“SAN PEDRO HACIA UN MODELO DE CASA DE PARAGUAY” -...

“SAN PEDRO HACIA UN MODELO DE CASA DE JUSTICIA POR LA CULTURA DE LA PAZ EN

PARAGUAY”

ABRIENDO PUERTAS AL ACCESO A JUSTICIA

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FICHA TÉCNICA:

PROYECTO:“Modelo de acceso a justicia y participación social para el Departamentode San Pedro”.AVINA- Centro de Estudios Judiciales – CEJ 2009

IDEA Y DIRECCIÓN:María Victoria Rivas (Paraguay)

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFECHAS Y LINEAMIENTOSDE POLÍTICAS PÚBLICAS EN ACCESO A JUSTICIA:

Silvina Ramírez (Argentina)

Coordinación del Trabajo en campo y Relevamiento sistematizadoGabriela Schvartzman (Paraguay)

MODELO PARTICIPATIVO DE ACCESO A JUSTICIA EN SAN PEDRO:EQUIPO TÉCNICO:

Gabriela Schvartzman (Paraguay)Marta Rivas Mendieta (Paraguay)Livia Cardozo Sánchez (Paraguay)

AGRADECIMIENTOS:Fundación Avina - capítulo ParaguayNational Endowment for Democracy - NedA los jóvenes voluntarios de San Pedro del Ycuamandyyú que colaboraroncon las encuestas y entrevista para Diagnóstico sobre Necesidades Jurídi-cas insatisfechas:

EDILZA BRÍTEZ RIVEROS

VICENTE FERREIRA

PEDRO RAMÓN NÚÑEZ

WILMA ARZAMENDIA

PEDRO RIQUELME

NELLY FABIOLA IRALA CÁCERES

BLANCA AZUCENA SILVA

PRESENTACION

PARTE I:Diagnóstico de Necesidades Jurídicas

1. Marco conceptual

Acceso a la justicia

Necesidad jurídica insatisfecha

Construcción de la muestra

2. Unidad territorial de análisis

Justificación de la selección

Resumen contexto socioeconómico de San Pedro

Grupos vulnerables en la ciudad objeto

3. Oferta institucional del servicio justicia

Sistema de justicia rama judicial

Sistema de justicia rama ejecutiva

4. Percepción de los operadores de justicia frente a la demanda de justicia

Poder Judicial

4.2.1. Principales problemas

4.2.2. Suficiencia servicios de justicia

4.2.3. Barreras de acceso

4.2.4. Derivación de otras instituciones

4.2. Poder Ejecutivo

4.3. Ministerio Público

5. Necesidades jurídicas de la población seleccionada en el municipio de San Pedro

5.1. Sistematización y análisis de los datos obtenidos

5.1.1. Caracterización de la población seleccionada

5.1.2. Problemas

5.1.3. Perfiles

5.1.4. Respuestas institucionales

5.1.5. Satisfacción de servicios

PARTE II:Lineamientos de Formulación de Política Públicas en Acceso a la Justicia

1. Introducción. Por qué una política pública de acceso a la justicia.

2. Presupuestos iniciales. Caracterización de una política pública de acceso a la justicia.

ÍNDICE

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3. Requisitos de la formulación de una política pública.

Ampliación de la cobertura estatal

Mayor cobertura de la justicia local y comunal y de prácticas comunitarias

Políticas dirigidas a grupos vulnerables específicos

4. Descripción de la oferta y demanda existente de servicios de justicia en el municipio

de San Pedro.

Principales demandas de justicia. Necesidades Jurídicas Insatisfechas

4.1.1 Relación existente entre necesidades jurídicas insatisfechas y grupos vulnerables o

de escasos recursos

4.1.2. Barreras para el acceso

4.2. Oferta institucional

4.2.1. Funcionamiento de los servicios de justicia

4.2.2. Desfase de la oferta y demanda

4.2.2.1 Principales dificultades para articular oferta y demanda

5. Existencia de una política pública de acceso a la justicia en el municipio de San Pedro.

5.1. ¿Es desmonopolizado?

5.2. ¿Existe una efectiva desjudicialización?

5.3. ¿Existen instancias descentralizadas?

5.4. ¿Existen políticas diferenciadas?

6. Articulación de la oferta y la demanda.

6.1. Rol del Estado en la articulación de los diferentes sistemas de justicia

6.2. Propuesta de articulación en el municipio de San Pedro

7. Formulación de una política pública en acceso a la justicia en el municipio de San

Pedro.

7.1. Primer paso: Planificación

- recursos disponibles

- servicios existentes

- necesidades jurídicas insatisfechas

7.2. Segundo paso: Implementación

7.3. Tercer paso: Gestión

7.4. Cuarto paso: Supervisión, control, monitoreo

8. Conclusiones

9. Recomendaciones

PARTE III:MODELO DE CASA DE JUSTICIA EN SAN PEDRO“CENTRO ABRIENDO PUERTAS” - justicia y equidad social

1. Diseño del Modelo

1.1 Antecedentes y contexto

1.2 Marco conceptual de Casas de Justicia

1.3 Modelo de Casa de Justicia en San Pedro: Redes y Centro Abriendo Puertas

1.4 Modelo de Gestión

2. Sistematización de la Experiencia: Modelo de Casa de Justicia en San Pedro

2.1 Punto de Partida

2.2 Implementación del Modelo

2.3 Principales avances y resultados

2.4 Desafíos y Lecciones aprendidas

2.5 Proyecciones del Modelo a nivel Departamental y Nacional

Bibliografía de consulta

ANEXOS:

Anexo I: Resultados sistematizados del Centro Abriendo Puertas de la Secretaría de

Acción Social de la Gobernación de San Pedro.

Anexo II: Documento de referencia - Diagnóstico Participativo del Sistema de Justicia del

Departamento de San Pedro desarrollado en el contexto del Presupuesto Partici

pativo en el marco del Programa “DESEMPEÑO JUDICIAL, TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN”, Componente “Independencia Judicial” – “San Pedro

hacia una Circunscripción Modelo”

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PRESENTACION

A la luz de los derechos humanos, el acceso a la justicia se ha concep-tualizado como un “examen sobre la posibilidad legal y fáctica de accesoa mecanismos de reclamo y protección, administrativos y judiciales”. Sig-nifica que las ciudadanas y los ciudadanos pueden ejercer sus derechos ydar solución a sus conflictos adecuada y oportunamente.

Esta visión abarca, además de las soluciones jurisdiccionales y admi-nistrativas, la prevención y manejo de conflictos sociales. Como tambiénla promoción de los derechos, la educación cívica, medios pacíficos y par-ticipativos de abordaje de conflictos – JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL.

Tiene que ver con el desarrollo de un Sistema de Justicia amplio y laconstrucción de Políticas que respondan a la realidad social mediante laparticipación integrada de los diversos actores públicos, comunitarios y pri-vados.

Involucra un análisis político, una reflexión social y una comprensiónpráctica ineludible, que nos coloca frente a algunos dilemas cuando inten-tamos identificar condiciones necesarias y suficientes para formular polí-ticas públicas que contribuyan a mejorar el acceso real a justicia de la ciu-dadanía.

Este trabajo desarrollado por el Equipo Técnico del CEJ, está compues-to de tres partes:

PARTE I: Diagnóstico de Necesidades Jurídicas InsatisfechasPARTE II: Lineamientos de Formulación de Política Públicas en Acceso a

la JusticiaPARTE III: Modelo de Casa de Justicia en San Pedro: “Centro Abriendo

Puertas Justicia y Equidad Social”

En la Parte I se presenta el marco conceptual de acceso a justicia y elDiagnóstico sobre Necesidades Jurídicas Insatisfechas realizado en el muni-cipio de San Pedro del Ycuamandyyú, Departamento de San Pedro. Estetrabajo se encuadra en la modalidad de “investigación exploratoria”. Alrealizar un análisis de contexto, necesidades jurídicas insatisfechas y barre-ras del acceso, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) visualizó y se pro-

puso explorar la construcción de un Modelo Participativo en San Pedro, conénfasis en el desarrollo de la justicia no formal y como un valor cultural.

En la Parte II se aborda el por qué de un Política Pública de Acceso a Jus-ticia y se esbozan lineamientos para su formulación, teniendo como puntode partida que estén especialmente direccionadas a los grupos vulnerables.

