Revista Izquierda N°40, diciembre de 2013

8/13/2019 Revista Izquierda N40, diciembre de 2013

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Rgimen poltico y discurso Militarismo Conflicto y solucin

poltica La poltica sobre drogas: Laberinto y desafos Batalla de

ideas Igualdad y justicia en la educacin superior en Colombia:

Oportunidades o posiciones? Subversiones intelectuales

Apuntes para el estudio de la izquierda latinoamericana Nuestra

Amrica En Venezuela, la lucha de clases contina La poltica

agraria de los gobiernos del Buen Vivir Historia y memoria1513-2013: Cinco siglos de des-memorias panameas

en el avistamiento europeo del Ocano Pacfico EditorialMandela

N 40 DICIEMBRE / 2013 BOGOT, COLOMBIA ISSN- 2215-8332


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Si yo tuviera el tiempo en mis

manos hara lo mismo otra vez.Lo mismo que hara cualquierhombre que se atreva a llamarsea s mismo un hombre

Jairo Estrada lvarez DirectorJess Gualdrn Sandova lJefe de redaccin

lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo,Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia,Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel,Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil),Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen

al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin

Espacio Crtico EdicionesPublicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudios

www.espaciocrit ico.com

ISSN-2215-8332N 40, Diciembre de 2013.Bogot, Colombia

Todo el contenido deesta publicacin puede

reproducirse libremente,conservando sus crditos.


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Rgimen poltico y discurso

4MilitarismoRicardo Snchez ngel

Conflicto y solucin poltica

8

La poltica sobre drogas:

Laberinto y desafosSergio De Zubira Samper

Batalla de ideas

14

Igualdad y justicia en la educacin superior

en Colombia: Oportunidades o posiciones?

Andrs Felipe Mora CortsSubversiones intelectuales

22

Apuntes para el estudio de la

izquierda latinoamericanaBeatriz Stolowicz

Nuestra Amrica

32

En Venezuela, la lucha de clases continaCristian Fabin Bejarano Rodrguez

Oscar Andrs Espitia Lombo

36

La poltica agraria de los

gobiernos del Buen Vivir

Jairo Armando Jurado Estrada

Historia y memoria

42

1513-2013: Cinco siglos de des-

memorias panameas

en el avistamiento europeo

del Ocano Pacfico

Frank Molano CamargoEditorial

48Mandela

Jess Gualdrn


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Rg

imenpo

lticoy

discurso

Militarismo

Ricardo Snchez ngel

Doctor en HistoriaProfesor Universidad Nacional de Colombia

El pasado jueves 21 de noviembre, el doctor Jos FernandoIsaza public una columna en el diario El Espectadorcon elmismo ttulo de este comentario. Este ex ministro de Minas, ex presi-dente de Ecopetrol, Paz del Rio y de la multinacional japonesa Mazda y

ex rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, realiz estudios sobreel gasto militar y su relacin con el presupuesto pblico y las cuentasnacionales1.

La Contralora General de la Nacin adelant en su momento simila-res indagaciones2. Tan slo un puado de investigadores y analistas se hanocupado de tan grande, importante y grave asunto, mientras los polticos,los partidos y los medios de comunicacin hacen mutis por el foro.

La columna del doctor Isaza es documentada, ofrece unas serenasy preocupantes reflexiones sobre el tema, en un contexto internacionalcomparativo y con la necesaria perspectiva histrica. Algunas de las ci-fras presentadas son elocuentes: el presupuesto del ministerio de defensaes el equivalente al 5,5% del PIB, mientras el gasto pblico en saludcorresponde al 3,7% del PIB.

1 Vase: Isaza, Jos Fernando y Campos Romero, Digenes. Algunas consideracio-nes cuantitativas sobre la evolucin reciente del conflicto en Colombia. Bogot,diciembre de 2007. En: http://www.cjlibertad.org/files/Algunas_consideraciones_cuanti_evolucion_reciente_del_conflicto_en_Colombia.pdf

2 Vase: Informe Especial sobre el gasto Militar en Colombia. En: Revista EconomaColombiana. Contralora General de la Repblica, Febrero de 2008. No. 322.

_4 Volver a contenido


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En Colombia, los medios masivos de comunica-cin arman permanente alharaca sobre la carrera ar-mamentista en el vecindario, especialmente respecto a

Nicaragua, que es un pas pequeo, que se califica deagresor, expansionista y frente a quien se derramarla ltima gota de sangre, en pattica declaracin delpresidente Juan Manuel Santos. Mientras Colombiatiene 525.000 hombres en fuerza permanente, Nica-ragua tiene 12.209.

Estn ocultando una situacin aterradora, extre-madamente grave y peligrosa para la paz y la seguri-dad de Nuestra Amrica y en especial de la regin.

Documento lo anterior con el texto del doctor Isaza:

El nmero de efectivos del Ejrcito colombiano

es el noveno en el mundo. Con sus 525.000

hombres de las fuerzas permanentes es el ma-

yor de Amrica Latina, superando al de Brasil,

que tiene 327.000, y es sensiblemente igual a

la suma de los hombres en armas de Venezue-

la, Per y Ecuador. Es de tamao similar a las

fuerzas militares de Irn, y superior tres veces

al ejrcito de Israel. Es la tercera parte del ejr-

cito de los Estados Unidos; tiene 43 veces el

nmero de soldados de Nicaragua. Es superior

al de Egipto, similar al de Pakistn, al alemn,

al francs y al italiano. Como proporcin del

PIB, el gasto militar en Colombia es casi el tri-

ple de la Comunidad Europea. Es superado en

nmero por los ejrcitos de Rusia, India, Corea

del Norte, Corea del Sur y China.

La cifra en Colombia incluye los efectivos de

polica (116.000), ya que emplean armas largas

y combaten contra grupos armados3.

Pues bien, hay que agregar el vertiginoso desa-rrollo de la industria militar (INDUMIL), que en

3 Isaza, Jos Fernando. Militarismo. En: El Espectador, no-viembre 21 de 2013.

Las graderas segregadas de un estadio de-

portivo en Bloemfontein, Sudfrica.Foto de la ONU / H Vassal. www.unmultimedia.org/photo/

N 40, Diciembre de 2013 Bogot, Colombia Contenido


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Colombia es fabricante de armas de distinto tipo,incluyendo bombas de alto poder destructivo para laguerra domstica y para la exportacin. El pas viene

as a estimular la carrera armamentista en la regin.Le el pasado 26 de noviembre en El Espectadorla

siguiente declaracin del doctor Juan Carlos Pinzn,en una nota periodstica que deca: El Ministro deDefensa Juan Carlos Pinzn, afirm que la industrianacional mejorar su produccin blica. Prximamen-te estaremos fabricando una bomba con todo el avancetecnolgico, con unos horizontes que en Colombianunca nos imaginbamos que bamos a llegar4. Tam-

bin dijo que entre 2011 y 2014 se han invertido en elsector defensa ms de 7,2 billones de pesos.

La geografa y sociedad colombiana estn milita-rizadas en forma importante5. No slo porque el pasest ocupado por sus propias Fuerzas Armadas. Laconsolidacin de las derechas econmicas, polticas ysociales se ha dado en una correlacin directa con eldesarrollo del armamentismo.El militarismo a la co-lombiana maneja el orden pblico, interfiere la justi-

cia, adelanta la guerra contra la subversin guerrillera,al igual que violenta zonas indgenas y campesinas6.

Las Fuerzas Armadas colombianas, como lasvenezolanas, tienen la aureola del mito fundador, dehaber sido actores fundamentales de la independen-cia al ganar la guerra de liberacin al colonialismoespaol. Ha sido una fuerza de campesinos y jvenesde familias proletarias. Los ricos de Colombia noprestan el servicio militar y cuando algunos lo hacen,los ubican en actividades de rutina y de bajo riesgo.

Pero hoy, despus del paulatino fortalecimientode los aparatos de fuerza, se ha creado un estamen-to militar poderoso en todos los rdenes, sustento

4 En: El Espectador. Noviembre 26 de 2013. p. 3.

5 Vase: Fals Borda, Orlando. Autonoma regional y ubicuidad militar. En: Hacia el socialismo raizal y otrosescritos. Bogot D.C: Ediciones Desde Abajo/Ediciones CEPA, 2007. pp. 63-69.

6 Vase: Gonzlez, Pablo Elas. Procesos de seleccin penal negativa. Investigacin criminolgica. Bogot D.C.:Universidad Libre, 2013. Cap. V. pp. 238-276.

La geografay sociedad

colombiana estnmilitarizadas enforma importante.No slo porque elpas est ocupadopor sus propiasFuerzas Armadas.La consolidacin

de las derechaseconmicas,polticas y socialesse ha dado en unacorrelacin directacon el desarrollodel armamentismo.El militarismo a lacolombiana manejael orden pblico,interfere la justicia,adelanta la guerracontra la subversinguerrillera, aligual que violenta

zonas indgenasy campesinas.



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primordial del presidencialismo, dndole al rgimenpoltico su connotacin bonapartista. El presiden-cialismo bonapartista viene a ser la pieza maestra del

ejercicio del poder del Estado. Lo otro, lo republicanoy democrtico, son subordinados y atropellados poresta superestructura. La cultura y lo laico se ven aco-rralados y signados por la impronta de las ideologasde la derecha.

Se debe adelantar un gran informe con carctercientfico y enfoque crtico y democrtico, sobre elpapel negativo del militarismo en la generacin delas violencias, la barbarie y las guerras enseoreadas

en la realidad y la nacin. All est una de las causascentrales del drama actual, y uno de los obstculospara el logro de la paz poltica.

Se debe abrir paso en la opinin, en la concienciade todos, especialmente en los estamentos militares,la necesidad de la reforma militar democrtica, quetiene como objetivo colocar a las Fuerzas Armadasbajo el imperio de la Constitucin y, por ende, de lademocracia y los derechos humanos.

Colombia debate y lucha por una paz polticaentre las FARC y el gobierno, y ojala tambin elELN. En los nuevos tiempos que estn por venir, queempiezan a abrirse paso, hay que tener en cuenta estaenseanza de Gerardo Molina: El ejrcito es unaparte de la sociedad y no puede escapar a las leyesque rigen a la evolucin del universo poltico7.

