Reseña Justicia y Paz: Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares.

Autores: Yamile Salinas Abdala; Juan Manuel Zarama Santacruz.

El documento se propone escribir parte de la verdad histórica del fenómeno paramilitar a partir de las versiones libres de los paramilitares desmovilizados bajo la ley de justicia y paz y quienes se encuentran en proceso de justicia transicional. Metodológicamente, el informe  triangula detalles de la información proporcionada en las versiones de los paramilitares con entrevistas  a víctimas y providencias de la Corte suprema (ley de justicia y paz), pronunciamientos de la fiscalía y otros organismos de control además de diferentes estudios de entidades públicas y privadas como: CNRR, el Grupo de Memoria Histórica, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada (Acción Social); informes de la Supertintendencia de Notariado y Registro, INCODER y el IGAC.

Para la Corte Suprema de Justicia el fenómeno paramilitar. “hace referencia a los aparatos organizados de poder que se concentraron con agentes públicos y privados, legales e ilegales, con el propósito criminal de “refundar la patria” bajo un modelo local y regional de gestión de los asuntos públicos (políticos), militares  y económicos” (115). El paramilitarismo tiene como antecedente la conformación de la Casa Castaño como centro de operaciones del accionar contrainsurgente en la región de Urabá.

La Casa Castaño.

La Casa Castaño desde su fundación y posterior proceso de expansión se convirtió en una pieza clave en la estrategia de control territorial y de seguridad económica de muchas de las empresas bananeras, grandes proyectos de inversión y de acaparamiento de tierras en los valles del Sinú, San Jorge y la cuenca del Atrato. Las primeras filas al mando de los Castaño fueron los denominados “Tangueros” (llamadas también Autodefensas del “MonoLopez”) fundados por Fidel Castaño, hermano mayor de la familia, y quien inició el proyecto paramilitar.  El propósito criminal incluía el desmonte de aspectos sustanciales de la constitución de 1991.

El modus operandi fue el destierro forzado – abandono, usurpación, concentración de tierras, territorios y recursos naturales- El despojo como estrategia de control de territorios respondió a los intereses de la quíntuple alianza (paramilitares; políticos y servidores públicos; militares; élites locales políticas, económicas y empresariales; y narcotraficantes) personajes que aunque nunca se desmovilizaron, se beneficiaron de la apropiación de tierras, justificada por la lucha contrainsurgente. Es así como  las revelaciones trazan en el espacio del despojo el nexo causal entre las violaciones y graves crímenes de DDHH y los fines lucrativos y el enriquecimiento de sus protagonistas.

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La empresa criminal operó de manera sistemática desde la Casa Castaño, AUC, y se expandió en una segunda fase al sur Oriente del país en la conformación de la ACCU. Militarmente, especialmente la expansión del Bloque Norte, obtuvo el apoyo de miembros de la fuerza pública y financiación a través de las convivir; posteriormente las autodefensas contaron con el apoyo de agentes públicos y privados.

El modelo de orden a través del despojo, exitoso en la región de Urabá -Caso Curvaradó y Jiguamiandó- fue la estrategia expansión del paramilitarismo. De esta manera se controlaron territorios de la costa Caribe, el Nororiente de Antioquia, Norte de Santander, Magdalena Medio, Valle, Cauca y la Orinoquía. Salvatore Mancuso afirma que las AUCC se administraban internamente como una confederación de federaciones, especialmente la AUC: las estructuras paramilitares operaban por bloques de mando, ejércitos al servicio de los intereses del poder económico de empresarios y latifundistas quienes a su vez históricamente manejaban el poder político y administrativo local. Fue así como las acciones de la empresa criminal del despojo reconfiguraron-captaron el Estado en las regiones controladas en términos militares, políticos y económicos.

La empresa criminal se caracteriza por: i. la existencia de un propósito criminal común (la lucha contrainsurgente); ii. la reconfiguración cooptada del estado (Garay,2010); iii. la concentración y alianzas con agentes privados; IV. la metamorfosis de las autodefensas en un cartel del narcotráfico, y v. el apoderamiento y despojo violento sistemático y masivo de tierras (70).

El fracaso de la ley de justicia y paz.

