8/18/2019 Reforma sin consecuencias a la Ley Federal de Cinematografía

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Reforma sin consecuencias a la Ley Federal de Cinematografía

Texto publicado originalmente en la Revista zócalo, No. 193, año XVI Marzo de 2016 y

En la Reviste Cine Toma, N0. 45, año 8, marzo-abril de 2016

Israel Tonatiuh Lay Arellano

En el mes de septiembre de 2015, Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para crear la

Secretaría de Cultura federal. De acuerdo con el argumento de la propia Presidencia de la

República, la nueva institución tendría como objetivo diseñar y supervisar la política nacional

de cultura. Por ello, la propuesta implicaba también la modificación de una veintena de leyesfederales, entre ellas la cinematográfica. La minuta final se aprobó por la Cámara de

Senadores el 15 de diciembre de 2015 y el decreto fue publicado dos días después en el Diario

Oficial de la Federación.

De la Ley Federal de Cinematografía fueron reformados tres artículos: el 41, 52 y 53, aunque

sin modificaciones sustantivas, pues sólo se cambió a la Secretaría de Educación Pública por

la nueva Secretaría de Cultura. Por otro lado, las atribuciones originalmente atribuidas a la

SEP en estos artículos siempre fueron letra muerta, no sólo porque parecían estar fuera de

lugar sino porque curiosamente no se le otorgaban real autoridad para sancionar las omisiones

o violaciones correspondientes. La reforma, sorprendentemente, se limitó a intercambiar la

nomenclatura pero sin darle a la nueva Secretaría de Cultura las herramientas para poder

llevar a cabo esta encomienda, ya que los objetivos de los tres artículos sí conciernen a esta.

El artículo 41 señala entre sus atribuciones:  Fomentar y promover la producción,

distribución, exhibición y comercialización de películas y la producción fílmica

experimental; y fortalecer, estimular y promover por medio de las actividades de

cinematografía, la identidad y la cultura nacionales. El artículo 52 estipula explícitamente

que las sanciones enumeradas en la Ley son de competencia de la Secretaría de Cultura y de

la Secretaría de Gobernación; mientras que al artículo 53 estipula que los infractores del

artículo 27, 39 y 40 serán sancionados exclusivamente por la Secretaría de Cultura. En ambos

casos no aparecen en la ley las herramientas necesarias para llevar a cabo tales sanciones. 

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Sabemos que desde hace algunos años la producción fílmica ha recuperado terreno, en gran

 parte gracias a los apoyos del Fidecine, el Foprocine y el Eficine (Artículo 189 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta). Por ello, en 2013 se produjeron 126 largometrajes, en 2014, 130 y

en 2015, 140. Sin embargo, la distribución y la exhibición continúan siendo un obstáculo

intencional para cinematografía nacional. Desde la reforma de 1999, el artículo 11 señala que

“los integrantes de la industria cinematográfica se abstendrán de realizar todo acto que impida

el libre proceso de competencia y de concurrencia en la producción, procesamiento,

distribución, exhibición y comercialización de películas cinematográficas” y que la Comisión

Federal de Competencia “investigará, resolverá y sancionará, de oficio o a petición de parte,

toda práctica monopólica o concentración que ocurra dentro de la industria cinematográfica

nacional”.

Sin embargo, a la fecha ni la Comisión Federal de Competencia ni la SEP (antes del 17 de

diciembre) fueron capaces (o no quisieron serlo) de sancionar a las distribuidoras

cinematográficas por este tipo de prácticas que afectan a los pocos exhibidores

independientes que quedan el el país, negándoles material en fechas de estreno o

condicionándolos a los llamados “paquetes combo”, aunque ello además esté prohibido

explícitamente en el artículo 17, también vigente desde 1999.

En cuanto al fomento a la exhibición de cine mexicano, el Capítulo VII de la actual

legislación contempla estímulos para los empresarios de este sector que dediquen su tiempo

en pantalla al cine nacional y a una diversidad de cine extranjero pero no se contemplan los

mecanismos para su ejecución, mientras que la propuesta de la Iniciativa de Ley de

Cinematografía y el Audiovisual ofrece estímulos a quienes otorguen más del 40% de tiempo

en pantalla al cine nacional, esto a través del Fondo para el Desarrollo de la Cinematografía

y el Audiovisual (Fodeca), aunque con el dilema de que este nuevo fondo se crearía con la

fusión del Fidecine y el Foprocine.

