RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES1-2 · delitos que se cometan en grupo o cuando el menor...

Actualizado a 3-1-2007 Joan J. Queralt

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RESPONSABILIDAD PENAL

DE LOS MENORES1-2

1 Aprobada por LO 5/2000, de 12-1, y reformada por LLOO 7, de 20-12, y 9/2000, de 22-12, 9/2002, de 10-12, 15/2003, de 25-11, y LO 8/2006, de 4-12. Por DTU de la LO 9/2002 se suspende la aplicacin de esta Ley Orgnica en lo referente a los infractores de edades comprendidas entre los 18 y 21 aos, hasta el 1 de enero de 2007. La DA 2 LO 9/2000 ha sido cuestionada por el Juzgado de Menores n 1 de Valencia (CI 3792-2001; BOE de 20-4-2004). Vid. antecedentes legislativos de la ltima reforma en http://www.ub.es/dpenal/Reforma_Menors.pdf. 2 La reforma ms sustanciales se deben a la LO 8/2006, cuyas modificaciones aparecen en fuente roja. Su EdM es como sigue: La disposicin adicional sexta de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, introducida por el apartado tercero de la disposicin final segunda de la Ley Orgnica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, prev que el Gobierno impulsar las medidas orientadas a sancionar con ms firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad, tales como los previstos en los artculos 138, 139, 179 y 180 del Cdigo Penal. A tal fin, contina sealando la disposicin adicional, se establecer la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayora de edad en centros penitenciarios. En cumplimiento del mandato legal, una vez transcurridos cinco aos desde su aprobacin, el Gobierno ha realizado una evaluacin de los resultados de aplicacin de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Existe el convencimiento de que la Ley en estos sus cinco primeros aos de vigencia ofrece un balance y consideracin positiva, y ello no impide reconocer que, como toda ley, en su aplicacin presenta algunas disfunciones que es conveniente y posible corregir. Las estadsticas revelan un aumento considerable de delitos cometidos por menores, lo que ha causado gran preocupacin social y ha contribuido a desgastar la credibilidad de la Ley por la sensacin de impunidad de las infracciones ms cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas patrimoniales. Junto a esto, debe reconocerse que, afortunadamente, no han aumentado significativamente los delitos de carcter violento, aunque los realmente acontecidos han tenido un fuerte impacto social. Con el objetivo de resolver estos problemas, esta Ley Orgnica plantea la revisin de determinados aspectos de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El inters superior del menor, que va a seguir primando en la Ley, es perfectamente compatible con el objetivo de pretender una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del hecho cometido, pues el sistema sigue dejando en manos del juez, en ltimo caso, la valoracin y ponderacin de ambos principios de modo flexible y en favor de la ptima individualizacin de la respuesta. De otro modo, nos llevara a entender de un modo trivial que el inters superior del menor es no slo superior, sino nico y excluyente frente a otros bienes constitucionales a cuyo aseguramiento obedece toda norma punitiva o correccional. As, en primer lugar, se amplan los supuestos en los que se pueden imponer medidas de internamiento en rgimen cerrado a los menores, aadiendo al ya existente los casos de comisin de delitos graves y de delitos que se cometan en grupo o cuando el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organizacin o asociacin, incluso de carcter transitorio, que se dedicare a la realizacin de tales actividades. Por otra parte, se adecua el tiempo de duracin de las medidas a la entidad de los delitos y a las edades de los menores infractores, y se suprime definitivamente la posibilidad de aplicar la Ley a los comprendidos entre dieciocho y veintin aos. Adems, se aade una nueva medida, semejante a la prevista en el Cdigo Penal, consistente en la prohibicin al menor infractor de aproximarse o comunicarse con la vctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez.

http://www.ub.es/dpenal/Reforma_Menors.pdf


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EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

1. La promulgacin de la presente Ley Orgnica reguladora de la responsabilidad penal de los menores era una necesidad impuesta por lo establecido en la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores; en la mocin aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 1994, y en el artculo 19 de la vigente Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

2. La Ley Orgnica 4/1992, promulgada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, que declar inconstitucional el artculo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, texto refundido de 11 de junio de 1948, establece un marco flexible para que los Juzgados de Menores puedan determinar las medidas aplicables a stos en cuanto infractores penales, sobre la base de valorar especialmente el inters del menor, entendiendo por menores a tales efectos a las personas comprendidas entre los doce y los diecisis aos. Simultneamente, encomienda al Ministerio Fiscal la iniciativa procesal, y le concede amplias facultades para acordar la terminacin del proceso con la intencin de evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos que el mismo pudiera llegar a producir. Asimismo, configura al equipo tcnico como instrumento imprescindible para alcanzar

Se faculta al juez para poder acordar, previa audiencia del Ministerio Fiscal y la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, que el menor que estuviese cumpliendo una medida de internamiento en rgimen cerrado y alcanzase la edad de dieciocho aos, pueda terminar de cumplir la medida en un centro penitenciario cuando su conducta no responda a los objetivos propuestos en la sentencia. Al mismo tiempo, si la medida de internamiento en rgimen cerrado se impone al que ha cumplido veintin aos o, impuesta con anterioridad, no ha finalizado su cumplimiento al alcanzar dicha edad, el juez ordenar su cumplimiento en un centro penitenciario, salvo que excepcionalmente proceda la sustitucin o modificacin de la medida. Se incorpora como causa para adoptar una medida cautelar el riesgo de atentar contra bienes jurdicos de la vctima, y se establece una nueva medida cautelar consistente en el alejamiento de la vctima o su familia u otra persona que determine el juez. Al mismo tiempo, se ampla la duracin de la medida cautelar de internamiento, que pasa de tres meses, prorrogable por otros tres meses, a seis meses prorrogable por otros tres meses. Por otra parte, se revisa el rgimen de imposicin, refundicin y ejecucin de las medidas, otorgndose al juez amplias facultades para individualizar la o las medidas que deba cumplir el menor infractor. Finalmente, se refuerza especialmente la atencin y reconocimiento de los derechos de las vctimas y los perjudicados, entre los que se encuentra el derecho a ser informado en todo momento, se hayan o no personado en el procedimiento, de aquellas resoluciones que afecten a sus intereses. Asimismo, y en su beneficio, se establece el enjuiciamiento conjunto de las pretensiones penales y civiles. Un segundo objetivo de la Ley es recoger en el proceso de menores las nuevas misiones del secretario judicial previstas en la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la reforma operada por la Ley Orgnica 19/2003. Por ltimo, se incluye una modificacin de los artculos 448 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los que se sustituye el ltimo prrafo, a fin de dotar de mayor proteccin a los menores vctimas de determinados delitos, donde se prev que cuando se trate de testigos menores de edad vctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el Juez o Tribunal necesariamente debe acordar que se evite la confrontacin visual del mismo con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio tcnico que haga posible la prctica de las distintas pruebas (declaracin, interrogatorio).

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el objetivo que persiguen las medidas y termina estableciendo un procedimiento de naturaleza sancionadora-educativa, al que otorga todas las garantas derivadas de nuestro ordenamiento constitucional, en sintona con lo establecido en la aludida sentencia del Tribunal Constitucional y lo dispuesto en el artculo 40 de la Convencin de los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989.