Mi punto de vista es contra el militarismo y nocontra unas Fuerzas Armadas sometidas a la Consti-tucin democrtica, en defensa de la soberana y delos intereses populares, completamente independien-te de las multinacionales y de los dueos econmicosy polticos del pas. La reforma militar democrticaque planteo, quiere tender puentes de convivenciacon los compatriotas en armas de las fuerzas mili-tares.

7 Molina, Gerardo. El ejrcito y la nacin. En: Revista Univer-sidad Libre. Bogot, enero de 1961. No. 11. pp. 47-54.

Tienda para no blancos en la localidad

sudafricana de Kliptown, 1979http://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid



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Con

flictoyso

luci

npo

ltica

La poltica sobre drogas:Laberinto y desafos

Sergio De Zubira Samper

Profesor AsociadoDepartamento de FilosofaUniversidad de los Andes

La polmica sobre la poltica vigente frente al fenmeno de lasdrogas ha ganado audiencia en la ltima dcada. Desde la ini-ciativa de abril de 2008 de los ex presidentes latinoamericanos Zedillo

(Mxico), Cardozo (Brasil) y Gaviria (Colombia) sobre la urgencia deun replanteamiento de esa poltica, hasta el Informe de la ComisinGlobal de Polticas de Drogas, en 2011, la discusin ha crecido en in-ters y profundidad. La representatividad del anterior Informe tambinmuestra una preocupacin mundial, ya que en su redaccin participa-ron, adems de los ex presidentes citados, Kofin Annan (ex SecretarioGeneral de la ONU), Louise Arbour (ex Alta Comisionada de NacionesUnidas para los Derechos Humanos), George Shultz (ex Secretario deEstado de USA), Carlos Fuentes (escritor e intelectual) y George Papan-dreou (Primer Ministro de Grecia), entre muchos otros.

La conclusin general del Informe de la Comisin Global es un lla-mado de atencin a la humanidad: la denominada guerra global a lasdrogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos ysociedades alrededor del mundo. Cincuenta aos despus de la Conven-cin nica de Estupefacientes, y cuarenta aos despus que el presidenteNixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, senecesitan urgentes reformas fundamentales en las polticas de control dedrogas nacionales y mundiales. Ante un juicio tan severo como el hechode que la guerra contra las drogas ha fracasado, se pueden distinguir



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cuatro indicadores de ese fracaso. En primer lugar, apesar de las medidas represivas, la produccin sigueen aumento, al igual que el consumo. Un segundo

hecho que evidencia el fracaso es la capacidad de re-generacin inmediata de las fuentes de produccin ytraficantes. Tercero, mientras se siga considerando alos consumidores como criminales no habr polticaspblicas claras en pro de la salud de los ciudadanos,pues sus hbitos de consumo sern vistos como con-ductas criminales y no como problemas de salud.Finalmente, los esfuerzos han estado tan encami-nados a la represin y la persecucin que no se han

invertido en iniciativas de prevencin y educacin,que seran sin duda ms efectivas en la reduccin dela demanda.

Ante la sin salida de la llamada guerra contra lasdrogas, la propuesta para salir del laberinto debeapuntar a la construccin de otros caminos y no ala insistencia en la va que ha refrendado su fracasouna y otra vez. Los principios y recomendaciones quesugiere esta Comisin Global son contundentes y

pueden iluminar las alternativas: a) Terminar con lacriminalizacin, marginalizacin y estigmatizacinde las personas que usan drogas pero no hacen nin-gn dao a otros; desafiando los conceptos errneosacerca de los mercados de las drogas, el uso y ladependencia de drogas. b) Alentar a los gobiernos aque experimenten con modelos de regulacin legalde las drogas a fin de socavar el poder del crimenorganizado y para salvaguardar la salud y seguridadde los ciudadanos; esta recomendacin se aplica espe-cialmente al cannabis, pero tambin debemos inten-tar otros ensayos de descriminalizacin y regulacinlegal. c) Ofrecer servicios de salud y tratamiento alos y las que lo necesiten, asegurando una variedadde tratamientos acordes con la especificidad del caso.d) Respetar los derechos humanos de las personasque usan drogas y abolir prcticas abusivas llevadasa cabo en nombre del tratamiento y que violan losderechos fundamentales. e) Ofrecer la mxima

Nelson Mandela, naci el 18 de julio de

1918 en Mvezo. Perteneca al clan Madiba

de la etnia Xhosa y estaba emparentado

con la casa real de la tribu de Thembu.Fotografa: Eli-Weinberg http://25thcenturyyy.com



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atencin a las personas involucradas en los segmentos inferiores de losmercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos y peque-os vendedores; muchos de ellos han sido vctimas de la violencia o la

intimidacin, o son dependientes de drogas. f) Focalizar las accionesrepresivas en las organizaciones criminales violentas, pero hacerlo parasocavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reduccinde la violencia y la intimidacin. g) Invertir en actividades que puedanprevenir en primer lugar que las personas jvenes usen drogas y a la vezprevenir que los que las usan desarrollen problemas ms serios, evitandomensajes simplistas al estilo slo di que no o tolerancia cero. Enlugar de ello, priorizar esfuerzos educativos asentados en informacincreble y programas preventivos. h) Iniciar pronto con la transformacin

del rgimen mundial de prohibicin de drogas, reemplazando las pol-ticas y estrategias orientadas por la ideologa y la conveniencia polticahacia polticas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la saludy los derechos humanos. Asegurar que las convenciones internacionalessean revisadas para adaptarlas a unas polticas que prioricen la reduccinde daos, la descriminalizacin y las polticas de regulacin legal.

El informe subraya, adems, la necesidad de romper con el tab acercadel debate e iniciar los pasos para la accin. Es necesario que la discusinsobre la poltica antidrogas pueda desarrollarse en una lgica de dilogo

libre de ideologas sesgadas y de visiones moralistas o dogmticas. Enmedio del respeto por la diversidad de perspectivas y de experiencias, eldilogo requiere romper ciertos tabes arraigados en las posturas ante eltema de las drogas y prestar mayor atencin a la evidencia cientfica y alas cifras que han arrojado los estudios sobre la materia.

Seis pilares para edificar el dilogoEn un reciente Informe, titulado El problema de las drogas en las

Amricas (2013), la OEA presenta un anlisis de la situacin y proponeseis puntos de partida para encauzar el dilogo. Este documento eviden-cia, adems, la creciente preocupacin a nivel regional por el enfoquedesde el que se ha visto el problema de las drogas. En la redaccin deeste informen convergen ex presidentes, acadmicos y ciudadanos, cuyosaportes permiten el entrecruzamiento de diversos puntos de vista. Reco-ge, adems, algunas conclusiones de la Comisin Global, antes citada.Sus conclusiones se plasman en dos documentos, el informe analtico yla propuesta de posibles escenarios.

Es interesante analizar los seis pilares para edificar el dilogo quepuede mostrar la salida del laberinto. Segn los autores, ellos seran: a)



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Es ineludible reconocer que el problema de las dro-gas es un asunto que compete a todo el hemisferioamericano, porque la solucin no puede ser determi-

nada por un solo pas de forma unilateral; ante estoes inevitable el dilogo regional. b) El problema delas drogas, de todas maneras, admite tratamientosdistintos en cada una de sus etapas y en cada unode los pases de la regin. Estos tratamientos dife-renciados estn, sin embargo, enmarcados en unnimo de consenso. c) No existe una relacin directaentre el problema de las drogas y las situaciones deinseguridad en que vive la mayora de ciudadanos y

ciudadanas de nuestro continente. Comprender estosupone un cambio de mentalidad que est ligado a laaceptacin de la descriminalizacin. d) De lo anteriorse desprende tambin que la inseguridad est ligadams bien a la falta de respuestas eficaces por parte delos Estados y no a la mera presencia de individuosinvolucrados en la produccin o el consumo de dro-gas. e) El problema de las drogas es, a todas luces,un asunto de salud pblica. f) Finalmente, cada pas

debe abordar la problemtica segn sta los afecte, locual demanda flexibilizacin de las polticas y aten-cin a las particularidades.

Esbozos para una propuestadesde Colombia

Se ha desarrollado el Foro sobre Drogas, convo-cado por el PNUD y la Universidad Nacional (sep-tiembre de 2013), con una importante participacinde las regiones colombianas, expertos internacionalesy nacionales, el clero y los movimientos sociales. Lainasistencia de los gremios econmicos y las organi-zaciones ambientalistas es sinceramente una lstima.Las conferencias que abrieron el Foro muestran lapreocupacin universal por la bsqueda de solucio-nes reflexivas y creativas. En medio de la riqueza deintervenciones se pueden ubicar algunos consensos oconvergencias crticas frente a la actual poltica contralas drogas

Es necesario que ladiscusin sobre la

poltica antidrogaspueda desarrollarseen una lgicade dilogo librede ideologassesgadas y devisiones moralistaso dogmticas. En

medio del respetopor la diversidadde perspectivas yde experiencias, eldilogo requiereromper ciertostabes arraigadosen las posturasante el tema de lasdrogas y prestarmayor atencin a laevidencia cientfcay a las cifras quehan arrojado losestudios sobre

la materia.



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El primer consenso es la necesidad depromover un amplio dilogo nacional,latinoamericano e internacional sobre laspolticas antidrogas vigentes, que se nutra de

rigurosas investigaciones cientficas y logreevitar los lugares comunes, la demonizaciny la doble moral frente al problema de lasdrogas.

La segunda convergencia es el incremen-to del reconocimiento que la llamada guerracontra las drogas, tiene muchos ms costosque beneficios. El calificativo para caracteri-zar esta situacin vara en intensidad, ya quepara algunos analistas se trata de un fracasoestructural y para otros de insuficiente,rectificacin, reformulacin integral,nuevo diseo institucional, etc. En generalse sostiene que los enfoques de reduccin dela oferta a travs de una poltica criminalhan resultado insuficientes para abordar lascausas de la produccin, circulacin y con-sumo estas substancias. Una crtica reiteradaes la priorizacin del sistema de control de

drogas por encima del sistema internacionalde Derechos Humanos.

La tercera convergencia es la concienciade la inexistencia de una receta o un nico

camino de solucin, pero al mismo tiem-po, la reiteracin de que existen polticasalternativas en el campo terico y prctico.La condicin para la consolidacin de estaspolticas alternativas es su construccin conla participacin de los dolientes o afectadosdirectamente y siempre desde abajo escu-chando las voces de la vctimas del comn.

