ACTUAL MANDO l\IILITAR

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RE ORGANO DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MIUTARES

Oficinas: Calle 70 No . .4 - 2.4 • PBX: 3.45 051 1 Áf'Onodo A«eo No. 171.49

Sonlofé de Bogotá, D.C.

Resolución No. 001167, (Sept./73) • Mingobiemo Resolución No. 0286 (Feb./82) • Permiso No. 318 Adpostal

Director MG. JOSE ROBERTO IBAÑEZ SANCHEZ

Subdirector CN. CARLOS A. PRIETO AVILA

JUNTA DIRECTIVA

Presidente CO. Luis Alfonso Rincón Aldono

Primer Vicepresidente CA. Juan Pablo Roirón H.

Segundo Vicepresidente BG. Luis A. Morillo A

Secretario General Ejecutivo CO. Gustavo Gordo Acosto

Vocales CO. Armando Castañedo N.

TC. Jorge A Sónchez M. CO. Ernesto Cortés A.

TC. Hemondo lazado G. CO. Gabriel Morales H. CO. Daniel H. Riveras C.

Revisor Fiscal CO. Guillermo Rodríguez Guzmón

CONSEJO EDITORIAL GR. Alberto Ruiz Novoo

MG. José Roberto lbóñez Sónchez MG. lisondro Barrero Rey

BG. Gabriel Puyono Gordo CN Carlos A. Prieto Avilo MY Osear Forero Rocines

Director Edito rial Jaime A. Cubillos C.

los ideos y tesis expuestos por los autores de los articulas publicados son de lo exclusivo responso-bilidod de éstos y no reflejan necesariamente el criterio de lo Asociación

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CONTENIDO

Póg. EDITORIAL

- Otra vez los derechos humanos y el fuero militar ... .. . . . ...... 3

DEFENSA NACIONAL - Hacia uno política integral de seguridad y defensa nocional

General Horold Bedoyo Pizarra . ........... .................. ...... ... 5

POLITICA - Otro fallido estrategia de paz

General Luis A. Mejío Valenzuela . .. . ......... .. . .. . .. ............. ... 14

CONDECORACIONES - O rden de la Democracia

Capitón Guillermo M ortínezguerra Zombrano .... .. . .... ....... 21

IN MEMORIAM - El General Osear Botero Restrepo ...... .............. ... ...... ...... 23

GEOPOLITICA - Geopolítico y seguridad hacia el siglo XXI

Mayor General Juan Salcedo loro ...... .................. ........... 25 - lo política exterior colombiano frente al desafío del Pacífico

Coronel Fancisco Gómez loverde ....... ............................ 36

TEMAS M ILITARES - los Generales ret irados

General Alberto Ruiz Novoa ........ ....... .................... ...... ... 39

HISTORIA - El General José de los Santos Gutiérrez (Continuación)

Mayor General José Roberto lbóñez Sónchez ....... ............. 42

No. 92 MARZO DE 1996 SANTAFE DE BOGOTA, D. C.

NUESTRA CARATULA Mosóico fotográfico del mondo militar colombiano

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OTRA VEZ LOS DERECHOS HUMANOS Y EL FUERO

MILITAR

Frente a situaciones críticas, los colombianos solemos abordar su análisis con criterio apasio­nado antes que con objetividad, mesura y realismo. Tal ocurre hoy, una vez más, con el Fuero Militar, a raíz de haber sido tachado el país, según organizaciones europeas no gubernamentales, como uno de los diez Estados más violadores de los Derechos Humanos.

Tal circunstancia está sirviendo de argumento a quienes ingenua o deliberadamente promueven la desestabilización institucional militar, para sostener que la principal causa de violación de los Derechos Humanos en Colombia se debe al Fuero Militar, consagrado por la Constitución Nacio­nal para los miembros de la Fuerza Pública. Argumento que es tan valedero como el decir que la Constitución Nacional es la responsable de la violencia que se enseñorea en los campos y ciudades del país, o que el Código Penal es germen de la impunidad rampante.

Desde hace tiempo, se viene diciendo que en Colombia existe un desfase entre la normatividad jurídica con la realidad social, que aquí hay dos países, uno político y otro nacional. De ser verdad esta afirmación, como parece que lo es, hay una razón de más para desvirtuar tales presuntas relaciones de causalidad ~ntre el ejercicio y protección de los Derechos Humanos con el Fuero Militar.

Estas consideraciones, nos llevan a plantear realidades concretas. La primera es que nuestra patria está profundamente afectada por un conflicto interno cada vez más cruento y radical, que se desarrolla en un medio político y social degradado, circunstancia que hace si no imposible, muy difícil el respeto y protección de los derechos humanos; empezando por el derecho a la vida que es el más trascendental, como quiera que es presupuesto sine quanon de los demás derechos.

Razón le sobra al Señor General Comandante del Ejército cuando plantea que lo primero que hay que acabar es con el conflicto armado que padecemos para que los Derechos Humanos se puedan concretar en la práctica de nuestra vida social.

La segunda realidad hace relación a la politización de estos Derechos Humanos por parte de la subversión y sus corifeos. Situación que ha llegado al punto de hacer creer que ellos sólo deben ser respetados por el Estado pero no por sus implacables enemigos que quieren destruirlo sin impor-

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tar Los medios que utilizan. De tal manera pretenden tomar Los Derechos Humanos como bandera de lucha, buscan emplearlos como arma sicológica para confundir, desmoralizar y socavar Lamo­ral de la Fuerza Pública, con miras a lograr por este medio lo que no han podido ni podrán por la vía armada. Todo al amparo de la protección de los delitos políticos establecida en el propio Código Penal Militar, Qué ironía!. Porque en Colombia no hay insurgencia armada, sino una serie de cuadrillas de malhechores que dicen llamarse guerrilleros, dedicados con igual ferocidad y crueldad a destruir al Estado y a martirizar a la sociedad.

El francés Jaques Vergés en su notable obra« Estrategias Judiciales en los procesos políticos» escrita hace cerca de tres décadas, la cual se convirtió desde entonces en «Biblia» de la subversión colombiana, afirmó que en los países con estructuras sociopolíticas y económicas débiles, es decir en los países subdesarrollados, quienes subvierten el orden público establecido cuentan con la posibilidad de invertir el sistema de valores y pueden convertirse fácilmente de acusados en acusadores.

Es Lo que está pasando en Colombia con La tremenda debilidad que padece el Estado, fruto de la acumulación de toda una serie de factores de descomposición que no es del caso traer, porque son bien conocidos de todos los compatriotas. Sin que ello quiera decir, que miembros de la Fuerza Pública, efectivamente y en algunas circunstancias no hayan violado los derechos humanos.

Porque a pesar de que los militares hemos tenido una formación espiritual altruista, patriótica y ética, profunda y bien cimentada, difícilmente podemos sustraemos totalmente del ambiente que nos rodea, y que además nos martiriza, nos denigra y asesina, sin que las organizaciones de dere­chos humanos se pronuncien en nuestra defensa. Pero estas circunstancias excepcionales dan argumentos a la subversión para generalizarlas, para mostramos como lo que no somos y benefi­ciar sus protervos propósitos.

Lo grave es que el Estado no sea consciente de esta situación, que la sociedad permanezca indiferente y pasiva frente a tamaño problema y que organizaciones altruistas y románticas, pero del todo utópicas frente a la realidad del conflicto, terminen por barrer con el Fuero Militar. Por que tal situación implicará necesariamente la quiebra de la voluntad de lucha de los miembros de la Fuerza Pública, que es lo que están buscando la subversión y el narcotráfico para apoderarse de esta querida patria, que tanto nos duele hoy por todos los males que padece. Lo lograrán?. El Estado y la sociedad tienen la palabra.

NOTA DE PESAR

Al concluir esta edición, nos hemos enterado de la muerte del General Osear Botero Restrepo, exministro de Defensa Nacional y distinguido soldado de Colombia. Lamentamos de verdad este insuceso que enluta no sólo a su familia, a la cual hacemos llegar nuestro sentimiento de pesar, sino a la Institución Militar y a la Patria. Porque el General Botero Restrepo fue buen hijo de familia, excelente padre y esposo, inigualable hijo y paradigma del buen ciudadano.

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HACIA UNA POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

INAUGURACION DE LA CATEDRA COWMBIA EL lo. DE ABRIL DE 1997

INTRODUCCION :

P roseguimos en la tarde de hoy un esfuerzo intelec­tual de vasta resonancia,

en buena hora iniciado por el se­ñor Mayor General MANUEL JOSE BONEJT LOCARNO como Director de la Escuela Superior de Guerra el año pasado, con el claro propósito de facilitar un foro don­de los estamentos civiles y arma­dos de la nación puedan encontrar­se para reflexionar conjuntamente sobre todo aquello que interese a la Patria, a su devenir histórico y a cuanto contribuya a su salud, la ar­monía de sus gentes, la claridad de su futuro y la solución de los com­plejos problemas que la agobian.

Para el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, en­cargado transitoriamente del Mi­nisterio de Defensa, es altamente

General HAROLD BEDOYA PIZARRO MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL ENCARGADO

honroso ocupar este sitial, desde donde se han dirigido a un pres­tante auditorio altas personalida­des del Estado, de las letras, del pensamiento en los diferentes sec­tores del quehacer nacional.

Deseo en esta oportunidad re­saltar la importancia de este foro abierto, que aproxima los ámbitos castrense y civil, y nos lleva a un mejor conocimiento recíproco y brinda oportunidades excepciona­les para intercambiar criterios y discutir opiniones en los más va­riados campos de la actividad na­cional. Aquí se ha escuchado con respeto y atención a personas des­afectas con las instituciones mili­tares. A periodistas de las más va­riadas posturas ideológicas. A maestros de la pluma como nues­tro Premio Nóbel Gabriel García Márquez, quien en un acto de es­pontánea franqueza- muy suyo por

otra parte - nos declaró después de aceptar que su imagen preconce­bida del Ejército era la que su abue­lo le había configurado con el trá­gico relato de las Bananeras :

« ... nunca he tenido la oportu­nidad de conversar con más de me­dia docena de militares en cincuen­ta años, y con muy pocos logré ser espontáneo y desprevenido. La impresión de incertidumbres recí­procas entorpeció siempre nues­tros encuentros, nunca pude supe­rar la idea de que las palabras no significaban lo mismo para ellos que para mí, y que a fm de cuenta no teníamos nada de qué hablar>>.

Otra cosa pensó el admirado maestro al término de su intervención y de la lluvia de preguntas salidas de su audiencia militar, sobre sus libros que no imaginó hubiesen penetrado los muros de nuestros cuarteles.

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Para allanar esas barreras, des­vanecer las incertidumbres reci­procas de que habló Gabriel García Márquez y para que a fin de cuen­ta si tengamos de qué hablar mili­tares y civiles en el mismo suelo donde vimos la luz, la Cátedra de Colombia abre sin prevenciones, ni distancias, ni cortapisas la dia­fanidad de sus intenciones y pro­pósitos.

El tema de mi exposición se re­fiere a la necesidad imperiosa que tiene Colombia de definir y orien­tar su esfuerzo para lograr una efectiva seguridad del Estado y de los ciudadanos. Porque ellos, lo primero que están reclamando hoy es el derecho a su vida, a su honra, a sus bienes y a la paz, dentro de un Estado de derecho que sea ca­paz de enfrentar con decisión la escalada criminal que busca des­truirlo llevando al martirio a la pro­pia comunidad.

Todos somos conscientes que las amenazas contra la Nación son cada vez más insolentes y feroces. Espe­cialmente la probada y macabra alian­za entre el narcotráfico y la subver­sión que está cobrando un poder bár­baro e inusitada crueldad, mediante el terrorismo indiscriminado con el cual pretende nuevamente intimidar al Estado, atemorizar y desmoralizar a la sociedad.

Esta circunstancia demanda todo el valor y decisión de los colombia­nos para enfrentarla. Tenemos que dejar de lado el egoísmo y la lamen­tación. Los recursos espirituales, hu­manos y materiales de la Nación, no se han puesto en pie de lucha, per-

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manecen latentes a la espera de que los saquemos a flote. Tenemos que dedicamos al esfuerzo colectivo de defender la patria y sus instituciones y de asegurar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos para todos los co­

lombianos sin distinción alguna

La sociedad y el Estado colom­bianos se debaten en una crisis pro­funda, producto de la concurrencia de muchos factores de descompOsición. No podemos continuar en el simplismo y las interpretaciones apa­sionadas. Menos de caer sobre la Fuerza Pública, como hacen algunos, para endilgarle carencia de pro­fesionalismo, de capacidad para en­frentar la narcoguerrilla, de estrate­gia militar adecuada, o de calificar a sus miembros como los principales violadores de los Derechos Humanos y exigir por ello una reforma militar que corrija tamaños entuertos.

Las Fuerzas Militares y de Poli­cía son Instituciones respetables, de­dicadas con abnegación y valor a la dura tarea de enfrentar a los violen­tos de todo tipo y características. Su labor es reconocida no sólo por los buenos colombianos, sino en el ám­bito internacional, donde son consi­derados héroes de esta lucha Efecti­vamente, no hay un país en el mundo que muestre los resultados de Colom­bia en esta confrontación contra las cuadrillas narcoguerrilleras y terroris­tas y contra la delincuencia organi­zada Sus hombres han ofrendado sus vidas por el bienestar de la Patria.

Desde luego, se pueden optimizar resultados y corregir fallas que se consideran normales. Porque esta lucha es una obra humana y como

tal, susceptible del error. Pero ta­les fallas y errores no provienen tanto de la Fuerza Pública, como de la forma como se plantea esta guerra larvada y multiforme, mu­chos de los cuales provienen del Estado en su conjunto y sobre todo de la sociedad. Por consiguiente, están fuera de las posibilidades de solución militar.

Nuestra primera gran falla es la falta de conciencia ciudadana por la situación que se vive. Si lapo­blación carece de solidaridad so­cial, de identidad con los intereses del Estado a pesar de sufrir de manera directa, intensa e indis­criminada la inseguridad, no po­dremos encontrar fácilmente el horizonte de la paz.

Por no ser conscientes los ciu­dadanos de la situación de insegu­ridad, hasta cuando no viven en carne propia el problema, es que la colaboración con las autorida­des es escasa y muy poca la parti­cipación de la comunidad en las decisiones que la afectan. Situa­ción que obliga al Estado a em­prender una amplia tarea educati­va en la esfera de la seguridad, hasta que el común de la ciudada­nía se integre a esta magna tarea. Incluyendo personas, cargos y or­ganizaciones que por su razón de ser, estarían obligadas a conocerlo en profundidad, sin que escapen de ello las propias Fuerzas Armadas.

Baste con señalar cómo muchos de nuestros críticos no conocen a las Instituciones Armadas por den­tro, porque ni siquiera han presta­do el servicio militar obligatorio,

como no ocurre en países desarro­llados que tienen una conciencia bien definida de la seguridad. Aún más, creen que esta obligación es de los estratos socioeconómicos más bajos, dándole a este deber patriótico carácter clasista. Menu­da colaboración prestan a la patria, quienes pretenden dejar su defen­sa en manos exclusivas de los cam­pesinos y de los colombianos des­heredados de la fortuna.

Por ello, causan desasosiego las tutelas proferidas contra el servi­cio militar de bachilleres en luga­res de riesgo, porque ellas fomen­tan la indefensión de Colombia. El servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes en edad y condi­ción de prestarlo y deben hacerlo donde la Nación lo requiera. Los jueces de la República están para facilitar a los ciudadanos el cum­plimiento de sus deberes y obliga­ciones y no para ayudar a eludirlo con argumentaciones clasistas y re­pugnantes. El príncipe de Inglate­rra, fue un combatiente más en la guerra de las Malvinas, sin que la Corona hiciera nada para evitarlo.

Es así, como se promueve la participación de la comunidad en la solución de sus problemas de se­guridad, que es la característica esencial y real de la democracia participativa, para que tal postula­do no sea un simple enunciado constitucional, sin mayor concre­ción en la realidad, como algunos creen que debe ser en Colombia.

De esta reflexión podemos sa­car una primera conclusión: mien­tras la sociedad no participe acti-

va y decididamente en ayudar a contrarrestar la inseguridad imperante, el Estado con sus es­fuerzos difícilmente podrá derro­tar las amenazas contra su existen­cia y contra la vida, honra y bie­nes de sus habitantes. Tenemos que dedicarnos al esfuerzo colectivo de construir una sociedad civil, para que la comunidad logre la unidad, consciencia y valor y para que el esfuerzo del Estado o de sus insti­tuciones no resulte estéril. Por for­tuna cada vez son más fuertes las voces de este llamado al que los colombianos debemos responder de inmediato con coraje y decisión.

Un segundo aspecto del tema de exposición se relaciona con la po­lítica de seguridad que todo Esta­do debe elaborar y desarrollar, tal como ocurre en la generalidad de los países del mundo.

Como lo consagra en el nivel formal nuestra Constitución Na­cional en su preámbulo y artículo 2, son fines esenciales del Estado: «Defender la independencia nacio­nal, mantener la integridad territo­rial y asegurar la convivencia pa­cífica y la vigencia de un orden justo».

Si estos son fines esenciales del Estado, todos los órganos del Po­der Público, deben colaborar armónicamente para su realiza­ción. Así lo expresa también el ar­tículo 113 de la Constitución Na­cional. Yo no entiendo cómo se ignora esto en la práctica del Esta­do colombiano. Nosotros hemos carecido de políticas de seguridad de carácter permanente e integral,

razón por la cual los diferentes ' gobiernos han tenido que atender los graves problemas de alteración del orden público interno o las ame­nazas externas, con medidas coyun­turales a veces descoordinadas en­tre las ramas del Poder Público.

En este momento, por ejemplo, a pesar de que Colombia es uno de los países del mundo más afecta­do por los factores de inseguridad, no hay una ley actualizada y rea­lista de defensa nacional. Porque hay tantos prejuicios y criterios al interior del mismo Estado, que han sido infructuosos los intentos para hacer realidad una ley marco que defina y oriente la actuación de todos los órganos del Estado con responsabilidades en la seguridad. La ley vigente es de 1964 y uste­des saben cuánto ha cambiado el país en los últimos 33 años.

A pesar de esta circunstancia, todos los gobiernos han realizado enormes esfuerzos por contener la escalada terrorista y criminal, des­atada por la narcosubversión con el fm protervo de corromper a la sociedad y apoderarse del poder político nacional. Pero a la larga tales esfuerzos han resultado inúti­les, cuando no inconvenientes, por falta de propósitos defmidos, de coherencia e integridad en la ac­ción.

Nos surge entonces otra conclu­sión. El Estado colombiano debe establecer una ley rigurosa de se­guridad y defensa, que desarrolle de manera inequívoca la Constitu­ción Nacional en este campo, que fije objetivos y prioridades, que

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señale rumbos a cada Institución que tenga responsabilidad en el tema, que proporcione los recur­sos legales y materiales para en­frentar la inseguridad imperante.

Mientras los poderes públicos no se pongan de acuerdo en ello, será muy difícil contrarrestar las amenazas contra la seguridad del Estado y menos aún asegurar que los ciudadanos de este país convi­van de manera civilizada y tranqui­la, como suele suceder en la ma­yoría de países de la tierra. Los colombianos de bien nos aterramos de que frente a una situación tan grave de violencia e inseguridad como la que vivimos y que ahora vuelve por el terrorismo indiscri­minado y cruel, no tengamos le­yes drásticas y efectivas para pro­teger al Estado y a la comunidad.

Lo anterior para no hablar del nivel regional y local de la admi­nistración, donde gobernadores y alcaldes creían hasta hace poco tiempo, que los problemas de se­guridad eran asuntos que debía di­rimir la Fuerza Pública y dejaban en sus manos la solución. Así mu­chos problemas que tenían origen en errores o fallas del propio go­bierno municipal o departamental, adquirieron carácter de perturba­ción grave del orden público, cuan­do fácilmente hubieran podido evi­tarse con acciones administrativas.

Hoy hemos llegado al extremo de que por falta de acción, de vo­luntad y de capacidad administra­tiva de varias autoridades, la co­munidad apela a situaciones de hecho, a actos perturbadores del

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orden, para lograr que se ejecuten obras fundamentales para su segu­ridad y desarrollo o se solucionen problemas reales y sentidos al in­terior de dichas comunidades. De acentuarse esta costumbre, las al­teraciones del orden público van a ser cada vez más graves y recurren­tes y mejor aprovechadas por los narcoterroristas para pescar en el río revuelto de la anarquía, el pi­llaje y el desorden.

Otro tema capital y prioritario de la seguridad es la Justicia. Por­que mientras los criminales, llá­mense, narcodelincuencia organi­zada, o delincuentes comunes, no vean la posibilidad inminente de ser sancionados, la impunidad los llevará a incrementar su actividad delictiva.

