET y constituye la segunda parte de un estudio anterior, de tipo cuantitativo, con usuarios de la obra social.

Los resultados de la primera etapa del estudio mostraron un alto nivel de satisfacción con la atención recibida, particularmente entre los usuarios de mayor edad y que tenían más de 25 años de antigüedad como afiliados en la institución. Asimismo, estos encuestados pusieron el acento en la pertenencia a la institución, a la hora de evaluar su calidad de atención (Mendes Diz, Findling et al., 2005). Nos propusimos, entonces, profundizar estos hallazgos con un estudio cualitativo.

El corpus obtenido a través de las entrevistas fue procesado mediante la aplicación del programa informático Atlas T. Del análisis realizado surgieron tres dimensiones, con sus respectivas variables, en torno de las percepciones de los afiliados sobre la obra social:

a) Identificación con la OSPG, constituida por los testimonios referentes a:

• Identidad gráfica• Conocimiento de la historia de la OSPG• Pertenencia activa a la OSPG

b) Aspectos vivenciales, conformada por:

• Comentarios positivos hacia la institución• Críticas a la OSPG• Experiencias personales vividas en la institución• Experiencias vividas en otros servicios de salud

c) Vinculación utilitaria con la OSPG:

• Pertenencia usuaria• Pertenencia mercantil

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La pertenencia a la obra social…Mendes Diz, Findling, Schwarz, Di Leo y Camarotti

CUADRO 1: Cantidad de citas según variables

VariablesMenos de 25 años

de antigüedad25 años y másde antigüedad

Total

Identidad gráfica 0 10 10

Conocimiento historia OSPG 0 5 5

Pertenencia activa 2 4 6

Comentarios positivos 27 19 46

Críticas a la OSPG 6 4 10

Experiencias en otros servicios de salud

22 6 28

Experiencias personales 6 4 10

Pertenencia usuaria 9 8 17

Pertenencia mercantil 6 4 10

Fuente: elaboración propia.

Tal como se observa en el Cuadro 1, existe una clara diferenciación en cuanto a la distribución de las citas asociadas a cada una de las variables según dos segmentos de usuarios: quienes tienen una antigüedad de afiliación menor a 25 años y aquéllos con 25 años y más.

a) Identifi cación con la OSPG

Todas las citas vinculadas a la variable identidad gráfica provienen del segmento de afiliados con 25 años y más de antigüedad. En los relatos apa-rece con fuerza la idea de un nosotros que contiene muy pocas referencias individuales. Existe una sólida asociación entre la pertenencia a la obra social y la pertenencia al sindicato; este aspecto se percibe en los discursos de los entrevistados en los que ellos se incluyen como protagonistas.

„Nosotros esto lo queremos porque nos costó mucho, muchos compa-ñeros estuvieron hasta presos por defender esta obra social en el ´49. Fuimos el primer gremio que le hizo paro a Perón. Para nosotros esto es parte de nuestra vida‰ (Hombre, 88 años, jubilado gráfico).

„Tengo 78 años y estoy afiliado desde el año ´36. El sindicato estaba manejado por los anarquistas, después los comunistas, después los socialistas, había de todo. Todos se respetaban, compartieras su idea o no. Estábamos orgullosos de ser gráficos, éste era un gremio superior.

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Era un gremio de gente instruida, hablando con los compañeros uno aprendía porque eran todos instruidos‰ (Hombre, 78 años, jubilado gráfico).

Como contracara de este nosotros surge un ellos, identificado con las nuevas camadas de afiliados a la obra social, que genera cierta decepción.

„Las nuevas generaciones están perdiendo un poco el amor por todo esto, no se calientan por nada, porque no les cuesta nada. Tienen todo servido. œCuándo van a hacer una asamblea en el Luna Park como hacíamos nosotros porque esto nos quedaba chico? No estamos orgu-llosos porque es un pecado ser orgulloso, pero sí estamos satisfechos, no sólo de ser gráficos sino de tener este servicio‰ (Hombre, 70 años, jubilado gráfico).

El nosotros se constituye, en términos de Zygmunt Bauman (1998), alre-dedor de una ética del trabajo. Ésta se conforma en las sociedades industriales, en las que el trabajo asumía un papel indispensable para la construcción de la identidad social. En este sentido, como afirma una afiliada, esposa de un gráfico, el trabajo es vivido como una profesión altamente valorada y no como una mera salida laboral: „Mi marido es gráfico de alma‰ (Mujer, 54 años, ama de casa).

Las citas referentes a la historia de la OSPG corresponden mayoritaria-mente a afiliados con 25 años y más de antigüedad. Los relatos dan cuenta de una fuerte articulación entre la biografía personal y la historia de la insti-tución.

„Mirá⁄, la alegría mía fue⁄ porque esto estaba vacío, y nosotros tenía-mos la antigua sede ahí en Belgrano, con un cartel de „vendido‰⁄ Y cuando pasé y vi „Gráfica Argentina‰⁄, cuando compraron el edificio nuevo, mirá, eso fue una alegría⁄ como cuando cumplí 18 años, y después refaccionaron el edificio a full‰ (Hombre, 78 años, jubilado gráfico).

Esta identificación con la institución se traduce en una participación activa en las actividades desarrolladas en ella y que se traduce en una fuerte pertenencia. La historia aparece en los relatos acerca de dos momentos dife-rentes: el primero vinculado con lo instituyente, en el que se hace referencia a la creación del espacio político y sanitario por parte de los afiliados del sindicato, en forma activa. En un segundo momento, una vez instituida la obra social, los afiliados jubilados siguen manteniendo su activa participación desde la „comisión de jubilados del gremio‰.

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„Yo siempre fui un colaborador de la obra social y del sindicato, nunca quise ser dirigente, pero siempre estuve vinculado, hasta hace dos años fui tesorero de la comunidad de jubilados. Yo tengo muy buena relación con toda la gente de acá porque yo siempre colaboré. Como yo estaba en la comisión de jubilados del gremio, yo propuse junto con otros compañeros hacer un bono solidario de cinco pesos, el que lo podía poner lo pone, el que no puede, no, y donarlo mensualmente o cada sesenta días a la obra social. Se empezó a hacer cuando se compró este edificio, cada dos meses juntábamos mil o mil ochocientos pesos y lo traíamos acá, y actualmente hay compañeros que vamos a tesorería y hacemos una donación a la obra social de gráficos‰ (Hombre, 88 años, jubilado gráfico).

Es interesante destacar que entre el segmento de menor antigüedad de afiliación no aparecen referencias a la identidad gráfica ni al conocimiento sobre la historia de la OSPG. La participación activa es ajena a su visión y es encarada por otros. No aparece una identificación creativa con el proceso ins-tituyente de la institución, ya que su participación está circunscrita a su papel de usuarios. Esta concepción puede ubicarse en el marco de las denominadas sociedades de consumidores (Bauman, 1998), en las cuales los sujetos limitan su actividad a la búsqueda y selección de objetos (entre los que se hallan los servicios de salud) para ser consumidos, sin participar en su producción.

b) Aspectos vivenciales

En esta dimensión se incluyen aquellos aspectos relacionados con la eva-luación de la calidad de atención que hacen referencia a la propia historia de los entrevistados.

Los comentarios del segmento de usuarios de mayor antigüedad sobre la evaluación de los servicios de salud hacen hincapié, principalmente, en la valoración de los recursos humanos (médicos, enfermeras y administrativos en términos generales). También aparece una valoración positiva respecto de la infraestructura de la obra social, mencionando principalmente la comodidad de las salas de espera, aspecto que hace más llevadero el tiempo de permanen-cia en ellas.

„Toda la gente está muy contenta, œfuiste a la sección de los chicos?, hasta hay juegos, parece una clínica privada‰ (Mujer, 73 años, ama de casa).

La mirada con respecto a la institución está mediada por la pertenencia, lo cual otorga una fuerte carga afectiva a las descripciones de los servicios. Por

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ello, en muchas de las frases de los entrevistados surgen asociaciones entre la obra social y la familia, desplazando su ubicación del ámbito de lo público hacia lo privado.

„La obra social es lo único bueno que tenemos, lo mejor se podría decir, médicos excelentes, la atención es preciosa, te tratan con mucho respeto, con mucho amor, mucha paciencia, lo que no tiene la gente hoy en día. Trabaja esta chica desde la mañana, la única⁄ es un ser hu-mano especial la secretaria que tenemos ahí, tan jovencita⁄, sí, es una obra social muy linda, tiene todas sus cosas preciosas, tiene todo. Yo la verdad es que estoy contentísima; más que yo veo que en otras obras sociales hay tantos problemas y acá no. Ðltimamente un poquito, œno?, con los médicos hay que esperar un poco de tiempo, pero la atención es siempre la misma‰ (Mujer, 65 años, ama de casa).

Son muy escasas las críticas entre los más antiguos. El aspecto más des-favorablemente evaluado es el tiempo de espera para la cita con el médico, motivo que ha sido detectado también en la etapa cuantitativa como un factor de queja. Sólo en un caso surgió como problemática la escasa presencia de servicios de salud en los partidos de la provincia de Buenos Aires y el requeri-miento de una mayor descentralización de la OSPG.

„Nosotros vivimos en Wilde y nos tuvimos que venir acá. Y antes, por ejemplo, podía elegir médicos zonales, clínicas zonales, y con el tiempo acá lo hacían, pero después no sé qué pasó, y hay que venir acá, y a veces desde Wilde hasta acá queda un poquito a trasmano‰ (Hombre, 45 años, gráfico).

Entre los usuarios de más de 25 años de antigüedad, las experiencias con otros servicios de salud son casi nulas. Una de las explicaciones más frecuentes hace referencia al contexto socio-económico reinante hasta fines de la década de 1970, caracterizado por un alto nivel de estabilidad en el mercado laboral y de protagonismo del movimiento sindical argentino.

„Siempre tuve esta obra social, por eso no puedo comparar con nin-guna otra. Yo empecé a trabajar a los dieciocho años, era menor de edad, y ahora ya estoy jubilado desde hace tres años, así que siempre fenómeno‰ (Hombre, 79 años, jubilado gráfico).

Al indagar sobre el conocimiento por parte de los afiliados acerca de la posibilidad de cambiar de obra social y su predisposición al cambio, la tota-lidad de los afiliados más antiguos respondió que conocía dicha posibilidad pero que no estaba entre sus proyectos pasarse a otra entidad. Consideramos

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que en este punto tiene un gran peso el fuerte sentimiento de apropiación que estructura toda la relación entre esta institución y sus afiliados.

Las referencias a las experiencias personales en este subgrupo mantienen una mirada general sobre los servicios, en donde resaltan sus beneficios, la cordialidad y el buen trato en relación con el personal, sin identificar una situación puntual en donde se plasmen dichas virtudes enunciadas. Asimis-mo, los pocos entrevistados que mencionan algunas experiencias personales lo hacen desde situaciones muy extremas, en las que se resaltan la efectividad y la contención que la institución les brindó. Teniendo en cuenta el punto de vista técnico, la calidad del servicio no es un aspecto fundamental desde la óptica de los usuarios con más de 25 años de antigüedad en la institución, a la hora de permanecer en ella.

Por otro lado, dentro del segmento de usuarios de menor antigüedad, la cantidad de comentarios positivos acerca de la calidad de los servicios aumenta considerablemente en comparación con el subgrupo anterior. En la mayoría de los casos son experiencias personales sobre aspectos concretos del servicio, con preponderancia de referencias a la atención de los profesionales médicos y escasas menciones a la infraestructura.

En cuanto a las críticas, si bien son algo más frecuentes que las esgrimidas por los más antiguos, siguen siendo muy escasas. En este sentido, todos men-cionaron las largas esperas para ser atendidos por los profesionales, debiendo soportar y aguardar más de un mes para poder concurrir a los especialistas. Otra crítica más puntual que aparece es la deficitaria atención en los servicios odontológicos.

„No uso mucho la 0bra social en realidad; después, de lo que uso, la parte en que más quejas tengo es en la parte odontológica, tengo que ir siempre a particular. El resto es más o menos normal. Lo que pasa es que los turnos son muy largos, uno por ahí pretende que los turnos sean más⁄ lo que pasa es que también hay mucha gente, entonces uno tiene que pensar eso también. Te diría que estoy en un 60% conforme, como para dar un porcentaje, œviste?‰ (Hombre, 36 años, gráfico).

Es de hacer notar, por un lado, que los más jóvenes padecen menos dolen-cias, en comparación con los de mayor edad, y son los que utilizan en menor medida los servicios de la obra social, y por otro lado, tal como reflejan las es-tadísticas sobre los traspasos, la OSPG fue una de las entidades que obtuvo un balance positivo desde el comienzo de la libre elección hasta la actualidad.

En cuanto a las citas relacionadas con experiencias vividas con otros servi-cios de salud, se observan diferencias entre quienes provienen de una empresa de medicina prepaga y quienes se atendieron en ámbitos públicos (hospitales,

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salitas o centros de salud). En el primer caso, se advierte una atención similar pero se resalta una mejor relación costo-beneficio de la OSPG con respecto a las prepagas.

„Mi marido ha tenido experiencias con prepagas, no tuvo solamente ésta, anteriormente había tenido Novus. Yo de prepagas vengo de, qué sé yo, hace muchísimo. Tuve dos prepagas, te digo que, comparativamente, acá⁄ œqué estás abonando? Nada‰ (Mujer, 54 años, ama de casa).

En cambio, cuando las referencias se relacionan con la prestación de los servicios de salud públicos se exacerban los beneficios de la OSPG frente a la deficitaria atención del ámbito estatal.

„Es que cambia todo, es como que tenés más facilidades de algo, pedís un turno y lo tenés a la semana. No es como el hospital de acá, que tenés en un mes, más o menos, te digo porque a mí me pasó cuando él nació, yo estuve internada un mes con él y después recién tuve la obra social, porque no llegó a hacer los trámites mi marido, y lo tuve en el hospital y nada que ver. En el hospital tenés que pagarte todo. Por eso, con esta obra social cambia mucho, es como que es tuyo, decís, pido un turno y ya lo tenés, más con mi bebé, que se tiene que hacer todo‰ (Mujer, 27 años, servicio doméstico).

Las experiencias personales resaltan aspectos positivos y hacen mención a situaciones concretas que se resolvieron adecuadamente. En este punto, se evidencia una clara diferenciación con el segmento de mayor edad, ya que los discursos se refieren particularmente a las situaciones vividas a modo personal y no se vislumbra tan fuertemente la mediación de la pertenencia entre el usuario y la institución.

c) Vinculación utilitaria con la OSPG

A partir del análisis de los testimonios de los 25 entrevistados se construyó una tipología compuesta por tres modalidades de pertenencia institucional: 1) pertenencia activa (ya analizada en la primera sección), 2) pertenencia usuaria y 3) pertenencia mercantil.

Cabe hacer notar que en estos dos últimos tipos de pertenencia no se encontraron diferencias significativas entre nuevos y antiguos afiliados.

La pertenencia usuaria queda definida como la relación instrumental entre los afiliados y la obra social, privilegiándose los aspectos vinculados con la atención.

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„Claro, sí, en muchos aspectos, porque fijate, vos venís y los médicos te atienden y si necesitás algo ellos te dicen lo que tenés que hacer. La doctora que me atendió ahora jamás la he visto⁄ ella me trata como si yo fuera una persona conocida. Entonces te da para decir „la siento como mía‰, porque me siento parte de ella. Por eso pienso que está bien cuando dicen que la sienten como que es de uno, está bien. Apar-te porque la ayudás a crecer, uno puede estar colaborando en algunos aspectos, si uno puede estar colaborando lo hace. Entonces, te da para decir „la obra social es mía‰ (Mujer, 39 años, ama de casa).

„La gente dice que la obra social es suya porque ve una calidad y una excelencia bárbara. Es un poco un bien que uno puede tomar o puede dejar. Y bueno⁄ además de que el cartel de médicos es bueno, te da cierto poder de decir que es mía también⁄ y a uno lo ayuda a crecer también. Está bien. No, yo no diría tanto como que es mía, pero me ayuda œviste? Y quizás yo también la ayudo en otros aspectos⁄‰ (Mujer, 54 años, ama de casa).

La pertenencia mercantil se asocia con la inserción ocupacional y los entrevistados que se incluyen en esta modalidad privilegian la lógica de la obligatoriedad del servicio brindado y el beneficio percibido por la relación contractual.

„Y sí, œpor qué no? Es mía porque hice todos los aportes para que sea nuestra. La obra social es nuestra. O sea todos los servicios los tenemos para atendernos⁄‰ (Hombre, 68 años, empleado gráfico).

„Es nuestra por el aporte que hacemos. Esto no es gratis, acá se apor-ta diariamente mientras uno trabaja, y después cuando uno viene a atenderse también hay que pagar, no el costo particular, pero hay que pagar‰ (Hombre, 57 años, empleado gráfico).

A modo de síntesis, confeccionamos el siguiente Cuadro con las princi-pales variables en torno de la percepción de los afiliados a la obra social y sus diferentes ópticas, según la antigüedad de afiliación de los entrevistados.

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CUADRO 2: Aspectos principales de las dimensiones según antigüedad en la afiliación

Dimensiones 25 años y más de antigüedad Menos de 25 años de antigüedad

Identificación con la OSPG

• Nosotros: pertenencia y protagonismo en relación con el sindicato• Ellos: nuevos afiliados•Articulación entre la biogra-fía personal y la historia de la OSPG•Fuerte participación activa

•No aparecen referencias a la historia de la OSPG ni a la iden-tidad gráfica•Participación únicamente por medio del rol de consumidor

Aspectos vivenciales

• Exaltación del buen ser-vicio: personal médico, no médico e infraestructura• Críticas escasas: tiempo de espera• Experiencias en otros servi-cios casi nulas

• Comentarios positivos vincula-dos con experiencias personales• Críticas escasas: tiempo de espe-ra y servicio odontológico• Experiencias en otros servicios: mejor relación costo-beneficio (prepagas)

Vinculación utilitaria con la OSPG

• Relación instrumental: afiliado-obra social• Privilegia aspectos vinculados a la atención• Privilegia lógica del consumidor: aportes al cambio de un servicio

Fuente: elaboración propia.

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GR˘FICO 1: Vínculos entre dimensiones condicionantes de la percepción sobre la OSPG

Fuente: elaboración propia.

Reflexiones finales

Los resultados obtenidos a partir del análisis de las entrevistas habilitan a realizar una breve disquisición, desde una perspectiva histórico-social, acerca de la relación del individuo-trabajo, en general, y de la historia del propio gremio de los gráficos, en particular.

En la etapa cuantitativa habíamos observado por parte de los encuestados un profundo „orgullo de ser gráficos‰, que parecía transferirse a la obra social, institución a la cual los de mayor edad consideraban que ayudaron a construir. En ese sentido, la obra social era sentida como una suerte de prolongación del gremio y, por lo tanto, el sentimiento de pertenencia hacia él también trascendía hacia la obra social.

Detectamos, asimismo, diferencias vinculadas a la edad de los usuarios y su antigüedad de afiliación a la obra social: los usuarios de mayor edad y los más antiguos mostraban mayores niveles de conformidad con la atención de los servicios de salud de la obra social. Requerimos ampliar, entonces, para esta fase cualitativa del estudio, la indagación acerca de esta afirmación que surgía frecuentemente entre los afiliados: „Yo siento que la OSPG es mía‰.

Antigüedad en la afiliación a la OS

Menor a 25 años25 años y más

Conocimiento historia OS

Identidad gráficos Pertenencia usuaria

Pertenencia mercantil

Pertenencia activa

condiciona condiciona

condiciona

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En los relatos de todos los usuarios con más de 25 años de antigüedad aparece con fuerza la idea de un nosotros, apoyado en una sólida asociación entre la pertenencia a la obra social y la pertenencia al sindicato: los entrevis-tados se incluyen como protagonistas cuando hacen mención a la historia de su gremio. El breve repaso de la historia de la entidad aporta a la comprensión de estos aspectos.

Lo expuesto evidencia que para los trabajadores „ser gráfico‰ ha constitui-do, en términos de la significación de un saber particular, una especialización, una relación también especial con el producto y el trabajo.

Pero asimismo, „ser gráfico‰ ha significado ser „heredero‰ de una tradición de lucha para la obtención de conquistas sociales y laborales. Para el activismo esta tradición ha sido la de „vanguardia del movimiento obrero‰ y, en ese sentido, es interesante rescatar que la consigna „los gráficos siempre vuelven‰ comenzó nuevamente a figurar en carteles, boletines y diarios del sindicato y de la obra social, y a través del discurso sindical, desde 1984.

El breve recorrido histórico nos retrotrae, no sin cierta nostalgia, a la épo-ca en que en la Argentina las políticas sociales se estructuraban alrededor de la relación salarial, y el trabajador llevaba consigo el orgullo de su identidad laboral: esto aparece con fuerza en los relatos de los jubilados o pensionados del gremio de los Gráficos que fueron entrevistados.

El oficio de gráfico aparece como una ocupación paradigmática propia de una época en la que, como plantea Bauman (2000), los individuos empezaron a tener el derecho y el deber de lograr por sus propios méritos su posición social y ésta debía ser reconocida y aprobada por la sociedad. Así, el trabajo constituyó la principal herramienta para encarar la construcción de una identidad social que podía construirse de una vez y para siempre pasando por etapas claramente definidas, como debía serlo la carrera laboral. La identidad personal, paralela a la carrera laboral, era absolutamente complementaria.

Para los viejos afiliados, la obra social representa mucho más que una simple tenencia de cobertura médica. Pese a que la atención sea criticada en algún aspecto, sienten, en última instancia, temor a perder lo que les pertenece, dado que los lazos establecidos están fuertemente entramados con sus modos de vida y, en particular, con su historia laboral. En ese sentido, se produce una fuerte experiencia personificada (Csordas, 1999) que está profundamente enraizada con el concepto de identidad gráfica que trasciende a la mera rela-ción institución sanitaria-paciente.

La mirada con respecto a la institución está mediada por la pertenencia, lo cual otorga una fuerte carga afectiva a las evaluaciones sobre los servicios. Por ello, en muchos relatos se detecta una estrecha asociación entre la obra

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social y la familia, desplazando su ubicación del ámbito de lo público (o semi-público) hacia lo privado.

La significación simbólica de la institución laboral se traslada a la insti-tución sanitaria que, según sus testimonios, ellos mismos ayudaron a crear. De esta manera, los afiliados más antiguos le dan un sentido que trasciende el tema de la atención. Estas vivencias moldean su evaluación, que no está afectada por estándares „objetivos‰ de la calidad de la atención que reciben; por el contrario, ellos están evaluando una institución que forma parte de sus vidas y la biografía personal se confunde con la historia del gremio y de la obra social.

Pero los tiempos cambian y actualmente estamos en presencia de una modificación fundamental: la elección de una carrera laboral, regular, durable y continua ya no se habilita ni se contempla para todos. Sólo en casos muy contados se puede definir una identidad permanente en función del trabajo: éste ha dejado de ser permanente, así como la identidad ha dejado de ser dura-dera. El trabajo como vocación, como fuente de orgullo, autoestima y respeto se ha transformado en un raro privilegio.

Esto se refleja en los relatos de un segmento de entrevistados que presentan predisposición al cambio de obra social: son preferentemente jóvenes que, además, poseen un mayor nivel de educación. Son los „otros‰ que pertenecen a este mundo fragmentado, que vivieron los profundos cambios tecnológicos en el oficio gráfico.

Durante los últimos treinta años, la industria gráfica atravesó por dos pro-cesos de reconversión tecnológica en la etapa de pre-prensa. Durante el primer proceso, los linotipistas y tipógrafos fueron reemplazados por armadores y tipeadores, respectivamente, mediante un proceso en que la composición con plomo (en caliente) se reemplaza por la fotocomposición (composición en frío). Linotipistas y tipógrafos presentaron gran resistencia a este cambio, que era vivido como una pérdida del arte, y la nueva tarea era descalificada por prescindir de la creatividad del trabajador. Linotipistas y tipógrafos eran el sector más combativo del gremio. Muchos de estos trabajadores no aceptaron las nuevas condiciones y se retiraron de la industria, o se jubilaron, en el caso de tener edades más avanzadas.

Hacia los ´90 el oficio „se eliminó‰, ya que la fotocomposición se orientó hacia una tecnología absolutamente computarizada, de cuyo producto el traba-jador no siente ningún orgullo. Hoy, la mayoría de la población trabajadora debe saber computación. Se incorporan jóvenes con secundario industrial completo y la capacitación dejó de ser un privilegio. A aquellos que no se

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adaptan a las nuevas tecnologías, si es necesario se los despide y se los reem-plaza por trabajadores con estudios apropiados.

Los despidos entre los jóvenes no parecen dañar la identidad, porque la índole actual del trabajo no genera pertenencia. Ingresan a esta industria por sus conocimientos en computación, pero en realidad podrían ingresar a cual-quier industria. Para los jóvenes, hoy, ser gráfico significa „ser un trabajador‰ o „saber trabajar con la computadora‰. El „orgullo de ser gráfico es cosa del pasado‰. La nueva tecnología prescinde del saber del trabajador. Actualmen-te, los trabajadores gráficos no se sienten diferenciados del conjunto de los trabajadores.

Aceptado: 7 de abril de 2006

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[email protected] María Mendes Diz. Doctora en Sociología. Investigadora Independiente de CONICET, con sede en el Instituto de Investigacioes Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

[email protected] Findling. Licenciada en Sociología. Investigadora del Instituto de In-vestigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

[email protected] Schwarz. Socióloga. Becaria de Doctorado de CONICET, con sede en el Instituto de Investigacioes Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

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La pertenencia a la obra social…Mendes Diz, Findling, Schwarz, Di Leo y Camarotti

[email protected] Francisco Di Leo. Sociólogo. Becario de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, con sede en el Instituto de Investigacioes Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

[email protected] Clara Camarotti. Socióloga. Becaria de Doctorado de CONICET, con sede en el Instituto de Investigacioes Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

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Ciencia e ideología: apuntes para un debate epistemológicoJorge Lazo Cividanes

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Ciencia e ideología: apuntes para un debate epistemológico

Jorge Lazo CividanesUniversidad de Montreal

Abstract

Este artículo propone una revisión crítica de los elementos fundamentales que diferencian las

nociones de ciencia e ideología y los factores que median en la relación existente entre ambas.

Cuestionando las principales asunciones que el registro de las disciplinas académicas suele atri-

buir a la ciencia, se plantea una discusión sobre los criterios de demarcación del conocimiento

científico, la cual pone en evidencia –desde el punto de vista epistemológico– la complejidad

en la concepción de sus objetos, datos y métodos, y los límites y condicionamientos que ello

impone. Por último, desde la perspectiva de la sociología del conocimiento, se examinan los

vínculos y los influjos entre la producción de conocimiento y el contexto social, con particular

atención a las relaciones de poder.

Palabras clave: Ciencia, Ideología, Sociología del conocimiento, Discurso, Poder.

This article presents a critique of the key elements that distinguish the notions of science

and ideology, and the mediating factors between the two. By questioning the underlying

assumptions of academic disciplines about science, the paper discusses the criteria set forth

to establish boundaries in scientific knowledge. From an epistemological perspective, these

criteria underscore the complexity of objects, facts, and methods in the production of scientific

knowledge and its constraints. Finally, from the perspective of a sociology of knowledge, the

article analyzes the relationship between the production of knowledge and its social context,

focusing particularly on power relations.

Key words: Science, Ideology, Sociology of Knowledge, Discourse, Power.

Ciencia sin apologías

Formalmente y sin problematizar podríamos decir que la ciencia es „un cono-cimiento comprobable, no contradictorio desde el punto de vista lógico, obte-nido mediante procedimientos bien fundados y repetibles‰ (Sartori, 1984: 81). La ciencia es empírica, trabaja con hechos, busca regularidades, es objetiva (o

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pretende serlo) y se exige a sí misma que tal conocimiento sea válido y fiable. Los datos con los que trabaja la investigación empírica, asimismo, provienen de la experiencia, que es la única que puede decidir la veracidad o falsedad de un enunciado científico (Popper, 1973: 39)1.

Sin embargo, definiciones de este tipo en el fondo no pasan de ser fórmu-las que suelen repetirse dentro de comunidades de saber y sirven para construir un registro al interior de ciertas disciplinas académicas. Entendiendo que no todo conocimiento es „científico‰, œqué delimita la ciencia frente a otras for-mas de conocimiento? œmediante qué criterios? Si hablamos de comprobación, œCómo ella se establece? œsobre qué bases? œqué son „procedimientos bien fundados‰? œson un grupo en particular de métodos o lo que los fundamenta es alguna otra condición que éstos satisfacen?

Por otra parte, los hechos con los que se trabaja, œSon siempre iguales, independientes del observador, neutros? La objetividad, œEs posible? œes nece-saria? œSon las categorías de validez y fiabilidad universales e idénticas para todos los conocimientos llamados científicos? Y el mundo, sea físico o social, œEs regular?

Estas y otras preguntas de igual tenor no son cuestiones adjetivas ni temas del dominio exclusivo de quienes se ocupan de la filosofía de la ciencia. Gene-ralmente, eso sí, queden soslayadas en el quehacer rutinario de la producción y reproducción de conocimiento. Quizás ello sea el producto de un creciente interés por tecnificar la actividad intelectual dentro de universidades y cen-tros de investigación, en beneficio de la adquisición y el dominio de técnicas particulares y del aprendizaje de campos específicos de conocimiento. En estas condiciones, el fundamento de tales prácticas científicas no forma parte de la preocupación de los investigadores más que como una excepción. Un ejercicio interesante, en este sentido, sería intentar conocer hasta qué punto quienes dicen hacer ciencia pueden precisar en qué consiste principalmente la actividad que practican2.

1. Parte de la bibliografía ha sido traducida del francés al español por el autor, para facilitar su lectura.

2. En 1984, Nigel Gilbert y Mike Mulkay, dos investigadores que se ocupan de la sociología del conocimiento científico, publicaron bajo el sugerente título Opening PandoraÊs Box el resultado de un estudio sobre el tema: „Gilbert and Mulkay were particularly concerned to look at participantsÊ own understanding of what was involved in scientific work. So they gathered together a wide variety of accounts, from laboratory reports and published articles through to recording of both formal meeting and break-time conversations. When they analysed these different accounts they discovered that there was no single, consensual story about how science proceeded‰ (Edley, 2001:197). En una perspectiva similar puede también consultarse un texto clásico de la sociología del conocimiento científico: Latour, B. (1987): „Science in Action - How to Follow Scientists and Engineers through Society‰, Cambridge, Harvard University Press.

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Por ahora, vayamos al ámbito donde esta cuestión del conocimiento (in-cluyendo el científico) comienza a dilucidarse: la epistemología.

Epistemología, conocimiento y diversidad

Por epistemología podemos entender el estudio de la naturaleza y validez del conocimiento3. Cuando hablamos de epistemología nos referimos a la reflexión sobre qué es algo en términos de cómo es conocido; es decir, sobre la forma de cómo un conocimiento dado se produce (Taylor, C., 1995: 67). En tal sentido, la ciencia sólo puede ser comprendida epistemológicamente como una categoría de conocimiento posible, fuera de posturas cientificistas que identifiquen ciencia y conocimiento como entidades indiferenciadas4 (Habermas, 1998: 4). Caracterizar la ciencia como conocimiento genuino es, finalmente, una utopía (Chalmers, 1990: 25). En un sentido muy general, el conocimiento sería:

"a rational belief that results from the thinkerÊs following (or, in the case of background beliefs, amounts to the thinkerÊs being disposed to follow) a rule or set of rules that worked as it was supposed to. We do not need to add that the proposition believed is true. If the rules worked as they were supposed to, they must have been reliable in the circumstances" (Wedgwood, 2002: 283).

El que la fiabilidad del conocimiento obtenido por medio de determina-dos procedimientos satisfaga, en un momento dado, criterios establecidos por una comunidad de saber no puede equipararse a la consecución de verdades en un sentido universal (infalibles, absolutas). Podríamos hablar, más bien, de conocimientos (creencias) justificados con base en evidencia adecuada. Lo otro, la verdad universal, pertenece más al dominio de la fe que al de la academia, donde el conocimiento ha sido y es provisional (Adams, 1989: 29).

La imposibilidad de una asimilación mutua de las nociones de conoci-miento y ciencia y el establecimiento de parámetros según los cuales es posible la obtención de tal conocimiento científico dan por sentado la existencia de otras formas de conocimiento: metafísica, ideología, teología, etc. Y por ello

3. Para un repaso histórico de los principales aspectos que conciernen a la epistemología y su relación con otros campos de conocimiento, ver: The New Encyclopaedia Británica, Vol. 6 (30), 15th Ed. 1768, Encyclopaedia Britannica Inc., Chicago, pp. 925-947.

4. Detrás de cualquier intento por hacer equivalentes ciencia y conocimiento está la asunción tácita o explícita de la existencia de verdades universales. Sin embargo, un concepto universal de verdad es, hoy en día, insostenible (Horkheimer, 1993: 140).

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las formas de conocimiento de un objeto o fenómeno varían y pueden ser diversas (Chalmers, 1990: 25).

La ciencia, œun conocimiento universal?

Si la ciencia es un tipo de conocimiento entre otros, œes posible construir algo así como un espacio de delimitación para este tipo de saber; una frontera interior que reúna de acuerdo con criterios uniformes lo que podemos o no considerar ciencia y lo que ha sido y es considerado como tal? Si ello implica la búsqueda de una noción universal de ciencia que se aplique a todas las ciencias, en los distintos períodos históricos, la respuesta es no5. La idea de una ciencia universal y un método ahistórico puede resultar, por el contrario, implausible y absurda (Chalmers, 2002: 161).

Invirtiendo un poco los términos diríamos, más bien, que el conocimien-to es un campo de historicidad en el que la ciencia aparece (Foucault, 1998: 332). Es evidente que dentro de las ciencias, históricamente, han variado las formas de observación, la naturaleza de los objetos y los procedimientos, y las justificaciones:

"The nature of scientific knowledge, the way in which it is to be justi-fied by appeal to reason and observational procedures, changes histori-cally. To understand and identify it were must analyze the intellectual and practical tools available to scientists in the particular historical context" (Chalmers, 1990:14).

Lo que corrientemente constituye un criterio definitorio de ciencia es su método. Pero œcuál?

"The method of controlled experiments6, which would put geology and astronomy into doubt? The mathematical method, which would put many evolutionary and biological subdisciplines into question?

5. Bernstein asocia la búsqueda de una verdad universal con lo que llama la „ansiedad carte-siana‰. Para él, las Meditaciones de Descartes son el locus clasicus en la filosofía moderna, en cuanto a la convicción de que la tarea de un filósofo es la búsqueda de un punto (la palanca de Arquímedes) sobre el cual fundar nuestro conocimiento (Bernstein, 1983: 16).

6. Por sus enormes limitaciones para implementarlo, el método experimental suele ser to-mado como una de las grandes carencias de las ciencias sociales, al tiempo que es considerado como el método de mayor grado de cientificidad. No obstante, aunque al formularlo parece evidente, es bueno recordar que por la complejidad de los procesos, el experimento aísla y crea condiciones, y los resultados obtenidos quedan circunscritos a tales condiciones de experimentación, que no son las del „mundo real‰ (Chalmers, 2002, 216).

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A method that emphasizes the importance of quantitave exactitude, repeatability, or predictability, which would exclude another array of recognized sciences. Even at the level of common sense, it is possible to put into question the supposition that science is unified through its reference to a single method" (Glynos, 2002: 25).

Aunque la idea de una unificación epistemológica de la ciencia se ha mantenido, lo cierto es que el número de disciplinas llamadas científicas se multiplica, y ello ha venido acompañado de una mayor diversidad de métodos, objetos y hechos (o datos) a observar. Y en medio de avances y re-trocesos, del surgimiento y la caída de paradigmas y modas intelectuales, ha sido imposible alcanzar tal unificación epistemológica. Visto históricamente, el fenómeno del crecimiento de áreas y disciplinas científicas representa una especie de división del trabajo del espíritu humano, aplicado al conocimiento de „lo real‰ (Lecourt, 1999: 412).

El desarrollo y la proliferación de teorías y métodos, por otra parte, han sido dos de las características de la ciencia contemporánea. Y tal diversidad complica aún más el trabajo de quienes han pretendido establecer criterios mínimos universales. Para la filosofía de la ciencia resulta embarazoso que muchos de los que son considerados mayores avances dentro de la historia del conocimiento científico (como los aportes de Galileo, Newton, Darwin o Einstein) no satisfacen simultáneamente, unos con respecto a los otros, los estándares que la filosofía de la ciencia indica, sugiere o esboza (Chalmers, 2002: 21).

Pero tan importante como la dificultad (o imposibilidad) para encontrar los rasgos que permitan una noción universal del conocimiento científico es el hecho de que, en los cambios que se han producido dentro de la ciencia, no es posible establecer lógicamente una linealidad, un desarrollo que suponga una continuidad, una evolución o un progreso dentro de un mismo cuerpo de asunciones y modos de comprender los fenómenos. Contrario a lo que sería una continua mejora en la aproximación al conocimiento de un objeto o un fenómeno, muchas veces lo que muestra la evidencia son drásticas fluctuacio-nes. Como la física suele ser modelo de ciencia, tomemos el ejemplo de la luz: primero fue caracterizada como partículas, luego como ondas en un medio elástico, posteriormente como campos fluctuantes en sí mismos y finalmente como fotones (Chalmers, 2002: 23).

Otro criterio que suele esgrimirse como acepción de la idea de ciencia es la posibilidad de establecer regularidades, causaciones y, finalmente, leyes con respecto a un evento o fenómeno. Los tres conceptos están comúnmente relacionados, en el sentido de que las causaciones serían conexiones regulares

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que toman la forma de una ley, en términos como: eventos del tipo A están invariablemente acompañados o seguidos por eventos del tipo B. No obstante, esto constituye más una idealización que una realidad:

"Apart from difficulties with the idea that regularities are a sufficient condition for a law, straightforward considerations about laws as they figure in science strongly suggest that a regularity is not a necessary condition either. If the view that laws describe exceptionless regular connections between events is taken seriously, then none of the claims typically taken to be scientific law would qualify (⁄) More to the point, most if not all of the generalities taken to be laws within science fail to qualify7" (Chalmers, 2002: 215).

Algunos de estos problemas para lograr una demarcación positiva de la ciencia frente a otros conocimientos inspiró la teoría del „falsificacionismo‰, de Popper8. Reaccionando contra el positivismo y examinando el desarrollo siempre cambiante del conocimiento científico, Popper considera que las teo-rías científicas son falibles y están sujetas a mejoramiento o reemplazo. Ellas deben ser contrastadas empíricamente con la experiencia del mundo de la que intentan dar cuenta, pero no en busca de una comprobación que las certifique, sino de un resultado que demuestre su falsedad. Si esto último no ocurre, la teoría en cuestión se mantendría como la mejor alternativa para explicar el fenómeno, hasta que una falsificación tuviera lugar. Para Popper la historia de la ciencia se explicaría, por ello, como la sobrevivencia de las teorías más exitosas en hacer frente a las pruebas a las que son sometidas.

Sin embargo, si tratamos de extraer de esta propuesta criterios para la aceptación o el rechazo de teorías dentro de la ciencia, terminaremos frente a los mismos problemas que Popper intentó resolver: „If we make our falsifica-tionist criteria too strong then many of our admired theories within physics fail to qualify as good science while if we make them too weak few areas fail to qualify‰ (Chalmers, 1990: 16).

Intentando superar las dificultades del método de Popper, Lakatos propo-ne la idea de programas de investigación científica en los que el criterio para su sostenimiento o continuidad no sería ya la posibilidad o no de „falsearlos‰. En síntesis, teniendo presente la experiencia histórica, Lakatos manifiesta que un programa de investigación confrontará invariablemente algunas dificulta-des, sin que por ello deba ser abandonado. Los conflictos de ciertas evidencias

7. Chalmers advierte, igualmente, que lo mismo ocurre con el esquema de causalidad, y ejemplifica el punto por medio de la primera y la segunda ley de la termodinámica, que no satisfacen dicho esquema (Chalmers, 2002: 221).

8. Popper, K. (1973): La logique de la découverte scientifique, París, Payot.

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con las asunciones centrales del programa son considerados anomalías más que „falsificaciones‰ (lo equivalente a tal „falsificación‰ se produce únicamente cuando otro programa de investigación es más exitoso en explicar tales anoma-lías y, en consecuencia, tiene lugar un reemplazo del programa anterior, que adquiere, así, la calificación de „degenerado‰). Estos programas son científicos si presentan rutas para la investigación que, cuando menos ocasionalmente, tienen éxito en conducir a la confirmación de nuevas predicciones9.

Sin embargo, la metodología propuesta por Lakatos corre la misma suerte que la de Popper en su intento por establecer límites entre ciencia y no-ciencia, pues carece de fuerza normativa:

"no research programme can be rejected as falsified because success may be just around the corner, so that one may rationally stick to a degenerating programme until it is overtaken by a rival and even after" (Chalmers, 2002: 19).

Los criterios de Lakatos se focalizan en los episodios de la historia de la física, que constituye (frecuentemente de modo erróneo10) un modelo para otras ciencias. Y esto representa otra limitación para hacer generalizaciones a partir del método que él propone. Por otra parte, ni los seres humanos ni las sociedades son objetos inanimados que puedan ser manipulados del mismo modo como se concibe en el mundo de la física. Los trabajos de Popper y Lakatos, en todo caso, son muestra y forman parte de una larga historia de intentos por descubrir o dotar a la ciencia de fronteras más o menos precisas (Glynos, 2002: 26).

Luego de todas estas consideraciones, aún se pueden precisar algunas cuestiones. Dado que, como hemos visto, no hay disponibles criterios demar-catorios universales que definan una concepción única de lo que es la ciencia y el método científico, no es posible rechazar o legitimar algún conocimiento con base en criterios preestablecidos (Chalmers, 1990: 10). En la reflexión filosófica sobre las ciencias naturales se ha llegado actualmente a comprender que la ciencia debe concebirse como un proceso dinámico históricamente, en el que se presentan conflictos de teorías, paradigmas y tendencias (Bernstein, 1983: 171; Lecourt, 1999: 412).

Sin embargo, aun cuando exigir certidumbre es utópico, ello no desmiente tres cualidades de la experiencia histórica dentro del quehacer científico: la

9. Lakatos, I. (1999): Methodology of scientific research programmes, Worrall, J., y Currie, G. (eds.), Cambridge, Cambridge University Press.

10. Voegelin señala que la materialización de las ciencias naturales como modelo de ciencia es un dogma ideológico (Voegelin, 1978: 178).

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transformación continua, el mejoramiento del conocimiento y su extensión. A pesar de todo, la ciencia puede ser, ha sido y es practicada, y sirve al interés de producir conocimiento más que al mero interés personal de quien la practica (Chalmers, 1990: 39). Justamente sobre este punto de producir conocimiento como interés superior de la práctica científica, Chalmers sitúa los criterios de demarcación tentativos de la ciencia, aunque haciendo énfasis en el caso de la física11. „How the aim of science is to be evaluated is certainly relative to other aims and interests, but once that aim is adopted, then the extent to which va-rious methods and standards serve it is not a matter of subjective opinion, but a matter of a objective fact to be practically established‰ (Chalmers, 1990: 8).

En este contexto, el cambio se explicaría igualmente en términos bastante pragmáticos: los científicos finalmente transformarán sus métodos y estándares cuando aprendan lo que se ganará con el cambio (Chalmers, 1990: 20).

Alcances y limitaciones de la investigación científica

Hasta ahora hemos intentado dar cuenta de las dificultades en el esta-blecimiento de fronteras externas e internas para el conocimiento científico. Inevitablemente, tales dificultades prefiguran una serie de restricciones en el alcance que puede atribuírsele a la ciencia como actividad de construcción de conocimiento. No obstante, nos parece indispensable avanzar un poco más en la formulación de algunos condicionamientos y dinámicas ligados a la investi-gación científica, que nos permitan comprender mejor las limitaciones que ella enfrenta y el alcance y las posibilidades de sus resultados. Si bien empezamos con aspectos que, como hasta ahora, tocan al mundo de la ciencia en general, comenzaremos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con las ciencias sociales y su objeto de estudio.

Como forma empírica de conocimiento, la ciencia busca generalizaciones y entendimiento, lo que en el fondo supone la idea de una cierta regularidad de los objetos y fenómenos. Generando en ocasiones desánimo, escepticismo o frustración, en el mundo de las ciencias sociales la búsqueda de tales regula-ridades consume enormes esfuerzos, sin que los resultados obtenidos permitan el establecimiento de algo parecido a leyes generales. Suele olvidarse, en ese sentido, que también en el mundo físico se viven realidades similares:

11. „My analysis and defense of physical sciences can be taken as indicative of how one might proceed in other cases, that is, by attempting to identify the aims involved, the practices developed to meet those aims and the degree of success attained‰ (Chalmers, 1990: 9).

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„the world around us is complex and messy, so that it is not possible to discern regularities that might constitute scientific generalizations applicable to it. Outside some areas of astronomy and optics, there are no exceptionless regularities to be observed‰ (Chalmers, 1990: 29).

La frecuente presencia de excepciones y el tratamiento ad hoc de ciertos resultados discordantes son experiencias relativamente comunes en el quehacer científico, no sólo en el complejo mundo social: „Our most prized theories in physics are invariably, and always have been, confronted by problems to which physicists either turn a blind eye or respond in ad hoc ways‰ (Chalmers, 1990: 18). Cuando no desconocidas o en algunos casos subestimadas, estas falencias de la ciencia son ignoradas, dejadas de lado, en espera de soluciones que pocas veces llegan. Hay, por otra parte, vacíos y preguntas sin respuestas que no se corresponden con el discurso de una ciencia lineal y evolutiva.

Desde otra perspectiva, el que la ciencia sea una empresa empírica no supone que los hechos que estudia y los datos con los que trabaja escapen a temas conceptuales de la clase que podemos referir como filosóficos. Siempre es pertinente preguntarse: œqué constituye un hecho, un dato? Porque no existen datos o hechos brutos. Ni ahistóricos. Ni neutros (Collin, 1997: 19). Ni independientes de toda teorización que permitan, por ejemplo, evaluar la adecuación relativa de dos teorías en competición12. Y si los datos son históri-cos y construidos a partir de una determinada concepción teórica, hay allí un problema epistemológico: œqué constituye una evidencia apropiada? (Glynos, 2002: 33).

