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Recomendaciones para la Gestión de riesgos por escalamiento de la protesta social a vías de hecho Versión 1 (2015 11 15). Pág. 1 de 26 1

Recomendaciones para la Gestión de Riesgos por Escalamiento de la Protesta Social a Vías de Hecho(Versión 1, de 2015 11 15)

1. Introducción

El objetivo del presente documento es facilitar a las empresas del sector minero energético, herra-mientas y buenas prácticas, según los límites de acción y competencia de cada empresa, para dar respuesta apropiada a situaciones de protesta social y su potencial escalamiento a vías de hecho. Los lineamientos aquí contenidos son resultado del conocimiento y aprendizaje de los integrantes del CME, la revisión de algunos conceptos clave, y los siguientes documentos de referencia:

• Los Principios Voluntarios en Seguridad y DD.HH. (PV).• Los Principios Rectores sobre Empresas y DD.HH. de Naciones Unidas (PRNU).• Las “Recomendaciones para la Gestión de Riesgos de Derechos Humanos Relacionados con

la seguridad”, emitidas por el CME en junio 20 de 2013.• El Protocolo de atención a contingencias por presiones sociales a la industria petrolera. Asocia-

ción Colombiana del Petróleo, 2013.

En este documento se utilizan las siguientes siglas:

• DD.HH.: Derechos Humanos.• ESMAD: Escuadrón Móvil Antidisturbios.• PND: Plan Nacional de Desarrollo.• PRNU: Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico• PS: Protesta Social.• PV: Principios Voluntarios.

2. Marco Legal y Normativo

Laspresentesrecomendacionesylagestiónderiesgosanteconflictosmanifestadosenprotestasocialy vías de hecho, están orientadas por el marco legal vigente en Colombia y las normas internacionales concebidas para su tratamiento. En particular, las empresas deben tener en cuenta que:

a. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece el marco general desde el cual el respeto a la vida, a la libertad (de reunión, asociación, de expresión, de pensamiento…)




ylaseguridaddetodapersona,handeserprioridadesparacumplirconlosfinesesencialesdelEstado de derecho.

b. La libertad de reunión y manifestación es un derecho que está consagrado en los principales tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales el Estado colombiano es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 15) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 21).

c. La Constitución Política de Colombia de 1991 determinó, entre otras garantías, el ejercicio de la participaciónciudadana(Art.40)yelderechodereuniónymanifestaciónpúblicaypacífica(Art.37), como expresiones legítimas de protesta social y como mecanismo válido para la realización de la democracia.

d. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución Política colombiana, so-lamenteelderechodereuniónymanifestaciónejercidosenformapacíficagozandeprotecciónlegal.

e. De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia C-742 de 2013) la protección y el respetoefectivodelalibertaddereuniónymanifestaciónpacíficasimplicanlagarantíadequeéstapueda desarrollarse por cualquier persona o grupo de personas sin discriminación alguna, tanto en su dimensión estática (reunión) como dinámica (movilización).

f. Laparticipaciónenprotestaspacíficaspuedeserunaformaimportantedeejercerlaslibertadesdepensamiento y expresión. Los derechos a la libertad de pensamiento y expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona; y su ejercicio es esencial para cualquier so-ciedad por cuanto constituyen la base de toda sociedad libre y democrática.

g. Siendolaparticipaciónenreunionesymanifestacionespacíficasunalibertadalaquetodapersonatiene derecho; esto implica que nadie puede ser forzado u obligado a participar en aquellas.

h. La Corte Constitucional en la Sentencia T-456 de 1992 indicó que: “no se puede considerar el de-recho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se”. No obstante, “…sólo el legislador podrá establecer los casos en los cuales puede limitarse el ejercicio del derecho de reunión y manifestación”, porque ante todo se debe “…conciliar el libre ejercicio del derechoyelordenpúblico,asícomoarmonizarlosconflictosdelderechodereuniónymanifesta-ción de ciertas personas con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás”.

i. De acuerdo con este marco jurídico, el ejercicio de la libertad de reunión y manifestación admite restriccionesqueseanrazonablesconelfindeasegurarsudesarrollopacífico,asícomodispersar




aquellas que se tornan violentas u obstructivas, siempre que tales límites se encuentren regidos integralmente por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

j. El Principio de Legalidad establece que sólo son legítimas las restricciones a la libertad de reunión y manifestación que estén expresamente previstas por la ley. El Principio de Necesidad exige que estas restricciones sean estrictamente necesarias en el contexto de una sociedad democrática. El PrincipiodeProporcionalidadrequierequeestasrestriccionesseanproporcionalesalfinquesepre-tende lograr, que no debe ser otro que en el interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

k. La Sentencia C-024 de 1994 indica que “el derecho de reunión ha sido concebido como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos (…)”.

l. El Código Penal Ley 599 de 2000 en su artículo 469 establece que: “Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funcio-nes, incurrirán en prisión de 16 a 36 meses”.

m. La Ley 1453 de 2011 (o Ley de Seguridad Ciudadana) de 2011, en su artículo 44 establece que: “… El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión (…) Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso1”.

1 Es muy importante tener en cuenta que -según la jurisprudencia y doctrina internacional- el supeditar el ejercicio del de-recho a reunirse y manifestarse pacíficamente a la obtención de una autorización o permiso previo es incompatible con el respeto y protección de estas libertades fundamentales. Ahora bien, la exigencia de una autorización previa no debe confun-dirse con la exigencia del aviso previo de 48 horas sobre la intención de reunirse y manifestarse públicamente que contempla el artículo 102 del Código Nacional de Policía; restricción que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos admite como compatible con el respeto a la libertad de reunión y manifestación pacífica en tanto obedezca a la necesidad de que las autoridades del Estado puedan facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica y tomen medidas para proteger la seguridad y el orden públicos y los derechos y libertades de los demás. La Corte Constitucional re-visó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 44 de la Ley1453 de 2011 (Sentencia C-742 de 2012) y estableciendo que “El permiso al que alude la norma debe entenderse entonces como el resultado de un aviso previo, que no persigue solicitar autorizaciones para ejercer un derecho fundamental, sino que “tiene por objeto informar a las autoridades para que tomen




n. La Ley 1453 de 2011, en su artículo 45 dice que “El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivoovehículooficial,incurriráenprisióndecuatro(4)aocho(8)añosymultadetrecepuntotreinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

o. La ley 1753 de 2015 (PND), Artículo 124, por medio de la cual se establece que “El Gobierno Nacional crearáypondráenfuncionamientoelSistemaIntegraldePrevenciónyGestióndeConflictos,orien-tadoageneraralertastempranasquepermitan,enejerciciodeldiálogodemocrático,evitarconflictossociales, económicos y ambientales. El sistema deberá estar articulado con los demás sistemas u observatorios existentes en el sector público, así como con las entidades territoriales (…)”.

