Revista Izquierda n.50 noviembre de 2014

Conflicto y solucin poltica Los acuerdos de la Habana: Escenarios para la construccin de paz Subversiones intelectuales De la libertad y la autonoma universitaria modernaBatalla de ideas El eterno retorno del NOBELiberalismo:

Jean Tirole y el nuevo neoliberalismo El lenguaje neoliberal en la educacin

Nuestra Amrica Yo s leer: Vida y muerte en Guerrero La dcada lixiviada. Postales

deSan Juan, elgigante minero con pies de barro Historia y memoria Cambio de poca:

A 25 aos de la cada del Muro de Berln La RDA: Otra mirada 25 aos despus Editorial

Consolidar la perspectiva de la solucin poltica

N 50 Noviembre / 2014 bogot, Colombia issN- 2215-8332

Jairo Estrada lvarez DirectorJess Gualdrn Sandoval Jefe de redaccin

lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel, Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin

Espacio Crtico EdicionesPublicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332N 50, Noviembre de 2014. Bogot, Colombia

Todo el contenido de esta publicacin puede

reproducirse libremente, conservando sus crditos.

Conflicto y solucin poltica

4Los acuerdos de la Habana: Escenarios para la construccin de pazCarolina Jimnez M.

Subversiones intelectuales

12De la libertad y la autonoma universitaria modernaRicardo Snchez ngel

Batalla de ideas

20El eterno retorno del NOBELiberalismo:Jean Tirole y el nuevo neoliberalismoJos Francisco Puello-Socarrs

28 El lenguaje neoliberal en la educacinRenn Vega Cantor

Nuestra Amrica

36 Yo s leer: Vida y muerte en GuerreroJuan Villoro

42La dcada lixiviada. Postales deSan Juan, elgigante minero con pies de barroDbora Cerutti, Lucas Christel

Historia y memoria

50Cambio de poca: A 25 aos de la cada del Muro de BerlnAtilio A. Born

56 La RDA: Otra mirada 25 aos despusJess Gualdrn

Editorial

62Consolidar la perspectiva de la solucin polticaJairo Estrada lvarez

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Los acuerdos de La Habana: escenarios para la construccin de paz

Carolina Jimnez M.

Profesora Universidad Nacional de Colombia

La reciente divulgacin de los borradores de los acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP denota la madurez poltica del proceso y permite identificar los esce-narios de posibilidad que de stos se desprenden para avanzar hacia la construccin de la paz. En efecto, lo hasta ahora acordado en los temas de tierras, participacin y drogas abre espacios para transitar hacia la resolucin tanto de situaciones histricas de exclusin y marginalidad de las poblaciones rurales, como de criminalizacin y negacin sistemtica de formas de organizacin poltica alternativas.

En este sentido, las postnegociaciones se configuran como un campo importante de disputa para el movimiento social y popular colombiano, en tanto implican, por una parte, un momento crucial para exigir el cumplimiento y la materializacin de lo acordado entre la insurgencia y el Estado, y, por la otra, se perfilan como un escenario estratgico para el reconocimiento y posicionamiento de las agendas de paz que han construido los sectores sociales populares.

Acontecimientos de PazTres acontecimientos recientes sobre el proceso de paz en La Habana

permiten valorar los avances sustanciales de ste y afirmar los escenarios de posibilidad que se abren con los acuerdos para avanzar hacia la cons-truccin de la paz. stos son:

_4 Volver a contenido


La divulgacin de la totalidad de los borrado-res conjuntos de lo acordado hasta el momento en la Mesa de Conversaciones referidos a los puntos 1. Reforma Rural Integral, 2. Parti-cipacin poltica: Apertura democrtica para construir la paz, y 4. Solucin al Problema de las drogas ilcitas. En stos se establece una serie de principios que permiten transitar ha-cia la construccin de una paz territorial. De manera especial se destaca el reconocimiento tanto a las formas alternativas de organizacin y gestin del territorio, como a los procesos de organizacin poltica de carcter popular.

La llegada a La Habana del denominado comando guerrillero para la normalizacin, el cual est compuesto por reconocidos jefes militares del grupo insurgente1, quienes harn parte de la subcomisin tcnica que abordara los temas referidos al cese al fuego y el fin del conflicto. La presencia de estos jefes militares contribuye a poner frenos a las crecientes espe-culaciones de grupos dominantes opositores al proceso, sobre las fracturas existentes al inte-rior de las FARC-EP, entre los denominados sectores poltico y militar de la insurgen-cia. Las discusiones sobre este punto ponen en el horizonte la posibilidad de que la sociedad colombiana dinamice la confrontacin social y poltica sin apelar al uso de lo armado.

1 Pastor Alape y Carlos Antonio Losada del Secretariado de las FARC, Isaas Trujillo, Rubn Morro, Pacho Chino, Walter Mendoza, integrantes del Estado Mayor Central, y otros in-surgentes, como Romaa, Erica, Matas, Isabela, Mirella, Milena, Mayerli, Sami, Lenidas, Eduardo, Pablo Atrato y Gabriel.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_mill

N 50, Noviembre de 2014 Bogot, Colombia Contenido

El reconocimiento de la responsabilidad guerrillera frente a las vctimas del conflicto2, manifestado por la delegacin de paz de las FARC-EP el pasado 30 de octubre. Este pronunciamiento denota la voluntad poltica del grupo insurgente por recoger los reclamos y propuestas que las organizaciones de vctimas han puesto en diversos escenarios, as como su compromiso en el desarrollo de un proceso de reconciliacin, reparacin y reconstruccin social.

Los enemigos del proceso de PazPese a la importancia que encaran los acontecimientos sealados para

la construccin de la paz, es claro, que la fraccin ms recalcitrante de las clases dominantes ha pretendido sistemticamente poner frenos al proceso y desplegar una diversidad de estrategias que imposibiliten el reconocimiento de procesos sociales y polticos de carcter territorial que han encontrado eco en los dilogos de La Habana.

Entre las estrategias ms recientes se destaca el debate impulsado en las ltimas semanas por el puro Centro Democrtico, en cabeza del senador lvaro Uribe, en torno a las mal llamadas 68 Capitulaciones de Santos al terrorismo. Mediante el documento que las contiene se

2 En el comunicado de prensa N. 37 las FARC-EP sealan: Como fuerza poltico- militar beligerante en el conflicto social y armado desarrollado en Colombia desde hace ms de 50 aos, es evidente que hemos intervenido de manera activa y hemos impactado al adversario y de alguna manera afectado a la poblacin que ha vivido inmersa en la guerra. Nos hacemos expresamente responsables de todos y cada uno de los actos de guerra ejecutados por nuestras unidades conforme a las rdenes e instrucciones im-partidas por nuestro mando y asumimos sus derivaciones. Somos conscientes de que no siempre los resultados de nuestras acciones han sido los previstos o esperados por las FARC-EP, y asumimos sus consecuencias como no puede ser de otra manera. Las FARC-EP asumiremos responsabilidad en lo que nos concierna

Lo hasta ahora acordado en los temas de tierras, participacin y drogas abre espacios para transitar

hacia la resolucin tanto de situaciones histricas de exclusin y marginalidad de las poblaciones rurales,

como de criminalizacin y negacin sistemtica de formas de organizacin poltica alternativas. De ah

la importancia de defender contra los enemigos de la paz lo que se est construyendo en La Habana.



pretende descalificar y generar un temor en la sociedad colombiana frente a lo all acordado. Entre los argumentos ms problemticos y mentirosos que soportan el documento en mencin se destacan:

1) La afirmacin de que la Mesa de conversaciones parte del presu-puesto de que la tierra es ilimitada. Los acuerdos en el punto uno hablan de la necesidad de realizar una verdadera transformacin estructural del campo, de la importancia de la promocin de un uso adecuado de la tierra, as como de estimular la formalizacin, restitucin y distribucin equitativa. No obstante, ni implican una real reforma agraria ni ponen en cuestin la propiedad pri-vada formal. Las fuentes de tierras que alimentaran el Fondo de Tierras son definidas con claridad en el punto 1.1.

2) El acuerdo pone en una situacin de no garanta jurdica a todo el territorio nacional. Con este elemento se pretende desvirtuar los procesos de formalizacin, restitucin y distribucin equitativa de la tierra. El acuerdo es enftico en sealar que en el marco de la jurisdiccin agraria que se cree, el gobierno se asegurar de la existencia de un recurso gil y expedito para la proteccin de los derechos de propiedad.

3) El acuerdo impulsara el congelamiento del mercado de tierras en el pas. El temor de la derecha reaccionaria que representa Uribe radica en que las tierras adjudicadas en el marco del proceso de paz sern inembargables e inalienables durante 7 aos, lo cual re-presentara una imposibilidad para ser mercantilizadas y feriadas por la agroindustria y la estructura criminal del paramilitarismo. Justamente el acuerdo pretende con esta medida evitar la concen-tracin de la tierra distribuida, situacin que de manera soterrada se ha venido dando en la altillanura y que qued evidenciado con el escndalo de Rio Paila y la llamada ley Urrutia que pretende legalizar la acumulacin de baldos.

4) La aseveracin de que las Zonas de Reserva Campesina son una retaguardia estratgica de las FARC, las cuales se convertiran en corredores geoestratgicos para la movilizacin militar, de trfico de armas, drogas, contrabando, adems del adoctri-namiento de las comunidades que hagan parte de ellas. Esta afirmacin desconoce el carcter histrico y sociopoltico de los


movimientos socioterritoriales que las han constituido. La figura de las ZRC tiene su esencia en el reconocimiento estatal de las luchas agrarias que se han desarrollado histricamente en el pas. La ZRC expresa la identidad territorial campesina y una esperan-za de vida digna para los campesinos y sus descendientes.

5) La constitucin de circunscripciones especiales a la Cmara se constituyen en una gabela a la insurgencia. Esta argumentacin desconoce los impactos territoriales diferenciales que ha tenido el desarrollo del conflicto armado en las diferentes regiones del pas. En ese sentido, cierra la posibilidad al reconocimiento de formas de reparacin y fortalecimiento de los procesos polticos con enfoque territorial.