En la Parte III se presenta la experiencia desarrollada a propuesta delCEJ en el municipio de San Pedro: un Modelo de Casa de Justicia en el con-texto Proyecto “Abriendo puertas, justicia y equidad social”, desarrolladoen el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con laGobernación del Departamento de San Pedro.

El Modelo de Casa de Justicia implementado se desarrolla a partir dela instalación del Centro Abriendo Puertas en la Secretaría de Acción Socialde la Gobernación de San Pedro y la conformación de una Red Institucio-nal y Social, integrada por Mediadoras/es Sociales, actores del Sistema deJusticia, instituciones públicas y organizaciones sociales.

En la confianza de que esta experiencia llevada adelante gracias a la con-junción de la voluntad política de la Gobernación de San Pedro, y la admi-rable conciencia ciudadana y participación social de las/os Mediadoras/esprotagonistas en la promoción del ACCESO A JUSTICIA Y DEMOCRACIAEN SAN PEDRO, se convierta en un ejemplo edificante que impulse al Gobier-no y a la Sociedad Civil a ABRIR LAS PUERTAS HACIA UNA CULTURA DEPAZ EN PARAGUAY.

María Victoria RivasDirectora Ejecutiva del CEJ

Comité de DESC-CIDH. Indicadores de Progreso en materia de DESC

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Diagnóstico de Necesidades Jurídicas

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. ACCESO A LA JUSTICIAEl acceso a la justicia involucra un análisis

político, una reflexión conceptual y una compren-sión práctica ineludible, que nos coloca frentea algunos dilemas cuando intentamos identifi-car condiciones necesarias y suficientes para for-mular políticas públicas que contribuYan a mejo-rar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Sinos dedicamos sólo a la dimensión política corre-mos el riesgo de esbozar una teoría abstractasin dejar en claro a qué nos estamos refiriendo.Si abordamos el problema conceptual, soslaya-mos un aspecto sustantivo privilegiado si nues-tra finalidad es ahondar en el perfil de Estadodeseable; por último si exclusivamente dedica-mos nuestro esfuerzo en delinear una “guíapráctica” de acceso para el ciudadano, daremossimplemente respuestas inmediatas, sin cons-truir el rompecabezas completo, lo que poco con-tribuiría a avanzar en un tema que ha sido –y es-un objeto de análisis permanente.

Es posible distinguir, al menos, cinco signi-ficados que no agotan el término “acceso a lajusticia” pero, sin embargo, son ilustrativos delos conflictos que se enfrentan cuando se pre-tende definir este concepto. Así, justicia local,exigibilidad de derechos, resolución alterna-tiva de conflictos, protección administrativadel ciudadano y justicia indígena son entendi-

dos como modos de mejorar la calidad delacceso a la justicia, y cada uno de ellos, a suvez, involucra problemas diferentes y ameritaun abordaje específico.

De este modo, la justicia local está confor-mada por diferentes instancias, estatales y noestatales, como por ejemplo jueces de paz,comisiones vecinales, casas de justicia, todasmodalidades con características particularesque forman parte de lo que se conoce comoacceso y que no puede ser asociada o confun-dida con otros mecanismos.

La exigibilidad de derechos tiene que vercon ciertos mecanismos contemporáneos des-arrollados en las últimas décadas, tales comoel amparo colectivo, el habeas data, lasacciones colectivas, etc., que permiten incre-mentar la calidad de protección de los dere-chos del ciudadano.

Esta apertura hacia la exigibilidad dederechos conlleva un mayor involucramientodel sector justicia en la protección de dere-chos, y claramente significa un mayor compro-miso de las instituciones con el acceso.

En cuanto a la resolución alternativa deconflictos, se presenta actualmente como unade las formas más eficaces y menos costosasde dar respuestas a los ciudadanos. Tambiénpodríamos inferir que este modo de adminis-trar justicia posee un rasgo predominantemen-te “pro-acceso a la justicia”, y sin lugar a dudas

PARTE I

I. Diagnóstico de Necesidades Jurídicas

PARTE

I

MMuurraall ddee llaa CCiiuuddaadd ddee SSaann PPeeddrroo.. GGrruuppoo MMuurraalliissttaa TTeettaagguuaa.. FFoottooggrraaffííaa ddee FFaabbiioollaa AAllccoorrttaa

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merece un análisis aparte. Lo que no signifi-ca que sea posible reducir el “acceso a la jus-ticia” a la resolución alternativa de conflictos,lo que tergiversaría ambos conceptos.

La protección administrativa al ciudadanoestá relacionada con aquellas instancias esta-blecidas en el ámbito del Poder Ejecutivo quele permiten al ciudadano canalizar un recla-mo. Cualquier mecanismo establecido ya seapara garantizar un derecho o medidas pro-acti-vas, tales como los programas de apoyofamiliar y de desarrollo comunitario formanparte también de aquello que llamamos “pro-tección administrativa” y que puede incluirseen lo que se denomina “acceso a la justicia”.

Por último, y agotando la lista de aquellosproblemas que englobamos dentro del concep-to de acceso a la justicia -para demostrar lapoca pertinencia conceptual de seguir denomi-nando a cuestiones muy diferentes de la mis-ma manera- mencionamos la justicia indígena,justicia que cada día adquiere mayor relevan-cia para la configuración de los Estados moder-nos. Así, la administración de justicia para losPueblos indígenas a través de sus propias auto-ridades, siguiendo sus propios procedimientosy aplicando su propio sistema de resolución deconflictos constituye sin lugar a dudas un modoprivilegiado de acceso a la justicia para los ciu-dadanos indígenas, pero no puede ser tratadosólo como un dispositivo de acceso, sino por elcontrario se ha convertido en uno de los mayo-res desafíos para un Estado construido alreSia los problemas de significado que apuntamosle sumamos las diferentes miradas desde lascuales se suele abordar la cuestión, el con-cepto de acceso se complejiza. Las perspecti-vas normativas y sociológicas son dos vertien-tes que entienden el acceso a la justicia demodo diferente. Desde aquellos que privilegianlas concepciones que conciben la falta de herra-mientas jurídicas como el núcleo del problema–los normativistas- hasta aquellos otros queenfatizan los efectos que produce la exclusióny se concentran en los grupos vulnerables para

desarrollar su análisis. Por último, vale la pena hacer mención del

impacto que produce en el desarrollo del acce-so a la justicia los sistemas informales de admi-nistración de justicia. La complementariedadque debería producirse entre sistemas forma-les e informales muchas veces no se presen-ta, y existe mucha desconfianza de que el Esta-do abandone sus funciones si lo informal seimpone, desplazando lo estatal. El vínculoentre los diferentes sistemas aún no ha sido losuficientemente explorado, y en la prácticamuchas veces éstos se superponen, generan-do despilfarro de recursos y en definitiva fal-ta de respuestas.

1.2. NECESIDAD JURÍDICA INSATISFECHASi fuera preciso presentar una definición

sobre “necesidades jurídicas”, y con el riesgode simplificar los problemas que representan,podríamos decir que son los problemas jurídi-cos que deben ser resueltos por el Estado a finde brindar protección a los derechos involu-crados cuando el ciudadano así lo solicita.

Como contrapartida, llamamos “necesidadjurídica insatisfecha” a una situación en lacual la necesidad jurídica no ha sido conocidapor el Estado porque existen barreras de acce-so, o que habiendo sido conocida no se obtuvouna respuesta adecuada por parte del Estado.Como se pretende establecer en este trabajo,son precisamente las necesidades jurídicas insa-tisfechas las que generan las demandas perti-nentes para que el Estado formule políticaspúblicas alrededor del acceso a la justicia.

Con estos presupuestos, y desde las pers-pectivas señaladas, se plasmará en este tra-bajo una descripción de la situación actual delmunicipio de San Pedro, para sugerir algunaslíneas de acción tendientes a superar los obs-táculos al acceso a la justicia e identificar lospuntos de partida para gestionar los reclamosinsatisfechos profundizando la calidad de larespuesta que el Estado –desde cualquierade sus instancias- brinda al ciudadano.

1.3. CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA: IDENTIFICACIÓNDEL UNIVERSO DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS

Este trabajo se encuadra en lo que se deno-mina “investigación exploratoria”, aquella quesi bien no utiliza como insumo una muestrarepresentativa de lo que se pretende investi-gar, conforma una aproximación legítima altema y, principalmente, analiza cualitativamen-te las miradas de actores claves, fuentes insus-tituibles de este relevamiento empírico.