3. Conceptos Clave

Los siguientes conceptos buscan facilitar el conocimiento y la comprensión de la relación entre empresas y protesta social (Ver Anexo, Glosario complementario).

a. Protesta social

La protesta social –PS- se ha entendido como “una acción colectiva que expresa intencionalmente demandas y/o presiona soluciones ante el Estado —en sus diversos niveles—, entidades privadas o individuos” (Archila Neira, 1995)2. Detrás de toda PS hay un reclamo por alguna necesidad humana, un interés afectado o algún derecho vulnerado. Desde el punto de vista sociológico, una característica esencial de la PS es que ella no pretende la destrucción física del contradictor o antagonista, por más vehemente que sea su expresión y manifestación.

b. Formas de protesta social

Algunas formas de PS conocidas son el paro, la huelga, la marcha, la manifestación, la asamblea in-formativa y el mitin (Consultar Anexo 1; Procedimiento de Fuerza Pública y Glosario complementario).

las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias”.2 Archila Neira, Mauricio. “Protestas sociales en Colombia 1946-1958”. En: Revista Historia Crítica, Bogotá, Universidad de los Andes, número 11, julio –diciembre de 1995.




c. Escalamiento de la protesta

Es el potencial aumento de riesgos cuando la protesta social se torna violenta u obstructiva en tal grado que puede afectar gravemente la seguridad pública (nacional, ciudadana), el orden público (tranquilidad, salubridad,moralidad)ylosderechosylibertadesdeotrosajenosatalprotesta.Escalamientosignificaaumentoostensibleycrecienteeneltiempo.Enelcontextocolombiano,dichanociónsignificalatenden-cia de aumento de las manifestaciones y reclamos de diversa índole de personas, grupos y comunidades, especialmenteenaquellosterritoriosdondeelconflictoarmadosehaidotransformandoyhaimpactadola calidad de vida de las comunidades3. A nivel mundial, las tendencias indican que cada vez hay y habrá más protestas sociales, a través de movimientos cívicos y de las movilizaciones por diferentes motivos políticos, ambientales, económicos, culturales y en general por las crisis de sobrepoblación.

d. Vías de hecho

Para efectos de estas Recomendaciones se entenderá como una vía de hecho, las acciones violentas u obstructivas cometidas bien sea por un individuo, grupo o por la totalidad de los participantes de una manifestación pública, que constituyan delitos bajo la legislación penal vigente o afecten gravemente la seguridad nacional (es decir, la integridad territorial del país o situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e inminente de colapso del orden democrático); la seguridad y orden públicos (es decir, las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prospe-ridad general y el goce de los Derechos Humanos); la salud pública (es decir; las condiciones de acceso básico a la alimentación y a la nutrición, a la vivienda, al agua limpia y potable, a condiciones sanitarias adecuadas, a condiciones de trabajo seguras y sanas, y a un medio ambiente sano); la moral pública (es decir, “la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia” que para la sociedad colombiana no es otra cosa que los principios y valores de nuestra Constitución Política), y los derechos y libertades de los demás (es decir, luego de su ponderación con los derechos y libertades establecidos en normas internacionales y nacionales sobre DD.HH., en el contexto de una sociedad democrática).

3 También se pueden identificar, por ejemplo, la débil gobernanza por parte de algunas autoridades municipales y departa-mentales; y procesos democráticos restringidos o insuficientes que impiden la resolución de los conflictos sociales por vía de la participación y el diálogo de algunos sectores de la población. En ese mismo sentido, la Relatoría para la Libertad de Expre-sión de la CIDH, en su informe anual de 2005 (Capítulo V) señaló que “Los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a la información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denun-cias se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del hemisferio, la protesta y la movilización social se han constituido como herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los Derechos Humanos”. Ver:http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lI




Unapersonaquemantengauncomportamientoo intencionespacíficasnoperderáelderechoa lalibertaddereuniónymanifestaciónpacíficacomoconsecuenciadeactosesporádicosdeviolenciauotros actos punibles cometidos por otras personas durante una manifestación.

e. Conflictos

Seentiendeporconflictosaquellassituacionesenquedosomásactoressocialesmanifiestandiferen-tesinteresesyvisionessobreunarealidadespecífica,lascualesdesatancrisisotensionescuyasdi-vergenciasdinamizanlavidaensociedad.Enunsentidonegativo,cuandolosconflictosseconviertenen confrontaciones armadas con uso de violencia, se entiende que son situaciones destructivas. En unsentidopositivo,losconflictosviablesdeconcertaciónyacuerdosfavorablesalaconvivencia,seconsideran constructivos y necesarios para la generación de sentido en la vida colectiva.

f. Protestapacífica

Es aquella manifestación pública que no pone en riesgo ni peligro la vida, ni la libertad de las personas, es decir, no vulnera otros derechos; tampoco afecta bienes ni obstruye la prestación de servicios públicos o privados. Sus características son la ausencia de violencia, el respeto por los Derechos Humanos y la actua-ciónconformealmarcolegal.SegúnlaOCDE“Sedebeconsiderarunamanifestacióncomopacíficasisusorganizadoreshanmanifestadointencionespacíficasyeldesarrollodelamanifestaciónnoesviolenta.Eltérmino“pacífica”debeinterpretarsedetalmaneraqueincluyalasconductasquepuedanmolestaruofen-der,ademásdeaquellasquepuedantemporalmentedificultar,impediruobstruiractividadesdeterceros”4.

g. Riesgo

Es una situación en potencia o contingencia (que puede o no suceder), respecto a la proximidad a un daño, y estar expuesto a una adversidad. Según ciertas normas, el riesgo es un “efecto de la incerti-dumbre sobre los objetivos (…), a menudo caracterizado por la referencia a los eventos potenciales (…), y se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento incluyendo los cambios en las circunstancias y en la posibilidad de que suceda (ISO 31000: 2009).

h. Gestión del Riesgo

Se entiende como el proceso mediante el cual una organización desarrolla la capacidad para identi-ficar,caracterizar,analizar,evaluar,valorarytratarelriesgo.Enesencia,gestionarelriesgosignificareducirlo o minimizarlo mediante procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas que establecen dicha gestión.

4 OCDE, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, Second Edition, 2010.




i. Evaluación del riesgo

Es la actividad que desarrolla una compañía para la aplicación de escalas de valoración relativas en términos de probabilidad y severidad o consecuencias a los riesgos en el ambiente donde ella opera, o planea operar. La evaluación del riesgo es crucial para la seguridad del personal, las comunidades locales y los activos. Su calidad depende en gran medida de la obtención regular de información actua-lizada y creíble desde un amplio rango de perspectivas: gobiernos nacionales y extranjeros, compañías de seguridad, otras compañías, instituciones multilaterales y la sociedad civil.

j. Mitigación del riesgo

Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada, cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente (Noción inferida de la Ley 1523/12).

k. Prevención del riesgo

Medidasyaccionesdeintervenciónrestrictivaoprospectivadispuestasconanticipaciónconelfindeevitar que se genere riesgo. Prevenir el riesgo implica su evasión, mitigación o aceptación, en cuanto a sus impactos negativos a través de su gestión y evitar su concreción.

l. Seguridad territorial

Laseguridadterritorialserefierealasostenibilidaddelasrelacionesentreladinámicadelanaturale-za y la dinámica de las comunidades en un territorio particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social (Tomado de la Ley 1523/12).

m. Amenaza

Esunaacciónqueafecta,influyeyrepresentalamaterializacióninminentedeunhechoosuceso.Enelcontextodelosconflictossociales,políticos,económicosoambientalesentreotros,lasamenazassonfenómenosquegeneranimpactosnegativosimpidiendoellogrodefinespreestablecidos.

n. Oportunidad

Es aquella coyuntura de tiempo, modo y lugar sobre alguna situación de conveniencia; es la proba-bilidad de ocurrencia de algo positivo. Se dice que toda situación de riesgo también implica de algún modoidentificaroportunidades.Sinembargo,estasdependende lascapacidadesdeanticipacióndesarrolladas por una organización.