El problema de las versiones libres está en el centro de las debilidades de la ley 975. Los autores caracterizan el fracaso de la ley 975 describiendo los procesos jurídicos de tres casos emblemáticos de despojo: Casó de Curvaradó y Jiguamiandó, los proyectos productivos para la paz PPP y los casos de despojo en procesos de justicia y paz. En los casos mencionados se evidencian fallas de la ley tales como:

i. El efecto de la extradición en el esclarecimiento de la verdad: Como lo señala Mancuso, pese a la voluntad de funcionarios colombianos y de Estados Unidos “NO EXISTE UN TRATADO DE COOPERACION JUDICIAL ENTRE EEUU y COLOMBIA”(102) A los Narcotraficantes en los procesos ante la justicia de los EEUU no se les exige confesar las violaciones de DDHH, en especial las relacionadas con los crímenes que produjeron desplazamiento como parte del plan de apropiarse o consolidar su dominio sobre tierras y territorios (…)  (105)

ii. Después del desarme paramilitar se conformaron nuevos grupos, BACRIM, como Las Águilas Negras, Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Paisas, ERPAC: Ejército Revolucionario Popular. Estas bandas integradas por desmovilizados o no de las estructuras paramilitares mantienen el fructífero negocio de las drogas ilícitas, y salvaguardan tierras, territorios y recursos adquiridos a sangre y fuego, en poder de integrantes de la quíntuple alianza.

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iii. Las principales decisiones sobre despojo y restitución a las víctimas no han sido sentencias de justicia y paz: por el contrario han emanado principalmente de la Unidad de derechos humanos de la fiscalía y de la Corte Constitucional.

iv. Los PPP reflejaron como a través de iniciativas productivas auspiciadas y apoyadas por servidores públicos y en las que se contó con recursos públicos y de la cooperación internacional se intentó borrar las huellas del despojo.

v. Los casos de despojo en los procesos de justicia y paz demuestran el uso de la maquinaria estatal para legalizar las tierras adquiridas en las zonas donde se habían perpetrado graves crímenes, en beneficio directo de los miembros de las estructuras seleccionadas.

vi. Derechos patrimoniales de las víctimas: Los fallos judiciales no han sido suficientes para determinar quienes son los ganadores del abandono forzado y del expolio, revelar y conseguir la cadena de testaferrato y desmontar las estrategias y maquinarias criminales empleadas en la concentración de la tierra y de sus usos.

vii. Hay una estrecha relación entre la puesta en marcha de la ley de justicia y paz y la compra masiva de tierras. El 4 % de los propietarios incrementó el porcentaje de posesión de tierra útil de 32 % en 2001 a 62 % en 2009

Características de las zonas despojadas.

La importancia económica de la región fue consustancial a los propósitos de la casa castaño de consolidar el control de territorios liberados de las guerrillas para proveerse de recursos  partir de las drogas ilícitas, la explotación de recursos naturales, la producción agropecuaria a gran escala y el contrabando de armas y gasolina (56)

El mapa del despojo coincide en varios puntos con territorios étnicos de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes. Algunos de los territorios están supuestos con zonas de reserva forestal de la ley 2da de 1959 y en varias zonas con terrenos que hacen parte del Sistema nacional de áreas protegidas como los parques Nacionales Naturales y los santuarios de fauna y flora de las áreas naturales únicas.

El destierro se ejecutó como maniobra de vaciamiento de poblaciones para consolidar territorios y corredores estratégicos, reconquistar parcelas adjudicadas por el Estado y atesorar tierras, apropiación de zonas ricas en recursos naturales y de zonas en las que se planeaban proyectos de desarrollo. Bajo este modelo el paramilitarismo trazó subregiones de control militar como los golfos de Urabá, Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta, Los valles del Alto Cesar y del Alto ranchería o provincia de Padilla; los valles aluviales de los ríos Sinú y Alto San Jorge; las llanuras del Magdalena y la península de la Guajira.

Cifras.

1. Informes de la comisión de seguimiento de política pública de atención a población desplazada y del proyecto de tierras y patrimonio (PPTP) de acción social.

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Desplazamiento:

En la tercera Encuesta Nacional de Verificación realizada por la Universidad Nacional a solicitud de la comisión, se indica que por lo menos el 40,7% de los grupos familiares desplazados abandonados, vendieron forzosamente o les fueron arrebatadas sus tierras. En concreto, “434.100 familias desplazadas debieron abandonar o fueron despojadas de sus tierras: 1 de cada cuatro campesinos fue expulsado de sus tierras. (Comisión, 2011 citado en el informe pág. 64)

En lo que respecta al área afectada, del total de las 6.638.195h reportadas por la comisión de seguimiento – en la que no se incluyen los territorios colectivos de indígenas y afrocolombianos ni los predios superiores a 97 h-, que representa el 15,4 % de la superficie agropecuaria del país más de la mitad (el52.25% equivalente a 3.469.064 h) corresponden a las referidas regiones (Comisión,2011).