Dado que la expresada Ley Orgnica se reconoca a s misma expresamente el carcter de una reforma urgente, que adelanta parte de una renovada legislacin sobre reforma de menores, que ser objeto de medidas legislativas posteriores, es evidente la oportunidad de la presente Ley Orgnica, que constituye esa necesaria reforma legislativa, partiendo de los principios bsicos que ya guiaron la redaccin de aqulla (especialmente, el principio del superior inters del menor), de las garantas de nuestro ordenamiento constitucional, y de las normas de Derecho internacional, con particular atencin a la citada Convencin de los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989, y esperando responder de este modo a las expectativas creadas en la sociedad espaola, por razones en parte coyunturales y en parte permanentes, sobre este tema concreto.

3. Los principios expuestos en la mocin aprobada unnimemente por el Congreso de los Diputados el da 10 de mayo de 1994, sobre medidas para mejorar el marco jurdico vigente de proteccin del menor, se refieren esencialmente al establecimiento de la mayora de edad penal en los dieciocho aos y a la promulgacin de una ley penal del menor y juvenil que contemple la exigencia de responsabilidad para los jvenes infractores que no hayan alcanzado la mayora de edad penal, fundamentada en principios orientados hacia la reeducacin de los menores de edad infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales, y que tenga especialmente en cuenta las competencias de las Comunidades Autnomas en esta materia....

4. El artculo 19 del vigente Cdigo Penal, aprobado por la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, fija efectivamente la mayora de edad penal en los dieciocho aos y exige la regulacin expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una Ley independiente. Tambin para responder a esta exigencia se aprueba la presente Ley Orgnica, si bien lo dispuesto en este punto en el Cdigo Penal debe ser complementado en un doble sentido. En primer lugar, asentando firmemente el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carcter primordial de intervencin educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulacin jurdica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantas comunes a todo justiciable. En segundo trmino, la edad lmite de dieciocho aos establecida por el Cdigo Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro lmite mnimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los catorce aos, con base en la conviccin de que las infracciones cometidas por los nios menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aqullas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los mbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervencin del aparato judicial sancionador del Estado.

5. Asimismo, han sido criterios orientadores de la redaccin de la presente Ley Orgnica, como no poda ser de otra manera, los contenidos en la doctrina del

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Tribunal Constitucional, singularmente en los fundamentos jurdicos de las sentencias 36/1991, de 14 de febrero, y 60/1995, de 17 de marzo, sobre las garantas y el respeto a los derechos fundamentales que necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido ante los Juzgados de Menores, sin perjuicio de las modulaciones que, respecto del procedimiento ordinario, permiten tener en cuenta la naturaleza y finalidad de aquel tipo de proceso, encaminado a la adopcin de unas medidas que, como ya se ha dicho, fundamentalmente no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinsercin y el superior inters del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el mbito de las ciencias no jurdicas.

II

6. Como consecuencia de los principios, criterios y orientaciones a que se acaba de hacer referencia, puede decirse que la redaccin de la presente Ley Orgnica ha sido conscientemente guiada por los siguientes principios generales: naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad, reconocimiento expreso de todas las garantas que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del inters del menor, diferenciacin de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en la categora de infractores menores de edad, flexibilidad en la adopcin y ejecucin de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto, competencia de las entidades autonmicas relacionadas con la reforma y proteccin de menores para la ejecucin de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta ejecucin.

7. La presente Ley Orgnica tiene ciertamente la naturaleza de disposicin sancionadora, pues desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurdica a los menores infractores, aunque referida especficamente a la comisin de hechos tipificados como delitos o faltas por el Cdigo Penal y las restantes leyes penales especiales. Al pretender ser la reaccin jurdica dirigida al menor infractor una intervencin de naturaleza educativa, aunque desde luego de especial intensidad, rechazando expresamente otras finalidades esenciales del Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sancin o la intimidacin de los destinatarios de la norma, se pretende impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor, como el ejercicio de la accin por la vctima o por otros particulares.

Y es que en el Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior inters del menor. Inters que ha de ser valorado con criterios tcnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el mbito de las ciencias no jurdicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicacin de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presuncin de inocencia.

8. Sin embargo, la Ley tampoco puede olvidar el inters propio del perjudicado o vctima del hecho cometido por el menor, estableciendo un procedimiento singular, rpido y poco formalista para el resarcimiento, en su caso, de daos y perjuicios, dotando de amplias facultades al Juez de Menores para la incorporacin a los autos


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de documentos y testimonios relevantes de la causa principal. En este mbito de atencin a los intereses y necesidades de las vctimas, la Ley introduce el principio en cierto modo revolucionario de la responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, acogedores o guardadores, si bien permitiendo la moderacin judicial de la misma y recordando expresamente la aplicabilidad en su caso de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, as como de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Asimismo la Ley regula, para procedimientos por delitos graves cometidos por mayores de diecisis aos, un rgimen de intervencin del perjudicado en orden a salvaguardar el inters de la vctima en el esclarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por el orden jurisdiccional competente, sin contaminar el procedimiento propiamente educativo y sancionador del menor.

Esta Ley arbitra un amplio derecho de participacin a las vctimas ofrecindoles la oportunidad de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos. Sin embargo, esta participacin se establece de un modo limitado ya que respecto de los menores no cabe reconocer a los particulares el derecho a constituirse propiamente en parte acusadora con plenitud de derechos y cargas procesales. No existe aqu ni la accin particular de los perjudicados por el hecho criminal, ni la accin popular de los ciudadanos, porque en estos casos el inters prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el inters del menor.

9. Conforme a las orientaciones declaradas por el Tribunal Constitucional, anteriormente aludidas, se instaura un sistema de garantas adecuado a la pretensin procesal, asegurando que la imposicin de la sancin se efectuar tras vencer la presuncin de inocencia, pero sin obstaculizar los criterios educativos y de valoracin del inters del menor que presiden este proceso, haciendo al mismo tiempo un uso flexible del principio de intervencin mnima, en el sentido de dotar de relevancia a las posibilidades de no apertura del procedimiento o renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o conciliacin entre el infractor y la vctima, y a los supuestos de suspensin condicional de la medida impuesta o de sustitucin de la misma durante su ejecucin.

La competencia corresponde a un Juez ordinario, que, con categora de Magistrado y preferentemente especialista, garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos en conflicto. La posicin del Ministerio Fiscal es relevante, en su doble condicin de institucin que constitucionalmente tiene encomendada la funcin de promover la accin de la Justicia y la defensa de la legalidad, as como de los derechos de los menores, velando por el inters de stos. El letrado del menor tiene participacin en todas y cada una de las fases del proceso, conociendo en todo momento el contenido del expediente, pudiendo proponer pruebas e interviniendo en todos los actos que se refieren a la valoracin del inters del menor y a la ejecucin de la medida, de la que puede solicitar la modificacin.