o. Vulnerabilidad

Es la condición de un objeto de ser dañado o afectado negativamente. En este sentido, la vulnerabi-lidad es igual al conjunto de debilidades, fallas o factores de riesgo ante amenazas e incertidumbres.

p. Capacidad

Es el grado de disposición formal o material para responder ante situaciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad.Todaorganizacióndebedesarrollarcapacidadesparasobrevivirasuentorno,influirenél, adaptarse o transformarlo según los objetivos que pretenda.

q. Pertinencia

Estodoaquelloconcernienteycoherenteconunfinperseguido.Enelámbitodelasorganizacionesim-plicaelconocimientonecesarioysuficienteparaeldesarrollodecapacidadesanteriesgos,amenazasylaidentificacióndeoportunidades.

r. Relevancia

Eselniveldeimportanciadealgoporelsignificadodesusefectos,resultadosoimpactosenunarea-lidad.Enlagestióndelriesgosedebenidentificarlosfactoresderelevanciaparapriorizarlostemasde agenda y las acciones a seguir. Hay asuntos que son relevantes, más no siempre son pertinentes en un momento de crisis.

s. Seguridad pública

Es una función del Estado para garantizar el pleno ejercicio y desarrollo de los derechos y libertades. En el contexto colombiano esta noción ha sido relacionada con <<orden público>>, cuya conservación reside en el Presidente de la República (Art. 189 n.4 CP). En todo caso, la seguridad pública deviene de lasAutoridadesdelaRepúblicaconelfindeprotegeratodaslaspersonasresidentesenColombia,ensu vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (Art. 2º CP). Adicionalmente, la noción de seguridad ha evolucionado, concebida más allá de visiones militares y policiales, relacionada con dimensiones económicas, jurídicas, sociales, ambientales y tecnológicas, entre otras.

t. Seguridad desde el Sector Minero Energético.

Consiste en la búsqueda del equilibrio entre los factores económicos corporativos, jurídicos, de ope-ración y del entorno social-ambiental. La seguridad desde la empresa no es solamente el servicio privado de vigilancia contratado, sino además, la capacidad organizacional de gestión sobre riesgos, impactos y oportunidades, en coordinación con actores gubernamentales competentes en el campo de la seguridad pública y la justicia.




u. Orden público

En el contexto colombiano el orden público es una función del Presidente de la República como autoridad administrativa (Art. 189 Numeral 4º CP), consistente en conservar dicho orden en todo el territorio y resta-blecerlo donde fuere turbado. Para ello corresponde al Presidente dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como comandante supremo. De igual forma los gobernadores y alcaldes tienen a cargo los asuntos del orden público.

4. Recomendaciones Generales

Situación Recomendación

Las manifestaciones públicas expresadas por vías de hecho, son por lo general el resultado de cadenas de eventos previsibles, bien sea por descuido de las instancias competentes, fallas del Estado y los gobiernos, u originadas por marcadas desigualdades sociales. Las empresas siempre están expuestas a tales contextos conflictivosdemododirecto o indirecto.

Generarymantenerdiálogosocialconlascomunidadesdelasáreasoperacióneinfluenciadelaempresaoaquellasregionesdeinteréscorporativo,conelfindeconocerconanticipación,susne-cesidades,expectativasypotencialesconflictos.Loscontratistasdebenrecibirinducciónbásicaso-breformasdediálogosocialeinteraccióneficiente,especialmenteconlascomunidadesenterreno.

La empresa debe prestar especial atención a los niveles de transparencia, rendición de cuentas y atención oportuna a las necesidades y peticiones de la comunidad por parte de las autorida-desgubernamentales.Estossonfactoresdelentornoespecíficoquedeterminan:a)elpotencialde que se generen manifestaciones; b) la capacidad y voluntad de movilización de los miembros de la comunidad; c) el potencial de que las manifestaciones se tornen violentas y c) la probabi-lidad de que estas se vuelquen contra las empresas del sector extractivo como mecanismo de presión indirecta a dichas autoridades.

Si bien las particularidades del entorno y contexto determinan la manera en que puede desa-rrollarse una protesta social y, por consiguiente, las medidas para gestionar su atención y ries-gos que se pudiesen derivar de ella; es importante considerar y analizar experiencias, buenas prácticasyleccionesaprendidassobredichagestiónenlasquesepuedanidentificarfactoresanálogos en materia de capacidad institucional (municipal, departamental y/o nacional) de las autoridadesdegobiernoypolicialesparaplanificarlaprotecciónycontroldelamanifestacióny reaccionar frente a conatos de violencia dentro de las mismas, en el marco del respeto de los Derechos Humanos.





La actualización permanente sobre el conocimiento de los territorios, sus actores, intereses, necesidades y dinámicas de la población, se convierte en prioridad para la gestión, evaluación, mitigación y prevención del riesgo por escalamiento de vías de hecho, emergentes de conflictividadessociales.

Monitorizar y analizar a diario un amplio y diverso despliegue de fuentes de información sobre los posibles actores de protestas, sus motivaciones, sus objetivos, sus medios y métodos para manifestarse, contribuye a una adecuada gestión de la protesta y de los riesgos que se pudie-sen derivar de ella. Es importante no desestimar, a priori, ninguna información.

Laempresaylasautoridadespúblicasdebenuniryenfocaresfuerzosparaidentificaralertastempranasreferentesafenómenosdeconflictividadsocialyelconocimientoclarodelcontextoen donde se generan.

TambiénsedebeEstablecerunmapadeconflictividadessocialesenelquesepuedaniden-tificarlasprincipalesnecesidades,problemasytensionesentrelosdiferentesactoreslocalespúblicos y privados (líderes, comunidades, autoridades, otras empresas, entre otros). Si bien muchas empresas ya cuentan con sistemas de información y monitoreo del entorno, la cambian-teconflictividadsocialexigeactualizaciónconstante.

La empresa debe indagar si las respectivas autoridades públicas de gobierno en sus entornos deoperacióntienenidentificadaslascausaslegítimasdelasprotestasycuentanconprogramaspara participar activa y creativamente en su solución. La empresa, a través de sus iniciativas de Responsabilidad Social, podría fortalecer esos programas.

El deficiente relacionamiento y cumplimiento de las responsabilidades y compromisos conrespecto a sus grupos de interés, tanto de la empresa como de las compañías que confor-man su cadena de valor, constituye un factor de riesgo que las empresas deben gestionar y resolverdemaneratemprana,afindeevitarquelaconflictividadsocialdesemboqueenunamanifestación pública. (continua...)





La actualización permanente sobre el conocimiento de los territorios, sus actores, intereses, necesidades y dinámicas de la población, se convierte en prioridad para la gestión, evaluación, mitigación y prevención del riesgo por escalamiento de vías de hecho, emergentes de conflictividadessociales.

(...viene) Una adecuada socialización de los proyectos y actividades por parte de la empresa con las comunidades del entorno, donde se exponga clara y detalladamente sus alcances, contribuyeagenerarcredibilidadyconfianzaenlaempresay,asimismo,amitigarelriesgodemanifestaciones violentas o por vías de hecho.

Cumplir los compromisos expuestos y adquiridos en la socialización de los proyectos por parte de la empresa con las comunidades del entorno donde se llevará a cabo la operación, es deter-minante para evitar una reacción de la comunidad a través de la protesta.

Se debe contar con el respaldo y seguimiento, por parte de los altos directivos de la empresa, a lagestiónparalaprevencióndelaconflictividadsocialquepuedaestargenerandolaempresao las compañías que conforman su cadena de valor, así como a la gestión de los riesgos que se puedan derivar de la atención y control de una protesta.