Tal como acontece en Colom­bia, donde la Fuerza Pública en su lucha tenaz contra los violentos, dan de baja a muchos subversivos en operaciones de combate y en­trega a diario a la justicia sinnú­mero de delincuentes, varios de ellos capturados en flagrancia. Pero como pareciera que nuestro sistema probatorio estuviera dise­ñado más para proteger a los cri­minales, éstos por falta de pruebas son puestos en libertad. Así es como las diferentes cuadrillas su­plen con creces las bajas que su­fren en las operaciones militares.

Recordemos lo que decía Bolí­var: «El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad>>. Mien­tras no vayan a la cárcel los crimi­nales, llámense narcoguerrilla o delincuentes comunes, la acción de

la Fuerza Pública será estéril. Mientras no derrotemos la impu­nidad, que también como lo afrr­maba el Libertador: «es la madre de todos los delitos», no será posi­ble alcanzar la paz, la concordia y la seguridad individual o colecti­vamente considerada.

Yo creo que la Justicia es el fun­damento de la democracia y uno de los grandes objetos del contrato social. Una sociedad es más demo­crática en tanto los individuos go­zan de libertad en función del dere­cho de los demás. De lo cual se de­riva la convivencia y la tranquili­dad. Democracia no es libertinaje ni anarquía, es libertad y orden como lo consagra nuestro escudo nacional. Un Estado que tenga jus­ticia es un Estado democrático y fuerte contra el cual se estrellan to­dos los factores que tiendan a perturbarlo. Un Estado sin justicia es el imperio del caos, de la violen­cia, de la tiranía del más fuerte; como acontece en Colombia, según estadísticas que a diario nos seña­lan como uno de los países con mayores índices delictivos y violen­cia en el mundo. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pue­blo, como lo afirmaba Lincoln, es ante todo fruto de la justicia.

Esto no quiere decir que Co­lombia carezca de investigadores y jueces capaces de administrar justicia. Los hay y han existido muchos que precisamente han ofrendado con heroísmo sus vidas en el cumplimiento de su deber; pero la impunidad se enseñorea rampante, porque también hay jue­ces e investigadores venales y

malintencionados que son presa fácil de la corrupción o de la coac­ción. Y la acción de un juez o in­vestigador malvado deshace la ac­ción de diez jueces probos, labo­riosos y honestos.

En Colombia hay narcodelin­cuentes porque hay impunidad, hay criminales de todos los pe­lambres porque hay impunidad, hay corrupción en la administra­ción pública porque hay impuni­dad. El Estado y la sociedad es­tán en mora de emprender una gran cruzada contra la impunidad, mediante una política criminal que establezca una lucha integra­da y tenaz; que empiece por lle­var a las cárceles comunes a los delincuentes de cuello blanco, que se pasean orondos en sitios de detención privilegiados, gene­rándose con ello una <<justicia cla­sista>>, a todas luces detestable.

Por otra parte, también es ne­cesario quitarle a la justicia el am­biente politizado que logró infil­trarse en algunos estrados, me­diante estrategias judiciales des­tinadas a socabar lo que en épo­cas pasadas del orden bipolar, los comunistas llamaban «justicia burguesa»; cuyo claro propósito era el de desestabilizar al Estado a través de la deslegitimación de la justicia.

Estrategia que ha desarrollado la narcosubversión en Colombia con claridad en su objetivo e ini­ciativa para plantearle la guerra más conveniente al Estado; apro­vechando el medio social violen­to y los poderosos recursos finan-

cieros del secuestro, de la extor­sión y del narcotráfico. Así, el año pasado la narcosubversión desa­tó una crisis política, jurídica, so­cial y militar a raíz de las órdenes dadas por el Comandante del Ejér­cito para contener los desmanes de las marchas narcosubversivas en el sur del país y en este año la vuelve a plantear para barrer con el fuero militar.

Tamaña estrategia traída de otras latitudes, plantea el hecho de que la justicia no puede resistir un asalto general contra el Estado, por ser el instrumento regulador de las relaciones sociales, de las violaciones individuales a la ley. Porque la justicia es una razón de Estado cuando es fuerte; pero si al Estado le sobreviene una cri­sis, es ante la justicia que debe rendir cuentas. Por tanto, quienes luchan contra un Estado débil de­ben aplicar las estrategias judicia­les de ruptura, poniendo el orden público establecido en entredicho. Porque, de tal forma quienes lo sub­vierten cuentan con la posibilidad de invertir el sistema de valores y de esta forma se pueden convertir fácilmente de acusados en acu­sadores.

Se trata pues, de quebrar la au­toridad del Estado y de cambiar ra­dicalmente las reglas del juego ju­dicial, para que los hechos y cir­cunstancias de la acción criminal pasen a segundo plano y emerga como objetivo central la impugna­ción tenue a brusca, total o parcial­mente del orden público estableci­do. Sus primeras víctimas deben ser sus defensores.

Es así como los narcoterroristas colombiaqos han podido conver­tirse de acusados en acusadores, logrando en el pasado evadir la justicia penal militar que les era aplicada con rigor; y en el presen­te, pretenden acabar el fuero mili­tar y tomar la bandera de los Dere­chos Humanos para poner en la picota pública a los uniformados que han defendido al Estado y la sociedad con valor. Engaño que la opinión pública ya ha captado, pero que en el ambiente interna­cional ha surtido efectos en los países europeos y en los Estados Unidos, donde los corifeos de siempre no cesan en pedir sancio­nes para nuestro país.

Lo grave es que algunos funcio­narios judiciales, influidos por di­chas estrategias, por coacción, por interés personal, por ingenuidad o por desconocimiento de la situa­ción, han puesto en libertad a los delincuentes narcosubversi vos, mientras cohetáneamente detienen y buscan condenar a los miembros de la Fuerza Pública. Estrategia que llegó hasta consagrar en el pro­pio Código Penal la causal de im­punidad contemplada en el artícu­lo 127 del Código Penal que fue demandado ante la honorable Cor­te Constitucional por ser contrario a la Carta Fundamental.

Ante tamaña ofensiva de la de­lincuencia en el terreno judicial, la Fuerza Pública está completamen­te indefensa. Tal como acontece con el desconocimiento que se quiere hacer del fuero militar y la desnaturalización del principio universal de la obediencia debida,

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dándoles a los dos distinto alcan­ce, a pesar de tener el mismo ori­gen y pretender el mismo fin.

El fuero militar tiene como fin esencial, dar al Estado una organización armada legítima, monolítica, disciplinada y efi­caz, como garantía de su propia existencia. Puesto que la vida mi­litar moldea la personalidad del soldado en una constante predis­posición al sacrificio, a mandar y a obedecer bajo la más estricta dis­ciplina, esta disciplina cobra carác­ter de bien jurídico supremo. El co­nocimiento de estas condiciones de la vida castrense, ignoradas en el medio ciudadano, es fundamental para poder juzgar a los militares que cometen delitos por causa del servicio que prestan; especialmen­te en un Estado como Colombia, martirizado por la guerra interna permanente y feroz que le ha de­clarado la narcosubversión.

El fuero militar es así una insti­tución universal, destinada a preser­var la justicia, cuya esencia ~1á dada por el juzga miento de militares por Tribunales Militares. Así lo consa­gra el artículo 221 de la Constitu­ción Nacional, bajo la condición de que el delito sea cometido por un mi­litar en servicio activo y que dicho delito tenga relación de causalidad con el servicio, con arreglo a las pres­cripciones del Código Penal Militar. Norma que da al fuero militar carác­ter institucional, no personal; por eso los civiles no están cobijados por él y los militares al retirarse del servi­cio activo lo pierden y quedan como cualquier ciudadano, sometidos a la jurisdicción ordinaria

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A pesar de tales razones, en Co­lombia además se ha quebrantado la integridad del fuero militar al desconocerse en el campo discipli­nario y reconocerse apenas en el campo penal. Desconocimiento ocurrido al otorgarle a la Procuraduría General de la Nación esta atribución.

Los efectos de tal medida han sido del todo nocivos para la ca­pacidad operacional de las Fuer­zas Militares y de la Policía Na­cional, en la medida en que los fun­cionarios civiles de dicho ente fiscalizador, ignorando el ambiente y disciplina castrenses o llevados del antimilitarismo y afán de sen­tar precedentes con oficiales de alto rango, actúan en las investi­gaciones de manera parcial izada.

Lo anterior no significa que es­ternos proponiendo la desaparición del control del Estado sobre las acciones militares; se trata simple­mente de que se respeten las atri­buciones disciplinarias de los co­mandantes. Tampoco implica el que se pretenda desconocer la ju­risdicción penal ordinaria, cuando los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública nada tengan que ver con el servi­cio; menos que los militares que violen la ley no sean sancionados con todo rigor; corno deben serlo en su calidad de agentes del Esta­do encargados de dar ejemplo. Pero estos casos han sido excep­cionales y la propia justicia penal militar ha actuado con la debida severidad.

Es indispensable para la Insti­tución Armada, recuperar su líber-

tad de acción, mediante el respeto por su fuero disciplinario y el sos­tenimiento del fuero militar. Sin que ello signifique que dicho fue­ro no pueda ser objeto de revisión para adecuarlo a nuestra realidad nacional.

Los militares sabernos que para someter a las cuadrillas armadas es necesario su aislamiento de la po­blación civil, lo cual demanda el buen trato a la comunidad y a los propios criminales, una vez han depuesto las armas o han sido cap­turados. Esta situación ha sido pro­bada con el sinnúmero de captu­ras que día a día realiza la Fuerza Pública, a sabiendas que los narcosubversivos serán puestos en libertad,

Vivimos en un sistema demo­crático, si no perfecto, al menos con todos sus presupuestos. Don­de las normas están encaminadas a proteger los Derechos Humanos de los habitantes de Colombia por parte de las autoridades civiles y militares. Deber que nos es inelu­dible. Por eso, cuando alguien in­vestido de autoridad viola esos derechos, lo hace de manera aisla­da, por cuenta propia, sin que me­dien políticas estatales, guberna­mentales o militares.

Pero los protectores o simpati­zantes de la narcosubversión aftr­man lo contrario y se valen de cualquier hecho aislado para generalizarlo. Es insólito que las denuncias y notificaciones de autoridades judiciales a los co­mandantes militares, en las cua­les solicitan las disposiciones

operacionales proferidas, las órde­nes de allanamiento de los jueces y los pormenores de ley, hayan sido filtradas a la subversión y aprovechadas por ella para armar expedientes infames contra milita­res y policías. Tal ocurrió con el libro publicado en Bélgica deno­minado «terrorismo de Estado».

Las instituciones protectoras de los Derechos Humanos debe­rían dedicar mayores esfuerzos a prevenir, evitar y solucionar los conflictos, haciendo entrar en ra­zón a la subversión. Con la mis­ma vehemencia con que afirman su interés sólo en la conducta del Estado, por ser sujeto del dere­cho internacional, detentar la le­gitimidad de la fuerza y ser ga­rante del ejercicio de los Dere­chos Humanos. Planteamiento moral y jurídico relevante, pero sin el debido sustento en la rea­lidad del conflicto, en el que una de las partes pareciera tener jus­tificados los medios más ilícitos y los mecanismos sicológicos más oprobiosos, mientras la otra, la que defiende el Estado, debe rendir cuenta detallada de sus ac­tuaciones.

Las situaciones anteriores, es­tán como ya lo advertí fuera de las posibilidades de control y acción de las Fuerzas Armadas, pero son indispensables para alcanzar ma­yor eficacia en el cumplimiento de su misión constitucional.

Otro aspecto prioritario en ma­teria de seguridad es el de mejorar la inteligencia del Estado para lo­calizar y someter a los criminales

encuadrillados u organizados mi­litarmente. Para ello, es necesario que el Departamento Administra­tivo de Seguridad reoriente su función hacia la actividad espe­cífica de inteligencia, con el fin de que pueda incrementar el es­fuerzo de búsqueda y localización de los distintos agentes de violen­cia y de perturbación. Labor a la cual también deben dedicarse prioritariamente los instrumentos de inteligencia de la Fuerza Pú­blica, mejorando su tecnificación y profesionalismo.

Con instrumentos de inteligen­cia capacitados, técnicos y alta­mente eficientes se puede atacar la infraestructura financiera de la narcosubversión que debe ser otro de los grandes propósitos del Es­tado en materia de seguridad. De lo contrario, esta amenaza hará invivible el país. Porque, como ya lo advertimos, los recursos de la subversión en contubernio con el narcotráfico, son inmensos. Sostie­nen una infraestructura financiera al amparo de leyes inocuas, y permisivas con penas irrisorias que apenas sirven para que los crimi­nales se burlen del Estado, chan­tajeen a sus jueces o condicionen con ventajas su situación.

Por lo anterior, fácilmente es­tos enemigos de la patria pueden comprar armas, explosivos y mu­niciones de todo calibre en el ex­terior, adquirir material de campa­ña, hacer propaganda internacio­nal, sostener una «justicia parale­la» y adquirir equipos de comuni­cación altamente fieles y eficien­tes, a través de los cuales circulan

las órdenes de sus cabecillas de manera segura y oportuna.

Es indispensable que los comi­tés de seguimiento y control a las finanzas de la narcoguerrilla ten­gan toda la efectividad posible, para ello debe proyectarse una le­gislación apropiada que permita detectar, seguir y retener fondos financieros y bancarios, bienes inmuebles o muebles, que la sub­versión maneja a través de testafe­rros.

En relación con el tema de los efectivos de la Fuerza Pública, ante la imposibilidad presupuesta! de incrementarlos al doble de los actua­les como fuera lo ideal, las Fuerzas Militares y de Policía deben hacer un esfuerzo grande para incremen­tar al máximo su profesionalismo y capacidad operacional.

Pero como no es posible la pre­sencia simultánea de la Fuerza Pública en todo el territorio nacio­nal, la comunidad debe colaborar con ella, especialmente allí donde sea agredida. Las CONVIVIR, son organizaciones apropiadas para suplir la información del Estado y para garantizar la propia vida de la comunidad, donde no haya otro medio legal de hacerlo. Pero el comportamiento de las CONVI­VIR debe ser exclusivamente de­fensivo.

La experiencia de otros países nos muestra de una manera inobjetable, que donde la población civil se or­ganiza defensivarnente, las cuadri­llas armadas no pueden agredirla y terminan por someterse a la ley o

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entrar en el campo del diálogo y de la convivencia. Por eso las CONVIVIR colombianas son ata­cadas con tanta virulencia terroris­ta en el presente.

El Estado colombiano está sien­do agredido de manera permanen­te e injusta y la sociedad colom­biana está sometida a toda suerte de atropellos y crueldades sin com­pasión ni reato moral. Las organi­zaciones de Derechos Humanos no pueden exigirle a la comunidad que se deje asesinar impúnemente.

Si la legítima defensa indivi­dual está fundamentada en el de­recho natural, con mayor razón lo está la legítima defensa colectiva, aún cuando los narcosubversivos y sus corifeos la combatan,

Por ello, es conveniente que el legislador contemple la posibili­dad de volver a establecer en la Constitución las milicias naciona­les. Ellas son la expresión más de­mocrática de la comunidad polí­tica, pues son organizaciones de la propia sociedad para su defen­sa, en la cual sus integrantes, sin perder su calidad civil, se consti­tuyen en colaboradores de la Fuer­za Pública en tareas puramente preventivas y defensivas como alarma temprana, control y vigi­lancia de áreas o puntos críticos vitales para la comunidad, e in­el u si ve obras de desarrollo socioeconómico. Este fue su ori­gen en la antigua Grecia, en los Estados Unidos y en varios paí­ses socialistas como Cuba y Chi­na que es donde hoy tienen la ma­yor importancia ..

Pero en Colombia donde los prejuicios políticos están en la or­den del día, los constituyentes del año noventa y uno resolvieron sin mayor fundamento abolir las mili­cias nacionales. Como herramien­ta apropiada y efectiva para garan­tizar la seguridad y la paz pública en algunas regiones apartadas de la Geografía Nacional.

EL NARCOTRAFICO :

Dentro de la distribución fun­cional correspondiente a Fuerzas Militares y Policía Nacional, com­pete a esta última la responsabili­dad primaria de combatir este cán­cer mortal del mundo contempo­ráneo. Sinembargo, la dimensión delictiva del problema, sus reper­cusiones internacionales y la ame­naza que configura contra el ser mismo de la nación, compromete de lleno a las Fuerzas Militares. El negocio mundial de los narcóticos adquiere tal magnitud que no es posible desentenderse de la obli­gación de combatirlo con todos los medios del Estado.

Por otra parte, el poder co­rruptor del narcotráfico ha in­vadido con fuerza inocultable los di versos estratos de la vida colombiana hasta presentar a nuestro país como el epicentro del tráfico mundial de estupe­facientes. Contra este estigma que ensombrece el nombre de Colombia ante la comunidad in­ternacional, debemos combatir unificadamente, compartiendo con la Policía Nacional el es­fuerzo que ella por sí sola no podría desarrollar con éxito.

Cada día resulta más evidente la crimininalización de la que en otra época fue guerrilla ideológi­ca, con el fenómeno del narcotrá­fico, constituye esta alianza un fac­tor de alta peligrosidad para la su­pervivencia del Estado que debe­mos defender y de la república que fundaron nuestros mayores y que a nosotros nos corresponde preservar.

Las marchas de protesta esce­nificadas en la región amazónica en 1996, permiten apreciar la di­mensión social de un problema que desborda el ámbito puramente delictivo, pero que señala, al mis­mo tiempo, la capacidad de mani­pulación que han logrado los sub­versivos, de la angustia campesi­na trasladada de la labor honrada del campo a la siniestra de los cul­tivos de coca y amapola.

Infortunadamente, la posición geopolítica de Colombia determi­na la utilización de nuestro terri­torio como base ideal para el pro­cesamiento y distribución de los estupefacientes. Del sur nos llega materia prima en abundancia. Del norte, insumos químicos para su transformación en drogas heróicas. Somos así, por mandato de la geo­grafía el campo de una batalla de dimensiones mundiales pero que debemos librar en forma solitaria, sujetos a decertificaciones, incom­prensión, desprecio y ostracismo.

Recomendamos la acción con­tinuada y dinámica del Estado, para llevar a la conciencia univer­sal lo que se sostuvo en la Asam­blea General de las Naciones Uni-

das en torno a la internacio­nalización de un problema en el cual somos víctimas y en ninguna manera usufructuarios del gigan­tesco negocio del narcotráfico. Será ésta la única forma de liberarnos del estigma deshonroso y a la vez de comprometer a las naciones poderosas creadoras de la demanda, en una lucha en la que su papel no es señalarnos con dedo acusador sino compartir dentro de un concepto de alianza política y militar los imperativos de esfuer­zo por liberar al mundo del tremen­do flagelo. Empeñarse en comba­tir la producción de las drogas, sin atacar simultáneamente la deman­da surgida de un consumo en ace­lerado crecimiento, es ignorar la naturaleza dual del problema que demanda someter simultánea­mente sus dos términos de oferta y demanda.

Con tales medidas podemos de­fender a Colombia con inteligen­cia, decisión y valor. Si todas es­tas ideas expuestas de manera ra­zonada y sincera, aún cuando des­ordenada, por parte del soldado más veterano en filas, toman cuer­po en la voluntad de la sociedad y del Estado, la patria encontrará el camino de recuperación espiritual y material y de dignificación na­cional, y con ellos de la paz, del bienestar y del desarrollo social de todos los colombianos.

LASFUERZASA~AS

ANTE LA PAZ:

Nadie como el militar padece los sufrimientos de la guerra y por ello comprende el beneficio in­menso de la paz. La deseamos ardientemente, no tan sólo para poner fin a la fatiga de una lucha extenuante, sino porque quienes servimos en las instituciones mili­tares ansiamos la posibilidad de una reconciliación entre los colom­bianos que restablezca la armonía nacional perdida durante medio siglo.

Esta actitud nos mueve a apo­yar todo esfuerzo razonable por al­canzar una paz, que ponga fm a la confrontación y permita dirigir to­das las energías nacionales al desa­rrollo socioeconómico de una co­lectividad aquejada de profundos desajustes internos sobre la base de dos premisas insustituibles encua­dradas dentro del marco de la Cons­titución Política de Colombia :

Primera : La preservación de los principios y valores fundamen­tales de nuestra democracia histó­rica, adoptada por la nación colom­biana como sistema político, y del Estado que la rige.

Se&nnda : La obligación cons­titucional de combatir y reducir a la impotencia o colocar ante lajus-

ticia, a grupos y personas que ob­serven comportamientos crimina­les o persistan en levantarse en ar­mas contra el Estado legítimo.