El cuarto consenso es la ratificacin deque el narcotrfico ha influenciado la ma-yora de las dimensiones de la vida social enColombia con complejos efectos en la econo-ma de la guerra y la cultura. El narcotrficoes el negocio ms globalizado de todos y conms incidencia en todas las dimensiones dela sociedad. Las causas histricas que hangenerado el asentamiento de la produccinde materia prima para procesar cocana y

Despus de la creacin del Partido Nacional Sudafricano

en 1948 se instaura la poltica de segregacin racial

(apartheid). Mandela se convierte rpidamente en un

lder destacado dentro del Congreso Nacional Africano.http://es.wikipedia.org/wiki/Mandela



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herona en Colombia no han sido removidas hasta ahora, ni se vislumbra una estrategia queapunte en esa direccin (R. Vargas).

La quinta convergencia es que ninguna solucin estructural puede limitarse a susti-

tucin de cultivos, tiene que enmarcarse en concepciones profundas de desarrollo ruralalternativo. La sustitucin es slo un aspecto limitado de la ruta o solucin, que reabreel 1. punto de las conversaciones en La Habana. Sin un Fondo de tierras, sin lmites a laextranjerizacin, sin seguridad social para los campesinos, sin vas de comunicacin, etc.,no ser posible una vida digna en el mundo rural. No ser posible la paz con justicia social.

Laberinto y desafosHa sido largo y tortuoso el camino recorrido y ser largo el sendero por recorrer. Pero

han quedado enseanzas, no todos los esfuerzos han sido vanos. Ahora existe la conciencia

de un problema que debe ser repensado sin el lastre de los moralismos irracionales o eloportunismo poltico. Las vctimas de la guerra represiva y el tratamiento criminalizantereclaman esa conciencia.

El hecho de que Amrica Latina y el Caribe hayan empezado a hablar con voz propiasobre el tema perfila a la regin como un faro que jalona propuestas ms creativas y hu-manas. Unido a lo anterior estn los acontecimientos polticos de la regin, que ha giradopaulatinamente hacia gobiernos populares y emancipatorios.

El laberinto se ha entendido generalmente como un largo camino intrincado, de carcterunicursal. Pero se debe rescatar el sentido de Borges sobre el laberinto, como la figura que

tiene entrecruzamientos y muchas posibilidades. Los desafos que supone la problemtica delas drogas en nuestra regin demandan explorar esas interminables posibilidades.

Bibliografa

Borges, Jorges Luis. Dos reyes, dos laberintos. El Aleph. Madrid: Alianza, 1995.

Comisin Global de Polticas de Drogas. Informe. 2011.

Gaviria, Alejandro y Meja, Daniel. (comp.). Polticas antidrogas en Colombia: xitos, fra-

casos y extravos. Bogot: Universidad de Los Andes, 2010.

Organizacin de Estados Americanos OEA Insulza, Jos Miguel (secretario). Infor-

me sobre el problema de las drogas en las Amricas. Washington: OEA, 2013.

Vargas Meza, Ricardo. Narcotrfico, guerra y polticas antidrogas. Una perspectiva sobre las

drogas en el conflicto armado colombiano. Bogot: Accin Andina, 2005.



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Bata

lla

de

ideas

Igualdad y justicia en la

educacin superior en Colombia:Oportunidades o posiciones?

Andrs Felipe Mora Corts

Politlogo y Magster en Ciencias EconmicasEstudiante del Doctorado en Desarrollo dela Universidad Catlica de Lovaina

Docente Ocasional del Departamento de Ciencia Polticade la Universidad Nacional de Colombia

1. La inclusin social no es igualdad de oportunidades

Recientemente se ha publicado un documento del profesor

Leopoldo Mnera en el que se presenta una clara radiografade las dificultades histricas por las que atraviesa la educacin superioren Colombia, especialmente la pblica1. Adems de apoyarse en un elo-cuente acervo estadstico y de recoger muchos de los aportes realizadospor estudiantes y docentes en el marco del debate sobre los fundamentos,objetivos e instrumentos de la reforma a la educacin superior, el profe-sor Mnera muestra las rupturas y las apuestas de la propuesta elaboradapor el movimiento estudiantil colombiano, articulado alrededor de laMesa Amplia Nacional Estudiantil MANE.

Sin embargo, el elemento central alrededor del cual giran las reflexionesdel profesor Mnera es su crtica a la apuesta gubernamental de resolverla desigualdad estructural de oportunidades que caracteriza al sistema deeducacin superior colombiano mediante lgicas de inclusin diferenciaday jerarquizada. Esto, en clara sintona con los principios y objetivos bsicosdel modelo de desarrollo neoliberal imperante en Colombia:

1 Mnera, Leopoldo (2013). Cuando la inclusin social no es igualdad de oportunidades.La reforma a la educacin superior en Colombia. En: Revista Foro, No. 80, pgs. 47-59.Bogot: Fundacin Foro Nacional por Colombia.



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Batalla de ideas

El objetivo fundamental del gobierno en lo

ateniente a la reforma de la Ley 30 de 1992

ha sido el aumento de la cobertura con un

presupuesto estatal reducido. Aunque desdeel Ministerio de Educacin Nacional se aduce

que la equidad social anima tal propsito, has-

ta ahora sus propuestas han estado orientadas

a la bsqueda de una inclusin diferenciada

y jerarquizada de los estudiantes potenciales

con menores recursos econmicos, en pro-

gramas e instituciones que requieren de una

baja inversin pblica. En ellas prevalece el in-

tento por reestructurar el mercado de trabajocon una mano de obra ms cualificada en la

realizacin de labores especficas, mediante

un acceso general e individualizado a un tipo

de conocimiento netamente funcional a las

polticas de desarrollo y a las relaciones de

produccin que se van imponiendo en el pas2.

La baja cobertura en educacin superior, la repro-

duccin de las enormes brechas sociales existentes enel pas al interior del sistema educativo y el impulsogubernamental a la extensin de la cobertura sinincrementos paralelos en la calidad educativa, sus-tentan de manera contundente tal afirmacin. Surgeentonces una pregunta: Qu modelo de justicia so-cial defiende la inclusin jerarquizada y diferenciadasin igualdad de oportunidades? Es decir: Cul esel modelo de justicia social que inspira las polticasgubernamentales en materia de educacin superior?

2. Qu justicia social? Igualdad deposiciones e igualdad de oportunidades

Son dos las concepciones ms importantes sobrejusticia social, una de ellas clama por la igualdad deposiciones, la otra por la igualdad de oportunidades.

Aquella teora de la justicia que defiende la igualdad

2 bid., pp. 50.

Nelson Mandela en Londres en 1962

visita a Oliver Tambo, su compaero

en la lucha contra el apartheid.Fotografa original: Peter Davis http://www.

dailymail.co.uk/news/article-2519099/Nelson-

Mandela-life-pictures-From-prisoner-president.html



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de posiciones considera que la riqueza, las condiciones de vida y el acceso a la educacin, lasalud y la seguridad social deben ser redistribuidos de tal manera que los grupos sociales seaproximen en un proceso continuo de desmercantilizacin de los medios para la super-vivencia, de la calidad de vida y de los bienes y servicios pblicos. Las jerarquas sociales,

de posiciones o de estatus son, por lo tanto, plenamente impugnadas. La desigualdad esinherentemente injusta, y la poltica social debe comprometerse con la eliminacin de todasy cada una de las brechas existentes.

Por su parte, la teora de la igualdad de oportunidades no critica ni rechaza las jerar-quas. Al contrario, centra su atencin en la garanta de que todos los individuos tengan laposibilidad de ocupar tales posiciones jerrquicas y, por lo tanto, en garantizar una compe-tencia equitativa hacia las mismas. Bajo criterios de mrito y responsabilidad individual, laigualdad de oportunidades acepta las inequidades provocadas por la competencia equitativaen torno a posiciones sociales abiertas para todas las personas.

[En el modelo de igualdad de posiciones] se trata menos de prometer a los hijos de

los obreros que tendrn las mismas oportunidades de ser ejecutivos que los propios

hijos de los ejecutivos, que de reducir la brecha de las condiciones de vida y de

trabajo entre obreros y ejecutivos () [En el modelo de igualdad de oportunidades]

la justicia ordena que los hijos de los obreros tengan el mismo derecho a convertirse

en ejecutivos que los propios hijos de los ejecutivos, sin poner en cuestin la brecha

existente entre las posiciones de los obreros y de los ejecutivos3.

3 Dubet, Franois (2011). Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades.Buenos Aires:Siglo XXI Editores, p. 12.

Un manifestante contra el apartheid se sienta en un puesto para blancos.http://www.ibtimes.co.uk/articles/450075/20130325/sweden-bus-operator-faces-apartheid-accusations.htm



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Batalla de ideas

Mientras que la igualdad y el fin de las jerarquas constituyen el obje-tivo fundamental de la igualdad de posiciones, la competencia equitativay la movilidad social al interior de las jerarquas es el propsito clave de

la igualdad de oportunidades.Sin embargo, en la prctica, ambas concepciones de justicia social

han evidenciado profundos problemas: por una parte, la igualdad de po-siciones ha mostrado una clara tendencia a asegurar posiciones jerrqui-cas provocadas por derechos adquiridos, corporativismos y problemasde insider-outsider. Esto ha sido as porque se ha querido producir dichomodelo de igualdad sin trastocar el orden social, lo cual ha conllevado aun aseguramiento conservador de posiciones con rasgos progresistas.Por su parte, la igualdad de oportunidades ha provocado un incremento

de las desigualdades debido a que en un contexto de competencia, lasdesigualdades heredadas toman mayor fuerza; adems, la correccin dela inequidad en los resultados se suspende, pues se considera que losresultados desiguales de la competencia son justos en tanto se asumeque todas las personas tienen la misma posibilidad de escapar de susposiciones desaventajadas.