La conformación de equipos de trabajo de varias áreas y especialidades dentro de la empresa, fortalece el proceso de conocimiento y análisis del entorno.

Se recomienda que la empresa incluya en su proceso de gestión del conocimiento, el análisis sistemático de las protestas sociales que la hayan impactado directa o indirectamente. Esto con elobjetivodeidentificar,documentarydivulgarlasleccionesaprendidasyrecomendacionesenrelación con su atención y control y, asimismo, promover su incorporación tanto en el sistema de gestión de riesgos de la compañía como el de las autoridades públicas involucradas.

Identificaciónde los riesgos e inseguridad. Las manifestaciones públicas no representan per se un riesgo. No obstante, hay factores internos o externos, políticos, económicos, sociales, jurídicos, ambientales o de otra índole, que pueden ser aprovechados por actores al margen de la ley en las coyunturas de protesta social.

Realizarmonitoreopermanentesobrefactoresquepuedenfavorecereldesarrollodeconflictosconducentes a manifestaciones, amotinamientos o movilizaciones masivas que puedan afectar la operación de la empresa. Los medios de comunicación, las autoridades locales, la comunidad y otras fuentes de información, amparadas en el marco de la ley, son recursos importantes para anticipar sucesos de riesgo.





Potencial de violencia. Dependiendo del contexto, las manifestaciones de violencia pueden esparcirse o focalizarse en regiones o territorios particulares, y pueden desarrollarse con poca o ninguna señal de advertencia.

Consultar con actores de la sociedad civil (evaluados los riesgos de tal consulta), las autorida-des, los representantes de los gobiernos, otras empresas y las fuentes disponibles, sobre posi-blesriesgospotencialesdeviolenciaidentificados.Lasevaluacionesderiesgodebenexaminarlos patrones de antecedentes respecto a protestas violentas en las áreas de operación de la compañía, y las lecciones aprendidas favorables a su prevención.

Es importante identificaryanalizar los riesgosdequeen laprotestase infiltrenagitadoresprofesionales para generar enfrentamientos y daños a los bienes públicos, así como confron-tación con la Fuerza Pública.

Antecedentes de omisión por parte de las autoridades de gobierno municipal, departamental o de seguridad pública con respecto al cumplimiento de sus obligaciones en la gestión de la atención y control de protestas, constituyen un riesgo que se debe gestionar tempranamente porpartedelasempresasquepuedanverseafectadasenescenariosdeconflictividadsocial,acudiendo incluso a la intervención de los órganos de control del Estado y a las instancias de gobierno nacional concernidas.

Relación con autoridades territoriales y del orden nacional. Cuando los conflictosderivadosde la protesta social escalen a vías de hecho, y que de manera directa o indirecta afecten los intereses de la empresa o su normal operación, éstas deben denunciar ante las autoridades competentes y en el nivel territorial correspondiente.

Acudir a la Alcaldía como primera instancia competente. En el ordenamiento jurídico vigente los alcaldes son los competentes, en primera instancia, para preservar y restaurar el orden público en su municipio, sin mediación ni decisión de otros órganos del Poder Ejecutivo. Los gobernadores pueden intervenir cuando lo consideren necesario, pero en general lo harán si el alcalde no está cumpliendo sus deberes o si la crisis afecta a más de un municipio; sus actos y órdenes tienen prelación sobre las de los alcaldes. El Presidente de la República puede también intervenir para conservar o restaurar el orden público si el gobernador no está cumpliendo sus deberes o si la crisis afecta más de un departamento; sus actos y órdenes tienen prelación sobre las de gobernadores.

Cuando exista el potencial o se planee la realización de una manifestación, las autoridades públicascompetentesdebenprepararunanálisisderiesgoseimpactosafindedeterminarlosrecursos que se necesitan para la gestión de la atención y control de multitudes, así como para la protección de los Derechos Humanos.

Las autoridades públicas encargadas de proteger y controlar la protesta deben asegurar que susrecursoslogísticosydepersonalsonsuficientesyaptosparaadelantaresatarea,encon-cordancia con la adopción e implementación de las medidas necesarias para prevenir y mitigar losriesgosidentificadosenelprevioanálisisdelescenarioycondicionesenlasquesedesarro-llará la manifestación pública.

Si bien las entidades públicas deben racionalizar su gasto, esto no debe ir en perjuicio de la adopción e implementación de las medidas que sean necesarias para el control y mitigación de los riesgos que se puedan derivar de vías de hecho cometidas en el marco de una manifes-tación pública; ni mucho menos que ello impida planear y apropiar los recursos para atender sobrecostos generados por imprevistos y contingencias. (continua...)





Relación con autoridades territoriales y del orden nacional. Cuando los conflictosderivadosde la protesta social escalen a vías de hecho, y que de manera directa o indirecta afecten los intereses de la empresa o su normal operación, éstas deben denunciar ante las autoridades competentes y en el nivel territorial correspondiente.

(...viene)Lapolicíadeberecibirsuficienteapoyologísticoyentrenamientoconantelaciónparamitigar el riesgo de que recurran a medidas desesperadas de control de multitudes.

Las autoridades competentes deben tomar medidas razonables para proteger los derechos de todos en situaciones de manifestaciones públicas. Las medidas de seguridad deben diseñarse con precisión para alcanzar objetivos legítimos en materia de seguridad; y no se deben situar a los manifestantes demasiado lejos del objetivo de su protesta, de forma que su mensaje no pue-da ser efectivamente expresado y oído. En efecto, Las personas no solamente tienen el derecho a expresar sus opiniones, también tienen el derecho a que sus expresiones sean escuchadas y vistasporlaspersonasalasqueestántratandodeinfluenciar.

Las autoridades civiles municipales y departamentales deben requerir que sus departamentos de policía desarrollen e implementen políticas y procedimientos para gestionar el control de multitudes de manera que no restrinjan indebidamente los derechos y libertades; provean ins-trucciones claras sobre el uso de la fuerza; y que establezcan adecuados avisos y tiempos para que las manifestaciones se dispersen a lo largo de rutas de dispersión claras y seguras.

Protesta social pacífica.Aunen los casos que se realicen manifestaciones de protesta social pacíficamenteenáreas que pueden afectar los intereses o la operación de la empresa, es importante tomar las medidas preventivas ydeidentificacióndepotenciales riesgos.

Solicitar información de modo respetuoso a las autoridades competentes (Art. 23 CP). En zonas demayorconflictividad,lasempresasdebensolicitarconciertaregularidadalasGobernacio-nes, Alcaldías o Comandos de Fuerza Pública (Militares y de Policía), información sobre pro-testassocialesautorizadasopróximasarealizarseenáreasdeinfluenciaeinterés.Loanterior,conelfindeprevermedidascorporativas(posiblesafectacionesdeoperación,transporte,aúnen condiciones de tranquilidad).





Protesta social con expresiones violentas o vías de hecho. Las situaciones que manifiestenelinicio, escalada, resistencia y potencial incremento de hechos violentos derivados de “protesta social” que vulneren derechos o afecten los bienes, servicios, intereses y operaciones de la empresa en ciertas áreas, tendrán un tratamiento interno de seguridad y externo con instancias competentes.