6) Colombia es una democracia, amplia, pluralista y participativa. Esta afirmacin implica una negacin de las condiciones reales existentes bajo las que se reproduce el sistema poltico colom-biano. Esto es, prcticas sistemticas de criminalizacin de la protesta social y el pensamiento crtico y la configuracin de un sistema electoral gamonal y clientelar que se apoya en estructuras criminales armadas, entre otros elementos que denotan la fragili-dad del proceso democrtico en Colombia.

Aunado a estos elementos, encontramos, entre otras de las estrate-gias desplegadas por esta fraccin reaccionara de la clase dominante, los seguimientos ilegales por parte de la inteligencia militar a diferen-tes actores involucrados con el proceso de paz. La reciente denuncia de la Revista Semana sobre la lista de 500 correos electrnicos de personal de la oficina del Alto Comisionado de paz, periodistas, polti-cos, diplomticos, oenegs y lderes sociales populares, ejemplifica esta cuestin. En el mismo sentido se destacan los ataques sistemticos del procurador Alejandro Ordoez contra el proceso, en especial, contra los procedimientos que permitieron el viaje a La Habana de los insur-gentes que haran parte de la subcomisin tcnica pare el cese al fuego y el fin del conflicto. Y, finalmente, podramos destacar los ataques sistemticos contra los lderes del movimiento popular por parte de los grupos paramilitares.



http://mexico.cnn.com/mundo/2010/11/17/bp-no-percibio-errores-claves-antes-de-derrame-reporte


Acuerdos y escenarios de posibilidad para la construccin de la paz

Los documentos divulgados por la Mesa de conversaciones en La Habana el pasado 24 de septiembre permiten reconstruir algunos com-ponentes fundamentales para avanzar hacia la construccin de la paz. Entre otros, destacamos los siguientes:

Avances para una transformacin estructural del campo. Entre los elementos que la haran posible se destacan: i) Uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocacin, esto con el propsito de construir un ordenamiento socioambiental sostenible; ii) acceso progresivo y democrtico a la tierra para los pobladores rurales; iii) la erradicacin de la pobreza; iv) nuevas modalidades de articulacin urbano-rurales; v) reconocimiento de la diversidad social y cultural en el campo, en especial, del papel protagni-co de la economa campesina, familiar y comunitaria para el desarrollo territorial; vi) promocin de formas de participacin comunitarias para la orientacin de una reforma rural integral, y vii) reconocimiento y apoyo a formas de organizacin territorial alternativas de carcter comunitario, como son las Zonas de Re-serva Campesina3.

Ampliacin y cualificacin democrtica. Entre los componentes que se abriran a partir de los acuerdos se destacan: i) Apoyo ins-titucional para el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario poltico; ii) garantas para la participacin y la inclusin social y el ejercicio de la oposicin; iii) proscripcin de la violencia como mtodo de accin poltica; iv) fortalecimiento de las organiza-ciones y movimientos sociales; v) robustecimiento de espacios de participacin; vi) distribucin ms equitativa de los recursos pblicos; vii) garantas para la movilizacin y participacin ciu-dadana en los asuntos de inters pblico; viii) inclusin poltica de territorios y poblaciones ms afectadas por el conflicto, y ix) garantas para que las organizaciones alzadas en armas se consti-tuyan en movimientos polticos4.

3 Ver Borrador punto 1:https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Bo-rrador%20Conjunto%20-%20%20Pol%C3%ADtica%20de%20desarrollo%20agrario%20integral.pdf

4 Ver Borrador punto 2:https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador%20Conjunto%20-%20Participaci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica.pdf



Solucin al problema de las drogas ilcitas: Esta solucin vincula cultivos de uso ilcito, produccin y comercia-lizacin de drogas. Se propone, entre otras cosas: i) Abordar el consumo como un enfoque de salud pblica; ii) intensificacin de la lucha contra organizaciones criminales dedicadas al narcotrfico; iii) la poltica de solucin del problema de las drogas debe reconocer los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, y iv) promover procesos alternativos y concertados de sustitucin de culti-vos de uso ilcito5.

5 Ver Borrador punto 4: https://www.mesade-conversaciones.com.co/sites/default/files/Borra-dor%20Conjunto%20-%20Soluci%C3%B3n%20al%20problema%20de%20las%20drogas%20il%C3%ADcitas.pdf

Algunos de los elementos sealados recrean las demandas histricas del movi-miento social popular colombiano. Por tal razn, pese a que sectores del movimiento social popular no se sientan representados por ninguno de los actores en la Mesa de conversaciones y, en consecuencia, con-sideren que sus agendas no han sido lo suficientemente valoradas, es claro que de estas negociaciones se pueden desprender elementos sustanciales para la construccin de la poltica y lo poltico desde otro lugar. De ah la importancia de defender contra los enemigos de la paz lo que se est cons-truyendo en La Habana.

http://amazonwatch.org/news/2014/0127-severe-oil-contamination-found-in-the-largest-national-reserve-in-peru


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De la libertad y la autonoma universitaria moderna

Ricardo Snchez ngel

Decano de la Facultad de Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia

La Carta Poltica de 1991 elev a canon constitucional la liber-tad de ctedra. Lo hizo de manera general y universal, para todos los aparatos educativos, no solo para la universidad. El artculo 27 establece: El Estado garantiza las libertades de enseanza, apren-dizaje, investigacin y ctedra. As, la libertad de ctedra viene a ser un elemento que se vincula con las pedagogas y la investigacin bajo el primado de la libertad.

La educacin y la cultura obtuvieron una presencia notable en el ordenamiento constitucional a travs de un amplio espectro de temas. Lo cultural-educativo permea la Carta de acuerdo con concepciones modernas que le dan a la libertad de ctedra una contextualizacin dinmica y amplia. El primer elemento es que la educacin ya no se concibe como una etapa generacional sino como una actividad perma-nente, teniendo en cuenta el criterio del Informe Delors, La Educacin encierra un tesoro: La comisin se ha hecho eco de otra utopa: la so-ciedad educativa basada en la adquisicin, la actualizacin y el uso de los conocimientos. Estas son las tres funciones que conviene poner de relieve en el proceso educativo. Mientras la sociedad de la informacin se desarrolla y multiplica las posibilidades de acceso a los datos y a los hechos, la educacin debe permitir que todos puedan aprovechar esta informacin, recabarla, seleccionarla, ordenarla, manejarla y utilizarla1.

1 Informe de la investigacin presidida por Jacques Delors: La Educacin encierra un tesoro. Presentado a la UNESCO. Ed. Santillana - UNESCO. Madrid, 1996.



La libertad de ctedra es tambin acceso a la in-formacin y comunicacin en todos los rdenes de la revolucin de las comunicaciones. Es, asimismo, el derecho a tener revistas, peridicos, computadores en redes, cine, televisin, radio y tener acceso a tales medios en la sociedad. El contrapunteo y el debate intelectual son indispensables en la formacin de la opinin pblica y en la educacin permanente.

La Constitucin consagr la conquista del Estado y la educacin laicos, una anhelada aspiracin de los colombianos, lo cual es condicin para la formacin libre en las ciencias y las artes, en la formacin profe-sional, con espritu crtico. Seal, adems, una ma-yora de edad para las comunidades educativas, como comunidades activas capaces de generar propuestas curriculares y de gestin escolar2.

Para la universidad, la Carta de 1991 represent la entrada a la edad ilustrada en materia de la autono-ma, libertad de ctedra y educacin laica. De igual manera, se abri paso el criterio democrtico en la conformacin de su gobierno y el ejercicio de los de-rechos polticos, asuntos estos todava por completar.

El artculo 69 de la Carta Poltica de 1991 dice:

Se garantiza la autonoma universitaria. Las uni-versidades podrn darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.La ley establecer un rgimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecer la investigacin cientfica en las universidades oficiales y privadas y ofrece-r las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educacin superior.

2 Ricardo Snchez: Introduccin a la Ley General de Educacin (Ley 115 de 1994). Ed. Instituto para el Desarrollo de la De-mocracia Luis Carlos Galn. Bogot, 1994.

Deforestacin Selva amaznica

https://www.flickr.com/photos/leoffreitas/447615602


En otras palabras, la autonoma es en Colombia un derecho con poder constitu-cional y que tiene desarrollo en la ley 30 de 1992, en su artculo 28. Las universidades estatales u oficiales tienen el carcter de en-tes universitarios autnomos con rgimen especial y gozan de personera jurdica, au-tonoma acadmica, administrativa y finan-ciera, patrimonio independiente y pueden elaborar y manejar su presupuesto. El ca-rcter especial comprende la eleccin de sus directivas, la seleccin del personal docente y administrativo, su sistema estatal, el rgi-men financiero, el rgimen de contratacin y de control fiscal. Tambin formular sus estatutos propios y reglamentos: el general, el orgnico, el docente, el estudiantil, el de bienestar, el de personal administrativo, el disciplinario, el de contratacin, el de con-trol interno, el de escalafn docente y todos los que requiera para su funcionamiento.

Adems, est en concordancia con el artculo 68 de la Constitucin, donde es-tablece: La comunidad participar en la direccin de las instituciones de educacin. Sobre esto, la Sentencia C-829 de 2002 de la Corte Constitucional:

De igual modo se precisa por la corte que la autonoma universitaria ha de entenderse en armona con lo preceptuado por el artculo 68 de la Constitucin en cuanto en l se establece que la comunidad educativa participar en la direccin de las instituciones de educacin. Es decir, que la autorregulacin que a las universidades garantiza el artculo 69 de la carta no podr, en ningn caso prescindir de quienes integran la

No siempre las autoridades universitarias,

y en primer lugar los rectores, pero tampoco

los profesores, estudiantes y trabajadores, hemos

sabido defender y ampliar creativamente la autonoma universitaria.

Es necesaria una autocrtica, que permita en esta hora de debate

nacional enfrentar los desafos que implican las

pretensiones de someter la Universidad Nacional a los dictmenes de los modelos

de financiarizacin, en detrimento de la

calidad, la investigacin y el ejercicio pleno de

las libertades, limitando su autonoma.



comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal administrativo), y, en cambio, ser indispensable establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida acadmica y administrativa de la universidad, as como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros3.