La adopcin de medidas cautelares sigue el modelo de solicitud de parte, en audiencia contradictoria, en la que debe valorarse especialmente, una vez ms, el superior inters del menor.

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En defensa de la unidad de doctrina, el sistema de recursos ordinario se confa a las Audiencias Provinciales, que habrn de crearse, las cuales, con la inclusin de Magistrados especialistas, aseguran y refuerzan la efectividad de la tutela judicial en relacin con las finalidades que se propone la Ley. En el mismo sentido, procede destacar la instauracin del recurso de casacin para unificacin de doctrina, reservado a los casos de mayor gravedad, en paralelismo con el proceso penal de adultos, reforzando la garanta de la unidad de doctrina en el mbito del derecho sancionador de menores a travs de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

10. Conforme a los principios sealados, se establece, inequvocamente, el lmite de los catorce aos de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian, en el mbito de aplicacin de la Ley y de la graduacin de las consecuencias por los hechos cometidos, dos tramos, de catorce a diecisis y de diecisiete a dieciocho aos, por presentar uno y otro grupo diferencias caractersticas que requieren, desde un punto de vista cientfico y jurdico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravacin especfica en el tramo de los mayores de diecisis aos la comisin de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidacin o peligro para las personas.

La aplicacin de la presente Ley a los mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno, prevista en el artculo 69 del Cdigo Penal vigente, podr ser acordada por el Juez atendiendo a las circunstancias personales y al grado de madurez del autor, y a la naturaleza y gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los efectos de esta Ley, la denominacin genrica de jvenes.

Se regulan expresamente, como situaciones que requieren una respuesta especfica, los supuestos en los que el menor presente sntomas de enajenacin mental o la concurrencia de otras circunstancias modificativas de su responsabilidad, debiendo promover el Ministerio Fiscal, tanto la adopcin de las medidas ms adecuadas al inters del menor que se encuentre en tales situaciones, como la constitucin de los organismos tutelares previstos por las leyes. Tambin se establece que las acciones u omisiones imprudentes no puedan ser sancionadas con medidas de internamiento en rgimen cerrado.

11. Con arreglo a las orientaciones expuestas, la Ley establece un amplio catlogo de medidas aplicables, desde la referida perspectiva sancionadora-educativa, debiendo primar nuevamente el inters del menor en la flexible adopcin judicial de la medida ms idnea, dadas las caractersticas del caso concreto y de la evolucin personal del sancionado durante la ejecucin de la medida. La concreta finalidad que las ciencias de la conducta exigen que se persiga con cada una de las medidas relacionadas, se detalla con carcter orientador en el apartado III de esta exposicin de motivos.

12. La ejecucin de las medidas judicialmente impuestas corresponde a las entidades pblicas de proteccin y reforma de menores de las Comunidades Autnomas, bajo el inexcusable control del Juez de Menores. Se mantiene el criterio de que el inters del menor tiene que ser atendido por especialistas en las reas de la educacin y la formacin, pertenecientes a esferas de mayor inmediacin que el Estado. El Juez de Menores, a instancia de las partes y odos los equipos tcnicos del propio Juzgado y de la entidad pblica de la correspondiente Comunidad Autnoma, dispone de amplias facultades para suspender o sustituir por otras las medidas impuestas, naturalmente

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sin mengua de las garantas procesales que constituyen otro de los objetivos primordiales de la nueva regulacin, o permitir la participacin de los padres del menor en la aplicacin y consecuencias de aqullas.

13. Un inters particular revisten en el contexto de la Ley los temas de la reparacin del dao causado y la conciliacin del delincuente con la vctima como situaciones que, en aras del principio de intervencin mnima, y con el concurso mediador del equipo tcnico, pueden dar lugar a la no incoacin o sobreseimiento del expediente, o a la finalizacin del cumplimiento de la medida impuesta, en un claro predominio, una vez ms, de los criterios educativos y resocializadores sobre los de una defensa social esencialmente basada en la prevencin general y que pudiera resultar contraproducente para el futuro.

La reparacin del dao causado y la conciliacin con la vctima presentan el comn denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infraccin llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurdico iniciado por su causa. La conciliacin tiene por objeto que la vctima reciba una satisfaccin psicolgica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del dao causado y estar dispuesto a disculparse. La medida se aplicar cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo acepte y otorgue su perdn. En la reparacin el acuerdo no se alcanza nicamente mediante la va de la satisfaccin psicolgica, sino que requiere algo ms: el menor ejecuta el compromiso contrado con la vctima o perjudicado de reparar el dao causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones, adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia vctima o perjudicado.

III

14. En la medida de amonestacin, el Juez, en un acto nico que tiene lugar en la sede judicial, manifiesta al menor de modo concreto y claro las razones que hacen socialmente intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para l y para la vctima han tenido o podan haber tenido tales hechos, y le formula recomendaciones para el futuro.

15. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, que, en consonancia con el artculo 25.2 de nuestra Constitucin, no podr imponerse sin consentimiento del menor, consiste en realizar una actividad, durante un nmero de sesiones previamente fijado, bien sea en beneficio de la colectividad en su conjunto, o de personas que se encuentren en una situacin de precariedad por cualquier motivo. Preferentemente, se buscar relacionar la naturaleza de la actividad en que consista esta medida con la de los bienes jurdicos afectados por los hechos cometidos por el menor.

Lo caracterstico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante su realizacin, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el sujeto comprenda que actu de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad, y que la prestacin de los trabajos que se le exigen es un acto de reparacin justo.

16. Las medidas de internamiento responden a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados en los

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casos ms destacados por la violencia, la intimidacin o el peligro para las personas. El objetivo prioritario de la medida es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un rgimen fsicamente restrictivo de su libertad. La mayor o menor intensidad de tal restriccin de lugar a los diversos tipos de internamiento, a los que se va a aludir a continuacin. El internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores, lo que hace imprescindible que las condiciones de estancia sean las correctas para el normal desarrollo psicolgico de los menores.

El internamiento en rgimen cerrado pretende la adquisicin por parte del menor de los suficientes recursos de competencia social para permitir un comportamiento responsable en la comunidad, mediante una gestin de control en un ambiente restrictivo y progresivamente autnomo.

El internamiento en rgimen semiabierto implica la existencia de un proyecto educativo en donde desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en contacto con personas e instituciones de la comunidad, teniendo el menor su residencia en el centro, sujeto al programa y rgimen interno del mismo.

El internamiento en rgimen abierto implica que el menor llevar a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual.

El internamiento teraputico se prev para aquellos casos en los que los menores, bien por razn de su adiccin al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones significativas en su psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una programacin teraputica, no dndose, ni, de una parte, las condiciones idneas en el menor o en su entorno para el tratamiento ambulatorio, ni, de otra parte, las condiciones de riesgo que exigiran la aplicacin a aquel de un internamiento en rgimen cerrado.

17. En la asistencia a un centro de da, el menor es derivado a un centro plenamente integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su competencia social. Esta medida sirve el propsito de proporcionar a un menor un ambiente estructurado durante buena parte del da, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que puedan compensar las carencias del ambiente familiar de aquel. Lo caracterstico del centro de da es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto socio-educativo del menor, si bien ste puede asistir tambin a otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento de acogida.