Activar Comité de crisis o quipo de seguridad de la Empresa. En situaciones de alteración del orden público en áreas que afecten la operación o intereses de la Empresa, nivel interno se acti-vará un Comité de crisis o la estructura que la organización haya previsto para actuar ante tales circunstancias. Según el ordenamiento jurídico vigente (Constitución Política, Régimen depar-tamental y municipal, Códigos de policía, entre otras normas), los particulares deben informar a las autoridades competentes (Alcaldías, Gobernaciones, Comandos de Policía) y exigir de ellas su protección en casos de vías de hecho o algún tipo de violencia.

Es recomendable que la empresa cuente con un protocolo de relacionamiento con las autoridades públicas encargadas de atender y controlar las protestas que puedan afectarla directa o indirecta-mente,conelfindecompartiranálisisenmateriadegestióndelosriesgosderivadosdelasmani-festaciones, así como recomendaciones para la prevención y mitigación de los riesgos e impactos adversos en los Derechos Humanos de todos los grupos de interés que se puedan ver afectados.

Al momento de evaluar los riesgos que se puedan derivar de una protesta, se recomienda hacerlo con base en el escenario más crítico en el que esta pueda desarrollarse; incluyendo la posibilidad de que algunos manifestantes hagan uso de medios y métodos violentos.

En el marco de dicho relacionamiento, la participación de las autoridades públicas directamente responsables en todo el ciclo de gestión para la atención y control de multitudes puede fortalecer el proceso para una adecuada planeación y desarrollo y asegurar que las decisiones sobre las medidasaimplementarsetomaránconelsuficienteconocimientoeinformación.

En el marco de este relacionamiento, la empresa debe promover que las autoridades de gobier-noasegurenlosrecursoslogísticosyhumanossuficientesparaatenderycontrolarlaprotesta.Esto incluyeunpersonaldepolicíasuficientementeentrenadoenelbuenusode la fuerzaycomprometido con el respeto y protección de los Derechos Humanos.

También debe promover que las autoridades de gobierno establezcan una línea de control y mandoclaramentedefinida;diferenciandolosrolesyresponsabilidadesdelpersonaldesegu-ridadprivadaypública;definiendoloscanalesdecomunicaciónparamantener informadosatodos los involucrados en la gestión de la protesta, acerca de su evolución y de las necesidades de acompañamiento y apoyo que vayan surgiendo. En el marco de dicho relacionamiento, la empresa debe transmitir su compromiso con el respeto y promoción de los Derechos Humanos a las autoridades de gobierno y de fuerza pública; y dejar claro que de requerirse la intervención de la policía, la empresa estará vigilante frente al buen uso que esta haga de la fuerza en caso de ser necesaria.

El proceso de monitoreo y análisis de riesgos debe continuar durante el desarrollo de la protes-ta, efectuando un seguimiento a las actividades o intensiones de los manifestantes; evidencian-do o calculando posibles reacciones y variables que puedan cambiar sustancialmente el curso deunaprotesta;yproyectandosituacionescoyunturalesluegodelafinalizacióndelaprotesta.Losplanesdecontrolymitigacióndelosriesgosdebenserflexiblesydebenircambiandoenlamedida en que también cambien las circunstancias.





Interacción con Fuerza Pública. Si bien las relaciones de las Empresas con su entorno es plural y en términos formales a través de las Alcaldías, Gobernaciones, Juntas de Acción Comunal, líderes y comunidades en general, la interacción con los Comandantes de Fuerza Pública (Comandos de Departamento, Estaciones, Distritos, Metropolitanas de Policía, Brigadas, Batallones militares…) es importante para la gestión de riesgos en materia de seguridad.

Establecer contacto personalizado con Comandantes, Jefes y mandos de la Fuerza Pública. Estodebeserantes,duranteydespuésdesituacionesrequeridas,conelfindesolicitar losoportunos apoyos de protección de personas, bienes y prestación de servicios ante eventuales manifestaciones de protesta social o escalamiento de vías de hecho en áreas de interés corpo-rativo. Además se debe tener en cuenta: • Contar con un directorio de las diferentes entidades y autoridades competentes.• Realizar reuniones con los Comandantes de Policía y conocer de ellos sus protocolos

para la atención de protestas sociales.• En lo posible, interactuar con los Jefes de los ESMAD en los casos de afectación directa a

la Empresa. • Identificarlasvíaspúblicasyotrosespaciosquepuedanserobjetodetomao

manifestaciones de vías de hecho.

La empresa debe indagar sobre el nivel de entrenamiento especializado en atención y control de multitudes de las unidades de policía que realizarán dicha labor; así como sobre el análisis de la condición de las personas que hacen parte de la manifestación. Ese análisis debe poder evidenciar, particularmente, si entre la manifestación es posible que haya sujetos de especial protección constitucional como los son niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres, enfer-mos, personas en situación de discapacidad, etc., que hagan necesario un uso diferenciado de la fuerza (en caso de ser necesaria), así como medidas especiales de protección.

Las medidas de atención y control de los manifestantes por parte de las autoridades públicas deben garantizar el buen uso de la fuerza –en observancia a los principios de necesidad y proporcionalidad- y la prevalencia del respeto y la protección de los Derechos Humanos, como criterio fundamental de esa actuación.

La aplicación de cualquier restricción legítima al desarrollo de reuniones o manifestaciones públicas les corresponde únicamente a las autoridades públicas, de acuerdo con sus funciones y compe-tencias; y nunca al personal de empresas que prestan servicios de seguridad y vigilancia privada.

En situaciones donde hay un potencial de confrontación entre manifestantes y trabajadores y/o personas no involucradas en la protesta, la autoridades de gobierno y policiales deben estable-cer vías de acceso, corredores o perímetros de seguridad (incluyendo, si es el caso, con barre-ras) para asegurarles un tránsito libre y seguro. En ese sentido, las autoridades deben asegurar que el diseño de tales corredores o perímetros sean lo más estrechos posible, de manera que no se restrinjan indebidamente las actividades de manifestación y que no sean más amplias de lonecesarioparacumplirconeseobjetivoespecíficodegarantizarlamovilidaddelaspersonas.

Los dispositivos de seguridad para proteger y controlar la protesta se deben instalar, en la medi-dadeloposible,conpreviaantelaciónysuficienteanticipaciónaldesarrollodelaprotesta.Estofacilita que el uso de la fuerza sea el último recurso en aplicar y permite que haya oportunidades paraabrirespaciosparaundiálogofirme.(continua...)





Interacción con Fuerza Pública. Si bien las relaciones de las Empresas con su entorno es plural y en términos formales a través de las Alcaldías, Gobernaciones, Juntas de Acción Comunal, líderes y comunidades en general, la interacción con los Comandantes de Fuerza Pública (Comandos de Departamento, Estaciones, Distritos, Metropolitanas de Policía, Brigadas, Batallones militares…) es importante para la gestión de riesgos en materia de seguridad.

(...viene)Encualquiermomento,todopersonaldelapolicíadebeestardispuestoaidentifi-carse de manera clara por su nombre y unidad de policía a la que pertenece. La capa externa de las prendas utilizadas por la policía -incluyendo las de los equipos antimotines y para la lluvia-debentenerlosrespectivosnúmerosdeidentificacióndemaneraqueseanfácilmentevisibles. La respectiva unidad de policía debe registrar el nombre de cada agente de policía que recibe estas prendas. El personal encargado de realizar detenciones en el marco de la protesta debe portar en todo momento sus placas o chapas y etiquetas con sus nombres.