La Universidad Nacional de Colombia, mediante el decreto presidencial 1210 de 20 de junio de 1993, estableci su rgimen orgnico especial, el cual seala funciones especficas en el desarrollo de la unidad nacional, el patrimonio cultural, natural y ambiental, el cono-cimiento en las ciencias, las tcnicas, las artes, las humanidades, la filosofa, la prevalencia de la conciencia crtica, la formacin en valores democrticos y en los derechos humanos, la educacin internacional, su independencia en la formulacin, anlisis y propuestas a la solucin de los problemas nacionales, el asesoramiento al Estado con autonoma acadmica y administrativa y todo aquel que se deriva de sus fines.

El artculo 4 enfatiza la autonoma al sealar que tendr plena independencia. Asimismo, el artculo 3 establece el rgimen de esa autonoma, el cual reitera la capacidad de dictar sus propias normas y reglamentos, que se derivan de su capacidad de tener personera jurdica, patrimonio y rentas propias, gobernarse y designar sus propias autoridades.

3 Sentencia C-829/02. Expediente D-4003. Pgina 8-9. En lnea en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sis-jur/normas/Norma1.jsp?i=7589

http://www.t13.cl/noticia/actualidad/la-otra-cara-de-brasil-las-imagenes-aereas-de-la-deforestacion-del-bosque-del-amazonas


La constitucionalidad de la Ley 30 en materia de Autonoma Universitaria y del de-creto presidencial 1210 de 1993 fue decidida por la Corte Constitucional en la sentencia anteriormente citada. Concluye la Corte:

Resulta entonces, que el rgimen disciplinario de las universidades no sustituye a la ley, queda comprendido dentro del estatuto que para profe-sores, estudiantes o personal admi-nistrativo se expida en ejercicio de la autonoma universitaria conforme al artculo 69 de la Carta, en armona con el Cdigo Disciplinario nico como ya se expres y sin que pueda expandirse ni aquella ni ste para que el resultado sea la mutua inocuidad de sus normas.

Por ello, se tiene que las normas disciplinarias internas de cada univer-sidad pueden ser expedidas por ellas,

atendiendo su especial naturaleza, su especificidad, sus objetivos y su misin educativa, sin que esa capacidad de autorregulacin que la Constitucin garantiza a las universidades signifi-que autorizacin para actuar como rganos de naturaleza supraestatal, con una competencia funcional limi-tada que desborde los postulados ju-rdicos sociales o polticos que dieron lugar a su creacin o que propendan mantener el orden pblico, preservar el inters general y garantizar el bien comn (C-220 de 1997, magistrado ponente Fabio Morn Daz).

As las cosas, la expresin rgimen disciplinario contenida en las dis-posiciones acusadas de la Ley 30 de 1992 y del Decreto 1210 de 1993, no resultan inconstitucionales, sino, por el contrario acordes con la Carta Pol-tica dndole aplicacin al principio de

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armonizacin de sus disposiciones, para que no pueda desconocerse el contenido normativo del artculo 69 de la Carta, ni tampoco el de los artculos 6, 123, 124, 150-2 y 209 del mismo Estatuto Fundamental, pues lo que resulta indispensable es que puedan tener pleno desarrollo las normas que garantizan a las uni-versidades actuar como un foro de carcter democrtico participativo y pluralista en un Estado social de derecho, sin que desborde en nin-gn caso los lmites impuestos por la Carta, lo que no resulta incompatible con el adecuado y correcto funciona-miento de la administracin pblica, ni con el actuar de sus servidores conforme a la ley.

[] Resuelve:

Declarar EXEQUIBLES los artculos 75, literal d), y la expresin rgimen disciplinario del personal adminis-trativo, de la Ley 30 de 1992; y la expresin rgimen disciplinario del artculo 26 del Decreto 1210 de 1993, en los trminos expuestos en esta sentencia.

As las cosas, el rgimen disciplinario que se le debi aplicar al profesor Miguel ngel Beltrn es el de la Universidad Na-cional, y no el de la Procuradura, aunque el procurador puede emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero espe-cial (Constitucin Poltica de Colombia, Artculo 278, numeral 2). Lo cual delimita

que la funcin constitucional del procu-rador de ejercer preferentemente el poder disciplinario no es absoluta y que debe respetar los regmenes especiales.

La Universidad Nacional ha aplicado su rgimen de autonoma en medio de difciles circunstancias derivadas del orden social y poltico y sus recurrentes crisis, que a veces debilitan su ejercicio creativo y pleno. Estas incluyen, entre otras, las dramticas limitaciones presupuestales, la creciente ola privatizadora de la educacin aupada por las polticas de los organismos internacionales de crdito y finanzas, las presiones de la economa de mercado, y las sistemticas campaas de descrdito por circunstancias de violencia, cuyas causalidades son ajenas a la Universidad y que se viven en distintos escenarios de la geografa nacional, pero que los grandes medios de comunicacin focalizan en la universidad pblica.

http://www.t13.cl/noticia/actualidad/la-otra-cara-de-brasil-las-imagenes-aereas-de-la-deforestacion-del-bosque-del-amazonas


No siempre las autoridades universi-tarias, y en primer lugar los rectores, pero tampoco los profesores, estudiantes y tra-bajadores, hemos sabido defender y ampliar creativamente la autonoma universitaria. Es necesaria una autocrtica, que permita en esta hora de debate nacional enfrentar los desafos que implican las pretensiones de someter la Universidad Nacional a los dictmenes de los modelos de financiariza-cin, en detrimento de la calidad, la investi-gacin y el ejercicio pleno de las libertades, limitando su autonoma. Hay que tomar conciencia: la educacin est, como la socie-dad, en profunda crisis, vive los embates del neoliberalismo y el autoritarismo. Y con ello estn en riesgo sus conquistas.

La movilizacin estudiantil del ao 2011, que enfrent el proyecto de ley regre-sivo, propuesto por el Gobierno nacional, puso en evidencia la necesidad, tal como lo demandaron los jvenes, de una nueva ley de Educacin Superior, que conserve el ncleo duro de la autonoma y de la libertad de ctedra, y a la vez ample la democracia, el sistema social de financiacin de la edu-cacin que desmonte las perversas polticas de privatizacin, la creacin de un sistema de bienestar universitario de carcter nacio-nal, no asistencialista y digno, articulando los estudiantes como sujetos de ciudadana poltica y social plenas.

El rgimen disciplinario que se le debi aplicar

al profesor Miguel ngel Beltrn es el de la Universidad Nacional, y

no el de la Procuradura, aunque el procurador

puede emitir conceptos en los procesos disciplinarios

que se adelanten contra funcionarios sometidos

a fuero especial. Lo cual delimita que la

funcin constitucional del procurador de

ejercer preferentemente el poder disciplinario

no es absoluta y que debe respetar los

regmenes especiales.



http://larevolucionseminal.blogspot.com/2014/02/amazonia-etnias-ecologia-e-imperialismo_21.html


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El eterno retorno del NOBELiberalismo: Jean Tirole y el nuevo neoliberalismo

Jos Francisco Puello-Socarrs

Universidad Nacional de San Martn (UNSAM - Argentina)Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas (FISyP - Argentina)

El francs Jean Tirole es el nuevo Premio Nobel en Economa 2014. Tirole es doctor en economa del Instituto Tecnolgico de Massachussetts (MIT), catedrtico y director de la emergente Escue-la de Toulouse, galardonado segn justifica el Banco Central Sueco, autoridad encargada de seleccionar al ganador por haber contribuido en el anlisis de la potencia del mercado y de la regulacin, destacando que la mejor regulacin o poltica en materia de competencia debe ser cuidadosamente adaptada a las condiciones especficas de cada sector. Jean Tirole ha presentado un marco general para concebir esas polticas y las ha aplicado a diversos sectores, que van desde las telecomunicaciones a la banca.

En otras oportunidades me he referido al Nobel en Economa como el NOBELiberalismo (Puello-Socarrs 2009a: http://bit.ly/1fU1iCH y 2012: http://bit.ly/1yr9Mv9) para registrar el hecho de que durante las ltimas dcadas este galardn se otorga estrictamente a los opera-dores intelectuales de la ideologa y el pensamiento neoliberales, sean stos economistas, matemticos o fsicos!; incluso, tal y como sucedi en 2009, excepcionalmente cientistas polticos, como es el caso de la hayekiana Elinor Ostrom. Tal vez el keynesiano usamericano Paul Krugman (quien lo obtuvo en 2008) sea el nico Nobel no neoliberal


Batalla de ideas

en lo que va corrido del siglo XXI (Nota al lector: por favor no piense que nos hemos olvidado de personajes como Amartya Sen o Joseph Stigliz. De ninguna manera! Corroboramos: Krugman es el nico Nobel no neoliberal del nuevo milenio; en todo caso, un Nobel que no alcanza a representar una alternativa crtica y de fondo al statu quo).

El NOBELiberalismo 2014 sigue ratificando la tendencia hegemnica seguida con motivo de la profundizacin de la crisis ideolgica (y epistmica, por supuesto) del capitalismo tardo en general y del neoliberalismo contemporneo en particular a lo largo de esta Crisis en mayscula, especialmente desde el perodo 2007/2008: el relativo abandono de las ideas neoliberales consideradas ortodoxas (el llamado fundamentalismo de mercado que alaba a limine su salvaje omnipotencia) y su relevo por otras ideas (tan y ms) neoliberales pero de signo hete-rodoxo y que continan considerando al mercado esencialmente fundamental. Este giro al interior del neoliberalismo, desde la ortodoxia hacia la heterodo-xia, ha consolidado entonces el trnsito ideolgico en torno a posturas que tan solo en apariencia son por decirlo de alguna manera menos caverncolas que en el pasado, todo con el fin de reivindicar en esta coyuntura la omnisciencia y omnipresencia de los poderes del mercado, pero de la mano (visible) de ciertas dosis de presencia estatal gubernamental (http://bit.ly/1yoWXTj). Es por ello que desde el ms reciente colapso financiero global y, sobre todo, con el agravamiento de la mal llamada Gran Recesin, la palabra ms recurrida, por ser la clave crucial de la recomposicin hegemnica del y en el neolibe-ralismo actual, es: regulacin. No es casual que el Nobel en Economa intente una vez ms reforzar el escenario ideolgico inherente a la crisis sistmica bajo la pretensin de reconocer la imperfeccin de los mercados (a regaadientes! Recordemos que uno de los ganadores del ao pasado, 2013, fue el tristemente famoso Eugene F. Fama, un fiel quijote

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de la autorregulacin de los mercados). No obstante, la relativa novedad que representa el laurel en manos de Jean Tirole se explica primordialmente por el lado de la regula-cin.

