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¿QUÉ PASO EN NUESTRO PAÍS?

COLUMNA ESPECIAL: EL FEDERALISMO EN LA ARGENTINA Por ALEJANDRO PEGORARO

Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina Secretario General de RED IMPACTO.

Desde hace muchos años, desde el propio inicio de formación del Estado argentino, estuvo en disputa la cuestión de la forma de gobierno argentino. Tras años de disputas, incluyendo batallas, con personajes relevantes en las grandes provincias argentinas, finalmente la Constitución de 1853 designó como forma de gobierno la “representativa, republicana y federal”. La idea del sistema federal pretende evitar la concentración del poder en manos de un poder central, a través de la descentralización en las provincias, y tal como indica el Art. 121 de la Constitución, éstas conservan “todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal”.

Esta idea se basa en el principio constitutivo que las provincias tienen, al ser ellas las principales protagonistas de la formación del Estado Nacional. Básica-mente, los estados subnacionales conservan su autonomía en tanto elecciones de autoridades, constitución de instituciones y financiamiento propio, a través del cobro de impuestos locales. Sin embargo, a pesar de estar expresa-do claramente en nuestra Constitución, tenemos en Argentina un sistema federal que dista de ser exactamente eso, y se observa esta anomalía, particularmente en lo referido a la financiación de las provincias. Por un lado, existe un sistema de coparticipación de impuestos, que no solo es perverso, sino que es

profundamente injusto. La Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, bajo el número 23.548, fue sancionada en el año 1988, y en su misma sanción se establece que dicha ley es un “régimen transitorio de distribución entre las Nación y las Provincias”. Este sistema se mantuvo vigente, a pesar de ser transitorio, e incluso la Convención Constituyente de 1994, dedicada a la reforma constitucional, estableció en una de sus Disposiciones Transitorias, específicamente la sexta, que “Un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el Inc. 2 del Art. 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación.” Todos sabemos que este sistema nunca fue establecido, y hasta el día de la fecha seguimos basándonos en el régimen de distribución de 1988, a pesar de su desactualización. Esto nos lleva a la situación actual que vive el país, con

provincias atadas al poder central, con problemas de financiación, y sin poder, en muchos casos, cumplir con sus propias obligaciones.

El problema no solo radica en este in-cumplimiento, sino además, en que el en-tramado del sistema de coparticipación es tan complejo, que no siempre los especia-listas coinciden en los criterios a tomar para su correcto análisis. Hagamos un repaso muy rápido de los impuestos involucrados en la coparticipación (de forma total y/o parcial): Ganancias, IVA, Internos, Transferencias de Inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, sobre el Capital de las cooperativas, ganancia mínina presunta, gravamen de emergencia sobre premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; Impuesto a los Bienes Personales; Monotributo; Impuesto a los créditos y Débitos Bancarios en Cuenta Corriente Bancaria.

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA: 42,34% a la Nación; 56,66% a las provincias; 1% a los ATN. PERO, por ley 24.130 (Acuerdo entre el Gob. Nacional y Provincias), retiene, del total de la masa coparticipable, el 15% para atender el pago de obligaciones previsionales nacionales y otras gastos operativos, más la suma de $45,8 millones a ser distribuidos entre determinadas provincias.

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Distribución Secundaria – Según Ley N° 23.548

Fuente: elaboración propia en base a datos de Ley Nacional N°23.548

Ahora bien, estos son datos que hay que constatar su efectivo cumplimiento. Para ello, el Ministerio del Interior y Transporte nos muestra los flujos de distribución de recursos de la Nación a las Provincias, con sus totales y su peso porcentual por ítem de distribución, para el caso del año 2012, como puede observar en el cuadro derecho. En algunos casos la diferencia es grande, en otras pequeñas, e incluso se podría pensar que en algunos casos, se ha transferido durante el año pasado una suma aún mayor a la que se debió. Sin embargo, este análisis sería incompleto (y no reflejaría la verdadera intención de demostrar lo injusto del sistema) sin mirar estas transferencias de modo directa en la población, es decir, analizar la coparticipación Per Cápita, medido a través de los resultados del censo 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por Ministerio del Interior y Transporte

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por Ministerio del Interior y Transporte e INDEC

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Comparando esta distribución entre las provincias más grandes y más pequeñas, y que, por ende, tributan más o menos al sistema, podemos dar cuenta de lo antes mencionado.