3. De vuelta al campo de la educacin superiorVolviendo al campo de la educacin superior en Colombia, queda cla-

ro entonces que las propuestas hasta ahora presentadas por el Ministeriode Educacin Nacional MEN reproducen los fallos prcticos de ambosmodelos de justicia. En efecto, las lgicas de inclusin diferenciada y

jerarquizada propuestas por el MEN reproducen jerarquas y brechassociales que trascienden al sistema educativo y convierten la educacinsuperior en un espacio en que se profundizan dichas desigualdades,

justificndolas, adems, bajo criterio de igualdad de oportunidades ycompetencia equitativa. Dichas prcticas de inclusin diferenciada y

jerarquizada:

i. Reproducen las posiciones jerrquicas preexistentes de la socie-dad colombiana. El vnculo entre tasas de cobertura bruta eneducacin superior y quintiles de riqueza as lo atestigua: Deacuerdo con el ms reciente informe del Centro Universitario deDesarrollo (CINDA) sobre la educacin superior en Iberoam-rica, en 2009 la brecha de cobertura entre el grupo ms ricoy el ms pobre del pas era la ms amplia de esta regin imagi-naria, al aproximarse a los 80 puntos de diferencia () la tasabruta de cobertura para el quintil 5 (el ms rico) era del 88%,



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mientras para el quintil 1 (ms pobre) solo llegaba al 8.5%. Enotras palabras, entre los colombianos y colombianas con mayoresrecursos econmicos estudiaban en la educacin superior casi 90

personas de cualquier edad, con respecto a cien entre los 17 y los21 aos, al tiempo que entre los de menores recursos nicamentelo podan hacer nueve de cada cien, alargando un poco la cifra,con referencia al mismo rango de edades4

ii. Difunden un falso discurso de equidad en la competencia, mien-tras refuerzan la desigualdad a travs de aumentos en coberturasin incrementos correspondientes en los niveles de calidad edu-cativa y bienestar universitario. Por ejemplo, en relacin con la

efectuacin de pruebas estandarizadas en el sistema educativo,es clara la contradiccin sealada por William Ospina: Nuestrosistema educativo nacional () ha inventado un extenuante me-canismo para negar mediante exmenes ulteriores la validez delos ttulos de bachillerato [y universitarios] que otorga5.

iii.Justifican, en la prctica, las desigualdades que se producen a lolargo del proceso educativo (tasas de repitencia, reprobacin, de-sercin, pruebas estandarizadas SaberPro) y posteriormente en los

mercados del trabajo desregulados (por ejemplo, a nivel salarial),en tanto se consideran que dichas inequidades son el correlato delfracaso individual (falta de mritos o de responsabilidad) en elmarco de la competencia.En este punto vale recordar que las tasas de desercin del 46% enel sistema de educacin superior son explicadas por tres tipos defactores: econmicos (relacionados con la insuficiencia de ingresosde las familias y la debilidad de las polticas de bienestar universi-tario), acadmicos (asociados con las insuficiencias educativas quecaracterizan a los y las estudiantes que ingresan a la educacin su-perior despus de su paso por la educacin secundaria) y de calidad(vinculados a la no satisfaccin de las expectativas de los y las estu-diantes en relacin con los programas acadmicos y las exigenciasde los mismos). Todos ellos asociados a factores diferenciadores quevan ms all de las garantas de ampliacin de la cobertura sobre

4 Mnera, op.cit., p. 48.

5 Ospina, William (2008). La escuela de la noche.Bogot: Grupo Editorial Norma, p.195.



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Batalla de ideas

las que se han concentrado la mayor parte delos esfuerzos gubernamentales bajo criterio deimpulso a la igualdad de oportunidades.

La sumatoria de fallos de justicia patente en laspropuestas defendidas por el gobierno provoca, en-tonces, un proceso de validacin del conjunto de rela-ciones sociales desiguales, jerrquicas y segmentadas,adems de su justificacin a travs de la comprensinde tales desigualdades como producto de circunstan-cias de mrito y responsabilidad individual.

Ni la igualdad (objetivo fundamental de la igual-

dad de posiciones), ni la movilidad social ascendente(base fundamental del modelo de igualdad de opor-tunidades) son garantizadas por las medidas y pro-puestas gubernamentales. Se consolida as un modeloconservador que asegura las posiciones jerrquicas enun contexto de competencia inequitativa.

4. Qu hacer? El movimiento estudiantil ysu participacin en la construccin de pas

La crisis y recomposicin que ha caracterizado alMovimiento Estudiantil Colombiano entre 1991 y2011, se ha caracterizado por trascender las deman-das meramente acadmicas y universitarias exigiendomayor participacin e incidencia de los estudiantes yla juventud en la construccin de un pas ms justo,democrtico y en paz6. Nada ms saludable en unescenario donde las injusticias que se producen enotras esferas de la sociedad terminan por producirdesigualdades en el campo educativo. Al respecto,vale recordar el papel protagnico que en asuntos de

justicia social asume el campo educativo:

En contra de una creencia que hoy parece bien

ingenua, no basta con disminuir los obstculos

econmicos de la escolaridad para atenuar los

6 Archila, Mauricio. El movimiento estudiantil en Colombia.Una mirada histrica. En: Revista Observatorio Social deAmrica Latina, Ao XII, No. 31, mayo de 2012, p. 71-103.

Levantamiento de Soweto, suburbio de

Johannesburgo, 16 de junio de 1976.

Resistencia de los jvenes de raza negra

contra las polticas educativas instauradaspor el gobierno del Partido Nacional

durante el rgimen del apartheid.http://en.wikipedia.org/wiki/Soweto_uprising

Protestas contra el apartheid, 1980.http://www.ibtimes.co.uk/articles/450075/20130325/

sweden-bus-operator-faces-apartheid-accusations.htm



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efectos de las desigualdades sociales sobre

los rendimientos y las carreras escolares de

los alumnos. La cultura, las ambiciones, las

competencias de las familias crean tantas des-igualdades ante la escuela como los ingresos. El

cambio ms fundamental se debe al hecho de

que las desigualdades que parecan decisivas en

las orientaciones precoces se manifiestan y de-

sarrollan hoy a lo largo de los estudios. Mientras

que los ttulos y diplomas, antes relativamente

raros, tenan valores y utilidades sociales ms

bien homogneas, ahora no cesan de jerarqui-

zarse con la multiplicacin de las orientacionesy las opciones: lo que vale en un bachillerato es

el tipo de bachillerato, la edad del candidato,

las menciones, etc. () Multiplicando y jerarqui-

zando las posiciones hasta el infinito, la escuela

ha avalado las desigualdades sociales y, muy

a menudo, es percibida como la responsable7.

Tal vez, una de las virtudes ms importantes del

Movimiento Estudiantil consiste en reconocer quelas polticas de gratuidad, universalidad y desmercan-tilizacin del derecho a la educacin superior consti-tuyen solo un primer momento en el camino de laconstruccin de un pas ms justo en general y deun sistema educativo ms igualitario en particular. Elcombate contra todas las relaciones sociales que pro-ducen la desigualdad es tan importante para el pascomo para el campo de la educacin superior. Es enesta perspectiva, entonces, en que puede pensarse elmovimiento estudiantil colombiano: la lucha contrael modelo conservador que asegura las posiciones je-rrquicas en un contexto de competencia inequitativadefendido por el gobierno, requiere de combates en elcampo educativo y ms all de l.

7 Dubet, op.cit., p. 45.

Las propuestashasta ahora

presentadas porel Ministerio deEducacin NacionalMEN reproducenlos fallos prcticosde ambos modelosde justicia. Enefecto, las lgicas

de inclusindiferenciada yjerarquizadapropuestas por elMEN reproducenjerarquas ybrechas socialesque trascienden alsistema educativoy conviertenla educacinsuperior en unespacio en que seprofundizan dichasdesigualdades,

justifcndolas,adems, bajocriterio de igualdadde oportunidadesy competenciaequitativa.



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Batalla de ideas

Nelson Mandela, a la derecha, junto con los dirigentes del Congreso Nacional Africano, Patrick Molaoa y

Robert Resha, entrando a la sala del tribunal de Johannesburgo, donde se enfrentaban a cargos de tra icin

en 1950. Fue uno de los 156 acusados durante el juicio de 5 aos, pero logr evitar una condena.http://larevista.mx/2013/12/la-vida-de-mandela-en-fotos/

En 1962, Mandela fue condenado por conspiracin para derrocar al gobierno, y su sentencia fue cadena perpetua.http://larevista.mx/2013/12/la-vida-de-mandela-en-fotos/



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Subvers

iones

inte

lectua

les

Apuntes para el

estudio de la izquierdalatinoamericana actual*

Beatriz Stolowicz

Profesora del Departamento de Poltica y CulturaUniversidad Autnoma MetropolitanaUnidad Xochimilco, Mxico

Se me ha invitado a compartir algunas ideas sobre la izquierdalatinoamericana actual, un tema demasiado complejo paratratar en pocos minutos.

Como punto de partida dir que asumo que la de izquierda es unaopcin tica con fundamento racional en pos de la emancipacin hu-mana, y que sta exige la preservacin de su hogar vital. Que no se esde izquierda slo por autodefinirse como tal, sino por lo que se hace.Que la izquierda incluye tanto a la partidaria como a la no partidariao social, con la tremenda heterogeneidad en ambas. Y que han sido lasprolongadas luchas de todas sus vertientes las que han hecho posibles lostriunfos electorales en nuestra regin, siendo ste un momento histricode notable singularidad.

Las experiencias de gobierno condensan la complejidad del fenme-no de izquierda, porque involucran proyectos y concepciones diversas,la relacin y el balance de fuerzas entre los diversos componentes dela izquierda, las prcticas y su eficacia, y porque no operan en el vacosino en la disputa de proyectos de sociedad antagnicos, con sus efectoscombinados en trminos regionales y del sistema mundo capitalista. Esuna complejidad no siempre contemplada en los anlisis.

* Intervencin en el XII Coloquio de Ciencia Poltica, Universidad Central de Venezue-la. Instituto de Estudios Polticos. 4-6 noviembre 2013.



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Subversiones intelectuales

Ejemplo de ello son las clasificaciones que se hanhecho de los gobiernos en los ltimos aos. Comoen toda clasificacin, se han jerarquizado algunos

aspectos en desmedro de otros, en lo que se expresanconcepciones terico-metodolgicas. Y me pareceinteresante ilustrar, desde esas clasificaciones, la com-pleja problemtica que debemos asumir, no slo porsus implicaciones intelectuales sino tambin por susefectos prcticos, es decir, polticos.