El Consenso de la Regulacin. Ni intervencionismo (keynesiano) ni planificacin (socialista): ms neoliberalismo!

Desde la cada de Wall Street y en medio de la crisis global de las finanzas y la deuda pblicas y privadas, ningn representante de las clases dominantes mundiales, de Obama a Benedicto XVI (y recientemen-te Francisco: http://bit.ly/1tlyngv), de la Casa Blanca al Vaticano, ha evitado hacer algn tipo de declaracin en la que no se critique el libertinaje de los mercados, el capitalismo de amigos y de casino, o el anarco-capitalismo; no obstante, bajo esta operacin retrica no se ha abandonado la conviccin neoliberal de la libertad de los mercados, una cuestin distinta.

Justamente, en este espectro, un defen-sor a limine (compatriota bastante cercano a Tirole) de la ideologa neoliberal, Nicols Sarkzy siendo presidente de la repblica propona en 2008: la idea del mercado om-nipotente sin reglas ni intervencin poltica es descabellada. La autorregulacin se aca-b. El laissez-faire se acab. La omnipoten-cia del mercado que siempre tiene la razn, se acab. El premier francs convocaba la construccin de un capitalismo regula-do de una manera tal que permita a las ideas de Europa florecer (Financial Times, 25/9/2008). Otro compatriota de Tirole, el tristemente clebre Dominique Strauss-Kahn, ex director del Fondo Monetario

Los llamados a la regulacin (pblica

estatal/gubernamental) se han confundido ingenuamente (en

varios casos, se han intentado manipular

deliberadamente), para sugerir una imaginaria

revolucin paradigmtica en los referentes de la economa poltica

actual y verificar as una inminente restauracin

del keynesianismo (incluidas sus variantes

neo-desarrollistas), anunciando en forma casi apocalptica el final de los

finales de la hegemona neoliberal. Estas

efervescencias, a su vez, se han pretendido justificar

sin pruebas ni indicios en varias latitudes bajo

la tesis del retorno del Estado, la cual es

interpretada apresurada y acrticamente.


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Internacional, entidad identificada hist-ricamente con el neoliberalismo ortodoxo, reconoca ese mismo ao: Es gracias a que no hubo regulaciones o controles, o no hubo suficientes regulaciones o controles que esta situacin aflor. Tenemos que regular, con gran precisin, las instituciones finan-cieras y los mercados (Financial Times, 28/9/2008). Luego, en 2011, en una con-ferencia dictada en la Universidad George Washington (el lugar de enunciacin escogido!), Strauss-Kahn propona algo que podra ser considerado una blasfemia para el sentido comn neoliberal de un par de dcada atrs: el Consenso de Washington es ahora historia. Antes de abandonar el auditorio sentenciaba que el pndulo en las nuevas polticas econmicas girara del mercado hacia el Estado. Otros ejemplos en este mismo sentido abundan (cfr. Puello-Socarrs 2009b: http://bit.ly/1ljpAXV ).

Los llamados a la regulacin (pbli-ca estatal/gubernamental), sin embargo, se han confundido ingenuamente (en varios casos, se han intentado manipular deliberadamente), para sugerir una ima-ginaria revolucin paradigmtica en los referentes de la economa poltica actual y verificar as una inminente restauracin del keynesianismo (incluidas sus variantes neo-desarrollistas), anunciando en forma casi apocalptica el final de los finales de la hegemona neoliberal. Estas efervescencias, a su vez, se han pretendido justificar sin pruebas ni indicios en varias latitudes bajo la tesis del retorno del Estado, la cual es interpretada apresurada y acrticamente. Como en otras oportunidades hemos sea-lado: la regulacin pblica estatal resulta plenamente compatible y consistente con el neoliberalismo (de hecho, yendo ms all, suele olvidarse y ocultarse que el

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capitalismo nunca ha funcionado sin el Estado (-nacin)!). En el mar-co de la discusin terica e ideolgica aqu planteada, la regulacin se encuentra asociada particularmente a las perspectivas heterodoxas en el neoliberalismo. En el caso de las corrientes austriacas, por citar un ejemplo: F.A. von Hayek en el Camino de Servidumbre anotaba: Es importante no confundir la oposicin contra la planificacin con una dogmtica actitud de laissez faire, y ante lo cual convocaba la construccin de un sistema de regulaciones que protegiese el funcio-namiento del rgimen de la libre competencia. Pero seguramente sern las escuelas alemanas, Ordoliberalismo y Escuela Social de Mercado, las que elaboren el problema de la regulacin estatal como una cuestin central para el funcionamiento del mercado:

La intervencin del Estado solo es adecuada [Nota: entindase intervencin en tanto regulacin; no intervencionismo] cuando fracasan los mecanismos de mercado y se hace necesario ase-gurar un nivel social mnimo, dado que, de lo contrario, el me-canismo de precios no puede cumplir con su funcin de seal y canalizacin, con la consecuencia de ineficiencias en el sistema (Dominik, H. Ernste, Una perspectiva ordoliberal de la Economa Social de Mercado. Basado en los Principios de poltica econmi-ca de Walter Eucken, Dilogo Poltico No. 1, 2009, p. 63).

Dentro de la compleja y variada ideologa y prcticas neoliberales, las versiones consideradas ortodoxas y pro lesferistas, como por ejemplo el fundamentalismo de mercado la Friedman (hoy desprestigiado, incluso al interior de los propios crculos neoliberales), nunca han dejado todo en las manos (invisibles) del mercado. El monetarismo recorde-mos propone que la autoridad pblica debe limitarse hacer lo justo/lo correcto para que la economa de mercado funcione libremente. El postulado neoliberal de la desregulacin, en todo caso, debe interpre-tarse como un tipo de regulacin inactiva, sin intensidad y limitada si se la comparada con otro tipo de regulacin mucho ms activa y con (algo de) intensidad, variante que no slo resultara aceptable sino que es necesaria para el neoliberalismo en tanto garantiza en estos tiem-pos la preeminencia del mercado como el dispositivo de produccin y reproduccin sociales. Sin embargo entindase bien, la regulacin difiere abiertamente y se diferencia tanto de la inaccin desregulativa (ortodoxa) como de la accin propias del intervencionismo estatal la Keynes y, desde luego, de la planificacin centralizada socialista; se trata


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de una no-accin, oportunista e intermitente, nica y exclusivamente a favor del mercado.

Esto es lo que representa Jean Tirole, un neoliberalismo regulativo (al decir de Susan Watkins), el tipo de renovacin del neoliberalismo de poca:

La economa de mercado ha sido y ser el motor de crecimiento y de bienestar de las naciones. Pero para funcionar bien, la econo-ma de mercado necesita de regulacin para paliar ciertas fallas de mercado y restablecer una buena responsabilizacin (sic) de los actores econmicos (La Dpche 12/2008).

Para que la competencia florezca, entonces, es fundamental que existan reglas de juego claras y reguladores independientes y fuertes (Sin un regulador fuerte, no hay liberalizacin eficaz: J. Tirole, El Pas, 25/12/2005). En esta perspectiva se subraya que la regulacin no pretende ni podra ser permanente. Solo se justifica momentneamente y solo en el caso que los mercados fallen, es decir: no funcionen co-rrectamente.

Hay que insistir que este giro desde la ortodoxia hacia la hetero-doxia en el neoliberalismo (aunque sensu stricto Tirole conservara un equilibrio estrecho entre ambas tradiciones: http://bit.ly/1wh5vfH) no significa ni mucho menos el debilitamiento de la hegemona actual. Al contrario. Como lo hemos analizado antes, este trnsito hertico con-firma rehabilitar sus ncleos originales, animando la restauracin en profundidad del credo neoliberal como respuesta a la crisis actual (en el sentido ideolgico y epistmico, sobre todo) y en donde la continui-dad del capitalismo neoliberal est fuera de toda discusin (http://bit.ly/1oIywMk).

No resulta entonces ocioso registrar que sea precisamente Alexander Rstow, un neoliberal alemn, y quien adems acu tempranamente el trmino neoliberalismo en la dcada de 1930, el primero tambin en sintetizar los principios orientadores generales ms abstractos de este proyecto poltico econmico de clase alrededor de la frmula: Freie Wirtschaft, starker Staat (Economa libre, Estado fuerte). Si bien, el inicio de la hegemona neoliberal a nivel global in vivo puede ubicarse desde la dcada de 1970, ms puntualmente, alrededor de los 1970 con el inicio del terrorismo de Estado y las dictaduras cvico-militares en Suramrica (en Brasil, Bolivia, Paraguay, pero especialmente desde los sucesos de Chile y, luego, de Argentina y Uruguay) encabezados en el


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plano econmico por los postulados de la ortodoxia convencional, hay que hacer memoria que el primer experimento neoliberal real e histri-camente concreto fue llevado a cabo en Alemania Federal de postguerra de la mano (visible) del neoliberalismo teutn (quienes, al lado de los austriacos, son considerados a la postre corrientes neoliberales hetero-doxas respecto al mainstream anglo-usamericano). En su abrumadora mayora, el contingente alemn encargado de la reconstruccin del capitalismo germnico estuvo constituido por los miembros de primera lnea de la Sociedad Mont-Prelin, foro ab origine del neoliberalismo y que desde finales de la dcada de 1940 es la plataforma ideolgico-poltica crucial para el lanzamiento de este proyecto a nivel planetario.