En el gráfico se puede observar por un lado, las 6 provincias que tienen menos de 500.000 habitantes, y que reciben, a modo de coparticipación Per cápita, altas sumas en comparación a las 6 provincias que tienen más de 1.500.000 habitantes, que tienen, en términos relativos, una distribución

Per capita bajísima. Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por Ministerio del Interior y Transporte e INDEC

Tal como se mencionó anteriormente, el análisis del sistema de coparticipación, y el del sistema de distribución de fondos total de parte de Nación a provincias, es tan complejo, que siempre quedan datos por analizar. Sin embargo, es de mi interés en este pequeño informe disparar este debate, y desde luego, que puede ser complementado con otros datos para analizar.

Lo cierto es que, si bien lo acontecido en las ultimas semanas entre la Provincia de Buenos Aires y la Nación, cuando el gobernador Daniel Scioli reclamó por un nuevo debate por la ley de coparticipación, no es un tema nuevo en la agenda política y parlamentaria. La deuda que tienen tanto el Congreso Nacional, como los Ejecutivos que han pasado, viene de hace años, y es necesario poner la maquina en marcha para poder dar esta discusión. Solo así, vamos a poder tener un federalismo real en el país, y los problemas de financiación provincial podrían terminar, y la dependencia de estas al Poder Ejecutivo, tan notorio en estos días, sería un tema pasado.

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EL HUNDIMIENTO DE LA SANTISIMA TRINIDAD

El destructor misilístico Santísima Trinidad fue la primera unidad que entró en acción de guerra durante el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982. El 21 de enero de 2012, el Santísima Trinidad comenzó a hundirse, amarrado a un muelle de la Base Naval de Puerto Belgrano.

El mantenimiento y el funcionamiento de los buques dependen del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, donde se deciden y adonde se reportan todas las operaciones navales. Para mantener el estado de los buques, la Armada cuenta con $ 392,2 millones por año, apenas un 8,25% de los recursos de toda la fuerza, que ascienden a $ 4750 millones y de los cuales $ 3884 millones se vuelcan a los gastos que insumen los 23.700 efectivos de la fuerza.

El Ministro de Defensa Puricelli no descarta la teoría de “negligencia o sabotaje” en relación a lo sucedido. Mientras avanza la investigación ordenó garantizar la absoluta restricción de tránsito y acceso al sector donde se encuentra el buque.

A raíz de lo sucedido numerosas voces emitieron su opinión al respecto alegando la falta de recursos y culpando al gobierno nacional de la situación por la que atraviesan las Fuerzas Armadas. El ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena sostuvo que “la situación de las Fuerzas Armadas es de abandono” y advirtió que la Argentina está "prácticamente en un estado de indefensión".

Como resultado del hundimiento del destructor fueron apartados dos oficiales navales: el jefe de Mantenimientos y Arsenales, contraalmirante Alberto F. García Grigioni, y el jefe del Grupo de Desafectación del destructor, capitán de navío Marino Lorenzo Veccia.

También el Diputado por la UCR, Julio Martínez, advirtió que sobre un plantel de 60 barcos apenas funcionan 16 en la Armada

LAS FUERZAS ARMADAS: UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIAPor FEDERICO HORAK

Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina Coordinador del Área de Investigación de RED IMPACTO

El estado calamitoso en el cual se encuentran nuestras Fuerzas Armadas (FFAA) suele ser un tema ignorado por la inmensa mayoría de la población. Si bien la ocasional caída de algún avión de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en los últimos años ocupó la tapa de algunos diarios, la realidad nos demuestra que las FFAA no son un tema que forme parte de la agenda política ni del gobierno, ni de la oposición. Lamentable-mente el debate a su respecto no resulta de interés para el electorado. Sin embargo debería prestársele especial atención a un tema que resulta tan sensible para la seguridad de nuestra nación.