De partida, no podemos eludir el reconocimientode que todos los gobiernos, ms all de las diferenciasentre procesos, han generado cambios importantes en

las condiciones de vida de amplios segmentos socia-les. Cmo no reconocerlo, mxime cuando venimosde pases como Mxico, donde se est llevando a cabouna masacre social. Y ste es un primer asunto a con-siderar para pensar en trminos regionales. Hoy da,un 54 por ciento de la poblacin de Nuestra Amricavive en pases gobernados por las fuerzas que se au-todefinen como izquierda y centroizquierda, con unaporte numrico grande de Brasil en ese porcentaje.

Esto es indito en la historia latinoamericana. Pero elotro 46 por ciento, casi 269 millones, viven bajo go-biernos de derecha que siguen ahondando la tragediasocial y la entrega descarada de sus pases, y que bajoesa lgica operan tambin en la geopoltica regional.

Este mbito, el de la geopoltica, ha sido un cri-terio muy determinante de las clasificaciones sobrelos gobiernos y, en buena medida, ha condicionadola discusin sobre esas experiencias. Estamos en unmomento indito en nuestra historia por el nmerode expresiones gubernamentales de mayor distancia-miento respecto al gobierno de Estados Unidos y lacreacin de instituciones regionales sin su presencia,como la CELAC y UNASUR, de gran importanciaen su histrico patio trasero y para la geopolticamundial, sobre todo para contener los escenarios deguerra. Tambin asistimos al desdibujamiento de laarrogante presencia del Estado espaol, como ocurrien la ltima Cumbre Iberoamericana en Panam.

Mujeres sudafricanas exigen la liberacin

de Mandela. Las mujeres, junto con Winnie

Mandela, cantaban en las escaleras del

Ayuntamiento de Johannesburgo.http://larevista.mx/2013/12/la-vida-de-mandela-en-fotos/



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A partir de esta nueva realidad geopoltica, se ha afirmado que esta-mos ante un debilitamiento imperialista en la regin. Sin embargo, esnecesario revisar las valoraciones sobre los grados de subordinacin o

de autonomizacin respecto del imperialismo, pensados slo desde ladiplomacia.

Por un lado, porque se trata de instancias regionales muy distintas ala integracin promovida por el ALBA, que no son ajenas a la lgica delregionalismo abierto promovido por Estados Unidos, que tiene en esosespacios a gobiernos que representan sus propios intereses.

Por otro lado, porque en esa jerarquizacin de la diplomacia estnimplicados reduccionismos analticos sobre el imperialismo, ya que lti-mamente es concebido slo como una relacin de dominio de un Estado

sobre otro, y se ha perdido de vista que el imperialismo es esencialmenteel dominio molecular del capital financiero. Entendiendo por capitalfinanciero la fusin potenciada de todas las formas de reproduccin yconcentracin del gran capital. Que utiliza el poder de sus Estados deorigen para su penetracin territorial, para la exportacin de capital,de mercancas y tecnologa, para la apropiacin de riquezas naturales yde plusvala. Pero que se asocia con Estados receptores para triangulardesde esos otros espacios geogrficos y soportes estatales cambiando debandera, lo que le facilita la negociacin poltica y el aprovechamiento

de las prerrogativas multilaterales regionales. En nuestra regin, la fuerzade penetracin y de obtencin de ganancias del gran capital, incluyendoal de origen latinoamericano, no ha disminuido, pese a las regulacionese impuestos establecidos por algunos gobiernos de izquierda. Esto noes poca cosa por la fuerza poltica requerida para imponrselos, pero noha modificado el dominio molecular del gran capital en nuestra regin.

Otras clasificaciones se han hecho a partir de los procesos internos,que se enfocaron en la democratizacin de los regmenes polticos en lasprimeras gestiones de gobierno, distinguiendo entre aquellos que avan-zaron hasta procesos constituyentes y los que siguieron en los marcos ins-titucionales heredados, aunque algunos de estos marcos institucionalescontienen conquistas sociales y democrticas de larga data, defendidaso recuperadas por las luchas populares. En algunos casos, esta clasifica-cin coincide con la anterior en cuanto al grado de distanciamiento conel gobierno de Estados Unidos, pero en otros casos no coincide.

El comprensible entusiasmo por el protagonismo popular constitu-yente deriv en centrar los anlisis en el Estado. Se prest atencin a laincorporacin al aparato estatal de los siempre invisibilizados (indge-nas, trabajadores urbanos y rurales, mujeres) y a la incorporacin de las



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demandas de los movimientos sociales a laagenda gubernamental. As como a la capa-cidad conjunta del gobierno y movimientossociales para derrotar las violentas reaccio-

nes de la clase dominante desplazada delaparato estatal. Con la idea de la penetracinde la sociedad civil en la sociedad polticacomenz a usarse la categora gramscianade Estado ampliado pero, a diferencia deGramsci, se perdi de vista que la burguesaes parte de la sociedad civil. Muchos de esosanlisis atribuyeron autonoma a lo poltico,dejando fuera el anlisis estructural de la re-produccin econmica y de las clases en elpoder del Estado. Y se desestim que cadamodelo econmico exige un determinadomodelo poltico y social, que ste no puedeser pensado al margen de aqul, ms all dela retrica o los liderazgos carismticos.

De esto comienza a tomarse notacuando, con bases polticas ms slidas yconquistando reelecciones, el tema de loscambios econmicos pas a primer plano.

Y con l, se hicieron ms explcitas las di-ferencias entre las distintas corrientes queconforman las fuerzas gobernantes. Puesno hay que olvidar que, en todos los pases,

los partidos o movimientos polticos queganaron elecciones son producto de alian-zas y procesos de unidad entre fuerzas yconcepciones diversas.

Esos debates no se han dado en el vaco,sino en un contexto en el que la derecha noha perdido capacidad para influir ideolgi-camente sobre la discusin de alternativas.Por obvias razones se presta mayor atencina las acciones conspirativas y desestabiliza-doras de la derecha, dirigidas a desgastara los gobiernos y a manipular el debatepoltico; ms que a las sutiles estrategiasdesplegadas desde hace muchos aos paraneutralizar los proyectos de contenido cr-tico con el capitalismo. No tengo tiempopara analizar aqu los distintos aspectos deesa lcida estrategia de la derecha presenta-da como posneoliberalismo.

13 de junio de 1964. Mandela charla con Walter Sisulu en la prisin de Robben Island, cerca de Ciudad del

Cabo, donde cumpla la sentencia de cadena perpetua a la que haba sido condenado por alta traicin.http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/08/album/1354995296_071245.html#1354995296_071245_1386315027



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Parte de la misma ha sido definir un nuevo modelo de desarro-llo para Amrica Latina. Sintetizando sus planteos, en sus trminos:este modelo est basado en aprovechar las ventajas de la globalizacin

mediante la exportacin de lo ms abundante con el fin de obtenerlos recursos para promover el consumo de los sectores excluidos por ladeuda social. Un desarrollo que para pasar de las ventajas comparativasespurias a una ulterior competitividad autntica debe ser necesariamenteimpulsado con el capital transnacional por su aporte financiero, tecnol-gico y por su acceso a mercados. Con un fuerte papel del Estado comoco-financiador de las inversiones en distintas modalidades de asociacinpblico-privada en vastas reas. Un activo papel del Estado para laconstruccin de infraestructura; en la creacin de un adecuado clima de

negocios mediante un marco institucional de seguridad jurdica para lasinversiones y la remisin de ganancias al exterior; adems de un marcoinstitucional que contemple distintas formas de propiedad para ampliarla inclusin de nuevos actores al mercado como productores vinculadosal polo moderno del desarrollo. Un activo papel del Estado en la am-pliacin de los mercados financieros para incrementar el ahorro internoy ponerlo al servicio del financiamiento de los nuevos negocios, con elfin de romper la muy neoliberal contradiccin entre lo financiero y loproductivo. Y, desde luego, con un activo papel del Estado en polticas

sociales para promover el consumo, mediante transferencias y asignacio-nes, e incluso en una regulacin entre capital y trabajo funcional a esosobjetivos. Hasta aqu la sntesis del modelo de desarrollo posneoliberal.

Lo ms abundante para exportar son los recursos energticos, mi-neros, hdricos, de biodiversidad, la explotacin de la tierra para vastosmonocultivos transgnicos. Actividades, todas, que exigen el control so-bre el territorio, tambin para la construccin de un sistema multimodalde transporte y comunicacin para abaratar la extraccin de esos bienesnaturales mercantilizados.

Este modelo neodesarrollista ha ganado influencia en las prcticaseconmicas y va diluyendo las diferencias entre gobiernos establecidaspor las anteriores clasificaciones. Su adopcin implica una aceptacintcita del capitalismo, en algunos casos argumentada por razones degradualismo o realismo aunque se le critique, y en otros por ad-hesiones francas aunque se declare la intencin de humanizarlo. Losdebates sobre el neodesarrollismo se han centrado en el grave asunto delextractivismo pero no contemplan sus dems componentes.

Este modelo econmico, como todos, requiere un modelo poltico.El objetivo de responder simultneamente a los intereses del capital



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Despus de 27 aos Mandela sale de la prisin. 4 aos ms tarde, los sudafricanos celebraron sus

primeras elecciones multirraciales y eligieron a Mandela como su primer presidente negro.http://larevista.mx/2013/12/la-vida-de-mandela-en-fotos/

transnacional, del capital nacional existente o en creacin, y de los sectores populares, llevaa un ejercicio bonapartista desde el gobierno. Pero el bonapartismo implica un equilibrioinestable, que a corto o mediano plazo se vuelca hacia uno de los platos de la balanza. Si elobjetivo es reducir el poder del capital, el gobierno necesita desplegar al mximo la movili-

zacin popular para llevarlo a cabo. Por el contrario, si el objetivo es priorizar la negociacincon el capital, lo que se requiere es el control de los sectores populares organizados. Puedenseguir estando en el aparato del Estado, pero subordinados a ese objetivo. El ascenso delos conflictos que involucran a organizaciones sociales otrora aliadas o representadas en losgobiernos podra estar indicando hacia dnde se ha estado moviendo el fiel de la balanza.

Atribuirlo slo a rencillas personales o a estrechos intereses corporativos, que desde luegoexisten, es simplificar el anlisis de la relacin entre economa y poltica.