Finalmente, tampoco hay que dejar de observar que este nobel en economa en manos de Tirole resulta ser un triple homenaje para el neoliberalismo de hoy en sus versiones de: a) capitalismo financiero (cfr. The theory of Corporate Finance, 2006); b) neoliberalismo acadmico (al respecto sugiero no dejar de consultar la excelente nota sobre los desempeos acadmicos de Tirole realizada por Laurent Maudit: Jean Tirole, prix Nobel des imposteurs de leconomie, Mediapart, 13/10/2014), pero, sobre todo y ms importante an, c) la legitimacin del pensamiento fondomonetarista de estos tiempos. Ms all de los giros retricos que se han pretendido por parte del FMI durante los ltimos aos (recordemos la frase de Strauss-Kahn, por ejemplo) y los supuestos nuevos enfoques en materia de polticas macroeconmicas que promociona el Fondo en una especie de mea culpa (insincero, en todo caso) respecto al pasado (Puello-Socarrs 2010: http://bit.ly/1yoWXTj), el fondomonetarismo neoliberal no slo intenta sincronizarse con el movimiento hegemnico actual sino que contina siendo la punta de lanza del neoliberalismo en general, ms ahora durante esta etapa de crisis y profundizacin renovada. No debe sorprender el hecho de que uno de los encargados de gestionar este trance al interior del FMI, el francs Oliver Blanchard ltimamente junto con otro neoliberal cr-tico del neoliberalismo, el Nobel Joseph Stiglitz haya recurrido a las contribuciones excepcionales de J. Tirole y su trabajo para hacer frente a esta tarea.


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El lenguaje neoliberal en la educacin

Renn Vega Cantor

Profesor Universidad Pedaggica Nacional

La denominada contra-revolucin neoliberal que se inici hace cuarenta aos viene acompaada de un conjunto de dispositivos lingsticos, que ha cumplido el papel de imponer un nuevo sentido comn y de presentar su proyecto de recomposicin del capitalismo como resultado de fuerzas irreversibles e incontenibles. Esas posturas neoliberales resucitaron un lenguaje propio del pensamiento neoclsico, que se supona haba colapsado como resultado de la gran depresin de la dcada de 1930. Pero los neoclsicos cambiaron de de-nominacin y para emerger otra vez en la palestra pblica se presentaron como ofertistas y liberales.

Su programa se reduce a transformar la relacin entre Estado y mercado, de tal manera que este ltimo se equilibre a travs de la competencia entre firmas, y el Estado no intervenga en la economa y se limite a dictar las normas y a garantizar el funcionamiento de las instituciones que permiten al mercado autorregularse de manera arm-nica. En esta direccin, las empresas pblicas se deben privatizar, los servicios colectivos se tienen que someter a la mercantilizacin, se exige la eliminacin de los sindicatos para erradicar a odiosos monopolios en el mercado laboral y se impulsa la apertura de las economas na-cionales a la competencia libre con el resto del mundo. Este discurso general sobre el funcionamiento de la economa capitalista se traslad a diferentes mbitos de la vida social y natural, y en cada uno de ellos se introdujo la terminologa neoliberal. Por tal circunstancia, existe un


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discurso neoliberal aparentemente especfico sobre la salud, las pensiones, la naturaleza, la cultura y, por supuesto, la educacin, pero en el cual se reproduce su jerga genrica sobre el mercado y la competencia.

Para el neoliberalismo la educacin debe conver-tirse en un mercado comn y corriente siendo indis-pensable que se imponga la libertad de elegir, con lo que se quiere significar que el Estado debe abandonar su papel activo en la educacin y les ceda esta labor a particulares, que desempearan mejor esa funcin. En definitiva, se necesita ms mercado y menos Estado en la educacin, y para que eso sea posible es requisito que la educacin deje de ser considerada como un servicio pblico, gratuito, universal y se convierta en un servicio privado. El consumidor ac-tuando de manera soberana y sin coerciones estatales debe escoger libremente la institucin escolar en la que quiere que estudie su hijo, en concordancia con su nivel de ingreso, puesto que en el mercado educa-tivo se ofrecen distintos tipos de educacin. Quienes no puedan pagar deben resignarse a que sus hijos no estudien, o estudien en las instituciones pblicas si pueden acceder a ellas, o soliciten prstamos para sufragar los altos costos de producir esa mercanca especial e intangible que se llama educacin.

Milton Friedman propuso en 1955 que en la educacin se implementen los bonos educativos (vou-chers), como mecanismo tendiente a que el Estado no financie a los centros escolares y deje de pagar en for-ma directa a los profesores, empleados y directivos. Ese dinero debe convertirse en bonos que se entre-guen en forma directa a los padres de los estudiantes, para que ellos dispongan donde matricular a sus hijos. El aspecto fundamental que se deriva de esta propuesta estriba en que el Estado deja de subsidiar la oferta (instituciones educativas) y pasa a financiar la demanda (a los alumnos). Ese dinero es reclamado mensualmente por los padres que pagan el costo de la pensin en las instituciones privadas, con lo cual stas se fortalecen y se desfinancia la enseanza

http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_mill

http://www.nuevamineria.com/revista/aprueban-proyecto-de-ley-que-destrabara-de-sarrollos-hidroelectricos-por-1-300-mw/


pblica, porque sus ingresos dependen de la cantidad de alumnos que se matriculen. Como complemen-to, las escuelas y universidades pueden despedir en cualquier momento a profesores y empleados, que ya no tienen sindicatos sino que funcionan como coope-rativas o sociedades annimas dentro de cada plantel.

El planteamiento de Milton Friedman, que se mantuvo inalterable durante medio siglo, asegura que

Las escuelas pblicas tienen una clientela cau-tiva que carece, en general, de otras fuentes alternativas de enseanza, salvo a precios muy elevados. Existen, en consecuencia, pocos mo-tivos [...] para que administradores y profesores presten una atencin directa y detenida a las necesidades o a las crticas de los estudiantes o de los padres. [] No se puede hacer maullar a un perro ni ladrar a un gato. Y tampoco podr usted lograr que un proveedor monopolista de un servicio, que adems ni siquiera recibe los fondos directamente de sus clientes, preste mucha atencin a los deseos y necesidades de stos. El nico medio de lograrlo es romper el monopolio, introducir la competencia y dar alternativas a los clientes1.

Se debe lograr, segn Friedman, que la escuela pblica sea regida por la competencia entre empresas, y a la larga, como en cualquier mercado se impon-drn las mejores. La educacin es un simple mercado que tiene como objetivo principal la cualificacin del capital humano individual y en dicho mercado deben existir diversos oferentes, de tal manera que los con-sumidores puedan escoger libremente lo que ms les conviene. En estas condiciones, la educacin pblica queda cercada por la eficacia del mercado, y las pocas instituciones escolares de tipo estatal que sobrevivan pueden mejorar gracias a la competencia, mientras

1 Milton Friedman, La tirana del statuo quo, Editorial Ariel, Barcelona, 1984, p. 184.

Para el neoliberalismo la educacin debe

convertirse en un mercado comn y

corriente siendo indispensable

que se imponga la libertad de

elegir, con lo que se quiere significar

que el Estado debe abandonar

su papel activo en la educacin y les ceda esta labor a particulares, que

desempearan mejor esa funcin.

En definitiva, se necesita ms

mercado y menos Estado en la

educacin, y para que eso sea posible

es requisito que la educacin deje de

ser considerada como un servicio pblico, gratuito,

universal y se convierta en un

servicio privado.


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que en los barrios mseros urbanos, donde aqullas juegan un papel tan lamentable, la mayora de los padres sin lugar a dudas intentaran enviar a sus hijos a centros no pblicos [...]. Si los padres estn preocupados por el bienestar de sus hijos nunca pensaran en que estos estudien en las escuelas pblicas, porque en las instituciones privadas dispondran de mayores estmulos para el aprendizaje y tendran un ambiente familiar ms favorable. En esas condiciones, existe la posibilidad de que algunas escuelas pblicas se quedaran con la hez, llegando a ser de peor calidad que actualmente. Pero eso no importa, concluye Friedman, porque cuando domine el mercado privado, la calidad de toda la enseanza mejorara tanto que incluso la peor, si bien estara relativamente ms baja en la escala, sera mejor en calidad absoluta22.

Friedman le concede virtudes salvadoras al mercado educativo, lo cual se fundamente en su concepcin sobre los recursos escasos que deben ser manejados y asignados de ma-nera eficiente por la mano invisible. Con recursos econmicos cada vez ms restringidos, el Estado puede mejorar la educacin si la abre a la libre concurrencia, lo que implica, entre otras cosas, que venda servicios educativos y conquiste al pblico de consumidores, siempre pensando en la rentabilidad. Con ello, la educacin debe funcionar como cualquier empresa del sector privado, en la que actan oferentes y consumidores, porque se supone que el mercado asigna recursos en forma eficiente. Aparte del culto al mercado, es evidente la concepcin clasista en Friedman y en los neoliberales, como se aprecia con aquello de que existen unos desechos en la sociedad los ms pobres entre los pobres que seguirn llegando a la educacin pblica.

2 Milton y Rose Friedman, Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo econmico, Editorial Planeta, Barcelona, pp. 236-237.

HidroAysn fue un proyecto que contemplaba la construccin y operacin de cinco centrales hidroelctricas, dos en el ro Baker y tres en el ro Pascua, ubicadas en la regin de Aysn, en el sur de Chile.Fotografa: http://es.wikipedia.org/wiki/HidroAys%C3%A9n


La propuesta de Friedman de los bonos escolares se ha aplicado en algunos lugares del mundo, como Chile y tambin en varios estados de los Estados Unidos. Sus resultados han sido nefastos para la po-blacin pobre y trabajadora, pero muy positivos para los capitalistas del sector educativo, enriquecidos con la consolidacin de este nuevo mercado. Sin embar-go, en contra de lo que dice el discurso neoliberal de Friedman, el mercado no es un man celestial incontaminado que est exento de corrupcin y sea un asignador correcto de recursos, ya que en la rea-lidad los inversores educativos recurren a maniobras fraudulentas para atraer clientela, tales como decir mentiras, falsificar datos y resultados, realizar propa-ganda engaosa y desprestigiar a sus competidores, sobre todo los que pertenecen a instituciones educati-vas del Estado. Asimismo, mercantilizar la educacin aumenta la desigualdad social y la discriminacin ya que cataloga como inferiores o mediocres a las instituciones y a los estudiantes que presentan malos resultados en los escalafones de calidad.