No hay respuesta para ello más que en términos de contextos disciplina-rios y consenso dentro de las comunidades de expertos, fuera de cualquier parámetro de universalidad. Las teorías, los métodos, las técnicas y los datos son partes del proceso de construcción de conocimiento científico, y si, como hemos dicho, el conocimiento es falible, la evidencia es inevitablemente relati-va. En tal sentido, como apunta Lakatos, viendo la evolución de la ciencia hay pocos filósofos o científicos que sigan pensando que el conocimiento pueda ser conocimiento probado13. De modo que todo conocimiento obtenido por una investigación es parcial, situado y relativo (Taylor, S., 2001: 12), y la co-

12. „La adecuación empírica de una teoría debe más bien ser evaluada en función de normas establecidas en el marco de la concepción de mundo que la soporta. Estas normas son, ellas mismas, resultado de la historia de las ciencias y, en ese sentido, pueden variar según la época y los contextos disciplinarios‰ (Lecourt, 1999: 412). Para una discusión de estos cambios, en términos de rupturas de paradigmas, ver: Thomas, K. (1970): The structure of scientific revolutions,Chicago, University of Chicago Press.

13. „Replacing proof by probability was a major retreat for justificationist thought. But even this retreat turned out to be insufficient. It was soon shown, mainly by Popper`s persistent efforts,

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munidad académica es, finalmente, el tribunal último donde se juzga –cuando menos transitoriamente– una teoría y una investigación científica (Howarth, 2000: 14). Como señala Bertrand Russell, es imposible decir nada sobre el mundo como un todo, sino en referencia a una porción.

Experiencia, mediación y realidad

La relación entre la realidad circundante y el observador es un tema capi-tal en la discusión sobre el conocimiento. Dado que nuestra experiencia del mundo es mediada por conceptos, no tenemos conocimiento directo de las cosas (Anderson, 1986: 21). La certeza que tenemos de la existencia del mundo exterior no quiere decir que éste sea exacto a como lo percibimos. La manera fundamental como la realidad „aparece‰ ante nosotros o la experimentamos es presupuesta en nuestros juicios sobre la realidad que existe. „My embodiment undoubtedly shapes my perception, and hence in a sense my world‰ (Taylor, C., 1995: 62). Cualquier explicación de un fenómeno social o de una situación refleja, inevitablemente, el entendimiento parcial del observador-investigador y su interés particular sobre el asunto (Taylor, S., 2001: 12).

Estos procesos de entendimiento y percepción evocan la dicotomía subje-tividad-objetividad. Y, nuevamente, caemos en el terreno de los criterios de de-marcación. Se han hecho muchos intentos para separar explicaciones objetivas de interpretaciones subjetivas, pero con frecuencia hay un desconocimiento de lo que, en el fondo, es la práctica científica (Howarth y Stavrakakis, 2000: 21). La objetividad es, en verdad, un logro práctico (Chalmers, 1990: 49), y debe entenderse más bien en términos de intersubjetividad (Bernstein, 1983: 25).

De modo que todos los sistemas teóricos que intentan dar cuenta de fenó-menos sociales están cargados de asunciones particulares sobre la naturaleza del mundo social y la manera en que se obtiene conocimiento de él (Collin, 1997: 5). El proceso de explicación de los fenómenos sociales requiere alguna forma inicial de entendimiento y, en ese sentido, los científicos no pueden soslayar el background de asunciones que hacen posible una investigación (Howarth, 2000: 131).

Por otra parte, es la interacción humana la que constituye la realidad social. Los seres humanos hacen su propio mundo, la realidad en que viven es por ellos creada (Collin, 1997: 1 y 2). No obstante, como señalan Berger y Luckman, al mismo tiempo que el mundo es socialmente construido por

that under very general conditions all theories have zero probability, whatever the evidence; all theories are not only equally unprovable but also equally improbable‰ (Lakatos, 1999: 12).

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prácticas sociales, la gente lo experimenta como si fuera predado y fijo. Y ello tiene que ver con la manera como tal realidad se construye. Ambos autores conciben la construcción social de la realidad mediante tres procesos: 1) la externalización, que supone la acción sobre el mundo a partir de una idea; 2) la objetivación, que alude a la creación del objeto que expresa la materializa-ción de la idea, y 3) la internalización, momento en el cual la idea y el objeto devienen objetos de la conciencia colectiva14.

La aproximación al estudio científico de estos fenómenos no es un hecho sencillo, sino más bien complejo, dado que tanto las propias investigaciones como los objetos de estudio involucrados son prácticas significativas y, en un sentido general, construcciones sociales (Howarth, 2000: 128)15. Y no es un simple juego de palabras, sino parte de la realidad con la que el investigador se enfrenta: en las ciencias sociales usamos conceptos para entender seres, quienes se definen a sí mismos por medio de conceptos que, en algunos casos, son los conceptos que usamos para entenderlos (Collin, 1997: 15).

Ciencia, ideología y poder

Todas las sociedades producen actos de autorrepresentación: símbolos, ideologías, teologías (Anderson, 1986: 77). Son actos que intentan dar cuenta de una cierta realidad; son formas de explicarla y comprenderla. Todo co-nocimiento, por otra parte, deriva de ver el mundo desde una determinada perspectiva, al servicio de algunos intereses más que de otros (Burr, 1995: 6). No olvidemos que es precisamente este último el criterio de demarcación que Chalmers propone para la ciencia: su interés y su fin. Ahora, si el conocimien-to tiene una relación con el poder (Nash, 2000: 21), y la ciencia y la ideología son formas de conocimiento, œCómo podemos comprender la relación que existe entre estos tres conceptos? œcuándo la ciencia opera ideológicamente? œhasta qué punto el contexto social y las relaciones de poder intervienen en la práctica científica?

Ya hemos visto cómo la noción de „relatividad‰ priva para la verdad científica, se trate de las llamadas ciencias „duras‰ o de las ciencias sociales. Es, por lo tanto, una „verdad‰ formal derivada –o más bien construida a

14. Ver Berger, P., y Luckman, T. (1996) : La construction sociale de la réalité, París, Armand Colin.

15. La construcción de los hechos es igual a la generación de hechos por consenso social, descripción o conceptualización. Generación quiere decir que se trata de un proceso por el cual una frase viene a poseer un valor de verdad que previamente no tenía (Collin, 1997: 14).

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partir– de ciertos procedimientos que le dan base y coherencia lógica como parte de un sistema de proposiciones (teoría) que busca hacer inteligible un hecho. La ciencia es, obviamente, un hecho humano y, en tal sentido, tiene una dimensión subjetiva: sea admitido o no, la intuición, la imaginación, los juicios de valor, participan en alguno de los momentos de la construcción del conocimiento científico16.

Sabemos, asimismo, que su asociación con criterios de objetividad prees-tablecidos tiene debilidades de fondo que no los hacen viables como frontera demarcatoria. Foucault advierte, incluso, que el papel ideológico de un dis-curso (eventualmente el de la ciencia) no disminuye necesariamente cuando el rigor aumenta y se corrigen ciertos errores17 (Foucault, 2001: 186). La ciencia, en tanto conocimiento, puede verse, como la ideología, involucrada en diná-micas de poder y estar relacionada con acciones particulares de grupos18. Sin embargo, todo ello no hace de la ciencia y la ideología la misma cosa. Son for-mas de conocimiento distintas, con fronteras inestables: la ciencia incursiona en el campo ideológico cuando, olvidándose de sus límites, pretende ser una saturación dentro del universo cognitivo19.

Básicamente, lo ideológico hace referencia a procesos sociales en los que circulan formas simbólicas (Wodak, 2001: 10). Cuando hablamos de ideología, las formas evaluativas que parten de criterios de verdad o falsedad carecen de sentido20. Si bien hablamos de conocimiento, no lo hacemos en referencia a un grado menor o mayor de certidumbre: „Una ideología no es verdadera ni falsa, no puede ser más que eficiente o ineficiente, coherente o incoherente‰, respecto de determinados fines y en términos de poder (Bechler, 1976: 61;

16. El propio Popper confiesa que „para arribar a mis proposiciones he estado guiado en último análisis por juicios de valor y predilecciones‰ (Popper, 1973: 34).

17. Foucault distingue ciencia de ideología pero como formaciones discursivas que pueden coexistir sin que la ciencia pierda su cientificidad (Howarth y Stavrakakis, 2000: 60).

18. La ideología comporta creencias sociales compartidas por un grupo, creencias que contro-lan y organizan el conocimiento y las opiniones (actitudes) específicas de un grupo (Van Dijk, 1999: 72). Los grupos en sí mismos son representaciones que se constituyen en la realidad social mediante discursos y que contribuyen a su segmentación (Bourdieu, 1982: 152).

19. La estructura de la vida social es simbólica y, por tanto, „susceptible de distorsión. Si ella no fuera simbólica desde el principio, no podría ser distorsionada. La posibilidad de distorsión es una posibilidad abierta por esta función‰ (Ricoeur, 1997: 28). Desde esta perspectiva, la realidad social sería un espacio no saturado, en el que toda positividad es metafórica y subvertible (Laclau y Mouffe, 2001: 126).

20. Nos referimos a la crítica ortodoxa marxista para la cual la ideología nombra una categoría de dominación que representa una „falsa conciencia‰, cuya función sería la de encubrir la forma de producción de la sociedad capitalista y las relaciones de dominio y poder que de ella derivan (Marx y Engels, 1968: 50).

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Eagleton, 1997: 24). Por ello, la comprensión del fenómeno ideológico, de sus formas de representar la realidad y sus usos políticos, requiere, no de un enfoque epistémico, sino de una aproximación que parta de una visión socio-lógica del conocimiento21.

De modo que el criterio para considerar que un discurso es ideológico no es su mayor o menor grado de verdad22. Al fin de cuentas, lo social tiene un carácter abierto, en el que ninguna saturación final es posible. Por lo que el principal criterio de demarcación, en este sentido, es otro: lo propiamente ideológico es asumir la existencia de una „verdad‰ dentro del campo de cono-cimiento de la vida social (Burr, 1995: 82). Como apunta Torfing, siguiendo a Laclau:

„the concept of ideology should be retained in the inverted sense of the non-recognition of the precarious character of any positivity, of the impossibility of any ultimate suture. Any attempt to expand a hegemonic discourse necessarily invokes a totalizing reduction of the infinite play of the meaning. And the ideological consists precisely in those discursive forms that seek to construct society and social agency as decidable discursive forms within a totalizing horizon that projects on to a particular discursive form an impossible fullness and transpa-rency‰ (Torfing, 1999: 114).

El contexto social y las relaciones de poder

Obviamente, hay factores externos que influyen sobre una investigación. La producción de conocimiento científico tiene, en efecto, un contexto social del cual quien posee experiencia de investigación tiene noticia. El asunto, sin embargo, involucra varios aspectos. Si nos referimos al horizonte cognitivo

21. Los trabajos de Mannheim están al origen de esta perspectiva: „La Sociología del Cono-cimiento no critica el pensamiento en el nivel de las mismas afirmaciones, que pueden implicar engaños y errores, sino que las examina en el nivel estructural, al que considera no como si fuera el mismo para todos los hombres, sino, más bien, como si permitiera al mismo objeto adoptar di-ferentes formas y aspectos en el curso del desarrollo social‰ (Mannheim, 1958: 350). Por otra parte, la sociología del conocimiento coloca en una dimensión social el pensamiento, sin negar el plano individual: „No son los hombres en general quienes piensan o, precisamente, los individuos aislados quienes realizan el pensar, sino los hombres en grupos determinados, quienes desarrollan un estilo particular de pensamiento en una serie infinita de respuestas a ciertas situaciones típicas que carac-terizan su posición común (Mannheim, 1958: 54).

22. Según Laclau, tampoco lo sería la separación estricta de hechos y valores (Laclau, 2000: 82). No obstante, es innegable que en este aspecto hay una diferencia entre la ideología y formas de conocimiento que provienen del trabajo científico, el cual supone el cuestionamiento y la confronta-ción de tales valores y una estandarización en la construcción de los hechos con los que se trabaja.

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dentro del cual una investigación tiene lugar, sabemos que los conceptos con los que operamos están unidos a la clase de sociedad en la que vivimos y no son azarosos (Burr, 1995: 37). Desde el punto de vista institucional, los cien-tíficos son formados para ver el mundo de una determinada manera y no de otra, dentro de un cierto paradigma que supone unas determinadas inclusiones y exclusiones (Lecourt, 1999: 412).

Al dar cuenta de un fenómeno, por otra parte, una teoría puede tener otros usos o prácticas. Un concepto bien puede erigirse como un instrumento de un fin práctico siendo intrínsecamente cierto (Gramsci, 1999: 198). Aunque suele ser „el ejemplo‰, no sólo se trata de la experiencia marxista23: recordemos cómo el Iluminismo y su esfuerzo por colocar la razón por encima de la tradi-ción favoreció las luchas de la burguesía contra el clero; cómo el Positivismo creó una filosofía de la historia en sintonía con un proyecto de monopolio de la ciencia (Habermas, 1998: 71).

Hay otro aspecto del asunto. La ciencia está conectada a diversos intere-ses y requiere la satisfacción de necesidades materiales para su desarrollo, lo cual, desde luego, supone condicionamientos múltiples que pueden implicar la influencia de diversos factores externos en la selección de los fenómenos a estudiar, o en los métodos a utilizar, o en la aplicación de los „hallazgos‰. Todo ello está ligado a aspectos sociales y políticos que rebasan el ámbito es-trictamente científico (Chalmers, 1990: 121). Adicionalmente, la adquisición de fama, riqueza y poder (o la modesta búsqueda de fondos que hagan posible una empresa investigativa y la existencia de becas y salarios) son elementos que juegan un papel en la cotidianidad de la vida científica, en todas partes donde ella tiene lugar.

No menos importante que todo lo anterior es tener presente que la exis-tencia del hombre está ordenada a través del conocimiento (Voegelin, 1978: 184). Las relaciones de poder tienen que ver, en parte, con el „etiquetaje‰ de verdad o sentido común que adquieren algunos discursos y modos de repre-sentar el mundo (Burr, 1995: 15). Por lo que el conocimiento, a su vez, ayuda a estructurar las relaciones de poder en la sociedad (Jäger, 2001: 37). Es lo que apunta Foucault cuando nos recuerda que los esquemas clasificatorios médicos tienen enorme significación política (Foucault, 2001: 75). La constitución y

23. En una cierta medida, el marxismo hace que la línea entre ideología y ciencia se haga casi imperceptible, puesto que incurren en la fórmula de extraer conclusiones metafísicas (abolición del Estado, sociedad sin clases) de una estrategia epistémica. En este caso, es evidente que „la preocupa-ción ética, en Marx precede sus proposiciones filosóficas, al tiempo que estas últimas utilizan un método científico para defender sus tesis políticas‰ (Larochelle, 1995: 169).

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descripción del mundo, en tal sentido, sostiene algunos patrones de acción y excluye otros, como en la despenalización del alcoholismo24.

De igual modo, el conocimiento científico influye en su objeto de estudio (reflexividad25). Es obvio que las evaluaciones que hace la ciencia de los distin-tos aspectos de la realidad ejercen efectos sobre ella. Está claro que „razones objetivas pueden igualmente servir de causas subjetivas de juicios, en la medida en que nosotros podamos reflexionar sobre estas razones y convencernos de su necesidad‰ (Popper, 1973: 42). Pensemos en que „cuando se trata del mundo social, decir con autoridad es hacer‰ (Bourdieu, 1987: 69). No en vano fue sólo después de Marx y la expansión de partidos y movimientos socialistas que, por ejemplo, se comenzó a hablar con rigor de clases y luchas de clases (Bourdieu, 1982: 157). Por esto se mantiene que es en el discurso donde poder y conocimiento se unen (Howarth, 2000: 67). Como ya lo señalamos, hay campos de conocimiento que son independientes de las ciencias, pero no hay conocimiento sin una particular práctica discursiva, la cual puede definirse por el conocimiento que ella forma (Foucault, 2001: 182).

Desde esta perspectiva, no es exagerado decir que la ciencia ejerce, de hecho, un cierto monopolio sobre las instituciones contemporáneas y las prácticas populares (Glynos, 2002: 13). Ello es consecuencia del poder hege-mónico del discurso científico, que se alimenta del hecho de que, desde una perspectiva epistemológica, sus resultados no pueden ser criticados a partir de una fuente distinta e independiente (Held, 1980: 297).

Comentarios finales

Desde una doble perspectiva, que toma en cuenta tanto aspectos epistemo-lógicos como de la sociología del conocimiento, hemos examinado factores fundamentales relativos a la noción de conocimiento científico, además de cuestionado algunas de las asunciones tradicionales que suelen estar con ella asociadas. Como parte de la discusión, se han puesto en evidencia las dificul-tades para establecer criterios de demarcación entre la ciencia y otras formas de

24. „Before de Temperance movement, drunks were seen as entirely responsible for their be-havior, and therefore blameworthy. A typical response was therefore imprisonment. However, there has been a move away from seeing drunkenness as a crime and towards thinking of it as a sickness, a king of addiction. Alcoholics are not seen as totally responsible for their behavior, since they are victims of a kind of drug additions. The social action appropriate to understanding drunkenness in this way is to offer medical and psychological treatment, not imprisonment‰ (Burr, 1995: 5).

25. El fenómeno de la reflexividad llama la atención sobre el hecho de que, cuando alguien da cuenta de un evento, ello es simultáneamente una descripción del evento y parte de él.

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Ciencia e ideología: apuntes para un debate epistemológicoJorge Lazo Cividanes

conocimiento, o para implantar al interior de la actividad científica patrones y regularidades que se vean reflejados en la diversidad de experiencias concretas que la integran. En tal sentido, si bien con un carácter normativo y como fruto de un logro práctico, la ciencia sigue diferenciándose de otras formas de conocimiento básicamente por los fines o los objetivos que persigue.

Por otra parte, mediante una revisión crítica que ha dado cuenta de los elementos que permiten diferenciarlas y comprenderlas, nos hemos detenido en el examen particular de la relación entre ciencia e ideología, incluyendo la descripción de aquellas zonas en las que la frontera que las separa se hace difusa. Explorando sus fines y usos, ello también ha servido para indagar los vínculos y el influjo mutuo que cada una tiene con el contexto social que las circunda, particularmente en los aspectos relativos a las relaciones de poder.

Obviamente, el análisis hecho hasta aquí no es lo suficientemente exhaus-tivo como para abarcar todos los ángulos de un tema tan complejo y agotar la discusión. A pesar de que se han expuesto y examinado asuntos fundamen-tales y críticos de la problemática, algunas cuestiones importantes quedan, desde luego, por desarrollarse. No obstante, esperamos que este trabajo haya contribuido a iluminar algunos aspectos del debate que usualmente quedan soslayados o no son considerados en conjunto, de manera integral. Volver sobre estos asuntos parece particularmente pertinente en un mundo marcado por fuertes divisiones ideológicas y en el que la ciencia tiene enormes y cada vez mayores impactos sobre la vida social. En tal sentido, la problemática ex-puesta en este trabajo interpela a todos aquellos que son parte de la actividad científica, en su doble condición de profesionales de la ciencia y miembros de sociedades plurales y abiertas.

Aceptado: marzo de 2006

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[email protected] Lazo Cividanes. Dr. en Ciencia Política, Universidad de Salamanca (Es-paña). Maestría en Ciencia Política, Universidad Simón Bolívar (Venezuela). Licenciatura en Comunicación Social, Universidad Central de Venezuela. Profesor del curso de Métodos Cualitativos en la Universidad de Montreal, Dpto. de Ciencia Política (Canadá). Profesor del curso América Latina en Pers-pectiva Global (Economía Política), Universidad de Western Ontario, Dpto. de Ciencia Política (Canadá).

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Entre el riesgo ambiental y el riesgo socialMariana Caram y Soledad Pérez

Entre el riesgo ambiental y el riesgo social: buscando una salida a la tenencia irregular

Mariana Caram y Soledad A. PérezFundación Bariloche

Abstract

La ocupación de hecho de tierras en áreas urbanas constituye una de las formas más extremas

que los sectores de menores ingresos encuentran para dar solución a su necesidad habitacional,

en contextos fuertemente condicionados por el mercado inmobiliario y por políticas públi-

cas deficitarias y poco inclusivas. Estas ocupaciones suelen producirse en terrenos vacantes y

carentes de condiciones de habitabilidad básica.

A partir del análisis de un caso relativo a un proceso de negociación para la relocalización de

un asentamiento de ocupantes de hecho, nos centraremos en las distintas definiciones de riesgo,

y analizaremos qué aspectos están involucrados en cada una de ellas; así, haremos referencia al

riesgo ambiental, al riesgo social y a la inseguridad en la tenencia. Veremos cómo estas nociones

subyacen en la construcción de los sujetos de las políticas públicas, cómo juegan en la elabora-

ción de la identidad colectiva de los habitantes del barrio y cómo estos conceptos interactúan

(Hacking, 2001) con los distintos actores, asumiendo sentidos ambivalentes y contradictorios

a lo largo del proceso.

Palabras clave: Clase interactiva, Acceso al suelo, Riesgo ambiental, Riesgo social, Identidad.

Irregular occupation of land in urban areas constitutes one of the extreme ways by which low

income sectors find a solution for their housing needs in contexts that are highly conditioned

by the land market and by deficient and non-inclusive public policies. These land encroach-

ments are typically take place in residual and remnant vacant lots that lack basic conditions

of habitability.

Based on the analysis of a relocation program that involved negotiations between government

officials and occupants, the paper focuses on different definitions of risk: environmental, social,

and land tenure instability. We will explore how these concepts underlie the construction of

the subjects of public policies, their role in building the neighborhood populationÊs collective

identity, and how they interact (Hacking, 2001) with the different intervening actors, assuming

ambivalent and contradictory meanings through the negotiation process.

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Entre el riesgo ambiental y el riesgo socialMariana Caram y Soledad Pérez

Key words: Interactive Class, Social Risk, Environmental Risk, Access to Land, Identity.

Introducción

Contextos fuertemente condicionados por el mercado inmobiliario y la defi-ciencia de políticas públicas habitacionales que apunten a la inclusión de la población de menores ingresos subyacen a las ocupaciones de hecho, fenóme-no extendido en América latina y que constituye una de las formas extremas en que los sectores de menores ingresos logran acceder al suelo urbano.

Las ocupaciones suelen producirse en tierra vacante, remanente, a la vez que residual y carente de condiciones de habitabilidad básica, calidad que inhibe su comercialización en el mercado, aunque en muchas ocasiones se trata de reservas fiscales. La exposición a distintos tipos de riesgo ambiental e inseguridad, tales como inundación, anegamiento, aluvión, derrumbe, conta-minación, someten a situaciones de especial vulnerabilidad a los ocupantes.

Tomando como punto de partida el análisis de un proceso de negociación para la relocalización de un asentamiento de ocupantes de hecho de una zona de vulnerabilidad ambiental, trabajaremos las distintas definiciones de riesgo que surgen del caso en estudio, al tiempo que analizaremos aquellos aspectos que están involucrados en cada una de ellas; así, haremos referencia al riesgo ambiental, al riesgo social y a la inseguridad en la tenencia. Apelando al concepto de clase interactiva (Hacking, 2001), noción que refiere a sujetos conscientes y cuyo conocimiento del modo en que están siendo clasificados puede repercutir sobre sus acciones y sobre las clasificaciones mismas, veremos cómo las diversas definiciones de riesgo y la clasificación de „población sujeta a riesgo‰ subyacen en la construcción de los sujetos de las políticas públicas, interactúan con los distintos actores, asumiendo sentidos ambivalentes y con-tradictorios a lo largo del proceso, y juegan en la elaboración de la identidad colectiva de los habitantes del barrio.

El caso

Las reflexiones siguientes surgen del seguimiento y la observación de un proceso de demanda de traslado por parte de dos asentamientos de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hacemos referencia a dos barrios que surgieron hace aproximadamente doce años, luego de que la población que ocupaba el área fuera erradicada por el municipio hacia el sudoeste de la ciudad, dejando libre una zona que fue rápidamente reocupada por nuevos pobladores que se

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Entre el riesgo ambiental y el riesgo socialMariana Caram y Soledad Pérez

sumaron a algunas familias que permanecieron luego de haberse resistido al traslado. Al momento de comenzar con este estudio , eran 88 las familias que conformaban San Cayetanito y Barda Este.

Estos barrios crecen al borde este y sobre la barda del río Ñireco, es decir, en el lecho inundable y en el talud, sobre suelos inestables. Esta zona de la ciudad, tanto al este como al oeste del arroyo, viene siendo sitio de ocupación por sectores de bajos ingresos, ya que son tierras sin uso, con una ubicación relativamente céntrica.

Una inundación sufrida en octubre de 2002 desbordó el río Ñireco, como nunca había ocurrido desde que esta población se asentara en el lugar. Algunas casillas fueron llevadas por la correntada, las intensas lluvias provocaron el desmoronamiento de la barda y de viviendas y todos sintieron fuertemente amenazada su seguridad física.

A partir de estos incidentes, la Comisión barrial que venía funcionando tomó la iniciativa, y en asamblea general decidió empezar una estrategia de tra-bajo, con la meta de localizar en la zona posibles tierras donde trasladarse.

En conjunto, resolvieron que debía tratarse de un sitio que se caracterizara por carecer de los riesgos ambientales que padecían en los actuales asentamien-tos: sin desbordes de río, sin derrumbes, sin torres ni cables de media tensión. Otra condición que se propusieron como barrio era encontrar un sitio cercano a la actual ubicación, donde pudiesen trasladarse todos juntos.

Unos meses más tarde, personal de la Secretaría Municipal de Promoción Social y Juventud se acercó a la Comisión de vecinos con la intención de acompañar y promover el proceso. De este modo, se inició también un diálo-go con el Poder Ejecutivo Municipal.

Durante el primer semestre de 2003 el trabajo estuvo abocado a fortalecer la organización barrial, unificar los dos barrios –San Cayetanito y Barda Este– y realizar una búsqueda de tierras vacantes en las inmediaciones de su actual ubicación. Estos emprendimientos resultaron en la localización de tierras en el llamado Pinar de San Francisco IV, propiedad del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), de Río Negro. Desde la Secretaría Munici-pal de Promoción Social y Juventud se inició una tramitación para su posible adjudicación y fue el intendente de la ciudad quien prometió a los vecinos no sólo las tierras sino también „viviendas dignas‰. Esto nunca se plasmó en un convenio escrito, aunque los vecinos confiaban en el fuerte compromiso personal del Ejecutivo Municipal, que mediante diversos artilugios clientelares logró convencerlos de ello.

Pasaron los comicios y la firma del convenio nunca se realizó. Desde la capital provincial llegó la noticia de que las tierras prometidas ya estaban adju-

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Entre el riesgo ambiental y el riesgo socialMariana Caram y Soledad Pérez

dicadas a otro proyecto. De manera que los gobiernos municipal y provincial cooptaron la organización barrial con fines netamente eleccionarios para lue-go desarticularla, y fueron los delegados barriales quienes cargaron con gran parte del costo político de dicho fracaso. Los vecinos intentaron enfrentar al intendente y le exigieron el cumplimiento de sus promesas, ante lo cual éste realizó distintas propuestas: algunas apuntaban a estrategias de resolución de corte netamente individualista, contrarias al modo en que venían trabajando los vecinos hasta ese entonces; otras eran impresentables, como proponer „que algún familiar que tuvieran les regalara un terrenito‰; no faltó la opción de trasladarlos al barrio 34 Hectáreas; y se ofreció también una alternativa que se restringía sólo a aquéllos que ganaran más de $600 comprobables, a quienes se les reservaría un cupo de treinta viviendas del IPPV en el Pinar, es decir, las viviendas prometidas con anterioridad. Ninguna de estas propuestas consti-tuía una solución aceptable para familias de ocupantes que, en su mayoría, se sostenían acudiendo a comedores barriales y mediante planes como el de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Condición de la cual el municipio tenía perfecto conocimiento, ya que unos meses antes se había realizado un censo sobre la situación habitacional y socio-ocupacional de todos los hogares. Sin embargo, dieciocho familias se inscribieron en la última propuesta porque decían poder cumplir los requisitos exigidos.

Pero la mayor parte de la población no recibió con agrado estas alterna-tivas y se sintió defraudada. Por un lado, se desconoció el trabajo que como organización y como barrio venían realizando, inclusive apoyados desde los equipos técnicos de la Municipalidad, el cual tenía algunas metas claras y el objetivo principal de permanecer en la zona y juntos como barrio. Con respecto a esta última condición existe abundante bibliografía y experiencia, incluso en la ciudad de Bariloche, que argumentan en favor de no erradicar a las poblaciones lejos de su lugar para evitar desarraigo, rotura de redes sociales y laborales, pérdida de identidad y exclusión (Caram y Pérez, 2004). Por otro lado, las propuestas anunciadas tampoco se ajustaban a la realidad de los ho-gares, a sus posibilidades, y menos aún a sus expectativas, algunas de las cuales habían sido generadas por el mismo gobierno.

Frente a estas nuevas opciones de traslado la organización barrial se re-plegó, favorecida, además, por el hecho de que algunos de sus representantes accedieron a la propuesta planteada para quienes ganaran más de $600. Una de las cuestiones más llamativas que resultaron de estas negociaciones con el gobierno fue que los vecinos dejaron de lado el argumento que privilegiaba su situación de vulnerabilidad frente al riesgo ambiental, para comenzar a reafir-mar su derecho a ocupar la costa y la barda del río, inclusive con intenciones de regularizar la tenencia sobre los terrenos ambientalmente no aptos.

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Entre el riesgo ambiental y el riesgo socialMariana Caram y Soledad Pérez

En julio de 2004 seguían todos en el mismo sitio cuando se produjo una inundación que puso nuevamente en evidencia el riesgo ambiental del lugar en que se encuentra el asentamiento. El Ejecutivo Municipal trató de instalar la idea de „fenómeno natural extraordinario‰, título bastante dudoso para un fenómeno que ocurrió dos veces en menos de dos años y del cual hay informes técnicos que lo describen y prevén con anterioridad.

El acontecimiento fue cubierto por los medios nacionales y hasta el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, visitó la zona afectada. En dicha oportunidad, además de la inundación hubo un alud que derribó dos vivien-das, una de las cuales perteneciente al barrio 112 Viviendas, construido por el IPPV sobre el lecho de inundación del río. Una vez más los postes de media tensión debieron ser apuntalados y hubo gran cantidad de evacuados, no sólo de los asentamientos mencionados. A partir de ese momento el problema de la barda del río Ñireco pasó a involucrar tanto a los ocupantes de la margen este (de quienes venimos comentando) como a los habitantes de la oeste, muchos de los cuales se asentaron sobre la barda legalmente, a partir de la compra de terrenos de un loteo aprobado por el municipio. A esto se sumó la proble-mática de los habitantes de los tres conjuntos habitacionales construidos por el IPPV, levantados sobre el lecho de inundación del río frente a Barda Este y a San Cayetanito (el alud, justamente, cayó sobre una de estas viviendas). Al respecto, el Presidente manifestó públicamente la urgencia de dar con los responsables de permitir el loteo y la construcción de viviendas con dinero público, en sitios de riesgo geomorfológico.

Los distintos sentidos del riesgo

En este proceso es posible vislumbrar diversos sentidos de la noción de riesgo que interactúan con los actores involucrados en el problema. Al decir interactúan, retomamos el concepto de clase interactiva de Hacking (2001), que hace referencia a la interacción que se produce entre los conceptos que se aplican a personas, por los cuales éstas pueden modificar no sólo sus acciones sino también las categorías con que se las define.

En el caso que abordamos, los tres tipos de riesgo a los que hacen mención los distintos sectores son el ambiental, el social y la inseguridad en la tenencia, aunque dichas visiones difieren en su contenido.

Aquí juegan un papel muy importante los procesos sociales de definición de los riesgos, convirtiéndose los medios y las posiciones (sitios, lugares, perspectivas, visiones) de definición del riesgo en situaciones sociopolíticas

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clave. Estas posiciones antagónicas son asumidas tanto por los vecinos como por el Ejecutivo Municipal, la provincia, los habitantes de las zonas donde se plantea trasladar a los ocupantes, los propietarios de la margen este del río que deben ser relocalizados y no están dispuestos a perder „su lugar‰ en la ciudad y a convivir con ocupantes „ilegales‰, y la empresa con la que el municipio negocia la compra de lotes para realizar dicho traslado, entre otros.

En el caso que abordamos, los vecinos perciben distintos riesgos: el am-biental, del cual ya hemos hecho mención; el social, provocado por el temor al desarraigo y a la forzada convivencia con zonas estigmatizadas de la ciudad, y la inseguridad en la tenencia. Como vemos, aquí interactúan y se articulan dis-tintas definiciones de riesgo que serán utilizadas en función de la ocasión.

Como señala Beck, „en las definiciones del riesgo se rompe el monopolio de racionalidad de las ciencias‰ (1998: 35). Emergen, entonces, distintas pre-tensiones, intereses y puntos de vista en conflicto provenientes de los distintos actores. De esta manera, „se observa una pluralidad conflictiva de definiciones de los riesgos civilizatorios. Se llega, por decirlo así, a una superproducción de riesgos que en parte se relativizan, en parte se complementan, en parte se disputan mutuamente la supremacía. Cada posición de interés intenta defen-derse con definiciones del riesgo y, de este modo, alejar los riesgos que atacan a su monedero. Las amenazas al suelo, a las plantas, al aire, al agua y a los animales adoptan un lugar especial en esta lucha de todos contra todos por las definiciones del riesgo más ventajosas, en la medida en que hacen hablar al bien común y a las voces de quienes no tienen voz⁄ Esta pluralización es evidente para la referencia de los riesgos a los valores y a los intereses: el alcance, la urgencia y la existencia de los riesgos oscilan con la pluralidad de valores y de intereses‰ (Beck, 1998: 37).

En el caso que analizamos, los pobladores mencionaban tres tipos de riesgo ambiental diferentes: 1) la inundación, 2) la inestabilidad de los suelos de la barda (peligro de desmoronamiento) y 3) los cables de media tensión. Mientras que los dos primeros obedecen a fenómenos de la naturaleza y son sentidos porque surgen de la propia experiencia, constituyendo peligros po-tenciales, latentes, el riesgo de vivir bajo cables de media tensión es percibido como un peligro „invisible‰. Los desbordes del río ocurridos en 2002 y 2004 fueron y continúan siendo particularmente importantes porque, además de ser catastróficos, fue a partir de ellos que los vecinos resignificaron su posi-ción social de ocupantes y empezaron a identificarse como víctimas de riesgo ambiental y a demandar, desde ese lugar, una solución a su situación con respecto a la tierra.

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En este punto creemos conveniente identificar los cuatro elementos distin-guibles analíticamente, pero ligados entre sí, que dan cuenta de la complejidad del concepto de riesgo (Natenzon, González, Barrenechea y Gentile, 2003) para ver, posteriormente, cuáles de éstos son retomados por los vecinos y las autoridades, en los distintos momentos del proceso, para referirse al riesgo. Se trata de: a) la peligrosidad, b) la exposición, c) la vulnerabilidad y d) la incertidumbre.

a) La peligrosidad da cuenta del potencial de amenaza de cualquier fenó-meno físico natural. En este sentido, cuanto más información se tenga respecto de un fenómeno, mayor probabilidad se tendrá de prevenir y saber qué podría llegar a suceder. El conocimiento técnico y el aporte de las ciencias naturales básicas y aplicadas juegan un rol central, ya que proveerán de instrumentos como para enfrentar un eventual problema. En este caso existen informes geológicos de varios años, pero no se cuen-ta con estudios actualizados, según informaron los concejales el 25 de enero de 2005 en una reunión convocada por los vecinos afectados por la problemática; de ahí que el Concejo Municipal unánimemente haya frenado un proyecto de canje de tierras con la empresa Las Victorias SRL, presentado por el Ejecutivo Municipal con la intención de ser aprobado en tres días. A su vez, los relevamientos técnicos que se hicieron en las viviendas más expuestas fueron muy irregulares, según manifestaron los vecinos.

b) La exposición hace mención a las construcciones materiales y a la distri-bución de la población en el territorio, y reúne lo que materialmente está frente a la peligrosidad. Se trata de una consecuencia de la interrelación entre peligrosidad y vulnerabilidad, influyendo a la vez sobre ambas. Este componente se manifiesta territorialmente como construcción histórica que entrelaza los procesos físico-naturales con las relaciones socioeconó-micas, configurando determinados usos del suelo, distribución de infra-estructura, asentamientos humanos, servicios públicos, etc. (Natenzon, González, Barrenechea y Gentile, 2003). En este caso, la exposición se manifiesta en la población y las precarias construcciones emplazadas en los asentamientos, carentes de instalaciones internas de agua, con pilares de luz compartidos entre varios vecinos, y en la falta de conexión al gas natural, de modo que para cocinar y para calefaccionar los ambientes sus moradores deben recorrer largas distancias para aprovisionarse de leña. La exposición incluirá también a los conjuntos habitacionales realizados por el IPPV, así como al barrio de loteo y servicios en la margen este del río, en el sentido que ambos constituyen una especial combinación de

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elementos materiales, infraestructura y población afectados por el alud y la inundación.

c) La vulnerabilidad remite a las estructuras socioeconómicas. Se trata de una caracterización o atributo de la sociedad, previo a la ocurrencia de un evento desastroso; define la situación en que se halla la población como para enfrentar un imprevisto fenómeno catastrófico. En este sentido, la población más vulnerable de la zona es la de San Cayetanito y Barda Este, a la cual, recurriendo a indicadores tradicionales, podríamos definir como NBI (con necesidades básicas insatisfechas).

Hasta aquí las componentes cuantificables del riesgo. Pero cuando dicha cuantificación no puede satisfacerse, el riesgo deviene en incertidumbre.

d) La incertidumbre: „Las zonas grises del conocimiento científico ponen de manifiesto el carácter político valorativo de las decisiones. La dificul-tad de contar con conocimiento científico cierto transforma, de alguna manera, los estándares de tolerancia o el cálculo de probabilidades en Ânúmeros políticosÊ, cuya aceptación dependerá de complejos mecanismos de legitimación entre el discurso científico y las prácticas sociales‰ (Na-tenzon, 2004: 12). La incertidumbre impone la necesidad de involucrar en la toma de decisiones a quienes están o estarán expuestos al peligro, y dicha incorporación se da en el espacio político (Funtowicz y Ravetz, 1993).

Así, la incertidumbre pertenece al ámbito de la toma de decisiones y está colocada a nivel de percepción de los grupos. Por este motivo, es necesario conocer los aspectos políticos y las percepciones de los actores sociales impli-cados en el proceso, ya que hay valores e intereses muy importantes en juego, en la consideración de los propios actores.

Siguiendo a Natenzon, vemos que estas cuatro dimensiones parciales coexisten permanentemente, pero encarnadas en distintos actores. Cualquier abordaje que intente analizar situaciones de riesgo debe involucrar las cuatro dimensiones y trabajar estos elementos que van a reconfigurarse en función del momento en que se esté respecto del riesgo, es decir, antes, durante o des-pués de ocurrida una catástrofe (Natenzon, González, Barrenechea y Gentile, 2003).

El riesgo ambiental, desde los vecinos y desde las autoridades

En el caso que analizamos, como vimos anteriormente, los pobladores mencionan tres tipos de riesgo ambiental diferentes: 1) la inundación, 2) la

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inestabilidad de los suelos de la barda (peligro de desmoronamiento) y 3) los cables de media tensión.

Sin embargo, en función de las opciones que se les presenten a los pobla-dores de San Cayetanito y Barda Este para dejar el lugar, los riesgos ambien-tales se evalúan junto a otros riesgos y, como vemos, la opción general sigue siendo quedarse, olvidándose de la peligrosidad y la exposición frente a los riesgos ambientales que en otras circunstancias también predican.

En cuanto a la postura del gobierno, es importante destacar que los argu-mentos oficiales sobre la inaptitud para el uso residencial de las tierras, a los cuales se alude para evitar la regularización in situ de los asentamientos, no obedecen simplemente a la peligrosidad y potencialidad de riesgos ambientales, puesto que sobre los mismos suelos se han implantado tres grandes complejos habitacionales construidos por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, de Río Negro, pese a existir un informe geológico, realizado en la década del Â80, que señalaba lo siguiente:

„Continuará la erosión al pie del talud. Dicha erosión hace al talud po-tencialmente inestable y no recomendable para futuras urbanizaciones a menos que se realicen trabajos de protección de alto costo y dudosa efectividad. El ángulo del talud es similar al ángulo de fricción interna de los suelos que los componen, por lo que el factor de seguridad es inferior a 1,2 , siendo entonces el talud inestable tanto desde el punto de vista geológico como geotécnico y cualquier diseño de obras de in-geniería deberá contemplar previamente obras de estabilización. Sobre la base de las conclusiones obtenidas se recomienda desechar la ladera para proyectos de urbanización, proponiendo en cambio su forestación y su utilización como parque público‰ (Rabassa y Domínguez, 1981: 285).

Aquí se ve claramente cómo desde el sector gubernamental se apela a la idea de riesgo, a fin de relocalizar a un sector de la población, al tiempo que se anula dicho concepto al implementar políticas que tienden a arraigar a otra población en ese mismo lugar. œCuál es, entonces, el riesgo que alerta, alarma, amenaza o preocupa a las autoridades provinciales y municipales? œEn qué tipo de riesgos piensan, si no toman en cuenta la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad de estos asentamientos?

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Riesgo social

Lo más destacable de la noción de riesgo social de los habitantes de los asentamientos es que aparece y se construye en las argumentaciones para de-fender o denostar un posible traslado al Alto de la ciudad.

La cuestión que aquí denominamos riesgo social hace referencia a pro-blemas de inseguridad y violencia urbanas. Mientras que los habitantes dicen vivir en un lugar tranquilo y sin molestar a nadie, mudarse a un barrio del Alto implicaría pasar a ser víctima de distinto tipo de situaciones violentas. Es también el temor a compartir el espacio con desconocidos, perder el lugar céntrico que ocupan en la barda del río Ñireco y romper los circuitos habitua-les de trabajo, estudio, vida cotidiana. Estos argumentos que se exponen ahora coinciden con los de los vecinos que se negaron al traslado masivo al barrio 34 Hectáreas, a principios de la década del Â90: que las tierras ofrecidas quedaban muy lejos del trabajo, de la escuela a la que iban sus hijos, del hospital y del supermercado, lo cual implicaba un rotundo quiebre en sus rutinas. Con el tiempo, y al conocer la experiencia de aquellos que sí se trasladaron –la que evalúan de manera muy negativa, ya que en esa zona se concentran todos los estigmas con respecto a inseguridad, delincuencia y violencia–, confirmaron su posición de quedarse en la zona. Quienes fueron trasladados, retomando a De Certeau (1996), vieron desaparecer sus relatos, y cuando los relatos desaparecen se pierde espacio , aunque se haya ganado un lugar, en este caso, una parcela de tierra. En la situación planteada por la pérdida de espacio, como señala este autor, y con la consecuente ausencia de narraciones, el grupo o el individuo sufre una regresión hacia la experiencia inquietante, angustiante y fatalista, de una totalidad incierta y sin forma.

Esta negativa a irse del este de la ciudad es defendida fuertemente por algunos vecinos que han experimentado habitar en el Alto, incluso en calidad de propietarios, y que optaron por volver al asentamiento, según ellos, a causa de la inseguridad a la que fueron sometidos en estos otros barrios.

Para la mayoría de los vecinos, la residencia debe estar del lado este del río o, a lo sumo, en la costa oeste. Se resisten y ni imaginan trasladarse a los barrios „del Alto‰, término que ellos mismos utilizan. Y si bien es posible que algunas zonas de la ciudad sean más vulnerables a la inseguridad que otras, o sean percibidas como más inseguras, importa destacar que, detrás de estos argumentos, se está construyendo y defendiendo una identidad barrial que se define en el ser habitantes del lado este del río y diferenciarse de la población del Alto de la ciudad.

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Esta identidad es tan fuerte que, tal como se desprende de las entrevistas con los pobladores de estos barrios, si a ellos les dieran la tenencia en su actual ubicación se quedarían, lo cual demuestra que la situación de amenaza del riesgo ambiental (inundación, desmoronamiento, cables de media tensión) no redunda linealmente en la toma de conciencia de su peligro, sino que también puede ocasionar la negación por miedo. Como vemos, aquí la peligrosidad y la exposición, en tanto dimensiones del concepto de riesgo, quedan relegadas frente al temor generado por la presuposición de un cambio de vida en zonas estigmatizadas de la ciudad.

Siguiendo a Beck (1998: 84):

„En esta posibilidad de ocultar la misma situación de amenaza se diferencia y solapan el reparto de la riqueza y el reparto del riesgo: no se puede saciar el hambre negándolo, pero los peligros siempre pueden ser eliminados mediante la interpretación (en el caso de que aún no se hayan presentado)‰. En la experiencia de las carencias materiales están engarzados los daños reales y la experiencia subjetiva. Los riesgos surgen en el saber y es mediante el saber que pueden ser minimizados, engrandecidos o descartados de la conciencia. „Lo que para el hambre es la alimentación, lo es para la conciencia del riesgo la eliminación de los riesgos o su interpretación como si no existieran. En la medida en que aquello no es posible (personalmente), esto gana significado. Así, pues, el proceso por el que se toma conciencia de los riesgos siempre es reversible. A tiempos y generaciones agitados e intranquilos pueden seguirles otros en los que el miedo a través de las interpretaciones es un componente domesticado de su pensamiento y de su vivencia‰ (Beck, 1998: 84).