Esta actitud no puede de ningu­na manera interpretarse como un pretendido guerrerismo, es apenas, la ejecución de un mandato pres­crito para la Fuerza Pública por la Carta Fundamental de la Repúbli­ca. Mandato irrenunciable porque nos lo impone la Carta que hemos jurado defender, respetar y hacer cumplir.

A la luz de este mandato, mal podrían las Fuerzas Armadas aban­donar por imposición subversiva parcelas del territorio sujeto a la so­beranía del Estado, o suspender operaciones en áreas donde agru­paciones en armas prosigan su ac­cionar delictivo. Si lo hicieran, des­obedecerían a la ley de Leyes y fal­tarían al más fundamental de sus deberes.

Por fortuna, las Fuerzas Mili­tares siempre han estado frente a los grandes procesos de paz, siem­pre dentro del marco de la Cons­titución y las Leyes que enmarcan nuestro Estado Social de Derecho, así las cosas por ningun motivo dejaremos de cumplir con los principios sometidos al imperio de la Constitución y las Leyes de la República.

OTRA FALLIDA ESTRATEGIA DE PAZ

General LUIS A. MEJIA VALENZUELA

l. Un objetivo equivocado:

El legado de violencia que venía del año 1990 no pu­do evitarse en el nuevo

año. La Asamblea Nacional Cons­tituyente había sido concebida y aceptada con el anhelo popular de que pudiera abrir un espacio polí­tico para buscar soluciones al pro­blema del orden público cada día más fuera de control. El nuevo go­bierno, presidido por el doctor César Gaviria Trujillo, quien al igual que los anteriores mandata­rios de la Nación manifestaba ha­llarse interesado por conseguir la reconciliación entre los colombia­nos, elaboró el correspondiente «Plan Estratégico Nacional contra la Violencia», plan que tampoco consiguió el objetivo de alcanzar la paz, debido a las mismas razo­nes que persistentemente han he­cho fracasar todos los intentos he-

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chos en ese sentido, razones que no son otras que el errado plantea­miento del problema de la subver­sión y la creencia en que tal pro­blema se puede resolver por la fuerza.

Una primera salida en falso por lo inoportuna y dudosamente ne­cesaria fue el empleo del Instru­mento Militar para atacar el Secre­tariado de las FARC en «Casa Ver­de». No es este el momento y lu­gar para analizar la conveniencia en la elección de tal objetivo polí­tico y estratégico, así como para cuantificar los costos económicos que implicó la acción militar fren­te a los rendimientos obtenidos en el balance de la lucha contra la sub­versión armada. Tampoco preten­demos calificar la acción militar cuyo exitoso desarrollo operacio­nal y táctico para conquistar un objetivo geográfico en poder de

guerrilleros, cuya estrategia es ce­der el terreno a cambio de prolon­gar la guerra, nunca sería lógico poner en duda. Pero si es oportu­no afirmar que tanto la toma de «Casa Verde» y sus aledaños, como la posiblemente deseada captura de los miembros del Secretariado de las FARC, no eran los objetivos políticos y estratégicos más apro­piados para establecer condiciones propicias en un intento de recon­ciliación nacional y aún de some­timiento de la subversión.

Vislumbrar cómo se presenta­ría el problema del orden público en Colombia, al finalizar el año 1990, no era demasiado difícil si se recuerdan algunos datos respec­to a lo sucedido durante el citado funesto año en lo relativo al des­comunal número de masacres y de víctimas, cuyos totales según el Boletín de Prensa No 7 de Febrero

..

de 1991 del Comité de los Dere­chos Humanos, fueron setenta y seis (76) y quinientos cincuenta y siete (557) respectivamente. En el mismo boletín de prensa la canti­dad de asesinatos se eleva a dos mil cuatrocientos setenta y nueve (2.479) dentro de los cuales, tres­cientos cincuenta y siete (357) tu­

vieron motivación política.•

Con tales antecedentes y las implicaciones políticas de la ocu­pación militar de «Casa Verde» era fácil, como ya se insinuó, predecir cómo se iniciaría el año 1991. El pronóstico era factible para cual­quier persona enterada del proble­ma de la subversión y por tanto, es justo aceptar la validez de los co­mentarios sobre la política de paz del gobierno, hechos por «IY Artagnan» e incluidos en el bo­letín de prensa antes citado. En los apartes directamente pertinentes, dice D' Artagnan.

« ... En cierta forma, lo que se montó fue un despliegue de fuer­zas que inevitablemente, nos va a costar a todos mucho dolor y mu­cha sangre ... » «Con este bombar­deo inesperado, lo que el gobier­no ha hecho es fortalecer las rela­ciones entre las FARC y el ELN» «. .. Se ha encendido una hoguera ... cuyos resultados finales desde ahora se preveen: toma de pue­blos, incremento de emboscadas, secuestros a granel y otros actos de violencia sorpresivos, que no se reducirán, apenas, a los sectores rurales, sino también tocarán zo­nas urbanas» <<. •• La guerra con la subversión está pues, formalmen­te declarada ... »2

2. Pronóstico acertado:

El año 1991 inicia su sangrien­ta escalada con la muerte de cinco policías, asesinados por las FARC y el ELN durante un acto terroris­ta contra el oleoducto en aledaños de Buenaventura, acto criminal que no será el único puesto que le seguirá la muerte aleve de seis po­licías en Antioquia y de cinco en Santander y Huila, así como con la pérdida de cinco soldados que perecieron emboscados por guerri­lleros en Boyacá y Norte de Santander. Con fecha 2 de Enero, guerrilleros del XIX Frente de las FARC que operan en la Sierra Ne­vada de Santa Marta emboscaron una patrulla de la Policía Nacio­nal, dejando un saldo de doce muertos4

• Y tres días después se registrará la ocurrencia, en los de­partamentos de Antioquia y del Tolirna, de dos masacres con sal­do de nueve muertess. El día 1 O del mismo Enero, los hechos sangrien­tos, registrados en la prensa, co­rresponden a los departamentos del Meta y de Santander y son el re­sultado de enfrentamientos arma­dos entre patrullas del Ejército Nacional y la guerrilla con saldo de cinco soldados muertos y nue­ve heridos, incluyendo un Oficial. 6

Hacia el día 13, el escenario cri­minal incluye la región de Pitalito en el Huila donde fue emboscada una patrulla del Batallón Magda­lena de la cual perecieron un ofi­cial, dos suboficiales y dos solda­dos. 7 Con fecha 20 de Marzo el Es­pectador informa sobre la lucha armada en el Cauca, Cundinamar­ca y Santander donde son abatidos catorce sediciosos, mueren tres

militares y sufren heridas siete. In­forma así mismo del asesinato en Ciénaga y en Puerto Libertador, de­partamento de Córdoba, de seis ci­viles.8

Con respecto a las acciones pre­viamente recordadas y a otras se­mejantes que sin duda ocurrieron pero que no tuvieron mucha difu­sión, son válidos los comentarios hechos en El Espectador de Enero 6 de 1991 por el escritor Ramón Jimeno, cuando en alguno de los apartes de su artículo titulado «Guerra a las FARC», dice:

« ... el supuesto de la incapa­cidad de los cinco mil (5.000) guerrilleros para crear una si­tuación de desestabilización si­milar a la generada por los narcos durante 1989-1990, es un punto no solo discutible sino pre­ocupante. Parece que al gobier­no, como en la guerra de los narcos, no le pesaran suficiente­mente los muertos de uniforme, ni el costo de los daños a la in­fraestructura nacional. Este des­conocimiento, como en el caso de los doscientos veinte (220) poli­cías asesinados en tres meses en Medellín el año pasado, puede provocar una escalada en la que las guerrillas toquen puntos sen­sibles de la clase dirigente y de los centros urbanos ... » « ... Redu­cir la capacidad del enemigo para efectos publicitarios puede traer como consecuencia una es­calada de la guerra que volvería a las ciudades, único sitio donde la dirigencia colombiana la sien­te. Correr el riesgo de que las FARC y el ELN no tengan capa-

cidad urbana es una apuesta boomerang, porque los costos los paga la población civil, la que deben defender las Fuerzas Ar­madas. Y la defensa incluye una política que no la coloque en po­sición de vulnerabilidad ... »9

3. El plan estratégico del gobier­no Gaviria:

Para confrontar ese largo y cre­ciente problema de orden público que sin tregua martiriza al país, el Gobierno del Presidente Gaviria concibió su Plan Estratégico Na­cional contra la Violencia, plan que incluyó cinco líneas de acción con las cuales se buscaba, en primer lugar, estimular y ayudar la inicia­tiva de las autoridades tanto regio­nales como locales, y así mismo asegurar la coordinación entre las diferentes instituciones. El segun­do objetivo aspiraba a ponerle fin a la impunidad. El tercero presen­taba los principios y criterios que debían orientar la política de paz, así como los procedimientos que podrían utilizarse en la negocia­ción con la guerrilla para lograr el término del alzamiento bélico. La cuarta línea de acción incluyó los planes y procedimientos necesa­rios para robustecer la capacidad del Estado en su accionar contra los distintos agentes que intervie­nen en la violencia. Y en el quinto y último objetivo estratégico del mentado plan, se ofreció atención especial a la protección y promo­ción de los derechos humanos. 10

Es pertinente reconocer que en el citado Plan Gaviria se incluye­ron apreciaciones y conceptos que

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consideramos juiciosos y ajustados a la realidad colombiana, tales como los siguientes:

« ... La superación de la violen­cia provocada por los grupos al­zados en armas es posible median­te una política de diálogo y nego­ciación orientada a buscar fórmu­las y lograr acuerdos para la ter­minación definitiva del conflicto armado ... » « ... Una verdadera po­lítica de paz involucra en su defi­nición, además del diálogo con la guerrilla como recurso para la ter­minación definitiva de La confron­tación armada acciones específi­cas y permanentes en los campos social, económico, político, jurídi­coy por supuesto militar; liderados por el gobierno en su carácter de representante genuino de los co­lombianos, pero en cuya ejecución deben comprometerse todos los sectores sociales, como premisa de garantía para obtener resultados tangibles que beneficien al conjun­to de la sociedad ... » 11

4. Carencia de Propósito Nacio­nal de paz:

De los nulos resultados obteni­dos durante el Gobierno Gaviria y durante los años vividos hasta el momento, especialmente desde el gobierno del Presidente Belisario Betancur Cuartas, puede concluir­se que en la ejecución de esa sana política, considerada como justa y conveniente, especialmente desde el gobierno del Presidente Belisario Betancur Cuartas, y re­conocida como necesaria para con­seguir la paz en Colombia por los gobernantes que le siguieron, no

han querido comprometerse todos los sectores sociales, políticos y económicos del país, ni se ha lo­grado motivar un sincero propósi­to nacional para hacerla viable y exitosa. Entre los años transcurri­dos desde el gobierno Betancur y el momento en que registramos estas notas, finales de 1996, están incluidos los periodos presidencia­les de los doctores Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo y más de la mitad del periodo presi­dencial del doctor Ernesto S amper Pizano, quien, al igual que sus an­tecesores, se ha preocupado por el complejo problema de la persisten­te subversión armada, y con el lla­mado «Salto Social» ha empleado la misma idea estratégica que ya por consenso nacional se acepta como la apropiada para quitarle apoyo a los rebeldes, pero la cual es incompleta, si no incluye sufi­ciente alcance y seriedad en su de­sarrollo, así como credibilidad en la justicia y en todas las demás ins­tituciones responsables de hacer cumplir la ley.

S. El problema del narcotráfico:

En relación con el narcotráfico también son válidos la apreciación y conceptos consignados en el plan estratégico del Gobierno Gaviria, sobre una situación que en la ac­tualidad (1996) propició un escán­dalo y rasgar de vestiduras que comprometió y amenazó la estabi­lidad de las instituciones y que to­davía daña la imagen del pueblo colombiano en el ámbito interna­cional, como si esa situación fue­se cosa nueva en el mundo terráqueo y nunca los colombianos

hubiéramos sido capaces de de­tectarla y de calificarla como fu­nesta y perniciosa. Desde 1991 en el citado plan, quedó consignada la siguiente afmnación:

« ... En ninguna otra nación la manifestación del fenómeno halle­gado a constituirse en una ame­naza tan grave para la estabilidad democrática, la seguridad y los derechos de los colombianos. Los carteles que monopolizan los mer­cados de la droga en Colombia cuentan con un poder económico y bélico sin precedentes que ha ge­nerado -en defensa de su lucrati­va posición- una avalancha de vio­lencia y corrupción de los valores éticos, dejando secuelas en la se­guridad ciudadana, la tranquili­dad y la salubridad pública, y en la economía. .. »12

Aceptadas como urgentes y ne­cesarias todas aquellas providen­cias concebidas para combatir muchos eslabones de la cadena del narcotráfico, consideramos sin embargo que todas ellas, aunque parezcan útiles para combatirlo, resultarán inocuas para terminar­lo, mientras no se controle el con­sumo de la droga, se disminuyan así mismo los descomunales már­genes de ganancia de tan lucrativo negocio, y se deslegitime y sancio­ne, debidamente, el enriquecimien­to ilícito.

6. Una política desacertada:

La política concebida por el Gobierno Gaviria en el documen­to denominado «Estrategia Nacio­nal Contra la Violencia», como la

concebida y practicada por otros gobiernos para terminar con la sub­versión armada y específicamente batir con éxito a la guerrilla, pare­ce desconocer o querer ignorar la magnitud y las causas de esa sub­versión, así como el crecimiento continuo del descontento y del con­flicto bélico. La gran estrategia del Estado parece no tener en cuenta que la organización guerrillera es apenas el brazo armado de un mo­vimiento subversivo que incluye varios millones de colombianos descontentos con el régimen y es­tablecimiento político que por muchos años los ha desilusionado, y que esos descontentos son quie­nes de forma diversa le dan apoyo a los rebeldes. En la estrategia es­tatal no se ha concebido y consi­derado que la guerrilla como el pez, necesita de un medio ambien­te propicio para subsistir. Que así como el pez requiere del agua para vivir y desplazarse, el guerrillero necesita del apoyo de la población civil, partidaria de sus banderas, para lograr el éxito en sus activi­dades militares.

En el problema que se plantea el Estado con respecto a la subver­sión armada, p~ece que no se tie­ne en cuenta el factor relativo a que esa población civil que le da apo­yo logístico y de inteligencia a los grupos armados subversivos para sus ágiles desplazamientos tácticos y exitosas sorpresas militares, es la población descontenta con la capacidad del Estado y de su régi­men político para suministrarle tra­bajo, servicios, vivienda y en ge­neral atención a sus necesidades básicas. No se tiene en cuenta que

la población campesina que se aglutina bajo las banderas de las FARC, lo hace con la ilusión rela­tiva a que esa organización guerri­llera le pueda resolver los proble­mas agrarios que ningún gobierno legítimo, hasta el momento, ha lo­grado solucionarle.

7. La creciente delincuencia y la violación de los derechos huma­nos:

En relación con los problemas relativos a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, cuyo crecimiento también ha des­bordado la capacidad de su control por parte del Estado, en apartes del citado documento se afirma que « ... es especialmente preocupante el aumento de los delitos contra la vida y la integridad personal, sien­do el homicidio el de mayor incidencia: de 19.809 casos regis­trados en 1986, se pasó a 28.475 en 1990 ... »13· Se proyectan medi­das preventivas y de reconcilia­ción, restricción en el porte de ar­mas y medidas de atención a la comunidad . Y en lo atinente a los delitos de extorsión y secuestro se acepta que ellos, « ... se han consti­tuido en la última década en dos de los delitos posiblemente de mayor impacto social...» 14 Así mismo se informa que entre 1988 y 1989, se produjo en el delito del secuestro, un incremento anual del 78.9%

En referencia a la defensa y pro­tección de los derechos humanos, tema cuyo alcance, incidencia y gravedad dentro del problema ge­neral del orden público, todos los

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involucrados y aún los observado­res lo consideran importante y exi­gen su observancia. Sin embargo la exigen, cuando la violación pro­viene del adversario. Cuando la violación se utiliza en beneficio de la causa propia merece justifica­ción, sin querer reconocer la do­ble moral con la cual se está juz­gando tal delito, ni las consecuen­cias de esa doble moral en el cre­cimiento de una guerra cada día más sucia, más cruel y con menos esperanzas de término. Una gue­rra dentro de la cual esas violacio­nes se vuelven rutinarias y son ejercitadas por los «Grupos de Limpieza», por los «Guerrilleros», por los «Paramilitares», por algu­nos funcionarios o por algunos miembros de la fuerza pública. El problema fue reconocido por el gobierno en su plan estratégico de 1991, de la siguiente forma:

« ... En la actualidad, la viola­ción del derecho a la vida consti­tuye el problema central de la vi­gencia de los Derechos Huma­nos ... » « ... Algunos funcionarios públicos o miembros de los orga­nismos de seguridad, en desacato a las normas y políticas que orien­tan la promoción de los Derechos Humanos en el país, han incurri­do, bajo su propia responsabili­dad, en hechos violatorios de es­tos derechos ... »1s

8. De una situación difícil hacia otra peor:

Se vieron transcurrir varios meses durante los cuales la situa­ción se agravó sin que el gobier­no, responsable del orden público

y de la seguridad de los colombia­nos, se preocupara por el estudio, análisis y reconocimiento de las fallas o vacíos de su Idea Estraté­gica, o por las debilidades, incons­tancia o falta de seriedad en su implementación. Es decir, el inten­to del Gobierno Gaviria de buscar la paz, siguió el mismo derrotero de los intentos hechos durante los mandatos de Belisario Betancur y Vrrgilio Barco. Al comenzar el año 1992 pudo apreciarse su fracaso, como puede deducirse de lo escri­to en el editorial de El Espectador, correspondiente al 23 de abril, cuyo contenido se ajusta con tanta precisión a las inquietudes que de­seamos presentar, que nos sirve como «anillo al dedo», si transcri­bimos el siguiente aparte:

« ... Vive Colombia una de las épocas más difíciles de su histo­ria. Ac;aso la más dificil de la se­gunda mitad de esta centuria. Los partidos políticos aniquilados, convertidos en tiendas de campa­ñas electorales. El orden público anarquizado por la prepotencia del terrorismo en una cualquiera de sus formas de intimidación, ya se trate de la guerrilla, del narco­tráfico y de las secuencias de la delincuencia común. El orden so­cial seriamente comprometido por el enriquecimiento indebido de unos pocos y el creciente pau­perismo de las clases media y baja. Los servicios públicos al garete y manga por hombro, víctimas de la incapacidad de sus administrado­res, los contratos leoninos y el en­riquecimiento sin causa de sus gestores. Corrompido el orden moral por el mal ejemplo que vie-

ne de arriba y se extiende como una mancha de oprobio por la Nación contaminada ... ». 16

Con base en el triste panorama nacional descrito por el serio y res­petable editorialista de El Espec­tador, más los deplorables cruen­tos sucesos que sufrió Colombia en los meses siguientes, tenemos que aceptar que la estrategia diseñada, no fue siquiera suficiente para con­trarrestar en mínima parte la voca­ción colombiana por la violencia. En la Revista CIEN DÍAS VIS­TOS POR CINEP, correspondien­te al lapso Abril - Junio de 1992, pudo leerse otra confmnación de nuestra lamentable realidad:

La violencia en Colombia no da señales de ceder. Durante Marzo y Abril se presentaron 152 asesi­natos políticos, y en los cuatro pri­meros meses del año el número de víctimas llegó a 236. El reactiva­miento de los grupos paramilitares se refleja en la cantidad de asesi­natos de los que se les sindica: el 30% del total ... » 11

En alguno de los recuadros del mismo informe, al clasificar las acciones sangrientas ocurridas du­rante el mencionado lapso, las dis­crirrúna del siguiente modo: asal­tos nueve (9), combates ciento tre­ce (113), emboscadas diez (10) y acciones de sabotaje cuarenta y ocho ( 48). Y en el periódico El Es­pectador delll de Agosto de 1992, Pag. 3-A-, el Dr. Alfredo Vásquez Carrizosa en su artículo titulado, «DOS AÑOS DE VIOLENCIA», con respecto a la descrita lamenta­ble situación, se expresó así :

« ... La teoría de los Derechos Hu­manos está suspendida en el aire como una imagen poética, falta de realidad. Los que prevalecen en la Nación son el asalto de los grupos guerrilleros contra el oleoducto de Caño Limón a Coveñas, el secuestro extorsivo, el ase­sinato en una ola de impunidad ... »18

Como un ejemplo más de nuestra manera violenta de vivir, en la edición correspondiente al 25 del mismo mes de agosto, se consignó la siguiente afrr­mación: « ... En Colombia existe la pena de muerte. Si bien oficialmente se des­conoce esa realidad el deceso violen­to de 430 personas como resultado de 84 masacres, en apenas los primeros seis meses de este año, demuestra que en la justicia privada si tiene aplica­ci6n ... »19

No constituye una sorpresa el que se llegase al último trimestre del año noventa y dos nadando en un mar de sangre, cuyas dimensiones pueden de­ducirse de los comentarios que se pu­blicaron en El Espectador con fecha 14 de Octubre:

« ... 820 asesinatos y ni un respon-sable ... » «La impunidad es el único resultado que arrojan las investigacio­nes por los asesinatos de miembros de la Unión Patriótica y el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad» « ... Los grupos paramilitares son los principa­les responsables de los muertos. Le siguen los agentes del Estado y sicarios» « ... Entre los asesinados cabe mencionar a Jaime Pardo Leal y a Bernardo Jaramillo Ossa, líderes am­bos de la Unión Patri6tica ... »20

Es además necesario recordar que los agentes generadores de violencia,

no eran solamente los señalados en los datos precedentes. Mientras que el gobierno intentaba garantizar el trán­sito vehicular por las carreteras y man­tener en lo posible normal el orden público, los grupos rebeldes continua­ban especialmente empeñados en el saboteo del transporte y otros servi­cios, mediante acciones que se exten­dieron a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, Cundinamarca y Meta, principalmen­te. 21 Para cerrar el año con la masacre en Orito, Putumayo, de veintiséis (26) agentes de la Policía Nacional, quie­nes fueron asesinados por la Coordi­nadora Nacional Guerrillera,22 la que demostraba con semejante desafío, que el Estado con su plan estratégico en­tonces en vigencia, era incapaz de po­nerle freno a sus desmanes sangrien­tos.