18. En la medida de libertad vigilada, el menor infractor est sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisin a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor tambin deber cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta Ley, el Juez puede imponerle.


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19. La realizacin de tareas socio-educativas consiste en que el menor lleve a cabo actividades especficas de contenido educativo que faciliten su reinsercin social. Puede ser una medida de carcter autnomo o formar parte de otra ms compleja. Empleada de modo autnomo, pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como limitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participacin del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado ad hoc por los profesionales encargados de ejecutar la medida. Como ejemplos de tareas socio-educativas, se pueden mencionar las siguientes: asistir a un taller ocupacional, a un aula de educacin compensatoria o a un curso de preparacin para el empleo; participar en actividades estructuradas de animacin sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social, etc.

20. El tratamiento ambulatorio es una medida destinada a los menores que disponen de las condiciones adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa teraputico que les ayude a superar procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo. Previsto para los menores que presenten una dependencia al alcohol o las drogas, y que en su mejor inters puedan ser tratados de la misma en la comunidad, en su realizacin pueden combinarse diferentes tipos de asistencia mdica y psicolgica. Resulta muy apropiado para casos de desequilibrio psicolgico o perturbaciones del psiquismo que puedan ser atendidos sin necesidad de internamiento. La diferencia ms clara con la tarea socio-educativa es que sta pretende lograr una capacitacin, un logro de aprendizaje, empleando una metodologa, no tanto clnica, sino de orientacin psicoeducativa. El tratamiento ambulatorio tambin puede entenderse como una tarea socio-educativa muy especfica para un problema bien definido.

21. La permanencia de fin de semana es la expresin que define la medida por la que un menor se ve obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o noche del viernes hasta la noche del domingo, a excepcin del tiempo en que realice las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. En la prctica, combina elementos del arresto de fin de semana y de la medida de tareas socio-educativas o prestaciones en beneficio de la comunidad. Es adecuada para menores que cometen actos de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana.

22. La convivencia con una persona, familia o grupo educativo es una medida que intenta proporcionar al menor un ambiente de socializacin positivo, mediante su convivencia, durante un periodo determinado por el Juez, con una persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la funcin de la familia en lo que respecta al desarrollo de pautas socioafectivas prosociales en el menor.

23. La privacin del permiso de conducir ciclomotores o vehculos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas, es una medida accesoria que se podr imponer en aquellos casos en los que el hecho cometido tenga relacin con la actividad que realiza el menor y que sta necesite autorizacin administrativa.

24. Por ltimo, procede poner de manifiesto que los principios cientficos y los criterios educativos a que han de responder cada una de las medidas, aqu sucintamente


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expuestos, se habrn de regular ms extensamente en el Reglamento que en su da se dicte en desarrollo de la presente Ley Orgnica.

TTULO PRELIMINAR

Artculo 1. Declaracin general.

1. Esta Ley se aplicar para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce aos y menores de dieciocho por la comisin de hechos tipificados como delitos o faltas en el Cdigo Penal o las leyes penales especiales.

23. Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarn de todos los derechos reconocidos en la Constitucin y en el ordenamiento jurdico, particularmente en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, as como en la Convencin sobre los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre proteccin de menores contenidas en los Tratados vlidamente celebrados por Espaa.

34.

45.

TTULO I

DEL MBITO DE APLICACIN DE LA LEY

Artculo 2. Competencia de los Jueces de Menores.

16. Los Jueces de Menores sern competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artculo 1 de esta Ley, as como para hacer

3 Texto original (2. Tambin se aplicar lo dispuesto en esta Ley para los menores a las personas mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno, en los trminos establecidos en el artculo 4 de la misma.) sustituido por el anterior inciso 3, modificacin operada por la LO 8/2006. 4 Anterior inciso 3, modificacin operada por la LO 8/2006. 5 Suprimido por LO 8/2006. Texto anterior: 4. Al efecto de designar a las personas a quienes se aplica esta Ley, en el articulado de la misma se utiliza el trmino menores para referirse a las que no han cumplido dieciocho aos, y el de jvenes para referirse a las mayores de dicha edad. Sin perjuicio de lo anterior, cuando esta Ley se refiera genricamente al menor o a los menores, se entender que lo hace a todos los incluidos en su mbito de aplicacin. 6 Modificado por LO 8/2006. Texto anterior: Los Jueces de Menores sern competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artculo 1 de esta Ley, as como para hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autnomas respecto a la proteccin y reforma de menores.

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ejecutar las sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autnomas respecto a la proteccin y reforma de menores.

2. Los Jueces de Menores sern asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente Ley.

3. La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 20.3 de esta Ley.

47. La competencia para conocer de los delitos previstos en los artculos 571 a 580 del Cdigo Penal corresponder al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.

La referencia del ltimo inciso del apartado 4 del artculo 17 y cuantas otras se contienen en la presente Ley al Juez de Menores se entendern hechas al Juez Central de Menores en lo que afecta a los menores imputados por cualquiera de los delitos a que se refieren los artculos 571 a 580 del Cdigo Penal.

Artculo 3. Rgimen de los menores de catorce aos.

Cuando el autor de los hechos mencionados en los artculos anteriores sea menor de catorce aos, no se le exigir responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicar lo dispuesto en las normas sobre proteccin de menores previstas en el Cdigo Civil y dems disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deber remitir a la entidad pblica de proteccin de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situacin, y dicha entidad habr de promover las medidas de proteccin adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero.

Artculo 4.8 Derechos de las vctimas y de los perjudicados.

7 Aadido por LO 8/2006. 8 Modificado por LO 8/2006. Texto anterior: Rgimen de los mayores de dieciocho aos. 1. De conformidad con lo establecido en el artculo 69 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, la presente Ley se aplicar a las personas mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno imputadas en la comisin de hechos delictivos, cuando el Juez de Instruccin competente, odos el Ministerio Fiscal, el letrado del imputado y el equipo tcnico a que se refiere el artculo 27 de esta Ley, as lo declare expresamente mediante auto. 2. Sern condiciones necesarias para la aplicacin de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes: 1 Que el imputado hubiere cometido una falta, o un delito menos grave sin violencia o intimidacin en las personas ni grave peligro para la vida o la integridad fsica de las mismas, tipificados en el Cdigo Penal o en las leyes penales especiales. 2 Que no haya sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los dieciocho aos. A tal efecto no se tendrn en cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artculo 136 del Cdigo Penal. 3 Que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejen la aplicacin de la presente Ley, especialmente cuando as lo haya recomendado el equipo tcnico en su informe.

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El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarn en todo momento por la proteccin de los derechos de las vctimas y de los perjudicados por las infracciones cometidas por los menores.

De manera inmediata se les instruir de las medidas de asistencia a las vctimas que prev la legislacin vigente.

Las vctimas y los perjudicados tendrn derecho a personarse y ser parte en el expediente que se incoe al efecto, para lo cual el secretario judicial les informar en los trminos previstos en los artculos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruyndoles de su derecho a nombrar abogado o instar el nombramiento de abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurdica gratuita. Asimismo, les informar de que, de no personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitar si correspondiere.