Inseguridad en la tenencia

Mediante la ocupación y el habitar cotidiano, los practicantes de estos lugares han fundado espacios en el sentido de De Certeau (1996: 129): „El espacio es un cruzamiento de movilidades‰. A partir de esta definición, la calle trazada geométricamente por el urbanismo se convierte en espacio con el paso de los caminantes. Aquí, éste es pensado como „lugar practicado‰. El espacio no es algo inmutable y estático que puede describirse desde una visión panóp-tica o cartográfica, es decir, desde arriba, sino que está estructurado en el mo-vimiento, en el dinamismo que le confieren las prácticas, y es ese movimiento el que intentamos captar por medio del discurso de los actores. El espacio no se reduce a los trazos que se pueden delinear en un mapa, sino que involucra a las relaciones, las rutinas, los discursos, las identidades y los sujetos que lo

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recorren. En este sentido, los relatos cotidianos dan cuenta de aquello que es posible hacer, de manera que generan espacios. El relato no es meramente una descripción, tiene un poder distributivo y a su vez performativo, es decir, el poder de hacer lo que dice, es fundador de espacios. De ahí nuestro interés en reconstruir el relato de este espacio que liga a sus habitantes, más allá de sus diferencias, conflictos y contradicciones. El espacio no es homogéneo y es en el relato en torno del riesgo que aparecen plasmadas estas rugosidades, que son constitutivas de su cotidianeidad.

Retomando esta noción de espacio, es posible afirmar que, con la inteli-gencia y la inventiva del más débil, sacando provecho a la ocasión, los ocupan-tes utilizan un lugar que no es propio y se valen de él para fundar espacios, en una práctica de tipo táctico. Así resuelven, ingeniosa y creativamente, su necesidad habitacional, lo cual no modifica el orden del poder propietario ni, por lo tanto, su situación de vulnerabilidad.

Aunque por medio de la ocupación de tierras se ejerza el derecho a su uso, la falta de legalidad en este acto, que constitucionalmente se puede interpretar como legítimo, pone al ocupante en una situación de especial vulnerabilidad, ya que en nuestra sociedad prevalece el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda.

El riesgo más serio percibido por los ocupantes de hecho es el de la erradi-cación, y con ello la pérdida de su vivienda y hábitat social, si bien este último implica no pertenecer a la ciudad reconocida, a aquella en que las calles tienen nombre y numeración, donde existen el domicilio y la dirección y se puede acceder a servicios urbanos.

La falta de reconocimiento ha sido motivo de conflicto y de lucha por parte de los asentamientos. Éstos cuentan, desde sus orígenes, con incipientes organizaciones comunitarias que tomaron mayor ímpetu en 2002, luego de una ardua tramitación ante las autoridades municipales. La dificultad que encontraban para consolidar la organización se debía a su condición de ocu-pantes de hecho o „ilegales‰, motivo por el cual el municipio no les otorgaba reconocimiento de Junta Vecinal; resultando paradójico que, sin este aval, la comisión veía limitada su capacidad de acción y gestión, ya que no aparecía como un actor representativo del barrio, en especial para ocuparse del manejo a escala barrial de los programas y planes asistenciales. Luego de sortear pasos burocráticos y presiones, lograron el reconocimiento de parte de la Dirección de Juntas Vecinales pero como Comisión de Trabajo. Pese a que esta denomi-nación confiere un estatus inferior a la organización barrial, es gracias a este reconocimiento estatal que convalidaron su posición como actor social ante sus propios vecinos y ante las instituciones y la sociedad en general.

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La preocupación por la situación de ilegalidad en la ocupación de las tierras es un problema que subyace permanentemente. Antes de la inundación ocurrida en la primavera de 2002, las iniciativas emprendidas por algunos vecinos obedecían a la intención de regularizar la situación de ilegalidad de su ocupación. Pero a partir de ella –que movilizó colectivamente a los barrios– re-cibieron asistencia de diferentes instituciones y repentina aunque fugazmente se encontraron en la agenda política del municipio; así, los planteos con respecto a la tierra ya no se justificaron sólo por la situación de inseguridad en la tenencia, sino especialmente por la vulnerabilidad frente al riesgo am-biental. Este tema nos reenvía a Beck, quien destaca que en la sociedad del riesgo la solidaridad surge por miedo y puede convertirse en fuerza política, por oposición al entrelazamiento producido por los intereses del mercado. Con lo cual se plantea el interrogante respecto del modo en el que opera el miedo como factor de cohesión. Si bien el caso que analizamos no puede ser subsumido exclusivamente dentro de la categoría de sociedad de riesgo, ya que en él se solapan problemas de la comunidad por la miseria, se ve claramente que el miedo fue el elemento que los unió. A partir de ambas inundaciones, los dos barrios fueron visibilizados por el resto de la sociedad, y quizá lo más importante es que a causa de las catástrofes, internamente se sintieron unidos y cohesionados.

Consideraciones finales

A partir de hechos catastróficos como las inundaciones de octubre de 2002 y julio de 2004, el municipio definió un colectivo empírico, luego de la emergencia. Allí el riesgo, que hasta entonces aparecía ligado a la probabilidad, se convirtió en certeza y pasó a formar parte de la experiencia. La aparición y el reconocimiento de estos nuevos interlocutores en la escena pública no implicaron que las autoridades asumieran que la carencia, en principio, estaba ligada al incumplimiento del derecho a la tierra. Se los identificó como población sujeta a riesgo ambiental. Esta categoría constituye una clase interactiva (Hacking, 2001), es decir, una clase en la cual están involucrados sujetos conscientes y cuyo conocimiento del modo en que son clasificados puede repercutir no sólo sobre sus acciones (que dependen de las descripciones disponibles), sino también sobre las clasificaciones mismas. Este proceso de interacciones ha sido denominado por Hacking „looping effect‰, y da cuenta, por un lado, de las interacciones entre los sujetos y, por el otro, de los modos en que son clasificados y su comportamiento. Ser visto como cierta clase de

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individuo o hacer una cierta clase de acto puede afectar al individuo. Así, un nuevo modo de clasificar puede sistemáticamente perturbar a los clasificados o estos mismos sujetos pueden rebelarse contra quienes los clasifican. Estas interacciones pueden generar transformaciones en la gente y en lo que se conoce acerca de ella.

En el caso que nos ocupa, como ya dijimos, el nivel de conciencia de los vecinos respecto de los riesgos es relativo, ya que en diversas oportunidades insinúan su intención de regularizar su situación en el lugar donde se en-cuentran; o a la hora de optar frente a las alternativas de traslado que se les presentan pesan más en esta decisión los peligros „sociales‰ que ser potenciales víctimas de cualquier tipo de riesgo ambiental, o continuar en una situación de ocupación irregular. No obstante, los vecinos se apropiaron de la noción de riesgo ambiental como bandera para satisfacer su derecho a la tierra, porque a partir de esta categoría fueron reconocidos como interlocutores válidos en el espacio público. Frente a este dilema, se ve claramente cómo la identificación con la idea de riesgo ambiental se corresponde más con una adecuación a la caracterización hecha por las autoridades, que al modo en que los vecinos representan su propia situación. Sin embargo, con una astucia táctica, hacen uso de ella, aprovechando la ocasión para generarse un espacio en la ciudad (De Certeau, 1996).

Queda abierta la pregunta acerca de cómo sigue este proceso, en tanto la experiencia de la inundación se disipa con el tiempo. La incertidumbre, que es el componente del riesgo no cuantificable perteneciente al ámbito de la toma de decisiones y colocado a nivel de percepción de los grupos, sigue sin ser tenida en cuenta, así como tampoco son escuchadas las voces de los actores sociales implicados en el proceso. Por lo pronto, y mientras no surjan propuestas de traslado, continuarán conviviendo en el mismo espacio, en la misma situación de vulnerabilidad y expuestos a los mismos peligros.

Aceptado: 24 de abril de 2006

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[email protected] Caram. Licenciada en Antropología, maestranda en Hábitat y Vivien-da, Universidad Nacional de Rosario. Fundación Bariloche, Av. Bustillo km. 9,5, CAB (8400) San Carlos de Bariloche, Río Negro.

[email protected] A. Pérez. Licenciada en Sociología, maestranda en Filosofía e Historia de las Ciencias, Universidad Nacional del Comahue, Becaria CONICET, Fun-dación Bariloche, Av. Bustillo km. 9,5, CAB (8400) San Carlos de Bariloche, Río Negro.

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Dossier:Estado, Gobierno y Sociedad

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Educación y gubernamentabilidad en las sociedades de gerenciamientoSilvia Grinberg

Educación y gubernamentalidad en las sociedades de gerenciamiento

Silvia M. GrinbergUNSAM - UNLu

Abstract

Las nociones de crisis y cambio suelen ser utilizadas frecuentemente en la bibliografía, a los

efectos de caracterizar la vida social desde fines del siglo XX en adelante. En este artículo se

presentan resultados de un trabajo de investigación que procuró adentrarse y caracterizar los

procesos de ruptura y reconfiguración de los dispositivos pedagógicos propiciados en la Argen-

tina desde los años noventa.

Ese estudio fue realizado entendiendo que dichos cambios ocurren en el escenario de la acumu-

lación flexible y expresan una reforma de los procesos y prácticas institucionales de producción

de la subjetividad. Por medio de la noción de gubernamentalidad, Foucault remitía al ensam-

blaje de instituciones, procedimientos, reflexiones, cálculos, tácticas que se articulaban en el

ejercicio del poder, la conducción de la conducta desde el siglo XIX; en este trabajo entendemos

que son justamente esos principios, propios de las sociedades de disciplinamiento, aquéllos

que se han puesto en cuestión, dando lugar a la conformación de lo que aquí denominamos

sociedades de gerenciamiento.

En el marco de los estudios sobre la gubernamentalidad, en este artículo describimos algunas

de las coordenadas que hemos identificado en el campo de los discursos educativos y que

entendemos expresan nuevas lógicas en el gobierno de la población; esto es, un conjunto de

nuevos principios de regulación y conducción de la conducta, tal como se presentan en las

propuestas oficiales de reforma de la escolaridad. Planteamos, por último, que se trata de una

nueva episteme que involucra, pero también rebasa, al campo pedagógico.

Palabras clave: Gubernamentalidad, Dispositivos pedagógicos, Subjetividad, Sociedades de

gerenciamiento, Episteme.

The notions of crisis and change are frequently used to characterize social life since the late

twentieth century. This article presents the results of a research project that seeks to characterize

the processes of rupture and reconfiguration of the pedagogical devices applied in Argentina

since the 1990s.

The study was carried out assuming these changes take place in a flexible accumulation scenario,

and that they symbolize a reform of the processes and institutional practices for the production

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Educación y gubernamentabilidad en las sociedades de gerenciamientoSilvia Grinberg

of subjectivity. FoucaultÊs concept of governmentality referred to the set of institutions, reflec-

tions, procedures, calculations, and tactics articulated in the exercise of power and behavior

management since the nineteenth century. This paper argues that it is precisely those principles,

typical of discipline societies, that are been questioned, giving rise to the creation of the so-

called management societies.

Within the framework of governmentality studies, this article describes some of the coordinates

this research identified in the field of the educational discourses, and argues that they express

a new logic in the government of population. This logic is embodied in a set of new principles

of behavior regulation and management as set forth in the official proposals of school reform.

Finally, there is a new episteme that involves and also transcends the pedagogical field.

Key words: Governmentality, Pedagogical devices, Subjectivity, Management Societies, Epis-

teme.

1. Presentación

Durante los últimos dos decenios y en el marco de las transformaciones socia-les ocurridas, gran parte de la bibliografía referente al Estado ha enfatizado el desprendimiento o desaparición de esa agencia en la regulación de la vida so-cial. En este trabajo, por medio de la noción de gubernamentalidad asumimos, en cierta medida, una mirada que se dirige hacia un sentido opuesto. Al decir de Rose, la gubernamentalidad supone el estudio „sobre estratos particulares de conocimiento y acción. Sobre la emergencia de regímenes particulares de verdad concernientes a la conducción de la conducta, modos de hablar sobre la verdad, personas autorizadas para decir verdades, modalidades para decre-tar la verdad y los costos de hacerlo. Se trata de la invención de dispositivos y aparatos particulares de ejercicio del poder y de intervenir en problemas particulares‰ (1999: 19).

De manera que, lejos de haberse producido una desgubernamentalización de lo social, se han transformado los regímenes de prácticas y lógicas de gobierno, pero ello no debería confundirse con falta de gobierno; sino con la desgubernamentalización del Estado y la transferencia de muchas de sus funciones hacia la comunidad y la sociedad civil (Dean, 1999; Rose, 1999; Grinberg, 2005). De hecho, paralelamente a las lecturas que remiten a la des-aparición del Estado y a la carencia de gobierno, uno de los ejes cruciales de la agenda es, justamente, la cuestión de la seguridad y de la gobernabilidad en un mundo que se asume como incierto y, por tanto, difícil de ser controlado.

El gobierno de la población, tal como lo señala Foucault, aparece en el siglo XIX ligado con la configuración del moderno-capitalismo, la vida en la

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ciudad, la aparición de las instituciones de encierro y la distribución de la población en ellas. Desde el punto de vista de su configuración y los modos de su funcionamiento, estas sociedades se caracterizaron por la inclusión e integración de cada uno de los individuos en su seno. Esas sociedades decimo-nónicas necesitaban producir y reproducir a la fuerza de trabajo. De modos diferentes, los siglos XIX y XX se caracterizaron por la asignación de lugares a cada individuo al interior de la sociedad y de sus instituciones que, de modos diversos, cumplían ese papel. Incluso si pensamos en el largo proceso que se inicia con la revolución agrícola y las formas de vagabundeo que produjo la expulsión del campo, las instituciones de encierro y los distintos instrumen-tos de normalización de la conducta que supusieron, no dejaron de implicar etapas de fijación e inserción social. Desde este punto de vista, la sociedad salarial, aunque profundamente desigual, fue una sociedad de inclusión.

En los últimos años hemos asistido a procesos que, en cierta medida, expresan un movimiento contrario: la circulación y la apertura de las insti-tuciones de encierro que, en un contexto signado por la crisis de la sociedad salarial, podrían caracterizarse como productoras de nuevas formas de vaga-bundeo. Esto constituye una de las características propias de las organizaciones de esta etapa del capitalismo.

Así, algunas de las críticas realizadas al neoliberalismo, expresión económi-co-política de estos cambios, olvidan justamente que esa „retirada‰ del Estado no implica per se que éste, como agencia de gobierno, no actúe conduciendo. De hecho, en el campo de la educación, y por lo menos en nuestro país, el Estado nacional ha sido eje y motor de todos los procesos de cambio/reforma que se han diseñado e implementado. Quizá con un protagonismo que no alcanzaba desde la constitución del sistema educativo hacia fines del siglo XIX.

Aquí debemos comentar lo siguiente: la intervención del Estado no debe-ría confundirse con una necesaria redistribución de la riqueza o con procesos de democratización, y mucho menos si hablamos de la agencia estatal en el marco del sistema-mundo capitalista. De una forma u otra, es cierto que el Estado, en el marco de la sociedad salarial, había logrado „neutralizar la inse-guridad social, es decir, actuar eficazmente como reductor de riesgos sociales. Pero lo logró bajo ciertas condiciones, algunas coyunturales, otras estructura-les‰ (Castel, 2004: 48). Como Deleuze y Guattari lo señalan,

„el Estado era primero esta unidad abstracta que integraba subcon-juntos que funcionaban separadamente; ahora está subordinado a un campo de relaciones de fuerza cuyos flujos coordina y cuyas relaciones autónomas de dominación y subordinación expresa. Ya no se contenta con sobrecodificar territorialidades mantenidas y enladrilladas, debe

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constituir, inventar códigos para los flujos desterritorializados del di-nero, de la mercancía y de la propiedad privada‰ (1995:227).

Son esas condiciones estructurales y coyunturales, propias de la acumulación fordista, las que han cambiado y en las que el Estado ha participado activamente como agente directo de dicha transformación. Por lo que podríamos decir que asistimos a la transformación de las tecnologías de gobierno (Rose, 1999), que se constituyen sobre la base de un proceso simultáneo de proliferación, fragmenta-ción, contestación y deslegitimación del lugar de lo experto en los dispositivos sociales de gobierno mediante una nueva fórmula que pone en relación gobier-no, expertez y subjetividad. Así, si el pacto/contrato social suponía, entre otros aspectos, la cesión de los derechos de autogobierno en aras de la seguridad, esas condiciones del contrato, en los últimos, se han puesto en entredicho.

Asistimos a la producción de estrategias que suponen grados de autono-mización en las entidades de gobierno por medio, por ejemplo, de la respon-sabilización y el empowerment; ya no del Estado como agencia central sino, justamente, de sujetos individuales expresados tanto a nivel de las instituciones como de sus miembros. Una serie que se produce integrando responsabilidad, autonomía y elección como ejes del ejercicio de la libertad individual. Libertad que, dada la „retirada‰ del Estado, se exhibe como ampliada, en tanto este Estado parece que ya no interviene en las decisiones ni definiciones como otrora lo hacía. Ahora el desafío está en los individuos, quienes deben hacer uso responsable de su autonomía, y por tanto de su ampliada capacidad para elegir, como ejercicio pleno de la libertad, que llega en un momento en que ya no tiene mucha importancia o, como señala Leo Straus, „la otra cara de la libertad sin cortapisas es la insignificancia de la elección‰.

A estas nuevas dinámicas del gobierno las denominamos sociedad del gerenciamiento (Grinberg, 2005), entendiendo que la lógica del disciplina-miento ya no nos permite dar cuenta de los cambios que están viviendo las instituciones y que estaría asumiendo la formación de la subjetividad.

Así, lejos de entender las formas emergentes del gobierno como una au-sencia de la dirección de la conducta que suele expresarse en el achicamiento del Estado o en el juego del libre mercado, nuestra preocupación se centra en la descripción de los dispositivos pedagógicos, atendiendo a las formas que asume el gobierno de la conducta y la producción de subjetividad, de las series que los componen, tal como son formulados en documentos oficiales a partir de los años noventa.

En las páginas siguientes recorreremos y nos centraremos en una de las coordenadas que fue objeto de la indagación: la gestión como nueva episteme, tal como se articula la educación en el discurso pedagógico oficial.

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2. Pedagogía, saberes y gerenciamiento

En la forma del encantamiento que produce el canto de las sirenas, la noción de gestión ha impregnado la discursividad escolar en todos sus poros. Gestión por resultados, el directivo como gestor/coach (Burllaille, 2003), el docente como gestor del aprendizaje, la gestión institucional, curricular, de la evaluación, de los sistemas educativos⁄ La totalidad de problemas, desigualda-des e injusticias de la vida escolar resultan ser una cuestión de gestión o, más bien, de buena o mala gestión, de modelos anticuados que deben superarse y que, en sí, son la clave para su solución.

Si un alumno no aprende, o no aprende tal como se espera que lo haga, la cuestión radica en cómo se gestiona el aprendizaje. Si los alumnos aban-donan la escuela se trata de un directivo o de un cuerpo de docentes que no monitorea el proceso de aprendizaje, no desarrolla estrategias de retención y, en cuanto al primero, que no ha logrado volverse un verdadero líder, motor de los procesos de cambio que deben implementarse. La desigualdad educativa, en suma, se ha vuelto una cuestión de gestión. Allí la llave, allí la promesa, allí el cambio que debe operarse.

Antes, la administración; hoy, la gestión. œCuál es la diferencia? En prin-cipio, podemos decir que la administración se solía entender como la dispo-sición de los medios para conseguir un fin, en propiciar que las estructuras trabajen en aras de un objetivo. Pero, cuando se habla de gestión se va un paso más allá: se incorpora a los medios como objeto de la planificación-previsión; en otras palabras, se trabaja sobre el proceso. Gestionar no sólo implica dis-poner los medios, sino también crearlos y articularlos. Así, en los documentos se expresa:

„Tradicionalmente, lo administrativo de lo educativo se ocupó de organizar Âlo dadoÊ, que fuera diseñado por otros en otra parte. Hoy la realidad y los nuevos modelos de gestión nos interpelan a ser deli-berados constructores de políticas educativas cotidianas y activas para elevar los niveles de aprendizaje para todos‰ (Doc. 4).

„Si bien esta definición está vinculada con el concepto de administra-ción, se le otorga aquí a este concepto un carácter de mayor flexibili-dad, ligado a una más moderna práctica facilitadora de estrategias, en contraposición con el enfoque burocrático y estereotipado del concepto tradicional de administración‰ (Doc. 7).

Configuradas como prácticas opuestas, la administración recibe epítetos tales como tradicional, estereotipada, rígida y cerrada; mientras que la gestión es estratégica, abierta y flexible. No sólo es más eficaz sino que, al integrarse en

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la vida de la institución, fomenta la participación y el compromiso de todos los actores. En sí, devino democrática.

La referencia a la gestión en la educación se construye en una trama donde se la supone como una práctica que implica per se la mejora del aprendizaje. Aparece no sólo como lógica de planificación, como procedimiento, sino que trae consigo (como si estuviera en su supuesta „esencia‰) la elevación de los aprendizajes. En otras palabras, la gestión se construye, en estas formaciones, como opuesta de un modo „esencial‰ a las tradicionales prácticas de la admi-nistración que no permitían mejorar la calidad. Pero, ahora sí, la gestión como práctica creativa lo logrará, ya que si los resultados no se alcanzan el gestor debe procurar crear las condiciones y los medios que permitan su logro.

En este sentido, se vuelve una herramienta que, al aplicarla, brindará los saberes técnicos necesarios para obtener los fines de la educación. Construida en oposición con la anterior se transforma en una nueva promesa que por sí misma garantiza el logro de los fines. Pero, al igual que la primera, los medios se subsumen a los fines. El siguiente fragmento lo expresa con claridad:

„El postulado central de ese capítulo es que los lineamientos de polí-ticas allí definidos son válidos para todos los países (⁄) Para avanzar en la dirección señalada se requiere, en primer lugar, dotar de mayores niveles de autonomía a los establecimientos; en segundo lugar, generar mecanismos flexibles de regulación; en tercer lugar, impulsar múltiples instancias de coordinación y concertación (⁄) La mayor autonomía de cada establecimiento permite (⁄) definir dentro del marco de las políti-cas y prioridades nacionales el proyecto educativo de su establecimiento y asumir el manejo y la responsabilidad de los aspectos académicos, administrativos y financieros de ese proyecto‰ (Doc. 1).

La definición de la gestión como diseño y desarrollo de proyectos, justa-mente, se dirige en este sentido: pensar la planificación ya no como un acto previo a la acción, sino como una práctica que contempla y monitorea cons-tantemente aquéllo que sucede en el desarrollo de esa planificación. Y, para ello, es necesario que los actores que antes eran ubicados como ejecutores de planes se transformen, ellos mismos, en gestores: „La gestión estratégica puede entenderse como el conjunto de procesos de diseño, desarrollo y mantenimien-to de un proyecto de intervención que relaciona las metas y las competencias institucionales con las demandas y las oportunidades del contexto‰ (Doc. 5).

Se produce, por lo tanto, todo un giro epistémico en donde se crean nuevos objetos y sujetos de saber. La gestión recoloca los objetos de la plani-ficación y de la dirección de las conductas de los individuos. No es lo mismo referirse a los administradores que a los gestores. Ellos involucran una suerte

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de capacidad para actuar en diversas situaciones, pero especialmente son gran-des „creadores‰. Así, veamos el siguiente fragmento:

„Además del uso del instrumental de planificación hay que introducir progresivamente nuevos conceptos y técnicas integrados en un adecua-do modelo de gestión de gobierno. Ese nuevo modelo debe permitir, al menos, una conducción estratégica con decisiones ajustadas a un entorno cambiante de negociación (⁄) capaz de orientar el proceso y de identificar los posibles efectos de las política.‰ (Doc. 3).

La introducción de estos conceptos supone la creación de todo un nuevo corpus de saberes, de objetos de saber que incorpora, en la lógica del rendi-miento de las acciones, el estudio y el seguimiento de las prácticas de desa-rrollo en donde los resultados ya no se consideran como el punto de llegada y, por tanto, como algo que sólo es plausible de ser analizado en el fin de la programación; los resultados se integran en el seguimiento de los procesos, permitiendo con ello ajustar decisiones y reorientar procesos. El siguiente párrafo, nuevamente, nos ubica aquí:

„Las preguntas clave a las que este componente da respuesta son: los resultados obtenidos, œsatisfacen las demandas y necesidades de los beneficiarios? œEn qué medida? œEs posible aumentar su calidad? Otros interrogantes que nos orientan son: œCuáles son los procesos más im-portantes de la organización? œQué proceso/s queremos mejorar? œQué características presenta/n? œQué problemas debemos afrontar? œCuáles son las causas del déficit en los procesos? œCómo se evalúan los resulta-dos? Centrarse en los procesos. No es posible mejorar resultados si no se replantean los procesos‰ (Doc. 7).

Nos encontramos ante un giro en la mirada de la planificación, de la visibilidad del poder diría Foucault, una luz que se irradia directamente sobre lo cotidiano y, como veremos en el apartado sobre monitoreo, se construye sobre la base de la definición de indicadores, cuyo eje no es tanto medir si se alcanzan objetivos sino la relación entre esos logros con las prácticas y los procesos que permitieron o no su consecución. No son ni los resultados ni los fines aquello que se somete al discernimiento; éste ocurre sobre los medios/estrategias/secuencias de la implementación. Esta definición permi-te, justamente, según se plantea en la bibliografía referente a esta temática, adquirir cada vez más refinados niveles de control sobre el desarrollo. En cierta medida, podríamos decir que reduce los márgenes de imprevisibilidad, integrándolos a la misma planificación. Para ello es necesario „enfrentar de manera permanente la incertidumbre que proviene naturalmente de un sistema complejo‰ (Doc. 7).

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Se produce una fusión del resultado con el proceso que, más que actuar procurando reducir la complejidad, se construye sobre la base de ella y la asume como algo natural; la complejidad, y la incertidumbre que trae apareja-da, no pueden simplificarse, sin embargo, sí se pueden construir „estilos‰ de gestión que permitan actuar sobre ella:

„Los desafíos del presente, que construyen el futuro, suponen visualizar que la palanca de las transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la institución educativa. Esto es, una gestión estratégica que va desde la forma de observar las organizaciones hasta la interven-ción desde la complejidad‰ (Doc. 5).

La planificación ya no se acaba en la decisión. Actuar sobre lo imprevisible demanda, precisamente, otros modos de observación; un nuevo foco que irra-die ahí donde, según se señala, con la planificación tradicional no era posible ver. Y ello porque, entre otros aspectos, se parte del supuesto de que es en la ejecución donde los planes más certeros acaban por desmoronarse y, si es ese el espacio por excelencia donde se logran los resultados, éstos ya no pueden quedar exentos del ámbito de la calculabilidad. Gestionar, entonces, ya no es decirle a los otros qué y cómo hacer, dejar en manos de un tercero el proceso de la implementación; por el contrario, la implementación es el momento clave de los procesos de gestión. Por ello, ahora se puede hablar de gestores de la educación, y „gestores somos todos‰.

El monitoreo y la evaluación de resultados –o como se suele llamar en la bibliografía de la gestión: responsable por resultados– se vuelven el eje del cálculo. Así,

„quien planifica no sólo debe diseñar cómo deben ser las cosas, sino que también debe hacer un cálculo de cómo sortear obstáculos que se oponen al cumplimiento de ese diseño. Aquí empezamos a diferenciar-nos fuertemente de la planificación tradicional (⁄) como si la decisión y la ejecución no fueran problemas recurrentes de quien planifica (⁄) La planificación no es un mero cálculo sino el cálculo que precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y acción son inseparables y recurrentes‰ (Doc. 1).

La „reingeniería‰ de las organizaciones apunta a producir cambios en este sentido. Acercar la decisión al ámbito de la ejecución; pero ello, creemos, no debe confundirse con ampliar los márgenes de la acción de los individuos. En nada está vinculado con la democratización del poder, sino con nuevas lógicas de su ejercicio. Se crea, así, un sujeto de responsabilidad que ahora, en todos los niveles y espacios, hace política. Política que se expresa en la responsabili-dad individual de llevar a cabo unos consensos dados:

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„Tanto en la gestión educativa como en la escolar se pueden reconocer determinados componentes políticos que como se refieren al ámbito de lo cotidiano son, al mismo tiempo, pedagógicos. La dimensión pedagógica está presente en tanto se asume la responsabilidad de crear y concretar las condiciones para el enseñar y el aprender. En definitiva, en este campo de la gestión, todas las decisiones cotidianas son a la vez políticas y educativas. Así, todos concretan política educativa día a día en las decisiones cotidianas y este aspecto se define en las formas de organizar los equipos, en la modalidad de trabajo en el aula, en la gestión de la escuela, en los criterios de trabajo con los estudiantes y en las formas de asegurar su permanencia, en los sistema de evaluación, etc., poniendo en juego cotidianamente una forma determinada de hacer política educativa‰ (Doc. 4).

De modo que, hasta ahora, aquéllo que había quedado al margen del cálculo pasa a ser su centro, y ello porque ya se ha asumido que lo incierto e inestable no es un momento, fruto de una desviación, sino lo más estable de nuestras sociedades. Si la realidad está fuera de control, el primer paso para controlarla es asumir su contingencia, para luego instrumentar los mecanis-mos que permitan reducir el estallido. Pero ello no es posible si se la considera estable, si se piensa en el resultado sin tener en cuenta el proceso. Para conse-guir un resultado se hace necesario controlar el proceso, ya que es ahí donde „algún vagón puede descarrilarse‰; es en el proceso donde se puede actuar. Como describe Kelly (1995), el problema ahora es cómo generar respuestas con cero defecto; para ello, el mayor gasto en el desarrollo de un nuevo producto hay que destinarlo en el diseño del proceso de manufactura y no en el diseño del producto en sí. Es decir, precisar y prever los pasos, los momentos y las estrategias por medio de los cuales ese producto va a ser creado; el producto, de hecho, es el resultado de ese proceso y, por tanto, el proceso es aquello que debe ser controlado. Así, este autor continúa:

„Lo que es absolutamente imposible de prever son los errores, pero no-sotros podemos resguardar esos errores de los defectos generalizados (⁄) El real progreso viene de la identificación y eliminación temprana de las causas del error (⁄) Errar es humano: gerenciar el error es sistema‰ (Kelly, 1995: 196-197, subrayado nuestro).

Pero, œcómo trabajar con/sobre esta dinámica? El siguiente fragmento expresa esta lógica de acción para con el sistema educativo:

„Además del análisis cuantitativo de la información se realiza un estu-dio cualitativo, a partir de los resultados de las pruebas y cuestionarios con los que se ha podido detectar, para cada dificultad, lógicas de error en las respuestas expresadas (⁄) Se trata del análisis cualitativo de las

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dificultades presentadas por los ítems de cada una de las pruebas, según su contenido y competencia. Se consideran las operaciones mentales y la lógica que puedan haber inducido a error, así como también obstá-culos surgidos tanto a partir de la enseñanza como de las características del contenido‰ (Doc. 7).

Detectar las dificultades y, seguidamente, para cada una de ellas pregun-tarse qué las pudo haber inducido; reconstruir la lógica del error para, por supuesto, instrumentar para cada lógica las estrategias que permitan evitar que se vuelva a incurrir en ella e incluso evitar que siga actuando. La frase de Kelly expresa, con ironía, la lógica del gerenciamiento: no es posible evitar que los hechos sucedan, tampoco es posible prever de antemano todos los efectos que pueden producirse, pero sí se puede estar atento a ellos y no permitir que un error se generalice y provoque una seguidilla de efectos no deseados ni bus-cados; esto es sistema, gerenciar un sistema. Frente a lo incierto, y el error de hecho lo es , sólo se pueden prever mecanismos para estar alertas. La gestión y los gestores deben actuar en ese espacio.

Pero este control no puede hacerse como paso previo de una planifica-ción; por ello, la gestión no tiene como objeto el resultado sino el proceso; es ahí donde los errores se detectan y de ellos se debe aprender y, por supuesto, corregirlos. Esto es, si toda práctica de planificación supone disponer los medios para conseguir un determinado fin, la gestión actúa no sólo en la „preparación‰ sino también en el desarrollo. Para ello es necesario „medir pe-riódicamente el rendimiento (⁄) poniendo énfasis en las estrategias de gestión y didácticas (⁄)‰ (Doc. 7).

La planificación ya no se define como los pasos a seguir, aplicados como recetas, sino que actúa en su procesamiento, previendo la necesidad de las modificaciones en proceso.

„Es que los métodos rígidos y simples estrechan nuestras capacidades de análisis. Esta sola falla denuncia la impotencia de la planificación normativa. Porque el actor que planifica, en vez de reconocer la in-certidumbre y la complejidad de la realidad, actúa como el avestruz (⁄) Ningún sistema vivo se puede planificar con métodos muertos. El libro-plan no tiene vida frente a la realidad‰ (Doc. 2).

Aquí, el supuesto general es que la tradicional división y fragmentación del trabajo traía como consecuencia la falta de compromiso con el crecimiento de la organización, la despersonalización, etc. Permitir o, más bien, producir que todos se sientan implicados es una herramienta central a la hora de lograr una mayor eficiencia en el logro de resultados; que cada quien se sienta parte

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del todo, la transformación la hacemos entre todos. La participación es otro de los ejes centrales en estas formaciones discursivas.

La planificación estratégica opera en una nueva lógica de conducción y dirección de los procesos; allí donde los modelos –tradicionales– dejaban espacios abiertos o suponían que el proceso era rígido y estable, esta lógica de planificación actúa incluyéndolo como eje básico. Para ello se hace necesario suprimir las „rigideces‰ de la organización del trabajo; esto no implica una pérdida de control o un funcionamiento caótico en el diseño o desarrollo, sino incorporar al caos como lógica intrínseca de la realidad.

2.1. Sistemas de información, monitoreo y autoevaluación

Uno de los ejes clave del circuito de la planificación estratégica está vinculado con el concepto de monitoreo –o de seguimiento– referente a la construcción de prácticas de recolección de información, en el curso de la implementación de proyectos. Esto supone la producción de cada vez más complejos sistemas de información que permitan cierta evaluación del desa-rrollo, de modo de redirigir las acciones según esas evaluaciones.

El carácter estratégico de estos sistemas de información es central, en tanto ellos son la clave a partir de la cual se toman decisiones. Como señalara Nietzsche, conocer supone establecer una relación estratégica con los objetos y ello no en razón de la naturaleza humana, sino por el carácter polémico y perspectivo del conocimiento. En el acto de conocer no sólo se crea una de-terminada relación entre objetos y sujetos, sino que se establece un mundo de objetos, unos determinados dominios de saber y, con ello, unas determinadas relaciones de fuerza, que no dejan de ser relaciones políticas en una sociedad. Voluntad de saber y voluntad de poder, relaciones, campos de lucha a través de los cuales esos dominios son producidos.

Desde esta perspectiva, estos nuevos ejes de saber pueden entenderse no sólo como nueva información que se produce sino como creación de domi-nios de saber que crean y perfilan nuevos objetos, y con ellos aparecen haces de luz diferentes sobre y para los sujetos. Es a partir de aquí que autores como Foucault señalaron que las condiciones políticas y económicas de existencia no deberían pensarse como un velo u obstáculo para el sujeto que conoce. Es por medio de ellas que se forma el sujeto de conocimiento. Las relaciones de verdad y los dominios de saber, más que estructuras externas que se imponen desde el exterior al sujeto de conocimiento, son ellas mismas constitutivas de éste. Así, los objetos no preexisten a los enunciados que los configuran; se trata de un complejo juego de relaciones de lucha por medio de las que objeto y sujeto se producen.

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En este marco, estudiar los sistemas de información o, más bien, los domi-nios que crean, supone atender a los conjuntos de enunciados que conforman, la mirada que se posa sobre que produce objetos y sujetos como resultado de una relación de fuerza; en suma, como voluntad de poder.

Así, como recién lo señalamos, el objeto de saber de los modelos de planificación como arte de gobierno, desde la constitución de las sociedades disciplinarias, ha tenido como eje a la población; constituyó a la población volviéndola blanco de saber. En este sentido, aquéllo que trae como „novedad‰ el gerenciamiento y con él la planificación estratégica supone un saber que haciendo eje en la población no sólo actúa sobre antecedentes y resultados, sino que se centra en los procesos de la acción, en el curso de un desarrollo, en la posibilidad de contar con un conocimiento que actúe y prevenga no el error sino los defectos que éste puede provocar si no se lo controla.

De manera que los sistemas de información constituyen entramados mediante los cuales se organiza un dominio de saber, un conjunto de objetos enunciables y, por tanto, de prácticas que se vuelven visibles. Los „indicadores de monitoreo‰, entonces, se vuelven los observables que permiten esa visibili-dad y, con ella, la re-dirección del curso de una acción, en íntima relación con la noción de gobierno como dirección, encauzamiento. Se trata de un conjun-to de saberes que permiten ajustar las decisiones. La investigación al servicio de la toma de decisiones no es algo nuevo; la pretensión de contar con saberes técnicos –entendidos como neutros– ha sido uno de los ejes centrales de la ciencia moderna. Saberes técnicos que, puestos en el juego de las decisiones, funcionan como parte fundamental de los sistemas de legitimación política.

En la actualidad, asistimos a un proceso de constitución de un nuevo conjunto de saberes vinculados con el estudio, análisis de los procesos que suelen recibir el nombre de sistema de monitoreo o de evaluación en proceso. La noción de monitor aparece asociada con la idea de un guía, acompañante que por medio de su acción evita que se generen errores. Asimismo, en tanto que aparato, el monitor permite obtener fotografías y lograr cierto control respecto de aquello que sucede, por lo cual debe actuar en el mismo momento y espacio en que el hecho está sucediendo. Por ello, el monitoreo no puede realizarse desde afuera, sino que debe ser producido ahí donde la acción se desarrolla.

Desde aquí puede entenderse la figura clave de que se asignen al supervi-sor las tareas de monitoreo de las instituciones educativas. Los documentos referentes a esta temática otorgan a este rol las tareas de seguimiento (y/o monitoreo) de las escuelas como una de sus funciones centrales. Para ello se supone que el supervisor, por las características que adquiere su función,

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puede oficiar como un mediador entre las instituciones y los niveles centrales de la administración. Esto, dado que su tarea está, justamente, en ese camino intermedio que permite que se transforme en un:

„mediador, puente transmisor y difusor de información y demandas ascendente y descendente (⁄) Existe una información dinámica que puede ser descendente, que implica la canalización o transferencia de la política educativa y de los insumos de la institución, a los docentes, para optimizar la gestión y la práctica pedagógica. También existe una información ascendente que implica la comunicación a los niveles su-periores sobre los aspectos, necesidades, deseos de las instituciones y ni-veles educativos para retroalimentar la toma de decisiones‰ (Doc. 7).

En cierta medida, ésta no es una ocupación nueva de la supervisión: ella, desde su creación, ha estado vinculada con esta tarea de vigilar el funciona-miento de las escuelas, informar a las autoridades y sancionar sus errores. Sin embargo, se incorpora a esta ya clásica labor la idea de mediar. œQué significa? No sólo ser puente sino también conducir acuerdos y consensos entre los actores del sistema educativo. Esto se logra porque el supervisor debe también transformarse en un asesor que:

„puede (⁄) dirigirse a que los equipos de conducción, docentes, profe-sores se interroguen sobre su realidad escolar, para orientar acciones de formación y perfeccionamiento, para revisar las prácticas pedagógicas y el desarrollo del currículo en relación con los resultados e indicadores del operativo nacional de evaluación, para promover innovaciones educativas relativas a la mejora de la calidad‰ (Doc. 7).

He aquí, entonces, el marco en el que se reconfigura esta tarea, en tanto no sólo es importante sancionar sino, especialmente, orientar, revisar y promover que las instituciones o, si se prefiere, los individuos vuelvan a sus prácticas objetos de reflexión a la luz de los resultados. Por lo cual ya no se trata del castigo (incluso en donde éste funciona como corrección) sino de actuar como una torre de control, como faro que avisa sobre un posible error y permite corregirlo antes que castigarlo, advertir la posibilidad de que algo suceda, antes de que ocurra. En suma, gerenciar el error. Se trata de un proceso técnico-ope-racional de la planificación en donde:

„los otros momentos de la planificación sólo tienen una única utilidad: constituirse en un cálculo para la acción, en un cálculo que precede y preside la acción. Sin embargo, es indispensable calcular explorando más allá del presente para darle racionalidad a nuestras decisiones de hoy; pero al final juzgaremos la planificación por la forma en que ese

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cálculo es capaz de alterar, conducir y orientar las acciones presentes‰ (Doc. 2, negrita en el original).

Si bien consiste en un complejo sistema de control, ya que es muy pro-bable que algún elemento se escape al monitoreo, el objeto es poder contar con una herramienta que sea lo suficientemente precisa y flexible como para abarcar algo tan viscoso como lo es la acción. Bajo el título „Enderezar el rumbo‰, se define, en el siguiente párrafo, qué es monitorear:

„Ya que cada institución elabora su propio proyecto, el supervisor necesitará conocer el camino que va tomando. Una herramienta útil para esto es el monitoreo institucional. Esta herramienta le permite ver cómo van cambiando las cosas en la realidad y si se encaminan hacia el rumbo correcto. El directivo y el equipo docente, con la ayuda del supervisor, deben conducir la institución hacia esa imagen objetivo A veces las cosas no resultarán como fueron pensadas y habrá que tomar nuevas decisiones para volver a direccionarlas. Esta es la función del monitoreo‰ (Doc. 6).

Si gestionar es llevar el barco a destino, entonces monitorear supone, efectivamente, la práctica a través de la cual se rumbea. Por supuesto, como muchas veces las cosas no salen como pensamos, para eso está el monitor rumbeando. Como dijimos, un buen monitor no actúa ni antes ni después, sino en el camino; más que soltar amarras, lo que debe garantizar es que el barco no pierda su rumbo. Y ello supone un conocimiento del camino, pero también poder leer un conjunto de indicadores que permitan rápidamente saber en qué momento y cómo se está respecto del rumbo definido.

„El monitoreo mejora la supervisión porque permite un seguimiento permanente de las escuelas y una mejor selección de los establecimien-tos a visitar. Al monitorear las instituciones mediante unos cuantos indicadores, estará claro cuáles deben ser atendidas prioritariamente y para cuáles no es tan urgente una visita de supervisión. Y a la hora de ir a una escuela se identificarán cuáles son los puntos que necesitan apoyo. La evaluación del proyecto es responsabilidad del director. El supervisor va a asesorar. Lo ideal es que estos indicadores sean construi-dos por todos los actores de la comunidad educativa‰ (Doc. 8).

Es un control continuo, permanente, seguramente como la estructura del poder disciplinar lo ha sido, pero organizado en torno de nuevos ejes en donde la mirada vigilante pierde, por lo menos a la vista de los gestores, su carácter sancionador/penal. Así, las prácticas de control „han dejado de vincularse con vigilancia, examen y sanción‰ y se traducen en „medición de rendimiento e introducción de medidas correctivas‰, para lo que se requiere

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„investigar los desajustes, no para culpabilizar sino para introducir elementos correctos. El control es un proceso o conjunto de actividades por el que se garantiza la máxima eficacia de los resultados con el fin de obtener los obje-tivos fijados‰ (Doc. 7).

Todo un juego de palabras tendiente a integrar proceso y resultado porque, como dijimos, si se trata de sujetos responsables, que se monitorean a sí mis-mos y corrigen el rumbo trazado, la sensación de una mirada vigilante se disipa en la vigilancia de cada quien sobre cada cual y, principalmente, sobre sí.

Sobre este punto quisiéramos detenernos. Hay quienes podrán decir œy qué hay de nuevo en esto? Creemos que es radicalmente diferente. La disciplina supuso respecto de la soberanía un proceso de inversión de la economía de la visibilidad del poder. Pero esta inversión se construyó, entre otros aspectos, sobre la mirada vigilante del otro o más sobre la incorporación de la mirada de ese otro. Nos encontramos, aquí, ante una mirada que ya no es la del otro sino la propia; el monitoreo actúa sobre la idea de una base consensuada de criterios, en donde es deseable que toda la comunidad actúe y se automoni-toree.

Se trata de un nuevo juego que supone un conocimiento continuo sobre necesidades e intereses contradictorios, que disemina entre los individuos nuevos procedimientos de aceptación de responsabilidades compartidas. Y ello porque si la gestión la hacemos entre todos, los indicadores deben ser acorda-dos; si el control ya no es externo, si la mirada ahora es la propia, entonces la responsabilidad ya no es de los otros. Así, señala Donzelot (1991), la descentra-lización opera como una pluralización de centros, permitiendo reconstruir los problemas de Estado, rebotarlos, de modo que donde previamente se esperaba que el Estado diera una respuesta para las necesidades de la sociedad ahora ésta debe darse en ella misma. Para eso se construyen „indicadores críticos para la toma de decisiones. Los datos indican la envergadura del problema existente y nos sirven para identificar y cuantificar nuestros problemas‰ (Doc. 7).

Los datos no representan a un genérico sino que hacen referencia directa-mente a problemas que son „nuestros‰ y es desde ese nosotros de donde deben emanar las soluciones, ya que „permitirán a la comunidad educativa proponer proyectos innovadores, y a padres y familias tener elementos más objetivos para participar en la vida escolar‰ (Doc. 7).

Se produce una participación voluntaria y, más que ante un pastor que guía, nos encontramos ante un rebaño que se vuelve pastor de sí mismo. La pregunta del monitoreo no es qué hizo Ud., sino œqué estoy/estamos yo/no-sotros haciendo mal, de modo que me/nos estoy/estamos descarriando, per-diendo el rumbo? O, si se quiere, œqué estamos haciendo mal en esta escuela?

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Pero ya no los otros sino yo/nosotros; primera persona que se lee como: cada supervisor, cada escuela, director, docente, padre y alumno.

En este contexto, los „indicadores‰ hacen referencia o enfocan su luz sobre ese nosotros, en donde „aun a partir de condiciones económicas desfavora-bles en el origen y/o procedencia socio-económica de los alumnos pueden generarse estrategias específicas de mejoramiento‰ (Doc. 7).

Para ello, se identifican indicadores críticos o de efectividad desde los cua-les se evalúa la eficacia de cada escuela según: las características del liderazgo de los directivos, el contexto del aula y la disponibilidad de los docentes, las prácticas de los maestros (sus expectativas, su apreciación sobre el interés y el esfuerzo de los alumnos), la evaluación frecuente del rendimiento de los estudiantes, las relaciones del director, la periodicidad de reuniones, las expec-tativas de los padres respecto de sus hijos, el acceso de éstos a bienes culturales más allá del nivel socioeconómico⁄ Podríamos seguir con este listado, sin embargo aquí importa resaltar que todos estos „indicadores críticos‰ hacen referencia directamente a ese nosotros que es llamado a comprometerse, hacer-se responsable; es desde esas afirmaciones que se formulan conclusiones que, como la siguiente, transfieren la responsabilidad a los individuos o a las ins-tituciones, siempre particulares: „Esto indica que, a pesar de las características propias de cada institución (su identidad), los resultados globales reflejan los problemas de cada escuela‰ (Doc. 7).