9. Un fallido final previsible:

Con un legado de violencia como el procedente de 1990, y con un salu­do de guerra como aquel con que se recibió el año de 1991, no podía en sana lógica esperarse que cualquier intención de paz sugerida por el go­bierno, en ese momento, fuera creíble. El objetivo político-estratégico perse­guido por el Presidente Gaviria al dis­poner la ocupación de «Casa Verde» no cumplió la característica esencial de un objetivo a tal nivel de mando, pues no obstante el buen desempeño operacional y táctico de las Fuerzas Militares en la conquista del territorio, no se logró disminución en el poder político y de combate del Secretaria­do de las FARC ni merma alguna en el correspondiente a sus diferentes fren­tes a lo largo y ancho del país. La evo­lución siguiente del citado movimien-

to subversivo, demostró y ha seguido señalando crecimiento en lugar de merma. A la precedente negativa si­tuación cabe agregar, que la idea es­tratégica concebida para conquistar la paz, cuyo fundamento más sólido de­biera haber sido una constante y firme política social, no aportó el esfuerzo necesario, y el gobierno careció del liderazgo adecuado para motivar en aquellos estratos altos de la sociedad civil, donde más debiera interesar el orden público, un real y sincero pro­pósito de alcanzar la reconciliación nacional.

No escapa al más somero análisis sobre la situación del orden público en el país, la incidencia corruptora del narcotráfico. Su crecimiento, debido a los muchos factores que lo alimen­tan nacional e internacionalmente, ha tenido ambiente propicio para su des­envolvimiento en el ámbito subversi­vo donde, los campesinos sin empleo y víctimas del éxodo forzoso deriva­do de la guerra, sufren la permisivi­dad del Estado ante muchos evidentes abusos de los grupos armados de los narcoterratenientes, sufren también la presión política o armada de la gue­rrilla, o son víctimas de la incompren­sión de la Fuerza Pública por razón de su situación de campesinos civiles comprometidos sin quererlo entre dos fuegos y a quienes sólo queda la en­gañosa ilusión de la riqueza fácil o la esperanza de sobrevivir dentro del mo­vimiento guerrillero. No podía espe­rarse la paz en un ambiente donde, además, crecen la delincuencia común y la organizada, donde se continúan violando los Derechos Humanos y donde con una política equivocada se intenta cambiar una situación difícil por otra peor.

El fmal resultado negativo no po­día tomarse como un imprevisto. Des­de comienzos de 1985, don Guillenno Cano a través de su periódico, El Es­pectador, se había pronunciado con sincera inquietud sobre el estado de la subversión en el país, cuyas estrategias se consideraban exitosas en la obten­ción de simpatías políticas que antes eran propiedad exclusiva de los dos partidos llamados «tradicionales». Se­ñalaba Don Guillermo, que la «Subver­sión o la guerrilla o como quiera llamársela», ejercfa su presencia en pueblos y caseríos para acercarse a las gentes necesitadas y aparecer como sus redentores. Tales rebeldes les cons­truían las más esenciales vías de ro­municación y algunos pequeños acue­ductos, y en muchos casos se encarga­ban del control de los ~atones de pue­blo».n En el mismo artículo, titulado «Las Nuevas Estrategias», se expresó sobre la situación de la siguiente forma:

« ... Entre tanto, en los encopetados salones de las grandes capitales se mira con una indiferencia irresponsa­ble y temeraria el estado de atraso, miseria e indefensión en que se en­cuentran cuando menos la mitad, por no decir las tres cuartas partes de la población colombiana. Pero, eso si, en esos mismos salones con sofás abollonados se habla -y no se acaba -de los peligros de la subversión y del boleteo. Muy cómodo ciertamente, pero muy imbécil posición la de una clase dirigente que exige para si to­dos los privilegios, mientras que se olvida de que millones de sus compa­triotas no tienen agua potable, no tie­nen puestos de salud, no tienen escue-

!20 ACORE 1

las, no tienen luz. carecen de vasos co­municantes para irrigar lo que con el sudor de su trabajo producen, quepa­decen la indefensión oprobiosa de quien carece de todo derecho a la jus­ticia».

En las palabras de don Guillermo Cano, cuya claridad e interpretación de la realidad colombiana compartimos, se expresa la causa principal del fracaso de todas las estrategias de paz concebidas y desarrolladas, a medias, por distintos gobiernos de Colombia durante los últi­mos años. Y sin duda se puede agregar: durante estos años, que incluyen los pe­ríodos presidenciales de los doctores BetancurCuartas, Barco Vargas, Gaviria Trujillo y Samper Pizano, quienes han alcanzado a reconocer que hay causas de tipo social que han generado y sos­tienen la subversión y la violencia, pero DO han querido reconocer que sus gobiernos Do han logrado disminuir el crecimiento de esas causas y por tan­to el crecimiento de la protesta arma­da y en general de la delincuencia que se aprovecha del desorden, de la co­rrupción generalizada, de la ausencia de autoridad y de la falta de justicia. Salta a la vista que tampoco han lo­grado concebir e implementar una es­trategia capaz de contrarrestar la ac­ción política que los subversivos ejer­cen sobre la población civil que sufre el desamparo del Estado. Además es ostensible, que los partidos políticos, llamados «tradicionales», han sido y son incapaces de convencer y a su al­rededor aglutinar esa población des­contenta, y también incapaces de mo­tivar un Propósito Nacional que per­mita mantener el esfuerzo necesario en la búsqueda de la paz y por consi-

guiente, en la extinción de las causas que generan violencia y que alimen­tan una guerra sin término y de im­predecibles dimensiones.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

1 - Comité Permanente por la Defensa de

los Derechos Humanos - Boletín No 7, Febre­

ro de 1991

2- Ibídem (La Política de Paz-D' Artagnan)

3 - EL ESPECTADOR 1 JUDICIAL

Enero 2 1991 , Pag, 11-A

4- Ibídem, Enero 3, Pag. 10-A

5 - Ibídem, Enero 5, Pag, 11 -A

6- Ibídem, Enero 10, Pag. 11 -A

7- Ibídem, Mayo 13, Pag. ll-A

8 -Ibídem, Mano 20, Pag. lO-A

9 - EL ESPECTADOR. Enero 6 de 1991

(«Guerra a las FARC: Vieja Política Militar» ­

Ramón Jimeno) ,

10- PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL

CONTRA LA VIOLENCIA (Presidencia de

la República- 1991)

11- íbídem

12- Ibídem

13 - Ibídem

14 - Ibídem

15 -Ibídem

16 -EL ESPECTADOR (Editorial del 23

de Abril de 1992)

17 -CIEN DIAS VISTOS POR ClNEP ­

Vol. 5, No 18, Pag. 26, Abril-Junio de 1992.

18 - EL ESPECTADOR. Agosto 11 de

1992, Pag. 3-A («Dos años de violencia» -

Alfredo Vásquez Carrizosa)

19 -Ibídem. Agosto 25 de 1992. Pag. 1 O-A

20- Ibídem. Octubre 14 1992, Pag. 10-A

21 - Ibídem. Octubre 23 de 1992, Sec. Judi-

cial. Pag. 2-A

22- Ibídem. Noviembre 8 1992, Pag.1-A

23 -EL ESPECTADOR. Diciembre 17 de

1996, «Libretas. Pensamientos. Lecciones. Las

Nuevas Estrategias•.

ORDEN DE LA DEMOCRACIA

Capitán GUILLERMO MARTINEZGUERRA ZAMBRANO (Representante a la Cámara)

PALABRAS PRONUNCIADAS EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PRIMER ENCUENTRO GRANCOLOMBIANO DE OFICIALES «AGOR»,

EN EL PUENTE DE BOYACA

Doctor José Benigno Peri­lla Piñeros, Gobernador de Boyacá; Señor Coro­

nel Luis Alfonso Rincón Aldana, Presidente de la Asociación Co­lombiana de Oficiales en Retiro «ACORE»; Señor Coronel Ro­berto Pizarro Martínez Coman­dante t• Brigada; Señor Tenien­te Coronel Néstor Rodríguez Por­tilla Jefe Estado Mayor 1 aBriga­da; Señor Almirante Víctor Hugo Garcés, Presidente del Círculo Militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador; Señor Capitán de Navío José Mimbelo Leiva, De­legado de la Asociación de Ofi­ciales en Retiro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú «ADORFAIP»; apre­ciadas compañeras y compa­ñeros de armas de Colombia, Ecuador y Perú:

En nombre del Congreso de la República de Colombia, tengo el

honor de imponer la condecora­ción «Orden de la Democracia» en la categoría de Comendador, a las banderas de las Asociacio­nes mencionadas de los países hermanos. Por una feliz coinci­dencia, este Capitán de la Fuer­za Aérea Colombiana representa a sus compañeros de armas en el Parlamento Colombiano a través de la Alianza de Reservas Na­cionales y Acción Cívica «ARE­NA», y eso ha producido este be­néfico entendimiento entre quie­nes hacemos las leyes con la plu­ma, y quienes las defendemos con la espada. Y entre unos y otros, con nuestros compañeros boli varían os.

Al hacerlo, quiero creer, con toda la firmeza de mi espíritu, que estamos reconstruyendo los pilares de lo que fue una sola gran familia unida por todos los elementos del alma y la sangre,

y separada por uno solo, desafor­tunadamente predominante en el género humano, y que nunca pudo entender el Libertador Simón Bolívar en medio de la tremenda amargura que le cau­saban sus hermanos disidentes: la ingrata, desmedida ambición personalista.

Hoy, nos observa desde aque­lla colina, en donde le hicimos una estatua a través de la cual lo veneramos, y estoy seguro de que le estamos haciendo palpitar una vez más su corazón de Padre de la Patria, al comprobar que los oficiales de la reserva, herederos legítimos y eternos de su espada fulgurante, no hemos olvidado su sueño. Por eso estamos reunidos bajo su sombra aquí en el Puente de Boyacá, templo sagrado de nuestra nacionalidad, donde nos dio la primera libertad, para luego continuar en Carabobo,

1 ACORE 211

En el Puente de Boyocá, durante lo celebración del Primer Encuentro Groncolombiono de Oficiales '~GOR" , aparecen de izquierdo o derecho: Coronel GUSTAVO GARCIA ACOSTA, secretorio ejecutivo general de ACORE; Brigadier General UBALDO FRANCO ARISTIZABAL, Presidente Secciono! ACORE - Boyocó; Brigadier General RAUL MARTINEZ ESPINOSA, Expresidente ACORE; Brigadier General LUIS A MORILLO ALVAREZ, 2o. Vicepresi­dente ACORE; Capitán de Novio JOSE MIMBELA LEYVA, Presidente Asociación de Oficiales en Retiro de Fuerzo Armado y Policía Nocional "APORFAIP" de Perú, y el Representante o lo Cámara Capitán GUILLERMO MARTINEZGUERRA ZAMBRANO.

Pichincha, Junín y Ayacucho, com­pletando su gesta emancipadora. Y en su presencia, nos integra­mos en un gran abrazo premoni­torio de lo que tendrá que llegar en un futuro ojalá no muy leja­no: Colombia, Panamá, Venezue­la, Ecuador, Perú y Bolivia re­construidas en una sola gran Na­ción capaz de enfrentar los retos del mundo moderno, y que lleva­ría su nombre.

122 ACORE 1

Los militares retirados de Co­lombia y Ecuador hemos puesto la primera firma indeleble . Esperamos que nuestros demás hermanos se unan a ella, con la misma firmeza desinteresada y noble, respaldada por nuestro honor.

Que la sangre derramada en estos campos de Boyacá por nuestros Libertadores, que ha fe-

condado durante casi dos siglos, no solo sus entrañas sino nues­tro espíritu, sea el símbolo de nuestra unión, sincera e inque­brantable.

Será sólo un sueño? Puede ser. Pero fue el sueño del Gene­ral Simón Bolívar, Libertador de las cinco Naciones.

EL GENERAL OSCAR BOTERO RESTREPO

E l General Osear Botero Restrepo fue uno de los oficiales más destacados

que ha tenido el Ejército Nacio­nal en los últimos tiempos. Para­digma de toda esa gama de virtu­des militares que hacen de la pro­fesión de las armas la más bella forma de servir a la Patria. Fue un hombre en el sentido integral de la palabra. Hijo respetuoso y ama­ble, esposo cariñoso y leal, padre responsable y tierno con sus hi­jos; el Señor le arrebató prematu­ramente gran parte de esa felici­dad, para probar el temple de su alma que la sufrió con estoicismo y resignación admirable.

El general Osear Botero nació en la ciudad de Armenia el 1 o. de mayo de 1.933, del matrimonio antioqueño de Jaime Botero y Felisa Restrepo. Educado en las más recias tradiciones de los su­yos, supo cultivar en su espíritu desde temprana edad vocación por el estudio y deseo de supera-

GENERAL OSCAR BOTERO RESTREPO

ción. No había cumplido los 17 años cuando entró al Ejército Na­cional como Cadete de la Escuela Militar, donde bien pronto brilló su inteligencia hasta colocarse como el primer puesto de su pro­moción.

Egresó como subteniente de Artillería el 9 de diciembre de 1953 y como Oficial Subalterno

sirvió como instructor y coman­dante de Pelotón y Batería en la Escuela Militar de Cadetes, en la Escuela de Artillería, en el Bata­llón San Mateo y en algunos car­gos de Plana Mayor, para lo cual se especializó en la actividad de inteligenica en Colombia y en In­glaterra.

Como Oficial Superior sirvió en la Sexta Brigada, fue Coman­dante del Batallón de Inteligencia del Ejército, Jefe de la Casa Mili­tar de Palacio, Agregado Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de Colombia en España, y Coman­dante de la Octava Brigada, car­go desde el cual fue seleccionado para realizar el curso de altos es­tudios militares.

Obtuvo el grado de Brigadier General el 5 de diciembre de 1980 siendo nombrado Comandante de la Quinta Brigada, posteriormen­te Jefe de la Casa Militar de Pala­cio y Director de Instrucción y en-

1 ACORE 231

trenamiento del Ejército. Como Mayor General fue Comandante de la Quinta División, Inspector del Ejército, Segundo Comandan­te y Comandante del mismo.

Ascendido a General de tres soles ocupó el cargo de Coman­dante General de las Fuerzas Mi­litares y luego el de Ministro de Defensa Nacional, siendo el úl­timo militar en ocuparlo, bajo el mandato de los presidentes Virgilio Barco y César Gaviria. El General Botero consideraba que era éste un cargo político que debía desempeñarlo un civil, máxime cuando la Constitución del año 1991 señalaba la censura para los Ministros.

El General Botero estuvo ca­sado con Lucía Restrepo Mejía, dama de las más eximias cuali­dades morales } familiares, con quien tuvo tres hijos de los cua­les sólo le sobrevive Francisco. Esta fue su tragedia personal que sinembargo, no fue obstáculo para que todos sus cargos los des­empeñara con eficiencia, profesionalismo y pulcritud, siendo admirado y estimado por sus jefes, compañeros y subalter­nos.

El profesionalismo y espíritu de servicio que siempre demos­tró el General Osear Botero fue ampliamente reconocido. Por ello desempeñó con lujo de de­talles importantes comisiones en el exterior en representación de Colombia. Así mismo recibió to­dos los honores y condecoracio­nes que es posible obtener por

124 ACORE 1

General Osear Botero Restrepo, acompañado de su señora esposo y sus hijos

parte de un Oficial colombiano de su trayectoria y virtudes mili­tares.

Hoy cuando una penosa enfer­medad que soportó con resigna­ción y deseo de superarla, termi­nó por llevárselo al lado de sus padres, de su esposa y de sus dos hijos, hacemos llegar nuestro sa­ludo de condolencia a su hijo

Francisco, a su querido nieto que fué la alegría de sus últimos días, a su tía y a su hermana. Que en la resignación del Señor en­cuentren paliativo espiritual para superar tamaña pérdida. Pérdida grande que tuvimos to­dos los que gozamos de su con­fianza y amistad, así como la Patria que gozó de su entusiasta y fecundo servicio.

GEOPOLITICA Y SEGURIDAD HACIA EL SIGLO XXI

!-Definiciones de la Geopolítica.'

- Ciencia que estudia la in­fluencia de los factores geográ­ficos en el desarrollo de la vida del Estado. ( Kjellen )

- La base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organis­mos estatales por su espacio vital. (General Alemán Karl Haushofer)

- Es la doctrina de las relacio­nes de la tierra con los desarro­llos políticos: tiene como base los sólidos conocimientos de la geo­grafía como doctrina y estructura de los organismos políticos del es­pacio. La geopolítica debe ser y será la conciencia geográfica del Estado. (Revista Geopolítica Es­cuela de Munich)

Mayor General JUAN SALCEDO LORA

- La geografía política aplica­da a la política del poder nacio­nal y a su estrategia de hecho en la paz y en la guerra. (Hans Weigert)

- Es una técnica política que se basa en los descubrimientos de la geografía, especialmente de la geografía política, la historia, la antropología, la economía, la so­ciología, la sicología y otras mu­chas ciencias que, combinadas, pueden explicar una situación política determinada. (Andrés Dorpalán)

- Ciencia que pretende fundar la política nacional e internacio­nal en el estudio sistemático de los factores geográficos, econó­micos y raciales. (Academia Es­pañola de la Lengua.)

- Es la doctrina del espacio vital. Resume los resultados de la geogra­fía histórica y de la geografia políti­ca en una síntesis explicativa que intenta aplicar a la consideración de los sucesos políticos y diplomáticos contemporáneos. (Vicens Vives)

-Es la rama de las ciencias po­líticas que, basada en el conoci­miento histórico, económico, es­tratégico y político, del pasado y del presente, estudia el conjunto de la vida humana organizadas en un espacio terrestre, con el fin de al­canzar en el porvenir el bienestar del pueblo (Augusto Pinochet).

2.- Definiciones de la Seguri­dad.2

Seguridad Continental. Situa­ción en la cual los intereses vita-

1Robertolbáiíe:zSánchez. TooríadeiEstado,geopolíticaygeoestrategia.ColeccióndeOrodelmilitarcolombiano.lmprentaypublicaciooesdela<;Fuerza.-,Militares. 1 Jorge l. Tagliaferro De Lima. XX Conferencia de Ejércitos Americanos. Participación de la HD ante los nuevos problemas de seguridad en el continente americano. Nov. 1993

1 ACORE 251

les del Continente se encuentran salvaguardados de interferencias substanciales y/o perturbaciones del orden establecido. (Colegio Interamericano de Defensa).

Seguridad Colectiva. La ga­rantía proporcionada a cada uno de los integrantes de un grupo de Estados, decurrente de con­venciones entre ellos estableci­das, para la solución pacífica de sus controversias y el apoyo mutuo contra la agresión de otro Estado.

Seguridad Nacional. Grado de garantía, que a través de ac­ciones políticas, económicas, sociales y militares, un Estado puede proporcionar en forma permanente a la nación que jurisdicciona para la consecu­ción y salvaguarda de sus obje­tivos nacionales. (Ley orgánica de Seguridad y Defensa de Ve­nezuela).