Este documento tiene como objetivo la for-mulación de lineamientos generales de unapolítica pública de acceso a la justicia en elmunicipio de San Pedro del Ycuamandyyú, apartir de la detección de cuáles son las nece-sidades jurídicas insatisfechas del municipio.Está enfocado privilegiadamente sobre aque-llos grupos denominados vulnerables (muje-res, niñas, niños y adolescentes, y campesinos)y considera relevante tanto la administraciónde justicia “oficial”, la que se ejecuta a travésde las instancias del Estado, como la admi-nistración de justicia comunitaria, local, infor-mal, que recurre a otros tipos de mecanis-mos para resolver conflictos.

Se realizaron entrevistas a dos grupos cen-trales en este análisis: líderes comunitarios yoperadores de justicia e institucionales. Losprimeros aportaron una idea acabada de lasnecesidades jurídicas insatisfechas de la pobla-ción y de lo que se requiere para satisfacerlas.El segundo grupo brindó una idea del “estado desituación” del acceso a la justicia en el munici-pio de San Pedro, acercando elementos paradefinir lo que ya existe, cuáles son las carenciasy cuáles las potencialidades de las instituciones.

Las entrevistas se complementaron conencuestas a los usuarios y pobladores. Lasencuestas, aunque presentadas como unmaterial predominantemente cuantitativo, per-mitieron obtener información sobre cómo sonevaluados los servicios de justicia, si existecomplementariedad entre “las bocas de acce-so” del Estado y las que se gestan en las pro-pias comunidades; asimismo se utilizaron

como un “control cruzado” de las percepcio-nes de operadores y líderes. Se realizaron 20entrevistas a líderes comunitarios, 11 entrevis-tas a operadores de justicia e institucionales,37 encuestas a usuarios y 42 encuestas apobladores, distribuidas del siguiente modo:

1. Se seleccionaron aquellas comisiones vecina-les existentes (de preferencia aquellas confor-madas por mujeres, por campesinos, de promo-ción o desarrollo, etc.) cuyos líderes o represen-tantes forman parte de este trabajo empírico.Se entrevistaron entonces a referentes de laCoordinadora Departamental del Espacio SocialUnitario, la Organización Campesina “SebastiánLarrosa”, la Comisión de Fomento del Barrio SanMiguel, la Comisión Vecinal Virgen de Fátima,el Comité de Mujeres de la Comunidad de Bar-bero, la Organización Campesina Jhugua’ i Ypa-rere, el Frente Social y Popular, la Comisión demadres solteras del Barrio Inmaculada, la Comi-sión de Apoyo Comunitario Barrio Virgen deFátima, el Comité de Mujeres de Santa Librada,el Comité de Mujeres de Barrio San Miguel, la Pastoral Social, el Foro Permanente de Educa-ción. Asimismo, se contacto a representantesde la Iglesia de Filadelfia, de la Iglesia del BarrioMaría Auxiliadora, del Consejo Local de Saluddel Barrio Inmaculada, del Comedor San RoqueGonzález de Santa Cruz de la Parroquia Inma-culada Concepción y de la Comisión Comuni-taria del Barrio Virgen de Fátima.

2. Se entrevistaron a mediadores de la Ofici-na de Mediación del Poder Judicial y de la Ofi-cina de Mediación del Ministerio Público. Asi-mismo, a la Consejera de la Consejería Muni-cipal por los Derecho del Niño, Niña y Adoles-cente (CODENI) y a la Coordinadora del áreade Desarrollo Social, ambas dependientes dela Municipalidad; a la Secretaria de AcciónSocial de la Gobernación de San Pedro; alComisario Principal de la Comisaría 1° de SanPedro y a un ayudante de la comisaría. Por últi-mo, también fueron entrevistados el Fiscal

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de la Fiscalía de San Pedro, el Defensor Públi-co de la Defensoría Pública, el Juez de Paz yel Juez Penal de Ejecución del Poder Judicial.

3. Finalmente, y en relación a las encuestas ausuarios y pobladores, se concurrió a los luga-res en donde prestan servicio las “instanciasformales” de administración de justicia, parallevar adelante las encuestas pertinentes. Porotra parte, se realizaron encuestas aleatoriasa pobladores en las organizaciones de basecuyos líderes han sido entrevistados, paraconocer las percepciones de aquellos que for-man parte de dichas instancias organizativas.

2. UNIDAD TERRITORIAL DE ANÁLISIS

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓNSan Pedro es conocido en Paraguay como

el Departamento más pobre del país. Susituación tiene también relación con el cre-ciente aumento de la movilización y partici-pación de los movimientos sociales, lo quepresiona a las diferentes instancias del Esta-do para que desarrollen políticas públicas quemejoren en algún sentido la calidad de vidade los ciudadanos del lugar.

A partir de esta situación, tomar como uni-dad de análisis este municipio tiene por obje-tivos, en primer lugar, determinar el estado desituación específico con respecto al acceso ala justicia (a través de un acotado trabajo empí-rico); en segundo lugar, introducir algunos line-amientos para formular políticas públicassobre acceso a la justicia; y por último, ensa-yar algunas propuestas que puedan morige-rar las tensas relaciones entre el Estado y lasociedad civil.

Asimismo, y dado las características de SanPedro, si se puede formular una base exitosa depropuestas para este municipio, ésta puede serreplicada en todo el país (frente a una situaciónde carencias generalizada), por lo cual este muni-cipio se convertiría en el primer paso de una polí-tica de Estado sobre acceso a la justicia.

2.2. RESUMEN CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE SAN PEDROSan Pedro es uno de los Departamentos

más pobres, con una población según el Cen-so Nacional del año 2002 de aproximadamen-te 320.000 habitantes. En los departamentosde San Pedro (San Pablo y Unión) y Caaguazú(3 de Febrero, San Joaquín, Yhu) se ubican losdistritos con las más altas proporciones depoblación en condiciones de pobreza y en Cen-tral (J. Augusto Zaldívar, Aregua, Itaugua, Nue-va Italia) y Asunción las más bajas proporcio-nes. En los primeros los pobres representanentre 71 y 78 % de la población total, mientrasque en los segundos sólo entre 6 y 13 %.

El analfabetismo en los departamentos deSan Pedro, Caaguazú e Itapúa afecta a más del10% de la población superior al 8.9% que regis-tró la misma variable a nivel nacional, mientrasque en Asunción es de tan sólo 3,1%. El prome-dio de años de estudio es 4,9 años mayor enAsunción (que es el departamento que registrael promedio mayor en años de estudios) con res-pecto al departamento de San Pedro (que es elque registra el menor promedio en años de estu-dios). Asimismo, la proporción de personasmayores de 15 años con estudios secundarios ysuperiores al promedio nacional es de 21,5%en Asunción contra 3,7% en San Pedro.

El promedio del ingreso per-cápita de loshogares a nivel nacional es de Gs. 405.139. Elingreso más bajo se encuentra en San Pedro, elcual es equivalente al 36% del ingreso prome-dio nacional, y en el caso de Asunción es supe-rior en 84% al ingreso promedio nacional.

La EIH 1997/98 muestra las diferenciasregionales que existen en el consumo entre losdiferentes departamentos y entre la poblaciónpobre y no pobre. El gasto familiar en Asun-ción es 2,7 veces mayor con relación a SanPedro, y 1,4 veces más que Central. El autocon-sumo de alimentos más elevado se ha regis-trado en San Pedro (14,9%).

Los principales problemas que demandanlos usuarios están vinculados, a asuntos de tie-rras, medio ambiente, vivienda, familia y

hechos punibles contra la propiedad. El pro-medio de hijos por familia en el sector rural esmás alto que en el sector urbano, lo cual expli-ca que en estos departamentos, predominan-temente rurales, existan altos porcentajes deproblemas de filiación y asistencia alimenticia.

Considerando estas informaciones genera-les de la situación socio-económica del Depar-tamento de San Pedro, y por ende, en sus res-pectivos municipios, se observa un alto índi-ce de desigualdad social y económica con rela-ción a otros Departamentos de la Repúblicadel Paraguay. Lo que resulta un factor queimpacta en el relacionamiento Gobierno ySociedad, entre los diversos actores de lacomunidad sampedrana, e incide en un altogrado de ingobernabilidad, principalmenteante la falta de Políticas Sociales en Paraguay.