Ahora bien, y qu sucede con los sectores populares beneficiarios de las polticas sociales?Desde hace un tiempo se discute si son asistencialistas o de reconocimiento de derechos,y se cuestiona a las primeras porque no modifican la matriz distributiva y por sus efectossociopolticos negativos. Nadie puede negar la necesidad y obligacin de los gobiernos deatender con urgencia las terribles situaciones de miseria multiplicadas por el neoliberalismo.Sin embargo, es verdad que las polticas asistencialistas favorecen conductas basadas envalores primarios y no el desarrollo de la consciencia, que favorecen el control social y ladesorganizacin poltica. Crean clientelas electorales pero no adhesin a un proyecto, poreso sus lealtades son voltiles. Pero qu pasa, tambin, con los beneficiarios de polticassociales universalistas basadas en el reconocimiento de derechos? Porque tambin se ha idocomprobando que sus conductas polticas no son tan previsibles, lo que produce perplejidad.



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modernizacin capitalista funcional al objetivo sistmico de hacer de Amrica Latina unespacio de estabilizacin del capitalismo en su crisis.

Esta totalidad compleja no se compadece con las clasificaciones al uso. Exige unidadesde anlisis que articulen economa y poltica, y exige analizar al Estado por su papel en lareproduccin capitalista, tambin donde gobierna la izquierda.

Hay que admitir que todava no se ha logrado gestar una concepcin distinta del de-sarrollo humano que no sea sinnimo de crecimiento en la lgica del capital. La potenciatica de la propuesta del buen vivir, en armona con la naturaleza, no alcanza a llenar decontenido prctico el camino en el que, todava para muchos, vivir bien pasa por empezara vivir mejor.

Esto ha sido esgrimido como argumento absoluto a favor de una nocin del cambio poretapas sucesivas, primero este desarrollismo para despus llegar al poscapitalismo. Pero estedesarrollismo fortalece el poder del capital, y lo hace legitimndolo. Y cuando hablamos decapital no nos referimos solamente a su personificacin en el capitalista, o a su expresin

jurdica en la propiedad, sino tambin y fundamentalmente a la relacin social que lo cons-tituye y lo reproduce, y a las ideas que como sentido comn sustentan esa reproduccin.

El camino de transformacin a largo plazo est condicionado desde ahora. De lo quehoy se haga depender ese camino largo. El gran desafo, para poder recorrerlo, est en irdisminuyendo el poder del capital pese a las duras limitaciones del corto plazo. Difcilmente



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se podra pasar a otra etapa para quienes as lo plantean si se hacede la necesidad virtud. Si se construye un imaginario social sobre lainevitabilidad del capitalismo por tiempo indefinido. O si se avalan sus

lgicas, por ejemplo, cuando para reivindicar la gestin de los gobiernosse hace alarde de la confianza de los inversores extranjeros, de la bancainternacional por la buena marcha de la economa, de que nunca losempresarios ganaron ms, y otros de este tenor.

Asumir que no es un cambio por etapas, aunque sea largo, no estabaen el horizonte de la izquierda latinoamericana. Se trata de un desafonuevo, terico y prctico, aprendiendo de las experiencias de cambio en-sayadas, y encarando los rasgos del capitalismo hoy da. Este quebraderode cabezas aparece porque avanzaron las luchas de la izquierda social

y poltica hasta conquistar esa importante parcela de poder que es elgobierno (en otros lugares de Nuestra Amrica se est batallando todavadesde posiciones defensivas). Porque se ha aprendido de la historia esnecesario que estos procesos sigan profundizndose de tal manera queno puedan ser revertidos por un poder fortalecido del gran capital y porsus representantes polticos de derecha.

Y en este camino la responsabilidad no es slo de los gobiernos.Porque disminuir el poder del capital requiere modificar las relacionesde fuerza, incluso para contender con la temporalidad, que es adversa.

La responsabilidad no es slo de arriba, sino de lo que pasa abajopara gestar mayor fuerza social y poltica por el cambio, que marque lostiempos y el terreno de la disputa. Para convertir a las organizacionessociales y a los partidos en verdaderos intelectuales colectivos, paraampliar el poder popular gobernante, para inventar nuevas formas deeconoma y sociedad.

Estos desafos interpelan a las ciencias sociales. Hay un desfasajeentre el debate instalado en la sociedad y lo que ocurre en los mbitosinstitucionales de creacin de conocimiento, en lo que se estudia ycmo, en las prcticas disciplinarias. Sobre esto se discute poco y esmuy necesario.

Por eso, para m es un gran estmulo estar hoy aqu, compartiendoestas reflexiones, empeadas en el avance de estos procesos de cambioen los que hay mucho esfuerzo humano comprometido, aprendiendode sus logros, de sus aciertos y de sus errores. Es un privilegio queagradezco sinceramente.



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Mandela sonre mientras vota por primera vez en su vida el 26 de marzo de 1994.http://larevista.mx/2013/12/la-vida-de-mandela-en-fotos/



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Nuestra Amrica

Est en juego la posibilidad de la consolidacin dela Revolucin Bolivariana y su perspectiva estratgi-ca, el socialismo del siglo XXI, frente a los embates

de la derecha econmica y poltica, que encarnan elretorno del neoliberalismo, en el escenario de unaintensa lucha de clases que se ha radicalizado a partirde la muerte de Hugo Chvez y la estrecha victoria deMaduro en las elecciones del mes de abril.

Ante la extrema polarizacin poltica que haafrontado la hermana nacin, se han impulsado va-rios intentos por consolidar una economa de carc-ter dual, dndole margen a la participacin privada

en el desarrollo del aparato productivo nacional, conla expectativa de apaciguar las contradicciones deri-vadas de la disputa por la renta petrolera.

Es as que el gobierno, luego de asegurarse el do-minio para el Estado de la renta petrolera y el manejode todos los dlares que ingresaban al pas a travsdel control de cambios, implant mecanismos comoel Dlar Permuta que estuvo vigente hasta la crisisbancaria de 2009 para facilitar la compra de dlares

y su giro al exterior por parte de los privados, dlaresderivados de la renta petrolera y que eran suministra-dos por PDVSA y el Banco Central de Venezuela, yel SITME (Sistema de Transacciones con Ttulos enMoneda Extranjera) para permitir la compra de bonosde deuda pblica y de PDVSA, facilitando su venta endlares tanto en Venezuela como en el exterior.

Dichas medidas no surtieron el efecto esperado.El sector privado, en contubernio con sectores de laburocracia estatal, utilizaron los dlares recibidos enactividades de tipo especulativo, como la reventa delos ttulos de deuda a la tasa de cambio vigente en elmercado negro de dlares, o fraudulentas, como lasobrefacturacin de importaciones, la cual ha llegadoa representar el 20% del valor total de las importa-ciones. Todo esto, bajo un escaso e ineficaz controlestatal en la asignacin de divisas. Entre tanto, la eco-noma se haca ms importadora y menos productivay, por tanto, ms dependiente de la renta petrolera,

Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el

primer presidente negro de Sudfrica; desde ese cargo

puso en marcha una poltica de reconciliacin nacional.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mandela/ http://

conflictosmundiales.blogspot.com



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mientras tena lugar una constante fuga de capitalhacia el exterior como producto de los entuertos.

Este modelo mixto, por ende, presenta un alto

grado de desgaste, que se evidencia en el sabotaje queactualmente padece el pas. Estamos en presencia deun fortalecimiento del poder de clase de la burgue-sa local y el apuntalamiento de un segmento socialderivado de la burguesa estatal, conocido comoboliburguesa, a partir de la apropiacin de dicharenta petrolera a travs de los mecanismos descritos y,adems, por el manejo discrecional sobre las impor-taciones que tiene el sector empresarial. La gravedad

de este hecho radica en la magnitud de dicha renta,pues, segn revelan cifras suministradas por PDV-SA, entre 1999 y 2009 el Estado obtuvo ingresosque ascendieron a los 383.233 millones de dlaresprovenientes del petrleo.

En cuanto a la boliburguesa, vale decir que hajugado un papel nefasto en el impulso del sistemaproductivo, estimulando la subutilizacin de la ca-pacidad instalada de varios segmentos industriales

y frenando la inversin estatal hacia estos, ademsde obstaculizar las iniciativas de control obrero dela produccin, clima favorable para la importaciny posterior sobrefacturacin de materias primas in-dustriales. Este es el caso de empresas como SIDOR,productora de aluminio, y de Bauxilium, que esproductora de bauxita, que han visto disminuir susniveles de productividad; o de TAVSA, productorade tubos de acero, cuya produccin se ha paralizado.Cabe anotar que estos actos bochornosos, que dete-rioran al patrimonio del pueblo venezolano, han sidodenunciados por diversas organizaciones sindicales,adems de los muchos actos de corrupcin al interiorde dichas empresas, as como el incumplimiento delpago de salarios.

Lo anterior arroja evidencias suficientes sobre loslmites de las estrategias de conciliacin con el em-presariado nacional. La actual desestabilizacin dela economa venezolana corresponde al propsito de

Est en juego laposibilidad de

la consolidacinde la RevolucinBolivariana ysu perspectivaestratgica, elsocialismo delsiglo XXI, frente alos embates de la

derecha econmicay poltica, queencarnan el retornodel neoliberalismo,en el escenario deuna intensa luchade clases que seha radicalizado apartir de la muertede Hugo Chvez yla estrecha victoriade Maduro enlas elecciones delmes de abril.



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Nuestra Amrica

debilitar al gobierno, hacindolo ver comoresponsable del desabastecimiento y de lainflacin, que es inducida por el mismodesabastecimiento. El objetivo final es aca-parar la renta petrolera.

Por tanto, del lado de la burguesa slo

se terminar la tentacin de desestabilizarla economa si las medidas del gobiernopermiten una mayor apropiacin de dicharenta o su control definitivo, lo cual resultaespecialmente grave, ya que esta renta le hapermitido al chavismo sostener los avancesen materia de calidad de vida de las clasespopulares, que se expresan, por ejemplo, enla reduccin de la pobreza, que para 1998corresponda al 50,4% de la poblacin,pero que al finalizar 2011 haba disminuidohasta alcanzar al 31,9%, y de la pobreza ex-trema, que pas del 23% al 8% en el mismoperiodo.