Así, es posible plantear que los resultados globales dan cuenta de proble-mas particulares, de modo que quien debe actuar sobre ellos no es el agente „global‰ sino cada quien, en cada escuela, incluso cada padre que no brinda como los otros, en igualdad de condiciones económicas, las mismas herra-mientas a sus hijos.

3. La gestión como episteme

El management se ha vuelto el eje de los debates y propuestas de cambio en las instituciones. Todo proceso y práctica posibles de ser identificados, cla-sificados, estudiados pueden y deben ser gerenciados. La gestión, nacida como cuestión de la administración empresarial, franqueó sus límites. La educación, la salud, la política, el conocimiento, la cultura, las relaciones humanas, nada queda ni debe quedar fuera de su égida.

La excelencia, la calidad total, el logro de cero defecto, los círculos de calidad, la planificación por proyecto, la autonomía, el liderazgo, la innova-ción constituyen tantos de los aspectos que la gestión como episteme abarca. Según señalan sus promotores, constituye mucho más que una simple forma

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de planificación o administración, involucra un cambio en el modo en que pensamos, actuamos, sentimos; en suma, un cambio en la forma de ser de los individuos y de las, ahora, devenidas organizaciones. Inmersa, articulada en el mundo de la incertidumbre, de la liberación de las ataduras de la sociedad burocrática y jerárquica, en la llamada sociedad de la información y del co-nocimiento, la gestión viene a aparecer como la forma de hacer frente a esta nueva realidad que, a la vez, se presenta como flexible y abierta en tanto brin-da las posibilidades de realización personal, procura que cada quien se haga artífice de su propio destino y que la organización sea el espacio para que esa realización se haga posible.

La prisión burocrática, en el relato del management, es llamada a estallar: „Ya no se trata de obtener simplemente la libertad vigilada que proporcionaba la dirección por objetivos (⁄) En el nuevo universo todo es posible, ya que la creatividad, la reactividad y la flexibilidad son las nuevas consignas a seguir‰ (Boltanki y Chiapello, 2002: 140). El progreso y el crecimiento personal, así como el de la organización, dependen y se hallan en función de la capacidad que tienen los sujetos de involucrarse y comprometerse con la tarea, de adap-tarse al cambio, de ser abiertos y flexibles.

De esta manera, y –si se nos permite– salvando las distancias, estos manua-les de la gestión eficaz comprometida por los resultados ubica a las prácticas de monitoreo en una dirección similar a la relación que se establece entre los libros de auto-ayuda y cada individuo, en donde de lo que se trata es de auto-gerenciamiento. Frente a unas ciertas máximas de conducción de la vida ya no puede culpar a los otros. „Hoy el trabajo es para los que más se capacitan‰, reza una publicidad. Soy yo quien me salgo del camino, la vigilancia es auto-vigilancia. La gestión se vuelve auto-gestión, la responsabilidad ya no es del gran padre protector que guía a su retoño.

La gestión devino el significante vacío, en el sentido propuesto por Laclau, que aúna una suerte de viejas demandas de libertad, participación, democra-tización de la vida social y especialmente de las instituciones. Pero esta am-pliación de los márgenes ocurre en un momento que se hace difícil valorarla. œQué importancia puede tener para un desocupado estructural decirle que es artífice de su propio destino?

Se trata de un conjunto de procedimientos por medio de los cuales la visibilidad del poder se economiza y crece paralelamente la sensación de liber-tad, de desaparición de jerarquías, de poder entrar y salir, de crear la propia historia. Esta sensación de libertad la tenemos cuando podemos trabajar desde casa, cuando se nos dice que ahora ya no importa cumplir con un horario, sino resolver la tarea encomendada. Procedimientos que se construyen sobre la

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base de la oposición entre poder y libertad y de prácticas de auto-gestión que se construyen sobre la idea que ha recorrido históricamente a la pedagogía, vinculada con la emancipación, la democracia y la transformación de los su-jetos en sujetos libres. Pero este carácter invisible orienta aún más la luz sobre los sujetos, quienes ahora se auto-gobiernan.

Ahora bien, con esto no estamos queriendo decir que el Estado o los pro-cesos complejos de gobierno hayan desaparecido sino, más bien, que se trata de nuevas lógicas, procedimientos, estrategias; en suma, nuevas tecnologías de poder.

El monitoreo trae una nueva característica, por supuesto, como flujo con-tinuo de la gestión; es un ejercicio permanente, que nunca se termina, que se ejerce simultáneamente y sobre la base de procesos continuos. Es por ello que Deleuze señala que en estas nuevas sociedades, a diferencia de las disciplinarias donde siempre había que volver a empezar, nunca se termina nada. „El hom-bre de la disciplina era un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más bien ondulatorio, permanece en órbita, suspendido en una onda continua. El surf desplaza en todo lugar a los antiguos deportes‰ (Deleu-ze, 1996: 282). La formación permanente es otro de los modos por los cuales este carácter continuo y abierto se expresa en nuestros dispositivos educativos y se entrelaza para explicar la desocupación por medio de la correlación de los conceptos de educabilidad y empleabilidad.

La evaluación ya no es aquella mediante la cual un tercero nos califica, clasifica y castiga; en la lógica del monitoreo, la evaluación se vuelve auto-evaluación. Sin embargo, no por eso deja de ser una práctica de calificación, clasificación y castigo, como lo describió Foucault, sino que ahora a cada uno se le debe anteponer el prefijo auto.

4. A modo de síntesis

Como propusimos durante este trabajo, la noción de gestión ha venido a ocupar el lugar de anclaje de las críticas a una sociedad que se describe como rígida, estable, jerárquica, que aprisiona a los sujetos impidiéndoles optar, participar y desarrollarse. Frente a ello, el gerenciamiento aparece como el relato de una sociedad que se pretende flexible, sin relatos totalizadores, abier-ta al cambio y a la creación permanente. La gestión, se supone, generará las condiciones para que eso suceda: la ampliación de la capacidad de decisión y acción de los individuos. La identidad debe ser construida, las decisiones tomadas y todo depende de la capacidad y acción de los individuos, quienes son llamados a producir su propio destino.

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Se trata, así, de la reconfiguración de las tecnologías del gobierno en don-de, por medio del llamado a la ampliación de la libertad y la democratización de la vida, el Estado aparece como un actor más de la escena, que llama a los ciudadanos a participar y responsabilizarse por sus condiciones de existencia. Ello en un contexto donde el destino (por lo menos para una gran parte de la población) parece cada vez menos una cuestión de elección personal y más la encrucijada de una jaula que ya ni siquiera puede ni quiere aprisionar. La jaula de hierro weberiana devino un laberinto incierto que los sujetos son llamados a enfrentar, a adquirir las capacidades/competencias para actuar y prever cómo recorrerlo. La libertad, como dijimos al principio, llega cuando ya no hay mucho que elegir.

Esta nueva gramática del gobierno presenta al management como una forma diferente de pensar y actuar que, por medio de la retórica de la partici-pación y el compromiso, transfiere la responsabilidad a los individuos. Ello trae una lógica que involucra, entre otras cosas, un lugar diferente para el saber y su égida, así como respecto de la relación que los sujetos son llamados a adquirir con el conocimiento. El conocimiento y el saber como eje de la acción y del cálculo no es algo que llega hacia fines del siglo XX, pero sí tendrá o se le intentará otorgar un nuevo lugar en el presente. Reducir la incertidum-bre, actuar sobre la complejidad o, en otras palabras, volver predecible una realidad que, por definición, es imprevisible. Un conocimiento que, sobre la base de la fusión del resultado con el proceso, procura acortar el margen de error, transfiriendo la responsabilidad hacia los individuos o instituciones. El monitoreo, tal como intentamos mostrar en este trabajo, es una de las lógicas que se propone debería asumir el saber; un tipo de saber que se espera actúe con esta doble lógica: el seguimiento continuo de procesos y la asunción de la responsabilidad respecto del rumbo que asumen los resultados.

Mediante un relato que llama a la autorrealización, al empowement, se produce una pluralización tal de los centros de acción/responsabilidad que los problemas rebotan desde el Estado hacia los nodos que constituyen institucio-nes o individuos llamados a monitorearse, rumbearse o, si se quiere, tal como se formula en el lenguaje de la autoayuda, a trabajar sobre una autoestima deprimida. De modo que el gobierno de la conducta se vuelve autogobierno, autorregulación de un sujeto comprometido y responsable que se autoevalúa porque forma parte de su proceso de autoperfeccionamiento. Esto mismo puede ser expresado para el nivel de las instituciones y de sus miembros, y es un eje clave de las propuestas de reforma de las prácticas de enseñanza que se configuran en la lógica de las competencias.

Aceptado: 7 de abril de 2006

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[email protected] M. Grinberg. Doctora en Educación (FFyL, UBA). Máster en Ciencias Sociales (FLACSO, Buenos Aires). Lic. en Ciencias de la Educación (UBA). Profesora ordinaria de Sociología de la Educación e investigadora en la EHU, UNSAM. Se desempeña como docente e investigadora en la UNPA y en la UNLu.

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Marcelo Gómez Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva…

Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva desafiante en la Argentina 1989-2004

Marcelo GómezCentro de Estudios e Investigaciones

Universidad Nacional de Quilmes

Abstract

La interacción entre los procesos de movilización contestataria y las respuestas estatales a sus de-

safíos constituye un factor fundamental del cambio social. La respuesta estatal a la organización

y la acción colectiva disruptiva puede ser estudiada en dos dimensiones analíticas inseparables:

las formas de reconocimiento o rechazo a los movimientos y sus acciones, y las formas de

concesión o negación a sus demandas e intereses.

En la Argentina, el ciclo ascendente de acción colectiva de protesta protagonizada por diversos

actores sociales („piqueteros‰, asambleas barriales, ahorristas estafados, empresas recuperadas

por sus empleados, etc.) se asociaba a una crisis profunda de las capacidades estatales y de la

autoridad política institucional. Las características de las distintas políticas económicas, los

programas sociales, las medidas de seguridad ante las protestas públicas, los discursos oficiales

y las estrategias frente a los sectores descontentos muestran patrones de reconocimiento y

concesiones (diferentes tipos de integración/exclusión institucional, represión, persecución,

compensaciones y paliativos, concesiones selectivas, cambios de orientación y reformas más

amplias) que van cambiando con los distintos gobiernos, coyunturas económicas y formatos

asumidos por la conflictividad social.

En este artículo se analizan las formas de respuesta estatal a la acción colectiva en la Argentina,

desde la implementación, consolidación y crisis de las reformas neoliberales de los Ê90, hasta los

diversos intentos de recomposición de los últimos años, en donde se observa una relegitimación

de la autoridad política institucional y cambios en las orientaciones de las políticas estatales de

concesiones y reconocimientos frente a los sectores movilizados.

Palabras clave: Estado, Políticas públicas, Acción colectiva, Conflicto social, Argentina.

The interaction between processes of contentious mobilization and the stateÊs responses to its

challenges constitutes a key factor of social change. State response to disruptive collective orga-

nizing and action can be studied in two inseparable analytic dimensions: the ways in which the

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Marcelo Gómez Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva…

state have acknowledged or rejected these movements and their actions, and the ways in which

it has granted or denied their demands and interests.

In Argentina, the rising cycle of demonstrations and collective action carried out by diverse

social actors („picketers‰, neighborhood assemblies, groups of swindled savers, companies re-

claimed by their employees, etc.) was associated to a deep crisis of state rule and institutional

political authority. Throughout the different administrations, economic junctures, and formats

of social conflict, the governmentÊs economic policies, social programs, security policies vis-à-vis

public protest, official discourses and political strategies to deal with social discontent, have

shown changing patterns of acknowledgment and concessions (different types of institutional

inclusion/exclusion, repression, persecution, compensations and palliative measures, selective

concessions, orientation changes, and large reforms).

This paper analyzes the varied forms of state response to collective action in Argentina. From

the implementation, consolidation and crisis of the 1990s Neo-liberal reforms, to these last

years attempts at state recovery, there is a process of re-legitimation of institutional political

authority and changes in the directions of concession and compensation policies vis-à-vis

mobilized sectors.

Key words: State, Public Policies, Collective Action, Social Conflict, Argentina.

1. Introducción y algunas premisas teóricas

Las teorías de la acción colectiva han replanteado en los últimos años la relación entre Estado y conflicto social. Mientras los enfoques „clásicos‰1 se centraban en la problemática de la contención del conflicto, la neutralización de las clases „peligrosas‰ y la compatibilización de las demandas sociales con el régimen de acumulación (relación Trabajo/Capital) y con el régimen polí-tico (relación Estado/Masas), ahora las teorías de la acción colectiva enfocan el revés de la trama: cómo la estructura institucional, el régimen político y las políticas públicas brindan oportunidades para la organización y la acción colectiva contestataria (Tarrow, 1997; Kriesi, 1999; Rucht, 1999). Según estos enfoques podría pensarse tanto una instrumentación/desviación/neutraliza-ción de la acción colectiva por el Estado, como lo contrario: aprovechamiento de las decisiones estatales, los recursos existentes o las contradicciones en las „élites‰ gobernantes, por parte de los grupos descontentos.

Tarrow (1999: 76), siguiendo a Tilly, plantea audazmente que „el Estado se hace y rehace permanentemente a través del conflicto‰, y propone un enfo-que dinámico de la estructuración política de los movimientos sociales. Los

1. Ver los textos clásicos de Offe (1990), Ashford (1989), Giddens (1990) y Held (1991).

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procesos de confrontación contribuyen a formar al Estado y lo remodelan continuamente, de la misma forma que sus políticas y acciones constituyen un factor fundamental de los procesos de movilización social.

Toda forma de conflicto no convencionalizado que implique alguna clase de ruptura del orden público plantea al Estado un desafío y una incertidumbre respecto de su capacidad de garantizar el orden y de mantener su pretensión de monopolio de la autoridad y la fuerza legítima. Las respuestas a la acción colectiva disruptiva por parte del Estado no pocas veces implican mutaciones importantes en sus diversas dimensiones constitutivas (elencos, organización interna, políticas, definición de aliados y adversarios, etc.), conformando una de las claves fundamentales de todo proceso de cambio social y político.

Profundizando en el análisis de esta dialéctica que une al Estado con la acción colectiva contestataria, Kriesi (1999: 232 y ss.) plantea cómo los con-textos políticos y la acción estatal influyen sobre la estructura organizacional de los movimientos sociales, y que el Estado, visto desde ellos, aparece en dos dimensiones: fuerte/débil, en tanto su capacidad de imponer decisiones, y ex-cluyente/incluyente, en tanto contempla o niega reconocimiento y/o concesio-nes. Offe (1996) ya había resaltado la cuestión de la variedad de las respuestas estatales a los nuevos movimientos sociales, pudiendo señalar dos planos: a) el del „reconocimiento‰, según el cual los detentadores del poder estatal acep-tan o rechazan a las organizaciones, los representantes y/o los líderes de los movilizados, es decir, en qué medida el Estado los toma en consideración, de qué modo los interpela o cómo los trata, y b) el de las „concesiones‰, es decir, en qué medida las políticas y decisiones de los detentadores del poder estatal contemplan o toman en consideración positiva o negativamente las demandas o reclamos, es decir, de qué modo aceptan o rechazan las reivindicaciones o intereses de los grupos movilizados.

A su vez, la respuesta estatal puede ser caracterizada según el grado de for-taleza o debilidad: aquellas respuestas que muestren capacidad de imposición, de condicionamiento o de iniciativa sobre los movimientos y las acciones desafiantes pueden ser llamadas „activas‰; en cambio, podemos llamar „pasi-vas‰ a aquellas respuestas en donde el Estado se limita a intentar no dejarse condicionar por los movimientos y sus acciones, cediéndoles la iniciativa.

Los siguientes Cuadros A y B ofrecen una clasificación elemental de la va-riedad de respuestas estatales en ambos planos. En general, la literatura tiende a mostrar una cierta correspondencia „natural‰ entre ellos: la no concesión a las demandas se asocia a las políticas de exclusión y no reconocimiento de los movilizados, en tanto las políticas reformistas concesivas pueden asociarse con diversos niveles de integración e institucionalización.

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Sin embargo, como veremos en el caso de la Argentina a través de distin-tos períodos, el Estado puede también llevar adelante una estrategia oblicua o sinuosa con formas de inclusión/exclusión selectivas que apuntan a frag-mentar los movimientos, y también puede combinar concesiones unilaterales a las demandas manteniendo estrategias de no reconocimiento (persecución o represión) o, al revés, rechazar los reclamos sin realizar concesiones, pero ofreciendo una inclusión formal y un fuerte reconocimiento simbólico.

En los últimos años, en América latina, la movilización generalizada con-tra gobiernos y políticas económicas ha tenido por protagonistas principales a actores sociales con repertorios de acción y organización colectiva novedosos que han tenido impactos significativos sobre las orientaciones de las respuestas estatales (Gómez, 2003).

Uno de los casos más interesantes en este punto es el de la Argentina, en donde la espiral ascendente de acción colectiva de protesta protagonizada por piqueteros, asambleas barriales, ahorristas estafados, empresas recuperadas por sus empleados, etc.; total o parcialmente ajenos a los sistemas institucio-nalizados de intermediación de intereses, se asocia a una crisis profunda de las capacidades estatales y de la autoridad política (Sidicaro, 2002). El carácter destituyente de la acción colectiva generalizada, que se extiende desde 2001 hasta mediados de 2002, fue seguido de un período de fortalecimiento del sistema político institucional de la mano de cambios en los liderazgos políti-cos, en los contenidos de las políticas estatales y en las estrategias frente a los sectores movilizados. En este trabajo vamos a ensayar un análisis de los dos planos de la respuesta estatal frente a las acciones colectivas desafiantes en la Argentina del período 1989-2004, utilizando datos cualitativos y estadísticas de conflictos sociales e información pública oficial sobre las distintas políticas gubernamentales2.

2. La base empírica corresponde a los relevamientos de información de conflictos sobre cinco diarios nacionales, realizados por el Proyecto PICT02 „La constitución de sujetos sociales en la crisis: identidad, organización y acción colectiva en la Argentina, 1991-2002‰ (CEI-UNQ y IIGG-UBA), dirigido por Ernesto Villanueva.

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Marcelo Gómez Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva…

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93REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 88-128

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Marcelo Gómez Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva…

2. Reforma estructural y respuesta estatal a los desafíos de la acción colectiva en los ´90

Podrían diferenciarse tres grandes etapas o momentos de la reforma del capitalismo argentino y sus aparatos del Estado bajo las políticas neoliberales: la implementación, la consolidación y la crisis. Como veremos, cada una de estas etapas tuvo diferentes problemáticas desde el punto de vista de la inter-vención estatal y el conflicto social.

2.1 La neutralización de las resistencias a la implementación de las reformas

La estrategia general de avanzar con la reforma „sin concesiones‰ hacia los afectados fue elocuentemente graficada por la retórica insistente del presi-dente Carlos Menem: „Cirugía mayor sin anestesia‰, „vuelo sin paracaídas‰, „el único camino en el mundo‰, etc. Al comienzo de su gestión (años Â89 y Â90), los costos en términos de recesión y empobrecimiento fueron imputados a la crisis del modelo „estatista-inflacionario‰ anterior, reforzando el con-senso sobre la urgencia, necesidad y profundidad de las reformas. La mística reformista y la estrategia activa de no ceder a las demandas de los perdedores movilizados asumieron formas de extrema dureza, recurriendo a una sucesión de gestos políticos irritativos, incluso para los propios aliados3. Para tener una idea del alcance „disciplinador‰ de la política de no concesiones basta retener el dato de que el 60% de los decretos de necesidad y urgencia sancionados por el Poder Ejecutivo en 1989 fueron de control salarial y de limitación en la aplicación de los Convenios Colectivos de Trabajo, como forma de combate contra la inflación (Palermo y Novaro, 1996: 263).

Aunque esta intransigencia en el plano de las concesiones generó fuertes descontentos y reacciones de protesta y de conflicto, éstos no alcanzaron a traducirse en problemas políticos importantes para el gobierno peronista, que había logrado edificar una heterogénea „coalición reformista‰ sustentada en el uso intensivo de estrategias de reconocimiento de sectores importantes entre los mismos afectados –presentes y futuros– por las reformas. Muestra de ello es

3. Mencionaremos dos de los más impactantes: la designación de María Julia Alsogaray (dirigente de un partido ultraliberal e hija de un viejo político ferviente antiperonista) al frente de la privatización de la empresa nacional de telefonía (ENTEL) primero y de la principal acería estatal (SOMISA) después; y la reglamentación del derecho de huelga (Dec. 2184/90), que incluye severas restricciones a las mismas en servicios públicos (increíblemente incluye el clearing bancario dentro de los „servicios esenciales‰), que es dada a conocer el 17 de octubre, fecha emblemática para el mo-vimiento obrero peronista celebrada como el Día de la Lealtad a Perón.

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Marcelo Gómez Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva…

la cesión de la cartera de Trabajo, de la Administración de la Seguridad Social y del Servicio de Salud para los Jubilados y Pensionados –cajas presupuestarias muy importantes del Estado nacional– a sectores importantes de la dirigencia sindical (el „grupo de los 15‰ y el barrionuevismo).

Con otros sectores gremiales críticos de las políticas neoliberales, pero renuentes a desafiar al gobierno (el sindicalismo histórico tradicional del peronismo, conducido por Lorenzo Miguel), las respuestas estatales adqui-rieron formas intermitentes de reconocimiento pasivo: infatigables cruces de declaraciones, posteriores „reconciliaciones‰, mesas de negociación y algunas concesiones secundarias (especialmente en materia de ayuda para las obras sociales sindicales), con el evidente propósito de provocar un desgaste, sin asu-mir costos de enfrentamiento. Con aquellos sectores que resistían las reformas o se posicionaron en contra del „modelo‰ (los restos del „ubaldinismo‰ que había jaqueado al gobierno anterior de Alfonsín, principalmente los docentes, los transportistas, parte de los estatales y los sindicatos de las primeras em-presas estatales a privatizar), se practicó un nítido no reconocimiento activo, evitando caer en formas represivas o persecutorias manifiestas: la ya mencio-nada regulación del derecho de huega, la ilegalización de algunas huelgas, las sanciones o bloqueo de fondos a las obras sociales de algunos gremios díscolos y la demonización ideológica de aquellos que se enfrentaban a las políticas en ciernes, invocando incansablemente „la caída del muro de Berlín‰ y „el indetenible proceso de globalización‰. Las acciones colectivas más disruptivas que caracterizaron las primeras privatizaciones de empresas públicas (tomas de edificios públicos, bloqueos de aeropuertos, huelgas ferroviarias prolon-gadas) no fueron respondidas con represión, pero tampoco con concesiones ni apertura de instancias de negociación significativas („Mil marchas no me detendrán‰, exclamaba Menem sin perder la calma). La estrategia de desgaste ante la opinión pública y los medios de comunicación pareció ser el recurso principal que sirvió para aislar y finalmente doblegar las resistencias.

Con el Plan de Convertibilidad de abril de 1991, el ingreso de capitales, la conquista de la estabilidad monetaria y una fuerte reactivación económica, la respuesta estatal fue mutando de manera significativa, y el último tramo de la implementación de las reformas se realizó en un contexto diferente.

Con un visible apoyo electoral y consenso en la opinión pública, la po-lítica de no concesiones activa fue atenuándose mediante una estrategia de compensaciones para los afectados por las reformas y de políticas sociales más activas para paliar las consecuencias iniciales de su implementación: un seguro de desempleo (Ley Nacional de Empleo 23013/91) con una cobertura limitada, pues excluía a los desempleados provenientes del sector informal, y algunas

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Marcelo Gómez Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva…

otras políticas pasivas de empleo, con bajas de costos laborales y cargas sociales para los empleadores privados (Programa de Empleo Privado), o subsidios a la capacitación (Proyecto Joven) para incrementar la „empleabilidad‰. Las políti-cas activas de empleo con componentes más asistenciales, como los Programas Intensivos de Trabajo (PIT), eran reducidas y, en cierta medida, satanizadas, como una concesión al gasto público improductivo y „político‰.

La fuerte reducción del empleo público merced a las privatizaciones y la racionalización de la Administración Pública Nacional (Orlansky, 1994) fueron acompañadas por el señuelo de Programas de Participación Accionaria para los trabajadores que quedaban en las empresas. Los grandes operadores privados multinacionales a cargo de las flamantes empresas privatizadas re-forzaban esta política de compensaciones: achicaban la planta no mediante despidos unilaterales sino ofertando montos indemnizatorios superiores a los fijados legalmente, con tentadoras ofertas de „retiro voluntario‰ o „jubi-laciones anticipadas‰. En otros casos se promocionaba la incorporación del personal desvinculado a microempresas proveedoras de las privatizadas, a las que les ofrecían jugosos contratos de tercerización de obras y servicios por un par de años.

Por otra parte, mediante una astuta estratagema, se pagan deudas pre-visionales con bonos de las empresas privatizadas, de forma tal de realizar simultáneamente una concesión activa a un sector fuertemente movilizado como el de los jubilados y reforzar el apoyo –o al menos la no oposición– a las privatizaciones.

La política social estatal promovía estrategias individuales de reinserción laboral en el corto plazo y se dirigía a anticipar posibles resistencias a la implementación de las reformas mediante la oferta de compensaciones que desincentivaran el descontento con las privatizaciones y el desempleo.

Sin embargo, la persistencia de la conflictividad laboral de los bancarios, los jubilados, los docentes y los transportistas (Gómez, 1997) durante la fase expansiva del Plan de Convertibilidad, muestra una respuesta estatal diferente a la cerrada inexpugnabilidad de los primeros tiempos : aumentos salariales en algunos sectores como la banca pública y el transporte, mejoras en las condiciones de trabajo de los choferes, una Ley Federal de Educación que fija pisos de aumento al presupuesto educativo y, sobre todo, la renuncia del Ministro de Educación (un adalid de la privatización) ante la avalancha de conflictos docentes, con un formato de protesta de alto impacto mediático: „La marcha blanca‰, con la convergencia de columnas de docentes, padres y alumnos de todo el país hacia la Plaza de Mayo. Los incidentes desencadena-dos por misteriosos desconocidos encapuchados y la posterior represión poli-

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cial indiscriminada generaron reacciones generalizadas contrarias al gobierno, mostrando una vez más la inconveniencia de adoptar respuestas de este tipo frente a la protesta.

Algo similar ocurría con los jubilados que luchaban no solamente por una recomposición de haberes, sino por deudas previsionales y por mejoras en la atención de su obra social (PAMI), utilizando medidas que incluían elemen-tos dramáticos como „huelgas de hambre‰ de los ancianos, además de llegar a roces y altercados con la policía o, incluso, con algunos legisladores, lo que les daba una gran visibilidad mediática y obligaba al gobierno a realizar gestos de reconocimiento pasivo.

El éxito del Plan Cavallo no tardó en traducirse en un visible cambio en las políticas de reconocimiento: el sector „aliado‰ del sindicalismo no sólo es desplazado de los lugares de decisión que detentaba a manos de cuadros políti-cos y técnicos vinculados al ese entonces „Súper Ministro‰ de Economía, sino que debe afrontar cambios adversos en las agendas gubernamentales por la inclusión de la reforma de la legislación laboral (la llamada „flexibilización‰) en ellas. De un reconocimiento activo, con plena integración formal y poder de decisión, se pasa a un reconocimiento pasivo y a una negociación no exenta de tironeos: la central obrera (CGT) realiza el primer paro nacional contra el gobierno en noviembre de 1992. El alejamiento de los sindicalistas del poder político es compensado abriendo negocios para las organizaciones sindicales en diversas privatizaciones, como las de salud y jubilación privadas4.

La acción colectiva sindical aún continuaba siendo la instancia funda-mental de canalización de demandas, pero se mostraba sensible a la estrategia estatal de concesiones pasivas y compensaciones a cambio de apoyo o „tran-quilidad‰ para lograr las reformas: los conflictos ante la privatización de la acería estatal SOMISA y, luego, de la petrolera YPF fueron encarados por los sindicatos de manera muy diferente a la que había dominado en las prime-ras privatizaciones. Las protestas, que en algunos casos incluyeron tomas de plantas, grandes movilizaciones e incidentes con la policía, terminaron en negociaciones pivotando sobre aumentos en el monto de las indemnizaciones o sobre los contratos para microempresas de ex empleados, sin amenazar el proceso privatizador.

Sin embargo, no toda la acción colectiva era encarada exitosamente por la estrategia oficial: tempranamente, conflictos como el del cierre de la mina de HIPASAM en Río Negro (1992), convertido en una suerte de pueblada pacífica, la violenta rebelión popular encabezada por empleados públicos

4. Respecto de esto, pueden verse los casos estudiados por Murillo (1997) y Etchemendy (2001) para algunos sectores sindicales.

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Marcelo Gómez Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva…

en Santiago del Estero y, sobre todo, el conflicto metalúrgico en Tierra del Fuego (1994), que se extendió por varias semanas y rápidamente adoptó for-mas muy organizadas de lucha, preanunciaban cambios en el escenario de la conflictividad (Gómez, 1997 y 2005b; Villanueva y Gómez, 2001).

La respuesta represiva gubernamental ante estas conmociones del orden público asumía un carácter reactivo, disuasivo y blando (en general, limi-tándose a tácticas antidisturbios). Sólo se hace presente de manera cruenta, punitiva y con intención „ejemplarizadora‰ con el asesinato de un obrero de la construcción que participaba de las movilizaciones en la capital fueguina (CELS, 2003), aunque el grave conflicto recién logró encauzarse por nuevas concesiones del gobierno y las empresas a los obreros metalúrgicos.

2.2 La consolidación del “modelo” y sus costos estructurales: la respuesta estatal concesiva ante el desarrollo de nuevas formas

de protesta

El éxito en la implementación de la reforma para superar los escollos y la resistencia de los perdedores se extingue en gran medida con su consolidación, en medio de la crisis recesiva que sobreviene con el „efecto Tequila‰, entre 1995 y 1996. Los conflictos comienzan a adquirir significados y características nuevas. Ya no son resistencias a la implementación de las reformas, sino las reacciones a las consecuencias estructurales de su consolidación: reconversión con achicamiento industrial, crisis económicas regionales (fiscales y produc-tivas) y desempleo endémico. Empieza a generalizarse la percepción de que el „modelo‰ dejaba un tendal de víctimas, ya no coyunturales por los costos transitorios de implementación de las reformas („Estamos mal pero vamos bien‰, decía Menem), sino „estructurales‰ y permanentes por la configuración cristalizada de ganadores y perdedores que comenzaba a hacerse visible5.

Estallan graves conflictos con los trabajadores del sector público en Cór-doba, Río Negro y Tucumán, que se sumaban a la tumultuosa Jujuy y a los cierres de fábricas y despidos en los grandes distritos industriales. Comienza a implementarse la ayuda social directa a los desocupados, aumentando drásticamente la cantidad mensual promedio de prestaciones para desemplea-dos (Gráfico 1).

5. Palermo (1999) señala que los costos de implementación de la reforma resultaron, en cierta medida, menores a los de su consolidación. La habilidad para diferir, disfrazar o amortiguar resul-tados negativos iniciales puede ser decisiva para el éxito de las reformas. Sin embargo, es más difícil intentar controlar posteriormente los efectos negativos de carácter estructural. El proceso político, con Menem, muestra un éxito muy grande en el primer caso y un fracaso no menor en el segundo.

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Marcelo Gómez Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva…

GR˘FICO 1: Conflictos de Movimientos de Desocupados y Planes de Empleo. Promedios mensuales -1993-2001.

Fuente: Dirección general de Estudios y Formulaciones de Políticas de Empleo - Dirección Nacional del Sistema Federal de Empleo. Base de datos de conflictos laborales y sociales sobre información de cinco diarios nacinales. PICT „La constitución de sujetos sociales en la crisis: acción, identidad y organización colectiva en la Argentina‰, Centro de Estudios e Investigaciones, UNQ e Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Ciencias sociales, UBA.

Se produce un cambio significativo en las características de la conflictividad: es regional pero masiva, multisectorial, fuertemente disruptiva sobre todo en materia de ocupación y violencia contra edificios públicos, desafía o resiste la represión antimotines y sus dirigentes locales intentan nu-clearse en instancias regionales e intersindicales novedosas, que no responden mecánicamente a las cúpulas sindicales tradicionales.

El gobierno nacional „provincializa‰ las crisis, dejando a los estados pro-vinciales (gobernados en estos casos por fuerzas no peronistas) con toda la responsabilidad y sin auxilio financiero, condenándolos a agravar el conflicto al no poder ofrecer respuestas concesivas ni represivas ante la movilización. Así, mientras los gobernadores de Córdoba y Río Negro debían renunciar, al carecer de soluciones para no irritar aún más a los vastos sectores movilizados, el Estado nacional preparaba una respuesta de concesiones pasivas: un plan de empleo de nuevas características y mucho mayor alcance y presupuesto (Plan Trabajar).

Así, los planes de empleo manejados desde el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Banco Mundial, que proporcionaba su financiamiento, se fueron

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constituyendo rápidamente en la respuesta estatal más significativa para en-frentar el conflicto social en el interior del país.

2.3 La crisis del “modelo”: el colapso progresivo de la respuesta estatal a la generalización de la acción colectiva

A partir de 1996, las crónicas periodísticas muestran las primeras partici-paciones en protestas públicas de grupos de desocupados y despedidos al lado de empleados provinciales en Tucumán y Jujuy, de maestros en Neuquén, de productores rurales en Córdoba y hasta de trabajadores industriales en Tierra del Fuego y San Lorenzo (Santa Fe), incorporando a las agendas de reclamos la necesidad de respuestas para atender la emergencia social.

Bajo este nuevo escenario de proliferación de la acción colectiva disrup-tiva en el interior del país, el Plan Trabajar (en adelante PT) y la política de multiplicación de planes de empleo, que alcanza su pico en 1997, no pueden interpretarse al margen de dos fenómenos: a) los grandes conflictos en Neu-quén, Salta y Jujuy, donde los cortes de ruta se convierten en puebladas6 multi-sectoriales que duran varios días e incluyen episodios de violencia y represión, y en los cuales los desocupados asumen un protagonismo central („fogoneros‰, „piqueteros‰), impactando vivamente en la opinión pública, y b) la multipli-cación de organizaciones de desocupados y cortes de ruta en ciudades impor-tantes como Mar del Plata, La Plata y algunos distritos del GBA. El Gráfico 2 muestra cómo la distribución de planes respondía al patrón geográfico de activismo reivindicativo de los nacientes movimientos de desocupados.

Sin embargo, pronto se vería que lejos de neutralizar el potencial desafian-te de los desocupados, la distribución del PT impulsó aún más la organización a nivel territorial por medio de la autogestión de la llamada „contrapresta-ción‰ obligatoria para los beneficiarios, capitalizando los planes en términos de organización colectiva y presencia en los barrios, sustrayéndose progresi-vamente a la influencia de las redes clientelares del peronismo y los políticos locales (Delamata, 2004; Mazzeo, 2004). Los PT abrían también una suerte de ventana de reconocimiento para las organizaciones sociales por parte de las burocracias estatales mediante la aprobación de los proyectos comunitarios presentados por las organizaciones.

6. La naturaleza de los reclamos que originaron las primeras movilizaciones en Neuquén, Salta o Córdoba puede verse en Taranda y otros (2003), Laufer y Spieguel (1999) y Scribano (1999).

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GR˘FICO 2: Evolución de la participación % de Beneficiarios de Planes de Em-pleo en Distritos con Alta o Baja Conflictividad de Desocupados 1994-2004.

Nota: *Jujuy, Neuquén, Salta, Córdoba, Santa Fe, Catmarca, Tucumán y Chaco (80% del total de conflictos del interior de país, 1994-2003). **Resto de las provincias (20% del total de conflictos del interior del país, 1994-2003). ***Reúnen el 50% del total de conflictos de desocupados entre 1994-2003. Total de conflictos relevados: 531.Fuente: Dirección general de Estudios y Formulaciones de Políticas de Empleo - Dirección Nacional del Sistema Federal de Empleo. Base de datos de conflictos laborales y sociales sobre información de cinco diarios nacinales. PICT „La constitución de sujetos sociales en la crisis: acción, identidad y organización colectiva en la Argentina‰, Centro de Estudios e Investigaciones, UNQ e Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Ciencias sociales, UBA.

La generalización de la distribución de planes y su inclusión en todas las mesas de negociación modifican el perfil de los conflictos, que habían comenzado siendo multisectoriales y centrados en los gravísimos problemas de las economías regionales y en las demandas de empleo genuino, inversión en obra pública, estímulos fiscales para la radicación de nuevas empresas o incorporación de personal a las grandes empresas petroleras instaladas en los pueblos movilizados. Los planes de empleo como respuesta a las „puebladas‰ procuran desagregar intereses mediante una respuesta paliativa diferenciada para el sector que había demostrado mayores capacidades de acción colectiva disruptiva: los desocupados.

La estrategia de la política estatal de contención del conflicto social mediante los PT constituye un tipo de concesión pasiva, que intenta desviar las demandas y los reclamos originales de empleo genuino. La entrega de PT

Buenos Aires, GBA y Capital***

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como moneda de cambio frente a los desocupados movilizados contribuyó a estructurar un nuevo tipo de conflicto más „regulable‰, con menor nivel de incertidumbre7, más aislable y menos masificable. Adicionalmente, esta estra-tegia de concesión hace variar la estrategia de reconocimiento con una suerte de tácita y vergonzante aceptación estatal –y también de la opinión pública– a formas inéditas de organización, de acción y hasta de identidades colectivas y símbolos políticos de las clases populares.

La estandarización de los PT como respuesta estatal ante los movimientos de desocupados contribuye a dar forma a un actor social diferenciado por su imagen social (piquetero), por sus reivindicaciones (planes y ayuda social) y por el tipo de acción colectiva (cortes de ruta). Los conflictos bajo el formato de „puebladas‰, con sus asambleas masivas, sus coordinaciones multisectoria-les y sus pliegos infinitos de reivindicaciones, irán dejando paso a las nuevas organizaciones „piqueteras‰.

Las crisis provinciales y la irrupción de los cortes de ruta tienen costos po-líticos altos: fuerte emblocamiento de la dirigencia sindical, que entre 1994 y 1997 convoca a ocho paros generales, algunos con cortes de ruta y disturbios, y pérdida de apoyo electoral del justicialismo gobernante, como muestran las elecciones legislativas de octubre de 1997.

A partir de 1998, temiendo caer en una situación de aislamiento, el go-bierno intenta recomponer lazos con el sindicalismo removiendo de la cartera laboral a un cavallista y dejando de lado la agenda reformista anterior, impulsa un proyecto de ley que elimina varias figuras de la flexibilización laboral, congela el programa de desregulación de obras sociales y coquetea con un reconocimiento formal a la central sindical opositora (la CTA).

La respuesta estatal tendrá sus frutos pero serán amargos: por un lado, los años Â98 y Â99 muestran una merma en la conflictividad de los desocupados y menores niveles de confrontación con la dirigencia sindical pero, por otro, surgen innovaciones inquietantes en los repertorios de protestas: aparecen los „pedidos‰ de los desocupados que se movilizan a las puertas de grandes supermercados a pedir alimentos, agitando el fantasma de los „saqueos‰ y generando gran repercusión mediática. Los PT estaban fracasando en desacti-var o moderar el conflicto social haciéndolo más previsible, estructurándolo sobre la base de una demanda cuantificable negociable (cupos de cantidades

7. Acerca de este importante concepto para analizar los componentes contextuales de la acción colectiva, ver Tarrow (1997: 181 y ss.). No hace falta aclarar que los cortes de ruta seguían teniendo fuertes componentes disruptivos de desafío a la autoridad pública y que los diversos ensayos de represión habían mostrado sus elevados costos políticos, obligando a las autoridades a alguna clase de escenario de negociación con los movimientos.

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de planes) pero al costo de brindar un incipiente reconocimiento institucional y recursos a estas organizaciones que hacían gala de una notable autonomía política y un enorme potencial disruptivo.

Al novedoso accionar de los desocupados se añade una incipiente pre-disposición a la acción colectiva de los sectores medios urbanos (la mayoría de los cuales había apoyado las políticas de reforma neoliberal en el pasado), descontentos con los aumentos de tarifas y peajes, los precios de los combus-tibles, las deficiencias y los abusos en los servicios prestados por las empresas privatizadas, y también con el alza del desempleo que comenzaba a afectarlos. Aparecen, así, protestas como „descuelgues telefónicos‰, „boicots a petroleras‰, „apagones‰ y finalmente, en febrero de 1999, una gigantesca reacción de veci-nos de Buenos Aires contra la suspensión por más de dos semanas del servicio eléctrico en una gran cantidad de barrios de la ciudad, incluyendo cortes de calles y avenidas con fogatas en las esquinas que generaron un verdadero caos y una ola de indignación, verdadero antecedente de lo que ocurriría a fines de 2001. Nuevamente, se observaba también la absoluta imposibilidad de reprimir y el gobierno estuvo casi obligado por la opinión pública a aplicar sanciones contra la empresa responsable.

La crisis de la respuesta estatal de concesiones pasivas mostraba la imposi-bilidad de „contener‰ el conflicto disruptivo, sin lograr evitar el desarrollo de mayores capacidades de organización y acción colectivas de los desocupados a quienes comenzaban a sumarse ahora otros sectores descontentos, en una suerte de sinergia que llegará a su paroxismo durante el gobierno de la alianza antimenemista triunfante en las elecciones.

A fines de 1999, el nuevo gobierno encabezado por Fernando De la Rúa se encontraría con un sindicalismo mayoritariamente reagrupado en la oposi-ción y con un movimiento de desocupados fragmentario y lleno de contrastes pero extenso geográficamente, con suficiente conocimiento de los accesos institucionales a los recursos de los planes sociales y con una envidiable capa-cidad de movilización y organización.

A pesar de estas acechanzas, el gobierno modificará la respuesta estatal a la movilización de los descontentos: la crisis fiscal, financiera y de vulnerabilidad externa de la economía es encarada con un regreso inesperado a las políticas menemistas iniciales de „no concesión activa‰, con la confianza de que la ele-vada legitimidad electoral alcanzada en los comicios daba sustento suficiente para contener o enfrentar la protesta social y los reclamos gremiales.

La recalcitrante cerrazón ante las demandas eran consistentes con los drás-ticos planes de ajuste: frente al sindicalismo se retoma la agenda reformista de los ´90, impulsando nuevamente un proyecto flexibilizador y rebajando

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los sueldos de una parte de los empleados públicos, y frente a las luchas de los movimientos de desocupados se reducen los presupuestos para planes sociales, disminuyendo la cantidad de beneficiarios (Gráfico 1) y el monto de los beneficios. De esta forma, el flamante gobierno descargaba, sin piedad, costos adicionales sobre los sectores que habían demostrado mayor capacidad de movilización y de acción colectiva disruptiva en el pasado: los empleados públicos y los desocupados.

Los registros de cortes de ruta muestran claramente que las reducciones de planes son enfrentadas casi inmediatamente con fuertes acciones colectivas en los distritos de Jujuy, Neuquén y Salta, poniendo de manifiesto una gran capacidad de resistencia a la represión. Además, la sustitución de los PT por los Programas de Emergencia Laboral (PEL) dotaba de mayor autonomía a las organizaciones sociales, tanto para la presentación de proyectos como para el manejo de las contraprestaciones de los beneficiarios, por lo cual en muchos barrios los movimientos de desocupados comenzaron a crecer exponencialmente. Por si fuera poco, las designaciones en la cartera laboral significaban una voluntad de confrontar con la dirigencia sindical tradicional, restringiendo completamente los espacios de interlocución y negociación, es decir, impulsando una estrategia de no reconocimiento activa que forzó al sin-dicalismo a pasar en bloque a una oposición encarnizada (diez paros generales convocados en dos años).

La respuesta estatal hacia la proliferación de cortes de ruta y puebladas aparecía como motivo de división dentro del elenco gobernante. Mientras algunos se oponían tajantemente a las soluciones de fuerza e impulsaban ne-gociaciones sobre la base de reconocimientos y concesiones, otros integrantes del gabinete parecían inclinados hacia soluciones represivas contra los cortes de ruta, de persecución judicial contra los líderes o de quite de beneficios a las organizaciones. Además, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en manos de Carlos Ruckauf (posible candidato presidencial justicialista), y los intendentes de varios distritos del conurbano no temían presionar al gobierno nacional fomentando el desarrollo de las protestas, lo que generaba una muy amplia „ventana‰ de oportunidad política para desarrollar acciones colectivas de gran repercusión.

Los escándalos de corrupción política por los sobornos para lograr la sanción de una ley de reforma laboral, que derivaron en la renuncia del vi-cepresidente Carlos „Chacho‰ ˘lvarez, y la permanencia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia heredados del período menemista, agregaban a la masividad de los reclamos de base reivindicativa una fuerte dosis de demandas cívicas y de recambio político.

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En octubre de 2000, cerca de 5000 personas cortan una ruta nacional en el distrito de La Matanza a pocos kilómetros de la Casa de Gobierno, preci-pitando un efecto cascada durante 2001, con nuevos grandes cortes de ruta y hechos violentos en diversas provincias. El gobierno no podrá sostener sus posturas de no concesión y no reconocimiento a ultranza y se verá obligado a ampliar el número de planes para intentar contener la avalancha incontrolada de protestas, utilizando un criterio de distribución exclusivamente destinado a intentar calmar a los movimientos.

El aumento de la presión impositiva y la confiscación de los depósitos bancarios volcaron de manera contundente a las clases medias urbanas a la protesta, mediante un recurso convertido en el icono del momento: „el cace-rolazo‰. La combinación con la ola de saqueos a comercios de mediados de diciembre de 2001 precipitó la escalada de acción colectiva generalizada (que ahora sumaba a comerciantes, profesionales, cámaras empresarias, vecinos, etc.), culminando con los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, la caída del gobierno y la instalación en amplios sectores de la opinión pública de la consigna „que se vayan todos‰8.