Por ello impera la necesidad de generar unaRed entre el Gobierno Departamental, Gobier-no Local, Poder Judicial y organizaciones dela sociedad civil.

2.3. GRUPOS VULNERABLES EN LA CIUDAD OBJETODel contexto socio económico de San Pedro

ya reseñado y del análisis de las entrevistas sur-ge con claridad que son numerosos los gruposen situación de vulnerabilidad o desaventajados,que requieren de atención a sus demandas.

Se identificaron familias en condicionesde pobreza (fundamentalmente las madres ylos niños, niñas y adolescente), campesinoscon conflictos por el acceso a la tierra, yafectados por problemas ambientales. Enestos casos la ciudadanía percibe una falta derespuesta por parte del Sistema de Justicia.

Nuestro punto de partida y un presupues-to base de nuestro análisis es que las políticaspúblicas deben ser especialmente dirigidas agrupos vulnerables. Frente a Estados con esca-sez de recursos e imposibilidad de dar respues-tas a todos sus ciudadanos, deben privilegiar-se aquellos que se encuentran en peor situa-ción. Por ello, y en el caso de San Pedro (y delo que surge del trabajo en terreno) deben for-

mularse políticas públicas de acceso especial-mente pensadas y dirigidas a familias campe-sinas en condiciones de pobreza (principal-mente mujeres, niño/as y adolescentes).

3. OFERTA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO JUSTICIAEn el municipio de San Pedro es relevante

identificar las instancias claves que desde elEstado gestionan la conflictividad, tanto des-de el Poder Judicial como algunas otrasdependientes del Poder Ejecutivo.

3.1. SISTEMA DE JUSTICIA RAMA JUDICIALPoder Judicial: Considerando que San

Pedro es el segundo Departamento más gran-de en territorio de la República del Paraguay,en el distrito de San Pedro del Ycuamandyyú,capital Departamental, cuenta precariamentecon un Tribunal de Apelación en lo Civil,Comercial y Laboral, un Juzgado de 1º. Instan-cia en lo Civil, Comercial y Laboral, un Juzga-do de 1º. Instancia de Niñez y Adolescencia, unJuzgado Penal de Garantías, un Juzgado Penalde Liquidación y Sentencia, un Juzgado Penalde Ejecución, y un Juzgado de Paz.

Por otro lado, como servicio judicial cuen-ta con una sola Oficina de Mediación, que tie-ne una funcionaria mediadora responsable conun (1) asistente que apoya labores meramen-te administrativas.

Defensoría Pública: El municipio de SanPedro del Ycuamandyyú cuenta con tres (3)Defensores Públicos.

Ministerio Público: Forma parte del Sistemade Justicia formal, cuenta con una Oficina deMediación, integrada por dos funcionarias. Asímismo cuenta con dos unidades fiscales, con unagente fiscal responsable respectivamente.

3.2. SISTEMA DE JUSTICIA RAMA EJECUTIVAGobernación del Departamento de San Pedro:

La Gobernación tiene entre sus funciones articu-lar redes institucionales y sociales para el desarro-llo Departamental. En su estructura orgánicaconsta de diversas Secretarías, entre ellas la

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Secretaría de Acción Social y la Secretaría de laMujer, cuyos objetivos consisten en apoyar y pro-mover el desarrollo solidario de la comunidad yel fortalecimiento institucional de las entidades yorganizaciones existentes y a crearse, referentesa mujer, niños, ancianos y discapacitados, respec-tivamente, en el Departamento de San Pedro.

En este contexto, el Departamento de SanPedro está atravesando una crisis cuya conse-cuencia más notable es el enfrentamientoentre las organizaciones sociales y comuni-tarias y los grandes empresarios (producto-res); ante esta realidad la Gobernación dentrosu precariedad y limitaciones de recursos jue-ga un rol preponderante dentro de la crisis.

Municipalidad de San Pedro: Tiene entre susfunciones el acercamiento de los servicios muni-cipales a la comunidad, desarrollando la parti-cipación de los ciudadanos para facilitar lasintervenciones municipales frente a las deman-das sociales y de servicios y la promoción y elestímulo de la autogestión de los vecinos.

En su estructura orgánica cuenta con unárea social que integra la Consejería Munici-pal por los Derechos del Niño, Niña y Adoles-cente (CODENI), y además la prestación de ser-vicios a la comunidad en interacción conorganizaciones vecinales y comunitarias.

Policía Nacional: La ciudad de San Pedro deYcuamandyyú cuenta con una Comisaría Principal.

4. PERCEPCIÓN DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA FRENTEA LA DEMANDA DE JUSTICIA

4.1. PODER JUDICIAL4.1.1. PRINCIPALES PROBLEMAS

De acuerdo a la perspectiva tanto del Juez dePaz como de la mediadora de la Oficina del PoderJudicial, los principales problemas giran alrede-dor de la familia. Así violencia doméstica, conflic-tos sobre prestaciones alimentarias, falta de regis-tros documentales, conflictos con niños y niñasson aquellos que en mayor medida se presen-tan y que se consultan frecuentemente.

Sin embargo, los operadores de justicia

señalan que en la comunidad existen otro tipode problemas colectivos, tales como aquellosconflictos producto de la posesión de la tierra,conflictos ambientales, de vivienda, etc.

4.1.2. SUFICIENCIA SERVICIOS DE JUSTICIAEn realidad, los operadores de justicia no

consideran que los servicios de justicia seaninsuficientes. Sin embargo, estos conflictosdenominados como “colectivos” carecen deinstancias que orienten su resolución.

El Juez de Paz reclama tanto recursoshumanos como de infraestructura (computa-dora, armarios). Asimismo, destaca la impor-tancia de los métodos alternativos de resolu-ción de conflictos como una de las mejores for-mas de dar respuestas rápidas a los conflictosde los ciudadanos. El Defensor Público deman-da más recursos humanos capacitados, comoaquellos con conocimientos informáticos.

4.1.3. BARRERAS DE ACCESOEn cuanto a las barreras de acceso, las que

se mencionan son múltiples. Desde el descono-cimiento de que existe un derecho que lo ampa-ra hasta el costo económico que representa,pasando por el miedo a represalias, la distanciade la autoridad a la que debe acudir, porqueno entiende los trámites o porque el trámitedemora mucho tiempo. Asimismo, también semencionó que una de las causas por las que nose acude al sistema de justicia es porque se creeque sus operadores son corruptos.

4.1.4. DERIVACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONESDe las entrevistas realizadas a los operado-

res de justicia se constató que existe monta-do un circuito entre instituciones que se tra-duce en derivaciones de acuerdo a los conflic-tos que se presentan. En general, los casos vie-nen derivados de la Comisaría, de la Fiscalíay de la Defensoría.

Por su parte, la mediadora afirma que losconflictos en los que entiende son derivadospredominantemente del juzgado de paz, del

juzgado de sentencia y del juzgado de la niñezy la adolescencia.

4.2. PODER EJECUTIVO4.2.1. PRINCIPALES PROBLEMAS

En la Comisaría se afirma que los principa-les problemas que se presentan son los relati-vos a conflictos familiares, así como robos yhurtos y los que involucran menores de edad,del mismo modo que destacan los accidentesde tránsito. Desde la municipalidad, la Conse-jera de la CODENI afirma que los asuntos másconsultados son “Salud, educación, asistenciaalimenticia, maltrato infantil, régimen de con-vivencia familiar, niños abandonados. Muchagente viene a pedir charlas sobre los derechosde los niños y participamos en programas deradio”.

Desde la coordinación del área social sedestaca que se consulta sobre “Pedidos demedicamentos, problemas de vivienda, faltade alimentación, indigencia, falta de útilesescolares para los chicos, falta de dinero parapago de servicios como agua, electricidad, etc.En general se presta asistencia social”.

El Secretario de Acción Social de San Pedroafirma que los asuntos más consultados sonaquellos derivados de la pobreza extrema, pro-blemas de educación, de salud, problemasfamiliares y conflictos con las tierras.

4.2.2. SUFICIENCIA DE RECURSOSDesde la Policía se demandan más recursos

humanos, patrulleros y medios de comunica-ción. También reclaman combustible para lostraslados y útiles de oficina en general. Desdela municipalidad, las demandas giran alrede-dor de la falta de infraestructura y de la esca-sez de recursos humanos.