Lapolicíadebedarórdenesclarasycontiemposuficienteparaqueunamultitudsedisperse,antes de utilizar la fuerza. Se debe asegurar que estas órdenes de dispersión sean dadas por la persona a la que se le haya asignado esa función y bajo criterios previamente establecidos. También se debe asegurar que estas órdenes sean claramente escuchadas por la multitud, y se debetransmitirverbalmenteladirecciónidentificadahaciadondeestasetienequedispersar.

Mantener la disciplina es crítico –aunque difícil- en situaciones estresantes cuando se presentan confrontaciones a gran escala con manifestantes. Por tanto, la policía debe ser profesionalmen-te entrenada para cumplir de manera profesional con su labor de reaccionar de manera con-trolada y preservando la disciplina ante un lenguaje provocador y comportamientos revoltosos.

Los actos de vandalismo cometidos por algunas personas en el marco del desarrollo de mani-festaciones deben ser atendidos mediante el arresto de las personas que los cometen y no a través del uso de la fuerza contra los manifestantes no violentos.

Al considerar el nivel del uso de la fuerza para hacer respetar la ley, la policía debe considerar el impacto de esa medida en los transeúntes o espectadores que no participan en la manifestación.

Laconductadelapolicíadurantelasprotestasdebereflejarelentrenamiento,planeaciónylareali-zación de juicios razonables sobre cuándo, por qué y qué tipo de fuerza se debería utilizar.

El usar gas lacrimógeno, gas pimienta o balas de goma para despejar las calles eleva inevita-blemente los niveles de tensión. Para muchos manifestantes y espectadores no involucrados en la protesta, el problema se convierte entonces en la reacción misma de la policía a las manifes-taciones, en vez de la causa original de la protesta. La confrontación resultante del incremento del nivel de uso de la fuerza, atrae a personas que de otra manera no estarían en las calles.




5. Lecciones Aprendidas para atender escenarios de conflicto en desarrollo de protesta social y escalamiento a vías de hecho

Ámbito Aspecto Recomendaciones

Ámbito de la Compañía

Medios más eficientesparaidentificarlosintereses de actores internos o externos manifestados por vías de hecho en protestas contra la empresa.

• Monitoreo constante del entorno y el diálogo con los actores involucrados; con el acceso y manejo de información previa sobre la problemática social, laboralodeordenpúblicoqueseregistreensumomento,identificandoconoportunidad el alcance y la connotación de la vía de hecho y su impacto sobre la operación.

• Relacionamiento con autoridades locales, trabajadores, contratistas, comunidades, realización de estudios de riesgos, impactos y oportunidades, seguimiento de prensa y seguimiento de alertas tempranas de la compañía

Aspectos prácticos para fortalecer el uso de mecanismos de recepción, trámite y respuesta de quejas o inquietudes implementados por la empresa ante su entorno inmediato.

• Sistema de retroalimentación de doble vía a quien interpone la queja.• Incorporar recepción y seguimiento de quejas sobre terceros (contratistas) y

reporte de los mismos a los terceros.• Incluir todo tipo de queja que pudiera afectar las relaciones con los grupos

de interés de la empresa.• Activación de un equipo interdisciplinario para análisis y atención oportuna

de alertas sobre posibles afectaciones a la operación.• Autoexamen y calidad del sistema de quejas y reclamos. En ocasiones

las empresas cometen errores, involuntarios la mayoría de las veces, relacionados con falta de control sobre sus contratistas. Si las alertas relacionadas con esos errores no son escuchadas o su atención es demoradaporqueelsistemadequejasyreclamosnoessuficientementeeficaz,quienessequejanpuedennecesitardelaprotestaparaseroídos.Por lo anterior se sugiere:

° Que los afectados estudien si su comportamiento, el de sus contratistas,olafaltadeeficaciadesusistemadequejasyreclamosson causa inmediata o raíz de la crisis.

° Y, si lo son, que los afectados se comprometan a intervenir decididamente esas causas.






Lecciones aprendidas ante conflictosporvíasde hecho contra la empresa.

• Atención oportuna de alertas sobre posibles afectaciones a la operación.• Diálogo permanente y seguimiento a los compromisos adquiridos con las

comunidadesquehacenpartedelasáreasdeinfluenciadirecta,velandopor los cumplimientos estipulados en los respectivos cronogramas, manteniendoconstantecomunicaciónycimentandoloslazosdeconfianzacon los líderes comunitarios.

• Desarrollar planes para atender la situación interna con contratistas, con la población y con las autoridades.

• Identificarapoblacióncivilconcredibilidadparaqueactúecomotercerolegítimo.

• Acudir a la institucionalidad para atender la situación.• No negociar mientras persistan las vías de hecho.• Hacer denuncias judiciales frente a los hechos.• Evitar confrontaciones y posponer hasta el límite la presencia de la fuerza

pública.

Ventajas de analizar los riesgos, impactos y oportunidades (OIR) relativos a conflictoslatentescon comunidades manifestados por vías de hecho.

• Actuación organizada.• Preparación previa de las personas que intervienen.• Marco de acción preventivo.• Minimización de impactos y consecuencias.• Identificacióndelacausaraízdelproblema.

Alternativas para generar cultura de gestión interna de riesgos, oportunidades e impactos anteconflictosexpresados por vías de hecho.

• Contar con una política de gestión de riesgo socializada e implementada en los diferentes niveles de la organización.

• Implementar una Gerencia Corporativa de Prevención de Pérdidas, Riesgos y Seguridad, o, en su defecto, un Comité de Crisis, que aborde el conocimiento en primera instancia de los riesgos en general a los que está expuesta la operación, basados en el aprendizaje continuo, el conocimiento, la preparación y la experiencia, que posteriormente son abordados y evaluados por las áreas competentes para concretar cursos de acción.

• Establecimiento de un organismo rector que lidere la estrategia de gestión (comité de riesgo público y estrategia de riesgo público), o asignar esta función a un área existente.

• Implementación y difusión de protocolos de actuación.• Estrategia de autocuidado: capacitación en prevención del riesgo y planes

preventivos.






Ventajas de contar con Indicadores que midan periódicamente el avance y efectividad de la gestión de riesgos en materia de DD.HH. y seguridad.

• Conocimiento real de las coyunturas que se registran, así como su tendencia y periodicidad.

• Implementación de ajustes en los sistemas de gestión que permitan anticipar las situaciones de riesgo y minimizar la probabilidad de ocurrencia de las acciones de hecho.

Ámbito Local

Aprendizajes de la comunicación con autoridades y grupos de interés.

• Mantener actualizada la base de datos de autoridades locales.• Mantenerunarelacióndeconfianzaconlasautoridadesyconlosgruposde

interés.• Disponer de terceros legítimos.• Ser coherente y transparente en el relacionamiento.• Dar cumplimiento a los acuerdos logrados.• Ser respetuoso y humilde en el relacionamiento.• No negociar mientras persistan las acciones de hecho.• Oír a quienes recurren a las vías de hecho para entender tan bien como

sea posible sus argumentos y motivaciones y las causas raíz de sus inconformidades, quejas o reclamos, y de que hayan recurrido a las vías de hecho.

• Dialogar con quienes recurren a las vías de hecho para disuadirlos de ellas. • Si ese “Escuchar” y “Dialogar” no resultan efectivos en primera instancia,

las opciones remanentes que deben aplicarse de manera gradual son:

° Persistencia en oír y en dialogar para disuadir de las vías de hecho con elfindesentarseluegoanegociarsinqueellasmedien.

° Demandas de responsabilidad civil extracontractual si se causan impactos económicos adversos. El ánimo de las demandas de responsabilidad civil extracontractual debiera ser la disuasión de las vías de hecho más que el resarcimiento del daño económico causado.