Del lado de la clase trabajadora, lo de-seable es la nacionalizacin del comercioexterior, acompaada por una fuerte in-versin de la renta petrolera dirigida haciael desarrollo del sector productivo y del

Tras su liberacin, fue el principal interlocutor del presidente De Klerk para negociar el proceso

de democratizacin. Los dos compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993.http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/08/album/1354995296_071245.html#1354995296_071245_1354998194

control obrero de la produccin, medidasque deben respaldarse en una fuerte ydecidida movilizacin social. Esto, en unescenario de crisis mundial del capitalismoen lo econmico, social, cultural y ambien-tal, en el que Venezuela representa un eje

importante y decisivo de la lucha de clases aescala internacional. La movilizacin mun-dial de los trabajadores sigue avanzando enfranca batalla contra la agudizacin de labarbarie y la destruccin de la vida huma-na, con sus guerras, hambrunas e infamiasde todo orden.

En Venezuela, optar por una opcindiferente a la de fortalecer y movilizar a lostrabajadores equivale a debilitar su poder declase frente a la derecha econmica y pol-tica, exponindolos a la pauperizacin y ladesmoralizacin definitiva. Tal cual comopas en Chile, donde se aplast el gobiernode la Unidad Popular de Allende, y la clasetrabajadora, aparte de desmoralizarse, aca-b baada en sangre ante la arremetida dela derecha de ese pas.



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Nuestra Amrica

Entre las similitudes encontramos un modeloeconmico proteccionista orientado a desarrollar elmercado interno reduciendo su dependencia externa.

Hasta cierto punto, los planteamientos de los gobiernosde Ecuador, Bolivia y Venezuela sobre la necesidad delEstado de controlar los recursos petrolferos y minerostienen afinidades con los de Lzaro Crdenas cuandonacionaliz el petrleo mexicano en 1938 o con los deSalvador Allende cuando hizo lo mismo con el cobrechileno a principios de los aos setenta1.

Pero junto a estas similitudes existen profundasdiferencias en el mbito de la cuestin agraria. Du-

rante los aos treinta y setenta la agricultura y la pro-duccin campesina fueron subordinadas al objetivode la industrializacin por sustitucin de importacio-nes, generando una poltica contraria a los interesesdel campesinado, cuya forma de produccin fueconsiderada un lastre que impeda la modernizaciny el desarrollo. Hoy, por el contrario, el paradigmaque gua la poltica agraria de los gobiernos del BuenVivir es diferente del instaurado bajo el proteccionis-

mo keynesiano.Adems, mientras en el neoliberalismo se presen-

t un proceso caracterizado por la desvalorizacinde los bienes agropecuarios, ahora se presenta unproceso de revalorizacin de las materias primasagropecuarias, hecho que ha generado la expansindel capital sobre la tierra y los recursos naturales. Harenacido, tambin, la vocacin extractivista en variospases latinoamericanos, tanto en los que persisten laspolticas neoliberales como en aquellos con proyectosdisidentes del neoliberalismo2.

1 Gascn, Jordi (2011), Del paradigma de la industrializacinal de la soberana alimentaria? Una comparacin entre losgobiernos nacionalistas latinoamericanos del siglo XX y lospos-neoliberales a partir de sus polticas agrarias. En: Gas-cn, Jordi y MONTAGUT, Xavier (2011), Estado, movimientossociales y soberana alimentaria en Amrica Latina Haca uncambio de paradigma agrario? FLACSO, Sede Ecuador: ICARIA

Editorial: Xarxa de Consum Solidari. Quito, p. 216.2 Rubio, Blanca (2011), Los nuevos rumbos en el agro latino-

Entre sus logros como presidente,

consituy la Comisin para la verdad y

la reconciliacin, pidiendo a su amigo,

el Arzobispo y Premio Nobel de la paz,Desmond Tutu, que la presidiera.http://internacional.elpais.com/internacio-

nal/2012/12/08/album/1354995296_071245.

html#1354995296_071245_1354998194



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En este contexto, despus de ser relegada tanto por el modelo indus-trializador como por el neoliberalismo, en estos gobiernos la cuestinagraria reaparece como un componente clave del modelo econmico.

En sus recientes constituciones polticas y en los posteriores desarrolloslegislativos, tres aspectos caracterizan sus polticas agrarias3:

Primero. La agricultura adquiere un papel central: desarrollo e indus-trializacin ya no constituyen el propsito del modelo econmico; no seaboga por una industria que sustituya la importacin de bienes manufac-turados sino por una industria de transformacin de recursos naturales,como la de hidrocarburos o la de hoja de coca.

Segundo. La produccin campesina, la soberana alimentaria y laagroecologa son valoradas como estrategias oportunas y sostenibles en el

marco de la actual crisis civilizatoria: la poltica agraria busca ser holstica,no se centra slo en la tenencia de la tierra sino en todos los factores queinvolucra la agricultura campesina.

Tercero. La existencia de bases sociales campesinas e indgenas quellevaron al poder y respaldan a estos gobiernos, pero que a la vez vienen

jugando un importante papel crtico en las decisiones gubernamentalesfrente a la conservacin o explotacin de los recursos naturales.

2. El papel del campesinado en las polticas agrarias

En Amrica Latina, durante el siglo XX, se implementaron una seriede reformas agrarias de tipo marginal altamente negativas para el cam-pesinado. Como balance, la nica consecuencia positiva reside en que laformacin de los actuales movimientos sociales de origen campesino eindgena no puede ser comprendida sin las irresueltas reformas agrariasque en parte los origin.

A diferencia del siglo pasado, cuando los movimientos sociales se ar-ticularon alrededor de sindicatos obreros y de organizaciones popularesurbanas, hoy la mayor capacidad de movilizacin poltica se encuentraen las organizaciones de base indgena y campesina4. En efecto, buenaparte de las organizaciones sociales que sustentan los actuales gobiernosde Bolivia y Ecuador estn compuestas por ese tipo de base social. EnVenezuela, por el contrario, las organizaciones campesinas son poco

americano: un debate abierto. En: Ciencias Sociales No. 33, Revista de las carrerasde Sociologa y de Poltica, Universidad Central del Ecuador (2011), Quito, p. 67.

3 Caracterizacin elaborada con base en Gascn, Jordi (2011).

4 Garca Linera, lvaro (2008),La potencia plebeya: accin colectiva e identidades ind-genas, obreras y populares en Bolivia. CLACSO. Buenos Aires.



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Nuestra Amrica

influyentes en la poltica agraria, pues el campesina-do es muy reducido; pese a esto, las polticas agrariascuentan con el apoyo de las principales organizacio-

nes campesinas.En trminos polticos existe algo que caracteriza

el papel del campesinado en el cambio de siglo: desdela revolucin mexicana hasta los aos ochenta, la Re-forma Agraria entendida como simple distribucinde tierras marc el limitado horizonte reivindicativodel movimiento campesino e indgena. Pero, a partirde 1990, el campesinado con o sin tierra, indgena ono dej de ser la masa amorfa que la burocracia del

siglo XX utiliz como base social, imponindole unaagenda poltica ajena a sus intereses, para convertirsehoy en un actor muy propositivo.

3. El carcter contradictoriode las polticas agrarias

Si bien los movimientos sociales han generandoalgunos de los principios ideolgicos de los gobiernosdel Buen Vivir, sus propuestas slo han sido asumi-

das de forma irregular y fragmentada.Los nuevos ordenamientos legislativos no siempre

se materializan en polticas acordes. La Constitucinboliviana, por ejemplo, presenta un carcter contra-dictorio cuando intenta hacer coexistir dos doctrinas

jurdicas opuestas: una liberal y otra indgena. As,en el caso de la propiedad de la tierra, por un lado,fundamenta el carcter inalienable de la propiedadprivada, mientras que por otro esta propiedad aparecesubordinada a la existencia de determinados valoresy fines sociales. La Constitucin tambin acepta laexistencia de propiedades hasta de 5.000 hectreas,lo que es incongruente con la soberana alimentaria.

En Ecuador, la Ley Orgnica de Soberana Ali-mentaria declara al pas libre de cultivos y semillastransgnicas. Sin embargo, Rafael Correa impusouna serie de modificaciones al texto permitiendo laimportacin y procesamiento de materias primasque contengan insumos de origen transgnico. Por

Desde la revolucinmexicana hasta los

aos ochenta, laReforma Agrariaentendida comosimple distribucinde tierras marc ellimitado horizontereivindicativodel movimiento

campesino eindgena. Pero, apartir de 1990,el campesinadocon o sin tierra,indgena o nodej de ser lamasa amorfa quela burocracia delsiglo XX utilizcomo base social,imponindoleuna agendapoltica ajenaa sus intereses,

para convertirsehoy en un actormuy propositivo.



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su parte, la Ley de Explotacin Minera defiende la minera, incluso porencima de preceptos establecidos en la Constitucin del 2008. Mien-tras la Constitucin cierra toda posibilidad a las actividades extractivas

en reas protegidas, en la ley se establecen diversas excepciones que loautorizaran. Esta ley no es ms que la continuacin de una poltica gu-bernamental en defensa de concesiones mineras de empresas extranjerasque afectan gravemente el medioambiente y la soberana alimentaria5.

Quiz una de las explicaciones a la diferencia entre propsitos y re-sultados se encuentre en el hecho de que detentar el control del aparatodel Estado no implica necesariamente tener el poder. El concepto gram-sciano de hegemona es muy til en este caso. Los gobiernos del BuenVivir se hallan en una disyuntiva. Por un lado, estn presionados por las

oligarquas locales con el apoyo internacional de los pases occidentales,que exigen respeto al status quo establecido por el neoliberalismo. Porotro, lo estn por los movimientos sociales que les reclaman ms deci-sin y radicalidad en sus polticas econmicas.

En conclusin, estos gobiernos son fenmenos muy recientes comopara que hayan podido teorizar y consolidar un modelo econmicoalternativo al neoliberalismo. Las polticas agrarias de los gobiernos delBuen Vivir denotan algunas debilidades que no estn exentas de contra-dicciones importantes, como querer conjugar dos modelos mutuamente

excluyentes, la soberana alimentaria y la minera extractiva. Si bienestos pases han asumido uno de los paradigmas ms sobresalientes delmovimiento anticapitalista, como es la soberana alimentaria, an estnen deuda de asumir otros como la ecologa poltica.