Situación en la cual los intere­ses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y per­turbaciones substanciales. (Ley de Defensa Nacional de Argentina).

Condición que resulta del es­tablecimiento y manutención de medidas de protección, que ase­guran un estado de inviolabilidad contra actos o influencias anta­gónicas. (Doctrina de los Estados Unidos.)

Situación de normalidad polí­tica, económica y social del Es-

tacto, deriva da de la realización de sus fines esenciales. (Escuela Superior de Guerra, Colombia).

Si la noción de seguridad con­tiene la idea de previsibilidad (prever y controlar su futuro), entonces seguridad tiene que ver con la aptitud para lograr ámbi­tos espaciales y temporales de previsibilidad.

Resultante del conjunto de acciones heterogéneas y diver­sificadas, desarrolladas por el Estado en su esfuerzo por crear las condiciones indispensables que garanticen al país: su afir­mación en el ámbito internacio­nal, el progreso y el desarrollo económico, y la perfecta reali­zación de los individuos dentro de la colectividad nacionaP

3.- La guerra contemporánea a la luz de la geopolítica y de la geoestrategia. 4

Algunos de los condiciona­mientos en que se mueve a nivel teórico la estrategia del presente y la del inmediato porvenir, según el MG. Roberto lbáñez, son los si­guientes resumidamente :

- La guerra contemporánea es un fenómeno social y popular, cuando la nación no está compro­metida integralmente en ella, co­rre el riesgo ostensible de perder­la y de perderse con ella.

Hoy no se conciben contien­das bélicas aisladas, todo conflic-

to interno o externo, está condi­cionado directa o indirectamen­te por los dos grandes polos del poder mundial y las dos nacio­nes enfrentadas cuentan con alianzas directas o indirectas. (En el contexto de la Guerra Fría).

- Según sean los intereses de las dos grandes potencias en el conflicto, la estrategia puede bus­car rapidez en la decisión como en el caso árabe-israelí, o por el contrario, dilatar la lucha, sobre todo si se trata de una guerra re­volucionaria. (Teoría de la gue­rra prolongada).

- La anterior consideración y el grado de intensidad o la gue­rra fija, determinan la estrategia no sólo en función de la batalla sino a procurar los objetivos geopolíticos, pero sin que pierda condiciones de eficacia en el con­flicto. Esto obliga al Estado a mantener una estrategia de gue­rra y otra de paz profundamente interrelacionadas. La última no implica el secreto, sino todo lo contrario, máxima publicidad, de tal forma que disuada a todo ad­versario por los efectos de la res­puesta ante cualquier agresión y lo obligue a optar otras posibili­dades de arreglo en el campo po­lítico, económico, etc.

- De la misma forma y como efecto de esta estrategia de la disuasión, los conflictos entre na­ciones se localizan en un espa­cio geográfico determinado, pero con objetivos amplios. La ampli-

3 General de Brigada Roberto Barahona Garrido, La defensa nacional en su concepto actual, Revista Ejército Español, Diciembre de 1992 4 Ibid. Página 224

126 ACORE 1

tud de los objetivos en la guerra revolucionaria está dada para ob­tener el apoyo de la mayoría de población civil del país.

- Las ideologías apenas son sofismas o fachadas para escon­der el espíritu imperialista; son instrumentos para explotarlos políticamente mediante la ac­ción sicológica con miras a do­blegar la voluntad de lucha del adversario, vencerlo, de ser po­sible sin lucha o al menos abo­nar el terreno.

- Si en el presente como en el pasado es indispensable ganar la paz una vez concluida la guerra, hoy es posible obtener por la es­trategia de paz y las acciones subversivas, Jos objetivos norma­les de la guerra, haciéndola in­útil.

- El hecho de que los conflic­tos se desarrollen en todos los campos de la vida nacional, de­manda del Jefe del Estado un co­nocimiento profundo del fenó­meno de la guerra, que le permi­ta dosificar el esfuerzo político, económico, social o militar de la manera más conveniente, so pena de que la nación pueda ser ven­cida sin haber sido derrotada en batalla.

- La conducción de la guerra es un problema político, el papel del estratega militar es de conse­jo u asesoría. Sólo cuando la con­ducción es de nivel operativo queda bajo la responsabilidad del General o del Almirante, pero

aún, en tal caso, la política pue­de interponerse.

- La complejidad de la estra­tegia contemporánea demanda conocí mientos estratégicos, tác­ticos, técnicos y científicos.

- La geografía, el poder de combate del enemigo y el propio, demandan una organización te­rritorial que facilite el mando y las operaciones.

4.- Relaciones entre la geopolí­tica y la situación conflictiva contemporánea

a. - Ambiente nacional e interna­cional.

Detenerse en el análisis de la situación internacional es una buena oportunidad para compro­bar que a pesar del tan cacareado orden mundial y la desaparición de la cortina de hierro, los con­flictos siguen en todo el orbe y las amenazas a la seguridad de las naciones no acaban. La bipolaridad, a la cual se atribuían los conflic­tos en los dos escenarios, este y oeste, desapareció, pero la lucha siguió, y nada parece poder ha­cer cesar este mal de la humani­dad, mal enquistado desde que el hombre es hombre: el mal de la guerra. Guerras grandes o peque­ñas, internas o externas, de alta o baja intensidad, regulares o irregulares, pero guerras al fin.

Nuevo orden, declaró la po­tencia de las potencias y de acuerdo con ello cada quién de-

bía reordenar su casa y su propio desorden, para alcanzar modelos dinámicos, equilibrados, justos y modernos. Algunos encontraron que los modelos eran realmente obsoletos y la planificación en marcha no podía continuar por la vía trasegada, por lo que se im­ponían nuevos timonazos, fuer­tes o débiles, para enderezar el rumbo de la nave del Estado. Los riesgos y las amenazas no pue­den ser definidos en términos de algo concreto, de universal con­cepción o procedencia.

Sobre el tapete internacional no se están peleando conflictos violentos entre Estados, tal vez porque estos mismos están pla­gados de conflictos interiores que ocupan su atención. Hay dema­siada convulsión interna para ocuparse de la externa. El descui­do de lo externo, a su vez, le pue­de traer más problemas en su in­terior. Extraña paradoja y difícil e inmanejable situación para los gobernantes de turno. Sin embar­go los países europeos como con­secuencia de los fenómenos in­mediatos han comenzado por dis­minuir los presupuestos de de­fensa, en promedio de 13% para la OTAN excluyendo a Francia en lo relativo a personal y el5,2% en equipo, y la Unión Europea re­dujo el gasto militar en un 2,5% del PIB al2% entre 1991 y 1995. Con esa misma mentalidad, ex­pertos en el tema, como el argen­tino Mario Sandoval sugieren la necesidad de reducir en América Latina el gasto militar. 5 Que lo diga un argentino, vaya y venga,

' Rodrigo Pardo García-Peña. La seguridad en el Siglo XXI. Rev1sta Cambio 16. Diciembre 2 de 1996. página 28

1 ACORE 271

ellos normalmente piensan como europeos y de pronto se pierden de la realidad latinoamericana, pero que lo sostenga igualmente la Comisión del Gasto, aquí, en Colombia, es una desesperante realidad. A menos que quieran por esa vía dejar el país en manos de la guerrilla, del narcotráfico o de los grupos de justicia privada.

Cada área del mundo enfrenta un tipo de problemas y los go­biernos hacen su esfuerzo para mantener una estabilidad, bien esquiva por cierto, que se acen­túa en la medida que las terapias individuales no se aplican, no son las apropiadas o se demoran en su aplicación. Nuevas amenazas han surgido y atentan contra la seguridad y la defensa de los paí­ses.

Aquella tradicional motiva­ción que disparaba los conflictos y que se apoyaba en razones ta­les como la religión, el racismo, el nacionalismo, las etnias, entre otras, está dándole paso, por lo menos en nuestro medio, a otras fuentes de conflicto como el narcotráfico, que hace aparecer a las ideologías como pueriles ar­gumentos de políticos en deca­dencia.

Pero el cuadro se agrava aún más, cuando el narcotráfico se en­maraña en la difícil red de la sub­versión, los grupos de justicia pri­vada, los partidos políticos, la de­lincuencia común y en fin, se in­crusta en el tejido social de nuestra nación o en las naciones vecinas.

Es este uno de los tipos de pro­blemas, que van creando crisis colectiva y que al igual que una epidemia, se expande rápidamen­te a mucha mayor velocidad que los remedios. La comunidad internacional, si es que puede haber algo que se llame así, nada o poco interviene, hay insolidaridad y sólo se siente la actuación de vecinos u organis­mos mundiales, cuando un inte­rés aflora a la superficie de la cri­sis. Si hay interés hay preocupa­ción y ayuda, en caso negativo se limitan a observar.

Los esfuerzos de Colombia en su lucha, nuestra lucha, contra el narcotráfico, es un ejemplo pal­pable de como las potencias se han mantenido al margen de una verdadera cooperación, de efecti­va cooperación, sin contrapresta­ciones, sin sometimientos, sin que se exponga otro miligramo de so­beranía a la voluntad imperial, sin que surja como por encanto otro motivo más de dependencia. Decía David Fronkin6, que la in­dependencia significa sólo la li­bertad de escoger entre las alter­nativas que el destino pueda ofre­cer, como lo pudieron descubrir muchas de las naciones pobres de Asia, Africa y el Caribe, que ha­biendo logrado la independencia del régimen colonial que les opri­mía, encontraron que para obte­ner créditos financieros de enti­dades como el Fondo Monetario, debían someterse a condiciones que consideraban onerosas y que en efecto constituyen dictados sobre cómo deben manejar sus

propias economías. El caso más reciente puede ser el del de­puesto presidente ecuatoriano Bucarám, que lo fue al parecer por cumplir imposiciones de tal tipo, que provocaron no sólo las exigencias políticas de las clases altas (poder), sino también y más importantes para el ejemplo: la reacción de las clases populares que no resistieron los ajustes y limitaciones impuestas ( econó­micas).

El narcotráfico, es un fenóme­no clarísimo en donde se dan las condiciones de emergencia inter­nacional que, a través de acuer­dos entre naciones productoras y consumidoras, se llegue a redu­cir inicialmente el tráfico ilícito y en una segunda etapa, la elimi­nación definitiva del flagelo en todas sus manifestaciones. Una muestra infortunada de la falta de cooperación es la de los insumos y precursores, que vie­nen por toneladas de naciones industrializadas, que estando su­friendo en sus juventudes el fla­gelo de la droga, no hacen nada por evitar las grandes y extrañas exportaciones de los últimos años con destino a Sudamérica. Lo dan «inocentemente», como un hecho normal que genera di­visas a sabiendas que antes del «boom» de la droga, no era sig­nificativa la exportación de tales químicos.

Pero hay otro rubro que llena las arcas de los países indus­trializados. El tráfico creciente de armas de guerra. Incluyendo

6 La independencia de las naciones. Publigráficas S.A. México . Primera edición en español. 1983, página 17

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grandes productores como los Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, Francia, Portugal y Alemania, otras naciones se unen a la larga cadena de pro­ductores y exportadores de todo tipo de incentivadores de gue­rras. No se sabe nada de medi­das correctivas que hayan sido aplicadas a los que estimulan el caos y la desolación en muchas naciones en desarrollo. Comuni­dad i~temacional? - No, sola­mente interés particular. Por tal razón los Estados Unidos critica­ron la compra de helicópteros pe­sados, que hiciera Colombia a Rusia, calificando el hecho como promotor del arrnamentismo en la región. Todo, porque no se compraron los Halcones Negros, que ellos vendían.

Queda bien claro que no exis­te un código moral en lo interna­cional, acordado en común, pues siempre es potestativo del pode­roso exigírselo al débil, cuando unilateralmente le parezca apro­piado. No será fácil para Colom­bia o cualquier país del tercer mundo inventarse una descer­tificación contra Gran Bretaña, Alemania o Estados Unidos por cualquier falta grave de éstos, en tanto que lo contrario se está vi­viendo.

El efecto de la globalización ha creado unas relaciones espe­ciales que antes no existían, a todos nos afecta la interdepen­dencia, pero más a los países dé­biles.

En Colombia, la subversión armada, en vías de extinción en casi todos los rincones del orbe, siguió sin brújula internacional, sin ideología foránea o propia, sin un partido comunista gestor, con una grave tendencia a la bandolerización y alejándose cada vez más de su condición de delincuente político. A dónde querrá llegar?- Nadie lo sabe.-

La corrupción en todos los órdenes es seria amenaza contra cualquier tipo de gobierno, pero especialmente contra la débil democracia imperfecta de Colom­bia. Todo se compra, todo se ven­de, conciencias, votos, licitaciones, sentencias, procesos completos de cualquier tipo, posiciones políti­cas y laborales. Nada se queda por fuera del ente corruptor. La situación interna tiene a su alre­dedor además de las amenazas re­lacionadas una gama numerosa de pequeños conflictos que au­mentan la presión de aquellas.

En lo externo existen tensiones por la ausencia de tratados para la delimitación de las fonteras terres­tres y marítimas, o que habiéndolos están siendo objeto de peticiones de revisión e inclusive su misma anulación. Lo importante es que este tipo de fricciones, intermi­tentemente, producen alteracio­nes en las buenas relaciones con los vecinos.

Los diez países más corruptos del mundo según la revista Con­signa7, son en su orden :1) Ru-

1 Edición 450, cuarto trimestre de 1996, página 60

sia, 2) Venezuela, 3) Colombia, 4) Filipinas, 5) India, 6) Indonesia, 7) México, 8) Thrquía, 9)Argentina y 10) China. Cierta, imprecisa o fal­sa, la sola inclusión en tan degra­dante lista, nos obliga a conside­rar la corrupción como grave amenaza para Colombia.

b.- Factores que gobiernan los conflictos

La posición astronómica, su re­lación con el continente, la colo­cación entre dos mares,largas cos­tas, posición relativa con respecto a los vecinos, su forma compacta, la extensión, población, variedad de climas, recursos naturales y de­más factores, le dan a Colombia una relativa ventaja geopolítica en el concierto de las naciones del continente americano. Todo pare­ce haberse dado propicio para un gran desarrollo, en armonía con las perspectivas que tales elementos le permiten a una nación cualquiera.

Si la política es generadora de la geopolítica, rama ésta que se supera y engrandece con las áreas de su progenitora, pudiera ser que al conformarse la nacionali­dad, se dejaran vacíos importan­tes que aún no han sido llenados en los casi dos siglos de existen­cia.

Sobre un proceso de coloniza­ción campesina, accidentado e irregular, en donde sobresale la desorganizada convivencia so­cial y ciudadana, dejada al arbi­trio de personas y de grupos8, se

'Conferencia. Femán Gooz.ález. Reflexiones eenerales sobre la yio!encja y la paz colombiana. Cinep

1 ACORE 291

genera una competencia por la tierra y la mano de obra con fre­cuentes y continuados conflictos. Es en tales escenarios, dispersos, heterogéneos, inconexos y en ve­ces distantes, en donde va a sen­tarse con tremendas dificultades la organización política del Es­tado, en cuanto a divisiones gu­bernamentales, pero también como forma embrionaria de co­rrientes políticas. No hay direc­ción central que coordine la col­cha de retazos en que se va con­virtiendo un pa(s f'n ebullición constante.

Er centralismo tradicional lo es para otras cosas, no para go­bernar e imponer la armonía y el orden en todas las cosas. Todo, casi que igual a hoy, se deja a la libre iniciativa de personas y or­ganizaciones de segundo orden. Los mecanismos de control, eran desconocidos. Hoy son inoperan­tes por múltiples circunstancias.

La educación, la cultura, la re­ligión, las guerras civiles, la ac­cidentada topografía, la ausencia del Estado en tantos y lejanos confines crea una cosa difusa, que hoy tiene Constitución, nom­bre, gobierno y reconocimiento internacional como nación inde­pendiente, libre y soberana for­malmente. En confianza, la liber­tad y el orden de nuestro escudo, se ponen seriamente en duda, cuando el caos y la indisciplina urbana y rural son tan claras ex­presiones de su existencia. El

9 Independencia de las Naciones. Página 26.

hombre común y corriente, sien­te al Estado lejano en el mejor de los casos, por eso la tendencia a la justicia privada y otros fenó­menos de anarquía ciudadana.

Finalmente, si lo que se ha tra­tado de construir es un Estado de Derecho, derivado de la antigua idea del gobierno de las leyes y no de los hombres, es elemental entonces suponer y aspirar que el Derecho haga parte de la cultura colombiana y· los hombres se acojan y acudan a él. Acá se des­conoce, se ignora, se viola y se reemplaza por argumentos nor­malmente violentos.

c. - Carácter y uso de la geopolí­tica. El poder

Primariamente un Estado debe garantizarle al ciudadano un bienestar y una seguridad en forma permanente. Todo debe estar al alcance de su mano en un ambiente placentero, por el cual debió luchar en el comien­zo de la historia. Dentro de unas fronteras perfectamente defini­das ese mismo Estado buscará alcanzar antes que nada, como lo describe Hans Morgenthau9,

los intereses nacionales defini­dos en términos de poder. Para sugerir igualmente que cada go­bierno define sus intereses na­cionales con diversos grados de sabiduría y exactitud y que las medidas que adopten para al­canzar tales intereses también varían.

El poder significa muchas cosas. Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero10

, sostienen que el poder es la materia y la substancia del uni­verso de entes llamados política, y ese poder político (detentador de los medios de coacción) lo di­ferencian del poder económico (medios de producción) y del po­der ideológico (medios de per­suasión).

Pues bien, ese Estado debe te­ner poder y poder legítimo, es de­cir con título de validez, que no sea discutido, compartido o ma­noseado, por quién o quienes crean poseer títulos de mejor re­gistro.

Si tenemos una guerra inter­na, que nadie ha querido decla­rar y nos desangramos año tras año, sin definiciones importan­tes, pero en retroceso continuo, sin que la nación se comprometa integralmente en librar la pelea, esto es : usar el poder, estaremos en el futuro inmediato en grave riesgo de perder la guerra no de­clarada, no peleada y no enfren­tada con decisión política. Karl W. Deutsch en su obra «Política y gobierno» 11 lo sintetizó en los siguientes términos: « .... Cuando se pierde la legitimidad, los acuerdos se rompen o se convier­ten en cuestiones de convenien­cia que se pueden violar cuando resulte pertinente. Las conse­cuencias pueden ser la tiranía, la revolución, la secesión o alguna otra forma de rompimiento ..... »

10 N. Bobbio y M. Bovero. Origen y fundamentos del poder político. Colección Enlace. Grijalbo. México 1984 11 Karl W. Deutsch, Política y gobierno. Naturaleza de la política, página 27, Editorial Fondo de cultura económica.

130 ACORE 1

Ante la ausencia de la bipo­laridad mundial, en donde todo conflicto debía resolverse rápida­mente, sólo queda la posibilidad de convencernos que la lucha nuestra es una lucha prolongada, de grandes desgastes sicológicos, militares y políticos, de esas que a veces se pierden en las mesas de conversaciones, como en Viet­nam, o de esas que se pierden en los campos de batalla, como en Vietnam, o de esas que se pier­den en ambos escenarios, tam­bién como en Vietnam.

En la búsqueda de los objeti­vos geopolíticos y sin perder las condiciones de eficacia, se de­bió diseñar una estrategia de paz, que como no se hizo, hoy para el efecto podemos reempla­zarla con la Constitución y man­tener una estrategia de guerra, que partiendo igualmente de la Constitución nos preservara de los males mayores de la guerra interna o si quieren darle un nombre acorde a la carta magna: conmoción interior. Pero también carecemos de tal estrategia.

Nuestras condiciones geoes­tratégicas, incluidas en el literal b., no han sido explotadas por el Estado para doblegar la vo­luntad de lucha del adversario interior con acción sicológica intensa. Más bien ese enemigo interior ha usado todas las he­rramientas y las organizaciones de fachada o abiertamente reco­nocidas para atacar desde afue­ra y desde nuestro interior, al Estado inerme y todo cuanto éste representa, y lo ha hecho

con acción sicológica precisa­mente.

No hemos perdido la guerra es cierto y tampoco hemos conse­guido la paz. Tratándose de un conflicto interior, bien podemos decir que los colombianos sin im­portar el bando en donde se ali­nean, hemos perdido la guerra y la paz en una misma y prolonga­da, como inoficiosa contienda. Ojo atento, no vaya a ser que per­damos posiciones en futuros con­flictos exteriores que, por lo mis­mo anterior, puedan surgir.