En la vida real, los bonos educativos poco tienen que ver con la pretendida libertad de elegir que tienen los consumidores salvo los de las clases dominantes puesto que son las instituciones educativas las que terminan escogiendo a sus alumnos, con mecanismos que amplan la segregacin clasista de la sociedad, ya que todos quieren tener a los mejores, un cali-ficativo que no se refiere a los mritos intelectuales o acadmicos, sino que est directamente ligado al poder adquisitivo de la familia de los escolares. Con tal lgica monetaria, entre ms dinero para pagar los estudios tenga una familia, mejores sern considera-dos sus hijos y familiares, aunque fuesen estpidos. Con ese mecanismo tan perverso se generaliza la di-ferencia entre instituciones para ricos y para pobres, todas las cuales compiten entre s con equidad que no es igualdad en el mercado. Entre otras razones, esto cuestiona el mito que la educacin puede funcio-nar como un mercado de competencia perfecta, si se

No es difcil captar que el discurso

sobre el mercado, la competencia y la soberana

del consumidor no se impone por

su superioridad intrnseca, como

dicen los idelogos neoliberales, sino

por la fuerza, para despejarles

el camino a los reformadores

educativos del libre mercado. Para eso, es preciso,

como lo enfatiza Friedman, destruir

los sindicatos de profesores

y flexibilizar el mercado laboral

de los docentes y administradores del

sistema escolar.


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considera que atraer una cantidad mayor de alumnos, y con ellos ms ingresos econmicos, en lugar de mejorar la educacin la empeora y aumenta los costos, ya que siempre se debe gastar ms para atraer a la clientela.

A la larga, los bonos educativos aumentan la desigualdad y perjudican seriamente a las clases subalternas, porque sirven de subsidio a aquellos sectores de las clases dominantes que ya pagaban por educacin y que ahora cuentan con el auxilio del presupuesto pblico. En los pases de Amrica Latina, en donde los recursos fiscales de los estados provienen de gravar el consumo y con ellos se financia la educacin, los bonos educativos despojan, an ms, a los pobres de su derecho a una educacin digna.

En Chile, el laboratorio neoliberal por excelencia, desde temprana data y antes que cual-quier otro lugar del mundo se pusieron en marcha los bonos escolares. Como resultado de esa poltica de libre mercado creci en forma desmedida la educacin privada, se redujo la educacin pblica y se dispar la competencia desenfrenada entre las instituciones para atraer estudiantes, lo cual se constituye en el instrumento principal para obtener recursos financieros del Estado. Los perjudicados son los chilenos, tanto por el lado de los estudian-tes como de los profesores, que soportan una terrible flexibilizacin laboral y una prdida de derechos de organizacin, porque sobre sus hombros recae la racionalizacin de costos3.

Milton Friedman aseguraba que la conversin de la educacin en un mercado slo se lograra privatizando un extenso segmento escolar, permitiendo que una industria con fines de lucro se desarrolle para ofrecer una gran variedad de oportunidades de aprendizaje en competencia con la educacin pblica y la mejor manera de hacerlo era mediante el sistema

3 Martha Vernica del Rosario Quiroga, El bono escolar: Financiacin por la demanda, desfinanciacin de la educacin pblica, Revista Atlntida, No. 2, diciembre de 2010.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hidroaysen_barcelona.jpg


de vales. Los principales obstculos para que eso fuera posible provenan de la Asociacin Nacional de Educacin y la Federacin Americana de Maestros que conforman el grupo de cabildeo ms poderoso de Estados Unidos, puesto que cerca del 90% de nuestros nios van a escuelas pblicas que no son nada pblicas, sino que se han convertido en feudos privados de los administradores y de los lderes sindicales. Esto evi-dencia que al tan alabado libre mercado no se llega como si fuera una fuerza natural, sino que se impone, y eso se hace mediante la destruccin violenta de aquellos sectores sociales que se le puedan oponer. En el caso sealado, el mercado educativo precisa, segn este economista neolibe-ral, de otro tipo de fuerzas:

Una precondicin necesaria para mejorar la educacin es debilitar o destruir el poder del establishment educacional actual. Y slo empresas privadas de educacin forzarn la competencia nece-saria para obligar a las escuelas pblicas a mejorar, con el fin de mantener su clientela. [] Por las experiencias en otras industrias sabemos de la creatividad de la libre empresa, la variedad de pro-ductos y servicios que ofrece para satisfacer a su clientela, o sea exactamente lo que necesitamos en las escuelas hoy.

Pero cuando eso se logra, como en Chile o Inglaterra,

al igual que en todas las dems reas en que se ha privatizado ex-tensamente, la privatizacin de las escuelas producir una nueva, activa y fructfera industria, ofreciendo oportunidades a gente de talento que ahora ven con horror la profesin de maestro debido al deprimente estado de muchas de nuestras escuelas. [] Para que la propuesta de los vales educacionales tenga xito debe ser sencilla de comprender, garantizando que lejos de aumentar los impuestos reducir el gasto gubernamental en educacin4.

No es difcil captar que el discurso sobre el mercado, la competencia y la soberana del consumidor no se impone por su superioridad in-trnseca, como dicen los idelogos neoliberales, sino por la fuerza, para despejarles el camino a los reformadores educativos del libre mercado. Para eso, es preciso, como lo enfatiza Friedman, destruir los sindicatos

4 Martha Vernica del Rosario Quiroga, El bono escolar: Financiacin por la demanda, desfinanciacin de la educacin pblica, Revista Atlntida, No. 2, diciembre de 2010.


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de profesores y flexibilizar el mercado laboral de los docentes y admi-nistradores del sistema escolar. Esta propuesta es la que impulsan los grandes magnates de la informtica y de las empresas multinacionales, que claman tanto en Estados Unidos como en otros lugares del mundo por la supresin de los sindicatos de profesores, para que pueda funcio-nar sin trabas el libre mercado de la educacin.

En conclusin, el discurso neoliberal implanta otro lenguaje en la educacin, cuyo nefasto alcance no puede desconocerse en la impo-sicin de un nuevo sentido comn: presenta como algo natural la conversin de un bien pblico en una mercanca; impulsa el abandono por parte del Estado de su responsabilidad de proporcionar educacin a la poblacin de un pas; difunde la falacia que la mejor educacin es la que proporciona el mercado privado y que entre ms costosa sea la formacin, automticamente deber ser mejor; debilita la oferta y fortalece la demanda, con lo cual se subsidia a la educacin privada; genera el tendencioso prejuicio que la buena educacin es costosa y privada y que quien quiera tener acceso a ella, como instrumento para valorizar el capital humano, debe pagar elevadas sumas de dinero; e instaura en el imaginario de la gente la perversa idea que educacin es una mercanca y no un derecho.

Tras la aprobacin del proyecto y como respuesta a la campaa Patagonia sin represas, HidroAysn inici una masiva estrategia publicitaria para reivindicar el proyecto y hacer frente a las crticas.Fotografa: http://es.wikipedia.org/wiki/HidroAysn


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Yo s leer: Vida y muerte en Guerrero*

Juan Villoro

Escritor mexicano

El pasado 17 de octubre el cadver de Margarita Santizo fue velado en la calle Bucareli de la Ciudad de Mxico, frente a la Secretara de Gobernacin. As se cumpla la ltima voluntad de la di-funta, que haba buscado sin xito a su hijo desaparecido. La escena sirve de alegora para un pas donde la poltica amenaza con transformarse en un rito funerario.

La espiral de violencia alcanz un grado superior el 26 de septiembre con el asesinato de seis jvenes y el secuestro posterior de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Ese da me encontraba en la Universidad Autnoma Guerrero para dar una conferencia sobre Jos Revueltas. Mi anfitrin era un alto funcionario de la Universidad que en su juventud perteneci a la guerrilla de Lucio Cabaas. Hablamos del escritor co-munista tantas veces encarcelado por sus ideas. Esto permiti que el acadmico repasara su propia trayectoria: Lucio Cabaas me salv la vida, coment con una peculiar mezcla de admiracin y tristeza: Me oblig a bajar de la sierra antes de que mataran a su gente: No tienes aspecto de campesino, me dijo: Si te encuentran ac, no podrs decir que andabas sembrando; tienes que continuar la lucha donde vales ms: el saln de clases.

* Nota del 24 de octubre de 2014, El Pas, tomado de http://critical-narrative.wordpress.com/2014/11/08/yo-se-leer-vida-y-muerte-en-guerrero/


Nuestra Amrica

La exigencia del guerrillero signific la prdida de una ilusin. Al mismo tiempo, el solitario camino de regreso a la vida civil permiti que un luchador social siguiera con vida.

La gran paradoja del Estado de Guerrero es que ser maestro tambin es un oficio de alto riesgo. Ca-baas naci en un pueblo que refutaba su nombre (El Porvenir) y se dedic a la enseanza primaria. Muy pronto descubri que era imposible educar a nios que no podan comer. Al igual que otro maestro, Ge-naro Vzquez, cre un movimiento para mejorar la vida de sus alumnos y se top con la cerrazn oficial. Con el tiempo, quienes enseaban a leer radicaliza-ron sus mtodos de lucha.

La cultura de la letra ha sido un desafo en una zona que dirime discrepancias a balazos. En los aos sesenta del siglo XX, dos terceras partes de los po-bladores de Guerrero eran analfabetas. La Normal de Ayotzinapa surgi para mitigar ese rezago, pero no pudo ser ajena a males mayores: la desigualdad social, el poder de los caciques, la corrupcin del gobierno local, la represin como nica respuesta al descontento, la impunidad policiaca y la creciente injerencia del narcotrfico. Esas lacras no son ajenas a otras partes del pas. La peculiaridad de Guerrero es que el oprobio ha sido continuamente impugnado por movimientos populares.

En Mxico armado, libro fundamental para en-tender este conflicto, Laura Castellanos narra el trn-sito de los maestros a la guerrilla. Genaro Vzquez fund una Asociacin Cvica que recibi el repudio de las autoridades y el mote despectivo de Civicolo-cos. Por su parte, Lucio Cabaas cre el Partido de los Pobres, pero no logr incidir en la poltica local. El Gobierno ofreci a los cabecillas dinero y puestos polticos (en Guerrero, suelen ser sinnimos). Los lderes rechazaron esa salida negociada y optaron por un camino sin retorno en la montaa.