Lo anterior coincide con los estudios efectuados por el PPTP de los que se desprende que el 40 % del total de la población desplazada (1999-2009) corresponde a propietarios, ocupantes y poseedores de predios en los departamentos de Caribe, Cesar y Norte de Santander. Si se agregan los datos para Meta y Antioquia se llega al 67 % del total de la población desplazada del país (Acción Social-PPTP, 2010)

Masacres:

La mayor cantidad de masacres fueron cometidas durante el auge paramilitar entre 1999-2003 haciendo a este actor armado el responsable de 58 % de los casos. Antioquia (158), Valle del cauca (83) y norte de Santander (51), precisamente aquellos en los que la ACCU tuvo mayor presencia y centraron su expansión territorial.

Predios abandonados:

En total figuran 350.000 predios abandonados o despojados en todo el país. El 25% de los predios se ubican en los departamentos de la Costa Caribe, Cesar y

Norte de Santander. Los predios de la costa Atlántica más los predios de Chocó, Antioquia y Meta

llegan al 70 % del total de predios abandonados o despojados. La tercera parte de los 150 municipios “más afectados en función de la extensión

de tierras abandonadas” se localizan en los departamentos en los que se expandieron y consolidaron los bloques de la ACCU (Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cesar, Norte de Santander) En el 52% (78 municipios) más afectados por el abandono y el despojo de tierras, existen territorios colectivos, indígenas y afrocolombianos.

Del total de las  4.3 millones de hectáreas registradas como abandonada en el SIPOD-RUPD, el 43 % corresponde a los departamentos de Antioquia, Bolívar, cesar, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Sucre, La Guajira y Atlántico. Solamente en la región de Urabá 430.000 hectáreas fueron abandonadas

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forzosamente de las cuales el 10% fueron objeto de despojo administrativo y judicial (SNR, 2011)

Área Despojada

Respecto al área de tierra despojada, tomando como referencia el total nacional de predios abandonados entre 1994 y 2010 los registros del PPTO a diciembre de 2010 identificaban el abandono y despojo de más de 8,4 millones de hectáreas. De éste total, la Comisión de seguimiento reportó 6.638195 hectáreas despojadas.

El área de los predios abandonados u ocupados ilegalmente en la costa norte sobrepasa los 2 millones de hectáreas.

Apropiaciones de los Paramilitares.

Las declaraciones del excomandante militar Doble Cero (cívico 2009), afirman que alrededor de 164.000h se encuentran en poder de paramilitares:

Macaco Carlos Mario Jiménez comandante del Bloque Central Bolívar que operó en el Sur de Bolívar, Caquetá, Vichada, Putumayo, Arauca, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Nariño- 150.000h  

Cuco vanoy: Ramiro Vanoy, jefe del Bloque Mineros que operó Bajo Cauca y Antioquia 24.000h

Monoleche, Jesus Ignacio Roldán, mano derecha de los hermanos Castaño- 20.000 h.

Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” el contador del bloque centauros, y Dumar de Jesus Guerrero, alias “Carecuchillo”, hermano de alias cuchillo y Manuel de jesus Pirabán “alias Jorge Pirata” se disputan 12.000 hectáreas localizadas entre Meta y Guaviare.

Empresas.

Empresa Inversiones Rodríguez y Fuentes propiedad de la familia de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes alias “Comandante Barbi” es propietaria de 27.000h localizadas en la mina el Descanso, concesionada a la multinacional Drummond.

Exploración y exportación Minera del Llano Ltda, fue creada por Fernando Rendón Laverde, alias “Pipe” hermano de Freddy Rendón Herrera alias “El Alemán”

El Despojo administrativo y judicial.

Paralelo a la implementación del terror como forma de despojo en el aparato administrativo, servidores públicos facilitaron el expolio y la legalización de los predios despojados (particulares, fiscales, baldíos de la nación y parques nacionales) este fue el principal hallazgo de las investigaciones adelantadas por la superintendencia de

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Notariado y Registro (SNR) en Urabá. Montes de María, Meta y el Catatumbo y en el parque Nacional Tayrona (66).