La respuesta estatal de aquellos días es completamente confusa: el intento de reflotar la Mesa de Diálogo Argentino auspiciada por la Iglesia Católica y las Naciones Unidas, la represión de algunos intentos de saqueo a las grandes cadenas de supermercados y la declaración del estado de sitio, para culminar con una respuesta represiva tardía, sangrienta y absurda que terminó con un saldo final de treinta muertos en todo el país.

Las élites políticas y las clases dominantes parecían haberse quedado sin respuestas, vacilando ante dos cuestiones: cómo parar la movilización de „la gente en la calle‰ y su poder destituyente (represión o „restablecer la confianza en las instituciones‰) y cómo salir del régimen de convertibilidad (dolarización o devaluación).

El regreso del peronismo al gobierno mostrará cómo trabajosamente se intentará rearticular una respuesta político-estatal eficaz frente a la generaliza-ción de la movilización no institucionalizada.

8. Son muchos los trabajos que abordan los acontecimientos de esos días, intentando in-terpretar estas consignas emblemáticas. Son particularmente relevantes los de Iñigo Carrera (2003), Godio (2002), Lewkowicz (2002) y Schuster (2004).

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3. Los fracasos iniciales de las primeras formas de recomposición de la respuesta estatal a la movilización colectiva

El período que va desde el brevísimo interinato de Adolfo Rodríguez Saá hasta la masacre del Puente Pueyrredón en junio de 2002 se caracteriza por tres rasgos: la continuidad y aún la radicalización de la acción colectiva generaliza-da, la incertidumbre institucional y el agravamiento intolerable de la situación social de pobreza y desempleo derivados de la devaluación del peso.

3.1 Rodríguez Saá: concesiones y reconocimientos selectivos a los movimientos

El Presidente interino arrancó dando un mensaje contundente de repo-sicionamiento parcial del poder político frente a las demandas sociales y la protesta generalizada. Por un lado, los anuncios grandilocuentes del default de la deuda externa, de la creación de un millón de puestos de trabajo y de la masificación de la ayuda social alimentaron las expectativas de las organiza-ciones de desocupados y del movimiento obrero, cuyos principales dirigentes fueron recibidos casi inmediatamente por el Presidente junto con los organis-mos de DD.HH., inaugurando un audaz intento de abrir el reconocimiento institucional a una parte de los actores movilizados. La derogación del estado de sitio y un nuevo discurso oficial de tolerancia a la protesta social y de in-vestigación de la represión cruenta del 20 de diciembre, daban una inequívoca señal de cambio que permitía descartar un proceso de represión/radicalización de la acción colectiva.

Pero, por otro lado, se evidenciaba una ausencia de respuestas a los aho-rristas confiscados y la falta de recepción a las demandas de amplios sectores medios movilizados contra la corrupción de „la clase política‰9.

Así, el intento de sustentar el poder político con el apoyo sindical y de las clases populares movilizadas, prescindiendo del consenso de la dirigencia po-lítica tradicional y de las clases medias urbanas, que comenzaban a organizarse en las llamadas „asambleas barriales‰, fracasó a los pocos días, sumergido por la radicalización de la movilización y los cacerolazos de estas últimas.

9. La designación de algunos personajes procesados por corrupción en el pasado mostraba, de manera diáfana, que el nuevo gobierno no se haría cargo de las demandas ciudadanas de ética pública y renovación política.

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3.2 Duhalde: realineamiento de las élites, exclusión de los movimientos y concesiones restringidas

El advenimiento de la máxima figura política de la dirigencia tradicio-nal, Eduardo Duhalde, generaba una expectativa de cambios de estrategia en materia económica (devaluación), social (generalización de planes sociales), de actitud política frente a las organizaciones sindicales tradicionales (coopta-ción), y frente a los movimientos sociales y al conflicto social (control estricto, judicialización y, eventualmente, represión). La idea parecía ser recomponer la autoridad política estatal, lejos de coqueteos con los movimientos sociales, recostándose exclusivamente en las dirigencias tradicionales, incluyendo a par-te del sindicalismo, a la Iglesia Católica, y a un sector importante del empre-sariado, beneficiado por la devaluación y la licuación de deudas dolarizadas. La recomposición del poder estatal (que no excluía la represión del desorden público, ni tampoco el aumento de la recaudación fiscal, con retenciones masivas a los exportadores) y la estabilización de la economía permitirían satisfacer las demandas de los desocupados por medio de la asistencia masiva a la emergencia social, deslegitimando las protestas públicas y debilitando el poder de convocatoria de sus organizaciones.

La conformación del gabinete con la designación de menemistas en la cartera política y en la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) mostraban a las claras las respuestas en las que estaba pensando el gobierno frente a la alteración del orden público por la protesta generalizada.

Durante los primeros cuatro meses, las consecuencias del shock devalua-torio sobre el costo de vida, junto con la crisis fiscal heredada –que obligó, incluso, al gobierno nacional a pagar salarios con bonos–, hicieron retrotraer el escenario hacia el peor momento del gobierno delarruista: no había respuestas para casi ninguna demanda de los sectores movilizados.

Esperando los recursos fiscales para el financiamiento suficiente de la universalización de los planes, el gobierno no tuvo más remedio que reducir su ejecución, lo cual generó una reacción inmediata de la mayoría de los movimientos, en esos meses (Gráfico 3). En la primera mitad del año, el crecimiento de los cortes de ruta es exponencial y la actividad reivindicativa de los movimientos de desocupados tocaba su techo histórico, superando los niveles previos de 2001.

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GR˘FICO 3: Cortes de ruta y Planes de Empleo. Evolución mensual 2002-2004.

Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo. Dirección Nacional del sistema Federal de Empelo. Investigaciones del Centro de estudios para la Nueva Mayoría (www.nuevamayoria.com).

Aparece una sucesión de ocupaciones de empresas en quiebra por parte de los trabajadores –cobrando fuerza el llamado movimiento de „fábricas recuperadas‰– considerada como única forma de mantener sus fuentes de trabajo, pero afectando de manera evidente los derechos de propiedad y de los acreedores de las empresas, etc. El nuevo gobierno tampoco tenía respuestas satisfactorias para el reclamo de los ahorristas, ya que con la llamada pesi-ficación asimétrica de deudas abandonó rápidamente la promesa inicial de devolución de los depósitos bancarios en dólares, y vacilaba para incluir en su agenda de prioridades la depuración de la Corte Suprema de Justicia y la reforma política. Solamente los anuncios de restitución del régimen de asig-naciones familiares (recortadas por Menem y De la Rúa) y la continuidad de restricciones a los despidos intentaban satisfacer los reclamos de la dirigencia sindical.

Hasta mediados de 2002, el gobierno debió afrontar una colosal movili-zación de las capas medias y de los desocupados, frente a los que no tenía ni respuestas favorables ni actitud „negociadora‰. Además de los cortes de ruta, se realizaron „cacerolazos‰ nacionales, y todos los jueves las asambleas barriales se concentraban con varios miles de vecinos frente al Palacio de Tribunales para pedir la renuncia de la Corte Suprema. Proliferaban movilizaciones de boicot contra las remarcaciones de precios en supermercados y combustibles,

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y protestas callejeras de deudores hipotecarios, de comerciantes, de empresarios inmobiliarios y de las asambleas barriales que, además, ocupaban edificios de bancos quebrados o predios vacíos. Las protestas apelaban de forma creciente a repertorios cada vez más agitativos, especialmente de parte de los ahorristas que, en varios casos, atacaban las vidrieras de los bancos, y de las asambleas barriales que „escrachaban‰ los domicilios e intimidaban a políticos, sindica-listas, ex funcionarios, etc. Estas formas de acción no estuvieron desprovistas de incidentes con la policía, destrozos en bancos, golpizas a algún personaje de la dictadura militar o el menemismo e intimidación a jueces de la Corte Suprema.

Solamente el apoyo del conjunto del sistema político y la dirigencia tradicional, incluidas la Iglesia y las Fuerzas Armadas, hacía que el gobierno pudiera sostenerse en un clima de desorden público cotidiano que podría caracterizarse como de acción colectiva generalizada (Goldstone, 1997). Las respuestas represivas que venían recibiendo muchos conflictos no hacían más que potenciarlos e incrementar la incertidumbre institucional. Era evidente que la estrategia mantenida por el conjunto de los grupos de interés y factores de poder tradicionales alineados detrás de los beneficios de la devaluación no podía desarticular la capacidad de „veto‰ que emanaba de la movilización callejera. Sin reconocimiento y sin concesiones significativas, no podían ga-rantizarse las condiciones de gobernabilidad y de orden público.

4. La rehabilitación de la autoridad institucional: la acción colectiva entre la integración política y el conflicto social

Si bien es cierto que los cambios favorables en el contexto económico, con los aumentos en los precios internacionales de las materias primas ex-portables, acertadamente aprovechados por el nuevo Ministro de Economía, Roberto Lavagna, junto con el lanzamiento de planes de asistencia de carácter universal, constituirán un punto de inflexión del proceso de deterioro de la respuesta estatal, no menos cierto es que el giro definitivo a los desafíos de la acción colectiva es detonado por ella misma: las consecuencias no previstas ante la opinión pública de la masacre del Puente Pueyrredón. La gigantesca movilización de repudio a la represión aceleró cambios en el discurso ante la protesta social, apuró la implementación de planes sociales, precipitó los anuncios del cronograma electoral y provocó cambios ministeriales.

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4.1 El giro hacia una política activa de concesiones y reconocimiento institucional atenuado: el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados

Como era previsible en el discurso oficial, la política social pasaba a ser el eje fundamental impulsando un plan de asistencia universal a desocupados, financiado con las retenciones a las exportaciones petroleras y agropecuarias. El hecho de que esta importante iniciativa se haya canalizado por medio de la Mesa de Diálogo Argentino tenía el doble efecto de intentar rehabilitar a los grupos de interés tradicionales como interlocutores ante la crisis y quitarle protagonismo a los grupos movilizados, no reconociéndolos como interlocu-tores necesarios ni como representantes de los futuros beneficiarios. Se legiti-maban las demandas pero acompañadas con un intento apenas disimulado de desarticular a los movimientos que las impulsaban, para evitar que aparecieran como una concesión.

La implementación del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (en adelante PJJHD), a partir de mayo de 2002, incrementará exponencialmente la cantidad de beneficiarios (Gráfico 3), modificando todos los elementos que habían propiciado o facilitado la acción y la organización colectivas. La magnitud de la cobertura, la lógica universal de la distribución y el carácter exclusivamente individual del beneficio reducen drásticamente los incentivos a la acción colectiva que habían impulsado el dinamismo de los movimientos hasta entonces.

Los impactos del PJJHD sobre las acciones colectivas no se hicieron es-perar: no solamente se reduce la cantidad de conflictos desde mediados de 2002, sino que también cambian sus características: comienzan a disminuir la cantidad y la proporción de conflictos por otorgamiento, por pérdida de planes o por atrasos en los pagos, mientras empieza a instalarse el tema de la insuficiencia de los montos. La acción colectiva de los desocupados, lejos de desaparecer, se desplazó hacia cuestionamientos a las políticas y las orienta-ciones gubernamentales, no sólo en materia de políticas sociales: los criterios de distribución de los planes (contra el clientelismo político, discriminación en contra de los movimientos para la realización de contraprestaciones, etc.), pero también en solidaridad con otros grupos en conflicto, contra la crimina-lización y la persecución, las negociaciones con el FMI, la política económica, las empresas privatizadas y hasta contra la guerra en Irak, etc., manteniendo un protagonismo político envidiable.

Lavagna adoptó posiciones más duras frente a los acreedores y los orga-nismos internacionales y tomó medidas que oxigenaron las expectativas: un

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significativo aumento salarial por decreto y la devolución del 13% descontado a los agentes estatales por el gobierno de De la Rúa, mostrando un regreso a la estrategia de concesiones.

Además, la incorporación de representantes de los movimientos de des-ocupados a los Consejos de administración de los planes sociales (Roca, 2003; Cortés, 2003) comenzaron a modificar las expectativas de reconocimiento estatal de los sectores movilizados, modificando la actitud de reticencia inicial. Desde los Consejos, los movimientos lograron un grado no desdeñable de capacidad institucionalizada de veto y de decisión sobre la ejecución del Plan, a nivel local y municipal. La implementación del PJJHD otorgó a los movi-mientos nuevas oportunidades de protagonismo en los barrios: sus organiza-ciones eran una usina de proyectos de contraprestación para los beneficiarios y una plataforma para ejecutarlos, con evidente superioridad de capacidad de gestión por sobre las vaciadas estructuras políticas punteriles y los desmanejos administrativos de muchas intendencias.

El Estado nacional delegó en instancias locales las respuestas a varias de las demandas de los movilizados, dejando de reconocer su carácter político prioritario y tratando de reducir su grado de exposición en los conflictos.

Si bien el PJJHD no afecta o amenaza de manera significativa a las or-ganizaciones que habían llegado a consolidarse en la fase de movilización ascendente anterior, sí en cambio parecen obturar de forma categórica las posibilidades de multiplicarse geográficamente en barrios o pueblos en los cuales no habían alcanzado a tener presencia: allí es donde por medio del Plan las estructuras estatales y las políticas tradicionales vuelven a marcar presencia y se recuperan, como punto de referencia del acceso a los recursos y la ayuda para las poblaciones pobres.

El escenario electoral también lleva a modificar el repertorio de acciones colectivas (Cuadro 1): menos medidas agitativas, se reducen drásticamente los cortes de ruta y los bloqueos a la ciudad, aumentan la proporción de movilizaciones a sedes del poder político y las marchas pacíficas en lugares públicos, buscando repercusión mediática y protagonismo, evitando irritar a la opinión pública.

A partir de febrero de 2003, comienza también a marcarse un nuevo ele-mento: aparecen claros indicios de que la aceptación social de los cortes de ruta se reduce, al tiempo que las divisiones y los enfrentamientos entre grupos se hacen notorios.

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CUADRO 1: Evolución de los promedios mensuales de conflictos de trabajado-res ocupados y desocupados según periodo y características principales.

Media mensual de conflictos

Menem -Recesión 04/98 al 11/99

De la Rúa12/99 al12/01

Duhalde 01/02 al05/03

Kirchner06/03 al12/03

TOTALES N 54 70 52 29

Con medidas de fuerza N 32 51 36 21

Tasa de combatividad* % 59,3 72,9 69,2 72,4

Con medidas de lucha no convencionales

N 25 39 29 17

% 46.3 55.7 55.8 58.6

Con huelgasN 14 16 10 7

% 25.9 22.9 19.2 24.1

Por defensa de fuentes de trabajo e ingresos**

N 19 25 18 8

% 35.2 35.7 34.6 27.6

Por aumento salarialN 7 2 5 10

% 13.0 2.9 9.6 34.5

Conflictos de movimien-tos de desocupados

N 3 10 12 9

% 5.6 14.3 23.1 31.0

Conflictos con conduc-ciones descentralizadas

N 30 39 30 11

% 55.6 55.7 57.7 37.9

Media mensual de protestas agitativas***

N 5 14 11 5

% 9.3 20.0 21.2 17.2

*Porcentaje de conflictos con medidas de fuerza sobre el total de conflictos.** Incluye causas por cierres, despidos, suspensiones, defensa o mantenimiento de fuentes de trabajo y caída de subsidios o planes por desempleo.*** Incluye acciones colectivas no convencionales que perturban de algún modo el orden público, afectando a terceros no involucrados en el conflicto. Comprende los bloqueos de vías públicas, la toma de edificios públicos, los escraches o ataques a edificios o personas, acampadas en lugares estratégicos, etc.

Fuente: elaboración propia sobre información de 5 diarios de tirada nacional. PICT „La constitución de sujetos sociales en la crisis: organización, identidad y acción colectiva en la Argentina‰ CEI-UNQ y IIGG-FCS UBA.

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Aunque los grupos de ahorristas siguen movilizándose a Tribunales, al Congreso y a las sedes de algunos grandes bancos privados en varias ciudades, las asambleas vecinales comienzan a languidecer, concentrándose en iniciativas barriales, algunas de las cuales vienen acompañadas de ocupaciones a edificios de bancos abandonados y lugares públicos como plazas, y al apoyo a las expe-riencias de ocupación de empresas y a la asistencia solidaria a desocupados y cartoneros, que proliferan en varias ciudades.

La campaña electoral había mostrado a Néstor Kirchner como una opción de continuidad del gobierno de Duhalde y una garantía de „desmenemiza-ción‰ política, en un marco de moderación y estabilidad.

Sin embargo, tras su asunción se verá que sus posicionamientos en diversas políticas y, sobre todo, en materia de respuestas estatales a la acción colectiva de protesta ofrecerán cambios importantes. Las elecciones no habían logrado resolver el problema de la reconstitución de la legitimidad de la autoridad política: Kirchner había perdido las elecciones de primera vuelta con Menem mostrando un magro apoyo electoral (25% de los votos), pero lograba acceder a la presidencia de manera precaria por la no presentación de Menem a la segunda vuelta, temeroso de una segura derrota catastrófica.

4.2 Kirchner: ampliación de concesiones y reconocimientos e integración política selectiva

Los sorpresivos primeros gestos de autoridad del Presidente frente a las FF.AA., incluyendo cambios drásticos en sus cúpulas, el decidido impulso a iniciativas de los organismos de DD.HH., la rehabilitación simbólica de la ge-neración militante de los ´70 y la apertura de canales de diálogo muy amplios con gran parte del abanico de movimientos de desocupados y del sindicalismo combativo, mostraban una política novedosa de receptividad10 y respuesta que la gestión de Duhalde no había tenido, temerosa de los desbordes o de perder apoyo en factores de poder tradicionales.

Kirchner no vacila en realizar gestos políticos „irritativos‰ para las élites tradicionales y manifiesta una clara predilección por las organizaciones socia-les, al punto que no hay entrevistas con la CGT oficial, y se demoran contac-tos con la dirigencia empresarial, además de entrar en rápida colisión con los ruralistas y con sectores eclesiásticos y militares.

10. Recibió a la casi totalidad de las organizaciones de desocupados a las dos semanas de haber asumido, a pesar de que varias de ellas habían marchado en su primer día de gestión a la Plaza de Mayo y otras habían ocupado edificios públicos.

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El abandono de las políticas de judicialización o represión selectiva de la protesta, la instalación del problema del combate a la corrupción en la Policía, junto con el cambio en la composición de la Corte Suprema y las designaciones en el área de Justicia y Seguridad equivalían a tratar de evitar todo escenario de confrontación con el conjunto de los movimientos, blo-queando completamente la posibilidad amenazante de que se abra un ciclo de represión/radicalización que había condicionado al gobierno de Duhalde como una espada de Damocles. Las designaciones en la cartera de Trabajo y en Educación de prestigiosos académicos de perfil progresista, pero vinculados al sindicalismo, también contribuyeron para generar nuevas expectativas.

Por si fuera poco, la respuesta social del gobierno, con una proliferación de planes sociales y el activismo de la Ministra del área (Alicia Kirchner, hermana del Presidente), contribuyó también a un cambio de expectativas en una parte importante de los movimientos de desocupados, sobre todo en aquellos con estructuras organizativas más desarrolladas y experiencia en el uso de los canales institucionales estatales, que sintonizaron inmediatamente con las nuevas orientaciones políticas. Indudablemente, para estos sectores que habían sido históricamente excluidos de las agendas gubernamentales se les abría una notable ventana de oportunidades políticas (Gamson y Meyer, 1999: 404), tanto en el acceso a la gestión y los recursos estatales como de influencia en el proceso político, por medio de un Presidente casi sin estructura política propia, quien necesitaba equilibrar su dependencia de la dirigencia partidaria tradicional del Justicialismo, recostándose en estas organizaciones sociales y en la conquista del apoyo de la opinión pública.

Una política activa en materia de salarios, que incluyó incrementos en el sueldo mínimo, en las jubilaciones, hasta aumentos por decreto de sumas fijas para el sector privado y otros gestos como la rápida reacción frente a un par de conflictos docentes provinciales, poniendo fondos para pagar inmediata-mente las deudas salariales reclamadas, mostraba también señales auspiciosas para los asalariados.

Asimismo, el gobierno no tarda en iniciar la embestida por la depuración de la Corte Suprema de Justicia nombrada por Menem y contra uno de los focos más visibles de corrupción en el Estado, interviniendo la Obra Social de los Jubilados, mostrando también concesiones para los reclamos de depu-ración y ética públicas efectuados por muchos movimientos.

Los ahorristas recibieron propuestas de devolución de los depósitos que mejoraban un poco las presentadas anteriormente, pero sus organizaciones y líderes seguían sin recibir reconocimiento de ningún tipo, negándose a reci-birlos y forzándolos a una suerte de movilización permanente pero cada vez

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más minoritaria. Las asambleas barriales languidecientes no fueron hostigadas, pero su supervivencia comenzó a descansar en la voluntad militante de mi-noría activas y eventualmente en su interlocución con las burocracias de las administraciones a nivel local.

De esta forma, el perfil inicial que asumía el gobierno de manera resuelta daba amplias respuestas concesivas a la mayoría de las reivindicaciones de los movimientos, desde una imagen o estilo presidencial audazmente „distancia-do‰ del Justicialismo y de las dirigencias política y sindical tradicionales.

El cambio de estrategia gubernamental generó inmediatas consecuencias, agudizando los antagonismos entre los movimientos de desocupados, amigos del gobierno y opositores. La „integración‰ política adquiría la forma de par-ticipación activa en una profusa oferta de diversos planes y programas, con las consiguientes transferencias de recursos e incluso, y con la designación de dirigentes piqueteros como funcionarios en áreas de Desarrollo Social. Además impulsaban la conformación de una estructura política de apoyo al Presidente llamada Frente Transversal y Popular, presente en todos los actos oficiales, donde los líderes „piqueteros‰ ocupaban lugares destacados dentro del proto-colo, haciendo las delicias de algunos medios de comunicación y causando es-tupor en las „élites‰ tradicionales. La expansión de la oferta oficial de recursos mediante múltiples programas incentivaba la búsqueda de vinculación con las nuevas autoridades, no sobre la base de la protesta y la negociación sino sobre entendimientos políticos y lealtades que, sin duda, contribuyeron a reducir el caudal disruptivo del accionar de estas organizaciones y su autonomía política, pero que aumentaron de manera muy importante sus recursos organizativos, su capacidad de reclutamiento y su tamaño. No escapa al análisis que los movimientos con mayores estructuras y capacidades demostradas de gestión de proyectos sociales (FTV, CCC, Barrios de Pie) son los más interesados en apoyar/aprovechar inicialmente estas políticas del gobierno, en tanto aquellos movimientos con demostradas capacidades de movilización y protesta pero con menores estructuras y experiencia organizativa en la gestión de proyectos y administración de recursos son los que permanecen en la oposición11.

11. El corte de apoyo/oposición al gobierno se superpone en buena parte, en este momento inicial, al de matriz sindical (FTV, CCC)/matriz política (Polo Obrero, MTV, MTL), y al de organiza-ciones con capacidades de gestión/organizaciones con capacidades de protesta (MIJD). La vertiente „autónoma‰ (MTD, MTR), que también tenía una excelente experiencia acumulada en gestión, asumió posicionamientos más ambiguos y cambiantes frente al nuevo gobierno. Las organizaciones más pequeñas, como el MTD Evita y otras, se sumaron al oficialismo o tuvieron posiciones flexi-bles, puesto que la única posibilidad de crecer dependía del acceso preferencial a los recursos. Sobre las posiciones de los distintos movimientos ante la política, ver Svampa y Pereyra (2003) y Mazzeo (2005).

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Pero la política de concesiones generaba también oportunidades para posicionamientos opositores: un sector significativo del movimiento de des-ocupados asumió la nueva coyuntura para sostener un protagonismo político de mayor nivel, explotando su capacidad de movilización que seguía susci-tando atención en los medios de comunicación y aprovechando la notable „ausencia‰ y el desdibujamiento de la oposición del resto de la dirigencia sindical y político-partidaria. Tanto el sector que responde al liderazgo de Raúl Castells como una parte importante de los vinculados a los partidos de izquierda, que habían sufrido un verdadero desastre electoral en las elecciones presidenciales, apostaron a ganar posiciones, quedando de hecho como la única expresión opositora nítida en el escenario político nacional. Esta tesitura acarrea un cambio importante en las características de la conflictividad de las organizaciones sociales contestatarias y principalmente implica un proceso de politización acelerado: los cuestionamientos al gobierno y sus políticas y decisiones tienden a convertirse en ejes centrales que se yuxtaponen a la acción económico-reivindicativa (ver Gráfico 3).

Además de reducirse los cortes de ruta, aparecen nuevos repertorios de medidas de lucha: los „escraches‰ o bloqueos a empresas de servicios públicos, petroleras, subterráneos, boleterías del FF.CC., estaciones de peaje de autopis-tas o, directamente, de ministerios u organismos públicos, intentando con-trarrestar el rechazo de automovilistas y transeúntes, que se multiplica en los medios de comunicación. Asimismo, surgen intentos de articular acciones de trabajadores de esas empresas o empleados públicos en conflicto. En muchos casos los desocupados reclamaban la creación de puestos de trabajo genuinos en dichas empresas, lo cual implicaba una reformulación importante de sus demandas.

Al mismo tiempo, las vertientes piqueteras „oficialistas‰ redireccionaron los oponentes de la acción colectiva: protagonizaron en varias oportunidades bloqueos a refinerías y sedes de las empresas petroleras y de servicios públicos privatizados, „acompañando‰ la política de „disciplinamiento‰ y dureza ensa-yada por el gobierno frente a las privatizadas en el tema tarifario. La presión de la acción colectiva se convierte en recurso político „oficial‰. Inclusive, en algunos casos, las declaraciones del Presidente han sido interpretadas como propiciatorias de estas formas de protesta, por lo que tendríamos un caso inusual en el cual la acción colectiva disruptiva parece ser „integrada‰ como un recurso político „paraestatal‰.

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4.3 La relegitimación del control sobre la protesta: represión incruenta y política social de concesiones preferenciales

A partir de 2004, con un gobierno afianzado que goza de un notable éxito en materia de recuperación económica y una no menos notable aceptación en la opinión pública, la estrategia inicial frente a los movimientos sociales y la acción colectiva sufre un cambio importante. Por un lado, la movilización de las capas medias presenta una alteración notable: se instala el reclamo de la se-guridad contra los secuestros extorsivos que generaron una serie de resultados trágicos por el asesinato de los rehenes. El gobierno no dudó en utilizar una táctica de concesiones y reconocimientos, evitando todo tipo de conflicto con los grupos movilizados: apoyó las modificaciones al Código Penal, obtenidas en tiempo récord, y estableció niveles amplios de interlocución con el líder del movimiento.

Por otro lado, desde fines de 2003 comienza una sucesión de hechos de violencia que reabren, sorpresivamente, la posibilidad de un escenario de ra-dicalización/represión: el 20 de diciembre de 2003 estalla una bomba en un acto donde movimientos opositores y partidos de izquierda conmemoraban „el argentinazo‰ de 2001, y en abril de 2004 se produce el asesinato de un militante perteneciente a una de las organizaciones de desocupados adeptas al gobierno y la más grande del país (la FTV), que desencadenó una reacción casi inconcebible y con pocos antecedentes: la toma de una comisaría en la propia Capital Federal, encabezada por Luis DÊElía, líder piquetero abiertamente aliado al Presidente, generando un delicado dilema político-institucional12.

Estos incidentes, hasta ahora no esclarecidos, vuelven a demostrar la inconsistencia estatal en la respuesta a la acción colectiva disruptiva y los intentos de sabotear, desde dentro del Estado, la estrategia oficial: la represión ilegal encubierta con la intención de provocar reacciones y la actitud policial oscilante entre una total pasividad y la represión desmedida parecen mostrar este patrón.

Ante esta nueva situación, el gobierno abandonó la estrategia inicial de tolerancia irrestricta a la protesta. Béliz debió renunciar y los temas de Seguridad pasaron a la órbita del Ministerio del Interior y a manos de diri-gentes políticos tradicionales del Justicialismo provenientes del duhaldismo

12. Siguiendo a estos hechos hubo incidentes con destrozos y refriegas durante varias horas ante la Legislatura porteña por la discusión de un código que limitaba los derechos de la protesta ca-llejera en la ciudad y, días más tarde, grupos radicalizados chocaron con la policía en Plaza de Mayo y arrojaron bombas incendiarias durante la visita del Director del FMI, quien debió ser trasladado del lugar con urgencia.

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(algunos partidarios de una represión selectiva y otros adeptos a una permi-sividad restringida o judicialización de la protesta). El discurso público de los funcionarios y del Presidente, que incluye la novedosa amenaza de una „represión sin armas de fuego‰ (es decir, represión sin sangre), significa una dura advertencia a los grupos movilizados, ya que una represión de este tipo podría tener el apoyo de la opinión pública y de los comunicadores sociales más importantes.

El gobierno pasa de la permisividad a la prevención/represión, en un marco de deslegitimación de la protesta, intentando disminuir su exposición al poder de „veto‰ residual que significa la capacidad de alteración del orden público por parte de grupos de desocupados opositores. Además, con una parte importante de las organizaciones de desocupados como aliadas integra-das a su frente político, el retorno del gobierno a una estrategia de control de la protesta y de no reconocimiento activo de los movimientos opositores significa, también, la negativa a convalidar el lugar de oposición a los mo-vimientos sociales y que algunos líderes piqueteros adquieran un rango de figuras políticas.

Mientras tanto, se refuerza la política social hiperactiva del gobierno, mostrando su adaptación a las necesidades de armado político, de cara a la crucial „interna‰ de poder dentro del Justicialismo con el sector tradicional liderado por el ex presidente Duhalde.

Las modificaciones en las políticas sociales vuelven a alterar la estructura de incentivos a la organización, la acción colectiva y, sobre todo, la direc-cionalidad política: se reduce la cantidad de beneficiarios del PJJHD pero se reintroducen cuantiosos planes y programas, bajo criterios de elegibilidad y autoadministración, destinados no a individuos sino a organizaciones (los PEC, Manos a la Obra, Plan Federal de Emergencia Habitacional) que reins-talan una preferencialidad, ya sea técnica o política, sobre la distribución de los recursos, relegando la importancia del PJJHD y concitando la atención de las organizaciones más grandes y con mayor capacidad de gestión. Solamente aquellos movimientos con acceso a estos recursos diferenciales pueden pensar en un crecimiento geográfico y organizativo.

Esta situación tiene efectos contradictorios sobre la organización y la ac-ción colectivas: la accesibilidad por vía política y técnica a los recursos deriva en una mayor centralización del manejo y la gestión de las organizaciones. Los grupos en los barrios consiguen los recursos no mediante la acción co-lectiva sino por sus gestiones con los decisores internos del movimiento, lo cual amenaza diluir el carácter fuertemente horizontalista que los había ca-racterizado. Asimismo, la obtención de concesiones centralizadas por medio

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de compromisos políticos con el gobierno, comienza a involucrarlos en las disputas y negociaciones por espacios de poder, ampliando sus objetivos y politizando su accionar, haciendo innecesaria la movilización desafiante para conseguir recursos.

Los ejes reivindicativos de la obtención de planes pierden valor relativo como motivación para la acción y, consecuentemente, continúan deslizándose hacia el „trabajo genuino‰, la oposición a la política económica o el aumento de los montos de los planes. El gobierno convalida directamente este último reclamo al conceder el „aguinaldo piquetero‰ de $50. –a fines de 2003 y de $75.– en 2004, para los beneficiarios del PJJHD.

La progresiva integración a la política institucionalizada de una parte sig-nificativa de las organizaciones de desocupados alcanza su tope con el proceso electoral de 2005 que desata la pugna con la dirigencia tradicional del peronis-mo por la integración de dirigentes piqueteros como candidatos en las listas del Frente para la Victoria, expresión política del oficialismo que confronta electoralmente con el Partido Justicialista (en manos del duhaldismo) en el distrito político más importante: la provincia de Buenos Aires. La amplísima victoria del oficialismo en octubre de 2005 significó que treinta dirigentes de organizaciones de desocupados obtuvieran cargos electivos en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes municipales del conurbano (Fraga, 2005: 49), contrastando estos resultados con la muy mala elección de los par-tidos de izquierda vinculados con movimientos sociales opositores y las pocas iniciativas de participación electoral directa de los movimientos, como fue el caso de Raúl Castells y de un grupo de asambleas barriales en Capital Federal, que casi no obtuvieron votos.

A pesar del crecimiento económico y los éxitos que las concesiones sa-lariales tuvieron al comienzo de su gestión, a partir de mediados de 2004 la situación se modifica significativamente, planteando nuevos desafíos al gobierno: surgen conflictos en todos aquellos sectores no directamente be-neficiados por la política económica y la devaluación del peso. Telefónicos, trabajadores de la salud pública, de los subterráneos, docentes universitarios, bancarios y maestros bonaerenses protagonizan conflictos de alto voltaje. Los repertorios utilizados fueron altamente disruptivos, como la toma de edificios estratégicos de la empresa durante once días por parte de los telefónicos, o con altos impactos sociales y sobre la opinión pública como en el caso de paros sorpresivos de subtes, de recolectores de residuos, trenes o movilizaciones a las casas matrices de algunos grandes bancos privados.

Algunos de estos conflictos, como el de subtes y el de telefónicos, fueron impulsados por sectores alejados de la dirigencia sindical tradicional, pero

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otros, como los conflictos de camioneros, colectiveros, ferroviarios, bancarios y judiciales, se encuadraron nítidamente en el sindicalismo tradicional.

El gobierno se manejó en dos frentes ante esta nueva situación. En el sector privado, por un lado, descartando soluciones represivas o ilegalizando conflictos y propiciando instancias de negociación que, de hecho, culminaban con la concesión de aumentos por parte de las empresas privadas. Por otro lado, el Ministro de Economía y otros funcionarios políticos advertían sobre los peligros de las expectativas inflacionarias y la necesidad de mantener la evolución salarial bajo control, además de la preocupación por los „abusos‰ de los trabajadores en sus formas de protesta.

En el sector público, con el Estado como empleador, las respuestas fueron bastante distintas: los conflictos con los trabajadores del Hospital de Pediatría, con los docentes universitarios y con los maestros de la provincia de Buenos Aires fueron prolongados, trabados, con gran reticencia oficial en el plano de las concesiones y hasta con intentos fallidos de soluciones no negociadas y amagos represivos. No obstante, con el advenimiento del escenario electoral, la totalidad de los conflictos lograron ser destrabados, con concesiones para los trabajadores.

5. Conclusiones

Por medio de la comparación entre los diversos procesos analizados se podrían intentar extraer algunas constantes en el patrón de uso de las diversas formas de reconocimiento y concesiones estatales frente a la acción colectiva contenciosa. Para ello, vamos a agrupar los procesos esquemáticamente –a ries-go de simplificar obviando importantes circunstancias históricas– de acuerdo con dos parámetros elementales que definen las coyunturas políticas desde el punto de vista de la respuesta del Estado: la disponibilidad de recursos estata-les para satisfacer concesiones y el nivel de apoyo o consenso del que goza el gobierno y marca sus necesidades de reconocimiento. El primero está dado por el momento ascendente o descendente del ciclo económico y las finanzas esta-tales, y el segundo viene definido principalmente por el apoyo electoral, de la opinión pública y de los factores de poder y grupos de interés dominantes.

En este esquema podemos comparar coyunturas completamente adversas para la respuesta estatal, donde la recesión económica se combina con una baja en la legitimidad o apoyo al gobierno (el último año y medio de Menem, el año 2001 de De la Rúa, el breve interinato de Rodríguez Saá y el primer tramo de Duhalde hasta mediados de 2002), con coyunturas completamente

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favorables en las que picos de legitimidad y de apoyo se combinan con fases de crecimiento y de holgura fiscal (Menem en los primeros años de la Con-vertibilidad, Â91-Ê94, y Kirchner en 2004-2005). Igualmente interesantes son las coyunturas „complejas‰ en donde no hay recursos para concesiones pero se mantienen niveles suficientes de apoyo y legitimidad (los primeros tiempos de Menem, previos a la Convertibilidad y la crisis recesiva del „efecto Tequila‰ entre 1995 y 1996, y los primeros meses de De la Rúa, en los que gozaba de la legitimidad del triunfo electoral). También son coyunturas particularmente „curiosas‰ aquellas donde el ciclo económico es favorable a las concesiones pero se presenta un déficit de legitimidad o apoyo (Duhalde en su segundo tramo de gobierno y Kirchner luego de asumir sin haber ganado las elecciones y con escasa cantidad de votos).

Las coyunturas adversas muestran dos casos exitosos (Menem Â98-Ê99 y Duhalde 2002) y dos casos fallidos (De la Rúa 2001 y Rodríguez Saá 2001). Los dos primeros comparten elementos comunes: la prioridad a los apoyos de los poderes y los intereses tradicionales, pero también la búsqueda de formas pasivas de concesiones a los movilizados, tratando de evitar la agudización de las impugnaciones y caer en el aislamiento. Tanto Menem como Duhalde apelarán a las políticas asistenciales (PT y PJJHD) y a buscar apoyo entre la dirigencia sindical o al menos impedir que se sume a los sectores movilizados. En este punto Menem mostró un alto grado de pragmatismo, al dar marcha atrás con la flexibilización laboral para „reconciliarse‰ con una parte del espectro sindical.

Aquí, ambos se diferencian de De la Rúa, quien ante la pérdida de consen-so buscó resguardarse exclusivamente en el apoyo de los grupos dominantes, intentando llevar adelante una política de confrontación indiscriminada con los descontentos movilizados. El caso de De la Rúa muestra a las claras la indispensable sintonía fina del balance necesario entre respuestas de concesio-nes y de reconocimientos: la falta de disponibilidad de concesiones puede ser balanceada con estrategias de reconocimiento (y viceversa). La „sub-respuesta‰ estatal de De la Rúa contrasta con la breve intentona de Rodríguez Saá: carente de apoyo y legitimidad previos, intenta una „sobre-respuesta‰ estatal selectiva a las demandas de algunos de los sectores descontentos (desocupados y sindi-catos), prescindiendo del apoyo del resto de las clases subordinadas, las élites tradicionales y las clases dominantes.

El intento de Rodríguez Saá de valorización de la acción colectiva como capital político será reeditado con mucho éxito por Néstor Kirchner, en una situación económica con muchas mayores disponibilidades para las conce-siones. En ambos casos, se observa que la ausencia de estructuras políticas

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propias de envergadura y de vínculos más sólidos con las élites dominantes les dan la apariencia de „recién llegados‰ resistidos por el establishment, que los predispone a constituir su propio capital político aun buscando apoyo en los nuevos actores sociales „amenazantes‰ surgidos en la crisis. Esta estrategia obedece, sin dudas a que sin bases propias de poder firmemente arraigadas en el sistema político como las que podían ostentar Menem, Duhalde o De la Rúa, los márgenes de libertad frente a las élites dominantes se estrecharían enormemente, quedando prisioneros de ellas y cancelando la necesaria „auto-nomía relativa estatal‰, fundamento de toda forma de legitimidad duradera.

Las coyunturas „brillantes‰ de coincidencia de apoyo y de recursos que unen a la etapa expansiva del Plan de Convertibilidad con Menem y el especta-cular crecimiento económico de un Kirchner bendecido por el electorado y la opinión pública muestran, de nuevo, la importancia fundamental del capital político previo para orientar las estrategias de concesiones y reconocimientos. Menem aprovechó la disponibilidad de recursos y el apoyo popular para profundizar las políticas de reforma estructural del capitalismo, ensayando una estrategia de concesiones „pasiva‰ de carácter preventivo, mediante una generosa oferta de compensaciones y estímulos, intentando evitar exceder un umbral de descontento que pusiera en peligro el consenso político y social so-bre el avance de las reformas. Asimismo, aprovechó también para desprenderse de sus aliados sindicales en la gestión del Estado, es decir, una estrategia de no reconocimiento o atenuación del reconocimiento que permitía concentrar y aumentar su control del comando político, fortaleciendo su vínculo privi-legiado con las clases dominantes. El comportamiento de Menem permite extraer una conclusión muy importante: la diponibilidad de concesiones y consenso aumenta el costo relativo de la ampliación del reconocimiento, dado que obliga a distribuir entre más actores los beneficios del apoyo logrado con las concesiones y también exige compartir el poder de decisión en más temas. Cuanto mayor es el capital político previo con que cuenta un gobierno, menor es el beneficio esperado de aumentar el espectro de reconocimientos.

El caso de Kirchner es el inverso: el apoyo popular y la bonanza económi-ca intentan ser convertidos en capital político al margen de las élites tradicio-nales, echando mano selectivamente de estrategias activas de reconocimiento y concesiones a los actores sociales movilizados. La selectividad es un rasgo fundamental de esta estrategia: las concesiones y reconocimientos a los acto-res que demuestran capacidades de intervención política mediante la acción colectiva no pueden ser indiscriminados por el riesgo de diluir el control del comando político o padecer la interiorización del conflicto por demandas o intereses cruzados e incompatibles, afectando en ambos casos la necesaria „autonomía‰ de la autoridad estatal. A medida que el gobierno fue ganando

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apoyo y legitimidad, ajustó la selectividad en los reconocimientos, aunque la holgura económica le permite sostener políticas amplias de concesiones, que en las democracias electorales constituyen las fuentes más seguras de le-gitimidad y sustentación. Así, las fases expansivas por las que atravesaron los tres gobiernos peronistas permitieron articular respuestas concesivas distintas frente a la acción colectiva: mientras Menem las utilizó para evitar o prevenir la movilización de oposición a las reformas, Duhalde intentó detener el desa-rrollo amenazante de las capacidades de acción colectiva, y Kirchner intenta aprovecharlas capitalizándolas políticamente y fortaleciendo la libertad de maniobra del Estado ante las clases dominantes.

Por último, resta analizar el caso de las coyunturas „anómalas‰. Menem atravesó dos veces este tipo de situaciones, donde tenía fuerte legitimidad y apoyo pero graves restricciones en el campo económico. Es notable que la re-solución haya sido distinta en ambas. En la primera, al comienzo de su primer mandato ensaya la implementación del programa reformista „sin concesiones‰ pero con una activa política de reconocimientos. En la segunda, entre 1995 y 1997, donde tuvo que lidiar con la recesión y con los costos estructurales antes ocultos de la consolidación del modelo, utiliza concesiones pasivas para frenar las „puebladas‰ y los nacientes movimientos de desocupados, al tiempo que afronta el peor momento de confrontación con el movimiento obrero en todas sus vertientes. Como la dinámica del conflicto caía fuera del control sindical, los costos del reconocimiento hubiesen sido seguramente mayores a sus beneficios, y lejos de permitir el „ahorro‰ de concesiones las hubiese acentuado. Posteriormente, al caer el apoyo al gobierno y ante el riesgo de aislamiento, Menem tuvo que retroceder y ofrecer algunas concesiones a los sindicatos y formas de reconocimiento al final de su mandato.

Una coyuntura aún más „extraña‰ es la de la reactivación económica notable entre los últimos meses de 2002 con Duhalde y el primer año de Kirchner, donde la debilidad en términos de legitimidad y apoyo era notoria para ambos, pero coexistía con la posibilidad de ejercer una política activa de concesiones. Las resoluciones inversas de uno y otro para el problema fueron notorias, y más allá de factores ideológicos y estilos personales no puede soslayarse la variable del capital político previo: Duhalde buscando resistir los embates de la acción colectiva disruptiva, fortaleciendo sus lazos con gran parte de las élites dominantes (excluyendo al „capital financiero‰), y Kirchner intentando capitalizarla en su favor, de manera selectiva, para evitar justamen-te ser cautivo de los sectores dominantes.

Las diferencias detectadas no obstan para reconocer que las estrategias esta-tales de los sucesivos gobiernos post-crisis 2001 intentaron, mediante distintos

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tipos de „selectividad‰, dar un trato diferencial a los diversos movimientos y actores movilizados, con el obvio propósito de fragmentar, dispersar o capita-lizar el potencial político de la acción colectiva desafiante. El reconocimiento postrero de cierta legitimidad y capacidad de veto a las organizaciones de des-ocupados y su posterior incorporación „selectiva‰ a la política institucional contrastaron con el no reconocimiento a los movimientos de ahorristas esta-fados y las asambleas barriales, cuyas capacidades de acción colectiva no han sido valorizadas como capital político.

Sin dudas, la recomposición de la autoridad política y de las capacidades de intervención estatales ha reducido el protagonismo de los movimientos. Pero tampoco caben dudas de que el cambio en las agendas políticas, sociales y económicas, y los procesos tibios y contradictorios de renovación de elencos gubernamentales, ofertas electorales y orientaciones políticas globales no pueden entenderse sin el papel disruptivo jugado por el fuerte desarrollo de organizaciones sociales contestatarias.

Aceptado: 5 de abril de 2006

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La Administración Pública Nacional en la Argentina (1983-2001): el impacto de las reformas sobre su estructura y el personal1

Andrea López y Norberto ZellerDirección de Investigaciones del INAP

Abstract

En este artículo se expone una revisión crítica de los fundamentos técnico-políticos que arrai-

garon en las propuestas de Reforma Administrativa imperantes desde mediados de los ochenta,

así como un análisis comprensivo de las principales transformaciones y efectos que provoca-

ron su implementación en la estructura y el empleo de la Administración Pública Nacional.

El resultado concreto de las políticas de reforma pone al descubierto un nuevo perfil estatal,

afianzado en sus funciones represivas y debilitado en aquellas áreas que, como salud, educación

o promoción social, canalizaron tradicionalmente los intereses públicos colectivos. En este de-

rrotero, los trabajadores del sector público también pagaron el costo de las sucesivas variantes de

„reingeniería estatal‰, impulsadas por un núcleo de consultoras y „fundaciones‰ que contaron

con el auspicio de los organismos financieros internacionales. Así, puede observarse –en térmi-

nos cuantitativos– una drástica reducción de agentes en el Estado nacional, mientras que en

el orden cualitativo, una progresiva tendencia hacia la consolidación de condiciones laborales

más acordes con el modelo flexibilizador del mercado de trabajo privado.

Palabras clave: Estado, Administración Pública, Reforma Administrativa, Empleo público,

Gobiernos democráticos.