Hoy en día nos encontramos frente a un Ejército Argentino (EA) que no solo no cuenta con el material necesario para realizar ejercicios y simulacros con regularidad (principalmente tanques y unidades móviles), sino que incluso ha perdido la posibilidad de realizar las prácticas de tiro necesarias como consecuencia de la falta de inversión en armamento y munición. Contamos con más de 6.000 km de costa (según la última medición del CONI-CET) prácticamente sin patrulla debido a que la Armada Argentina (ARA) no tiene capacidad operativa para resguardar nuestros mares. Mucho más preocupante es el estado de la FAA, cuyos principales cazas, los Mirage III franceses, están cercanos a cumplir sus 50 años, debiendo encontrarse en un museo en lugar de una base aérea.

Lo que es más, la falta de mantenimiento ha obligado a los miembros de la fuerza a mantener las horas de vuelo a un mínimo y ha puesto en riesgo la vida (cobrándose varias en los últimos años) de los pilotos. El hundimiento del destructor Santísima Trinidad, más allá de cualquier teoría conspirativa que pudieran sugerir desde el gobierno, responde pura y exclusivamente a esta desidia.

Ahora bien, sería injusto endilgar a esta administración la responsabilidad exclusiva de esta situación. Lo cierto es que desde el regreso de la democracia a la Argentina las FFAA han sido duramente castigadas (muchas veces merecidamente producto de las violaciones a los DDHH durante la última dictadura), tanto por gobiernos radicales como justicialistas.

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Este castigo respondió a varias cuestiones. La búsqueda de justicia a mediados de la década del ochenta sin duda fue un duro golpe para las viejas FFAA corporativistas. No obstante el “castigo” no solo respondió a ello, sino también a cuestiones presupuestarias, o ideológicas. Cualquiera sea la razón para la falta de inversión, hoy la Argentina se encuentra en un estado de práctica indefensión.

Analizándolo a través de lo que se consideran como amenazas tradicionales, es decir la amenaza de que un Estado ataque a otro, la falta de protección de la Argentina no resulta tan dramática dado el contexto en el que se encuentra. Hoy en día es impensable una hipótesis de conflicto con países vecinos, y las potencias coloniales ya no representan una amenaza para la seguridad local.

No obstante, si se tienen en cuenta las nuevas amenazas a la seguridad que surgieron en las últimas décadas, la Argentina se encuentra incapaz de reaccionar frente a cualquiera de ellas. Cabe recordar que la Argentina fue víctima de dos atentados terroristas en la década del noventa, cuyos autores no han podido ser juzgados aún. Con ello no quiero decir que la Argentina debería abrirse camino a sangre y fuego en la investigación de tales crímenes, sino poner sobre la mesa el hecho de que ningún país esta exento de ser víctima del terrorismo internacional, y que como amenaza global debe ser combatido con fuerza desde el Estado. A su vez, se debe mencionar también la creciente vulnerabilidad de nuestras fronteras frente al tráfico de drogas, en especial en la frontera norte. Es decir, las FFAA de hoy en día ya no son lo que eran hace 30 años. Las FFAA de la actualidad se encuentran con-formadas, en su mayoría, por hombres nacidos y criados en democracia. Sería injusto estigmatizar a una de las instituciones más antiguas del Estado por el incorrecto accionar de muchos de sus miembros durante décadas. Es imperioso reestablecer la relación entre la ciudadanía y sus defensores para conseguir una mayor seguridad nacional, y ello será imposible si no se pone sobre la mesa una discusión integral sobre el rol que deben jugar las FFAA en la Argentina del siglo XXI. Nuestros vecinos ya dieron ese debate, y muchos de ellos cuentan con FFAA modernas, capaces de responder ante cualquier tipo de amenaza no tradicional y cualquier emergencia nacional. Es necesario que la agenda política rescate este tema que se encuentra archivado entre los debates pendientes de la democracia, y que consiga interesar a la ciudadanía en una cuestión que, por más que muchos ignoren o renieguen, es de vital importancia para el sostenimiento de las instituciones de la Nación.