Las zonas de accionar paramilitar coinciden  con las focalizadas para la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial y con las macroregiones de la política de restitución. La legalización de predios fue registrada tanto por actores ilegales como legales. Dentro de los actores ilegales se encuentran los testaferros de los grandes jefes paramilitares (Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto Artehortua Salinas); entre los legales, se referencian empresarios vinculados la proyecto palmicultor de Vicente Castaño en el Urabá y al Fondo Ganadero de Córdoba. En Urabá de las 430 mil hectáreas abandonadas, el 10 % fueron objeto de despojo administrativo.

A partir del año 2005 tuvieron lugar compras masivas de tierras acompañadas de múltiples prácticas fraudulentas en las regiones deshabitadas por las operaciones paramilitares. Se adquirieron predios en los Montes de María, Urabá, Catatumbo y Meta.

Montes de María  (Pág. 67- Fuente citada: SNR, 2011-d).

En la región de los Montes de María se documenta las compras masivas de cerca de 30.000 hectáreas por parte de:

Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez y de su empresa Tierras de promisión.

Los hermanos Andrés Felipe, Daniel y Ricardo Arango Botero y Amauri Rafael Piniche.Empresa reforestadora del caribe.

 Cementos Argos (del grupo empresarial Antioqueño: representadas por Valentí Federico Viera fernandez y María Isabel Echeverry Carvajal)

Las sociedades Anonimas Agropecuaria Carmen de Bolivar S.A   Agropecuaria el Génesis S.A (representada por José Medina

Muñetón) Consorcio Agroindustrial del norte S.A  Agropecuaria Montes de Maria S.A Mar de Tiguas e Inverquímica- INVESA S.A Fiduciaria FIDUCOR S.A

Puerto Gaitán y Mapiripán, Meta.

La empresa El palmar de Vista Hermosa adquirió el predio las Palmeras, en San Juan de Arama, Meta adquirido por a través del englobamiento de dos terrenos adjudicados por el Estado y de un Baldío.

Monica Semillas S.A (Grupo brasilero) y Poligrow S.A (Grupo Italo-español) adquirieron predios en Puerto gaitán y Mapiripán, Meta a través de la constitución de varias filiales para la compra de mejoras y de superficies que excedían la UAF y  la adjudicación de baldios sin

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adjudicar con el fin d eimplantar proyectos agropindustriales de Soya y Palma.

Dolce vista1adquirió el predio La Gloria  localizado en al hacienda bellacruz, despojada en 1996.

Concentración de la tierra (pág. 73)

El estudio documenta 6 casos emblemáticos de legalización de despojo: “apropiación del botín de tierras abandonadas y despojadas”en los cuales se hizo uso de sofisticadas estrategias como las compras forzadas y fraudulentas, la reversión de adjudicaciones de parcelas del INCORA/INCODER, la apropiación ilegal e ilegítima de Baldíos y territorios étnicos y las compras masivas y englobes con el concurso y la complicidad de servidores públicos, aunque claramente iban en contra de derechos de propiedad y posesión.

Catatumbo.

En 2009, el Gobierno detectó una compra masiva de tierras en el Catatumbo por parte de una persona jurídica, Bioagroindustrial de Colombia, manejada por una persona natural, exministro de agricultura durante la presidencia de Andrés Pastrana Carlos Murgas. “Uno de los últimos predios adquiridos por Bioagroindustrial, la finca Finlandia, de 86 hectáreas, fue pagada en 21’775.000 pesos. Es decir, a 253.157 pesos la hectárea”

Tres años después de la llegada de los paramilitares al Catatumbo nació el proyecto de palma de aceite, a través del programa presidencial de sustitución de cultivos ilícitos. Es así como la mayoría de los cultivadores de palma ha adquirido sus tierras y sus títulos del 2000 en adelante, lo que pone sobre la mesa la tradición de las escrituras. El terror paramilitar activó el mercado de tierras con énfasis en la oferta de fincas a bajos precios, cuando no la mera sustitución del poseedor o la venta coactiva. Así, los precios de la tierra antes de la Ley de Justicia y Paz se desplomaron y el precio de la hectárea llegó a 50.000 pesos. Se pre3sentaron desplazamientos masivos, abandono de tierras. (Espectador, Marzo 2012). Dentro de las empresas mencionadas por paraempresarismo en el Catatumbo figuran: Ecopalma , Bioagroindustria, Sociedades anónimas inversiones de Palma, Palmeros afiliados de Colombia.

Los llanos.

Alto Ariari

1 La Empresa Dolce Vista está conformada por socios colombianos y extranjeros, a saber, hacienda las Flores y el grupo SYNERGY, encabezados por los empresarios: i. Carlos Murgas fundador de la Federación nacional de Cultivadores de Palma (ministro de agricultura en la administración de Andrés Pastrana) y ii. Germán Efromovich boliviano-brasilero propietario de AVIANCA.