En la gobernación se hacen notar las carenciasmás relevantes. Así, el Secretario de Acción Socialafirma: “Faltan recursos materiales para las ofi-cinas, informática, comunicaciones, también recur-sos para visitar las comunidades, recursos parahacer asistencia, por otro lado falta mayor capa-

citación de algunos funcionarios, sobre todo losmás antiguos que no se han actualizado”.

4.2.3. BARRERAS DE ACCESOLas barreras de acceso coinciden en gran

medida con las mencionadas en las entrevis-tas a operadores del sistema de justicia.

Al miedo a represalias se le suma la falta deconfianza en las autoridades, el desconoci-miento de la protección que deben brindarleslas autoridades y el considerar que las auto-ridades son corruptas.

El costo económico que representaría lle-var adelante el trámite también es una razónpara no acudir a la justicia como así tambiénla lentitud de las respuestas. La distancia delos lugares en donde deben consultar y la cre-encia extendida de que las autoridades nohacen nada también son razones que explicanla falta de acceso a la justicia.

4.2.4. DERIVACIÓN A OTRAS INSTITUCIONESComo en el análisis anterior está claro que

existe montada una red de derivaciones. Des-de la Policía se deriva al Juez de Paz y a la Fis-calía. También la Policía menciona de mododestacado al CODENI.

Desde el CODENI se señala que las deriva-ciones son realizadas por los Centros de Salud,las Escuelas, las comisiones vecinales, los Juz-gados y la Defensoría Pública.

Autoridades del municipio señalan “Hacefalta una institución orientadora donde serecurra y se encamine a la gente y al mismotiempo se le acompañe, un servicio que seagratuito, en el que no haya burocracia, que sele acompañe de cerca a la gente”.

4.3. MINISTERIO PÚBLICO4.3.1. PRINCIPALES PROBLEMAS

Los fiscales destacan como principaleshechos sobre los que entienden el abigeato y losdelitos contra el patrimonio. Por su parte, la auxi-liar fiscal de la oficina de mediación señala quelos daños materiales, violación de domicilio, ame-

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nazas y casos de deudas son las que en mayormedida se presentan a su consideración.

4.3.2. SUFICIENCIA DE RECURSOSDesde la oficina de mediación del MP se

demanda por más materiales de oficinas, vehí-culos, capacitación para el personal, notifica-dores, etc. Dado que atienden predominante-mente una población de escasos recursos, ypor el objetivo de la misma oficina, siemprepretenden llegar a un acuerdo, por lo cual eltrabajo siempre es demasiado. Desde la fis-calía se demanda por cuestiones que van des-de los recursos materiales (viáticos, recursosde movilidad) hasta aquellos que tienen quever con la capacitación de los recursoshumanos ya existentes.

4.3.3. BARRERAS DE ACCESOEs interesante destacar las diferentes visio-

nes del MP, dado los lugares distintos que seocupan en la institución. Así, desde la visiónde la fiscal no se acude a esta institución poruna cuestión de creencia del usuario de que laconsulta implicará un costo económico.

Por su parte, la mediadora comparte esamirada pero le suma otras razones que vandesde su desconocimiento de que tenía underecho o que podría acudir a una autoridadpara resolver su problema, hasta la falta deconfianza en la autoridad por creer que nosolucionará nada o porque peor, las conside-ran corruptas.

4.3.4. DERIVACIÓN A OTRAS INSTITUCIONESSi bien desde la oficina de mediación se enfa-

tiza el hecho de que atienden todos los casosaunque no sea estrictamente de su competen-cia, ya que pretenden acercar a las partes paraque alcancen un acuerdo; desde la fiscalía se afir-ma que llegan a su atención hechos de acciónpenal privada y medidas de protección de carác-ter urgente que directamente desestimansiguiendo la normativa del Código ProcesalPenal, previa remisión al juzgado competente.

Merece la pena destacar que desde la oficinade mediación se considera que ésta debería salirdel ámbito del Ministerio Público, dado que lagente por lo general siente miedo de acudir ala fiscalía, y principalmente por la relevancia queadquiere esta forma de solucionar los conflictospara las personas de escasos recursos.

5. NECESIDADES JURÍDICAS DE LA POBLACIÓN SELECCIO-NADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

5.1. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOSComo ya fue señalado en la construcción de

la muestra, la información que nos permitirá ana-lizar las necesidades jurídicas de la población delmunicipio de San Pedro, al menos exploratoria-mente, serán no sólo las percepciones de losoperadores descriptas en el apartado anterior,sino también entrevistas abiertas a los líderescomunales de las que surgirá información cua-litativa, y un sondeo realizado a usuarios y pobla-dores sistematizados de modo tal de poder apre-ciar su resultado cuantitativamente.

5.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SELECCIONADALos líderes comunales se seleccionaron de

acuerdo a la importancia de la organización a laque pertenecen, pretendiendo abarcar el espec-tro más amplio posible. En cuanto a los usuarios,se identificaron al momento de la encuesta enlos lugares institucionales con los que cuentael municipio. Finalmente, los pobladores fueronseleccionados en los barrios en los que tienenincidencia la organización comunitaria, parapoder contrastar las opiniones de los líderes conaquellos por quienes trabajan.

Por lo general, pertenecen a estratos bajosy medios/bajos, son campesinos o agriculto-res en su mayoría, y presentan múltiples nece-sidades jurídicas que habitualmente soninsatisfechas por el sistema.

5.1.2. PROBLEMASLos problemas que presentan los líderes

comunitarios son disímiles, pero todos men-

cionan –sin que signifique un orden de priori-dad, porque varía de acuerdo al líder entrevis-tado- los problemas de tierra, los que involu-cran al medioambiente, la deforestación, losproblemas de vivienda, la violencia intrafami-liar, los problemas de adicción y drogadicciónque presentan los jóvenes y los problemas conla justicia, principalmente porque la falta detierra se intenta resolver a través de la ocupa-ción y por ende buena parte de ellos son cri-minalizados. Asimismo, la pobreza y la falta detrabajo son también mencionadas como cen-trales en su identificación de los principalesproblemas que los aquejan.

Ahora bien, es notable la desconfianza quepresentan frente a la autoridad, y el socava-miento de su credibilidad dado que las consi-deran corruptas. Es más, en general no con-sideran como insuficientes la cantidad de auto-ridades existentes, sino antes bien deman-dan que cumplan su rol para que la ciudada-nía pueda creer que sus requerimientos sonsatisfechos.

Otro rasgo sobresaliente es que todos cono-cen las autoridades establecidas en el munici-pio, y admiten que recurren a la autoridad perosólo en contadas ocasiones. Habitualmente losconflictos se resuelven intra-comunitariamen-te, a través de las autoridades pertinentes (loslíderes comunitarios).

5.1.3. PERFILESCon respecto al perfil de aquellos benefi-

ciarios –y perjudicados- por los sistemas deacceso a la justicia, son mujeres y niños deescasos recursos, aquellos que pertenecen alos sectores más postergados como así tam-bién un núcleo de sectores rurales de clasemedia, o clase media baja, acosado por losproblemas de la tierra y su necesidad de lega-lización de los títulos, lo que ocasiona enor-mes tensiones con la justicia.

5.1.4. RESPUESTAS INSTITUCIONALESDesde las perspectivas de los líderes comu-

nitarios las respuestas institucionales no son lasesperables. Acuden sólo en casos muy graves ypor lo común intentan resolver los conflictos quese presentan en la propia comunidad.

Existe la convicción de que las autorida-des o son corruptas o no hacen demasiado, porlo cual muchas veces prefieren acudir a las ins-tancias de la gobernación o de la municipali-dad para asegurarse una respuesta adecuada.

5.1.5. SATISFACCIÓN DE SERVICIOSVale la pena destacar que si bien la mayoría

de los líderes califican como buenas (e inclusocomo muy buenas) las respuestas del gobier-no, tanto el municipal como el gubernamental,consideran que las respuestas dadas por el sis-tema de justicia son de regulares a malas. Porotra parte todos los líderes entrevistados recla-man más participación de sectores de la socie-dad civil, principalmente ONGs que presten ase-soramiento jurídico y que llenen un vacío encuanto a información y guía sobre lo quedeben hacer frente a determinados casos.