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¿QUÉ PASO CON LA ECONOMÍA?

GANANCIAS: AUMENTA EL MÍNIMO NO IMPONIBLE

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un aumento del 20% en el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias que pagan los asalariados, que entrará en vigencia a partir del 1º de marzo de este año. De este modo, el tributo será abonado por los solteros que ganen a partir de $8.360 y casados con dos hijos, a partir de $11.563. La modificación significa un esfuerzo fiscal por unos $8.000 millones y alcanzará al 5% de los asalariados. La última actualización de Ganancias para la cuarta categoría (empleados en relación de dependencia) había sido en abril de 2011, cuando el techo también se había elevado otro 20%. Al hacer el anuncio, la Presidenta señaló que el 82,52% de los asalariados no van a pagar el impuesto a las ganancias. Y dijo que debería cambiarse el nombre del tributo, para utilizar la frase "impuesto a los altos ingresos" en lugar de "impuesto a las ganancias". En su discurso dio cifras de

los salarios brutos que quedarán alcanza-dos. Sin embargo, la definición siempre se dio en sueldos netos, ya que el ingreso imponible tiene ya descontados los aportes a la jubilación y al sistema de salud. Al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, respaldó la suba del 20% del mínimo no imponible de Ganancias anunciado por el gobierno por considerar que moderará el reclamo salarial de los sindicatos en las paritarias del 2013. La CGT alineada con la Casa Rosada había presentado una propuesta para subir el piso más de 57%, siempre en salarios netos, pasando de $5.782 a $9.134 para solteros y de $7.998 a $12.494 pesos para casados con dos hijos. Desde la CGT opositora, Hugo Moyano declaró que por lo menos la suba del piso debería ser del 40%. La misma postura adoptó Pablo Micheli, de la CTA disidente. Por su parte, Echegaray explicó por qué el aumento fue del 20%. “Se toman

decisiones en función estratégica de la recaudación y de mantener una cantidad de contribuyentes al impuesto a las Ganancias” y detalló que los trabajadores que tributaban Ganancias eran 2.391.000 y se bajará a 1.626.550 millones con las modificaciones que regirán desde el 1º de marzo. El titular de la AFIP, también afirmó que “el incremento del 20% del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias significará un sacrificio fiscal del cual gran parte se va a volcar al consumo y que el total de los beneficiados son 765.653 trabajadores registrados”. (Fuentes: La Nación, El Cronista, Infobae, Clarín, Fortuna-web, Ámbito Financiero)

OPINIONPor DARÍO MARTÍNEZ

Estudiante de Economía de la Universidad de Buenos Aires Miembro del Área de Investigación de RED IMPACTO

Partiendo del análisis y de los comentarios plasmados en el Anuario 2012 elaborado por Red Impacto, es oportuno volver citar como ha sido la evolución del mínimo no imponible a partir del cual una persona debe pagar el impuesto a las ganancias, y realizar algunas aclaraciones respecto a los nuevos montos publicados por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, y

también acerca de los aumentos salariales observados durante el 2012.

En anuncios oficiales anteriores, se dieron a conocer los salarios netos mínimos alcanzados por el impuesto a las ganancias, pero en esta oportunidad no fue así ya que fueron difundidos los salarios brutos. En otros términos, hasta el anuncio del lunes

pasado un trabajador en relación de dependencia soltero comenzaba a pagar el impuesto a partir de $5.872 y una persona casada con 2 hijos a partir de $7.998. Si se aplica un incremento del 20%, ambos valores alcanzan $6.938 y $9.598 respectivamente.

Considerando el último dato disponible publicado por el Ministerio de Trabajo y

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Seguridad Social de la Nación, el salario promedio del empleo privado registrado en marzo de 2012 fue $5.790 (excluye aguinaldo y otros adicionales salariales). Ese valor ajustado a Diciembre de 2012 por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el INDEC, y adicionando un incremento del 2% (variación mensual promedio del último semestre de 2012) con la finalidad de llevar el salario nominal a Febrero de 2013, llegaría a $7.073.