° Denuncias penales por daño ambiental, extorsión o secuestro, si esas conductas se consuman tal y como se prevé en el Código Penal.

° Uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para mitigar el impacto en los derechos de otros ciudadanos y para restaurar el orden público.





Ámbito Local

Medios más efectivos para gestionar y prevenir los riesgos a los que se hayan visto expuestas las comunidades y así evitar manifestaciones por vías de hecho.

• Comunicación, diálogo, contacto permanente y oportuna atención alascomunidades,generandoasíconfianzaentrelaempresaylascomunidades.

• Gestión social adecuada, gestión responsable con proveedores locales (en particular en lo laboral y en la provisión de bienes y servicios).

Aprendizajes en la evaluación de exigencias de comunidades u otros actores para prevenir potenciales crisis sociales.

• Delimitación de competencias y responsabilidades entre la empresa y el Estado.

• Mantener al día la información sobre el estado de avance de la gestión para dar cumplimiento a los compromisos legales o voluntariamente adquiridos.

• Difundir previamente ante la comunidad el objetivo del valor compartido.• Implementar de forma acertada las políticas del Gobierno en materia del

Sistema Público de Empleo.• Estar atentos respecto de las responsabilidades que deben asumir las

administraciones locales sobre temas de servicios públicos e inversión social, acorde con los planes de ordenamiento territorial que son financiadosconrecursosprovenientesdelasregalías.

Factores de éxito para gestionar riesgos y superar escenarios de escalamiento de conflictoporvíasdehecho.

• Comunicación, contacto permanente y oportuna atención a las comunidades.

• Contar con protocolos de actuación y actualización.• Cumplimiento de compromisos.• Apoyo oportuno y trabajo conjunto con las autoridades.• Tener acceso de forma anticipada a información sobre escenarios de crisis

ylaborespreventivasquedesarrollanlasautoridadesdeoficioomediantelos convenios de seguridad que se suscriben con las empresas.

Recomendaciones de gestión para que autoridades y espacios de participación comunitaria funcionen mejor y evitenlosconflictosexpresados por vías de hecho.

• Establecimiento de mesas de diálogo, seguimiento y cumplimiento de compromisos.

• Respaldar y respetar la institucionalidad. • El uso de la fuerza por parte de las autoridades competentes debe ser el

último recurso; cuando ello ocurra deben estar presentes las autoridades competentes en materia de protección de Derechos Humanos.

• Generar canales de comunicación apropiados entre las autoridades y las comunidades que permitan diseñar planes comunitarios y sociales con apoyo irrestricto de las administraciones locales, donde las empresas se vinculen sin reemplazar el rol estatal.





Ámbito Depar-tamental

Formas de colaboración con autoridades de Gobierno que más han contribuido con la gestión de riesgos en escenarios de escalamiento de conflictosporvíasde hecho.

• Generar alianzas estratégicas, reconociendo los niveles de competencia de los entes gubernamentales.

• Alertar de manera oportuna las problemáticas sociales que pueden incidir en la materialización de vías de hecho, en el entendido que la parálisis de las operaciones de la industria afectan la economía del país y generan desempleo y falta de oportunidades a las comunidades.

• Convenios; comités de coordinación; apoyos logísticos; establecimiento de relacionesdeconfianzaycolaboración,yentregadeinformaciónpreviayoportuna.

<<No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ninguna de las dos cosas si no se respetan los Derechos Humanos5>> Kofi Annan.

5 Kofi Annan (2010), Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y Derechos Humanos para todos. Informe Ejecutivo ONU.




ANEXO Procedimiento de Fuerza Pública y Glosario complementario

Procedimientos para la atención, manejo y control de multitudes por parte de la Policía Nacional6

La Policía Nacional de Colombia (PONAL) cuenta con procedimientos establecidos en sus manuales de doctrina operacional, pertinentes para las situaciones de riesgos por escalamiento de la protes-ta social y vías de hecho. Uno de los medios más utilizados en manifestaciones masivas por dicha institución, es el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, incluso aplicado de manera preventiva en marchaspacíficas,parosuotrasexpresionesdeprotestasocial.

En este sentido, es importante para la gestión de riesgos por vías de hecho relativos a la protesta social, destacaralgunosdelosprincipalesprocedimientosquelaPONALimplementaconelfinde“guiaralas unidades uniformadas de la Policía Nacional frente al proceder adecuado en la atención, manejo y control de multitudes (…), mediante la aplicación de procedimientos establecidos, transparentes y uso proporcional de la fuerza” (Manual para el Servicio de Policía, 2009).

1. Procedimientos de PONAL para el manejo de multitudes

a. Control de manifestaciones

Corresponde a la Policía Nacional

• Recepcionar el requerimiento por medio físico, verbal o electrónico por parte de autoridad com-petente, informando al comando de la unidad policial e iniciar la atención a la solicitud.

• Realizar reunión con las autoridades para establecer una planeación estratégica, logística, admi-nistrativa concerniente para el desarrollo de esta actividad. Determinar su magnitud y los riesgos que pueda generar.

6 Fuente: a partir de Policía Nacional de Colombia (2009) Manual para el Servicio de Policía en la atención, manejo y control de multitudes. La siguiente información es pública y se encuentra disponible en medio virtual oficial. No obstante, la transcrip-ción de algunos procesos y procedimientos propios de la doctrina operacional policial son de uso exclusivamente oficial. Entre tanto, el sentido de utilidad por parte del CME, es facilitar el conocimiento a las empresas sobre la Fuerza Pública y fortalecer sus relaciones con las autoridades competentes, objeto del presente documento de Recomendaciones.




• El Comandante de la móvil debe tener en cuenta el motivo de la manifestación, número aproxima-do de personas, antecedentes, lugar, recurso humano propio, tiempo de duración (permanencia y resistencia). Asigna responsabilidades y las registra en las órdenes de servicio, determinando hora, fecha y lugar.

• Una vez la Fuerza Pública se encuentre en el lugar de los hechos, se ubicará el personal a una distancia prudente; el comandante del escuadrón móvil antidisturbios o de sección coordina con el comandante de la unidad policial de la jurisdicción para recibir instrucciones y dar inicio al procedimiento liderado por el ESMAD, quienes determinarán las actuaciones establecidas a ejecutar. Si no hay participación del ESMAD la unidad de Policía de la jurisdicción actuará bajo ladireccióndeloficialmásantiguoqueseencuentreenellugar.

• El Comandante debe analizar la situación, identificar las intenciones de los líderes de lamanifestación y el comportamiento de los participantes, para tomar la decisión más indicada agotando el recurso del diálogo en todo momento para concertar y lograr acuerdos que ga-ranticen un buen desarrollo de la manifestación si está autorizada o para inducirlos a su no realización por no estar autorizada.

• Porelcambiodecomportamientodepacíficoaviolentoporpartedelosintegrantesdelamani-festación, es deber Institucional restablecer el orden público en los lugares donde se altere; por tal motivo se debe ejecutar el procedimiento de control de disturbios, respetando los Derechos Humanos y buscando restablecer la tranquilidad del lugar donde se desarrolla la manifestación.

• Controlar la multitud generadora del disturbio, de lo contrario se procede a disolverla, respetando los Derechos Humanos, con los medios de Policía y de acuerdo con la normatividad legal vigente.

• Serealizaráelseguimientoconelfindepreservarelorden,lalibertaddeexpresiónyelejer-ciciodelosderechosdelosmanifestanteshastalafinalizacióndelevento,garantizandoelderecho constitucional de los ciudadanos.