La salvaje represin de la guerrilla se conoci con el redundante eufemismo de guerra sucia. Despus

http://noticias.masverdedigital.com/2011/denuncian-una-vez-mas-irregularidades-a-la-ley-de-glaciares-argentina/


de la muerte de Cabaas, hubo 173 desaparecidos. Castellanos cuenta la historia de la base area en Pie de la Cuesta, Acapulco, donde los aviones despega-ban para arrojar disidentes al ocano, inclemente recurso que tambin usaran las dictaduras de Chile y Argentina. En los aos setenta, durante la presidencia de Luis Echeverra, Mxico fue el pas esquizoide que daba asilo a perseguidos polticos de Sudamrica y sepultaba a sus inconformes en altamar.

Hablbamos en Acapulco de Jos Revueltas y Lucio Cabaas cuando supimos que seis jvenes ha-ban sido asesinados en el municipio de Iguala. Esta noticia del infierno vena agravada por una certeza: el horror no era nuevo; llegaba de muy lejos. En Guerrero, la violencia ha sido sistemticamente ali-mentada por las masacres cometidas por el ejrcito y grupos paramilitares. Luis Hernndez Navarro, autor de un libro crucial sobre el tema (Hermanos en ar-mas), seala que todos los movimientos insurgentes de la regin han surgido despus de matanzas (la de Iguala, en 1962, produjo el levantamiento de Genaro Vzquez; la de Atoyac en 1967, el de Lucio Cabaas; la de Aguas Blancas en 1995, el del Ejrcito Popular Revolucionario).

Cul ser el saldo de 2014? El narcotrfico ha ga-nado fuerza en la regin con la presencia rotativa de los crteles de La Familia, Nueva Generacin, los Beltrn Leyva y Guerreros Unidos. Pero no es la principal cau-sa del deterioro. En ese territorio bipolar, el carnaval coexiste con el apocalipsis. El emporio turstico de Acapulco y la riqueza de los caciques contrasta con la pobreza extrema de la mayora de la poblacin. La indignante desigualdad social justifica el descontento y explica que muchos no encuentren mejor destino que sembrar marihuana o matar a sueldo.

En 2011, el Partido de la Revolucin Democrti-ca llev a la gubernatura a ngel Aguirre, que haba pertenecido al PRI y fungido como gobernador in-terino en 1999, sustituyendo a su jefe, Rubn Figue-roa, responsable de la matanza de Aguas Blancas.

43 futuros maestros han desaparecido.

La dimensin del drama se cifra

en una frase que se opone a

la impunidad, el oprobio y la

injusticia: Yo s leer. El Mxico

de las armas teme a quienes ensean a leer.


Nuestra Amrica

Su eleccin fue un giro oportunista para sumar intereses polticos con el engaoso mensaje de una alternancia en el poder. Como los barcos que utilizan la insignia de Panam, el PRD se ha convertido en una entidad que alquila su bandera. En la bsqueda del poder por el poder mismo, apoy a un personaje que jams combatira la corrupcin ni la injusticia. Al amparo de esa gestin, surgieron figuras dignas de Los Soprano, como el alcalde de Iguala, Jos Luis Abarca, tambin del PRD y hoy fugitivo. De manera inverosmil, la cpula partidista respald a Aguirre despus de la desaparicin de los estudiantes. Slo la presin social llev a su renuncia, que en

modo alguno mitiga el eclipse del Partido del Sol.

En la bsqueda de los normalistas des-aparecidos se han encontrado fosas con otros muertos. De 2005 a la fecha han aparecido 38 criptas de ese tipo. Excavar la tierra en Guerrero es un inevitable acto forense.

Durante medio siglo, los abusos de las autoridades han sido repudiados por una poblacin pobre pero politizada. La Escuela Normal representa un centro neurlgico de la discrepancia. Conviene recordar que en los aos sesenta uno de sus activistas se llamaba Lucio Cabaas.

El 26 de septiembre hubo cuatro bala-ceras distintas y un solo blanco: los jvenes.


Con el apoyo del crimen organizado, el alcalde Abar-ca sembr el terror para amedrentar a los normalistas que se movilizaban para recordar a las vctimas de la matanza de Tlatelolco. Una vez desatado el meca-nismo represivo, tambin fue acribillado un equipo de ftbol. Su delito? Ser jvenes; es decir, posibles rebeldes.

Hay una tensin entre leer y la accin poltica, escribe Ricardo Piglia. Interpretar el mundo puede llevar al deseo de transformarlo. En ocasiones, la letra, y la ortografa misma, son un gesto poltico que desafa un orden brbaro: Podramos hablar de una lectura en situacin de peligro. Son siempre situaciones de lectura extrema, fuera de lugar, en circunstancias de extravo, o donde acosa la amenaza de una destruccin. La lectura se opone a una vida hostil, argumenta Piglia en El ltimo lector.

El Che Guevara pas su ltima noche en una escuela rural. Ya herido, contempl una frase en la pizarra y dijo a la maestra: Le falta el acento. La fra-se era Yo s leer. Ya derrotado, el guerrillero volva a otra forma de corregir la realidad.

Hace aos, maestros acorralados por el Gobier-no decidieron tomar las armas en Guerrero. Lucio Cabaas decidi salvar a uno de los suyos para que volviera a la enseanza, instrumento de lucha en un pas sin ley.

43 futuros maestros han desaparecido. La dimen-sin del drama se cifra en una frase que se opone a la impunidad, el oprobio y la injusticia: Yo s leer. El Mxico de las armas teme a quienes ensean a leer.

A ese pas le falta el acento. Llegar el momento de ponrselo.

En la bsqueda de los normalistas desaparecidos se

han encontrado fosas con otros

muertos. De 2005 a la fecha han aparecido 38

criptas de ese tipo. Excavar la tierra

en Guerrero es un inevitable acto forense. Durante medio siglo, los

abusos de las autoridades han sido repudiados

por una poblacin pobre pero

politizada. La Escuela Normal

representa un centro neurlgico

de la discrepancia.


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http://eldinamo.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/12/BARRICK.jpg

PascuaLama es un proyecto a cargo de la empresa minera Barrick Gold, con sede en Toronto, Canad, que involucra a Chile y Argentina y que consiste en explotar una mina a cielo abierto de la que se extraer principalmente oro, adems de plata, cobre y otros minerales, a 4.500 msnm en territorio fronterizo


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La dcada lixiviadaPostales de San Juan, el gigante minero con pies de barro

Dbora Cerutti

Becaria Doctoral Secyt-UNCUniversidad Nacional de Crdoba (UNC)Argentina

Lucas Christel

Becario Doctoral CONICETUniversidad Nacional de San Martn (UNSAM)Argentina

El prximo ao, la provincia argentina de San Juan celebrar el cumplimiento de su primera dcada lixiviada. Seguramente se contarn por miles los invitados a la fiesta oficial; otros tantos seguirn silenciados. Qu le ha brindado la megaminera a la provincia a lo largo de estos aos? Quines han decidido hacer el San Juan minero? Qu voces fueron autorizadas y cules silenciadas? En una provincia con 150 proyectos mineros en distintas etapas de avance, con tres proyectos en produccin (Veladero-2003, Gualcamayo-2009 y Casposo-2010) y un megaproyecto binacional argentino-chileno paralizado (Pascua Lama, con un proceso judicial en curso), nos acercamos a la realidad de los sanjuaninos para escuchar aquellas voces acalladas de las resistencias,

* Nota del 24 de octubre de 2014, El Pas, tomado de http://criticalnarrative.word-press.com/2014/11/08/yo-se-leer-vida-y-muerte-en-guerrero/


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como as tambin la de aquellos funcionarios pbli-cos que defienden con ua y dientes, a capa y espada, la nueva minera. Aqu, unas breves postales de estos 10 aos en San Juan, en una mirada a cielo abierto.

La alfombra roja tendida o de cmo preparar el terreno

Aparentemente no pasaba nada en las cercanas de la ciudad de Jchal. Aquellas mujeres que se auto-denominaron Madres Jachalleras por el ao 2004 y que se organizaron en la resistencia confiesan haber tenido buenas ideas e intenciones. Hoy sienten rabia e impotencia. Un profundo dolor por el cerro, por las hijas e hijos, por las generaciones que vendrn. El proyecto minero se vea como algo lejano, por lo que fueron pilladas muy de sorpresas. Algo se saba de lo que ocurra en la cercana provincia de Catamarca, con la entrada en funcionamiento de Bajo La Alumbrera en 1997, pero las condiciones de institucionalizacin de la megaminera en San Juan ya estaban establecidas. La restriccin al acceso de la informacin pblica, la planificacin preparatoria por medio de convenios con universidades, actos de sobornos fueron parte de las instancias preparato-rias que tiempo despus comienzan a denunciar las resistencias. Un complejo entramado de intereses y relaciones fue moldeando el terreno para hacer de San Juan el mximo exponente de la llamada oficial-mente nueva minera en el pas. La configuracin de este escenario, all por los aos 90, tuvo como uno de sus principales protagonistas a un joven diputado na-cional, Jos Luis Gioja, quien desde 2003, concentra en sus manos las riendas y destinos de la provincia.

Desde el ao 1996, hubo empleados sanjuaninos trabajando en la exploracin en la cordillera. Una de las voces entrevistadas, ex empleado de Barrick Gold, cuenta que peces y sapos muertos fueron de los primeros indicios de la contaminacin, all por el ao 2002 en el ro Jchal. Piletones para lixiviar oro con cianuro eran utilizados en las pruebas pilotos

Veladero, es una mina, ubicada en el departamento Iglesia, provincia de San Juan, Argentina.http://es.wikipedia.org/wiki/Veladero_(mina)


para saber cunto oro haba en las rocas. Los caos que conectaban el lugar del lixiviado con el filtro que recoga el oro eran de mala calidad y reventaban durante la noche, cuando la temperatura bajaba conside-rablemente. El agua cianurada caa al ro. El resto de lo que ocurra era predecible. Esto fue negado sistemticamente por las autoridades de Barrick Veladero hasta que lo desvincularon de la empresa. Siguieron amenazas, cartas intimidatorias, persecuciones, ofertas monetarias por acallar su voz y que se dejara de molestar, hasta casos ms extremos denunciados por este ex empleado, como poner en peligro su vida, cor-tndole la direccin del auto.