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En versiones libres, ‘Don Mario’ le confesó a la Fiscalía que a su llegada al Llano creó los Frentes ‘Ariari’ y ‘Hernán Troncoso’ para quitarle así a la guerrilla el control del occidente del Meta. Puso sus bases en los municipios de El Dorado y El Castillo2.

Según PPTS, de esta región salieron desplazadas 67.000 personas entre 1997 y agosto de 2010. Hasta diciembre de 2011, según por lo menos 2.600 personas habían solicitado protección de sus predios, y hasta el 20 de abril de 2012, 376 habían solicitado la restitución de 37.000 hectáreas de tierra (Verdad Abierta).

Piedemonte Llanero: Puerto López y Puerto Gaitán

Un estudio realizado para la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación concluyó que entre 2002 y 2009 la concentración sobre la propiedad de la tierra aumentó en esta región, tras la puesta en marcha de políticas públicas que favorecieron la inversión privada a gran escala en minería y en producción de agro-combustibles.

Según datos oficiales, casi 5.000 personas salieron desplazadas de estos dos municipios entre 1997 y agosto de 2010; hasta diciembre de 2011 al menos 247 personas solicitaron la protección de sus predios porque tuvieron que abandonarlos en el conflicto, y hasta abril de 2012 ante la Unidad de Restitución hay 247 solicitudes de restitución entre estos dos municipios por 74.000 hectáreas despojadas presuntamente Los Carranceros, Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, bajo las ordenes de Víctor Carranza.

San Martín y Mapiripán

Los fiscales de Justicia y Paz han documentado que los paramilitares de Castaño, que luego se bautizaron como los Centauros, se aliaron con las Autodefensas de San Martín en cabeza de Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’, y crearon en ese municipio el Frente Meta. San Martín fue base centro del Centauros. Mapiripán fue escogido según alias ‘Don Mario’ como un sitio clave para desarrollar un proyecto de palma. En la sentencia que profirió la Corte Suprema en enero de 2011 contra Óscar de Jesús López Cadavid, ex gobernador del Guaviare 2008-2011, por vínculos con paramilitares, el alto tribunal documentó los intereses de los Castaño sobre esta región. .

De esta región salieron desplazadas 19.000 personas en los últimos diez años. Antes de entrar en vigencia la Ley de Víctimas, 2.500 personas pidieron la protección de sus tierras que tuvieron que abandonar en medio de conflicto. Hasta el 20 de abril de 2012, la Unidad de Restitución reportó 176 solicitudes por 121.000 hectáreas despojadas por filas paramilitares al mando de Jesús Piraban, alias Jorge Pirata y Vicente Castaño alias ‘El Profe’.

Barranca de Upía y Villanueva.

2 Esta versión fue complementada por el ex paramilitar Luis Árlex Arango alias ‘Chatarro’ quien aseguró que él y su grupo contaron con la complicidad de miembros del Batallón XXI Vargas para tomarse la región, y que junto ellos, los Centauros cometieron por lo menos 120 asesinatos de civiles que luego hicieron pasar como personas al margen de la ley muertas en combate.

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Barranca de Upía y Villanueva municipios al norte frontera con Casanare fueron escenario de disputa por el territorio de paramilitares de los dos bandos, los ‘Centauros’ y los ‘Buitragueños’. 596 personas se declararon desplazadas durante los últimos diez años; hasta diciembre de 2011 por lo menos 16 personas solicitaron la protección de las tierras, y hasta el 20 de abril de 2012 la misma cantidad de personas que pidieron protección de sus predios solicitaron ante la Unidad de Restitución que les fueran devueltas en total 12.000 hectáreas, despojadas por filas al mando de Héctor Germán Buitrago, ‘Martín Llanos’ y Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’.

Casanare.

En el Casanare 24 .000 personas han sido desplazadas durante los últimos diez años y 114 de ellas han acudido a la Unidad de Restitución para exigirle al gobierno que les devuelvan tierras que suman 91.000 hectáreas, Héctor Buitrago, ‘Tripas’ y Varela’ o ‘120’.

La historia de la palma en el Chocó

En el proyecto agroindustrial de la palma confluyeron los intereses de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y reconocidos empresarios del sector, que buscaron obtener grandes réditos económicos sin importar que para ello se debiera despojar a los pobladores del Bajo Atrato Chocoano de sus tierras.