This article exposes a critical revision of the technical-political foundations that rooted in the

prevailing proposals of Administrative Reform from mid the eighty, as well as a comprehen-

sive analysis of the main transformations and effects that caused their implementation in the

structure and the employment of the National Public Administration. The concrete result of

the reform policies puts a new profile in the open state, strengthened in its repressive functions

1. Este artículo expone algunos de los resultados de las investigaciones realizadas en el marco del proyecto UBACyT E/032 „Política y técnica en los procesos de Reforma del Estado‰, bajo la dirección de la Dra. Mabel Thwaites Rey.

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La Administración Pública Nacional en la Argentina…Andrea López y Norberto Zeller

and debilitated in those areas that, like health, education, or social promotion, canalized the

interests traditionally collective public. In this map course, the workers of the public sector

also paid the cost of the successive variants of „state re-engineering‰ impelled by a nucleus of

consultants and „foundations‰ that counted on the auspice of international the financial orga-

nisms. Thus, a drastic reduction of agents in the national State can be observed –in quantitative

terms– whereas in the qualitative order, a progressive tendency towards the consolidation of

agreed labor conditions with the model flexibilizer of the market of private work.

Key words: State, Public Administration, Administrative Reform, Public employment, Demo-

cratic governments.

Introducción

A partir de la década de los ochenta, para el discurso neoliberal, los crecientes desequilibrios macroeconómicos que afectaban al sector público se resolvían mediante reformas „estructurales‰ capaces de responder a los problemas generados por una intervención pública desmedida e inadecuada para un „Estado mínimo‰. De manera acorde con este presupuesto, el denominado „modelo burocrático tradicional‰ –propio del arquetipo estatal conocido como „autocentrado‰– también fue criticado por su orientación hacia procesos de prestación de servicios estandarizados y ejecutado por burócratas sin responsa-bilidad directa frente a los ciudadanos (Przeworski, 1996). Con el auspicio de las reformas, se apostó a revertir este diseño por medio de las privatizaciones, la introducción de mecanismos de mercado, la reducción de personal y los sistemas de medición de desempeño. Pero como sostienen Aberbach y Rock-man (1999), dichas medidas, lejos de resultar beneficiosas para la mayoría de la sociedad, respondieron a los intereses de las elites, preocupadas –más que por las cuestiones de „eficiencia gestionaria‰– por los costos derivados de las funciones específicas del Estado de Bienestar.

En la Argentina, las reformas de la Administración no escaparon a esta lógica. Así, la estrategia „racionalizadora‰ destinada a reducir el tamaño y las deficiencias del „Estado-como-burocracia‰ (O´Donnell, 1993) se sobrepuso a cualquier intento transformador con objetivos de profesionalización de los cuerpos administrativos y preservación de los intereses públicos en el aparato de Estado. En su lugar, primaron las políticas indiscriminadas de supresión de organismos y de recorte de personal, a la par que se alentaba un „cambio cultural‰ en los agentes públicos para aumentar la calidad de los servicios y acercarlos a los „clientes-ciudadanos‰.

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Pollitt y Bouckaert (2000) señalan, a propósito de las reformas adminis-trativas, que „la mayoría de los países puede proporcionar al menos algunos ejemplos de cómo la retórica política fue mayor que los logros alcanzados‰. Como pretende mostrarse en este trabajo, los distintos gobiernos –desde 1983 hasta 2001– han utilizado en forma abusiva ese recurso, convirtiendo al fenómeno de la „modernización‰ en una suerte de „fetiche‰ para ocultar el objetivo básico de debilitamiento de aquellas áreas del aparato burocrático tra-dicionalmente canalizadoras de los intereses públicos colectivos (como salud, educación, ciencia y tecnología, etc.) que, en las diferentes etapas, terminaron pagando el precio de la „reingeniería estatal‰.

Para abordar estas cuestiones consignamos, en primer término, una breve revisión crítica de los fundamentos teórico-políticos que arraigaron en las propuestas de reforma administrativa imperantes desde mediados de los 80. En este sentido, los principios y técnicas del denominado New Public Ma-nagement (o Nueva Gestión Pública) se presentaron como un conjunto de iniciativas aplicables a todo tipo de organizaciones y caracterizadas por su „neutralidad política‰. Sin embargo, este modelo reedita el clásico enfoque neoconservador que destaca las bondades del mercado para resolver los dile-mas básicos del orden social, junto al correlativo rechazo del espacio estatal en tanto articulador de intereses sociales.

En lo que respecta al caso argentino, en el segundo apartado se presenta un detalle de las principales medidas que –desde 1983 hasta 2001– se pusieron en marcha para „reestructurar‰ la Administración Pública. Más allá de las diatribas mediáticas, el Estado „ajustado‰ terminó incrementando sus gastos, afianzando sus funciones represivas y sus dotaciones de carácter eminentemen-te político, como se advierte en el crecimiento que sufrieron unidades como la Presidencia y el Ministerio del Interior. No obstante, como se detalla a pos-teriori, para el empleo público del Estado nacional (excluyendo provincias y municipios), en los cuarenta años que transcurrieron entre 1960 y el 2000, se observa una disminución del 48% (de 910.102 agentes a 436.693). Ello se co-rrobora al estudiar la participación del empleo público tomado en su conjunto (nacional, provincial y municipal) sobre el total de la población: mientras que en 1979 representaba el 6,4%, para 1999 bajó al 4,8%. A pesar del constante aumento de la población, desde 1960 a la fecha, en las últimas tres décadas el empleo público tendió primero a estancarse y luego a disminuir. La reducción más drástica se dio principalmente en el personal perteneciente a las empresas públicas que, para el año 2000, era de menos del 10% del existente en 1960.

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I. Los principios orientadores de la Reforma: el New Public Management

El fenómeno de la Nueva Gestión Pública (NGP), o también referenciado como New Public Management (NPM), se ha difundido enérgicamente a nivel mundial como estrategia para el cambio y la modernización de la Adminis-tración Pública, tanto en los países del centro como en los de América Latina. Significativamente, una vez transcurrido el activo proceso de minimización del papel del Estado en diferentes esferas de la actividad económica y social, desde los propios organismos internacionales se impulsó una variante crítica de las políticas derivadas del „Consenso de Washington‰, haciendo énfasis en la ampliación de la capacidad institucional y en la eficacia de la acción estatal para el „buen funcionamiento de los mercados‰. En esta línea, el Informe del Banco Mundial de 1997 puso a consideración un conjunto de medidas apoyadas cada vez más en las ideas básicas provenientes de las ciencias de gestión o del management, cuya legitimidad como fuente de propuestas para mejorar el desempeño del sector público encuentra sustento en la experien-cia „exitosa‰ acumulada en el sector privado durante las últimas décadas. Tal como sucedió con las iniciativas privatistas en las décadas de los ochenta y los noventa, organizaciones como el Banco Mundial, el FMI y el BID fo-mentaron –en primer lugar– la implantación de un nuevo vocabulario que fue reapropiado por los gobiernos latinoamericanos, a sugerencia de los „expertos‰ o „consultores‰ cuya progresiva injerencia en los espacios estatales promovió la articulación de nuevas redes de poder (Ramos, 2003). Así, términos tales como „gestión por resultados‰, „mejora continua de la calidad‰, „satisfacción al cliente‰ o „gerencia de contratos‰ comenzaron a poblar los programas de reforma estatal como condición necesaria para recibir los créditos de los orga-nismos financieros internacionales.

Pero el resultado concreto de la aplicación de estas recetas ha adquirido mucho menos difusión. En efecto, los propagadores del New Public Mana-gement se muestran menos proclives a considerar que aquellos países como el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, que según algunos especialistas encarnan la vertiente a imitar, fueron gobernados –durante los años ochenta y buena parte de los noventa– por partidos conservadores, cuyo propósito era la configuración de un Estado mínimo. Aun así, en ninguno de ellos se asumió en forma concreta y permanente esa posición reduccionista, defendida sólo a ultranza en los tratados de los teóricos y políticos de derecha. En cuanto a los Estados Unidos, país donde tomaron cuerpo las famosas prescripciones del libro „Reinventar el Gobierno‰, el sentido de las reformas fue bastante

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superficial y con fuertes contradicciones derivadas de la necesidad de conjugar políticas de flexibilización del empleo público, al mismo tiempo que crecía el personal nombrado directamente por los funcionarios políticos para garan-tizar una administración „en sintonía‰ con la gestión del gobierno (Pollitt y Bouckaert, 2000).

Esta sucinta ejemplificación pretende desmitificar otro de los sentidos recurrentes que acompañan al NPM: su carácter de tecnologías aplicables a todo tipo de organizaciones y caracterizadas por su „neutralidad política‰. Sin embargo, y a la hora de pensar el Estado, su instrumentación pone al descu-bierto –entre otras muchas problemáticas– dos grandes cuestiones:

a) La progresiva delegación de autoridad hacia los „nuevos gerentes‰ y la emergencia de „burocracias paralelas‰ subordinadas a los gobiernos de turno: uno de los principios sobre el que se ha trabajado con mayor in-sistencia desde la NGP puede sintetizarse en la frase de Kettl „dejar que los gestores gestionen‰, aludiendo así a la búsqueda del incremento de la responsabilidad de quienes administran los servicios ante el público. Con base en el enfoque „orientado al cliente‰, se propugna una mayor delegación de poder hacia los gestores para actuar con flexibilidad para mejorar los servicios, tomando en cuenta las demandas y preferencias del consumidor. Desde esta óptica, se operan cambios sustanciales en la relación entre los funcionarios elegidos y los administradores, si estos últimos quedan sujetos –en primer lugar– al mandato de los „clientes‰, a riesgo de „afirmar su autonomía de los que elaboran las políticas públi-cas‰ (Kettl, 1997). En la práctica, podría quedar abierto un alto margen de ambigüedad entre las metas fijadas por parte de los decisores políticos y la correspondiente libertad que se les otorga a los administradores, desconociéndose los mandatos debatidos en los ámbitos políticos que, tradicionalmente, canalizan las demandas de la ciudadanía. Otras visiones –con implicancias totalmente opuestas a la anteriormente mencionada, pero también incentivadas desde la NGP– abogan por la reducción del poder de la burocracia, reforzando la incidencia de las autoridades electas no sólo en el terreno de la formulación sino en la implementación de políticas, mediante nuevos criterios de centralización, coordinación y control (Aucoin, 1990). En este caso –y a diferencia del diagnóstico prece-dente, según el cual el formalismo y la reglamentación en exceso impiden lograr resultados– el problema es „domar a la burocracia‰ (Aucoin, 1990). Por ende, la existencia de asesores y/o cargos de confianza, etc., estaría ampliamente justificada a los efectos de contar con aparatos administra-tivos consustanciados con las políticas de gobierno. Bajo esta alternativa,

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La Administración Pública Nacional en la Argentina…Andrea López y Norberto Zeller

más que un dilema de „delegación‰, emerge como cuestión el tema de la „responsabilidad‰: œA quién se debe atribuir responsabilidades concretas frente al incumplimiento de los objetivos o metas propuestas?, œa estos „nuevos gerentes‰ o „burocracias flexibles‰?, œa los funcionarios políticos? œLas burocracias „paralelas‰ poseen los conocimientos y la experiencia suficientes como para ocupar tantas posiciones clave, desplazando –la mayoría de las veces– a los cuerpos estables de la Administración? (López, 2003).

b) La entronización de la categoría „cliente‰ por sobre la identidad como ciudadano: en general, las propuestas e iniciativas conocidas como de „orientación al cliente‰ se asumen –en el marco del NPM– como un cam-bio en las reglas de juego entre los proveedores y los destinatarios de los servicios públicos. Así, la preocupación por las demandas diferenciadas, la calidad de los servicios y la fijación de los correspondientes modos de resarcimiento en caso de declinación en los niveles de servicio ofrecidos, además de la instrumentación de sistemas de queja y de mecanismos de participación y consulta, conforman los componentes básicos de esta tendencia innovadora y, según se declara, superadora del tradicional esquema en el que los usuarios de servicios públicos estatales poseían el papel de receptores pasivos y carentes de derechos específicos. Pero el énfasis puesto en la figura del „cliente‰ ha sido objeto de críticas, no sólo por la diversidad de intereses (prestadores, gobierno, contribuyentes en general, etc.) que entran en juego a la hora de tomar decisiones sobre los servicios públicos, sino también por la concepción de „ciudadano‰ que lleva implícita esta perspectiva, más alejada de ciertas consideraciones en términos de legitimidad, igualdad y acceso. Incluso llega a caracterizarse a este nuevo enfoque como „una negación de la ciudadanía‰, en tanto la sobrevaloración de la satisfacción del consumidor (⁄) „convierte al gobierno en un instrumento de consumo de servicios, ignorando el papel del gobierno en la resolución de conflictos, en el establecimiento de ob-jetivos nacionales, en el control del uso de la fuerza en la sociedad, en la inversión en el futuro de la Nación, en la consecución de los valores cons-titucionales y los objetivos políticos, lo cual tiene poco o nada que ver con el servicio o la satisfacción de los consumidores‰ (Carroll, 1995: 302).Por estas razones, para algunos autores, el NPM peca de reduccionismo al limitar la ciudadanía a la práctica del consumo. Se advierte el efecto corrosivo que esta visión podría tener sobre la idea del ciudadano como un ser social holístico, comprometido en un rango de relaciones recí-procas con otros y con la sociedad en general. En su lugar, el ciudadano

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es dividido en un número de identidades de consumo separadas en relación con distintos proveedores: el ciudadano es paciente, o padre, o pasajero, dependiendo del contexto (Prior, Stewart y Walsh, 1995). En términos de Richards (1994), pensar el sujeto perceptor como ciudadano es sustancialmente diferente de su consideración como cliente, puesto que en el primero se reconoce la existencia de un interés colectivo no equiparable a la suma de los intereses individuales, tal como se expresa en las relaciones de mercado. A diferencia, la supuesta vuelta a la „soberanía del consumidor‰ implicó desmantelar la noción de ciudadano en tanto portador igualitario de derechos exigibles, para sustituirla por otra que privilegia a quien tiene capacidad de consumo porque tiene recursos para satisfacerla (López, 2003).

De este modo, el soporte básico del NPM radica en su concepción del Estado como una empresa a la que es posible convertir adoptando nuevas tecnologías, incorporando a decisores con experiencia en el sector privado y tratando a los ciudadanos como clientes o consumidores. Como se expondrá a continuación, la realidad de las reformas en la Argentina han demostrado que –bajo esta lógica– el Estado continuó desprendiéndose y/o recortando programas fundamentales, transformando las cuestiones de acceso y derecho a „lo público‰ en „problemas de gestión‰ y, como tal, desplazando al proceso político como mecanismo democrático para la asignación de recursos (Eche-barría y Mendoza, 1999).

II. Las Reformas Administrativas durante el período democrático (1983-2001): principales impactos sobre la organización

y el empleo estatales

1. El gobierno radical

Con la llegada de la democracia en 1983, la primera propuesta de reforma del gobierno radical persiguió objetivos de gran alcance, ya que la reorganiza-ción del Estado no podía desvincularse de un cometido central como era la iniciativa de traslado de la capital de la república a la ciudad de Viedma (Prov. de Río Negro), impulsada por el presidente Alfonsín a partir de 19862. Dicho emprendimiento, junto con la Reforma del Estado, la Reforma de la Justicia y la Reforma de la Constitución, conformaría uno de los pilares esenciales para

2. El proyecto logró plasmarse en la ley 23.512/87.

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la fundación de la „Segunda República‰, como transformación necesaria para recomponer el sistema político y democratizar las relaciones entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, la epopeya fundacional nunca concitó demasiados apoyos, ni siquiera en las propias filas del partido radical, que encontraba en las aspiraciones de consolidación del liderazgo del presidente Alfonsín el motor casi excluyente de la gesta patagónica. En tanto, el Partido Justicialista y los sindicatos estatales cuestionaron el proyecto por su alto contenido „volun-tarista‰, además de evaluar que el traspaso de la burocracia estatal no generaría el despegue económico esperado por el gobierno en las regiones más atrasadas del país, ni resultaba necesario para llevar a cabo la Reforma Administrativa del Estado. Más bien se argumentaba que, en el marco de la crisis fiscal impe-rante, la propuesta se convertiría en otra fuente inflacionaria de alta signifi-cación. Finalmente, el plan no se concretó: la derrota electoral de septiembre de 1987 auguró el comienzo de la decadencia del gobierno radical, sellada a posteriori por la crisis hiperinflacionaria de 1989. Bajo este escenario, ya no había plafón más que para consensuar con la oposición la retirada anticipada del primer gobierno democrático tras la dictadura militar de 1976.

Estrictamente, en materia de Reforma Administrativa, la gran apuesta del gobierno radical estuvo afincada en el lanzamiento del Programa de Forma-ción de Administradores Gubernamentales3, hacia mediados de 1984. Pero el éxito del proyecto dependería también de la organización de la carrera admi-nistrativa y del sistema de concursos y calificaciones para la totalidad de los empleados de la Administración Pública. Sin embargo, la propuesta de elabo-ración de un nuevo escalafón para la Administración Central no se consumó y en el devenir de los AG4 afloraron una suerte de contradicciones, como lo demuestran los escasos estudios realizados para evaluar su rendimiento5.

Hacia el año 1987, cuando la situación económica comenzaba a flaquear luego del fracaso del Plan Austral, las políticas de reforma adoptaron el sesgo de „racionalización‰ o ajuste que, sucesivamente, irán incrementando cada

3. Decreto 3687/84.

4. Desde 1985 hasta 1989 ingresaron tres promociones –unos 170 agentes en total– y la cuarta y última convocatoria se llevó adelante durante el primer gobierno del justicialista Carlos Menem. Actualmente, estos funcionarios cumplen tareas en los distintos organismos de la Administración Central y Descentralizada, aunque su papel en la formulación y ejecución de las políticas públicas ha sido cada vez menos relevante.

5. En cuanto a las distintas evaluaciones referentes al papel de este cuerpo como „nuevos cuadros de elite‰ de la APN, ver Oszlak, Oscar (2001): El servicio civil en América Latina y el Caribe: situaciones y retos futuros, Informe BID, Washington D.C., y Nickson, Andrew (2002): Transferencia de políticas y reforma en la gestión del sector público en América Latina: el caso del New Public Management‰, Revista del Clad, NÀ 24, Caracas.

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uno de los gobiernos pos 19836. Así, cobraron predominio las políticas de reducción de las plantas de personal (suprimiendo las vacantes no cubiertas en las estructuras vigentes a diciembre de 1986 y de retiro voluntario)7. Este último, si bien tuvo bajo impacto en términos cuantitativos (alcanzó a menos del 10% de los agentes de la Administración Nacional), adquiere relevancia cualitativa, al convertirse en el punto de partida de los reiterados éxodos del Estado del personal más calificado que, por otra parte, luego de llevarse cuantiosas indemnizaciones, volvieron a ser recontratados en diferentes juris-dicciones de la Administración Pública.

En todas estas iniciativas, la Secretaría de la Función Pública (dependiente, en ese momento, de la Presidencia de la Nación) ocupó un lugar destacado, aunque paulatinamente el Ministerio de Economía fue asumiendo mayor cantidad de responsabilidades operativas respecto de los programas de refor-ma encarados. Claramente, su progresiva injerencia dejaba al descubierto el propósito fiscal que terminaría primando durante la era Menem.

2. El primer gobierno de Menem

A partir de 1989, la caótica situación económica se convirtió en el dis-parador de una reforma estructural sin precedentes en el Estado argentino. La crisis hiperinflacionaria garantizó la incorporación en la agenda pública de la cuestión estatal, que contaba –desde 1987– con una activa campaña de desprestigio motorizada desde los medios de comunicación, los grupos em-presarios, los organismos internacionales de crédito y el núcleo de técnicos y consultoras que tuvieron a su cargo el „rediseño‰ del Estado. Las leyes funda-mentales para llevar adelante esta transformación fueron la de „Reforma del Estado‰ (23.696/89) y la de „Emergencia Económica‰ (23.697/89). La primera, pieza clave para la implementación del programa de privatizaciones de las empresas públicas, consagró el principio de „subsidiariedad estatal‰, mientras que la segunda dedicaba un capítulo especial al empleo en la Administración

6. Para esta época, los sectores empresarios ya comenzaban a impulsar sus propuestas de achicamiento del Estado. Por ejemplo, FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoame-ricanas), vocera calificada de los grupos económicos que la financian, presentó, en 1986, un detallado estudio donde se propugnaba el ajuste del gasto público, a partir de medidas como la reducción de la dotación del personal y la simplificación de las estructuras administrativas.

7. Decretos 2192 y 2193/86. La propuesta de reforma también contemplaba la unificación de los horarios de la APN (para evitar las situaciones de doble empleo), pero no llegó a implemen-tarse. Entre otras medidas vinculadas al sector público deben destacarse, además, la creación de la „Comisión Participativa de Política Salarial y otras Condiciones de Empleo‰ , que institucionalizó un ámbito de discusión con las entidades gremiales estatales (ATE y UPCN).

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Pública Nacional (APN), prohibiendo efectuar contrataciones o designaciones de personal. Además, otorgaba facultades al PEN para dar de baja al personal de la APN designado sin concurso previo y que revistiera en las categorías superiores del escalafón administrativo, y para revisar los regímenes de empleo vigentes en la Función Pública.

El ajuste del gasto público fue, claramente, el vector central que marcó el rumbo del „Programa de Reforma Administrativa‰, articulado, principalmen-te, sobre las siguientes medidas8: jubilaciones de oficio y anticipadas, retiros voluntarios, reducción de las plantas transitorias (personal contratado sin estabilidad), congelamiento de vacantes, disolución y reestructuración de orga-nismos y unidades organizativas, racionalización de estructuras; privatización de servicios de mantenimiento, limpieza, liquidación de haberes, entre otros, y transferencia de empleados a provincias y municipios. La conducción del programa quedó en manos del Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa (CECRA), presidido por el ministro de Economía Domingo Cavallo, e integrado por otras autoridades de la Presidencia de la Nación, en-tre ellas, el secretario de la Función Pública. El Banco Mundial concedió un préstamo y brindó asistencia técnica, mientras que un grupo de empresarios –representantes de los consorcios que resultarían beneficiarios de las privati-zaciones– constituyó la ‰Fundación para la Modernización del Estado‰, para financiar la contratación de tres consultoras internacionales (Arthur Andersen, Mc Kinsey y Egon Zehnder) que actuarían bajo la coordinación del CECRA. Sobre un total de 334.287 agentes (pertenecientes a la Administración Central y Descentralizada Nacional) se aspiraba a desprenderse de 122.0009 (Domeni-coni, Gaudio y Guibert, 1992).

De manera acorde con estos postulados, durante el transcurso de este gobierno, la Argentina transitó la reducción de agentes del Sector Público Na-cional (SPN) más importante de las últimas tres décadas. Entre 1989 y 1996, el conjunto de los recursos humanos a cargo del Estado nacional se redujo en un 57%, como producto de las privatizaciones, del cierre de diversos organismos y de la descentralización de servicios. En la segunda mitad de la década de los noventa, la dotación de agentes descendió en menor proporción (alrededor de 50.000 cargos), en especial para la Administración Nacional. Por su parte, mientras que en 1983 el sector de las empresas públicas y bancos oficiales re-

8. Decretos PEN 435/90, 612/90, 1757/90 y 2476/90.

9. El costo estimado por las indemnizaciones que le corresponderían a estos empleados era de –aproximadamente– 295 millones de dólares, monto que fue financiado por el préstamo de 650 millones de dólares, otorgado al gobierno por el Banco Mundial y el BID para concretar la reforma del sector público (Domeniconi, Gaudio y Guibert, 1992).

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presentaba alrededor del 36% del total del empleo a nivel nacional, en el año 2000 superaba, apenas, el 7%.

En esta etapa, la iniciativa más apropiada para la necesaria revisión de los problemas estructurales que atravesaban al aparato burocrático argentino fue la implementación de un nuevo escalafón denominado Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA)10. La propuesta, orientada a profesionalizar los recursos humanos de la Administración Pública, permitió implantar –con aciertos y errores– un régimen de carrera para los organismos de la Adminis-tración Central y algunos descentralizados, incorporando la capacitación y la evaluación de desempeño como requisitos para el ascenso, además de un sistema de selección para los cargos de conducción y la cobertura de nuevas va-cantes11. Pero el objetivo de jerarquización profesional de los agentes públicos –que sólo quedó acotado al 10% del personal– entraba en contradicción con la mencionada política de reducción indiscriminada del personal, a la par que emergía una suerte de „burocracia paralela‰ que se superponía caóticamente con la tradicional preexistente. En efecto, la Administración Pública se fue poblando con un numeroso contingente de personal contratado, cuyos sala-rios –financiados con créditos de organismos internacionales– son mucho más elevados que los que perciben los planteles permanentes, y no necesariamente transparentados a través de los rubros presupuestarios que computan el gasto en personal (Thwaites Rey, 2001). Esta lógica de incursión expresa un sesgo muy fuerte de la reforma: la presencia de cuadros técnicos que conforman una suerte de „enclaves‰ en la Administración, con condiciones y controles muy di-ferentes a los del resto de los agentes públicos y que responden exclusivamente a las más altas autoridades políticas de turno (Shepherd, 1999), limitándose así toda posibilidad de configurar un verdadero cuerpo burocrático de carrera12.

10. Decreto PEN 993/91.

11. Para mayor información sobre el SINAPA y otros aspectos de la Reforma Administrativa ver, entre otros numerosos estudios, Bonifacio, José Alberto (1995): „La experiencia argentina en materia de profesionalización de la función pública y la capacitación‰, en Revista del Clad, Reforma y democracia, NÀ 4, julio, Caracas, y Zeller, Norberto (1997): Reseña del Proceso de Reforma del Estado en la Argentina,.INAP, Serie I, Doc. NÀ 58, Buenos Aires.

12. No se discute aquí el ingreso de los asesores o niveles de conducción que cada gestión considere necesaria para llevar a cabo los objetivos del gobierno. El problema es que esta „burocracia paralela‰ no siempre posee los niveles de expertise acordes con sus tareas y responsabilidades, que terminan siendo simi-lares a las del resto del personal técnico-profesional de planta de la Administración, los niveles de rotación en los puestos son altos y, en general, no queda memoria institucional de sus actividades. A su vez, vuelve a ponerse en cuestión un tema clave de la Administración: la lógica clientelar de cooptación que, bajo nuevas modalidades, expresa el desembarco de estos núcleos técnicos.

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3. El segundo gobierno de Menem

œCuál fue el impacto real de la estrategia de „racionalización‰ administra-tiva? Conviene iniciar este apartado con dicho interrogante, ya que –a contra-mano de lo que pudiera pensarse– en el período 1991-1994 el gasto público consolidado constataba un incremento de 27.000 millones de pesos. De ese aumento, sólo el 6% se destinó a la Administración Nacional, mientras que el gasto en Seguridad Social recibió el 39% y las Provincias y Municipios el 55%. Como bien explican Feletti y Lozano (1997), la recuperación progresiva del gasto fue, sin dudas, necesaria para legitimar electoralmente al gobierno y para contrarrestar los efectos altamente nocivos de la profunda reforma del sector productivo, en el marco de un modelo que –entre 1989 y 1995– ya había propiciado la eliminación de alrededor de 535.000 puestos de trabajo13.

Otro punto a considerar es que la disminución de la planta de personal en ciertas instituciones del Estado nacional no implicó, obligatoriamente, reducciones en la estructura organizativa. Por el contrario, especialmente a partir de 1992, la creación de una nueva Secretaría inducía a crear varias Sub-secretarías, cada una de las cuales, a su vez, provocaba la aparición de nuevas Direcciones, y así sucesivamente. Para el caso, los dos organismos políticos por excelencia, la Presidencia de la Nación y el Ministerio del Interior, pasaron de tener, respectivamente, ocho y cinco Secretarías en 1990, a diecisiete y quince en 199914, lo cual expresa, además, la necesaria concentración de poder en dichos ámbitos, habida cuenta de las políticas excluyentes implementadas a lo largo de la década. Por cierto, el resultado más significativo del primer go-bierno menemista se asentó en la modificación radical del perfil del aparato de Estado, a partir de la desarticulación de su función empresaria (privatización de ENTEL, Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, SEGBA, YPF, Ferrocarri-les, etc.) y la supresión de un conjunto de organismos clave para la toma de decisiones de política económica, como las juntas reguladoras (yerba mate, azúcar, granos y carne), los mercados de concentración pesquera y de hacienda, el Instituto Forestal Nacional, la Corporación Argentina de Productores de Carnes, etc.15. A su vez, ya para 1995, las erogaciones de mayor importancia

13. Esta cifra incluye también a los empleados de las ex empresas públicas, además de los agentes transferidos a las provincias y a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por la descentralización de los servicios de Salud y Educación, y del personal desvinculado por las diversas medidas del Programa de Reforma Administrativa (retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, cesantías, etc.) (Feletti y Lozano, 1997).

14. Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional (CEDI), Documento de Trabajo NÀ 22, 2000.

15. Decreto PEN 2284/91.

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relativa de la Administración Central Nacional correspondían al Ministerio de Defensa (Zeller, 1996), prefigurando una tendencia hacia el fortalecimiento de las funciones represivas, que se afianzará con el incremento del número de agentes en las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio del Interior16.Durante ese mismo año (1995) –agotadas las privatizaciones más „jugosas‰ y con el paulatino decaimiento de la reactivación económica, sumada a la pro-funda brecha que provocara en las cuentas del Estado la reforma previsional–, el desequilibrio fiscal se convirtió en la preocupación central del gobierno y del FMI. El contexto nacional e internacional (efecto Tequila del año 1996) hizo propicia la oportunidad para retomar el ajuste en la Administración Pú-blica. Con el auspicio del Banco Mundial comenzó a pergeñarse la „Segunda Reforma del Estado‰, instalada en el discurso de este organismo internacional con el ostentoso mote de „Reformas de Segunda Generación‰.

La ley 24.629/96 de la Segunda Reforma del Estado, inspirada en los cánones de la „reinvención del gobierno‰ proclamada por la administración Clinton, autorizaba la centralización, fusión, reorganización o supresión total o parcial de los organismos descentralizados de cualquier naturaleza jurídica, incluso los creados por ley. También se aprobaba la privatización de activi-dades relacionadas con la prestación de servicios periféricos y de gestión de producción de obras o bienes que se encuentren a cargo de la Administración Central, aunque excluía la posibilidad de privatizar por decreto empresas públicas, universidades, entidades financieras oficiales, entes reguladores de servicios públicos y paquetes accionarios en poder del Estado. Nuevamente, el ajuste del personal de la Administración volvió a ocupar el centro de la escena y, a tal efecto, se previó la constitución de un „Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público‰, con el objeto de capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo a los agentes civiles, militares y de seguridad cuyos cargos fueren suprimidos. Dicho personal quedaría incorporado al Fondo y continuaría percibiendo sus remuneraciones por un período máximo de doce meses. Si no llegaban a ser reubicados en el sector público, resultaban despe-didos y tenían derecho a cobrar la correspondiente indemnización financiada, entre otras fuentes, por medio de endeudamiento público específico. Todo ello, se especulaba, involucraría a más de 20.000 agentes y apuntaría a lograr una reducción del gasto de unos 3.500 millones de dólares.

El diseño de la Segunda Reforma, que contó con los aportes ideológicos de varias usinas académicas neoliberales –como FIEL y el CEMA–, propug-

16. En el Presupuesto Nacional de 1995 le correspondía al Ministerio de Defensa casi el 40% de los cargos presupuestados. A su vez, el segundo lugar lo ocupaba el Ministerio del Interior, con el 12,2% (Zeller, 1996).

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naba, al decir de las autoridades, una estrategia de „reingeniería estatal‰, encaminada a concretar una „profunda cirugía en términos cualitativos‰. Para su implementación, ya no se contaba con el Ministerio de Economía como organismo rector, sino que fue la Jefatura de Gabinete, conducida por Jorge Rodríguez, la que tuvo la responsabilidad de coordinar la Unidad de Reforma y Modernización del Estado (URME)17, asistida por funcionarios de las Secretarías de la Función Pública y Hacienda, la Sindicatura General y un representante de cada Ministerio, Secretaría de la Presidencia u organismo de cuya reforma se tratara, además de un representante del gremio estatal de la Unión del Personal Civil de la Nación.

En rigor, la norma sólo intentaba reparar algo que había creado el propio gobierno, ya que muchas de las reparticiones bajo análisis habían sido instau-radas durante los cinco años anteriores, luego de la llamada „Primera Reforma del Estado‰. En efecto, a comienzos de 1991 se había reducido a 65 el número total de Secretarías y Subsecretarías del Gobierno nacional, limitándose severa-mente la cantidad de unidades de menor nivel. Pero no obstante otros intentos „racionalizadores‰, entre 1991 y 1996 estas instancias habían aumentado en 124. En cuanto a las direcciones nacionales se duplicaron, llegando a contarse –hacia 1996– con un total de 240. Respecto del personal resulta significativo que luego del Ministerio de Defensa, que concentraba el mayor número de agentes, fuera el Ministerio de Economía –impulsor del Estado mínimo– el que contara con la mayoría de empleados del sector público (Thwaites Rey, 2001).

Como en la primera etapa, las metas ambiciosas de ajuste formuladas en el decreto reglamentario de la ley 24.62918 tropezaron con las necesidades po-lítico-electorales del gobierno, que debía medir sus fuerzas en el territorio de la Capital Federal. Por tal motivo, un mes después, se sancionó otro decreto19, circunscribiendo los recortes a la Administración Central y entes descentra-lizados, que en los hechos resultó una suerte de „techo del ajuste‰ en cada jurisdicción (Bozzo, López y Zapata, 1999)20.

17. La URME no hizo más que reemplazar a la desaparecida Comisión Ejecutiva de Contralor de la Reforma Administrativa (CECRA), que funcionaba anteriormente en el Ministerio de Econo-mía, Obras y Servicios Públicos.

18. Decreto 558/96.

19. Decreto PEN 660/96. La norma dispuso la reducción de 19 Secretarías, 40 Subsecretarías de la Administración Central y 59 estructuras superiores del gobierno. También contempló la fusión, absorción y eliminación de organismos descentralizados.

20. En cuanto a las plantas de personal, los cargos suprimidos fueron 8123, de los cuales 3846 correspondían a vacantes sin ocupación efectiva, y se transfirieron al Fondo 4277 agentes, dando

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Pero el „rediseño‰ impulsado, lejos de ser merituado en función de nece-sidades operativas previamente discutidas y definidas, reflejó el afianzamiento de las estructuras eminentemente políticas y de seguridad. Así, para 1999, luego del Ministerio de Trabajo –cuyas erogaciones principales no se vinculan con su estructura de funcionamiento sino con la absorción de los gastos en Seguridad Social y las cargas contributivas– el mayor gasto presupuestado por jurisdicción en la Administración Nacional le correspondía al Ministerio de Defensa, seguido por el Ministerio de Economía, la Presidencia y el Ministerio del Interior (Zeller, 2000)21. Si para el mismo año se analiza la composición del gasto por función en la Administración gubernamental, se observa el pre-dominio de aquellos ligados a la administración fiscal (25,6%) y las relaciones interiores (23,8%), en tanto expresión de las tareas recaudadoras y de „reparto político‰ hacia las que también se derivó el gasto administrativo. El último rango lo ocupaban los gastos destinados al control de gestión y la producción de información (Zeller, 2000) –factores que podrían contribuir a revertir los patrones tradicionales de interacción entre los ciudadanos y la Administra-ción– desmintiéndose, en los hechos, uno de los principios básicos invocados por la nueva Ley de Reforma, como era el de „mejorar el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados‰ 22.

En materia de empleo público, entre el segundo gobierno menemista y el primer año del gobierno de la Alianza (1995-2000), el personal del Sector Público Nacional (SPN) se redujo en un 12%. En lo que respecta a la Admi-nistración Nacional, la tendencia decreciente se consolidó por la disminución de agentes en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, mientras que el Poder Judicial aumentó su dotación en un 10%, aproximadamente. Asimismo, para el mismo período, las Universidades nacionales mostraron un descenso esti-mado de 15.000 cargos, aunque se mantuvo su participación relativa sobre el total (alrededor del 25%). Para 1996, el sector de empresas y bancos nacionales contaba con una nómina de 48.383 empleados, representando sólo el 9,8% del SPN. Esa cifra disminuyó levemente en el año 2000, donde se contabilizaron 32.454 agentes. De este modo, las sucesivas políticas de reforma consolidaban la tendencia hacia la reducción constante del volumen de personal y, como se analizará en el apartado III, promovían una serie de transformaciones en el

lugar a una rebaja de cargos nominales del orden del 3% de los cargos totales de la Administración Pública (Bozzo, López y Zapata, 1999).

21. También contrastan con los anuncios de la Segunda Reforma las 53 Secretarías de Estado, y las113 Subsecretarías con las que Carlos Menem culminó su mandato, tomando en cuenta que en el año 90 existía la misma cantidad de Secretarías y 97 Subsecretarías.

22. Art. 6°, ley 24.629/96.

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régimen laboral, con características similares al mercado de trabajo del sector privado.

4. El gobierno de la “Alianza”

El errático rumbo del gobierno de la „Alianza‰ se expresó también en las propuestas para el cambio administrativo. En una primera etapa, la reforma de la Administración se asumió como prioritaria para el vicepresidente Carlos ˘lvarez, quien creó la Secretaría para la Modernización del Estado, dependien-do directamente de su órbita. Pero las iniciativas, que volvían a rescatar las propuestas de Clinton-Gore, carecieron de coordinación o, en muchos casos, se superponían con las tareas que Terragno, como Jefe de Gabinete, le había encomendado a los jóvenes del Grupo Sophía, quienes para ese entonces desembarcaron en la Subsecretaría de la Gestión Pública. Pero rápidamente el derrotero modernizador, que en opinión del Subsecretario Popik debía generar una Administración similar a la del Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia23, quedó atrapado en la lógica del ajuste impuesta por el ministro de Economía Machinea, quien redujo los salarios de la Administración Pública en un 13% y propuso el cierre de un conjunto de organismos, entre ellos el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), encargado de la capacitación y la investigación en el sector público.

La gravedad de la situación económica y la posterior designación de López Murphy en el Ministerio de Economía alentaron a su equipo para concretar su tan ansiada cruzada anti-estatal. El grupo „evangelizador‰ encabezado por Manuel Solanet –cuya retórica en contra de la burocracia se remonta a las épocas de los gobiernos dictatoriales de Onganía y Videla, quienes lo con-taron como funcionario– proponía la eliminación del 50% de la estructura administrativa y el despido de 88.000l empleados24. Dichas medidas no sólo fueron resistidas por el conjunto de la sociedad (impulsando en menos de dos semanas la renuncia del Ministro) sino que permitieron, además, reivindicar el regreso de Domingo Cavallo a Economía.

No obstante, desde la Secretaría para la Modernización del Estado (ahora bajo la Jefatura de Gabinete, tras la renuncia del Vicepresidente) se seguía impulsando el „Plan Nacional de Modernización de la APN‰, que involucraba a un conjunto de programas como „Carta Compromiso con el Ciudadano‰, „Gestión por Resultados‰, „Gobierno Electrónico‰ y las „Polí-

23. Diario Clarín del 4 de junio de 2000.

24. Diario Página/12 del 21 de junio de 2003.

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ticas para la transparencia y la anticorrupción en la gestión‰, junto con una nueva „adecuación de la estructura estatal‰ y del „capital humano‰25. Para el financiamiento de estas acciones se contaba con un préstamo aprobado por el Banco Mundial del orden de los 30 millones de dólares, que culminaría en diciembre de 200326.

En la práctica, el Plan careció de apoyo político y mostró escasos resul-tados27, dejando paso a las clásicas soluciones de ajuste. Así, el Proyecto de Presupuesto para el año 2002, diseñado por el ministro Domingo Cavallo y entregado a la Comisión de Hacienda, preveía eliminar 24.000 cargos en el sector público nacional. Del total de la supresión prevista, 4400 serían contratados, en tanto los restantes 19.600 cargos se darían de baja mediante jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y renuncias por incompatibili-dad de funciones simultáneas28. El nuevo escenario que –desde diciembre de 2001– abrió el colapso del Plan de Convertibilidad reflejó de manera nítida que el Estado emergente no había logrado resolver gran parte de sus debilidades estructurales históricas (como el déficit fiscal, la deuda externa, etc.) y que en las políticas gubernamentales seguían primando los criterios de estabilización –ahora plasmados en otra Ley de Emergencia Económica29– por sobre la articulación de un nuevo perfil estatal acorde con las demandas de la sociedad.

III. Las transformaciones en el empleo público: los resultados del ajuste estatal

Como producto de las sucesivas políticas de ajuste estructural del Estado, el perfil del empleo público en el Poder Ejecutivo Nacional –en su Adminis-tración Central y Descentralizada– presentaba, para el año 2001, las siguientes características centrales:

25. Decreto 103/2001.

26. Ver en www.bancomundial.org.ar, „Proyecto de Asistencia Técnica para la Modernización del Estado‰, Número de Préstamo 4423 (57.449).

27. La Secretaría llevó a cabo la implantación de Cartas Compromiso en un conjunto de organismos, pero el nivel de conocimiento de los usuarios respecto de estas iniciativas fue muy bajo (López, Zeller y otros, 2001) y todavía se carece de una evaluación detallada acerca del grado de cumplimiento de los objetivos de mejora de las prestaciones buscados por este instrumento.

28. Diario Clarín del 18 de diciembre de 2001.

29. Nos referimos a la ley 25.561 de „Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario‰, sancionada el 6 de enero de 2002 bajo la presidencia de Eduardo Duhalde.

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a) Mayor participación relativa del personal dependiente de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de los servicios civiles vinculados a ellas, frente al personal que desempeña funciones civiles, como las administrativas, científicas, sociales y económicas. Esta fisonomía estatal expresa las prio-ridades funcionales relativas al ejercicio del monopolio de la violencia. Sobre un total de 258.45830 agentes presupuestados para el año 2001, el personal militar y de seguridad interior representaba el 58% (150.886) de los cargos, mientras que los agentes civiles concentraban el 42% (107.572). De estos últimos, una parte significativa presta funciones en los ministe-rios de Defensa, Interior y Justicia31.

b) Baja participación del gasto en salarios de la APN en el total del Presu-puesto Nacional. De este modo, el aumento del gasto público se corres-ponde con factores ajenos a la variable salarial como, por ejemplo, el incremento de los intereses de la deuda externa y las contribuciones a la Seguridad Social. El total del gasto presupuestado para el Estado nacio-nal –en el año 2001– fue de $51.869.787.29732, siendo el gasto total en remuneraciones del personal de $6.493.527.785. Por lo tanto, el egreso presupuestado para salarios equivale al 12,5% del total del gasto. Si exclui-mos los gastos correspondientes al Poder Judicial y al Poder Legislativo, el gasto total presupuestado del PEN fue de $50.642.199.216, mientras que las remuneraciones alcanzaban a $5.448.427.751, cifra equivalente al 10,7% del total del Presupuesto. Dentro de ese porcentaje, una porción significativa corresponde a contratos especiales y servicios técnicos y pro-fesionales de financiación nacional.

c) Alta heterogeneidad entre las modalidades de contratación permanentes y no permanentes. Independientemente de los períodos gubernamentales a considerar, el contrato permanente tendió a disminuir, por las distintas modalidades de retiro (jubilaciones anticipadas, Ley de Disponibilidad, retiros voluntarios y privatizaciones, transferencias a otras jurisdicciones, cierres de organismos, etc.), combinadas con el congelamiento de vacan-tes. En cambio, a partir de mediados de los años ochenta, y con mayor énfasis desde 1995, los contratos por tiempo determinado comenzaron a crecer y sustituyeron en forma parcial a los cargos permanentes.

30. Dicho volumen representa los cargos presupuestados para el Poder Ejecutivo Nacional (Central y Descentralizado). No incluye personal docente y no docente universitario.

31. Cabe destacar que, desde el año 2002, las fuerzas de seguridad interior pasaron a depender del Ministerio de Justicia.

32. Dicha cifra incluye los $11.093.600.000 de los servicios de la deuda pública y los $2.743.043.068 de las obligaciones a cargo del Tesoro.

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d) Gran dispersión y diferenciación en los sistemas de carrera y regímenes escalafonarios. Los sistemas de carrera existentes a principios de los años setenta se vieron afectados por las políticas de ajuste fiscal que distorsio-naron sus objetivos originales. Como resultado de las políticas de „mo-dernización‰ estatal, se crearon escalafones especiales (Administradores Gubernamentales) o se sustituyeron a otros en crisis (implementación del SINAPA), situación que aumentó la dispersión salarial y la heteroge-neidad en los sistemas existentes, al no poder abarcar al conjunto de la Administración.

El Presupuesto Nacional clasifica cincuenta y seis regímenes y/o escala-fones de empleo público en el PEN. Cabe destacar que, bajo la denomi-nación „Personal Militar de las Fuerzas Armadas‰, el Presupuesto agrupa los cargos de las tres Fuerzas Armadas y diversos regímenes de carrera. De esta forma, se observa una importante heterogeneidad en los sistemas de carrera y regímenes que comprenden al empleo público del Poder Ejecu-tivo. En principio, podría establecerse un promedio hipotético de 4615 cargos por régimen y/o escalafón. Mientras que un reducido número de escalafones ronda los 30.000 cargos (tal son los casos del SINAPA, Policía Federal, PECIFA, Gendarmería, DGI y Prefectura Naval), la mayor parte de los sistemas de carrera y/o regímenes no supera los mil cargos.

Sobre un total de cuarenta y ocho escalafones, casi el 90% del personal civil se concentra en sólo cinco de ellos. El 60% se reúne entre el personal administrativo del SINAPA y del Personal Civil de las Fuerzas Armadas. Los otros tres escalafones restantes (40%) comprenden a los organismos re-caudadores (DGI, ANSeS y Aduana). A su vez, si clasificamos al Personal Civil según las funciones que desempeña, puede notarse que la mayoría de los cargos se concentra en las funciones administrativas y de recauda-ción. En menor número, dicho personal se agrupa en las instituciones que cumplen finalidades en las funciones económicas, científicas, docen-tes y culturales. Menor proporción aún le corresponde a las entidades con finalidad de regulación, que en gran parte son de reciente creación y con gastos salariales mayores al resto. Por último, los cargos de conducción, de acuerdo con el presupuesto, no alcanzarían los mil33.

e) Amplia brecha entre los ingresos más bajos y los más elevados al interior de cada organismo y extensa dispersión de las pirámides salariales entre los diversos regímenes laborales. Las diferenciaciones en los ingresos que aparecieron en las últimas décadas fueron, entre otras, las de las remu-

33. Cabe aclarar que no están comprendidos los denominados „cargos críticos‰ (Directores, coordinadores, etc.) ni los cargos de conducción intermedios de los regímenes vigentes.