Por lo menos en el corto plazo, los gobiernos del Buen Vivir seguirnatendiendo a los criterios desarrollistas debido a la alta dependencia delsector minero y de hidrocarburos, pero bajo una radical diferencia conlos pases neoliberales: mientras en Ecuador, Bolivia y Venezuela el au-mento del precio de las materias primas ha constituido un recurso paraobtener ingresos pblicos y fomentar la inversin social, en los pasesneoliberales estos recursos son utilizados para incrementar las gananciasde empresas transnacionales y aumentar su capacidad de insercin en elmercado mundial.

5 Gascn, Jordi (2010), Nuevos gobiernos nacionalistas latinoamericanos y movi-mientos sociales campesinos. En: Actas del Congreso de reformas agrarias y gestinde los recursos naturales en frica y Amrica Latina. En: www.academia.edu



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Nuestra Amrica

Nelson Mandela celebra su cumpleaos 89 rodeado de nios del Fondo

Nelson Mandela para la Infancia, en Johannesburgo.http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/08/album/1354995296_071245.html#1354995296_071245_1354998194



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His

toriaymemoria

1513-2013:

Cinco siglos de des-memoriaspanameas en el avistamientoeuropeo del Ocano Pacfico

Frank Molano Camargo

HistoriadorDocente AsociadoUniversidad Distrital Francisco Jos de Caldas

PresentacinLos Incas lo denominaron mamaqucha, representaba el submundo

sobre el que se alzaba la mamapacha. El Inca Tpac Yupanqui, lo navegsiguiendo las corrientes marinas y lleg hasta Oceana. A lo largo dela costa pacfica del incario florecieron puertos y comercios. Los Mayaslo nombraban en lengua nhuatl tppquiltiliztli ilhuicatl: Tambineran excelentes navegantes, tanto en este ocano como en el Caribe. Ylos Gunas o Kunas ancestrales conocan los dos mares, los navegabane intercambiaban tradiciones y objetos con otros pueblos de AbyaYala.Mil aos antes del descubrimiento europeo, el denominado Ocano

La casa de este encontr Vasco llena de nefandavoluptuosidad: hall al hermano del cacique

en traje de mujer, y a otros muchos acicaladosy, segn testimonio de los vecinos, dispuestos ausos licenciosos. Entonces mand echarles los

perros, que destrozaron a unos cuarenta.

Pedro Mrtir de Anglera



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Historia y memoria

Pacfico permiti intercambios entre pueblos poli-nesios, mesoamericanos y suramericanos. Para estassociedades este mar era parte de su cotidianidad, de su

sobrevivencia, de su orden simblico y de sus modosde produccin.

Durante las conmemoraciones del V Centenario,indgenas cuna de Panam, le reclamaron al gobiernode Ricardo Martinelli que incluyera en las ceremoniasel nombre de Bab Giakwa conocido tambin comoPtanguiaco o Panquiaco, indgena cuna quien le dijoa Balboa de la existencia de otro mar, lo que permi-ti que el 25 de septiembre de 1513, los espaoles se

atribuyeran el descubrimiento de este ocano al quenombraron como el gran lago espaol.

500 aos despus las conmemoraciones de esteepisodio se organizaron tanto en Panam como en Es-paa, en un contexto geopoltico de nuevas dinmicasde globalizacin imperialista, en las que los monopo-lios capitalistas espaoles y el gobierno neoliberal yneocolonial de Panam instalan una memoria oficialque entrelaza el mito de Balboa, el proyecto imperial

europeo y la conversin de Panam en plataforma dela logstica del imperialismo.

El Mar del Sur como mito fundacionalpanameo y Vasco Nez de Balboa comomatriz cultural de la nacin neocolonial

Toda conmemoracin implica un uso poltico delpasado para justificar el presente, y las conmemora-ciones de 2013 del V Centenario del Descubrimientodel Ocano Pacfico no han sido una excepcin.Convertir en recuerdo hegemnico el descubrimientoespaol del Mar del Sur se relaciona con el proyectode las clases dominantes de hacer de Panam unaplataforma logstica del comercio imperialista y pa-raso fiscal, en pleno auge del escenario mundial Asia-Pacfico, al que se le suma un megaproyecto que seinaugurar pronto para la ampliacin del Canal.

Vasco Nez de Balboa, el aventurero de la Ex-tremadura espaola termin convertido, por obra de

Este activismo,que convoca a

polticos, magnatesy acadmicos,hace parte deuna estrategiaimperialista mediantela cual la UninEuropea buscaapuntalar a Espaa

como cabeza depuente en AmricaLatina. As que elneocolonialismocultural que impulsanel Instituto Cervantes,la industria editorialespaola, quepone la agendaa los escritoreslatinoamericanos,el grupo PRISA y elproyecto educativode Santillana hacenparte de un proyecto

de moldeamientoideolgico, queva de la manocon la crecientepresencia de lasotras multinacionalesdel pas ibrico enAmrica Latina.



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la hagiografa liberal-conservadora del sigloXX panameo y la clase dominante emergi-da del I Took Panamade 1903, en el hroe

nacional y en el vehculo de construccin dela invencin de una nacin. Al sanguinarioespaol que disfrutada de las cabalgadaso aperreamientos que tras sus rdenes eje-cutaba su fiel compaero Leoncico, perroentrenado para despedazar indgenas, se letransform en un visionario explorador quecon el descubrimiento del Ocano Pacficofund la modernidad capitalista y defini

el futuro de la clase dominante panamea,zona de trnsito de las mercancas capitalis-tas, completando la obra de Coln y Maga-llanes.

Durante el siglo XX se lleg a decir queBalboa fue el primer panameo, nacido enEspaa. Este mito se reiter por diferentesvas: Balboa es el puerto del canal en el Pa-cfico, una de las mximas condecoraciones

patrias, la moneda nacional, el nombre delas principales avenidas de las ciudades y lacerveza popular famosa desde 1910. Otroelemento de la identidad nacional de la clasedominante que busca sus races en el mito deBalboa es su fama de diplomtico y organi-zador de las anrquicas tribus salvajes quehabitaban el istmo. Para esto, tales historia-dores se inventaron la figura indgena feme-nina de Anayansi, quien inaugura el destinoque se le exige hoy a la indiada sobreviviente:por amor y visin de futuro, abrazar la causadel internacionalismo capitalista.

Segn se sabe, el teatro de operacionesde Balboa tena como base Santa Mara la

Antigua, territorios que hoy son parte deColombia. Cuando cruz el istmo en 1513todava no se haba fundado la ciudad de Pa-nam. Ello fue obra, en 1519, de otro sdico

conquistador, Pedrarias Dvila, quien habaenjuiciado y decapitado a Balboa el aoanterior.

Panam surge como neocolonia en 1903,

al separarse de Colombia con apoyo de losEstados Unidos, y necesitaba un prcer queen el imaginario colectivo ligara la identidadnacional al proyecto imperialista y rompieracon los hroes del odiado siglo XIX pana-meo: Vasco Nez de Balboa fue el elegidoya desde 1913, cuando se conmemor el IVCentenario del descubrimiento del OcanoPacfico como parte de las ceremonias fun-dadoras de la nueva nacin.

La conmemoracin espaolay la conmemoracinpanamea del V Centenario: lageopoltica de la memoria

En Espaa, la Universidad de Sevilla, laEscuela de Estudios Hispano-Americanos,el Archivo General de Indias, la Funda-cin Iberoamericana para el Fomento de



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Historia y memoria

la Cultura y Ciencias del Mar (FundacinFO-MAR), la corona espaola y variasmultinacionales, como BBVA y MAPFRE,

organizaron las conmemoraciones del VCentenario, se realizaron exposiciones y ru-tas tursticas bajo el lema del Ao Balboainiciado en septiembre de 2012. Este acti-vismo, que convoca a polticos, magnatesy acadmicos, hace parte de una estrategiaimperialista mediante la cual la UninEuropea busca apuntalar a Espaa como ca-beza de puente en Amrica Latina. As que

el neocolonialismo cultural que impulsanel Instituto Cervantes, la industria editorialespaola, que pone la agenda a los escritoreslatinoamericanos, el grupo PRISA y el pro-yecto educativo de Santillana hacen parte deun proyecto de moldeamiento ideolgico,que va de la mano con la creciente presenciade las otras multinacionales del pas ibricoen Amrica Latina.

La estrategia europea para reconquistara Latinoamrica se dise como respuesta ala firma del TCLAN en 1994, en el que loseuropeos perdieron el mercado mexicano.En 1995 el Consejo Europeo produjo el do-cumento Unin Europea - Amrica Latina,actualidad y perspectivas del fortalecimien-to de asociacin 1996-2000, que desdeentonces busca acuerdos bilaterales de librecomercio con las naciones latinoamericanasy caribeas, con un supuesto discurso decapitalismo humanitario, diferenciado delnorteamericano. Desde entonces vivimosun acelerado proceso de privatizacin-extranjerizacin tanto del sistema financierocomo de las infraestructuras de serviciospblicos domiciliarios latinoamericanos afavor de multinacionales espaolas, comoTelefnica, Endesa, Aguas de Barcelona,

Iberia, BBVA, Banco Santander, Repsol eIberdrola, entre otras, que han convertido aEspaa en el segundo pas inversor en Am-rica Latina despus de Estados Unidos.

En ese sentido se debe entender la eu-foria espaola por conmemoraciones comoel Bicentenario de la Independencia y el VCentenario del descubrimiento del OcanoPacfico. Un ejemplo de ello ha sido la RutaQuetzal diseada por el monopolio BBVA,avalada por la Unin Europea y declarada deinters universal por la UNESCO. Aunquese inicia en 1979 presentada bajo el ropajecultural de mostrar a los jvenes de los pasesparticipantes las maravillas de la cultura ylas civilizaciones iberoamericanas, as comosus aspectos comunes y sus contrastes conEspaa, cobra importancia desde 1992como programa de adoctrinamiento para

justificar histricamente el Descubrimien-to de Amrica por Europa, Ruta financiadadesde ese ao por el BBVA.



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En la 28. versin 2013 de la Ruta Quetzal BBVA, denominada Dela Selva del Darin a la Europa de Carlos V. La Gran Aventura del

Descubrimiento del Mar del Sur, participaron 225 jvenes (entre ellos 6

colombianos, incluidos dos indgenas: uno Ember y otra Way

Revista Izquierda N°40, diciembre de 2013

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