Al respecto, los testimonios rendidos en este proceso por los jefes paramilitares Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’; Ever Veloza García, alias ‘H.H’; y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, coinciden en afirmar que el proyecto de la palma surgió luego que Vicente Castaño sostuviera reuniones con empresarios de la palma tales como Luis Donaciano Riascos, Javier Daza Pretelt e Ítalo Cianci, a quienes convenció de la rentabilidad del proyecto y la necesidad de instalarse allí, para así aprovechar las ayudas que el Gobierno Nacional estaba otorgando a quienes impulsaran este monocultivo.

Así las cosas, Castaño se apoyó en otros miembros de las autodefensas, como alias ‘Napo’, alias ‘Palillo’, y el mismo Rodrigo Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’, para que ubicaran las tierras en el sector, comprarlas con precio fijado por los miembros de las Autodefensas, recurriendo incluso a los asesinatos selectivos, hurtos y desplazamientos forzados, para luego adelantar los trámites de legalización ante el Incora (hoy Incoder).

La primera empresa en aceptar la invitación fue Urapalma S.A., empresa que junto con el comandante paramilitar, aportaron recursos para la construcción de la Extractora Bajirá, fundamental para el abaratar los costos del procesamiento del cogollo de la palma.

Luego llegarían Palmas de Curvaradó S. A, Palmura S. A, Palmadó Ltda, Inversiones Agropalma & Cia Ltda, Palmas S. A, Palmas de Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa. Todas ellas se asentaron en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de sumarse al proyecto agroindustrial y de manera marginal, a la ganadería.

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Lo que pudo demostrar la Fiscalía a lo largo del proceso es que las empresas Urapalma S.A., Palmura S.A y la Extractora de Bajirá estaban bajo la dirección de Vicente Castaño; que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, tuvo injerencia en la empresa Palmas S.A; así como Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoloche’ lo tuvo en Agropalma & Cia Ltda y Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, en Palmadó Ltda.

Estas empresas obtuvieron sendos créditos y apoyos para consolidar el proyecto agroindustrial. Prueba de ello fue el crédito obtenido por la firma Urapalma S.A. de parte del Banco Agrario y la Corporación Financiera Colombiana por valor cercano a los 5,421 millones de pesos, al tiempo que recibió incentivos del Estado por 2.891 millones de pesos, entre los años 2001 y 2005. La empresa Palmas de Curvaradó recibió en 2005 un crédito del Banco Agrario por 1.788 millones de pesos y de esa misma entidad, la firma Palmadó obtuvo un préstamo en 2005 por 488 millones.

Palmadó Ltda fue creada mediante escritura pública No. 083 de la Notaria Única de Apartadó, el 26 de enero de 2004 y en ella figura Héctor Duque Echeverry como representante legal y Luis Fernando Zea como socio, al tiempo que Hasbún contralaba la empresa por intermedio de su ex cónyuge María Isabel Correa Gómez.

Conclusiones.

Estrategia macrocriminal del despojo de tierras y territorios y de su legalización. El despojo fue usufructuado por los aliados de la quíntuple alianza delictiva gestada por la casa Castaño: paramilitares, políticos y otros servidores públicos civiles (parapolítica y parainstitucionalidad civil), militares (parainstitucionalidad militar); elites locales políticas, económicas y empresariales (para economía, paraempresarismo) y narcotraficantes transformados en paramilitares o no (paranarcotrafico o narcoparamilitarismo). La simbiosis de dichos fenómenos no se desliga de fines de enriquecimiento propio o ajeno.

El informe concluye afirmando que el material de verdad de las versiones libres, aunque fundamental en el proceso, no es suficiente, dadas: las limitantes mismas de las versiones (el sentido de la veracidad y el sesgo de información) al igual que los problemas mismos que a los procesos de reparación de las victimas imponen ciertos parámetros de la ley de justicia y Paz. Resultado del proceso fallido de desmovilización en ciertas zonas, la restitución en medio del conflicto ha cobrado como victimas recientes los reclamantes de tierra.

Para el informe existe el deber de seguir indagando sobre ¿Quiénes son los ganadores del botín de tierras y otros negocios despojados en el marco de los estados de autodefensa?

Por Parapolítica, en los anexos del informe se documentan 27 casos de os cuales 10 corresponden a políticos firmantes del Pacto de Ralito.

Respecto a los Proyectos productivos para la paz PPP a cargo de Salvatore Mancuso están relacionados en los anexos allí se mencionan proyectos de Cacao y Caucho que suman 5240h.

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