Por último, un aspecto central -que se enfa-tizará a lo largo de todo este trabajo- lo cons-tituyen los mecanismos alternativos de solu-ción de conflictos. Si bien existen dos ofici-nas de mediación (una en la órbita del PoderJudicial y otra que depende del MinisterioPúblico) y otra serie de instancias del PoderJudicial como así también de la Municipalidady de la Gobernación, los líderes conocen estasúltimas pero no así las que se refieren a aque-llas que brindan los servicios de mediación.

Por otra parte, relativamente conocen de laexistencia de métodos alternativos, pero todosopinaron que las personas de su comunidad lodesconocen, porque a pesar que los calificancomo muy buenos en término de respuestas, afir-man que carecen de la información adecuada.

Diagnóstico de Necesidades

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1. INTRODUCCIÓN.

Por qué una política pública de acceso a lajusticia.

Por lo general, no existe ninguna discu-sión alrededor de determinadas políticas públi-cas que un Estado debe formular para podergestionar adecuadamente los aspectos cen-trales de la vida cotidiana de un país. Así, esindiscutible que un Estado debe pergeñar unapolítica económica, una política educativa, unapolítica sanitaria, etc.

Sin embargo, no es tan obvio que el Estadodeba formular políticas públicas alrededor delacceso a la justicia. Si consideramos entoncesque las políticas de acceso a la justicia debenser públicas, o lo que es lo mismo que debenser planificadas, formuladas y ejecutadas porel Estado, es el mismo Estado el que debegarantizar el acceso a la justicia de los gruposmás vulnerables, articulando los servicios exis-tentes y configurando un sistema que respon-da a las demandas reales de la población.

De esta manera, es necesario seguir unalógica para abordar el problema que represen-ta el acceso a la justicia. En general, los estu-dios sobre el tema comienzan analizando lasinstituciones existentes para luego focalizar-se en las demandas de la población. En estetrabajo hemos tratado de invertir esa lógica:a partir de las demandas concretas observa-

das en el relevamiento sobre el terreno, se tra-ta de analizar las respuestas institucionales ysu correlación con dichas demandas.

La centralización de información, la iden-tificación de la oferta existente, el estableci-miento de prioridades y la sustentabilidad delas políticas que mencionamos en este mismoapartado deben ser una responsabilidad delEstado, que no puede (ni debe) ser suplida porla intervención de iniciativas privadas. Antesbien, estas intervenciones deben contribuir agenerar servicios integrales, volverse comple-mentarios de los estatales, pero nunca lasustitución del Estado debe entendersecomo una situación deseable.

Desde esta perspectiva, la creación deherramientas para la formulación de políti-cas públicas debe contemplar una planifica-ción estratégica adecuada junto con la iden-tificación de experiencias (buenas prácticas)exitosas que puedan ser replicadas, depen-diendo del contexto.

2. PRESUPUESTOS INICIALES. CARACTERIZACIÓN DE UNAPOLÍTICA PÚBLICA DE ACCESO A LA JUSTICIA.

La mayoría de los trabajos documentalesy teóricos revisados aportan miradas en lasque sobresale lo institucional. Garro, por ejem-plo, sostiene que la expresión acceso a la jus-ticia “implica que esta ‘justicia’ es impartida

PARTE II

Lineamientos de Formulación de Políticas Públicas

en Acceso a la Justicia

PARTE

II

MMuurraall ddee llaa CCiiuuddaadd ddee SSaann PPeeddrroo.. GGrruuppoo MMuurraalliissttaa TTeettaagguuaa.. FFoottooggrraaffííaa ddee FFaabbiioollaa AAllccoorrttaa

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Lineamientos de Formulación de Política Públicas en Acceso a la Justicia

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por personas, organizaciones o institucionesy que suelen presentarse obstáculos de índo-le diversa para llegar a ser escuchado y aten-dido por estos operadores de justicia”. Si bienpodría interpretarse que los “operadores” alos que se refiere pueden no ser sólo agentesestatales, sino también miembros de gruposcomunitarios o paraestatales, la duda se vezanjada cuando destaca en el mismo artícu-lo la necesidad de que todo esfuerzo reformis-ta apunte a “facilitar el patrocinio letrado ya los tribunales”, excluyendo implícitamenteotras alternativas .

Destaca además este autor que la falta deacceso a la justicia de los sectores margina-dos “se mide por la oportunidad de contactocon abogados y magistrados”, con lo que dejaafuera de la medición cualquier alternativaque excluya a la corporación de los abogados,que tienen el monopolio del acceso a la justi-cia, si todas las alternativas parten de unamirada institucional. Es interesante, sinembargo, que Garro defina una serie de obs-táculos al acceso a los que les reconoce “índo-le institucional”: los costos y demoras judicia-les, la reticencia a recurrir a medios alterna-tivos de resolución de conflictos, y todas lassolemnidades del proceso que, según explica,comportan un dispendio de tiempo y de dine-ro que impiden el acceso a la justicia.

Abregú propone lo que define como unamirada “práctica” al problema, y sostiene queel acceso a la justicia es en realidad un dere-cho instrumental, ya que la experiencia harevelado claramente que no hay posibilidadesde un goce de los derechos básicos si no seestablece una manera de asegurar el accesoa la justicia. Partiendo de la base de que lospobres o los sectores más desaventajados notienen un real acceso a los tribunales, esteautor analiza el tema desde los obstáculosque las personas van hallando en el caminoen busca de justicia, pero delimita esas barre-ras en aquellas que tienen las personas parallegar a que sus reclamos sean atendidos por

los tribunales, sin entrar en vías alternativaso informales.

Aclara sin embargo el autor que “no se tra-ta de un reclamo por una respuesta uniformey burocrática para cualquier conflicto que sepueda presentar. No tiene nada que ver conlas vías judiciales o informales para resolverconflictos, sino con el hecho de que, en mirasde vivir en una sociedad equitativa y justa,todos deben tener la posibilidad de llevar susconflictos ante un tribunal, más allá del hechode que sea una corte, un juez de paz o cual-quier otro sistema racional”.

Se hacen advertencias respecto de lasaproximaciones “endógenas” al problema delacceso a la justicia, en contraposición a mira-das que van más allá de las contingencias delas instituciones formales. Bielsa enuncia dosconsecuencias en este aspecto: por un lado,se excluye al interesado de la posibilidad deencarar estrategias más o menos informalespara resolver controversias, y por el otro sele cierran las posibilidades de acciones pre-ventivas anteriores a las causas que provocanlos conflictos.

Es en este marco que Abregú, por ejem-plo, señala algunos de los obstáculos que lacorporación judicial opone a quienes quieranintentar acceder a la justicia: la ubicación delos tribunales, el diseño de los edificios judi-ciales y de los mismos tribunales, el desarro-llo de un lenguaje “legal” propio, la cosifica-ción de los clientes del servicio judicial.

La carencia de definiciones hace quesean más usuales los análisis sobre los obstá-culos de las burocracias judiciales para elacceso de los “consumidores”, es decir, si lasinstituciones proveen o no los recursos nece-sarios para que la gente acceda. De hechohasta es común encontrar aproximacionesal concepto de acceso a la justicia a través dela enunciación de los obstáculos. Se trata deconceptualizaciones hechas en sentido inver-so: el acceso a la justicia es la manera de sor-tear los obstáculos que impone el sistema.

Es común que se asocie a los denominadosmedios alternativos de resolución de conflic-tos con una mirada “comunitarista”, o almenos con una mirada que deje de lado “lo ins-titucional”. Sin embargo, existen justificacio-nes de esta necesidad de resolver los conflic-tos por fuera del marco institucional en losintereses del propio sistema. Sostiene Méndezque se debe prestar atención a estos métodos“no sólo para simplificar el proceso, sinotambién para ayudar a alivianar la pesada car-ga de la acumulación de casos”.

Lo que es incipiente es la mirada respectode los usuarios: por qué motivos se acercan opor qué motivos dejan de ir. Como ejemplo esposible mencionar la situación de varias comu-nidades indígenas en países como Bolivia. Losobstáculos al acceso a la justicia de estaspoblaciones generaron una autoexclusión delos servicios formales de acceso, aparentemen-te menos eficientes y más lentos que los pro-pios y tradicionales. Esta circunstancia contri-buye a la subsistencia de ámbitos locales einformales de resolución de conflictos, aunquetampoco es posible soslayar la existencia deun derecho indígena que opaca y vuelve inne-cesario el sistema de justicia oficial.