Por lo tanto, nuevamente los aumentos nominales de las remuneraciones, antes de las próximas paritarias, indican que el incrementar un 20% el mínimo no imponible no soluciona el problema de fondo.

Por otro lado, es recurrente que el Poder Ejecutivo Nacional mediante un Decreto lleve a cabo este tipo de medidas tributarias. Durante esta semana, Ricardo Echegaray manifestó que el Poder Ejecutivo solamente tiene facultad de actualizar el mínimo no imponible,

mientras que al Congreso Nacional le corresponde modificar los tramos de ingresos de la tabla de alícuotas.

Dichas afirmaciones son válidas, por ello cabe preguntarse por qué el Gobierno Nacional no toma la decisión de impulsar aquellas modificaciones teniendo gran cantidad de legisladores en ambas cámaras.

Sin lugar a dudas, el debate sobre el impuesto a las ganancias no puede darse en forma aislada. Otros aspectos inciden en esta problemática, como por ejemplo la notoria regresividad del sistema tributario actual (impuesto al consumo) y las expectativas inflacionarias que se vislumbran para este año. Estos factores indican que con justa razón parte de la ciudadanía (que posee un trabajo en blanco) considera inaceptable seguir observando cómo pierde parte de su salario. Sería sumamente beneficioso que se avance definitivamente en la actualización de la tabla de alícuotas, en la moderación del aumento de precios impulsado por una

puja de intereses sectoriales, y a su vez aumentar los índices de formalidad laboral dado que de esta forma más personas pagarían el impuesto pero con menor presión tributaria.

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¿QUÉ PASO EN EL MUNDO?

GUERRA CIVIL EN SIRIA: EL RIESGO DEL DESBORDE Por FEDERICO HORAK

Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina Coordinador del Área de Investigación de RED IMPACTO

Una nueva masacre en el marco de la guerra civil que enfrenta a rebeldes y al gobierno en Siria ha impactado fuertemente en la comunidad internacional. En Alepo, uno de los epicentros de los enfrentamientos, se encontró a más de un centenar de cuerpos presuntamente de civiles que habrían sido ejecutados sumariamente por las fuerzas del régimen de Al Asad. La masacre se suma entonces a los horrores con los cuales deben convivir a diario los sirios desde hace ya casi dos años, cuando la rebelión contra Al Asad comenzó a ser reprimida desde Damasco. Desde entonces, ya han muerto en Siria más de 60.000 personas según organismos internacionales, y las violaciones a los Derechos Humanos se cometen a diario desde ambos bandos.

Ante este panorama, la comunidad internacional ha intentado, desde los inicios del conflicto, buscar una solución ordenada que permita poner fin a la violencia. Lamentablemente todos los planes que se propusieron para negociar un alto al fuego han fracasado, incluso con la intervención de la figura de Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de ONU ha dejado nueva-mente en manifiesto su ineficacia al trabarse en él las distintas resoluciones adoptadas como consecuencia del retrógrado derecho de veto con el cual cuentan las cinco grandes potencias mundiales. En este caso le toco a Rusia oficiar de el “malo” de la película, oponiéndose a cualquier resolución que significara la salida del poder del

Presidente sirio. No es de extrañar ello teniendo en cuenta los lazos comerciales que unen a Siria y Rusia, en especial en lo referido a la compra y venta de armamento. Rusia, por su parte, justificó su veto alegando que teme que las fuerzas de la OTAN interpreten una resolución condenatoria del régimen de Al Asad de la misma forma en que interpretaron la resolución referente a la Libia de Gadafi: como una luz verde para invadir el país y deponer al gobierno.

Ahora bien, cabe preguntarse qué es lo que evita que las potencias occidentales intervengan en Si-ria de la misma forma en que lo hicieron en Libia. ¿No fueron acaso las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos llevadas a cabo por el gobierno de Gadafi lo que desató el bombardeo de las fuerzas de OTAN sobre el norte de África? Es de público conocimiento que los Estados Unidos han intervenido en Siria a favor de los rebeldes. Sin embargo lo han hecho indirectamente, proveyendo más que nada financiamiento. Es muy distinto a lo sucedido en Libia, donde no dudaron en apoyar abiertamente a los rebeldes con acciones militares directas. ¿Esperan acaso el beneplácito de la ONU? No parece probable. En el año 2003, mientras en el Consejo de Seguridad se debatían los cursos de acción a seguir ante la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Sadam Hussein, los Estados Unidos no dudaron en formar su propia coalición para intervenir en Irak aún sin el consentimiento de la comunidad internacional.