Los que se personaren podrn desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la prctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga.

Sin perjuicio de lo anterior, el secretario judicial deber comunicar a las vctimas y perjudicados, se hayan o no personado, todas aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juez de Menores, que puedan afectar a sus intereses.

En especial, cuando el Ministerio Fiscal, en aplicacin de lo dispuesto en el artculo 18 de esta Ley, desista de la incoacin del expediente deber inmediatamente ponerlo en conocimiento de las vctimas y perjudicados hacindoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la jurisdiccin civil.

Del mismo modo, el secretario judicial notificar por escrito la sentencia que se dicte a las vctimas y perjudicados por la infraccin penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente.

Artculo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.

1. Los menores sern responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artculo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exencin o extincin de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Cdigo Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los nmeros 1, 2 y 3 del artculo 20 del vigente Cdigo Penal les sern

3. Contra el auto que resuelva lo indicado en los apartados anteriores, cabr recurso de apelacin en el plazo de tres das, del que conocer la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin previo recurso de reforma. La apelacin se sustanciar conforme al rgimen general establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Del mencionado auto, una vez firme, se dar traslado al Ministerio Fiscal para la tramitacin del procedimiento previsto en la presente Ley.

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aplicables, en caso necesario, las medidas teraputicas a las que se refiere el artculo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisin de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitacin del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.

Artculo 6. De la intervencin del Ministerio Fiscal.

Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, as como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su inters y la observancia de las garantas del procedimiento, para lo cual dirigir personalmente la investigacin de los hechos y ordenar que la polica judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobacin de aqullos y de la participacin del menor en los mismos, impulsando el procedimiento.

TTULO II

DE LAS MEDIDAS

Artculo 7.9 Definicin de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y reglas generales de determinacin de las mismas.

9 Modificado por LO 8/2006. Texto anterior: Enumeracin de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores. 1. Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas segn la restriccin de derechos que suponen, son las siguientes: a) Internamiento en rgimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirn en el centro y desarrollaren en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. b) Internamiento en rgimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirn en el centro, pero realizaren fuera del mismo actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. c) Internamiento en rgimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarn a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujecin al programa y rgimen interno del mismo. d) Internamiento teraputico. En los centros de esta naturaleza se realizar una atencin educativa especializada o tratamiento especifico dirigido a personas que padezcan anomalas o alteraciones psquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohlicas, drogas txicas o sustancias psicotrpicas, o alteraciones en la percepcin que determinen una alteracin grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podr aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artculo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituacin, el Juez habr de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrn de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomala o alteracin psquica, adiccin al consumo de bebidas alcohlicas, drogas txicas o sustancias psicotrpicas, o alteraciones en la percepcin que padezcan. Esta medida podr aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artculo. Cuando el interesado

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rechace un tratamiento de deshabituacin, el Juez habr de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. f) Asistencia a un centro de da. Las personas sometidas a esta medida residirn en su domicilio habitual y acudirn a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio. g) Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecern en su domicilio o en un centro hasta un mximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepcin del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. h) Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formacin profesional o al lugar de trabajo, segn los casos, procurando ayudar a aqulla a superar los factores que determinaron la infraccin cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que seale la entidad pblica o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervencin elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida tambin queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrn ser alguna o algunas de las siguientes: 1 Obligacin de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el interesado est en el perodo de la enseanza bsica obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello. 2 Obligacin de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educacin sexual, de educacin vial u otros similares. 3 Prohibicin de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectculos. 4 Prohibicin de ausentarse del lugar de residencia sin autorizacin judicial previa. 5 Obligacin de residir en un lugar determinado. 6 Obligacin de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas. 7 Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinsercin social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona. i) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir durante el perodo de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aqulla en su proceso de socializacin. j) Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podr imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de inters social o en beneficio de personas en situacin de precariedad. Se buscar relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurdico lesionado por los hechos cometidos por el menor. k) Realizacin de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin interna-miento ni libertad vigilada, actividades especficas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social. I) Amonestacin. Esta medida consiste en la reprensin de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podran haber tenido, instndole a no volver a cometer tales hechos en el futuro. m) Privacin del permiso de conducir ciclomotores o vehculos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podr imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehculo a motor, o un arma, respectivamente. n) Inhabilitacin absoluta. De conformidad con lo previsto en la disposicin adicional cuarta la medida de inhabilitacin absoluta produce la privacin definitiva de todos los honores, empleos y cargos pblicos sobre el que recayera, aunque sean electivos; as como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos pblicos y la de ser elegido para cargo pblico, durante el tiempo de la medida. 2. Las medidas de internamiento constarn de dos perodos: el primero se llevar a cabo en el centro correspondiente, conforme a la descripcin efectuada en el apartado anterior de este artculo; el segundo se llevar a cabo en rgimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. La duracin total no exceder del tiempo que se expresa en el artculo 9. El equipo tcnico deber informar respecto del contenido de ambos perodos, y el Juez expresar la duracin de cada uno en la sentencia.


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1. Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas segn la restriccin de derechos que suponen, son las siguientes:

a) Internamiento en rgimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirn en el centro y desarrollarn en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.

b) Internamiento en rgimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirn en el centro, pero podrn realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecucin de la medida. La realizacin de actividades fuera del centro quedar condicionada a la evolucin de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro.

c) Internamiento en rgimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarn a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujecin al programa y rgimen interno del mismo.

d) Internamiento teraputico en rgimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta naturaleza se realizar una atencin educativa especializada o tratamiento especfico dirigido a personas que padezcan anomalas o alteraciones psquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohlicas, drogas txicas o sustancias psicotrpicas, o alteraciones en la percepcin que determinen una alteracin grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podr aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artculo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituacin, el Juez habr de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrn de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomala o alteracin psquica, adiccin al consumo de bebidas alcohlicas, drogas txicas o sustancias psicotrpicas, o alteraciones en la percepcin que padezcan. Esta medida podr aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artculo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituacin, el Juez habr de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

3. Para la eleccin de la medida o medidas adecuadas, tanto por el Ministerio Fiscal y el letrado del menor en sus postulaciones como por el Juez en la sentencia, se deber atender de modo flexible, no slo a la prueba y valoracin jurdica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el inters del menor, puestos de manifiesto los dos ltimos en los informes de los equipos tcnicos y, en su caso, de las entidades pblicas de proteccin y reforma de menores emitidos conforme a lo dispuesto en el artculo 27 de la presente Ley. El Juez deber motivar la sentencia, expresando con detalle las razones por las que aplica una determinada medida, as como el plazo de duracin de la misma, a los efectos de la valoracin del mencionado inters del menor.


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f) Asistencia a un centro de da. Las personas sometidas a esta medida residirn en su domicilio habitual y acudirn a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

g) Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecern en su domicilio o en un centro hasta un mximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepcin, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia.

h) Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formacin profesional o al lugar de trabajo, segn los casos, procurando ayudar a aqulla a superar los factores que determinaron la infraccin cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que seale la entidad pblica o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervencin elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida tambin queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrn ser alguna o algunas de las siguientes:

1. Obligacin de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor est en edad de escolarizacin obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.