El conocimiento del fenóme­no de la guerra, por parte de los Jefes del Estado, que les permi­tiera dosificar el esfuerzo políti­co, económico, social o militar, no ha sido precisamente una constante, ni siquiera una ex­cepción, por lo menos no lo han demostrado así y ello pudo ha­berse constituido en un factor de desventaja, para hallarnos en la situación actual. Por fortuna no estamos en «el fin de la his­toria» y los candidatos del fu­turo tienen, aún, tiempo para prepararse.

En el conflicto que nos ocu­pa, ha sido una constante el que la política se interponga, inclu­sive en los niveles operativos, baste citar los ejemplos del ELN en San Lucas, por allá en el go­bierno del «mandato claro», o el de los sesenta soldados de las Delicias, por acá, en el «gobier­no de la gente», a lo mejor hay todavía mucha gente convencida que la guerra es demasiado seria

para dejarla en manos de los Ge­nerales. Pero no sobra recordar que la complejidad de la estrate­gia contemporánea demanda co­nocimientos estratégicos, tácti­cos, técnicos y científicos, y eso, estimados gobernantes, no se im­provisa.

La geografía, el poder de combate del enemigo y el pro­pio, deben considerarse en cada estimativo del comportamiento de la contienda que libramos. Es hora de dejar en el camino las im­provisaciones y la imposición de realizaciones ajenas a los intere­ses nacionales o militares, para dedicarse más bien a las que fa­ciliten el mando y las operacio­nes.

5.- La seguridad resultante : in­seguridad manifiesta

a.- En el patio interior

Los agentes generadores de la violencia se presentan como la mayor amenaza a la seguridad interior de Colombia, a tal punto que afectan igualmente la esta­bilidad política. El normal desa­rrollo del país se retarda notable­mente, colocando al mismo tiem­po a la población en estado de zo­zobra e intranquilidad, la paz es desconocida en muchas áreas del territorio. Los agentes son: la subversión, el narcotráfico, la de­lincuencia organizada, la delin­cuencia común y la corrupción.

El poder político ha venido perdiendo fuerza y credibilidad por el denominado proceso ocho

1 ACORE 311

mil. A nadie le caben dudas de la infiltración de dineros en la cam­paña política del actual Presiden­te de la República y a pesar de los esfurerzos del propio Presi­dente y del gobierno en general, más la clase política que le apo­ya (mixta), los niveles de presti­gio, fama y credibilidad son ne­gativos. Otra consecuencia de lo anterior es el fraccionamiento de la clase dirigente, en un fenóme­no de impredecibles consecuen­cias para el futuro del país.

El atraso económico, es un serio factor de inestabilidad in­terior. En forma casi que perma­nente hay agitación en la ciudad y en el campo. El salto social pre­gonado por el gobierno nacional como bandera de este cuatrenio, llenó de expectativas al pueblo y los meses pasan sin que sienta el esperado salto, antes por el con­trario el proceso 8.000 ha arroja­do también sobre el sector eco­nómico en varios campos, atra­so, retardo o parálisis, agravan­do con ello el, de por sí ya, caó­tico cuadro difícil de la econo­mía. Se ha detectado últimamen­te un alarmante freno a la inver­sión nacional y extranjera, fuga de capitales, desempleo y contra­bando. La tradicional fortaleza nacional en su economía, parece estar sintiendo los embates de manejos desacertados y otros fe­nómenos adversos. « .. Colombia es un país de paradojas. Su diná­mica de crecimiento económico en los últimos cincuenta años es la más estable de todo el conti-

nente latinoamericano. Su demo­cracia es la de mayor persisten­cia en toda la región. Su estruc­tura productiva ha registrado una transformación dos veces más rá­pida que en la mayoría de los otros países. Ha evitado las irrup­ciones inflacionarias que han ca­racterizado en algún momento a casi todas las economías de Amé­rica Latina. Sinembargo, los co­lombianos y los estudiosos de Colombia en el exterior perciben claramente que es un país de enormes tensiones sociales. La manifestación más abierta es la violencia ... La guerrilla colom­biana es la más antigua del con­tinente. La ansiedad de la gente con la sociedad es enorme ... En los años sesentas Colombia tenía una de las peores distribuciones del ingreso del mundo ... A media­dos de los años noventa, Colom­bia es un país con mucha des­igualdad y pobreza. La desigual­dad del ingreso es marcada ..... »12

b.-En el patio exterior

Como resultado del manejo de orden público y el roce perma­nente y prolongado de la fuerza pública con la comunidad civil, las fricciones se han producido casi que necesariamente, pero Colombia es un país de normas, de muchísimas normas constitu­cionales y por ellas y las libres interpretaciones, se ha llegado a su conversión en violaciones a los Derechos Humanos. Quie­nes así convirtieron tales normas en violaciones, con la ayuda de

ONG de izquierda, nacionales e internacionales, tomaron tal re­sultado como bandera de lucha contra el Estado, pretendiendo hacer aparecer las violaciones comprobadas y las no compro­badas, más numerosas las últi­mas, pero igualmente esgrimi­das, como producto de políti­cas de Estado. Los Derechos Humanos son, hoy por hoy, condicionantes en las relaciones internacionales y tanto los Esta­dos Unidos, como países de Eu­ropa occidental, los anteponen a la apertura o continuación de mercados, inversiones y accesos a materiales estratégicos.

La democracia colombiana es de las más antiguas y sostenidas en América y aunque la comuni­dad internacional así lo recono­ce, a la hora de las calificacio­nes, siempre nos toca habilitar. Lo más triste de esto es que la mayor parte de las acusaciones y expedientes consolidados, cier­tos o falsos, los elaboran colom­bianos, aquí en Colombia, a la luz del día y nada se hace por buscar lavar la ropa sucia en casa.

« ... Se siente el huracán de las deslealtades y no precisamente contra los miembros de la fuer­za pública, es ya contra el pro­pio país utilizando los trampolines de organizaciones internaciona­les para atacar a Colombia, su gobierno y sus instituciones. No son juicios en donde brilla pre­cisamente la juridicidad. Es más, se desconoce ésta, es la herra-

12 Juan Luis Londoño de la Cuesta. Brechas sociales en Colombia. Revista Consigna, 4° Trimestre 1996, Edición N° 450, página 23

132 ACORE 1

mienta política como palanca magistral con punto de apoyo en acusaciones acomodadas en don­de la verdad de los hechos es trocada, renglón de por medio, para producir efectos devastadores. Son clamadores de oficio de dere­chos supuestamente violados. Son celosos vigilantes y se autoproclaman agresivamente blandiendo espadas flamígeras protectoras de la humanidad. Sus métodos están siendo pues­tos al descubierto. Denunciantes de oficio los llama Roberto Pombo en Semana del 6 de sep­tiembre y sus múltiples cabezas invaden los canales de la infor­mación pública actuando todos a una. Son los cabellos de la Me­dusa movidos por una misma mente». 13

El narcotráfico, considerado como amenaza para la seguridad mundial, se ha tomado para Co­lombia como elemento de doble riesgo. Siendo como es el país, víctima del flagelo corruptor y del narcoterrorismo, ahora resulta no sólo cuestionado, sino también sancionado con descertificaciones unilaterales de los Estados Uni­dos, que nos colocan en el nivel de parias del mundo junto con conflictivas naciones africanas y asiáticas. 14 El común denomina­dor de los excomulgados lo cons­tituyen el opio, la cocaína, la he­roína, el hachís, la morfina y la marihuana.

Tal fenómeno sancionatorio lesiona y afecta no sólo la sobe-

ranía sino también el comercio, las inversiones, el turismo y empantana las buenas relaciones con éste y otros países del glo­bo. En Noviembre de 1996, en la ciudad de Quito, el politólogo Fernando Bustamante, resumió en siete puntos las posibilidades de manejar el asunto desde el ángulo de enfoque internacional: ( 1) Corresponsabilidad, para buscar soluciones comunes y no respon­sables. (2) No unilateralismo. (3) Pérdida de marcación de la línea divisoria entre productores e importadores. ( 4) Problema multidimensional. (5) Problema global. (6) No es solamente asunto estatal y (7) El problema es cada vez peor.'s

El terrorismo. A pesar de los esfuerzos realizados por muchos países para erradicar la amenaza del terrorismo, este terrible fla­gelo sigue y desde el mismo co­razón de los Estados Unidos, se deja sentir el estruendo de las ex­plosiones de Oklahoma, Atlanta, New York o saltar al corazón de Europa, para intranquilizar a Pa­rís o Londres.

La sofisticación de los medios al alcance del terrorista y la posi­bilidad de poner sus servicios al alcance de organizaciones de cor­te político, religioso, revoluciona­rio o de los barones de la droga, incrementa por ese solo hecho la amplia gama de objetivos en todo el mundo. Vivimos ese flagelo con el narcoterrorismo en la dé­cada del ochenta y lo seguimos

viviendo con un narcoterrorismo disminuido, una subversión nar­coterrorista y terroristas indepen­dientes, que se ofrecen al mejor postor.

La soberanía. De un tiempo a esta parte, precisamente con la llegada del «nuevo orden mun­dial», el concepto de soberanía está perdiendo esa aureola de misticismo que le cubría. Ya el férreo patrimonio de gozar de plenas libertades dentro de su propio territorio, amplísima ca­pacidad decisoria y terribles ce­los ante la intromisión ajena: no va más ! No por lo menos como antes. La soberanía está adqui­riendo, en cambio de su sólida estructura tradicional, una elás­tica consistencia. Los pactos, tra­tados, normas internacionales a la que los países se acogen, han terminado por crear filtraciones en la pared de las fronteras, son grietas por donde meten la mano los organismos internacionales a los que pertenecemos, las poten­cias, las ONG, los Bancos Mun­diales y en fin, ya no estamos tan solos en nuestro propio espacio interior. La dinámica social con­temporánea riñe totalmente con la idea de soberanía a que esta­mos acostumbrados y que creía­mos herencia sagrada.

6.-INTERESES AMENAZA­DOS

Se pueden considerar dos con­ceptos válidos: los de interés na­cional e interés público, para de-

n Juan Salcedo Lora. Al fin que, obedecemos o no'! Periódico •En Guardia». Comando del Ejército Nacional, ejemplar No. L nunca publicado. 1994. 14 Afganistán, Nigeria. Siria. Irán y Wyanmar. •~ Rodrigo Pardo García-Peña. Ibid.

1 ACORE 331

sarrollar finalmente a manera de conclusiones, los riesgos que Co­lombia está corriendo tanto en el orden interno como en el externo.

Lo que resulta beneficioso para la nación, corno un todo, en el campo de los asuntos interna­cionales se denomina interés na­cional, en tanto que si se trata de asuntos internos se denomina in­terés público. 16

Cuando se perciben riesgos con­tra los intereses nacionales o con­tra los intereses públicos, surge el concepto de Defensa Nacional que es el medio de que se vale la nación para lograr la seguridad. En el co­mienzo de los inventarios de ries­go, se tendría que colocar primero la ausencia de directrices. El di­seño de una política integral de la cual se desprenda una estrategia na­cional de seguridad y que a su vez involucre la estrategia militar.11 Los asesores de esta estrategia tendr~ que salir del campo militar, toda vez que cuentan con la gran experien­cia de una participación constante en el conflicto. Nacieron práctica­mente dentro de él y les ha corres­pondido la vivencia directa. En el medio civil hay contados casos de conocimiento del terna, y pueden aportar valiosas ideas para el de­sarrollo de la estrategia y su am­pliación temática en el campo netamente civil, en donde hay ver­daderos conocedores y planificado­res idóneos. La estrategia, armóni­ca y global, se estrenaría por pri­mera vez en Colombia.

Una estrategia nacional debe ser formulada, al igual que la po­lítica, por el Presidente de la Re­pública, su Ministro de la Defen­sa y el Comando General de las .Fuerzas Militares. Una vez for­mulada tendrá que ser puesta en práctica a través de leyes expe­didas por el Congreso.

No hay muchas cosas por de­cir o muy pocas las que no se han dicho: con motivo de la creación de la Unidad de Planeación de Seguridad y Justicia, tímida en­clave estratégica de planeación, en el Departamento de Planea­ción Nacional en Octubre de 1993, fue invitado el reconocido experto en ternas de defensa Michael Quinlan, ex-secretario de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña y en la mesa de tra­bajo convocada manifestó lo si­guiente que: « .... -A cada fuerza militar le corresponden tareas es­pecíficas e indelegables. Y las tareas deben encajar con el pre­supuesto asignado. -Comparadas las guerras regionales en el mun­do con el conflicto interno co­lombiano, el planeamiento en to­das las confrontaciones es de co­yuntura, hecho que lo hace más complicado. - En el campo de la defensa, la incertidumbre es la regla del juego, por eso, hay que estructurar las fuerzas para aque­llo que no se puede prever y de esa forma se tiene la posibilidad de enfrentar escenarios imponde­rables. -Una de las dificultades más grandes del planeamiento de

16 Michael G. Roskin, El interés Nacional, de lo abstracto a la Estratega, Military, Abril de 1995. 17 MG Juan Salcedo Lora." Conferencia Rol de las FFMM para el Siglo XXI, UMNG, 1996 18 El Tiempo, Domingo 24 de Octubre de 1993, página 7 A

134 ACORE 1

defensa colombiana está en que hay que reaccionar a las situacio­nes día a día. Por eso no se pue­de abandonar el planeamiento hacia el futuro. - Hay que ser honestos con la opinión pública: decirle que no se tienen todas las respuestas. Así se evitará crear falsas expectativas. - Se pueden dispersar las fuerzas o concen­trarlas. Las unidades pequeñas muestran que no se está cedien­do territorio ... »18

En segundo término, aparece la ausencia de decisiones políti­cas como una constante históri­ca de «lo que pudo haber sido y no fue». Reiteradamente se ha venido haciendo la crítica de que los gobiernos no han tomado las decisiones políticas necesarias para enfrentar un mal de grandes proporciones, como es el de com­batir con el peso de un poder na­cional las graves amenazas con­tra la seguridad interior.

Dentro de los factores políti­co, social, económico y militar, sólo este último ha tenido que afrontar la responsabilidad total, de algo que se ha escapado de sus capacidades. Un soldado se pre­para para la guerra y ésta aún no ha sido declarada. Hay un con­flicto grave que ahora se deno­mina conmoción interior. Las re­glas para participar en esa con­moción no son reglas de guerra. El tiempo para ese tipo de con­flicto está debidamente regla­mentado: serán tres tiempos de

90 días y nada más, pero sucede que cuando crearon la norma llevábamos 40 años de lucha indefinida y ya llevamos seis años con la nueva Constitución y seguimos peleando algo que no es la conmoción interior pero tampoco se atreven a lla­marla guerra.

Leyes de guerra se hacen im­perativas para que los soldados hechos para la guerra, puedan participar en ella, de lo contrario se estarían usando herramientas inapropiadas en tales tareas .

En tercer orden está la gobernabilidad, definida como ese « .. estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta guber­namental ... » y su autor agrega que: « .. aún en su brevedad, permite ar­ticular los principios de eficacia, legitimidad y estabilidad, .. y ubicar a la gobemabilidad en el plano de la relación entre el sistema político y la sociedad, evitando cargar a uno

solo de los términos de la relación de gobierno la responsabilidad de mantener adecuadas condiciones de gobemabilidad ... » 19

•

A raíz de los graves hechos que motivaron y rodearon el proceso 8.000, para muchos estudiosos, Colombia estaba inmersa en un es­tado de ingobemabilidad. Es más, creen que todavía lo está. Confor­me a la definición en el párrafo an­terior los principios de eficacia, le­gitimidad y estabilidad están sien­do sensiblemente cuestionados y difícilmente defendidos. Tal consi­deración, se apoya no sólo en el fe­nómeno de corrupción política que a pesar de la investigación adelan­tada por el Congreso contra el Pre­sidente y fallada favorablemente, sino también en la situación políti­ca, social y de seguridad individual y colectiva. La amenaza de la gue­rrilla contra la estabilidad. un esta­do de eficacia cuestionado seria­mente y la legitimidad no recono­cida por amplios sectores de la so­ciedad, de izquierda y derecha, ha-

cen que los vaticinios no favorez­can un mejoramiento de los nive­les de gobernabilidad.

De otra parte, es notoria la au­sencia del Estado en muchas regio­nes del territorio nacional. Es noto­ria por la falta de autoridad, comu­nicaciones, vías, servicios de salud, energía, agua, alcantarillado, ofici­nas o agencias representativas del Estado y alguien, .... tal vez con más visión geopolítica y apoyado en la inseguridad reinante, o tal vez, con una mejor explotación de los már­genes mínimos de legitimidad a lo largo de los años, está hacien­do todo lo posible por ocupar ese inmenso vacío que deja el Estado ... bien lo definió Carl Schrnitt, cuando dijo que « ... el po­der político está obligado a encon­trar la fuerza y el valor de utilizar sus annas. Si no lo hace, otro po­der, otra organización lo hará en su lugar. Entonces se habrá con­vertido en poder político, es de­cir en Estado .. »20

19 Rubén Sánchez David. Gobemabilidad y democracia de Antonio Camou. Revista Consigna, No 450, cuarto trimestre de 1996, página 97. 20 Carl Schnfitt, El concepto de lo político.

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LA POLITICA EXTERIOR COLOMBIANA FRENTE AL DESAFIO DEL PACIFICO

Pensar en el Océano Pacífico significa ubicarse frente a un escenario de 250.000.000

de kilómetros cuadrados, con ha­bitantes en sus costas, de todas las culturas y de todas las religiones practicadas o existentes.

La extensión de agua es supe­rior a toda la corteza terrestre y en tomo a la cual vive más de la mi­tad del género humano.

La visita del Presidente de Co­lombia, a China, Corea y otros pai­ses del Pacífico obliga a pensar si una nueva visión oceánica diferente a la Atlántica, ilumina a los gober­nantes colombianos, frente a gran­des conglomerados humanos en China, Australia, Nueva Guinea, etc.

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Coronel FRANCISCO GOMEZ LA VERDE

En nuestras costas desde Bue­naventura y Bahía Málaga nace la concepción de que Colombia pien­sa, en muchos años, en su destino marítimo del Pacífico el cual hace a nuestro país una invitación para disfrutar de la economía de cultu­ras nuevas, presionando a los de­partamentos del occidente para que reclamen de los Gobiernos de cor­dillera su participación activa en los mercados del Pacífico, ubica­dos en Fiji, Filipinas, Shangai, Ja­pón y la gran China.

Será un proceso difícil por ra­zón de las recursos ecQnómicos de la nación y por ausencia de políti­ca prioritaria hacia ese nuevo mun­do, conformado por 36 Estados (12 Asiáticos, 11 de Oceanía y del Pa-

cífico insular y 13 de América). Dentro de este conglomerado de naciones, se pueden distinguir di­ferentes tipos según su estatus in­ternacional relativo y nivel de cre­cimiento económico : 2 superpo­tencias (la ex-Unión Soviética y los Estados Unidos), 1 superpoten­cia emergente (China), 6 potencias industrializadas (ex-Urss,EE.UU., Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelandia) y varios paises en desa­rrollo que pueden subdividirse, a su vez, en naciones de desarrollo avanzado o NICS (Newly Industrialized Countries) como Corea del Sur, Hong Kong y Taiwan, como partes influenciadas por Chi­na, Singapur y México, las en de­sarrollo propiamente tal (Filipinas, Malasia, Tailandia, Indonesia,

Colombia, Chile, Ecuador y Perú y las de menor desarrollo relativo (ribereños comunistas de Indochina. Centro-América e islas del Pacífico Sur).Tomado del Centro de estudios estratégicos de la Arruada. Univer­sidad Marítima de Chile.

En términos de población, el Pacífico supera en la actualidad los dos mil millones de habitan­tes equivalentes al 43% del total mundial.

Para los interesados en cambiar el rumbo del Atlántico o comple­mentarlo con el Pacífico, necesa­riamente tendrán en cuenta el pun­to de vista económico, la riqueza de este océano, en cuanto a ener­gía, recursos vivos, minerales y energía oceánica.

Hanshofer, geopolítico alemán estudió cuatro sectores del Pací­fico. El noroccidental, con uno de los tres centros del poder del mun­do, constituido por Rusia, China y Japón. Su influencia de más fuerza se registra sobre Asia oriental y suroriental incluyendo las posiciones insulares hasta las Filipinas y Malasia con más de 1.000 millones de habitantes.

El sector suroccidental con Australia y Nueva Zelandia ejer­ciendo su influencia sobre las is­las de la Micronesia y Polinesia con una población cercana a los 17 millones de habitantes.

El sector nororiental constitui­do por Canadá y Estados Unidos, que controla el Canal de Panamá hasta el año 2000.