La realidad indica que las condiciones para liderar una invasión de Siria están dadas, al menos según las condiciones que se necesitaron en los casos mencionados. Como se dijo anteriormente, hay en Siria serias violaciones a los Derechos Humanos, y Estados Unidos no demostró que le resultara imprescindible el permiso de ONU para actuar. Incluso los sucesivos incidentes que se produjeron durante el año 2012 en la frontera sur de Turquía entre las fuerzas turcas y sirias podría ser utilizado como detonante. No obstante, la OTAN parecería querer mantenerse al margen de cualquier intervención directa en la región. Y esa quizás sea la opción más sensata.

Si bien es cierto que las violaciones a los Derechos Humanos en Siria ameritarían una avanzada de la comunidad internacional en contra del gobierno de Damasco, cualquier intervención directa sobre Siria podría tener serios efectos desestabiliza-dores en el ya de por sí inestable medio oriente. Sin lugar a dudas Irán, país que desde hace años se encuentra bajo la lupa de Estados Unidos e Israel, no vería con buenos ojos una intervención de la OTAN sobre uno de los pocos aliados que le que-da en la región (y que le garantiza acceso al mediterráneo, Líbano, e Israel), y tomar-ía como una amenaza directa a su régimen la presencia de tropas norteamericanas en su vecindario. Si bien ya debieron soportarlas durante la invasión a Irak, pudieron soportarlo a cambio de la caída de Hussein.

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Una intervención directa de OTAN sobre Siria daría un papel protagónico a Turquía, quien forma parte de la organización y cuya frontera sur ha tenido conflictos con las tropas sirias en los últimos años. Irán sin dudas reaccionaría en defensa de su aliado, y es difícil saber cómo actuarían las fuerzas chiítas que predominan en Irak. A su vez, la milicia Hezbolá, quien se presume es apadrinada por Irán y Siria y que se enfrentó en guerra con Israel en 2006, también

reaccionaría, muy posiblemente contra Israel.

El último párrafo no es más que pura especulación de quien escribe, con él no se busca predecir un desencadenamiento de acontecimientos, sino tan solo tener una idea de las fuerzas que actualmente se encuentran enfrentadas (de momento pacíficamente) en la región.

Oriente medio ha sido desde mediados del siglo XX protagonista de infinidad de

conflictos que desembocaron en enfrentamientos armados. Ninguno de ellos ha sido resuelto por completo. Hoy en día las tensiones se encuentran en un punto álgido, no solo por la rivalidad entre los países, sino también por la convulsión interna que muchos de ellos padecen. Cualquier movimiento extrazona que se atreva a sacudir siquiera un poco la región podría acabar por desestabilizar una tensa paz que podría desembocar en un horrible conflicto de alcance, cuando menos, regional.

La presente fue una publicación de RED IMPACTO, organizada y coordinada por su Área de

Investigación. Autores: Alejandro Pegoraro, Federico Horak, Clarisa Demattei, Darío Martínez, Rosario Ahumada

Edición: Federico Horak

RED IMPACTO MISION

Somos un grupo de jóvenes unidos por la vocación de servicio y el deseo de transformar nuestro país. Formamos una Red apartidaria y plural que cree firmemente en el diálogo, el consenso y el

valor del esfuerzo conjunto VISION

Trabajamos para formar futuros líderes, convencidos de que la Argentina necesita una nueva dirigencia en todas sus esferas, que aporten a consolidar una sociedad justa, moderna y

desarrollada.

STAFF 2013 Secretario General Alejandro Pegoraro

Coordinador Área de Investigación Federico Horak

Coordinadora Área de Comunicación: Lucía Moyano

Coordinador Área de Logística: Nicolás Imperatrice

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