2. Obligacin de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educacin sexual, de educacin vial u otros similares.

3. Prohibicin de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectculos.

4. Prohibicin de ausentarse del lugar de residencia sin autorizacin judicial previa.

5. Obligacin de residir en un lugar determinado.

6. Obligacin de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.

7. Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinsercin social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas obligaciones implicase la imposibilidad del menor de continuar conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deber remitir testimonio de los particulares a la entidad pblica de proteccin del menor, y dicha entidad deber promover las medidas de proteccin adecuadas a las circunstancias de aqul, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 1/1996.

i) La prohibicin de aproximarse o comunicarse con la vctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. Esta medida impedir al menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, as como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibicin de comunicarse con la vctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, impedir al menor establecer con


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ellas, por cualquier medio de comunicacin o medio informtico o telemtico, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deber remitir testimonio de los particulares a la entidad pblica de proteccin del menor, y dicha entidad deber promover las medidas de proteccin adecuadas a las circunstancias de aqul, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgnica 1/1996.

j) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el perodo de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aqulla en su proceso de socializacin.

k) Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podr imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de inters social o en beneficio de personas en situacin de precariedad.

l) Realizacin de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades especficas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

m) Amonestacin. Esta medida consiste en la reprensin de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podran haber tenido, instndole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.

n) Privacin del permiso de conducir ciclomotores y vehculos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podr imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehculo a motor, o un arma, respectivamente.

) Inhabilitacin absoluta. La medida de inhabilitacin absoluta produce la privacin definitiva de todos los honores, empleos y cargos pblicos sobre el que recayere, aunque sean electivos; as como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos pblicos, y la de ser elegido para cargo pblico, durante el tiempo de la medida.

2. Las medidas de internamiento constarn de dos perodos: el primero se llevar a cabo en el centro correspondiente, conforme a la descripcin efectuada en el apartado anterior de este artculo, el segundo se llevar a cabo en rgimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. La duracin total no exceder del tiempo que se expresa en los artculos 9 y 10. El equipo tcnico deber informar respecto del contenido de ambos perodos, y el Juez expresar la duracin de cada uno en la sentencia.

3. Para la eleccin de la medida o medidas adecuadas se deber atender de modo flexible, no slo a la prueba y valoracin jurdica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el inters del menor, puestos de manifiesto los dos ltimos en los informes de los equipos tcnicos y de las entidades pblicas de proteccin y reforma de menores cuando stas hubieran tenido


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conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con anterioridad, conforme a lo dispuesto en el artculo 27 de la presente Ley. El Juez deber motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, as como el plazo de duracin de la misma, a los efectos de la valoracin del mencionado inters del menor.

4. El Juez podr imponer al menor una o varias medidas de las previstas en esta Ley con independencia de que se trate de uno o ms hechos, sujetndose si procede a lo dispuesto en el artculo 11 para el enjuiciamiento conjunto de varias infracciones; pero, en ningn caso, se impondr a un menor en una misma resolucin ms de una medida de la misma clase, entendiendo por tal cada una de las que se enumeran en el apartado 1 de este artculo.

Artculo 8. Principio acusatorio

El Juez de Menores no podr imponer una medida que suponga una mayor restriccin de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular.10

Tampoco podr exceder la duracin de las medidas privativas de libertad contempladas en el artculo 7.1.a), b), c), d) y g), en ningn caso, del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber sido mayor de edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Cdigo Penal.

Artculo 9.11 Rgimen general de aplicacin y duracin de las medidas.

10 Inciso aadido por LO 15/2003. 11 Modificado por LO 8/2006. Texto anterior: Reglas para la aplicacin de las medidas. No obstante lo establecido en el artculo 7.3, la aplicacin de las medidas se atendr a las siguientes reglas: 1 Cuando los hechos cometidos sean calificados de falta, slo se podrn imponer las medidas de amonestacin, permanencia de fin de semana hasta un mximo de cuatro fines de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas, y privacin del permiso de conducir o de otras licencias administrativas. 2 La medida de internamiento en rgimen cerrado slo podr ser aplicable cuando en la descripcin y calificacin jurdica de los hechos se establezca que en su comisin se ha empleado violencia o intimidacin en las personas o actuado con grave riesgo para la vida o la integridad fsica de las mismas. 3 La duracin de las medidas no podr exceder de dos aos, computndose, en su caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar, conforme a lo dispuesto en el artculo 28.5 de la presente Ley. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podr superar las cien horas. La medida de permanencia de fin de semana no podr superar los ocho fines de semana. 4 En el caso de personas que hayan cumplido los diecisis aos en el momento de la comisin de los hechos, el plazo de duracin de las medidas podr alcanzar un mximo de cinco aos, siempre que el delito haya sido cometido con violencia o intimidacin en las personas o con grave riesgo para la vida o la integridad fsica de las mismas y el equipo tcnico en su informe aconseje la prolongacin de la medida. En estos supuestos, la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad podr alcanzar las doscientas horas, y la de permanencia de fin de semana, diecisis fines de semana.

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No obstante lo establecido en los apartados 3 y 4 del artculo 7, la aplicacin de las medidas se atendr a las siguientes reglas:

1. Cuando los hechos cometidos sean calificados de falta, slo se podrn imponer las medidas de libertad vigilada hasta un mximo de seis meses, amonestacin, permanencia de fin de semana hasta un mximo de cuatro fines de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas, privacin del permiso de conducir o de otras licencias administrativas hasta un ao, la prohibicin de aproximarse o comunicarse con la vctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez hasta seis meses, y la realizacin de tareas socio-educativas hasta seis meses.

2. La medida de internamiento en rgimen cerrado slo podr ser aplicable cuando:

a) Los hechos estn tipificados como delito grave por el Cdigo Penal o las leyes penales especiales.

b) Tratndose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecucin se haya empleado violencia o intimidacin en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad fsica de las mismas.

c) Los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organizacin o asociacin, incluso de carcter transitorio, que se dedicare a la realizacin de tales actividades.

3. La duracin de las medidas no podr exceder de dos aos, computndose, en su caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar, conforme a lo dispuesto en el artculo 28.5 de la presente Ley. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podr superar las cien horas. La medida de permanencia de fin de semana no podr superar los ocho fines de semana.