2. Control de disturbios

• El funcionario policial recibe el requerimiento verbal o escrito, informa a sus superiores e inicia la atención del servicio.

• Antes de ejecutar el plan, se debe hacer un análisis sobre la cantidad de personas que hacen parte del disturbio, su condición (mujeres, niños, ancianos, enfermos, inválidos, estudiantes, trabajadores, entre otros) y en lo posible realizar las coordinaciones necesarias para establecer




si portan armas, explosivos o elementos con los cuales puedan causar daños. Valorar la situa-ción y ubicar rutas de dispersión.

• El comandante de la unidad policial efectúa las acciones pertinentes para atender el reque-rimiento teniendo en cuenta las recomendaciones de las unidades de inteligencia policial e investigación criminal.

• La unidad policial solicita la intervención para el control del disturbio al grupo especializado ES-MAD en concordancia con los criterios establecidos y situación actual del evento.

• Una vez agotados los anteriores pasos y si efectivamente se requiere el apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios “ESMAD”, el desplazamiento de este grupo será autorizado por el señor Director de Seguridad Ciudadana, previa solicitud del señor comandante de Región, Metropo-litana o Departamento de Policía, de manera escrita o verbal de acuerdo con la premura de la actividad a ser atendida.

• En lo posible, se establece comunicación verbal con los líderes que están generando el dis-turbio para evitar el uso de la fuerza y posibles confrontaciones, extremando las medidas de seguridadconelfindegenerarpropuestasysoluciones.Utilizarámediostecnológicosqueper-mitan una comunicación a distancia (altavoces), para reducir los riesgos de ser tomados como rehenes por parte de los generadores del disturbio.

• El comandante del ESMAD al mando del servicio ordenará hacer uso gradual de los medios coercitivos acorde al impacto que genere la multitud, buscando obtener los mejores resulta-dos para disolver el disturbio.

• Si se presentan bloqueos o taponamientos de vías, el Comandante del procedimiento utilizará los SPI; vehículos antimotines; apoyo de unidades de tránsito, y grúas para remover los obstá-culossobrelavíayrestaurarelflujovehicularenlazona.DuranteelprocedimientoelComan-dante estará dispuesto a cesar las acciones y en disposición de establecer diálogo con los ma-nifestantes. El Comandante del servicio ordenará hacer uso gradual de los medios coercitivos.

3. Desalojos por orden de autoridad competente

• El funcionario Policial recibe, por medio físico o electrónico, la petición del servicio por parte de unaautoridadcompetente,loconfirmayseinicialaatenciónalrequerimiento.

• Los funcionarios de inteligencia o de Policía judicial de la unidad Policial efectúan labores de inteligen-




cia antes de la realización del procedimiento sobre el terreno, para obtener información detallada y veraz (número de personas; clase de construcción; ubicación de líderes; dirigentes o cabecillas para iniciar acercamientos de diálogos; área afectada; puntos críticos; vías de acceso y salidas; topografía; auxiliadores de la invasión, y otros factores) para atender con éxito la operación.

• Una vez se realizan las labores de inteligencia, se obtendrá como resultado información que per-mitaidentificarpersonas,factoreseindiciosdeejecucióndeconductasdelictualescomoactosterroristas, disturbios, infracciones de Policía, entre otros. Esta información quedará registrada en un informe, el cual será de conocimiento de los comandantes de Policía correspondientes.

• Se reunirán las autoridades y entidades comprometidas de apoyo (autoridades administrativas, fuerza pública, organismos de control, de socorro, de salud, líderes cívicos, según el caso, para establecer una planeación logística, administrativa, estratégica y demás recursos concernientes para la actividad a desarrollar. Se establecerá un plano del inmueble en donde se desarrollará elprocedimiento,sedefinenlastareasacumplirylosresponsables.

• Obrar con prudencia pero sin debilidad recordando que el uso de la fuerza es un medio de poli-cía cuyo objetivo es el de mantener o restablecer el orden público y garantizar a las autoridades administrativas la seguridad para efectuar el procedimiento. La Policía debe hacer cumplir las disposiciones emanadas de autoridad competente amparadas por la legalidad, respetando los derechos fundamentales de las personas.

• El titular del predio debe coordinar con una empresa de seguridad la custodia del predio desalojado. En caso de conducción de personas por la comisión de una contravención o un delito, se procederá con la prudencia y seguridad del caso. Es importante dejar soporte en el libro de minuta de servicio.

4. Glosario complementario7

a. Paro: cese de actividades laborales voluntario causado por entidades privadas o gubernamen-tales,generalmente,sindicales,encaminadasalograrbeneficioscomunes.

b. Huelga: acción en que los trabajadores de entidades privadas o gubernamentales cesan las actividades laborales por determinado lapso, para presionar acuerdos con el empleador, sea este particular, el Estado o los entes administrativos.

c. Asamblea informativa: reunión de líderes o voceros para estudiar determinadas exigencias

7 Policía Nacional de Colombia (2009) Manual para el Servicio de Policía en la atención, manejo y control de multitudes.




quehacenlostrabajadoresoempleadosdecualquierempresaoentidad,conelfindellegara acuerdos y difundirlos.

d. Taponamiento (vía de hecho): bloqueo de vías o caminos con el propósito de impedir la libre mo-vilizacióndevehículosopersonas,conelfindepresionaralEstadoparaquesolucionesituacionesde tipo social, político, ambiental o económico de una determinada comunidad o región del país.

e. Marcha: desplazamiento de un grupo de personas con el objeto de hacerse notar frente al Esta-do, de ser escuchados, para que se den soluciones a sus problemas. Las marchas pueden ser pacíficasoviolentas,dependiendodelestadodeagitaciónquelesimprimanloslíderes.

f. Manifestación: aglomeración o reunión pública de personas que exponen o dan a conocer sus ideas, deseos y opiniones sobre determinado tema que los está afectando. Estas se pueden tornar violentas.

g. Amotinamiento (vía de hecho): movimiento desordenado de una muchedumbre por lo general en contra de una autoridad.

h. Invasión (vía de hecho):eselingresodeungrupodepersonasaunterrenoprivado,conelfinde asentarse y tomar posesión de este, sin consentimiento del dueño o morador.

i. Ocupación de hecho (vía de hecho): es invasión de predios urbanos o rurales sin autorización o consentimiento del dueño o morador.

j. Desalojo: procedimiento por medio del cual las autoridades judiciales o de policía administra-tiva restituyen a un morador, dueño, poseedor o tenedor, un bien inmueble del cual había sido despojado en abierta trasgresión de las normas vigentes.

k. Turba (vía de hecho): grupo numeroso y denso de individuos que han sumergido temporalmen-te sus propias identidades en la multitud, quienes están respondiendo, casi de manera exclusi-va, a lo que está ocurriendo en un ambiente inmediato y cuyas emociones, por lo general, son de odio y cólera; por cuanto están en un alto nivel de excitación.

l. Motín (vía de hecho): movimiento desordenado y violento de una muchedumbre en contra de la autoridad.

m. Mitín (en inglés meeting): reunión donde se discuten públicamente asuntos de carácter cívico, co-munal, político, económico, ambiental o religioso. Generalmente, se desarrolla en un sitio cerrado.

n. Disturbio (vía de hecho): accionar de turbas cuya conducta colectiva ha dado un giro hacia la violencia, vías de hecho, el vandalismo, la destrucción y el caos.

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