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neraciones entre las autoridades políticas o superiores y las del personal de carrera; las de los nuevos escalafones y la aplicación diferencial de adicionales entre las distintas jurisdicciones u organismos; las de las mo-dalidades contractuales por tiempo determinado y los convenios con los organismos multilaterales de crédito, y las que permanecieron entre los distintos escalafones aún existentes. A pesar de estas transformaciones, el personal convencionado regido por la ley 14.250 de Convenio Colectivo de Trabajo para el sector privado34 mantuvo un importante ingreso pro-medio, superior al del personal del SINAPA y al del personal científico. A su vez, la Administración Central muestra ingresos salariales menores a los de los organismos descentralizados y los organismos de reciente creación en el Poder Ejecutivo tienden a concentrar ingresos salariales mayores a los históricos, como es el caso de los organismos reguladores que disponen de contrataciones especiales.

f) Creciente incremento de la participación del personal temporario sobre el permanente. Como ya señalamos, los cargos permanentes, en especial en la última década, tendieron a disminuir, a la par que fueron creciendo las contrataciones por tiempo determinado, modalidad que presenta una gran diversidad. Los contratos de los organismos multilaterales de crédito, a los que normativamente no pueden acceder los empleados del sector público, tienen una importante participación en algunos organismos e in-gresos remunerativos relevantes. Las horas cátedra –una de las diversas va-riantes de contratación temporaria con las que cuenta el Estado nacional para contratar recursos humanos– presentan remuneraciones diferenciales, aunque no muy importantes entre las jurisdicciones35. De éstas, el que concentraba mayor número de horas cátedra era el Ministerio de Defensa, con un 74,4% del total de horas destinadas al Poder Ejecutivo Nacional para ambos niveles de administración. El presupuesto en horas cátedra de 2001 para dicho ministerio rondaba los 20 millones de pesos36. Por último, los contratos de locación de servicios o de obra, de gran difusión a partir de 1995, exhiben una mayor diferenciación remunerativa y una gran heterogeneidad en su participación respecto del personal permanen-te, según la jurisdicción y/o el organismo que se analiza.

34. El personal de ANSeS, DGI y Aduana constituye un ejemplo de agentes estatales regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo del sector privado (14.250).

35. El valor de las horas cátedra mensuales para el nivel medio es de $17,64 y para el nivel superior de $21.60, mientras que para otras categorías ronda los $24.

36. Dicho monto es un estimativo, considerando un valor promedio de $22 por hora cátedra.

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g) Progresiva asimilación de cláusulas flexibilizadoras en la normativa. Por el alcance de sus transformaciones, puede considerarse que la Ley Mar-co de Regulación del Empleo Público Nacional37, sancionada en 1999, constituye un hito fundamental en materia de legislación laboral, ya que deroga al Estatuto Jurídico Básico vigente desde la dictadura militar. La norma incluye a un número significativo del personal de carrera civil del Estado nacional, elimina las prohibiciones establecidas por el gobierno militar, consagra el derecho al convenio colectivo y reafirma las normas de ética pública. Por otra parte, y haciéndose eco de los debates de los años ochenta y noventa sobre la productividad del empleo público, intro-duce concepciones neotayloristas de flexibilidad laboral, como la figura de la polivalencia funcional.

Como ejemplo de lo anteriormente señalado, se destacan aquellas cláusu-las laborales similares al régimen de trabajo privado o aún más flexibles que las consagradas en la Ley Nacional de Empleo de 1991 y en el SINAPA. Entre ellas mencionamos: el régimen de estabilidad laboral se adquiere después de un período de prueba de doce meses, tiempo durante el cual la designación podrá ser cancelada. El derecho a la estabilidad comprende la conservación del empleo, la situación escalafonaria alcanzada y la retribución asignada a la misma. La función del agente no está encuadrada dentro del mencionado derecho, ya que el personal permanente que resultara afectado por medidas de reestructuración –supresión de organismos, etc.– y no pudiera ser reubicado en las condiciones reglamentarias que se establecen, quedará en situación de disponibilidad. De no ser reubicado, el agente es despedido. Respecto de la naturaleza de la relación de empleo, establece que el régimen de contratacio-nes comprende la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias. Además, se consigna que el personal contratado no goza de estabilidad laboral, ni tiene derecho –entre otras exclusiones– a indemni-zaciones, compensaciones y subsidios, a excepción de las contenidas en el régimen aprobado por decreto 3413/79 y modificatorios.

Cabe precisar que el primer convenio colectivo del sector público, acor-dado en diciembre de 1998 y reglamentado mediante el decreto 66/1999 de homologación del Convenio Colectivo de Trabajo, ya presentaba las pautas flexibilizadoras, incorporadas posteriormente en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

37. Ley 25.164/99, reglamentada por el decreto PEN 1421/2002.

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Por su parte, la Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo para Trabaja-dores del Estado38 también se fundamentó sobre los mismos criterios. Esta ley, aprobada en el año 1993 como producto de la presión gremial y política, no estaba comprendida en los objetivos de la Reforma del Estado y probablemente ello retrasó su reglamentación hasta 1999, abarcando a una parte minoritaria del personal civil39.

Esta última norma establece –por primera vez– el mecanismo de negocia-ción de las condiciones de trabajo entre el Estado, en su función de emplea-dor, y los agentes públicos, representados por las organizaciones sindicales. Excluye a los funcionarios políticos de conducción, al personal militar y de seguridad interior, al clero, al servicio exterior y a los sectores de la Adminis-tración Pública Nacional que a la fecha de la sanción de esta ley se encuentren incorporados al régimen de los Convenios Colectivos de Trabajo.

Al igual que en el sector privado, la representación de los empleados públicos es ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones con personería gremial de actuación nacional. La negociación colectiva puede realizarse dentro de un ámbito general o sectorial. Comprende todas las cues-tiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo, a excepción de las siguientes: la estructura orgánica de la Administración Pública Nacional, las facultades de dirección del Estado y el principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa.

Los preceptos centrales de esta ley tienden a homogeneizar las relaciones laborales de los trabajadores públicos con las vigentes en el sector privado desde la sanción de la Ley de Empleo de 1991. Así, acuerda la pérdida de la estabilidad laboral por redefinición funcional u organizacional, por desem-peño inadecuado y por sanciones disciplinarias. En cuanto a los derechos del trabajador, se destacan la estabilidad, la igualdad de oportunidades, la libre agremiación, la capacitación permanente y las compensaciones, las indemni-zaciones y los subsidios. El personal permanente puede participar, mediante

38. Ley 24.185/93

39. Comprende a una parte del personal civil del Poder Ejecutivo Nacional y de diversos organis-mos descentralizados y a trece sistemas escalafonarios. Entre ellos, se encuentran: el personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de Guardaparques, del Cuerpo de Admi-nistradores Gubernamentales, el personal de la Dirección del Antártico, de Puertos y Vías Navegables, el embarcado del Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras (INIDIEP), el del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de Orquestas, Coros y Ballets, el Profesional de Hospitales y organismos del Ministerio de Salud y el personal de la Sin-dicatura General de la Nación y del Servicio Civil de la Nación (SINAPA).

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los sindicatos, en la discusión de los sistemas de carrera y tiene derecho a la información.

Como en las normativas antes citadas, también se consagra la figura de la polivalencia y la flexibilidad funcional para obtener mayores niveles de productividad y se generaliza la evaluación del desempeño y la capacitación permanente. Pero el régimen de licencias, justificaciones y franquicias agrega a las normativas anteriores cláusulas relativas a la mujer y la maternidad e incorpora los nuevos derechos sociales –vigentes a partir de la Reforma de la Constitución, de 1994– como los relacionados con las personas con discapa-cidad, con las conductas discriminatorias, etc. Respecto de los gremios, obliga al Estado a realizar un aporte equivalente al 0,5% de la remuneración bruta de los empleados e institucionaliza su participación en la Comisión Perma-nente de Aplicación y Relaciones Laborales (Co.P.A.R.) –constituida además por representantes del Estado empleador– y en la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) (Zeller y Rivkin, 2005).

Conclusiones

En la Argentina, a partir de la restauración de la democracia iniciada en 1983, el diseño de las reformas no escapó a la lógica de desvalorización de la praxis política –entendida como búsqueda de consensos colectivos– y quedó sometida a la confrontación de un grupo de „expertos‰ interesados en el aparato de Estado, en tanto espacio de reproducción de su función como tecnócratas. La asociación de estas redes de consultores, fundaciones, centros académicos, etc., con los partidos políticos que durante las dos décadas ocupa-ron el gobierno contribuyó a legitimar el proceso de mercantilización estatal, ofrecido a la opinión pública como condición imperiosa para mejorar la calidad de los servicios. De esta forma, sea a través de las leyes impulsadas por el Congreso o mediante decretos del Poder Ejecutivo, adquirió preeminencia la expulsión indiscriminada de personal y los recortes de funciones y áreas sustantivas del Estado, combinados con la superposición caótica de estructuras destinadas a solventar el nuevo esquema clientelar. Lejos de afincarse en su-puestas „irracionalidades‰, las diferentes variantes de reforma, modernización, reingeniería y/o fortalecimiento institucional, impulsadas desde la „consulto-cracia‰, configuraron un perfil estatal acorde con la tónica excluyente instalada por el modelo de acumulación consolidado en la década de los noventa. Así, para el año 2000, mientras el aparato recaudador del Estado cubría más del 70% de sus ingresos con impuestos de carácter indirecto, cristalizando un

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principio de clara regresividad, los ministerios de Salud, Educación y Desa-rrollo Social expresaban menos del 15% del gasto total del Estado nacional. Dicho porcentaje fue casi un 24% más reducido que el destinado al pago de los servicios de la deuda pública y definitivamente más acotado que el utiliza-do para cubrir el déficit generado por la implantación del sistema jubilatorio de capitalización, que terminó subsidiando al capital privado (Lanouguere, López y Zeller, 2003). En tal caso, la nueva „Administración receptiva‰ que proclamaban los mentores de la modernización estatal tuvo „ganadores‰ y „perdedores‰ concretos: más recursos destinados a solventar las tareas funcio-nales a la acumulación del capital, mientras que el grueso de la población se veía despojado de los bienes públicos básicos, conquistados tras largas décadas de luchas históricas.

En materia de empleo público, el análisis de los datos recopilados desmiti-fica la recurrente prédica neoliberal asociada al sobredimensionamiento de los planteles del personal de la Administración. En efecto, mientras la población argentina creció en forma constante hasta mediados de los noventa, el empleo público, en lugar de acompañar el crecimiento vegetativo de la población, se redujo tanto en su participación porcentual como en números absolutos. Asimismo, si consideramos que la población económicamente activa de los últimos años oscila en alrededor de 14 millones de personas, también la pro-porción del empleo público global es baja, al no superar los 2 millones de personas (14% del total de la PEA).

Desde mediados de los años setenta, se observa una disminución constante del empleo público global operada, especialmente, durante la dictadura mi-litar de 1976 a 1983, como resultado del descenso de los planteles del Estado nacional. La tendencia a la baja continuó desde la mitad de los ochenta hasta 2001. Pero la primordial merma de agentes tiene lugar con el primer gobierno menemista (1989-1995), a partir de la privatización de las empresas públicas. Principalmente, la Reforma del Estado –iniciada en 1989– produjo tres resul-tados de suma relevancia cuantitativa en el empleo público: a) transfirió al sector privado parte del personal dependiente de las ex empresas públicas pri-vatizadas y/o concesionadas; b) descentralizó –hacia las provincias y a varios municipios– al personal de servicios sociales de Educación, Salud y de algunas empresas públicas, y c) retrajo la cantidad de agentes, por cierre de empresas y organismos y por la rebaja de los planteles de las empresas a privatizar y de áreas de la Administración a „racionalizar‰ mediante despidos, retiros volun-tarios, jubilaciones anticipadas, etcétera.

Complementariamente, como contrapartida de la Reforma del Estado nacional, las provincias y los municipios debieron absorber gran parte de los

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empleados de esta jurisdicción y sumaron otra importante cantidad de agen-tes, destinados a cubrir las nuevas funciones asumidas por estos niveles en materia de políticas sociales. Al mismo tiempo, las „lógicas clientelares‰ –de gran peso en regiones con una significativa proporción de pobreza estructu-ral– constituyen un factor predominante para entender el incremento de los elencos públicos, sobre todo hasta mediados de los años noventa. Luego de la „crisis del efecto Tequila‰, los Estados federales comenzaron a aplicar políticas de reformas que tendieron a reducir sus plantas de personal, en especial las vinculadas a las actividades productivas.

Desde la perspectiva de la „publicidad de los actos de gobierno‰, a pesar de transcurridas dos décadas de gobiernos democráticos, perviven prácticas au-toritarias de ocultamiento de información, relacionadas con los funcionarios y agentes públicos y con los cuadros técnicos. A modo de ejemplo, podemos mencionar que se desconoce la mayor parte de los cargos dependientes de los ocho organismos de Inteligencia del Estado, del personal contratado en los programas de los Organismos Multilaterales de Crédito y del realizado bajo las múltiples modalidades que se han aplicado en las dos últimas décadas ana-lizadas. A pesar de ello, es de destacar que las fuentes de datos más confiables continúan siendo, aún, las públicas.

De acuerdo con los datos presentados en el Presupuesto Nacional de 2001, luego de dos décadas de reformas de las estructuras estatales diseñadas por gobiernos democráticos, los cargos dependientes del Ministerio de Defensa siguen siendo los principales, pese al fuerte descenso sufrido en los años noventa. Si sumamos a ellos los agentes de las áreas de Seguridad Interior y de Justicia y los potenciales de los organismos de Inteligencia, vemos que la mayoría de los cargos presupuestados del Estado nacional (excluidas las Uni-versidades) se relacionan con el personal vinculado al accionar del Estado en tanto „monopolio de la violencia‰.

De esta forma, el perfil del empleo en el Estado nacional –contrariamente a lo pregonado– nos muestra que las funciones militares, policiales y judiciales han sido consideradas prioritarias en la Reforma del Estado en la Argentina. En cambio, los agentes vinculados a las funciones económicas, sociales y científicas han sufrido caídas drásticas o se han mantenido congelados en el tiempo, perdiendo su participación relativa. Por otra parte, merecería un análisis pormenorizado el deterioro de las agencias y del personal relacionados con funciones de contralor y de poder de policía en materia sanitaria y de regulación económica y laboral.

En la última década, en el Estado nacional disminuyeron los cargos per-manentes, a la par que se acrecentaron las formas contractuales por tiempo

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determinado. Esto impacta negativamente en la estabilidad del servicio públi-co, genera estructuras paralelas superpuestas e introduce formas de flexibilidad laboral contractual y de reducción de salarios indirectas. Por otra parte, el fenómeno contribuye a la distorsión de la pirámide salarial que, en lugar de democratizarse y ser un instrumento para la redistribución del ingreso, tendió a emular al sector privado, aumentando la distancia entre los ingresos más bajos y los más altos.

Los principales rubros del gasto del Estado nacional son la Seguridad Social, el pago de la Deuda Pública (muy oscilante en los últimos años) y –en tercer lugar– el destinado al funcionamiento de la Administración. Dentro de este último, el gasto en salarios constituye la cuarta parte de su componente (unos 5000 millones de pesos). Es decir que, en la última década, nunca superó el 10% del Presupuesto Nacional. Así, podríamos afirmar que el gasto público salarial posee un impacto positivo para el funcionamiento de la economía y del mercado de trabajo ya que, por su bajo promedio de ingresos, contribuye directamente al consumo, y por tratarse de salarios registrados aportan necesa-riamente a las cargas sociales y al sistema impositivo. Además, la extensión del pago salarial de los agentes públicos mediante el sistema financiero contribuyó a la denominada „bancarización‰ de la economía.

Entre otras cuestiones, las políticas de reforma y ajuste del empleo público han impactado directamente en el funcionamiento del mercado de trabajo nacional. Si bien el tema no es motivo de este estudio, podemos mencionar que la reducción de los planteles del Estado se constituyó –en los últimos treinta años– en un factor de presión negativo sobre la cantidad y calidad de los empleos. La caída del empleo asalariado y el aumento del cuentapropismo que se observan desde la década de los setenta, junto con la desocupación abierta de los años noventa, responden al funcionamiento de la economía y a la reducción de la participación del empleo público en relación con el crecimiento vegetativo de la población y la PEA. También, las reducciones salariales directas abrieron paso al ajuste en el sector privado, llevando –desde 1998 hasta 2001– los salarios nominales a la baja. Por último, a pesar de los contratos flexibles (monotributistas y autónomos), el salario público aporta aún en forma significativa al trabajo registrado (alrededor del 40% de la PEA) y, por consiguiente, al sistema de contribuciones laborales, frente a la depre-ciación constante del personal convencionado privado.

Como resultado del proceso analizado en este trabajo, el Estado nacional ha visto reducidas sus funciones a la defensa de la propiedad, la administra-ción de justicia, las relaciones exteriores, el cobro de impuestos y la emisión de moneda, siendo incluso algunas de ellas cuestionadas profundamente por

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diversos grupos empresarios y políticos40. Los servicios públicos esenciales, la Educación, la Salud, la defensa del medio ambiente, la erradicación de la pobreza y la desocupación, la investigación y la capacitación en sentido am-plio, así como un sinfín de funciones históricamente desempeñadas por él, son (en teoría) materia de gestión de las ONG y, en mucha mayor medida, de empresas privadas. La retirada del Estado redundó, así, en el acotamiento de los márgenes de „lo público‰ en beneficio de la esfera privada, haciendo uso del discurso „modernizador‰ para encubrir el propósito expropiador en-carnado en las políticas públicas hegemónicas de estas últimas décadas. Bajo este marco, pensar hoy en la Administración Pública en la Argentina remite a problemas de orden político, antes que a la implementación de sofisticadas tecnologías de gestión y, en tal caso, como observan Aberbach y Rockman (1999: 14-15), el dilema central se expresa „en lo que una sociedad espera de su gobierno y lo que está dispuesta a pagar. (⁄) Decir lo que es básico y lo que no es necesario, en resumen, es fundamentalmente una cuestión política y no de gestión‰. En rigor, la supremacía de este último concepto pretende instalar la falsa contradicción entre gerenciamiento empresario eficiente y conducción política corrupta y deshonesta, cuando lo importante es reconocer que detrás de cualquier paquete de reformas hay propuestas que no son meramente administrativas sino principalmente políticas por su vital influencia en la distribución del poder (Rockman, 2003).

Aceptado: 5 de mayo de 2006

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40. Así, por ejemplo, fundaciones como el CEMA o FIEL, por citar sólo las más conocidas, propugnan la necesidad de introducir la lógica privada en la administración de justicia y la recau-dación de impuestos. Respecto de la garantía de la seguridad, queda claro que en la actualidad se solventa cada vez más en empresas privadas.

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La Administración Pública Nacional en la Argentina…Andrea López y Norberto Zeller

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La Administración Pública Nacional en la Argentina…Andrea López y Norberto Zeller

[email protected] López. Magíster Scientiarum en Administración Pública (UBA). Do-cente e Investigadora (UBA). Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Investigaciones del INAP.

[email protected] Zeller. (MP 575) Licenciado en Sociología (UBA). Docente e In-vestigador (UBA y UNLZ). Coordinador de Proyectos de la Dirección de Investigaciones del INAP.

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La Administración Pública Nacional en la Argentina…Andrea López y Norberto Zeller

Anexo Metodológico

CUADRO N… 1: Evolución del Empleo Público del Estado Nacional 1960-2000.

AñoAdministración

Nacional*Empresas y

Bancos OficialesAdministración Na-cional y Empresas

1960 542.670 367.432 910.102

1970 572.711 399.442 972.153

1975 638.016 476.789 1.114.805

1983 605.495 349.154 954.649

1984 622.413 360.252 982.665

1989 571.567 (*2) 302615 874.182

1990 539.347 (*2) 296138 835.485

1991 427.748 (*3) 201707 629.455

1996 447.726 48.383 496.109

1999 427.580 (*1) 7.501 435.081

2000 404.239 32.454 436.693

(*1) Total de agentes de empresas públicas. No hay datos de sector financiero.(*2) El dato para esos años corresponde al total de agentes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en el que se encuadran las empresas públicas.(*3) Cifra estimativa del personal de Obras y Servicios Públicos que fue absorvida por el Ministerio de Economía.* Incluye los agentes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Fuente: elaboración propia en base a datos en Anuarios Estadísticos INDEC.

CUADRO N… 2: Relación del Empleo Público Argentino sobre la población.

Año Población (total)Empleo

(Nac. Prov.)% de agentes sobre la

población

1970 23.962.000 1.536.000 6,4%

1983 30.564.000 1.859.000 6,1%

1987 31.497.000 1.871.000 5,9%

1991 32.973.784 1.935.702 5,9%

1996 35.219.612 1.806.644 5,1%

1999 36.578.358 1.738.963 4,8%

Fuente: Elaboración propia con base en datos CLAD 2003.

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Comentarios de librosGuido Vespucci

COMENTARIOS DE LIBROS

La fragilidad de los vínculos humanos en la moderna sociedad líquida

Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanosZygmunt Bauman

(Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005)

Guido VespucciUniversidad Nacional de Mar del Plata

Gracias al desarrollo sistemático de la coordenada analítica que Zygmunt Bau-man expuso en Modernidad líquida (2003a), referente al proceso de licuefac-ción de las sociedades modernas, ahora este sociólogo polaco puede permitirse desentrañar, bajo esta misma clave, los aspectos más sutiles de dicho proceso. Amor líquido es, entonces, un acercamiento a la realidad más inmediata de los sujetos modernos: el amor, la sexualidad, la amistad, la solidaridad, las relaciones familiares, todos estos vínculos que van quedando presos de una lógica social que fragmenta y diluye las instituciones erigidas por la moderni-dad, hasta dejar al individuo en una situación de inédita soledad. La angustia y la incertidumbre resultantes de este devenir histórico no son, sin embargo, problemas privados de cada sujeto, aunque puedan vivenciarse como tales –y tenemos aquí una gran paradoja–, sino que responden a un modus operandi económico y cultural, que es de carácter global. Bauman se encarga bien de recalcar este aspecto: que ni son dilemas locales ni pueden resolverse de ma-nera local, pero la dificultad es que la humanidad no dispone todavía de otra organización institucional sólida que no sea la que ofrece la modernidad, la que justamente, día a día, transita su desintegración.

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Comentarios de librosGuido Vespucci

œQué es lo que emerge a medida que todo lo sólido se desvanece en el aire?1 Aquí está la ardua tarea de Barman, que consiste en registrar las carac-terísticas que conforman al hombre de la moderna sociedad líquida, el homo economicus, o más precisamente el homo consumens, binomios que sintetizan su máxima aspiración en esta obra: lograr un identikit cuyo motor es la reduc-ción de todas las relaciones humanas a una lógica de costo-beneficio.

A diferencia de Modernidad líquida, donde Bauman analizaba siste-máticamente las transformaciones sufridas en conceptos medulares para la „modernidad sólida‰ –espacio-tiempo, trabajo, comunidad, individualidad, emancipación–, Amor líquido tiene un formato más ensayístico; es, como él mismo expresó, „una carpeta llena de burdos bocetos fragmentarios, en vez de un retrato completo y menos aún definitivo‰ (p. 8), lo cual lo convierte en un libro difícil de sintetizar, pues en cada página se abre un universo de interrogantes. Los cuatro capítulos que componen esta obra están divididos en pequeños apartados que suelen reflexionar a partir de una cita de autoridad, colocada por Bauman de manera genuina o bien irónicamente. Si respecto de las primeras encontramos referentes predilectos y afines del ya veterano sociólogo, tales como Richard Sennet, Anthony Giddens, Ulrich Beck, Gior-gio Agamben, Hanna Arendt e incluso Kant (sólo por mencionar algunos), el segundo tipo de citas no son menos importantes –a pesar de que Bauman se coloque en la vereda de enfrente–, ya que representan el síntoma mismo de la desintegración de las instituciones y los referentes de la modernidad: „el boom del counselling‰, esto es la proliferación de discursos de autoayuda en materia de políticas de vida, cuyo estallido remite a que estos „expertos están dispues-tos a asesorar, seguros de que la demanda de asesoramiento jamás se agotará, ya que no hay consejo posible que pueda hacer que un círculo se vuelva cua-drado‰ (p. 10). œQué significa esto? Pues que la necesidad de mitigar la soledad en el marco de una relación sustentada por la díada de costos-beneficios es una contradicción absoluta. Esta paradoja está contenida en cualquier tipo de vínculo humano en esta „era de liquidez‰, en la que Bauman hace un símil entre estos sujetos líquidos y los agentes de bolsa (no es conveniente „invertir‰ en una relación cuando las „acciones‰ ya no prometen más beneficios), pero en el caso de las relaciones de pareja este esquema –en el que el compromiso duradero ha dejado de ser un proyecto tentador– duplica su fragilidad: „Eso deja librado a su cálculo y decisión la posesión o abandono de la inversión,

1. Este aforismo se aplica mejor a la etapa actual de la modernidad (líquida) que a sus oríge-nes, cuando fue acuñado por Marx y luego retomado por Berman, en razón de que la modernidad temprana, según Bauman, habría disuelto los sólidos para hacer espacio a nuevos y mejores sólidos. Véase, respectivamente, Berman (1988) y Bauman (2003a: 9).

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Comentarios de librosGuido Vespucci

pero no hay motivo para suponer que su pareja, si así lo desea, no ejercerá a discreción el mismo derecho. (⁄) La conciencia de este hecho aumenta aún más su inseguridad‰ (p. 31). En definitiva, como concluye Bauman, la sole-dad provoca inseguridad, pero las relaciones no parecen provocar algo muy diferente, el círculo y el cuadrado son dos formas geométricas irreconciliables, y la incertidumbre, el pánico y la angustia derivados son el caldo de cultivo para la acción de los counsellors, en una modernidad en la que sus intelec-tuales han mutado su rol de „legisladores‰ para convertirse en „intérpretes‰ (Bauman, 1997).

La vida líquida no persigue ningún itinerario fijo, las prácticas no son precedidas por un orden estable, al contrario, la fluidez es la norma que rige un tipo de comportamiento consistente en especular sobre las mejores opor-tunidades. Los compromisos se convierten en trabas, para este propósito. Es por ello que Bauman señala que la gente habla cada vez más de conexiones en redes. „A diferencia de las relaciones, el parentesco, la pareja e ideas seme-jantes, que resaltan el compromiso mutuo y excluyen o soslayan a su opuesto, el descompromiso, la red representa una matriz que conecta y desconecta a la vez. (⁄) En una red, conectarse y desconectarse son elecciones igualmente legítimas‰ (p. 12). Desde esta perspectiva, conformar una familia, tener hijos, son verdaderos obstáculos para la libertad que reclaman los sujetos líquidos, no concuerdan con el ideal de vínculos descartables, pues recordemos, dirá Bauman, que el lei motiv del homo consumens no es acumular bienes, sino usarlos y descartarlos rápidamente para hacer lugar a nuevos bienes (p. 72). En consecuencia, la modernidad compulsiva, controlada por una minoría empeñada en diluir los sólidos para su propio beneficio, produce desperdicios, sobrantes, tanto de objetos como de sujetos, que difícilmente puedan volver a insertarse en un mundo cada vez más veloz y cambiante (Bauman, 2006).

La sexualidad, por supuesto, no es la excepción a esta regla. Desligada cada vez más de la reproducción, de sus vínculos con el amor, la seguridad y la permanencia, y de su papel de „inmortalizadora‰ gracias a la continuación del linaje, ella es hoy más autónoma que nunca. Se basta a sí misma y sólo persiste en función de sus gratificaciones. Pero la contracara es otra vez su liviandad, „la insoportable levedad del sexo‰. Preocuparse por el rendimiento no deja lu-gar ni tiempo para el éxtasis, lo físico no conduce a lo metafísico, su misterio ha desaparecido, por lo tanto, arguye Bauman, sus promesas –exaltadas por los medios– sólo pueden quedar insatisfechas. La victoria del sexo en su guerra de independencia ha sido, a lo sumo, una victoria pírrica. En definitiva, las agonías actuales del homo sexualis son las del homo consumens.

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Comentarios de librosGuido Vespucci

El hombre de la moderna sociedad líquida es, en definitiva, un sujeto más autónomo pero solitario; pretende relacionarse pero eso le ocasiona pánico por lo que pueda implicarle para su condición de liviandad, y su amor por el prójimo, uno de los fundamentos de la vida civilizada y de la moral de Occidente, se ha traducido en temor a los extraños, xenofobia. La variedad cultural que se presenta en el medio urbano globalizado lo aterra por su con-secuente ausencia de familiaridad, el resultado es la mixofobia, la inseguridad y el encierro. Sin embargo, Bauman no pierde las esperanzas en revertir esta deshumanización, enfatizando la necesidad de encontrar nuevos sólidos. Amor líquido es, como el resto de sus obras, un libro comprometido, una toma de posición frente a la moderna sociedad líquida, porque como él mismo expresó: „La neutralidad en sociología es imposible; quien la sostiene se miente a sí mismo‰ (Bauman, 2003b).

Aceptado: 21 de abril de 2006

Bibliografía

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BERMAN, M. (1988): Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Buenos Aires, Siglo XXI.

[email protected] Vespucci. Profesor en Historia. Equipo Familia del Programa de Estu-dios sobre Población y Trabajo, Universidad Nacional de Mar del Plata.

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Comentarios de librosJosé Casco

Utopía y desencanto. Creación e institucionalización de la Carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires: 1955-1966

Alberto Noé (Miño y Dávila, Buenos Aires, 2005, 219 pp.)

José CascoFacultad de Ciencias SocialesUniversidad de Buenos Aires

Reconstruir la historia de las ciencias sociales en la Argentina constituye una tarea sumamente difícil. En efecto, a diferencia de las ciencias sociales de los países desarrollados, donde los campos científicos tienen una autonomía y una producción fáciles de discernir, en este lado del mundo las mismas disciplinas atravesaron un proceso de institucionalización complejo y problemático, re-pleto, por cierto, de avatares y vaivenes políticos. Sin embargo, en los últimos años han aparecido una serie de trabajos que han intentado la reconstrucción de la historia de la Sociología en la Argentina. La mayor parte de esta produc-ción fue realizada por jóvenes investigadores desde una perspectiva histórica más distanciada de los hechos, producto del tiempo y el recambio generacio-nal1. Pero el caso de Utopía y desencanto constituye un caso singular entre los nombrados. Alberto Noé forma parte de la generación que participó del proceso de creación de la Carrera de Sociología en la UBA. En este sentido, su trabajo constituye un testimonio invalorable de ese impulso modernizador.

1. Me refiero, especialmente, a los trabajos de Alejandro Blanco, Hernán González Bollo y Diego Pereyra, cuyas agendas de investigación y tesis doctorales se orientaron y aún se sitúan en esta línea de tra-bajo. Véase, por ejemplo, González Bollo, El nacimiento de la sociología empírica en la Argentina, Dunken, Buenos Aires, 1999; Blanco, „La sociología. Una profesión en disputa‰, Federico Neiburg y Mariano Plotkin (eds.), Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en Argentina, Paidós, Buenos Aires, pp. 327-370, y Pereyra, „American organizations and the development of sociology and social research in Argentina. The case of the SSRC and the Rockefeller Foundation (1927-1966)‰, Research Reports online, Rockefeller Archive Center, New York, 2006.

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Comentarios de librosJosé Casco

Basada en un riguroso trabajo de archivo y de entrevistas con algunos de los más relevantes protagonistas, esta obra se propone estudiar las interacciones entre actores institucionales, políticos e individuales que en 1955 convergie-ron en un amplio debate en torno de la modernización cultural del país. El resultado final permite una lectura ágil y amena; sus reflexiones y afirma-ciones posibilitan interrogarse sobre el rol de esos actores en la renovación universitaria en aquel momento, el fracaso del desarrollismo como proyecto socio-político, el papel de Gino Germani como fundador de la Sociología en la Argentina y el proceso de institucionalización y profesionalización de esa disciplina en el país.

El libro se estructura en tres grandes partes, más un prólogo a cargo de Atilio Borón. Con un tono entre apasionado y directo (muy de su estilo), el prologuista reivindica la vuelta a la reflexión sobre Germani (pp. 17-24). En la primera parte, Noé se centra en la reconstrucción histórica de los avatares que hicieron posible la caída del gobierno peronista a manos de la llamada Revolución Libertadora (llegando hasta los orígenes de la reforma univer-sitaria de 1918), para colocarse luego en las condiciones político-culturales del período 1955-1966 (pp. 33-84). Se describe allí, brevemente, el frente cultural opositor al peronismo que tiene al mundo universitario como uno de sus ejes centrales. En esta sección, el autor destaca especialmente la labor modernizadora de José Luis Romero como constructor cultural y describe su enfrentamiento con los grupos católicos del gobierno. Es ilustrativo, en este sentido, el conflicto que se generó cuando Germani fue designado profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Es allí cuando Noé introduce la biografía de Germani, reconstruyendo sus estrategias de crecimiento dentro del campo, su labor como editor, su perspectiva teórica-analítica y la difusión de sus ideas. La tensión entre los grupos modernizadores, representados por Romero y Germani, y los grupos más conservadores se sintetizó en la disputa conocida como „laica o libre‰. Por aquellos años se reabrió „la cuestión peronista‰, y diferentes actores que resultaron favorecidos después de 1955 intentaron la liquidación del movimiento proscrito. Pero los avatares políticos nacionales e internacionales condicionaron el rumbo de este proyecto político, así como el desarrollo institucional de la sociología argentina.

Si bien, en esta primera parte, el autor cumple con los objetivos plantea-dos, los juicios sobre el momento histórico abordado están, a veces, demasiado apegados a las palabras de protagonistas del período analizado. Así, el examen sobre la experiencia política y cultural del peronismo se basa en las declaracio-nes de Jorge Graciarena, quien fue un miembro expulsado de la universidad peronista y, años después, un actor central del proceso que liderará Germani.

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Comentarios de librosJosé Casco

En ese sentido, la caracterización general del período y del mundo universita-rio tampoco aporta datos novedosos, sino que la reconstrucción histórica se basa en los argumentos de libros clásicos sobre el tiempo considerado, como pueden ser las obras de Silvia Sigal y de Oscar Terán.

Además, Noé analiza, en la segunda parte, las condiciones de la creación de la sociología científica, reconstruyendo el marco histórico y la labor em-prendida por Germani (pp. 85-130). El texto incluye, de esta manera, un aná-lisis del proceso por el cual el Colegio de Estudios Superiores y la situación de exclusión de la intelectualidad liberal y progresista durante el peronismo posibilitaron la estructuración del grupo fundacional de la carrera. Noé dedica especial atención al momento de aparición del primer libro de Germani: La estructura social de la Argentina, repasando sus condiciones de producción y resaltando sus características de apuesta intelectual por fundar otra sociología, basado en criterios científicos e investigación empírica. En un clima de época proclive a la modernización, el movimiento estudiantil (actor central de la renovación universitaria) confluyó con el empuje de Germani en la introduc-ción dentro del espacio universitario local de un conjunto de nuevas teorías y paradigmas epistemológicos y en la producción de rupturas significativas con las miradas anteriores de lo social. Así, un movimiento estudiantil progresista, un intelectual innovador y la élite reformista confluyeron en la renovación universitaria en 1956. Esa confluencia, apunta Noé, hizo posible la creación de la Carrera de Sociología en la UBA.

En el último apartado de esta segunda parte, el autor hace un repaso de las diferentes versiones del desarrollo de la sociología local y revisa el papel de Germani, recorriendo sus preocupaciones, sus caracterizaciones y, al mismo tiempo, insertándolas en su contexto histórico. Sin embargo, Noé se muestra por momentos demasiado apegado a los juicios de Germani. Por ejemplo, en la caracterización de la historia de la Sociología, repite su diagnóstico y las etapas históricas construidas por aquél (pp. 121-122). Con todo, en este capítulo se destaca la detallada descripción del programa de la carrera en el momento de su implementación, el plan de estudios y las innovaciones que se introdujeron en 1958.

Mientras tanto, en la tercera parte, Noé describe con más detalle el proceso de institucionalización de la carrera (pp. 131-191). Aquí, en la sección más sobresaliente del libro, se muestra el despliegue de la estrategia germaniana y se afirma que la creación de la carrera constituyó una auténtica fractura en la historia de la Sociología argentina, al introducirse un rigor científico del que carecían los estudios sociológicos previos e incorporarse el trabajo estadístico heredero de la sociología empírica norteamericana de los años treinta, los es-

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Comentarios de librosJosé Casco

tudios de la Antropología social del mismo origen y la más tardía perspectiva funcionalista. Esta innovación intelectual se complementaba con un conjunto de estrategias que iban desde la utilización de fondos externos, la creación de un sistema de becas y la invitación a profesores extranjeros hasta la traducción y publicación de fragmentos de textos y artículos. A partir de estas iniciativas, Germani cortó lazos con la historia pasada y reciente (ensayismo, sociología de cátedra) y generó nuevos lazos con la comunidad académica internacional. Se destaca que el proyecto de investigación empírica del Instituto de Sociología tuvo un fuerte apoyo del centro de estudiantes, dando espacio a Germani en sus propias publicaciones (pp.134-135).

Noé describe, además, cómo Germani, en busca de conformar un frente que contrarrestara la resistencia que generaba su figura, invitó e integró a su proyecto a personas de otros espacios, estableciendo, de esta forma, alianzas con fracciones del catolicismo y del liberalismo cercanas a las Fuerzas Arma-das. Esta estrategia de alianzas se fortalecía con un programa de integración con otras disciplinas, en el cual se destacaba, principalmente, el trabajo en conjunto con Enrique Butelman, de Psicología (quien por su vinculación con Paidós fue además un protagonista clave en la estrategia editorial de Germani), y con el historiador José Luis Romero, ya mencionado. Desde este nuevo espa-cio institucional, Germani situó sus proyectos de investigación en un marco regional y vinculó al Instituto con FLACSO y el Centro de Investigaciones de UNESCO en Río de Janeiro. Todo este proyecto buscaba dar respuestas a lo que visualizaba como „una interminable crisis que vivía la Argentina‰ (p. 144).

Ya entrando en los años sesenta, Noé apunta que la primera etapa de expansión del proyecto institucional de Germani finaliza en 1961, cuando se organizaron las „Jornadas Argentinas y Latinoamericanas de Sociología‰. Este suceso es presentado en el libro como el momento culminante de la disputa entre los sociólogos modernos y los tradicionales, representados, respectivamente, por Germani y Alfredo Poviña, quienes dirigían organizacio-nes profesionales enfrentadas y mutuamente excluyentes. Pero esas jornadas fueron también el momento de clausura de una etapa y la inauguración de otra superadora.

A partir de este instante, el autor pasa a describir „la crisis de 1962‰, por la cual se asiste al punto inicial de decadencia del proyecto de Germani. Según Noé, esta etapa de crisis comenzó con una crítica desde el interior del Depar-tamento de Sociología a la tarea de Germani, sobre todo a sus orientaciones teórico-prácticas. Estas diatribas incluían acusaciones de falta de integración de la sociología científica con la tradición intelectual argentina y la pretensión

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Comentarios de librosJosé Casco

de neutralidad valorativa de la sociología de Germani, pero que básicamente cuestionaban sus conexiones institucionales y el origen de los fondos de in-vestigación. Estas críticas se inscribían en un clima de época de oposición a las orientaciones hegemónicas tanto académicas como políticas. Noé asegura que la crisis fue producto de la falta de comprensión de Germani acerca de los cambios generacionales y políticos en el Departamento de Sociología. Ese enfrentamiento llegó a su clímax con una huelga estudiantil, por la cual se denunciaba la ausencia de literatura marxista en la cátedra de Metodología y Técnicas de la Investigación Social (p. 180).

En términos de reconstrucción histórica, éste es el mejor apartado del libro, ya que permite comprender las razones del proyecto de la sociología científica. En efecto, en un clima de politización creciente de gran parte de la juventud universitaria, donde tanto el peronismo como el marxismo se convertían poco a poco en las ideas rectoras en el campo político y cultural, los hombres que en 1955 habían puesto en marcha la universidad científica y moderna debían comenzar su retirada. De esta forma, la intervención militar de 1966 encontró una Carrera de Sociología desarmada por la emigración de Germani, pero además por la ausencia de un proyecto alternativo y la lucha de todos contra todos dentro del campo sociológico local.

Frente a un contexto interno y externo de pérdida de hegemonía, Germa-ni comenzó así un proceso de alianzas con instituciones fuera de la UBA y luego fuera de la Argentina. Ese desplazamiento para la continuidad de su proyecto fue la creación, en 1963, del Centro de Sociología Comparada en el Instituto Di Tella. Pero pronto una rebelión contra las imposiciones de Germani produjo un conflicto entre el Director del Departamento y algunos jóvenes docentes que formaban parte del grupo fundacional, entre quienes se destacaba, especialmente, Eliseo Verón. Esta pelea provocó la renuncia de Germani, quien más tarde, en 1965, viajó a Estados Unidos para enseñar en Harvard. Así, este cambio en la dirección del Departamento de Sociología significó, entre 1962 y 1966, la sucesión de directores incapaces de resolver la pelea entre fracciones e imponer un liderazgo claro. Este ciclo se cerró con el golpe de estado y la intervención a las universidades en 1966. Por lo cual, para Noé, sin embargo, las causas de la decadencia en el Departamento no comenzaron con la intervención militar, sino que el punto de inflexión habría que buscarlo en la crisis de 1962 (pp. 90-91).

Además de un repaso por los temas más importantes del libro, Noé con-cluye, en las últimas páginas, que el desarrollo de la Sociología a partir de 1966 se sumió en un tobogán del que aún hoy no se ha podido recuperar (pp. 193-204). En su opinión, la historia y el presente de los centros de investigación

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Comentarios de librosJosé Casco

desde 1970, así como las actuales universidades desfinanciadas y arrasadas por el neoliberalismo, señalan un proceso en el cual la oposición al proyecto de la sociología científica no supo dar respuestas adecuadas al desarrollo de la disciplina. En este sentido, Noé reivindica la empresa de Germani aun cuando el sentido de la dirección de ese proyecto no está exento de críticas en el libro. El texto se completa con la inclusión de un anexo estadístico con información sobre la cantidad y la composición de estudiantes y graduados de Sociología durante el período considerado.

En síntesis, aun cuando Utopía y desencanto deja muchas líneas de inves-tigación sin resolver, la obra tiene un enorme valor para la construcción de un debate para las nuevas generaciones de sociólogos y científicos sociales en general. En efecto, aporta un modelo y una mirada testimonial que no debería pasarse por alto a la hora de contribuir a las formas en que se escribe la histo-ria de las ciencias sociales. Por lo cual es de esperar que su lectura y discusión estimulen la reflexión histórica en varios sentidos. Por un lado, puede invitar a otros protagonistas de este proceso a tomar la posta e imitar el ejemplo de Alberto Noé, iniciando nuevas investigaciones capaces de combinar el relato generacional con una reconstrucción histórica rigurosa y sistemática. Por otro lado, debería servir para que los investigadores más noveles se sientan tentados por la reconstrucción de la historia de la Sociología, desde una perspectiva institucional.

Aceptado: 24 de abril de 2006

[email protected]é Casco. Lic. en Sociología (UBA). Asistente Técnico de la Comisión Espe-cial en Historia de la Sociología, CPS.

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Reseñas de libros, congresos, eventos científi cos

170 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 170-172

RESEÑAS DE LIBROS, CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS

Isabella, CosseEstigmas de nacimiento. Peronismo y orden Familiar 1946-1955. FCE, Buenos Aires, 2006, 208 páginas.

En este libro se examinan los cambios que introdujo el peronismo en el orde-namiento doméstico desde una perspectiva aún no explorada: las dinámicas familiares situadas al margen del modelo normativo, en especial la filiación ilegítima. La autora recorre las diferentes formas de organización familiar, investiga los estigmas asociados a los nacimientos „irregulares‰ y analiza las ideas acerca de la infancia, la familia y los derechos de los hijos ilegítimos. Muestra, así las tensiones desatadas por los reclamos de equidad para los hijos –cualquiera fuese su origen– y la defensa del matrimonio. Este libro consti-tuye una investigación rigurosa y original en la que se explora el cruce de la historia de la familia, la cultura y la política para pensar las singularidades del peronismo y su impacto en el orden doméstico.

Cataño, GonzaloAfirmaciones y negaciones. Maestros del Siglo XX. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, 167 páginas.

Esta obra contiene las biografías intelectuales (los trazos y las siluetas, según el autor) de cinco figuras de las ciencias sociales del Siglo XX. Tres son des-conocidas para el lector ajeno a la experiencia de la sociología en Colombia: Baldomero Sanín Cano, Gerardo Molina y Jaime Jaramillo Uribe. Los otros dos son autores mucho más conocidos: Max Weber y Robert K. Merton. El texto incluye además un apéndice con la discusión de las ideas de otros tres sociólogos colombianos, entre los cuales se destaca Camilo Torres. En esta obra, Gonzalo Cataño analiza detalladamente las contribuciones de cada uno de ellos a la teoría social. Realiza entonces un valioso esfuerzo por reflexionar el papel de los clásicos en la sociología contemporánea y situar estas ideas en una historia de la sociología y la ciencia política, donde es posible interpretar

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Reseñas de libros, congresos, eventos científi cos

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la teoría de estos autores como la negación de un pasado hostigante y la afir-mación de un camino de transformaciones y análisis.

Alain Blanc y Jean-Marie Vicent (dir.)La recepción de la escuela e Frankfurt. Nueva Visión, Buenos Aires, 2006, 304 páginas.