Por lo cual sí valdría la pena avanzarsobre las motivaciones de los usuarios parapresentar el conflicto ante determinadas ins-tancias, o directamente abstenerse de ello. Así,en el caso de Bolivia, la existencia de justiciaindígena desincentiva a los usuarios, enmuchos casos, para acudir al sistema formal“oficial”, ya que para resolver sus conflictosno necesitan de él.

Otro aspecto relevante a destacar tiene quever con la descentralización de una política deacceso a la justicia. Los tribunales suelen estarubicados en el centro de las ciudades y enbarrios específicos.

De esta manera, la gente no sólo tiene quehacer grandes recorridos para llegar, sino quetambién conciben a los tribunales como unaparte autónoma de la ciudad, donde cada uno

tiene que acercarse para realizar sus deman-das. No es poco común hallar referencias delas posibilidades de mejorar el acceso a travésde la descentralización de los servicios; antesbien, existe un “prejuicio” ya asentado deque es precisamente a través de la descentra-lización que se podrán superar algunos delos obstáculos al acceso. Se suelen repetirlos proyectos de creación de tribunales depequeñas causas y cada vez más se proponela mudanza de oficinas radicadas en los cen-tros de las ciudades a los barrios o a las afue-ras de las ciudades.

La idea de descentralizar las institucionesa través de las cuales se accede a la justicia sesustenta en la aparente necesidad de acercarlos tribunales a la gente, y es vista como unaherramienta central en los programas de acce-so. Tal como lo describe Berizonce, la idea des-centralizadora para mejorar el acceso surgeen lo que Cappelletti definió como la “terceraola del movimiento por el acceso a la justicia”,etapa en la que se comenzó a realizar esfuer-zos que apuntaban a procedimientos más sim-ples y racionales, económicos y eficientes, quepromovieran la participación de las personasen la resolución de sus propios conflictos.

Se defiende la creación de tribunales depequeñas causas bajo el argumento de que“la necesidad de recurrir a un juicio costosoy prolongado determina que estos reclamosnunca lleguen a ser dirimidos por la justicia.La falta de respuesta a estas pequeñas cau-sas es una fuente de justificable resentimien-to hacia el sistema de justicia, que contribu-ye a minar la legitimidad del Estado. De allí lanecesidad de darle a este punto la importan-cia que merece dentro de un programaespecial de acceso a la justicia”.

Estos tribunales de pequeñas causas o decausas de menor cuantía, instalados en losbarrios o vecindades donde se producen losconflictos, no deben ser entendidos despecti-vamente como una justicia “de segunda”.

Como explica Berizonce, el acceso irrestric-

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to e igualitario no es sólo “para la soluciónde los conflictos mayores sino también –yespecialmente, porque de hecho son los másnecesitados y ‘carenciados’- de las pequeñascontroversias, en que tales litigantes arries-gan, casi siempre, sus ‘grandes’ derechos”.

Existe cierto nivel de descentralización enpaíses como Bolivia, en donde la poblaciónindígena ha subsistido. Los problemas de acce-so de los pueblos indígenas a las vías forma-les o estatales se generan por la pérdida delegitimidad de las instituciones y tambiénpor la coexistencia de sistemas de justicia indí-gena que resuelven los conflictos sin tener queacceder a los sistemas de justicia oficiales.

Algo similar ha sucedido en Perú con la Jus-ticia de Paz, que ha sido una creación popularreconocida por el Estado central más que cre-ada por él. En realidad, en estas circunstanciasno se dan estrictamente procesos de descen-tralización, sino que no avanza la tendenciacentralizadora de los estados modernos.

Explica Jorge Correa Sutil que la mayoríade los países de la región “no han contempla-do sus propias tradiciones históricas de reso-lución de disputas”, comúnmente locales, sinoque “han tendido a construir o a fortalecer lamediación y el arbitraje a partir de modelosque han sido exitosos en países como Franciay los Estados Unidos”.

Se sostiene que “la necesidad de recurrir aun juicio costoso y prolongado determina queestos reclamos nunca lleguen a ser dirimidospor la justicia. La falta de respuesta a estaspequeñas causas es una fuente de justificableresentimiento hacia el sistema de justicia, quecontribuye a minar la legitimidad del Estado.De allí la necesidad de darle a este punto laimportancia que merece dentro de un progra-ma especial de acceso a la justicia”.

Sin embargo, surgen experiencias quedemuestran que la descentralización no es lapanacea y que no es indemne a los problemaspropios de los órganos burocráticos. Tal comolo explica Garro, los órganos que se suelen

hacer cargo de estas pequeñas causas son jue-ces municipales o la denominada justicia depaz, “originalmente establecida con la finali-dad de dirimir contiendas vecinales de mane-ra rápida y poco costosa”. Señala el autor quelas experiencias se han ido frustrando por lacreciente burocratización y prolongación deestos servicios.

Las réplicas de los sistemas de causasordinarias, con el patrocinio obligatorio deabogados y la tendencia a la escrituraciónpodrían ser identificadas como causas deestas dificultades.

No obstante, vale la pena destacar y seguirapostando por los jueces de paz, ya queconstituyen una alternativa menos costosa,cercana a la comunidad y a sus problemasgenuinos y que no desalientan al ciudadanoporque se constituyen como auténticas víasde solución para sus conflictos.

Desde esta perspectiva descentralizado-ra siempre se ha criticado la elaboración deproyectos de ciudades judiciales en el cora-zón de los grandes centros urbanos, quefavorecen la comodidad de las corporacio-nes de los abogados.

Este tipo de proyectos de centralizaciónhacen repensar otra vez el rol del “usuario”del sistema. Parece evidente, desde esta pers-pectiva, que el real usuario es el abogado,quien adquiere un protagonismo inusitado.

Tal vez sea posible comenzar a reflexionary a explicitar –de manera sugerente y pro-vocativa- que el abogado puede llegar a con-vertirse en un obstáculo al acceso a la justi-cia, antes que el remedio esperado para resol-ver la disputa.

De esta forma, el rol preponderante quese le suele asignar a los abogados en el mar-co del paradigma asistencialista, a través delas defensas públicas o de los patrocinios lega-les gratuitos, podría desvanecerse en el mar-co de un proyecto de descentralización quefavoreciera el contacto entre el reclamante ylos funcionarios sin intermediarios.

La mirada del acceso a la justicia desde eldenominado “derecho de interés público”, porsu parte, tiende a la centralización y a la bús-queda de respuestas institucionalizadas a lasdisputas, ya que es común que distintos pro-blemas colectivos que pueden suscitarse en elinterior de los países o provincias se judiciali-cen en las grandes ciudades, donde se hallanlos tribunales.

Además, apoyándose en algunas de lashipótesis que dan contenido a este trabajo,puede darse una virtual expropiación de losconflictos de las personas por parte de losorganismos no gubernamentales, que utili-zan los casos para fines que muchas vecesresultan ajenos a las partes en contienda,como hacer lobby ante determinados gruposde poder.

Aunque sin lugar a dudas constituye una delas tantas estrategias para alcanzar la protec-ción de derechos.

En definitiva, las políticas públicas de acce-so a la justicia en un país deben ser formula-das a partir de ciertos requisitos básicos queincluyen la descentralización, la conjunciónde instancias formales e informales, una pre-tensión de universalidad que privilegia lossectores más desaventajados y una claradeterminación que el sistema de “diferen-tes bocas” de acceso deben ser organizadasde modo tal de acercarlas a los ciudadanos,para brindarles las respuestas que requierena sus conflictos.

3. REQUISITOS DE LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICAPÚBLICA.

3.1. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA ESTATALEl Estado cuenta con una serie de institu-

ciones que brindan un servicio de justicia.Muchas veces ese servicio es inadecuado oinsuficiente para satisfacer toda la demanda.De ese modo, la formulación de una políticapública de acceso a la justicia debe garantizarque esas instituciones puedan gestionar la

conflictividad existente, y por lo tanto debe ins-trumentar las medidas necesarias para gene-rar un abanico de respuestas, dentro de la pro-pia institucionalidad del Estado.