Y por último, el sector sur­oriental en el cual tendrán especia­les oportunidades los paises en de­sarrollo como Colombia y Chile. Colombia deberá tener en un futu­ro próximo un Poder Marítimo Na­cional aprovechando la bonanza petrolera de la cual tanto se espe­ra. En 1888 el Presidente Chileno ordenó a la Marina de Guerra to­mar posesión de la isla de Pascua, ubicada frente a Caldera a 2.000 millas de sus costas y Colombia desde su independencia no ha po­dido estructurar una política naval hacia el Pacífico. Colombia, aso­ciada a los grupos de integración suramericanos no puede dilatar por más años su participación e inte­gración en la economía mundial.

El Consejo Económico de la cuenca del Pacífico (PBEC) fue fundado en 1967 por hombres de negocios, visionarios que hicieron de esa Entidad comercial privada una Multilateral en el Pacífico, y sus miembros cuentan hoy con más de 800 compañías ubicadas en 16 naciones. El PBEC está com­prometido en la lucha contra el proteccionismo en todos los mer­cados para productos de la región; con libertad e igualdad para los paises que integrando la Cuenca del Pacífico han logrado gran auge de sus economías. Colombia en su desarrollo ha quedado atrás en la participación de los grandes mer­cados y sometida al menosprecio de los dueños del poder mundial.

En América Latina existió un crecimiento exitoso durante el si­glo XIX. Gran parte de la prospe­ridad de Latinoamérica y su

liderazgo entre los paises del Ter­cer Mundo se debe a su integra­ción en la economía mundial.

La gran depresión de los años 30 produjo una disminución de los ingresos reales especialmente en América Latina produciendo indu­dablemente el desvinculamiento de las economías locales de las del resto del mundo.

La CEPAL (Comisión Econó­mica para América Latina) abogó por la sustitución de importacio­nes. Se queóa producir todo lo que se pudiera fabricar dentro de cada economía para cuidar las divisas disponibles. En los años siguien­tes. Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong desvirtuaron las pre­dicciones de la teoóa del desarro­llo al tener un crecimiento rápido, postulando que en vez de mirar «hacia adentrO>> debían proyectar una orientación «hacia afuera» y depender en gran parte del creci­miento de las exportaciones.

Colombia está valorando este cambio y con excepción de Chile que es uno de los paises que logra­ron liberalizar su régimen de comer­cio haciéndolo más flexible, los otros paises del modelo CEPAL se convencieron de que los paises en desarrollo si podían crecer por la vía de las exportaciones porque la de­manda de éstas en los mercados mundiales es ilimitada. Colombia. siguiendo el modelo de los cuatro dragones está incrementando sus exportaciones y su crecimiento eco­nómico, así como su valorización en el mundo conúenza en los mer­cados asiáticos.

La integración económica lati­na tiende a ampliarse y a asegurar su participación al ritmo de la globalización de la práctica econó­mica del íntercambio de sus pro­ductos agrícolas e industriales manteniendo la orientación de la Comisión Permanente del Pacífi­co Sur (CPPS), creada en 1952, integrada por Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Como organismo gubernamental creado en 1952 fue establecido para velar por el cum­plimiento de la «declaración de Santiago» sobre Zona Marítima de 1952 que consagró la soberanía y jurisdicciones exclusivas del esta­do de derecho sobre una zona ad­yacente a sus costas de 200 millas. Intensificó su acción respecto a los siguientes fmes específicos:

a) La protección, conservación y aprovechamiento de los recursos contenidos en el área de las 200 mi­llas marinas.

b) La reglamentación, explora­ción, explotación y administración de los recursos vivos.

e) La protección y conservación del medio ambiente marino.

d) La promoción de la investi­gación científica.

e) La promoción y transferen­cia de tecnología en relación con los recursos del mar.

f) La formación y capacitación de personal científico y técnico.

g) El intercambio de científicos, tecnólogos y otros expertos.

138 ACORE 1

h) La difusión de conocimien­tos e informaciones sobre las cien­cias del mar y actividades conexas.

Esta somera información es para que las reservas de las Fuer­zas Militares, fortalezcan su apo­yo al futuro del país y apoyen una política económica de aprovechar

las olvidadas riquezas del mar Pa­cífico. Las reservas de las Fuerzas Militares con su gran capacidad intelectual, de número y de prepa­ración económica, algún día no lejano tendrán que tomar decisio­nes, sin proteccionismo alguno y escribir con realizaciones la histo­ria presente.

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LOS GENERALES RETIRADOS

General ALBERTO RUIZ NOVOA

COMENTARIOS Y TRADUCCION LffiRE DE UN ARTICULO PUBLICADO EN EL DIARIO •'THE WASHINGTON POST',

EL 2 DE DICIEMBRE DE 1996

Con el título de « The War at Home», Mark Fisher en «The Washington Post»

publica un artículo en el cual afir­ma que cuando en los distritos es­colares, en las compañías aéreas o el Presidente de la República ne­cesitan a una persona eficiente, con capacidad de mando, llaman a un General retirado.

Si su sistema escolar se encuen­tra en caída libre, con sus líderes desprestigiados, si encuentra annas en las clases y una deserción esco­lar anormal, si los rendimientos son deficientes, la solución es lla­mar un General.

El Distrito de Columbia que el mes de noviembre llamó al Tenien­te General retirado del Ejército, Julius W. Becton Jr., como super­intendente de su sistema escolar, no es la primera ciudad en «llamar la caballería» para arreglar las es­cuelas. Antes de llamar al General

Becton el D.C. había estudiado los resultados obtenidos en la ciudad de Seatle por el General Jhon Stanford, quién no había tenido nunca experiencia con el sistema escolar.

En todo el país, las institucio­nes con problemas están recurrien­do a los generales para lograr un buen funcionamiento. La Bibl iote­ca del Congreso presentaba proble­mas de discriminación racial, difi­cultad en las relaciones laborales y una decadente imagen pública. Llamó al General Don Scott como comisionado bibliotecario. El Mu­seo Nacional del Aire y del Espa­cio sufrió un fuerte impacto a cau­sa de la controversia acerca de que la exhibición del Enola Gay (el avión que lanzó la bomba atómi­ca) reescribió la historia america­na. El Instituto Smithsoniano re­quino los servicios del Vicealmirante retirado Donald Engen, un piloto de la Segunda

Guerra Mundial y vetemno de tres guerras, para reparar el daño.

ValuJet y USAir ( compañías aéreas) sufrían muchos accidentes. Inmediatamente llamaron genera­les retirados de la Fuerza Aérea, como inspectores de seguridad, para restaurar la confianza públi­ca. En New Jersey los investiga­dores estatales acusan a las autori­dades municipales de ineficiencia y conupción. La respuesta : Un ve­terano con treinta y cinco años de servicio en el Ejército.

Hasta el Presidente Clinton se ha dado cuenta del poder simbóli­co el general retirado. Cuando el programa del Presidente contra el uso de las drogas se vió seriamen­te atacado nombró al general de cuatro estrellas Barry Mc.Cafrey como el director general de la po­lítica contra las drogas. En su pri­mer debate con Bob Do le este oto­ño, Clinton respondió los ataques

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republicanos de que era débil en su política antidroga, dando como contra prueba el nombramiento de un veterano de combate con dos Estrellas de Plata por heroísmo, un hombre que era el « soldado más condecorado en uniforme cuando se retiró».

Pasados veinte años desde la guerra del Vietnam la Imagen del Ejército se ha recuperado. Un ge­neral retirado significa orden y dis­ciplina, expectativas y resultados.

«General Retirado», dos pala­bras con un balance equilibrado .

Descansado pero alerta. Calma­do pero poderoso. Benigno pero ejecutivo.

«Nosotros sabemos cumplir las ordenes y hacer más con menos» dice el General Scott.

«La sociedad necesita más or­den y más estructura».

Becton dice que su educación militar no tiene un significado par­ticular. Pero quienes lo nombraron sabían lo que querían. « Obvia­mente el general ejerce una fuerte autoridad, impone orden y disci­plina», dice uno de los miembros del consejo. Agregó: « una señora en el supermercado me dijo: por favor consigan al general, porque yo estuve en el Ejército donde hay orden y disciplina y esto es lo que definitivamente necesitamos en el sistema educacional».

Entregarle las riendas del poder a un general es una tradición nor-

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teamericana, especialmente en tiempos difíciles. La Nación acu­dió a los generales Washington, Grant y Einsenhover, en busca de estabilidad, liderazgo e inspira­ción, con diferentes grados de éxi­to.

Sin embargo los anhelos por ocasionales inyecciones de discipli­na militar continúan en un país que se distingue por su áspero indivi­dualismo . Después de la guerra del Golfo, el General Colín Powell ha surgido como uno de los hombres más admirados nacionalmente y ha sido candidatizado a la presidencia y a la vicepresidencia.

La fantasía del militar que apa­rezca en el horizonte para salvar al país se ha convertido en un sueño maravillosamente americano y ci­nematográfico. Se han hecho varias películas sobre el particular en el pasado reciente . «Estos estereo­tipos estilo Hollywood crean es­peranzas poco realistas», dice Stanford, el superintendente de Seatle. «Cuando usted está en una posición de liderazgo no es para amenazar a nadie. El líder no obli­ga, conduce y quiere a su gente y a sus misiones».

El liderazgo es la principal atracción que ofrecen los genera­les retirados. Por regla general no tienen experiencia en dirigir escue­las, gobiernos municipales o cor­poraciones. Stanford es experto en logística. Becton era conocido por sus capacidades como organizador.

«Nuestra ventaja es que no fra­casamos, producimos resultados»,

dice Stanford. El nombramiento de militares en cargos civiles está siendo acompañado de muy bue­na publicidad. Cada general tiene una misión. No hay tolerancia para los zánganos. Debe haber resulta­dos.

Stanford, quién no tenía expe­riencia alguna en el sistema esco­lar fué escogido para reemplazar a un funcionario acusado de malos manejos de fondos. El nuevo jefe cambió el lema de la escuela de «Cada alumno puede aprender» por el de « Cada alumno aprende­rá» .

El autor del artículo comenta sobre el impacto que en la socie­dad norteamericana ha tenido la supresión del servicio militar obli­gatorio. A!rrma que este servicio hacía que la Institución militar fue­ra conocida por todos los estratos de la sociedad. Actualmente las élites que desean emplear a los militares retirados no conocen la institución y esto puede traer ma­las consecuencias. Pone como ejemplo que en la Universidad de Princenton, en 1956 de 750 graduandos, 500 habían prestado el servicio militar. En 1994, sólo 14 entraron a prestarlo.

Se presentan también objecio­nes contra la tendencia a emplear oficiales retirados para cargos ci­viles aduciendo que ello amenaza eventualmente el sistema democrá­tico, opinión que no es comparti­da por los generales quienes adu­cen, como lo hace el general Stanford: « No es posible malgas­tar una experiencia adquirida du-

rante 30 o más años. Si uniforma­dos pudimos librar las guerras ca­lientes, en el retiro podemos lu­char en las guerras domésticas».

El artículo anterior aparecido en uno de los diarios más impor­tantes de los Estados Unidos muestra cuál puede ser la posición de los generales retirados en la sociedad civil, qué prestigio pue­den representar y qué posiciones podrían asumir una vez salidos del servicio.

Por esta razón resulta intere­sante hacerlo conocer de los inte­grantes del Cuerpo de Generales y Almirantes.

Usualmente no apreciamos nuestra propia capacidad y expe­riencia y tenemos una opinión que no corresponde a la capacidad in­tegral que debe necesariamente poseer el oficial que llega al grado de General u Oficial de insignia.

Es posible que para muchos el retiro del servicio signifique la sensación de un paso de una si­tuación de gran actividad e impor­tancia a una de casi completa in­actividad y desorientación.

Corresponde a la institución evitar que este traumatismo pro­fesional y sicológico se presente y que indudablemente se debe en gran parte a la falta de una prepa-

ración adecuada por parte del ofi­cial en cuanto al conocimiento de la vida de la sociedad civil, las costumbres, prácticas, etc.

Los integrantes del Cuerpo po­dríamos pensar seriamente en este fenómeno y considerarlo analíti­camente para contrarrestar la dis­minución de la importancia que nosotros mismos le atribuimos a nuestra jerarquía, una vez estamos en el retiro. Un autoanálisis de la situación personal sería un primer paso importante. La misión del Cuerpo como resultado de la unión de sus miembros debe orientarse a elevar a su justo tér­mino lo que significa el grado de General o Almirante, resultado que sólo puede obtenerse si cada uno de nosotros está convencido de su propio valer profesional y ciudadano.

Esta es la importancia del ar­tículo transcrito y que busca esti­mular el entusiasmo de los inte­grantes del Cuerpo mostrando la destacada posición que puede ocupar dentro de la comunidad, si relievamos el conjunto de valores que representan.

Con nuestros compañeros en servicio activo debemos insistir en dotar al oficial de una prepara­ción académica que lo capacite mejor para su desempeño como militar profesional. Alvin Tofler

el autor de « Las guerras del futu­ro» destaca que en el Ejército nor­teamericano el 88% de los gene­rales de brigada había recibido una educación avanzada, dato to­mado de la revista FORBES en un artículo intitulado « Los Genera­les instruidos también pueden combatir», publicado el 18 de marzo de 1991.

En el año de 1962 después de exhaustivos estudios se reorgani­zó la Escuela Militar de Cadetes fundando las facultades de Inge­niería y Economía con el propó­sito de que los cadetes ingresados como bachilleres al cabo de 4 años de estudios, recibieran su grado de subteniente y su certificado de ter­minación de estudios universita­rios para recibir el diploma res­pectivo.

Si esa reforma nacida hace más de treinta años hubiera sido com­prendida en su importancia hoy los oficiales del Ejército tendrían una cultura universitaria que le daría a la Institución militar un nivel aca­démico sobresaliente en la sociedad con los resultados consiguientes en capacidad, influencia, autoridad, moral, etc. Desgraciadamente la re­forma murió en manos de quienes hubieran podido continuarla e im­pulsarla.. Actualmente la Escuela Militar hace esfuerzos por recupe­rar ese tiempo perdido que contem­plamos con infinita nostalgia.

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EL GENERAL JOSE DE LOS SANTOS GUTIERREZ Guerrero de la democracia y caballero del honor

(Continuación del número anterior)

SOLDADO DE LA DEMOCRACIA

A 1 fmalizar la primera mi­tad del_ siglo XIX, tre~ ~u­cesos rmportantes vmte­

ron a determinar el curso político de la Nueva Granada: el primero fue el indulto concedido por Mosquera a todos los extrañados de la patria, que incluía al General Obando, considerado jefe natural del partido liberal, quien de tal manera pudo regresar al país. El segundo suceso notable fue el per­fil formal que tomaron los dos par­tidos políticos a través de los pro­gramas esbozados por Ezequiel Rojas para el liberal y de José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez para el conservador. El tercer hecho fue el triunfo del par­tido liberal con el nombre del Ge­neral José Hilarlo López, en las

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Mayor General JOSE ROBERTO ffiAÑEZ SANCHEZ

elecciones para presidente de la República realizadas el 7 de mar­zo de 1849.

Elecciones que a pesar de ha­ber sido cuestionadas por el parti­do conservador, habida la presun­ta coacción que los artesanos y es­tudiantes bogotanos ejercieron so­bre los miembros del Congreso, el general Mosquera, validó pública­mente con un viva a su antiguo compañero de armas de la indepen­dencia, paisano y nuevo presiden­te, a quien luego dirigió por escri­to una nota de congratulación. Nota contestada por José Hilarlo López con su conocida sinceridad y gallardía (1)

El general José Hilario López, natural de Popayán, había servido desde niño con sacrificio, heroís­mo y patriotismo a la causa de la independencia hasta alcanzar el

grado de General. Liberal por for­mación y convicción, sus prime­ros actos de gobierno estuvieron orientados a sustituir las viejas es­tructuras heredadas del sistema colonial español por un orden nue­vo y moderno, ajustado a las nue­vas ideas liberales y socialistas que se ventilaban en Europa y que aquí empezaban a manifestarse con pa­sión y fanatismo, a través de una nueva generación de jóvenes, como ya lo advertimos, tan inteli­gentes como carentes de sentido sociológico para medir su grado de aplicabilidad a la realidad del me­dio neogranadino.

La nueva corriente del libera­lismo empezó su labor política en los clubes democráticos y socieda­des secretas, llamadas «Escuelas Republicanas». La más importan­te fue instalada en Bogotá el 25 de septiembre de 1850 por los jóve-

nes estudiantes y egresados del Colegio de San Bartolomé, siendo Salvador Camacho Roldán su pri­mer presidente. A ella pertenecie­ron Francisco Eustaquio Al varez, Santiago y Felipe Pérez, Anfbal Galindo, Leopoldo Arias Vargas, Octavio Salazar, Ramón Gómez, José Joaquín Vargas, Manuel Suárez Fortul, Domingo Buendía, Luis Flórez, Olimpo Garcfa, Juanuario Salgar, Antonio M. Pradilla, Nicolás Pereira, Antonio Vargas Vega, José María Baraya, Miguel y José María Samper, Teodoro Valenzuela, Carlos Mar­tín, Vicente Herrera, Narciso y Clímaco Gómez Valdés, José Ma­ría Rojas Garrido, Foción Soto, Camilo Antonio Echeverry, Milciades y Marcelino Gutiérrez y Eustorgio Salgar.

Como reacción contra «la Es­cuela Republicana», los jóvenes más destacados del partido con­servador fundaron la Escuela Filotémica en la cual se matricula­ron Carlos Holguín, Manuel Ma­ría Medina, Antonio J. Hemández, Fortunato Cabal, José María Pin­zón, Juan Esteban Zamarra, Pedro Antonio Camacho Pradilla, Joa­quín V élez, Belisario Lozada y Emilio Macías Escobar.

Tales escuelas además de agi­tar con furor el ambiente políti­co neogranadino, sirvieron para consolidar ideológicamente a los dos partidos Colombianos, que en la práctica han sido tres, pues tanto el liberalismo como el conservatismo han contado con una parte moderada que ha pro­curado el acuerdo y la aproxima-

ción de las posiciones más radi­cales y fanáticas.

Veamos cuáles fueron las ideas principales que por aquel tiempo de consolidación republicana, tomó como bandera cada uno de los dos partidos tradicionales que han acaparado hasta hoy la histo­ria política de Colombia.

El partido liberal a través de sus escuelas republicanas predicaba a la par con las virtudes ciudadanas, la libertad absoluta tanto religiosa como de enseñanza, de imprenta y de palabra, de industria, comercio, inclusive de armas y municiones; la separación de la iglesia y del Estado; la abolición de la esclavi­tud, de la pena de muerte, de la prisión por deudas, de los mono­polios, diezmos y censos; el des­afuero eclesiástico; el sufragio universal, directo y secreto; el jui­cio por jurados; la disminución de facultades al poder Ejecutivo; el ré­gimen federal; el libre cambio, el impuesto único y directo; y la re­ducción del Ejército.

Por su parte el partido conser­vador surgió como celoso defen­sor de los ideales bolivarianos, de la religión católica y del régimen de privilegios eclesiásticos, de la fortaleza del poder ejecutivo con un ejército fuerte que pudiera ga­rantizar el orden público, del régi­men centralista y de los valores tra­dicionales coloniales españoles, creyéndolos consustanciales al alma nacional. Así emergió como guardián del régimen de privile­gios de la iglesia, del derecho de propiedad de carácter feudal en

cuanto hace a la tierra, del protec­cionismo económico y del control de las libertades públicas necesa­rias para la convivencia social y el orden público.

Tales planteamientos formales, no tuvieron sin embargo, una es­tricta aplicación en la práctica de cada uno de los partidos, más bien primaron los intereses de las cla­ses sociales más poderosas: los co­merciantes y terratenientes. Los primeros más avenidos con las ideas liberales y los segundos con las conservadoras, sin que ello quiera decir que no hubiera co­merciantes conservadores o terra­tenientes liberales, los había en­tre sus propios caudillos, varios de los cuales ejercieron las dos acti­vidades.

El conservar parte de la heren­cia colonial o el establecer cambios profundos en función de tales in­tereses de clases, obraron con ma­yor fuerza en las dos colectivida­des históricas.