4. Las acciones u omisiones imprudentes no podrn ser sancionadas con medidas de internamiento en rgimen cerrado.

5. Excepcionalmente, cuando los supuestos previstos en la regla anterior revistieran extrema gravedad, apreciada expresamente en la sentencia el Juez habr de imponer una medida de internamiento de rgimen cerrado de uno a cinco aos de duracin complementada sucesivamente por otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un mximo de otros cinco aos. Slo podr hacerse uso de lo dispuesto en los artculos 14 y 51.1 de esta Ley una vez transcurrido el primer ao de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en la disposicin adicional cuarta. La medida de libertad vigilada deber ser ratificada mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, al finalizar el internamiento, y se llevar a cabo por las instituciones pblicas encargadas del cumplimiento de las penas, conforme a lo establecido en el artculo 105.1 del vigente Cdigo Penal. A los efectos de este artculo, se entendern siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia. 6 Las acciones u omisiones imprudentes no podrn ser sancionadas con medidas de internamiento en rgimen cerrado. 7 Cuando en la postulacin del Ministerio Fiscal o en la resolucin dictada en el procedimiento se aprecien algunas de las circunstancias a las que se refiere el artculo 5.2 de esta Ley, slo podrn aplicarse las medidas teraputicas descritas en el artculo 7.1, letras d) y e) de la misma.


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5. Cuando en la postulacin del Ministerio Fiscal o en la resolucin dictada en el procedimiento se aprecien algunas de las circunstancias a las que se refiere el artculo 5.2 de esta Ley, slo podrn aplicarse las medidas teraputicas descritas en el artculo 7.1, letras d) y e) de la misma.

Artculo 10.12 Reglas especiales de aplicacin y duracin de las medidas

1. Cuando se trate de los hechos previstos en el apartado 2 del artculo anterior, el Juez, odo el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el equipo tcnico, actuar conforme a las reglas siguientes:

a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince aos de edad, la medida podr alcanzar tres aos de duracin. Si se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, dicho mximo ser de ciento cincuenta horas, y de doce fines de semana si la medida impuesta fuere la de permanencia de fin de semana.

b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere diecisis o diecisiete aos de edad, la duracin mxima de la medida ser de seis aos; o, en sus respectivos casos, de doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o permanencia de diecisis fines de semana.

En este supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad, el Juez deber imponer una medida de internamiento en rgimen cerrado de uno a seis aos, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un mximo de cinco aos. Slo podr hacerse uso de lo dispuesto en los artculos 13 y 51.1 de esta Ley Orgnica una vez transcurrido el primer ao de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento.

A los efectos previstos en el prrafo anterior, se entendern siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia.

2. Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artculos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Cdigo Penal, o de cualquier otro delito que tenga sealada en dicho Cdigo o en las leyes penales especiales pena de prisin igual o superior a quince aos, el Juez deber imponer las medidas siguientes:

12 Modificado por LO 8/2006. Texto anterior: De la prescripcin. 1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben: 1. A los cinco aos, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Cdigo Penal con pena superior a diez aos. 2. A los tres aos, cuando se trate de cualquier otro delito grave. 3. Al ao, cuando se trate de un delito menos grave. 4. A los tres meses, cuando se trate de una falta. 2. Las medidas que tengan un plazo superior a los dos aos prescribirn a los tres aos. Las restantes medidas prescribirn a los dos aos, excepto la amonestacin, las prestaciones en beneficio de la comunidad y el arresto con tareas de fin de semana, que prescribirn al ao. 3. Los hechos delictivos cometidos por mayores de dieciocho aos y menores de veintiuno prescribirn con arreglo a las normas contenidas en el Cdigo Penal.


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a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince aos de edad, una medida de internamiento en rgimen cerrado de uno a cinco aos de duracin, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres aos.

b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere diecisis o diecisiete aos de edad, una medida de internamiento en rgimen cerrado de uno a ocho aos de duracin, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco aos. En este supuesto slo podr hacerse uso de las facultades de modificacin, suspensin o sustitucin de la medida impuesta a las que se refieren los artculos 13, 40 y 51.1 de esta Ley Orgnica, cuando haya transcurrido al menos, la mitad de la duracin de la medida de internamiento impuesta.

3. En el caso de que el delito cometido sea alguno de los comprendidos en los artculos 571 a 580 del Cdigo Penal, el Juez, sin perjuicio de las dems medidas que correspondan con arreglo a esta Ley, tambin impondr al menor una medida de inhabilitacin absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince aos al de la duracin de la medida de internamiento en rgimen cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el nmero de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor.

4. Las medidas de libertad vigilada previstas en este artculo debern ser ratificadas mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores al finalizar el internamiento, y se llevar a cabo por las instituciones pblicas encargadas del cumplimiento de las penas.

Artculo 11.13 Pluralidad de infracciones

1. Los lmites mximos establecidos en el artculo 9 y en el apartado 1 del artculo 10 sern aplicables, con arreglo a los criterios establecidos en el artculo 7, apartados 3 y 4, aunque el menor fuere responsable de dos o ms infracciones, en el caso de que stas sean conexas o se trate de una infraccin continuada, as como cuando un slo hecho constituya dos o ms infracciones. No obstante, en estos casos, el Juez, para determinar la medida o medidas a imponer, as como su duracin, deber tener en cuenta, adems del inters del menor, la naturaleza y el nmero de las infracciones, tomando como referencia la ms grave de todas ellas.

Si pese a lo dispuesto en el artculo 20.1 de esta Ley dichas infracciones hubiesen sido objeto de diferentes procedimientos, el ltimo Juez sentenciador sealar la medida o medidas que debe cumplir el menor por el conjunto de los hechos, dentro de los lmites y con arreglo a los criterios expresados en el prrafo anterior.

13 Modificado por LO 8/2006. Texto anterior: Concurso de infracciones. 1. Al menor responsable de una pluralidad de hechos se le impondr una o varias medidas, teniendo en cuenta los criterios expresados en los artculos 7.3 y 9 de la presente Ley. 2. Sin embargo, cuando una misma conducta sea constitutiva de dos o mas infracciones, o una conducta sea medio necesario para la comisin de otra, se tendr en cuenta exclusivamente la ms grave de ellas para la aplicacin de la medida correspondiente.


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2. Cuando alguno o algunos de los hechos a los que se refiere el apartado anterior fueren de los mencionados en el artculo 10.2 de esta Ley, la medida de internamiento en rgimen cerrado podr alcanzar una duracin mxima de diez aos para los mayores de diecisis aos y de seis aos para los menores de esa edad, sin perjuicio de la medida de libertad vigilada que, de forma complementaria, corresponda imponer con arreglo a dicho artculo.

3. Cuando el menor hubiere cometido dos o ms infracciones no comprendidas en el apartado 1 de este artculo ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo 47 de la presente Ley.

Artculo 12.14 Procedimiento de aplicacin de medidas en supuestos de pluralidad de infracciones.

1. A los fines previstos en el artculo anterior, en cuanto el Juez sentenciador tenga conocimiento de la existencia de otras medidas firmes en ejecucin, pendientes de ejecucin o suspendidas condicionalmente, impuestas al mismo menor por otros jueces de menores en anteriores sentencias, y una vez que la medida o medidas por l impuestas sean firmes, ordenar al secretario judicial que d traslado del testimonio de su sentencia, por el medio ms rpido posible, al Juez que haya dictado la primera sentencia firme, el cual ser el competente para la ejecucin de todas, asumiendo las funciones previstas en el apartado 2 de este artculo.

2. El Juez competente para la ejecucin proceder a la refundicin y a ordenar la ejecucin de todas las medidas impuestas conforme establece el artculo 47 de esta Ley. Desde ese momento, pasar a ser competente a todos los efectos con exclusin de los rganos judiciales que hubieran dictado las posteriores resoluciones.