Los trece artículos que reúne esta obra contribuyen a incrementar el conoci-miento sobre la influencia, la recepción y la posteridad de las tesis defendidas por los integrantes de la escuela de Frankfurt. En este libro, Alain Blan y Jean Marie Vicent agradecen a los colegas franceses y extranjeros, haber contribuido ha evocar las filiaciones y distinciones entre sus miembros, las influencias en las obras de contemporáneos el aporte del psicoanálisis y la posteridad puesta sutilmente de manifiesto en las condiciones de recepción según los contex-tos nacionales. „Cualesquiera sean los debates suscitados por la Escuela de Frankfurt, ella ha contribuido a alimentar los debates nacionales. Y también es uno de sus méritos haberlos situado preventivamente en el seno de marcos analíticos globales‰.

Remo Bodei La Chispa y el Fuego. Invitación a la filosofía. Nueva Visión, Buenos Aires, 2006, 176 páginas.

En este libro, Remo Bodei, sin renunciar al máximo de claridad, intenta comprometer racional y emotivamente al lector en la investigación, hacién-dolo recorrer, junto a él un camino conocido para dejarlo finalmente frente encrucijadas y alternativas teóricas que invitan a asumir opciones personales responsables y coherentes. De manera clara e incisiva, orienta en el campo del pensamiento filosófico a quienes se inician en su estudio y a quienes ya tienen una cierta familiaridad con él. Expone el sentido de la filosofía, sus vicisitudes y sus problemas; entrelaza las contribuciones de los grandes pensadores con el análisis de las instituciones encargadas de transmitirlo; une la dimensión histó-rica con la teórica: encuadra a la filosofía occidental en las formas de sabiduría elaboradas por las principales civilizaciones del mundo; confronta al lector con algunos de los principales temas que trata la filosofía y ofrece instrumen-tos para investigaciones adicionales. En definitiva, el objetivo principal de esta

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Reseñas de libros, congresos, eventos científi cos

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obra, es invitar a los lectores a que experimenten, por el placer intrínseco de explorar como un viaje de descubrimiento, el territorio de la filosofía.

52À Congreso de Americanistas, Universidad de Sevilla, España 17 al 21 de julio de 2006

Los Congresos Internacionales de Americanistas constituyen una actividad científica de muy amplia tradición pues vienen celebrándose ininterrumpida-mente desde 1875 (cuando se reunió el primero en Nancy, Francia) con una periodicidad trienal y alternándose el lugar de celebración no sólo en cuanto a los países sino también a los continentes, de manera que a un congreso celebrado en Europa siga uno en América, y viceversa. El 52À Congreso de Americanistas tendrá lugar en Sevilla durante los días 17 al 21 del mes de julio de 2006.El lema adoptado alude la pluralidad de las Américas que no es sólo la de estados y culturas de raíces europeas, sino también la que aportan los pueblos indígenas que mantienen culturas propias, por la pluralidad consiguiente de voces y votos, de estudios e interlocuciones entre pueblos y culturas de las Américas en un dilatado espacio que se caracteriza, desde el primer encuentro, por desarrollos convergentes o divergentes de fenómenos tanto globales como locales.

XXC ISA World Congress of Sociology Durban, Sout Africa 23-29 de july 2006

El tema del Congreso Mundial de Sociología de la ISA en ˘frica es „La calidad de la vida social en un mundo global‰.El Comité Organizador está finalizando la preparación de una serie de se-siones especiales sobre temas regionales de alcance global, a la vez que está coordinando las sesiones semiplenarias que serán de interés para los miembros de la asociación, los comités de investigación, los grupos temáticos y las aso-ciaciones profesionales.Durban ofrece a la comunidad internacional de las ciencias sociales una opor-tunidad de entrar en contacto con una sociedad en transición, en un contexto que sea alto conocimiento sobre la importancia de la ciencia sociale en los tiempos de reconstrucción y desarrollo.

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173REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 170-172

REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES QUE INTEGRAN LA RED “REVISTALAS”

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA

CONVERGENCIA, REVISTA

DE CIENCIAS SOCIALES,

MéxicoUniversidad Autónoma del Estado de México. Centro de Investigación y Estudios

Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública.

ISSN: 1405-1435Periodicidad: Cuatrimestral

Director/Editor: Dr. Eduardo Andrés

Sandoval Forero

www.redalyc.comwww.uaemex.mx

E-Mail: [email protected]: (722) 2159280Dirección Postal:

Apartado Postal 2-132. C. P. 50001, Toluca, Estado de México.

ECONOM¸A, SOCIEDAD Y TERRITORIO

MéxicoEl Colegio Mexiquense A. C.

ISSN: 1405-8421Periodicidad: Semestral

Director/Editor: Rosario Rogel Salazar

www.cmq.edu.mx - www.redalyc.com

E-mail: [email protected]: (722) 2799908 ext. 183

Dirección Postal: El Colegio Mexi-quense A. C. Apartado Postal 48-D,

C. P. 50120, Toluca, Estado de México.

PAPELES DE POBLACIŁN

MéxicoUniversidad Autónoma del

Estado de México. Centro de Investigación y Estudios Avan-

zados de la Población.ISSN: 1405-7425

Periodicidad: TrimestralDirector/Editor:

Dídimo Castillo Fernández

http://papelesdepoblacion.uaemex.mx

E-mail: [email protected]: (722) 2142842

Dirección Postal: Torre Académica, 1er. Piso, Cerro de Coatepec,

Ciudad Universitaria, C.P. 50100, Toluca, Estado de México.

INVENTARIO ANTROPOLŁGICO

(Anuario de la Antropología Mexicana), México

Departamento de AntropologíaUniversidad Autónoma Metro-

politana IztapalapaISSN: 1665-2533

Periodicidad: AnualDirector/Editor: Esteban Krotz

www.uam-antropologia.info/inventario.html

E-mail: [email protected]: 52 999 928-5115 (solo FAX)Dirección Postal: Apartado postal

9-47 (Chuburná) 97200 Mérida, Yuc., México

ANUARIO DE HISTORIA REGIONAL Y DE LAS

FRONTERAS

ColombiaEscuela de Historia, Universidad

Industrial de SantanderISSN: 0122-2066

Periodicidad: AnualDirector/Editor:

Dr. Armando Martínez Garnica

www.uis.edu.coE-mail: [email protected]

Tel: (7)6451639Dirección Postal: Escuela de

Historia, Universidad Industrial de Santander, Ciudad Universi-taria, Bucaramanga, Santander,

Colombia.

REVISTA IBEROAMERICANA DE

AUTOGESTIŁN Y ACCIŁN COMUNAL (RIDAA)

EspañaInstituto Intercultural para la Autogestión y la Acción

Comunal (INAUCO) -adscrito a la Universidad Politécnica de

Valencia (UPV)-ISSN: 02 12 - 7687

Periodicidad: SemestralDirector/Editor:

Antonio Colomer Viadel

E-mail: [email protected]: (34) 96 374 00 41

Dirección Postal: INAUCO- UPV, Camino de Vera s/n. 46022 Valencia.

España.

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174

REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS POL¸TICAS Y

SOCIALES

MéxicoDivisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políti-

cas y Sociales de la UNAMISSN: 0185-1918

Periodicidad: CuatrimestralDirector/Editor: Dr. Fernando Pérez Correa/Lic. Felipe Pozo

www.posgrado.unam.mx/[email protected]: 56 22 94 07; 56 2 94 32; 56 22

94 33Dir. Postal: Facultad de Ciencias Políti-cas y Sociales, División de Estudios de Posgrado, edificio F, planta baja, Cir-cuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, México D.F., c.p. 04510,

Coyoacán

CONTEXTOS

Revista de semiótica literariaColombia

Universidad de MedellínISSN: 0122-09184

Periodicidad: SemestralDirector/Editor: Horacio Pérez-

Henao

www.udem.edu.coE-mail: [email protected]

Tel: (574)340-5209 (574)340-5214Dirección Postal:

Universidad de Medellín, Facultad de Comunicación.

Apartado 1983. Medellín, Colombia

ESTUDIOS SOBRE LAS CULTURAS

CONTEMPOR˘NEAS

MéxicoPrograma Cultura-CUIS-Univer-

sidad de ColimaISSN: 1405221-0

Periodicidad: SemestralDirector/Editor: Dr. Jorge

A. González / Mtro. Genaro Zenteno

E-mail: [email protected]: 52 (312) 31 6 11 27

Dirección Postal: Apartado Postal 294 Colima,

Col. 28000 México

ESPIRAL, ESTUDIOS SOBRE ESTADO Y SOCIEDAD

MéxicoUniversidad de Guadalajara/

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades/

División de Estudios de Estado y Sociedad

ISSN: 1665-0565Periodicidad: Cuatrimestral

Director/Editor: Carlos Barba Solano, Jaime Pre-ciado Coronado, Jaime Tamayo

Rodríguez, Jorge Alonso Sánchez

www.cucsh.udg.mx/publica/publica.html

E-mail: [email protected]: (33) 38 19 33 52

Dirección Postal: División de Estudios de Estado y

Sociedad, CUCSH-UDG, Guanajua-to NÀ 1047, Sector Hidalgo 44260

Guadalajara, Jalisco

FRONTERA NORTE

MéxicoEl Colegio de la Frontera Norte

ISSN: 0187-7372Periodicidad: Semestral

Director/Editor: Dra. Olga Odgers Ortiz

www.colef.mx/fronteranorteE-mail: [email protected]

Tel: (664) 6-31-63-00 ext 3215Dirección Postal:

Blvd. Abelardo L. Rodríguez 2925, Zona del Río, Tijuana 22320,

México

REVISTA GEOGRAFICA VENEZOLANA

VenezuelaInstituto de Geografía y

Conservación de Recursos Naturales.

Universidad de Los AndesISSN: 1012-1617

Periodicidad: SemestralDirector/Editor:

Delfina Trinca Fighera

www.saber.ula.ve/regeovenE-mail: [email protected]: (58) (274) 2401612

Dirección Postal: Instituto de Geografía y

Conservación de Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Vía Los Chorros de

Milla. Universidad de Los Andes.

5101 Mérida-Venezuela

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175

¸CONOS

EcuadorFacultad Latinoamericana de

Ciencias SocialesFlacso-Sede Ecuador

ISSN: 13901249Periodicidad: Cuatrimestral

Director/Editor: Eduardo Kingman Garcés/

Edison Hurtado Arroba

www.flacso.org.ecE-mail: [email protected]

- [email protected]: (593-2) 2232-029

Dirección Postal: Páez NÀ 19-26 y Av. Patria

Ecuador

MEMORIA Revista de cultura y

política

MéxicoCEMOS

ISSN: 0186-1395Periodicidad: Mensual

Director/Editor: Héctor Díaz-Polanco

www.memoria.com.mxE-mail: [email protected]

Tel: 55-44-98-26Dirección Postal:

Pallares y Portillo 99, Col. Parque San Andrés, Coyoacán,

México 04040, D.F.

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOG¸A

MéxicoInstituto de Investigaciones

Sociales de la UNAMISSN: 0188-2503

Periodicidad: TrimestralDirector/Editor: Dra. Natividad

Gutiérrez Chong

www.ejournal.unam.mxE-mail: [email protected]

Tel: (52+55) 5622 7400 ext. 280 ó 269 y (52+55) 5622 7511Dirección Postal:

Instituto de Investigaciones Sociales. Circuito Mario de la Cueva s/n Zona

Cultural, Ciudad Universitaria, CP 04510, Del. Coyoacán

México, Distrito Federal

HERMENÉUTICA INTER-CULTURAL (Filosofía)

ChileUniversidad Católica Cardenal

Raúl Silva HenríquezISSN: 0716-601-X

Periodicidad: AnualDirector/Editor:

Ramón Sepúlveda Leiva

www.ucsh.clE-mail: [email protected]

Tel: 56-2-6652717Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA DE HISTORIA Y GEOGRAF¸A

ChileUniversidad Católica Carde-

nal Raúl Silva HenríquezISSN: 0716 - 8985

Periodicidad: AnualDirector/Editor:

Abraham Paulsen Bilbao

www.ucsh.clE-mail: [email protected]

Tel: 56-2-6652717Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA PERSPECTIVAS (Trabajo Social)

ChileUniversidad Católica Cardenal

Raúl Silva HenríquezISSN: 0717 - 1714

Periodicidad: SemestralDirector/Editor:

Ana María ˘lvarez

www.ucsh.clE-mail: [email protected]

Tel: 56-2-6652717Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA OIKOS

ChileUniversidad Católica Cardenal

Raúl Silva HenríquezISSN: 0717 – 327 X

Periodicidad: SemestralDirector/Editor:

Jorge Gonzalorena Doll

www.ucsh.clE-mail: [email protected]

Tel: 56-2-6652717Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA DE CIENCIAS RELIGIOSAS

ChileUniversidad Católica Carde-

nal Raúl Silva HenríquezISSN: 0717 – 2249

Periodicidad: SemestralDirector/Editor:

Francisco Montero

www.ucsh.clE-mail: [email protected]

Tel: 56-2-6652717Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA DE LITERATURA Y LINGܸSTICA

ChileUniversidad Católica Cardenal

Raúl Silva HenríquezISSN: 0716 – 5811Periodicidad: Anual

Director/Editor: José Alberto de la Fuente

www.ucsh.clE-mail: [email protected]

Tel: 56-2-6652717Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

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176

REVISTA CHILENA DE TEMAS SOCIOLŁGICOS

ChileUniversidad Católica Cardenal

Raúl Silva HenríquezISSN: 0717 - 2087

Periodicidad: AnualDirector/Editor:

Justino Gómez de Benito

www.ucsh.clE-mail: [email protected]

Tel: 56-2-6652717Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

REVISTA FORO EDUCACIONAL

ChileUniversidad Católica Carde-

nal Raúl Silva HenríquezISSN: 0717 - 2710

Periodicidad: SemestralDirector/Editor:

Mario Morales Navarro

www.ucsh.clE-mail: [email protected]

Tel: 56-2-6652717Dirección Postal: General Jofré 396,

Santiago centro, Chile

POL¸TICA Y CULTURA

MéxicoUniversidad Autónoma Metro-politana, Unidad Xochimilco

ISSN: 0188-7742Periodicidad: Semestral

Director/Editor: José Fernández García

http://cueyatl.uam.mx/~polcul/E-mail: [email protected]

Tel: 54837110/ 7111 y 7437Dirección Postal:

Calzada del Hueso 1100Col. Villa Quietud 04960,

México D. F. México

RELACIONES, ESTUDIOS DE HISTORIA Y SOCIE-

DAD

MéxicoEl Colegio de Michoacán

ISSN: 0815-3929Periodicidad: Trimestral

Director/Editor: Dr. Andrew Roth Seneff

www.colmichl.edu.mxE-mail: [email protected]: 01 351 51 571 00 ext. 1603Dirección Postal: Martínez de

Navarrete 505, Las Fuentes, C:P: 59699,Zamora, Mich., México

REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOG¸A

ArgentinaConsejo de Profesionales en

SociologíaPeriodicidad: Semestral

Director/Editor: Alicia Itatí Palermo

www.cps.org.ar/revistaacadémicaE-mail: [email protected]

soció[email protected]/Fax: (54-11)4964-2160

Dirección Posta: Corrientesw 2835, cuerpo B, piso 7À „B‰

C1193AAA, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

REVISTA DE SOCIOLOG¸A E POL¸TICA

Brasil¤rea de Ciência Política do De-

partamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná

ISSN: 0104-4478Periodicidad: Semestral

Director/Editor: Adriano Nervo Codato

www.revistasociologiaepolitica.org.brE-mail: contato@revistasociologiaepo-

litica.org.brTel: +55(41) 3605093

Dirección Postal: Rua General Carneiro, 460 – Sala 904 - 80060-150 – Curitiba

- Pr – Brasil

DI˘LOGO POL¸TICO

ArgentinaFundación Konrad Adenauer

ISSN: 1667-314Periodicidad: Trimestral

Director/Editor: Ing. Hans Blomeier

www.kas.org.arE-mail: [email protected]

Tel: (54-11) 4326-2552Dirección Postal: Suipacha 1175,

3° piso C1008AAW, Ciudad de Buenos

Aires, Argentina

REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO LA VENTANA

MéxicoUniversidad de Guadalajara

ISSN: 1405-9436Periodicidad: Semestral

Director/Editor: Dra. Cristina Palomar Verea

www.cucsh.udg.mx/publica/pub-lica.html

E-mail: [email protected]: (33) 38 26 97 36

Dirección Postal: Centro de Estudios de Género, Av. Hidalgo 935, Col. Centro, Guadalajara,

44100, Jalisco.

REVISTA MEXICANA DEL CARIBE

MéxicoUniversidad de Quintana Roo,

Centro de Investigaciones y Estu-dios Superiores en Antropología Social, Instituto de Investiga-

ciones Dr. José María Luis Mora, Asociación Mexicana de Estudios

del CaribeISSN: 1405-2962

Periodicidad: SemestralDirector/Editor: Martín Ramos

www.recaribe.uqroo.mxE-mail: [email protected]

Tel: (+983) 8 35 03 42Dirección Postal: Blvd. Bahía y Comon-fort s/n, Col. Del Bosque, CP 77019

Chetumal, Quintana Roo, México

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ACTIVIDADES ACADÉMICAS E INSTITUCIONALES

Acerca del CPS

El Consejo de Profesionales en Sociología (miembro colectivo del International Sociological Association) regula el ejercicio de la profesión del sociólogo, así como el gobierno de la matrícula de los profesionales que la ejercen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la Ley NÀ 23.553. Dicha ley, sancionada el 6 de abril de 1988 y promulgada el 25 de abril del mismo año, exige la matriculación de los que ejerzan la profe-sión en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reconoce una práctica disciplinaria y profesional que lleva más de 100 años en la Argentina y cuya formación orgánica de profesionales sociólogos comienza en 1957, con el inicio, en la Universidad de Buenos Aires, de la institucionalización de la Sociología académica profesional. La Ley 23.553 posibilita a los sociólogos una organización autónoma, asegurándoles el libre ejercicio de la profesión, protegiendo sus incumbencias y garantizando el respeto a las normas éticas. El CPS organiza actividades académicas y profesionales dirigidas a los sociólogos y a otros profesionales o estudiantes de la comunidad en diferentes áreas temá-ticas. El CPS tiene convenios con posgrados de diversas unidades académicas. El listado es el siguiente:

POSGRADOS UNIDADES ACADÉMICAS

Maestría en Sociología Económica IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Historia del Arte IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Sociología de la Cultura IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Ciencia Política IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Historia IDAES y UN de General San Martín

Especialización en Gestión Cultural IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Ciencias Sociales UN de La Matanza

ACTIVIDADES ACADÉMICAS E INSTITUCIONALES

177REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 177-181

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Actividades académicas e institucionales

178 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 177-181

Maestría en Economía de la Salud y Administración de Organizaciones de Salud

UN de La Plata

Maestría de Análisis del Discurso Universidad de Buenos Aires, Fac. de Filosofía y Letras.

Maestría en Ciencia Política y Sociología

FLACSO

Maestría en Recursos Humanos y Psicosociología del Trabajo y las Orga-nizaciones

Universidad Nacional del Centro, sede Buenos Aires

Maestría y Especialización en Demografía Social

Universidad Nacional de Luján

Maestría y Especialización en Ciencias Sociales con mención en Historia Social

Universidad Nacional de Luján

Maestría en Política y Gestión de la Educación

Universidad Nacional de Luján

Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género

Universidad Nacional de Luján

Programa de Doctorado Universidad Católica Argentina

Maestría en Gobierno Universidad de Palermo, Escuela de Políticas y Gestión Pública

Mayor información sobre las actividades llevadas a cabo por el Consejo, así como sobre los beneficios que el Consejo otorga a sus matriculados, en Sitioweb: www.cps.org.ar, Tel/fax: (54-11) 4964-2160; E- mail: [email protected]

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL CPS:Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS)

El objetivo general del IDIS es el estudio, la investigación y la promoción del conocimiento sociológico, para lo cual pretende nuclear a un grupo de profesionales especializados en distintas líneas de trabajo del campo de la so-ciología, con el fin de generar nuevos espacios de producción de conocimiento relevante y crítico. El instituto así es un espacio institucional de desarrollo de actividades y promoción científicas.

Actualmente se están desarrollando los siguientes proyectos de investiga-ción:

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Actividades académicas e institucionales

179REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 177-181

1) La contribución de las maestras a la cohesión social en España y Argen-tina: aspectos sociológicos y educativos.

Realizado en convenio con la Universidad Nacional de Luján. Argentina Directoras: Dra. Alicia Itatí Palermo (Unlu e IDIS) y Dra. Consuelo Flecha García (Universidad de Sevilla, España)

Fuente de Financiamiento: Agencia Española de Cooperación Iberoame-ricana

2) Proyecto Estratégico de Turismo ˘rea Luján. Este proyecto cuenta con el auspicio y consideración de „Interés Muni-

cipal‰ de la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes de la Intendencia de la Municipalidad de Lujan y con el aval de la Universidad Nacional de Luján.

Directora: Lic. Ana María Facciolo4) Desarrollo turístico y estrategias familiares de vida. Un análisis compa-

rativo sobre los efectos del crecimiento y desarrollo del turismo en las opciones de vida de la población residente.

Director Lic. Alejandro Capanegra5) Salud y Familia. Una evaluación e interpretación de la relación entre

enfermedad orgánica y dinámica familiar Director: Dr. Oscar Galfré6) Institucionalización y Profesionalización de la Sociología en Argentina.

Esta investigación cuenta con el auspicio de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Los sub-proyectos son los siguientes:

• Desarrollo e Institucionalización de a Sociología en los albores del siglo XX: Figuras, temas y perspectivas.

• Sociología, clases sociales y planificación social en Buenos Aires y Tucumán (1940-1955).

• Historia de la Sociología Rural en Argentina (1940-1970).• Profesión y Población. Un análisis censal de las instituciones, gradua-

dos y miembros de la comunidad sociológica en Argentina (1960- 2005)

• Nunca más en a Sociología Argentina. Un estudio sobre los sociólogos argentinos desaparecidos durante la última dictadura.

• Cultura, modernización y democracia. Influencias y preocupaciones intelectuales de la sociología argentina (1980-2005).

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Actividades académicas e institucionales

180 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 177-181

Recetas sociológicas del Legui y el Tequila. Una degustación compa rativa de diferentes procesos de institucionalización de la sociología: México y Argentina (1930-1980).

Director: Dr. Diego Pereyra

Actividades Académicas de la RAS:

• Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones Internacionales y Políticas Migratorias y de Asilo

La RAS ha organizado la MESA Migraciones y Comunicación Científica coordinada por la Dra. Alicia Itatí Palermo. Participaron como panelistas el Dr. Jorge Guadalupe Arzate Salgado, director de la Revista Conver-gencia de la Universidad Autónoma del Estado de México; el Dr. Mario Santillo director del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos; Alicia Palermo (Revista Argentina de Sociología), la Dra. Brisa Varela Investigadora de la Universidad Nacional de Luján y la Dra. Fay Dorys Calvet del Consejo de Profesionales en Sociología.

• Convenio de Cooperación entre la RAS y la Revista de Investiga-ciones Sociológicas de la Academia de Ciencias de Rusia,

En el mes de febrero del 2006 se firmó un Convenio de Cooperación entre la Revista Argentina de Sociología, representada por su editora la Dra. Alicia Itatí Palermo y la Revista de Investigaciones Sociológicas de la Academia de Ciencias de Rusia, representada por su editor en Jefe Dr. Zhan T. Toshchenko, con el propósito de promover la difusión del cono-cimiento, e impulsar actividades del que participan en alto grado ambas revistas científicas.

• La RAS está incluida en Red AlyC y en el Sociological Abstract (Cambrid-ge Scientific Abstracts).

• La RAS se presentó a la convocatoria realizada por el CYCIT CONICET para definir el núcleo básico de revistas científicas argentinas.

• Sitios web donde figura la RAS:�- Xiga Libros: www.xigalibros.com.ar�- Librería Prometeo: www.prometeolibros.com�- Diario Página 12: www.pagina12.com.ar / www.kiosco12.com

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Actividades académicas e institucionales

181REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 177-181

�- Revista Nueva Sociedad: www.nuevasoc.org.ve �- Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prus: www.iai.spk-berlin.de-� Programa Globalización, Cultura y Transformaciones: http://www.

globalcult.org.ve/links.html#top-� Historia a Debate: www.h-debate.com� Centro de Información de Revistas Culturales de la Biblioteca Nacio-

nal: www.universia.com.ar/circ/-� Dialnet Servicio de Alertas Informativas y de acceso a los conte-

nidos de la literatura científica hispana. www.dialnet.unirioja.es

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182 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 182

Publicaciones recibidas

• Current Sociology, Journal of the International Sociological Association, Volume 54, Number 1. January 2006.

• Current Sociology, Journal of the International Sociological Association, Volume 54, Number 2 March 2006.

• International Sociology, Journal of the International Sociological Asso-ciation, Volume 21, NÀ 1 January 2006.

• International Sociology, Journal of the International Sociological Asso-ciation, Volume 21, NÀ 2 March 2006.

• Revista Iberoamericana, publicada por el Instituto Iberoamericano de Ber-lín, el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo y la Editorial Iberoamericana / Editorial Vervuert. NÀ 19, Diciembre 2005.

• Revista Iberoamericana, publicada por el Instituto Iberoamericano de Ber-lín, el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo y la Editorial Iberoamericana / Editorial Vervuert. NÀ 20. Junio 2005.

• Intelectuales, política y poder. Pierre Bourdieu. EUDEBA. Buenos Aires, 2003.

• La Aldea Local. Tomás Abraham. Eudeba. Buenos Aires 1998.• Las Migraciones Internacionales en la Provincia de Tucumán. Serie Tesis.

Instituto de Estudios Geográficos. Facultad de Filosofía y Letras. Univer-sidad Nacional de Tucumán.

• El descubrimiento de lo político. Claude Lefort. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires 2005.

• El amor del cuerpo. Francis Hofstein. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires 2005.

• Elogio de la filosofía. Maurice Merleau-Ponty. Editorial Nueva Visión, Buenos Aires 2006.

• Gino Germani. Del Antifascismo a la Sociología. Ana Alejandra Germani. Taurus. Buenos Aires 2004.

• Populismo y Neopopulismo en América Latina. El problema de la Ceni-cienta. Maria Moria Mackinnon y Mario Alberto Petrone (compiladores). Eudeba Buenos Aires 1999.

• Migraciones contemporáneas y diversidad cultural en la Argentina. Eduar-do Doménech (compilador). Universidad Nacional de Córdoba 2005.

• Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol. 14 NÀ 3. Julio Septiembre de 2003.

• Papeles de Población. Nueva Época. Año 11 NÀ 45, Julio-Septiembre de 2005.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

1. La Revista Argentina de Sociología publicará trabajos originales e inéditos de las más variadas problemáticas y disciplinas de las Ciencias Sociales del ámbito nacional e internacional. Los trabajos pueden ser:

• Artículos de investigaciones científicas.• Artículos de reflexiones sobre un problema o tópico particular.• Artículos de revisión.• Notas.• Comentarios o reseñas de libros, congresos o eventos científicos.

La presentación de los artículos deberá ajustarse a las siguientes pautas: Los artículos de investigaciones científicas, los de reflexión sobre un pro-

blema o un tópico particular y los de revisión podrán tener una extensión máxima de 20 páginas, las notas hasta 15 páginas (tamaño carta, letra Arial 11, espacio y medio) y las reseñas o comentarios de libros, publicaciones o eventos científicos hasta 3 páginas. Estas últimas se referirán a publicaciones recientes y de interés de la revista.

Se deberá entregar un original en papel y dos copias, en procesador de tex-tos Word y una copia en soporte digital, en diskette o vía correo electrónico.

Cada artículo deberá estar encabezado por el título y el nombre completo del autor. Se deberá incluir un abstract en castellano y en inglés que no supere las 200 palabras y 5 palabras clave, también en castellano y en inglés.

La portada contendrá título, nombre del o los autores y un pequeño cu-rrículum de cada uno de ellos (en el cual deben figurar los siguientes datos: título profesional, número de matrícula profesional en caso de corresponder, pertenencia institucional, cargo académico, dirección postal y dirección elec-trónica).

Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo la bibliografía, gráficos y cuadros. Las notas y referencias críticas deberán ir a pie de página y respetar las normas internacionales para la publicación de artículos cientí-ficos.

La Bibliografía deberá figurar al final de cada artículo y se ajustará a las siguientes condiciones:

183REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 183-187

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Normas para la presentación y selección de artículos

184 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 183-187

Libro: apellido y nombre del autor en mayúscula y minúscula, año de edición entre paréntesis, título del libro en bastardilla, lugar de edición, edi-torial.

Artículo de revista: apellido y nombre del autor en mayúscula y minúscu-la, año de edición entre paréntesis, título del artículo entre comillas, título de la revista en bastardilla, volumen, número de la revista, fecha de publicación, páginas que comprende el artículo dentro de la revista.

En caso de que se incluyan cuadros, gráficos y/o imágenes, deberá fi-gurar en el texto un título y numeración: „Gráfico nÀ 1: xxxx‰, un espacio en blanco en el que iría el cuadro, gráfico y/o imagen (pero sin colocar), y la fuente: „Fuente: xxxx‰ (si han sido realizados por el autor deberán decir „Fuente: elaboración propia‰). Los cuadros, gráficos y/o imágenes deberán ser enviados como archivos independientes del texto, en cualquier formato que los soporte.

Se aconseja que se respete una lógica de jerarquía de los títulos, de la siguiente manera:

Títulos: Arial, cuerpo 14, negritaSubtítulo 1: Arial, cuerpo 12, negritaSubtítulo 2: Arial, cuerpo 12, itálicaCuerpo de texto: Arial, cuerpo 11, normalNotas: Arial, cuerpo 10, normalBibliografía: Arial, cuerpo 10, normal

Todos los artículos deberán ser enviados con una nota de autorización de publicación por la Revista Argentina de Sociología, Publicación Internacional del CPS, firmada por todos sus autores.

Mecanismos de selección de artículos:

La recepción de los trabajos no implica compromiso de publicación. El Comité Editorial procederá a la selección de trabajos que cumplan con los criterios formales y de contenido de esta publicación.

Los artículos seleccionados serán evaluados por dos miembros del Comité Académico Internacional o por especialistas pertenecientes al área temática de la colaboración, los que actuarán como árbitros.

Se comunicará a los autores la aceptación o no de los trabajos. Si se sugi-rieran modificaciones, éstas serán comunicadas al autor, quien deberá contes-

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Normas para la presentación y selección de artículos

185REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 183-187

tar dentro de los cinco días si las acepta, en cuyo caso deberá enviar la versión definitiva en el plazo que se acuerde entre el autor y el Comité Editorial.

Cada autor recibirá dos ejemplares del número de la revista en que apa-rezca publicado su artículo.

Los artículos deberán enviarse a:Directora de la Revista Argentina de SociologíaAlicia Itatí PalermoConsejo de Profesionales en SociologíaCorrientes 2835, cuerpo B, piso 7À „B‰C1193AAA Ciudad de Buenos Aires, ArgentinaTel/fax (54-11) [email protected]

Purposes

The purposes of this Magazine are the following:

1) To shape an exchange space among the CPS, its associates, graduates and academic institutions in the field of Social and Human Sciences in gene-ral and, particularly, Sociology.

2) To offer a space for researchers and academicians to publish their acade-mic production.

3) To build a means of actualization through the difusion of researchs and essays.

4) To increase and enhance the academic activity of the CPS.

Norms for the presentation and selection the articles

1. The Argentinian Review of Sociology (RAS) will publish original and inedit works regarding Social and Human Sciences issues. Works can be:

1.1 Articles on scientific research.1.2 Articles on reflections about a particular problem or topic.1.3 Revision articles.1.4 Notes.1.5 Reviews or comments on Books, Publications or Scientific Events

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Normas para la presentación y selección de artículos

186 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 183-187

The presentation of the articles must respond to the following characteristics:

For Articles on scientific research, reflections about a particular problem or topic and the revision articles will have a maximum extension of 20 pages, with notes up to 15 pages (letter size, font Arial 11, with spaces of 1,5) and the reviews or comments on Books, Publications or Scientific Events, up to 3 pages. The latter will be refered to recent publications wich must respond to the interests of this magazine.

The original must be delivered in two copies printed on paper, and one copy in a digital version, in a Microsoft Word version, wether in a floppy disk or by E-mail.

Each article must begin with Title and full name of the author. An abs-tract both in English and Spanish should be presented and it must be up to 200 words and 5 key words, also in English and Spanish.

The cover will cointain title, name of the author(s), a brief curriculum of each author (with the following information: professional degree, professio-nal registration number if it corresponds, institutional belonging, academic charge, address and E-mail).

Each page must be numebered, includind bibliography, graffics and char-ts. Notes and critical references must be included in the page foot and must respect the international norms for the publishing of scientific articles.

Bibliography must be presented at the end of the article and will follow these conditions:

Book: Surname and name of the author in small letters, year of edition in brackets, title of the book in italics, place of edition, publishing house.

Magazine article: Surname and name of the author in small letters, year of edition in brackets, title of the article in inverted comas, name of the magazine in italics, volume, number, date of publishing, pages in which the article appears.

In case of including charts, graffics and/or images, they must be intro-duced by a title and number: „Graffic NÀ 1: xxxx‰, a blank space in which the chart, graffic or image should be inserted (but it should not appear), and the source: „Source: xxxx‰ (if elaborated by the author, it shoul read „Source: personal compilation‰). Charts, graffics and/or images should be sent in files independent from the text, in any neccessary format.

g) It is advise to follow e hierarchy logic for titles such as follows:

Titles: Arial, size 14, bold.

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Normas para la presentación y selección de artículos

187REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 183-187

Subtitle 1: Arial, size 12, boldSubtitle 2: Arial, size 12, italicBody of the text: Arial, size 11, regularNotes: Arial, size 10, regularBibliography: Arial, size 10

All articles must enclose a note authorizing the publication in the Argenti-nian Review of Sociology (RAS), International Publication of the CPS, signed by all the corresponding authors.

Selection mechanisms:

The reception of the articles do not neccessarily imply their publication. The Editorial Commitee will proceed to the selection of the articles that fo-llow the formal and content criteria of this publication.

The selected articles will be evaluated by two members of the International Academic Commitee or by specialists that belong to the corresponding field, who will be acting as arbitrators.

Authors will be informed regarding the acceptance or denial of their wor-ks. If any modificatio is sugested, these will be informed to the author(s), who must confirm their acceptance of the changes within the following 5 (five) days, in which case, the final version should be sent in a period of time agreed by the author(s) and the Editorial Commitee.

Each author will receive two copies of the Magazine issue in which his/her article appears.

Articles should be sent to:Director of the Sociology ReviewMrs. Alicia Itatí PalermoRevista Argentina de SociologíaConsejo de Profesionales en SociologíaCorrientes 2835, Cuerpo B, Piso 7À „B‰.(C1193AAA) Ciudad de Buenos Aires.Tel: (54-11) [email protected]

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188 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 188-190

Marzo-Abril 2006202

¿Puede un empresario ser de izquierda?

w w w . n u s o . o r gDirector: Joachim Knoop

Jefe de redacción: José Natanson

COYUNTURA: Rafael Archondo. ¿Qué le espera a Bolivia con Evo Morales? Susan Franceschet.El triunfo de Bachelet y el ascenso político de las mujeres. José Woldenberg. Hacia las elec-ciones en México. Una espiral virtuosa de pluralismo y democracia.APORTES: Marco Aurélio Nogueira. Más allá de lo institucional: crisis, partidos y sociedaden el Brasil de hoy. Diego López F. Derechos laborales y acuerdos de libre comercio.TEMA CENTRAL: Fernando Mires. Izquierda, empresarios y política. Rita Giacalone. La Comu-nidad Sudamericana de Naciones: ¿una alianza entre izquierda y empresarios? Osvaldo López-Ruiz. ¿Somos todos capitalistas? Del obrero al trabajador-inversor. Mario Waissbluth / José Inos-troza Lara. ¿Pueden la empresa y la izquierda convivir y no morir en el intento? La experiencia chi-lena 1990-2005. Gerardo Reyes. Una cuestión de supervivencia. Carlos Slim y los empresarioslatinoamericanos se inquietan por la pobreza. Luiz Carlos Bresser-Pereira. Izquierda nacional yempresarios en América Latina. Ana Maria Kirschner. La responsabilidad social de la empresa.Francisco Durand. El vuelo de los cóndores. Despliegues etnonacionalistas y temores em-presariales. Anselmo Flores Andrade. Empresarios e izquierda: dos mundos que se acercan.

PAGOS:Solicite precios de suscripción y datos para el pa-go de las suscripciones desde América Latina y el res-to del mundo a las siguientes direcciones electrónicas:<[email protected]>; <[email protected]>.

EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO

China y América Latina

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189REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), 188-190

Maestría y Especialización en Demografía SocialAcreditadas y Categorizadas “B ” ( Res. CONEAU 648/99 y 354/01)Directora: M. Cristina Cacopardo

***

Maestría en Política y Gestión de la EducaciónAcreditada y Categorizada“A” ( Res. CONEAU 426/00)Directora: Susana E. Vior

***

Maestría y Especialización en Ciencias Sociales con Mención en Historia SocialAcreditada y Categorizada (CONEAU Bn-res. 357/04)Director: José Luis Moreno

Los Seminarios de las distintas carreras pueden ser cursados demanera independiente por alumnos externos

INFORMES E INSCRIPCIÓN:Ecuador 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1214)- ArgentinaTe: (54) (11) 4962-7026/7045, Fax: int. 108E-mail: [email protected]

Doctorado en Ciencias Sociales y HumanasAcreditado por CONEAU (Res. 652/05)Directora: Liliana Gastrón

Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género. Creada por resolución h. Consejo Superior Nº 306/03 - Acreditación en trámite (UCR)Directora: Cecilia Lagunas.

INFORMES:Cruce Rutas 5 y 7- Luján (Prov. Bs. As) (6700)- ArgentinaTe: (54) (2323) 429055, Fax: (54) (2323) 425795E- mail: [email protected]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

UN

IVE

RSI

DAD NACIONAL DE

LU

J˘N

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190 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), pp. 188-190

Debates en torno al neoliberalismo

Número 24 (otoño 2005)

ÍndicePresentación

Visiones teóricasEl neoliberalismo como proyecto lingüístico

Ana María Rivas RivasLiberalismo: nuevo institucionalismo y cambio político

José Francisco ParraEl neo-absolutismo: ¿etapa neoliberal (y superior) del imperialismo?

Fabio Gabriel NigraPatrón de poder neoliberal y una alternativa social

Alfredo Falero CiriglianoEstados neoliberales y no liberales

Alejandro Martínez de la RosaEl neoliberalismo y la conformación del Estado subsidiario

Ma. Guadalupe Huerta Moreno

Una ilustración de las políticas neoliberalesEmpleo y pobreza en la estrategia del Banco Mundial

Marcelo LuceroNeoliberalismo y eficiencia de los programas sociales en México

Myriam Irma Cardozo BrumDesigualdad y pobreza en Argentina en los noventa

Marcelo Fabián DelfineValentina Picchetti

El neoliberalismo en Argentina: ejes y efectos de su aplicaciónJorge Osvaldo Morina

Respuestas al neoliberalismo en ArgentinaPatricia DavolosLaura Perelman

Carpeta gráficaPobreza y marginación

Enrique GuinsbergBulmaro Villarruel Velasco

Matemáticas y ciencias sociales El número de autonomías y la competitividad electoral

Ricardo de la Peña

DiversaLos enemigos de la libertad

Roberto García Jurado

Distribución y venta en librerías de la UAM Informes y suscripciones:

Política y Cultura ISSN: 0188-7742

Departamento de Política y CulturaUniversidad Autónoma Metropolitana, Unidad XochimilcoCalzada del Hueso 1100. Col. Villa Quietud. 04960, México, D. F.

Teléfonos: (55) 5483 7437, 7110 y 7111 Fax: (55) 5594 9100Correo electrónico: [email protected] Página electrónica: http://polcul.xoc.uam.mx/

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191REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 6 — ISSN 1667-9261 (2006), 188-190

REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOG¸AISSN 950-9467-11Año 1 N… 1 (2003)

Sumario / SummaryEditorial

Artículos

• Dora Orlansky, Andrea Makón

De la Sindicalización a la informalidad.

El caso de Repsol – YPF

• Consuelo Flecha García

La mirada de las mujeres al mundo académico

• María José Marcogliese

La migración reciente de Europa central y oriental a la Argentina,

œUn tratamiento especial?

• Ernesto Meccia

Derechos molestos. Análisis de tres conjeturas sociológicas

a la incorporación de la problemática homosexual

en la Argentina

• Graciela Climent

La maternidad adolescente, una expresión de la cuestión social

• Rodrigo Carbajal

Transformaciones socioeconómicas y urbanas en Palermo

• Isabel Hernández

Los pueblos indígenas y la sociedad de la información

en América Latina y el Caribe: un marco para la acción

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REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOG¸AISSN 1667-9621Año 2 N… 2 (2004)

Sumario / SummaryEditorial

Artículos

• Dora Barrancos

La construcción del otro asimétrico: Mitos científicos

entre los siglos XIX y XX

• Graciela Biagini

De implicancias y sentidos: „efecto sida‰ y sociedad civil

• María Constanza Street

Disolución Conyugal, organización familiar y condiciones

de vida. Aportes para su comprensión

• Pablo Barbetta y Karina Bidaseca

Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001

„Piquete y cacerola, la lucha es una sola‰ œemergencia discursiva

o nueva subjetividad?

• Mirta Quevedo y Dora Beatriz Neumann

Diversidad sociocultural, variedades lingüísticas y

fracaso escolar

• Mariano Oropeza

Reconstrucción de una teoría del sentir en Simmel

• Fernando Díaz Orueta

Turismo, Urbanización y Cambio Social

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REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOG¸AISSN 1667-9261Año 2 N… 3 (2004)

Sumario / SummaryEditorial

Artículos

• Moreno Mínguez, Almudena

Reducida fecundidad versus reducida participación laboral

de las mujeres en los Estados de bienestar del sur de Europa:

evidencias e interpretaciones

• Figari, Claudia y Dellatorre, Graciela

Universidad y educación en las representaciones de los jóvenes

que estudian educación. Viejos y nuevos sentidos del mandato moderno

• Bukstein, Gabriela

Análisis de las entidades de microfinanzas y beneficiarios

en la Argentna

• Abal Medina, Paula

Identidades colectivas y dispositivos de control en el marco

del empleo asalariado joven. Un estudio de casos en el sector

supermercadista

• Di Pietro, Susana

El concepto de socialización y la antinomia individuo/sociedad

en Durkheim

• Wilkis, Ariel

Apuntes sobre la noción de estrategia en Pierre Bourdieu

• González Pérez, Teresa

Las isleñas en la diáspora americana

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REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOG¸AISSN 1667-9261Año 3 N… 4 (2005)

Sumario / SummaryEditorial

Artículos

• Ruth Sautu, Paula Boniolo, Pablo Dalle, Rodolfo Elbert e

Ignacia Perugrría

Corrupción y democracia en la Argentina: La interpretación

de los estudiantes universitarios

• Víctor Armony

Aportes teórico-metodológicos para el estudio de la producción

social de sentido a través del análisis del discurso presidencial

• Edgar S.G. Mendoza

Gobernabilidad Urbana en Guatemala: Dos estudios de caso

• Sebastián Gabriel Mauro

La campaña electoral por la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires:

estrategia políticas e Inteligibilidad de la agenda

• Inés Pérez y Andrea Torricella

Memoria de género y biografía familiar

Notas

• María Fernanda Juarros

Nuevos patrones en la producción de conocimiento. Los efectos

de la vinculación entre los principios del mercado y los valores

académicos

• Gustavo, Andino

Más educación para menos empleo

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REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOG¸AISSN 1667-9261Año 3 N… 5 (2005)

Sumario / SummaryArtículos

I. Sujetos e Identidades

• Catalina Wainerman

Reproducción o cambio intergeneracional en las prácticas domésticas

cotidianas. Acerca de la validez de la información de

„Protagonistas‰ y „Cronistas‰

• Teresa González Pérez

Relatos sobre las mujeres canarias en los libros de viajeros

• Ernesto Cera Tecla

El mesero de café

• Gonzalo Alejandre Ramos, Javier Pineda Muñoz

El poder político y el sujeto en la época de la globalización

• Juan Gabino González Becerril

Inserción laboral de los migrantes calificados de origen mexicano

en Estados Unidos, 1990-2000

• Verónica Tobeña

Representaciones sociales sobre el adolescente entre un grupo de

profesionales dedicados a la salud: œuna cuestión de abordaje disciplinar?

II. Pobreza

• Xavier Rambla

Los instrumentos de la lucha contra la pobreza: una revisión de dos tesis

sociológicas sobre las estrategias de focalización y activación

• Eduardo Andrés Sandoval Forero

Pobreza y género en los indígenas contemporáneos

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• Soledad Analía Pérez

Reflexiones en torno de la construcción social del Síndrome

de Muerte Súbita del Lactante

• Esteban. Bogani, Marco Grosso, Ernesto. Philipp, Agustín. Salvia

y Julio. Zelarayán

Aunque no alcance, se trata de sumar. El comportamiento de las

mujeres, hombres y hogares participantes en el Plan Jefas y

Jefes de Hogar Desocupados

• Liliana Tamagno , Stella Maris García , Maria Amalia Ibáñez Caselli,

Maria del Carmen García , Carolina Maidana , Marcela Alaniz y

Verónica Solari Paz

Testigos y protagonistas: Un proceso de construcción de conocimiento

conjunto con vecinos Qom. Una forma de hacer investigación

y extensión universitaria

III. Educación

• Dora Beatriz Neumann y Mirta Edith Quevedo

La interacción en aulas de segundo ciclo de la Educación

General Básica: œcomunicación o desencuentro?

• Lisandro Laura

Curriculum. Reflexiones sobre los obstáculos para su formulación

e implementación

• María Eugenia Cabrera

Paradojas de la reforma educativa: extensión de la escolaridad y

exclusión educativa

Notas

• Diego Pereyra

Las revistas académicas de sociología en la Argentina. Racconto

de una historia desventurada

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REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOG¸APublicación Internacional de Ciencias Sociales.

CONSEJO DE PROFESIONALES EN SOCIOLOG¸A. Año 4 N… 6, Buenos Aires, mayo/junio 2006

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