Dice al respecto Alvaro Tirado Mejía: «La guerra de independen­cia había sido en gran parte coman­dada por los sectores terratenien­tes y esclavistas del Sur del pafs, cuyo epicentro estaba en el Cauca, en Popayán; y por la burguesía co­merciante de Cartagena y otros centros. Al concluir la guerra, es­tas clases sociales, ninguna de las cuales era lo suficientemente fuerte para imponerse a la otra, estable­cieron una alianza inestable a ni­vel del Estado, en la cual el grupo terrateniente logró la preservación del Statu quo y el sector comer-

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ciante el libre comercio, funda­mentalmente con Inglaterra, el cual fue ejercido a través de Jamaica y otras posiciones antillanas. Esta situación dio lugar a nuevas reali­dades. .. Con las mercancías ingle­sas vino también el pensamiento político de un inglés: Bentham, quien proponía un sistema dirigi­do hacia la investigación de la na­turaleza y la observación de los hechos, el racionalismo jurídico y su ética típicamente burguesa, la posibilidad de crear un sistema de normas jurídicas claras que reem­plazara la casuística y el particula­rismo de la legislación indiana. La influencia de Bentham y el debate sobre su obra se prolongó en Co­lombia durante el siglo XIX».

«Para mediados del siglo XIX y gracias a la extensión del comer­cio, los comerciantes en Colombia eran un grupo poderoso que parti­cipaba del Estado pero no lo con­trolaba. Era la época en que In­glaterra establecía el libre cambio en su economía y lo proponía para otros países, amparada por el em­puje de sus fábricas y ante la nece­sidad de alimentos baratos para nutrir su población proletaria y re­ducir el valor de la reproducción de su fuerza de trabajo. Fue el momento en que Inglaterra dictó su famosa ley que abolía la pro­tección para los cereales produci­dos en la isla. Existían también en la Nueva Granada los esclavos y manumisos de condición similar, los indígenas y sus resguardos in­divisos; los artesanos imbuidos de la ideología romántica socialista por los hijos de los comerciantes; y los antiguos militares de la inde-

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pendencia, discriminados entre sí, según su clase. Para todos ellos, un cambio en el Statu quo tenía algo que ofrecer>>.

«Los terratenientes, los esclavistas, los altos burócratas civiles, del clero o la milicia, mu­cho tenían para conservar. En muchos casos sus intereses econó­micos eran múltiples, por ejemplo, ser a la vez terratenientes y comer­ciantes, y aunque de las medidas propuestas por los partidarios del cambio unas les interesaban, otras les eran adversas y otras no les to­caban directamente, el hecho de es­tar en la cúspide de la pirámide so­cial les impelía a ser cautos respec­to a los cambios y a preferir el Statu quo» ...

«Cambiar que era lo que pro­ponía el partido liberal, implicaba transformar el Estado colonial que se había prolongado en el tiempo en un sentido más de acuerdo con los intereses burgueses que insurgían. Era modificar la regla­mentación particularista y susti­tuirla por leyes de carácter gene­ral; era convertir a la tierra en mer­cancía y darle libre circulación; sustituir un Estado omnipresente por otro que sin trabas permitiera comerciar, suprimir los monopo­lios, y dejar que las actividades reglamentadas se r"lovieran al im­pulso de la libre actividad; supri­mir las jerarquías ante la ley, y po­der llamar ciudadano al desigual; suprimir el ejército de caudillos y sustituirlo por una milicia de ciu­dadanos pudientes; liberalizar la enseñanza, es decir, quitar a la igle­sia el privilegio de impartir saber.

Una nación de ciudadanos libres, requería sujetos libres e iguales par~ contratar y que se hicieran a la representación de que eran li­bres, de que ejercitaban su libre albedrío tanto cuando vendían como sujetos iguales los lotes de los resguardos recién repartidos, como cuando vendían libremente su fuerza de trabajo que otrora era esclava, o cuando al impulso del mercado ejercían la libertad de adquirir las mercancías que la fuer­za de la necesidad les hacía con­sumir. Con el ejercicio de tanta libertad era incompatible la prolon­gación del Estado colonial ini­gualitario y monopolizador» . (2).

Fue así como varios de los planteamientos políticos que se decían liberales, tal el caso del federalismo, no fue exclusivo de este partido, porque el caudillismo conservador terminó aceptándolo motivado por sus intereses regiona­les, particularmente en Antioquia. Quizás en lo que estuvieron más alinderados los dos partidos fue en el problema religioso, ya que las relaciones de la iglesia con el Es­tado, el sistema de educación y los bienes eclesiásticos fueron moti­vos de agrias disputas entre el Sta­tus Quo que pretendía garantizar el partido conservador y el cam­bio a esa estructura religiosa colo­nial que preconizaba el partido li­beral.

La administración del presiden­te López, brindó la mejor ocasión para que las doctrinas liberales buscaran su desarrollo en el Esta­do mediante reformas rápidas y radicales. Pero como consecuen-

cía de estas reformas, especialmen­te la de expulsión de los jesuitas de la Nueva Granada, que privaba al conservatismo de su más fuerte aliado y algunas otras que busca­ban limitar el poder e influencia de la Iglesia, así como la libertad de los esclavos, que los terratenien­tes y esclavistas la consideraron lesiva a sus intereses económicos, motivaron a los conservadores más tradicionales a alzarse en armas contra el gobierno en 1851.

La insurrección nuevamente se inició en Pasto, donde el poeta, te­rrateniente y esclavista Julio Arbo­leda, quien se había mostrado an­tes enemigo de los jesuitas y aho­ra se proclama su firme defensor y el coronel Miguel lbáñez, con velado apoyo Ecuatoriano pu­dieron conformar una fuerza de 600 hombres. Luego el general Eusebio Borrero se apoderó del departamento de Antioquia, mien­tras Pastor Ospina, organizaba otra fuerte columna insurgente en Guasca y desde Mariquita el co­ronel Vargas París marchaba so­bre lbagué. Mariano Ospina Rodríguez era considerado a nivel nacional el inspirador espiritual de la rebelión.

La falta de capacidad militar de los caudillos rebeldes, sumada a la carencia de legitimidad de la cau­sa que decían defender y a la sustracción de gran parte del conservatismo de la insurrección, llevaron al gobierno del general López a una rápida victoria.

El coronel Franco derrotó en el Tablón de Gómez a Arboleda e

lbáñez que huyeron al Ecuador. Luego, el general Tomás Herrera marchó desde el Valle del Ca u ca hacia Antioquia, logrando que Braulio Henao, segundo de Borrero y quien mandaba las fuerzas rebeldes en el cantón de Salamina, se sometiera mediante indulto al Gobierno. Desampara­do Borrero retrogradó a Abejorral donde libró un combate indeciso, después del cual, Herrera se retiró a Río Negro, población del todo afecta al gobierno, donde encon­tró suficientes refuerzos humanos y recursos materiales para derro­tar al insurrecto.

Mientras tanto Joaquín Barriga dispersó con relativa facilidad a los rebeldes de Guasca y el gene­ral Rafael Mendoza derrotó deci­sivamente a los de Mariquita en la llanura tolimense de Garrapata.

La rapidez y contundencia con­que el gobierno sometió la rebe­lión, evitó la extensión del conflic­to a otros sitios del país. Fue así como en Boyacá no alcanzó a pren­derse el fuego insurreccional, pero enterado de él Santos Gutiérrez, se aprestó a organizar alguna fuerza en apoyo del gobierno legítimo y suscribió con las personas notables del Cocuy, un comunicado al pre­sidente López, en el cual le mani­festaba que ante la rebelión en el Sur, era un deber de todo liberal y amigo del orden acudir en defensa del gobierno legítimo, tal como lo imponía la Constitución Nacional a los ciudadanos. (3)

La guerra civil de 1851, sólo sir­vió para acrecentar entre los co-

lombianos los odios religiosos y el fanatismo político. El partido liberal se dividió en dos grandes corrientes: Dacronianos y Gólgotas. La primera integrada por los próceres de la independen­cia, denominada así por su fideli­dad al ideario santanderista, que juzgaban imprudente la rapidez conque se llevaban a cabo las re­formas y la acumulación de las mismas, especialmente la de redu­cir el ejército a 500 u 800 plazas. Esta corriente estaba acaudillada por José de Obaldía, José Antonio Gómez, Ramón Mercado, José María Mantilla, Vicente Lombana, Patrocinio Cuéllar y el Presbítero Juan Nepomuceno Azuero. Al re­gresar Obando al país fue matri­culado en ella.

Los gólgotas bautizados así satíricamente por los conservado­res, debido a la invocación que hizo Samper del Mártir del Calva­rio, eran los mismos fogosos y radicales reformadores bartolinos de la «Escuela Republicana», más Manuel Murillo Toro, Francisco Javier Zaldúa. Justo Arosemena, José María Vergara, José María Plata, Rafael Núñez, José Araújo, Antonio González Carazo, Nicomedes Flórez, Manuel Cañarete, Isidro Villamizar y Victoriano de Diego Paredes. So­bre esta fracción del liberalismo, dijo Carlos Martínez Silva: «eran estos gólgotas y radicales, que se echaron, con el Doctor Murillo a la cabeza, por las novedades co­munistas y por las más extravagan­tes utopías políticas y económicas, llenando de sobresalto no solo a los conservadores sino a muchos li-

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berales moderados, que no esta­ban preparados para tan violenta sacudida y que tampoco disponían de fuerzas suficientes para conte­ner el impulso ardoroso de los jó­venes» (4).

Murillo Toro explicó entonces lo que entendía por socialismo, que no se trataba del comunismo, ya que al parecer el manifiesto comunista pu­blicado en Europa en 1848, no ha­bía trascendido a la Nueva Granada durante la administración del presi­dente López: «Nosotros considera­mos el socialismo como un nuevo sistema económico que ha surgido del espectáculo que presenta la Eu­ropa entregada a las doctrinas egoís­tas de Smith, que teniendo por base el culto de los intereses materiales y no considerando a la sociedad sino como una compañía de especuladores, sólo se ocupa de la creación de ri­quezas, sin curarse de su distribu­ción; escuela indiferente a la suerte de gran número, en la que llegó a pensarse que una clase tenía el dere­cho de devorar a la otra. La escuela socialista es la que completando la misión de la economía política se ocupa de resolver el problema de hacer que los productos creados se distribuyan equitativamente entre los que hayan contribuido a su for­mación: es la escuela formada por Sismondi ... «(5)

Para diseminar las nuevas ideas socialistas, se crearon periódicos como el Alacrán, en el cual Joa­quín Pablo Posada y Germán Gutiérrez de Piñeros eran sus vo­ceros, bien pudieran competir hoy el partido comunista y la propa­ganda que llaman de izquierda:

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<<Nuestro enemigo es la clase rica, decía la publicación del 8 de fe­brero de 1849, nuestros enemigos reales son los inicuos opresores, los endurecidos monopolistas, los agiotistas protervos. ¿ Porqué esta guerra de los ricos contra noso­tros? Porque ya han visto que hay quien tome la causa de los oprimi­dos, de los sacrificados, de los in­felices, a cuyo número pertenece­mos; porque son acusados por su conciencia de su iniquidad; por­que saben que lo que tienen es una usurpación hecha a la clase prole­taria y trabajadora, porque temen que les arrebaten sus tesoros reuni­dos a fuerza de atroces exacciones y diarias rapiñas, porque temen verse arrojados de sus opulentos palacios, derribados de sus ricos coches conque insultan la miseria de los que los han elevado allí con sus sudores y su sangre; porque ven que las mayorías pueden abrir los ojos y recobrar por la fuerza lo que se les arrancó por la astucia y la maldad; porque temen que los pueblos desengañados y exacerba­dos griten al fin como deben ha­cerlo y lo harán un día no lejano: Abajo los de Arriba!; porque sa­ben que el comunismo será y no quieren que sea mientras ellos vi­ven, infames, egoístas» (6).

Motivado más por sus senti­mientos juveniles, por la amistad personal con sus inteligentes y re­beldes condiscípulos que por su formación provinciana, carácter pragmático y convicciones inte­lectuales, el abogado Santos Gutiérrez, entonces en pleno ejercicio profesional en su pue­blo natal, se afilió en la corriente de los gólgotas.

Las reformas del gobierno del presidente López y la guerra civil, además de estimular la oposi­ción conservadora, coadyuvaron en una escalada alarmante a la inseguridad en campos y ciuda­des. Razón que sirvió de pre­texto al conservatismo para se­ñalar al gobierno como comu­nista, anticlerical y encubridor de delincuentes, aún cuando el espí­ritu cristiano del presidente y su sentido del honor y de la dignidad, nunca le permitieron cometer una acción reprochable. Dice al res­pecto S amper: «Tengo la absoluta convicción de que las faltas políti­cas que cometiera el General López durante su noble vida, solo provinieron de falta de luz mental, en algunos casos; en otros de la presión o consejo de sus amigos y compartidiarios o del exceso de hostilidad de sus contrarios, y en algunos también del fervor y des­interés de un patriotismo que sólo podía extraviarse en su modus operandi,jamás en su intención» (7).

Pero el aceleramiento de la oposición conservadora marchó a la par con la agudización de la división del liberalismo entre dacronianos y gólgotas, hasta propiciar pugnas y alianzas con el partido contrario. La alianza más importante fue la que surgió entre gólgotas y conservadores contra los artesanos, quienes se rebelaban contra las medidas librecambistas establecidas desde el primer go­bierno de Mosquera, que sólo be­neficiaban a comerciantes y ban­queros y cuyos efectos en las ma­nufacturas neogranadinas ocasio­naba el desplazamiento del mer-

cado nacional por el extranjero. Razón de más para que las socie­dades democráticas se dieran a la defensa de la incipiente industria nacional, presentando la candi­datura del general José María Obando para la presidencia de la República, quien resultó elegido en 1853.

Al respecto comenta José Ma­ría Samper: «Los jóvenes libera­les de 1850 éramos más pensado­res y reformadores que los libera­les de 1830 y 1840, algo estanca­dos ya en el camino; dábamos ma­yor importancia a las ideas y los principios que a las pasiones y los intereses de partido, y mejor cul­to al progreso en lo porvenir que las tradiciones de lo pasado; y en vez de entusiasmarnos locamente por los hombres, íbamos hasta el entusiasmo por las autopías. Ya no nos dejábamos fascinar por ningún prestigio, y analizábamos. Todos, al tratar de cerca al gene­ral Obando, quisimos conocerlo analizándolo; lo hallamos hom­bre excelente, inmejorable, pero muy defectuoso político. Nos pareció que sus ideas eran estre­chas y empíricas; que si era o había sido un hombre de comba­te, no lo era de gabinete o de pen­samiento para gobernar; que per­manecía estancado, fiel a la vie­ja escuela santanderista, cuyo li­beralismo se iba petrificando. Reconocimos que tenía la talla de un jefe de partido, cuando ese partido había adelantado mucho en la comprensión del derecho y el progreso, y se apartaba de las sendas trilladas de Santander y los libertadores liberales».

«Su candidatura para la Presi­dencia de la República, en 1852, encontró en la conciencia del país una oposición considerable que no se aguardaba; muchos electo­res que no deseaban verlo electo, le dieron su voto por generosidad y gratitud, mejor dicho, como por delicadeza; pues daba pena que aquel hombre célebre que tanto había sufrido por los liberales y había sido el ídolo y jefe de és­tos, no coronase su carrera políti­ca obteniendo, por elección popu­lar, el puesto más elevado de la República. Puede decirse que el partido liberal al elegir a Obando, no prefirió sino al antiguo repre­sentante de sus tradiciones y pa­siones. La división que se pro­dujo entre liberales fue profun­da; y Obando, como Presidente, fue una vez más la víctima expiatoria de los errores de sus compartidarios». (8).

Efectivamente, Obando era sólo un símbolo del viejo libera­lismo proteccionista, y con esa aureola llegó al poder, sin tener mucha ambición por él. Amigo de los artesanos, pero desengaña­do por el curso que tomaban las nuevas corrientes del liberalismo, sin estar preparado para enfrentar los cambios institucionales que ellas pretendían para el país a pa­sos acelerados y sin fórmulas sociológicas evaluadoras de ta­les medidas, desde un comien­zo desengañó a sus propios compartidiarios, a los gólgotas y a los conservadores.

Uno de los primeros actos del gobierno de Obando, fue sancio-

nar la Constitución de l -3. apa­rentando entusiasmo ) encubrien­do su preocupación y recelo de hombre maduro y curtido por la experiencia, que preveía los des­órdenes que esta nueva Carta Magna podía generar para la in­tegridad, la paz, la estabilidad y el progreso de la Nación. Porque en verdad, el federalismo y con­tenido democrático de sus normas iba mucho más allá de las posibi­lidades reales de absorción social de la República Neogranadina. Así fue como Samper, años más tarde la calificó «como la que ha ido más lejos en la América espa­ñola en materia de libertades in­dividuales, de pensamiento y de prensa. La más generosa por sus propósitos y la fe que animó a sus autores, pero la más funesta de cuantas había tenido la Repúbli­ca, porque con ella se abrieron todos los caminos de la guerra social y de la anarquía». (9)

Notas:

(1) «Mi querido José Hilario. Mando un oficial a comunicarte la elección que ha hecho el Congreso en ti para Presidente de la República, y me glorío de que harás la felicidad nacional. El candidato de mi corazón no eras tú, sino Barriga; él que­dó excluido desde las Asambleas prima­rias, y los representantes del pueblo te han llamado a obtener el primer pue:.to de la Nación. Te considero el representante de la democracia y te felicito. Desde el lo de abril encontrarás un ciudadano obe­diente a la Ley y el primer c;oldado para defender la autoridad que te han dado la Nación y el pueblo, en tu antiguo compa­ñero y amigo».

La respuesta del presidente electo en

la parte esencial dice: «La franqueza con que me hablas me complace en extremo,

y ojalá sean tu carta y esta respuesta nue­vos vínculos que nos unan en lo venide­ro, después de haberse debilitado los an­tiguos en nuestras cuestiones civiles, en que por desgracia hemos estado figuran­do en bandos diametralmente opuestos. Sin otra pasión dominante que la del próspero porvenir de esta patria, que a ti y a mí nos ha costado sangre y sufrimien­tos, iré a encargarme del honroso puesto de Presidente de la República; y amaes­trado en la escuela práctica de las vicisi­tudes políticas, mi primer dogma es y será el de la tolerancia más completa y el olvido de lo pasado. Acepta, por lo tanto, la efusión de mi gratitud por la ex­presiva manifestación que me diriges, mientras tengo el gusto de verte». El Golpe Militar del 17 de abril de 1854, pag.52.

(2) Manual de Historia de Colombia, Tomo II, Pág.335 y siguientes.

(3) «Los que suscribimos, vecinos del Cocuy, ante vos, Ciudadano Presi­dente, representamos: que estando im­puestos de que una turba de facciosos han alzado el estandarte de la rebelión en varias provincias del Sur de la Repú­blica con el fin de derrocar y echar por tierra los principios altamente democrá­ticos de vuestra liberal Administración,

• PROLIBROS

creemos llegado el caso de cumplir con un deber, que además de imponérnoslo la Constitución, lo exige también nues­tra posición de liberales y amigos del orden y de la prosperidad de nuestra pa­tria».

«Este deber es, el de sostener en todo caso con nuestras personas e intereses al Gobierno legítimamente constituido, ofreciendo el sacrificio de nuestras vi­das, caso que por alguna circunstancia la sedición llegue a tomar algún incre­mento».

«En este Cantón el orden público se sostendrá a todo trance; pues el patrio­tismo de la generalidad de sus habitan­tes nos da una plena garantía para soste­nerlo así; y en el caso de que algún indi­viduo se desvíe de esta línea de conduc­ta, porque impulsado por sugestiones de los enemigos de la libertad granadina, se deje fascinar con patrañas o superche­rías, será escarmentado inmediatamen­te, pues todos estamos dispuestos a des­plegar una vigilancia que pueda cortar de raíz los males que se puedan causar».

«A cualesquier punto de la Repúbli­ca, Ciudadano Presidente, en que la re­belión sea secundada, allí marcharemos gustosos a sostener con nuestras débiles

... por la cultura !

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fuerzas la Constitución, las leyes y la dig­nidad nacional; con este concepto acep­tad este ofrecimiento, hijo del patriotis­mo y del amor por las instituciones re­publicanas, y contad conque estaremos listos a cumplirlo tan pronto como la patria lo exija. Ciudadano Presidente: Santos Gutiérrez, Faustino Barbosa, Enrique Silva., Emilio Espinosa, Pedro N. Cújar, Gregorio Ruiz, José María Medina, Santos Balderrama, José A. Garcés, Ricardo Bemal, Simón Rome­ro, Mateo Leal, Lorenzo Blanco, Miguel 1báñez, Juan N. Torres, Facundo Quin­tero ... » Itinerario de una vida, documen­tos inéditos.

(4) Carlos Martínez Silva

(5) Murillo Toro. Ideas liberales en Colombia. Gerardo Molina Pág. 72

(6) Escrito del periódico El Alacrán del 8 de febrero de 1849. Historia de Colombia, Biblioteca Tomás Rueda Vargas.

(7) Historia de una alma

(8) Ibid

(9) Historia Extensa de Colombia, Tomo XIV, pag. 112

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