Artculo 13.15 Modificacin de la medida impuesta.

1. El Juez competente para la ejecucin, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, previa audiencia de stos e informe del equipo tcnico y, en su caso, de la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, podr en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duracin o sustituirla por otra,

14 A Infraccin continuada o con pluralidad de vctimas. En los supuestos de infraccin continuada o de una sola infraccin con pluralidad de vctimas, el Juez impondr a la persona sentenciada una sola medida, tomando como referencia el ms grave de los hechos cometidos, en la mxima extensin de aqulla conforme a las reglas del artculo 9, salvo cuando el inters del menor aconseje la imposicin de la medida en una extensin inferior. 15 En virtud de la LO 8/2006, el art. 13 queda derogado y adquiere el contenido del anterior art. 134. Texto anterior: Imposicin de varias medidas. Cuando a la persona sentenciada se le impusieren varias medidas en el mismo procedimiento y no pudieran ser cumplidas simultneamente, el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal y del letrado del menor, odos el representante del equipo tcnico y la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, podr sustituir todas o alguna de ellas, o establecer su cumplimiento sucesivo, sin que en este caso el plazo total de cumplimiento pueda superar el doble del tiempo por el que se le impusiere la ms grave de ellas.


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siempre que la modificacin redunde en el inters del menor y se exprese suficientemente a ste el reproche merecido por su conducta.

2. En los casos anteriores, el Juez resolver por auto motivado, contra el cual se podrn interponer los recursos previstos en la presente Ley.

Artculo 14.16 Mayora de edad del condenado.

1. Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley alcanzase la mayora de edad, continuar el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios expresados en los artculos anteriores.

2. Cuando se trate de la medida de internamiento en rgimen cerrado y el menor alcance la edad de dieciocho aos sin haber finalizado su cumplimiento, el Juez de Menores, odo el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo tcnico y la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, podr ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en un centro penitenciario conforme al rgimen general previsto en la Ley Orgnica General Penitenciaria si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia.

3. No obstante lo sealado en los apartados anteriores, cuando las medidas de internamiento en rgimen cerrado sean impuestas a quien haya cumplido veintin aos de edad o, habiendo sido impuestas con anterioridad, no hayan finalizado su cumplimiento al alcanzar la persona dicha edad, el Juez de Menores, odos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo tcnico y la entidad pblica de proteccin o reforma de menores, ordenar su cumplimiento en centro penitenciario conforme al rgimen general previsto en la Ley Orgnica General Penitenciaria, salvo que, excepcionalmente, entienda en consideracin a las circunstancias concurrentes que procede la utilizacin de las medidas previstas en los artculos 13 y 51 de la presente Ley o su permanencia en el centro en cumplimiento de tal medida cuando el menor responda a los objetivos propuestos en la sentencia.

4. Cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en un centro penitenciario, quedarn sin efecto el resto de medidas impuestas por el Juez de Menores que estuvieren pendientes de cumplimiento sucesivo o que estuviera cumpliendo simultneamente con la de internamiento, si stas no fueren compatible con el rgimen penitenciario, todo ello sin perjuicio de que excepcionalmente proceda la aplicacin de los artculos 13 y 51 de esta Ley.

5. La medida de internamiento en rgimen cerrado que imponga el Juez de Menores con arreglo a la presente Ley se cumplir en un centro penitenciario conforme al rgimen general previsto en la Ley Orgnica General Penitenciaria siempre que, con anterioridad al inicio de la ejecucin de dicha medida, el responsable hubiera cumplido ya, total o parcialmente, bien una pena de prisin impuesta con arreglo al Cdigo Penal, o bien una medida de internamiento ejecutada en un centro penitenciario conforme a los apartados 2 y 3 de este artculo.

16 Modificado por LO 8/2006. Texto anterior: actual art. 13.


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Artculo 15.17 De la prescripcin.

1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben:

1. Con arreglo a las normas contenidas en el Cdigo Penal, cuando se trate de los hechos delictivos tipificados en los artculos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Cdigo Penal o cualquier otro sancionado en el Cdigo Penal o en las leyes penales especiales con pena de prisin igual o superior a quince aos.

2. A los cinco aos, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Cdigo Penal con pena superior a diez aos.

3. A los tres aos, cuando se trate de cualquier otro delito grave.

4. Al ao, cuando se trate de un delito menos grave.

5. A los tres meses, cuando se trate de una falta.

2. Las medidas que tengan una duracin superior a los dos aos prescribirn a los tres aos. Las restantes medidas prescribirn a los dos aos, excepto la amonestacin, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que prescribirn al ao.

TTULO III

DE LA INSTRUCCIN DEL PROCEDIMIENTO

CAPTULO I REGLAS GENERALES

Artculo 16. Incoacin del expediente.

1. Corresponde al Ministerio Fiscal la instruccin de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artculo 1 de esta Ley.

2. Quienes tuvieren noticia de algn hecho de los indicados en el apartado anterior, presuntamente cometido por un menor de dieciocho aos, debern ponerlo en

17 Modificado por LO 8/2006. Texto anterior: Mayora de edad del condenado. Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley alcanzase la mayora de edad, continuar el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios expresados en los artculos anteriores. No obstante lo sealado en el prrafo anterior, cuando las medidas de internamiento sean impuestas a quien haya cumplido veintitrs aos de edad o, habiendo sido impuestas, no haya finalizado su cumplimiento al alcanzar el joven dicha edad, el Juez de Menores, odo el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 14 y 51 de la presente Ley, ordenar su cumplimiento en centro penitenciario conforme al rgimen ordinario previsto en la Ley Orgnica General Penitenciaria.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.tp.html#a1http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t2.html#a14#a14http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t7.html#a51http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html


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conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual admitir o no a trmite la denuncia, segn que los hechos sean o no indiciariamente constitutivos de delito; custodiar las piezas, documentos y efectos que le hayan sido remitidos, y practicar, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para la comprobacin del hecho y de la responsabilidad del menor en su comisin, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones cuando los hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido. La resolucin recada sobre la denuncia deber notificarse a quienes hubieran formulado la misma18.

3. Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el apartado anterior, el Ministerio Fiscal dar cuenta de la incoacin del expediente al Juez de Menores, quien iniciar las diligencias de trmite correspondientes.

4.19 El Juez de Menores ordenar al propio tiempo la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil, que se tramitar conforme a lo establecido en las reglas del artculo 64 de esta Ley.

5. Cuando los hechos mencionados en el artculo 1 hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores de edad penal y por personas de las edades indicadas en el mismo artculo 1, el Juez de Instruccin competente para el conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los imputados, adoptar las medidas necesarias para asegurar el xito de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y ordenar remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el apartado 2 de este artculo.

Artculo 17. Detencin de los menores.

1. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detencin de un menor debern practicarla en la forma que menos perjudique a ste y estarn obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detencin y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, as como a garantizar el respeto de los mismos. Tambin debern notificar inmediatamente el hecho de la detencin y e

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