Contrariamente, en el ámbito de la distribución no hay propuestas concretas en la ley vigente

ni en la iniciativa, pues todo enunciamiento a este sector es ambiguo. La falta de regulación

del Virtual Print Fee (VPF) es un claro ejemplo. Si bien esta cuota ha tenido el objetivo de

capitalizar la convergencia digital, esto es, el equipamiento digital de las salas de cine, hoy

con un avance superior al 95% en este proceso, pareciera que los exhibidores pretenden

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tenerlo como cuota permanente, al estilo de la tenencia vehicular, cuyo objetivo original fue

allegarse de recursos para las olimpiadas de 1968. Después de la justa deportiva, el impuesto

se perpetuó. Por otro lado, el peso y el interés económico del propio mercado, rechazan e

impiden cualquier regulación en esta materia ¿La telebancada en el Congreso de la Unión

también protegerá los intereses de este sector?

De acuerdo con la Canacine, las últimas estadísticas son las siguientes: el año 2014 cerró con

5,733 salas, ientras que 2015 con 6,000. El precio promedio del boleto tuvo un decremento

de 20 centavos, al pasar de $46.70 en 2014 a 46.50 en 2015, y la asistencia media a las salas

en este año fue de 47,757. De acuerdo a estas cifras, el ingreso en taquilla fue de alrededor

de los 13 mil 900 millones de pesos; y la distribuidora con mayores ganacias fue Universal

 Pictures, con el 24%, seguida de  Disney  (16%),  Fox  (13%), Warner   (12%), Sony  (10%),

Videocine (8%), Paramount  (6%), Corazón (3%), Gussi, Diamond  y Zima (2% cada una) y

otros (3%).

Así mismo, las tres películas extranjeras más taquilleras en México fueron Avengers: La era

de Ultón, con un ingreso total de 784 millones de pesos y15.7 millones de asistentes; Rápidos

 y Furiosos 7 , con ganancias de 779.29 millones de pesos y 15.5 millones de asistentes; y

 Minios, con una recaudación de 724.79 millones de pesos y 16.1 millones de asistentes. Las

tres películas nacionales más taquilleras fueron: Un gallo con muchos huevos, logrando un

ingreso de 167.80 millones de pesos y 4.13 millones de espectadores; El gran pequeño, con

148.3 millones de pesos y 3.34 millones de espectadores; y A la mala, con 126.60 millones

de pesos y 2.8 millones de asistentes.

Resumiendo podemos señalar que si bien hoy la Secretaría de Cultura tiene las atribuciones

 para promover la producción, distribución y exhibición de cine mexicano y sancionar su

omisión o violación, esta tarea enfrenta dos serios problemas que son a la vez una

contradicción dentro de las propias políticas públicas en la materia. Primero, la consideración

de la industria cinematográfica nacional como una industria del entretenimiento y no como

una cultural; y segundo, la falta de los instrumentos reales para sancionar a quienes

incumplan la ley.

El primer problema podría resolverse si hubiera la voluntas política para renegociar los

tratados comerciales en donde la industria fílmica nacional ha sido considerada

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exclusivamente como entretenimiento, para darle así su estatus cultural (es por todos sabidos

que Canadá así lo hizo en las negociaciones del TLC). El segundo se resolvería, en primera

instancia, aplicando las sanciones económicas ya señaladas en la ley vigente, para lo cual

también sería de mayor ultilidad si se definen los mecanismos e instrumentos para cumplir a

cabalidad con tales objetivos.

Aunque lo anterior pueda sonar fácil, no es así si no se tiene la voluntad política para ello. Si

 bien aplaudimos la creación de la Secretaría de Cultura y concordamos con diversos expertos

de que era un asunto pendiente desde hace varios años, el propio contexto gubernamental en

la materia nos hace creer que no habrá mejoras en el sector, al contrario. Lamentablemente

obsrvamos fines políticos para desaparecer instituciones y organizaciones críticas en pos de

los proyectos neoliberales en el campo de la cultura. Ojalá nos equivoquemos.