El camino privado minero tambin fue parte de una organizacin estratgica del territorio. Carteles advirtiendo que no se puede pasar, dan cuenta de la privatizacin de un territorio basto: desde la barrera donde comienza el camino a Veladero y Pascua Lama hay una distancia de 156 y 178 km respectivamente a los campamentos; ingreso nico de empleados y personal autorizado, sin cmaras fotogrficas. Poco se sabe acerca de las familias campesinas que vivan cerca de los emprendimien-tos; lo que cuentan los testimonios, es que fueron desplazadas hacia los pueblos cercanos prometiendo trabajo para los hijos en la minera, al tiempo que le iban cercenando la posibilidad de desarrollar la agricultu-ra y la ganadera.

La licencia para operar de forma permanente: ser capaz de quedarse

Las prcticas estandarizadas comunitarias de buena relacin con los vecinos, la elaboracin de lo que Barrick llama perfiles sociales, as como los programas de fortalecimiento de la educacin y de impacto directo en el desarrollo comunitario son algunas de las estrategias que posee la empresa para ingresar en las comunidades en pos de la obten-cin de la Licencia Social, y que se traduce en auspicios de actividades de las comunidades: las fiestas gauchas, las chocolatadas para el da del nio, las carreras de embolsados, y la Fiesta del Sol, la ms icnica cele-bracin provincial. Desde hace aos comenzaron a hacerse presente con el eslogan de Minera Responsable, interviniendo en cada espacio que pudieron (escuelas, medios de comunicacin y universidades hasta clu-bes de ftbol, con un plan de comunicacin perfectamente articulado entre las empresas y el gobierno) y desplegando una serie de estrategias de marketing y merchandising (calcomanas, remeras, gorras), crendo-se, reproducindose e imponindose en todos los mbitos pensables.


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Los cuantiosos sueldos ofrecidos por las empresas megamineras tambin jugaron un papel clave en la formacin de subjetividades que estuvieran a favor de la megaminera a cielo abierto; un consenso social frgil, que propici el ocaso y desmantelamiento de las actividades agrcolas y ganaderas de la zona. Desde las filas del gubernamentales y empresa-riales se afirmaba que un tercio de la poblacin econmicamente activa de San Juan, forma parte de la cadena minera. Sin embargo, pese a las promesas, hoy el desempleo se siente. Gente que compr el sueo minero, que ampliaron la casa o cambiaron el auto y que hoy pasaron a ser parte de las listas de empleados precarizados o despedidos que ya no pueden pagar los prstamos y crditos adquiridos. El efecto derrame anunciado con bombos y platillos al inicio de los proyectos, se cort.

Los muertos de los que (casi) nadie hablaEntre las voces acalladas que a veces retumban se habla de los incidentes, enfermedades

y riesgos laborales en la faena minera. Mientras Barrick habla de fatalidad cero en sus terri-torios y sus operaciones mineras, son varias las historias estremecedoras contadas desde las comunidades, que distan muchsimo del dorado de las voces oficiales. El dolor por aquellos a quienes se les duplic el tamao corazn por subir a ms de 4 500 metros de altura a extraer metales para generar ganancias multimillonarias para una empresa transnacional. Quienes murieron repentinamente, con extraas coloraciones naranjas en su piel. Se nom-bran casos donde directores de hospitales provinciales firman actas de defuncin con lugar de muerte en las camas hospitalarias, cuando en realidad son obreros fallecidos arriba en territorio minero, bajados en fras ambulancias. Dicen adems que las firmas se acompaan de un pacto que intercambia silencio por dinero. A quin acudir? Dnde denunciar? Testimonios brindados desde la informalidad, familiares o amigos de los afectados que

http://www.cemincor.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/Pascua-Lama.png


plantean como hecho que algunos abogados no quieren llevar adelante la representacin judicial de los pobladores, mientras otros afirman, en un discurso que busca disputar la verdad sobre la minera, que la mayora de los doctores, por conveniencia a presio-nes, hacen odos sordos y bajan la mirada.

El asalto a la cordillera o de cmo destruir los glaciares

La cuestin medioambiental, vinculada principalmente a la disponibilidad de agua, es el epicentro de las preocupaciones y las denuncias de aquellos que se animan a con-frontar el discurso oficial de las bondades mineras. La magnitud de las explotaciones y la fragilidad de los ecosistemas donde se emplazan las mineras hacen difcil slo imaginar que los efectos negativos de la ac-tividad puedan ser mitigados. Amparados en la promesa de cumplir todos y cada uno de las normas ambientales, las empresas y el Estado alzan la bandera, y repiten una y otra vez un mensaje: el de la minera sus-tentable. En uno de los Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama, Barrick Gold olvid mencionar que impactara sobre tres glaciares (Toro I, Toro II y Esperanza). Cuando se denunci este tema, la empresa propuso el corrimiento de ellos con palas mecnicas prometiendo ubicarlos fuera de la zona de impacto. Un ex empleado afir-ma que los glaciares estn all arriba, que la huella minera los quiebra y que incluso usan unos caones que queman combus-tible con la finalidad de derretirlos y que as no impidan nunca el paso vehicular.

El agua, bien comn, escasea en la provincia. Vecinos alertan que la tradi-cional agricultura, de la cual dependi

La cuestin medioambiental,

vinculada principalmente a la disponibilidad de agua, es el epicentro

de las preocupaciones y las denuncias de

aquellos que se animan a confrontar el discurso oficial de las bondades

mineras. La magnitud de las explotaciones y la fragilidad de los

ecosistemas donde se emplazan las mineras

hacen difcil slo imaginar que los efectos negativos

de la actividad puedan ser mitigados. Amparados en la promesa de cumplir

todos y cada uno de las normas ambientales, las

empresas y el Estado alzan la bandera, y

repiten una y otra vez un mensaje: el de la

minera sustentable.


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histricamente la provincia, ya fue desmantelada, que fue descartada ante la eleccin de la megaminera. Las cebollas de Jchal, que antes viajaban del surco al mundo, hoy se pudren al mes de salir de la tierra.

Entre todo tiempo pasado fue mejor, volvern y la promesa minera derrumbada

El panorama parece ms bien sombro. Los nuevos desempleados de la minera ya no se cuentan por decenas ni centenas, el nmero de los cesanteados se cuenta por miles. De los 5 000 empleados en Pascua Lama que haba el ao pasado, actualmente quedan 500. La voz oficial se encarga de disipar temores, seran solamente movimientos transitorios ante la necesidad de recalendarizar. Mientras tanto, tambin se habla de reflotar el polmico proyecto San Jorge para solucionar la cues-tin del empleo. Dicho proyecto se encuentra en la vecina provincia de Mendoza, la cual cuenta con la Ley N 7722 que prohbe la lixiviacin con sustancias contaminantes en su territorio. La propuesta pretende

http://llamaralascosasporsunombre.blogspot.com/2013/01/el-millon-de-gioja.html


explotar el mineral en Mendoza y procesarlo en San Juan, intentos transprovinciales de profundizar el modelo minero.

La inefable promesa de que todo volver a estar bien. Al tiempo que bajan de la montaa los ex operarios, bajan tambin de las flamantes camionetas, que an no se terminan de pagar, los empleados de las pe-queas empresas que buscaron encadenarse productivamente al milagro minero. Y se escucha, de fondo y desde muy lejos, la voz de Peter Munk, fundador y ex presidente de Barrick Gold, anunciando que pens por primera vez, que Barrick en Pascua Lama, debera suicidarse, porque era un fiasco tan importante.

Ante este nuevo escenario dos posibles caminos pueden vislumbrarse, por un lado, comprender las implicancias socioambientales que genera en los territorios la actividad minera a cielo abierto y pugnar fuertemente desde las comunidades organizadas para debatir ntegra y profunda-mente las implicancias sociales, polticas, econmicas y ecolgicas. El segundo camino vislumbrado, con sus peligrosos avatares de nostalgia, lleva a alarmarse ante la sola idea de la difusin de un pensamiento que rece que con la minera estbamos mejor; un sentir de aoranza de lo que se ha perdido. Si la estructura productiva minera de la provincia cae lentamente hacia el estancamiento, la persistencia en el ideario colectivo de los breves tiempos de bonanza podra funcionar como un perverso mecanismo para ms adelante, volver a enarbolar el sueo minero, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de las comunidades.

La idea de dcada lixiviada, amn del juego socarrn y evidente del parafraseo, alude a aquel proceso por el cual un elemento lquido pro-duce la disolucin de uno o varios componentes solubles de un slido. Nada ms y nada menos que el alma de la megaminera a cielo abierto, el perverso juego del oro y el cianuro. Y as como el primero se desvanece en el segundo y, recordando aquella afirmacin de Marshal Berman, Todo lo slido se desvanece en el aire, ser noms cuestin de tiempo para que al slido paraso de la nueva minera, ese gigante transnacio-nal, se le desvanezcan sus pies de barro.


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Cambio de poca: a 25 aos de la cada del Muro de Berln*

Atilio A. Born**

Doctorado enCiencia Polticapor laUniversidad de Harvard

El 9 de noviembre de 1989 cay el Muro de Berln. Poco des-pus el contagio o efecto domin derrumbara ya no muros sino a los regmenes supuestamente socialistas erigidos como resultado de la nueva constelacin geopoltica emergente a fines de la Segunda Guerra Mundial hasta que, entre fines de 1991 y comienzos de 1992, el proceso culminara con la desintegracin de la Unin Sovitica. Estos acontecimientos dieron lugar a eufricas declaraciones por parte de gobernantes, polticos, periodistas e intelectuales del mal llamado mundo libre: fervientes promesas de paz y prosperidad se escuchaban en Washington, Bonn, Londres y Pars, las que en el asfixiante clima

* Publicado en laRevista Accindel Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, N 1158 Segunda Quincena de Noviembre 2014.

** Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcni-cas (CONICET). Director del Programa Latinoamericano de Educacin a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina.

Lejos del fin de la historia, el poder mundial atraviesa una crisis compleja: entre

la decadencia de la hegemona estadounidense y un incipiente multilateralismo


Historia y memoria

neoliberal de los 90 se repetan hasta el hartazgo en Amrica Latina y el Caribe.

En esta fragorosa batalla de ideas pocos textos pudieron captar el clima ideolgico imperante en las metrpolis del capitalismo con ms precisin que el libro de Fra

Revista Izquierda n.50 noviembre de 2014

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