Por otra parte, no sólo la ampliación debeser geográfica sino que es preciso que el Esta-do pueda abarcar una temática amplísima.Es por todos conocido que el conjunto de losderechos van también ampliándose. Se incor-poran los derechos de interés público, porejemplo, y el Estado debe estar en condicio-nes de garantizar y proteger todos los dere-chos establecidos normativamente.

3.2. MAYOR COBERTURA DE LA JUSTICIA LOCAL Y COMUNALY DE PRÁCTICAS COMUNITARIAS

Las formas de gestión de la conflictivi-dad a nivel local y los sistemas de justiciaindígenas tienen relación directa con la mejorcalidad del acceso a la justicia. Si bien puedeafirmarse que muchas veces su existenciasuple las carencias del Estado, lo cierto esque muchas de ellas existen independientesde los mecanismos habilitados por el Estado,y que es importante alcanzar una comple-mentación entre las diferentes formas deacceso a la justicia.

Ahora bien, el Estado es el que debe articu-lar, organizar y publicitar todos los serviciosde justicia e instancias existentes.

En otras palabras, si bien son admisibles ydeseables otras formas de resolver los conflic-tos que no pertenezcan a la órbita estatal, esel Estado el que tiene la responsabilidad de sis-tematizar todos los servicios de justicia exis-tentes y de darlos a conocer a los ciudadanos.

Esto no es otra cosa que lo que se deno-mina planificación estratégica. Así, construiruna red que permita derivar con facilidad,dar la información pertinente a la poblacióny supervisar su buena marcha constituyenactividades que no pueden ser delegadas yque conforman lo que en definitiva es unabuena política pública en materia de acce-so a la justicia.

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3.3. POLÍTICAS DIRIGIDAS A GRUPOS VULNERABLES ESPECÍFICOSHablamos con antelación de una pretensión

de universalidad en cualquier política pública quese formule, incluida la de acceso a la justicia. Sinembargo, en países como los nuestros con esca-sez de recursos es lógico que se privilegien algu-nos destinatarios de políticas específicas.

Los grupos vulnerables son aquellos quepor su especial situación, ya sea consideran-do sus características étnicas, de género, gene-racionales, o desaventajados económicos, etc.,constituyen sujetos que deben ser priorizadosa la hora de otorgarles un beneficio escaso.

En ese sentido, las políticas públicas deacceso a la justicia deben ser formuladas pres-tando especial atención hacia estos sujetos lla-mados vulnerables.

Así, se afirma que “en la práctica, la elabo-ración de políticas específicas para cada gru-po que presente carencias más o menos homo-géneas requiere redimensionar la coberturade la justicia estatal pública e identificar losmecanismos que la hagan posible en su nue-va extensión así como la incorporación de unapluralidad de actores hasta ahora no contem-plados por el sistema, o contemplados única-mente de manera residual, que han de adqui-rir mucha mayor relevancia para garantizar laviabilidad de la reforma”.

4. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EXISTENTE DESERVICIOS DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.

Como ya ha sido señalado, las políticas públi-cas de acceso a la justicia deben construirsedesde la demanda para responder genuinamen-te a las necesidades jurídicas insatisfechas delos ciudadanos, así como para no generar ins-tancias que se solapen o que distorsionen losrequerimientos de la población.

4.1. PRINCIPALES DEMANDAS DE JUSTICIA. NECESIDADESJURÍDICAS INSATISFECHAS

En el marco conceptual se formuló una defi-nición de necesidades jurídicas insatisfechas,

para poder identificar y determinar las princi-pales demandas de justicia existentes en elmunicipio de San Pedro. El trabajo empíricodesarrollado estuvo diseñado, precisamente,para relevar este tipo de información y parapoder detectar la demanda real.

Por lo general la demanda tiene relacióndirecta con los conflictos predominantes queno encuentran respuestas satisfactorias.Dependiendo de los entrevistados, éstos hanenfatizado uno y otro problema pero se enfa-tizan los conflictos con la tierra, la violenciaintrafamiliar, aquellos problemas en los que seencuentra involucrado el medio ambiente, quecoinciden con las necesidades jurídicas. Esdecir que faltan respuestas del municipio, yasea desde las autoridades judiciales o las auto-ridades administrativas para sortear las barre-ras de acceso a la justicia.

4.1.1 RELACIÓN EXISTENTE ENTRE NECESIDADES JURÍDICASINSATISFECHAS Y GRUPOS VULNERABLES O DE ESCASOSRECURSOS

La recolección de información en terrenodemostró que los grupos vulnerables son losmás afectados por la falta de respuestas.

O lo que es lo mismo, coinciden las necesi-dades jurídicas insatisfechas con los gruposmás desaventajados.

Por supuesto que esto lejos de ser unacasualidad, es una traducción de cuestionesfácticas: las personas con escasos recursos tie-nen muchas menos probabilidades de accedera la justicia por múltiples razones que van des-de su mala situación económica, hasta des-conocimiento, desconfianza y un grado de des-protección frente a las estructuras del Estadoque las formas democráticas de gobierno aúnno han podido resolver.

4.1.2. BARRERAS PARA EL ACCESOEn el municipio de San Pedro se da una

situación muy particular. En general entrevis-tado/as y encuestado/as no reclaman más ins-tancias estatales o un aumento drástico de

recursos humanos, simplemente la demandamás generalizada es que aquellos funcionarioscumplan con su rol y desempeñen las tareasque le han sido asignadas.

Otro aspecto destacable lo constituye lafalta de información existente, la ausencia deuna instancia que coordine, articule y siste-matice todas “las bocas de acceso” para efec-tuar las derivaciones pertinentes. Esta desin-formación llega hasta los medios alternativosde resolución de conflictos, un desconocimien-to inadmisible si tenemos presente que exis-ten dos oficinas de mediación, una dependien-te del Poder Judicial y otra dependiente delMinisterio Público.

Por otra parte, también existen razonesde índole familiar o íntima, que lleva a quedeterminados conflictos que involucran violen-cia doméstica no se denuncien. Así, “… algu-nas señoras no quieren denunciar a susmaridos entonces tampoco nosotros podemoshacer nada, entonces lo que la señora dispon-ga nosotros le ayudamos, el pastor, el líder porejemplo se va a hablar con su marido”

4.2. OFERTA INSTITUCIONALEn cuanto a la oferta institucional, ha sido

detallado en la primera parte de este informe.Sin embargo, vale la pena señalar que debidoa la falta de coordinación pero también adesinteligencias políticas (principalmenteentre gobernación y municipio), esta oferta nose presenta como compacta y suficiente.

4.2.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIALas percepciones de los usuarios no son

positivas. Por el contrario, la falta de credibi-lidad y el socavamiento de la confianza basa-da, principalmente, en la creencia de que lasautoridades son corruptas influyen notable-mente en la marcha de los servicios de justi-cia. Es interesante destacar las palabras de lospropios líderes, uno de ellos afirma “No hayconfianza en las autoridades, sufrimos yvamos a sufrir más, porque con esta corrup-

ción que llevamos como costumbre, porquesiempre las autoridades acostumbra a hacersus cosas y al que tiene dinero le da su dere-cho y al que no tiene muere ahí, ya solo venlas cosas materiales, la plata, ya no importa lavida de los pobres, de los demás, y solo lesimporta tener cosas materiales.

El sueldo es muy poco para los de la jus-ticia, a los propios policías no les alcanza elsueldo, entonces si se les ofrece plata,quién va a perder”.

También vale la pena señalar que los líde-res comunitarios establecen una diferencia muyinteresante entre las autoridades del sistemade justicia y las autoridades del gobierno local.Por un lado, perciben como regular a las del sis-tema de justicia en contraste con las del gobier-no local que califican de bueno y hasta muy bue-no, como ya ha sido señalado en la primera par-te de este informe.

Esta diferenciación merece ser analizadamás profundamente, porque más allá de algu-nos matices establecidos entre la municipali-dad y la gobernación (por una cuestión ideo-lógica que ya ha sido mencionada), lo cierto esque se pueden identificar dos bloques en cuan-to a funcionamiento y efectividad de la res-puesta, que logra un consenso entre todos loslíderes entrevistados.

4.2.2. DESFASE DE LA OFERTA Y DEMANDAPor lo expuesto hasta el presente el desfa-

se entre la oferta y la demanda está asentado,antes que en la inexistencia, en la ineficien-cia de las ofertas institucionales, y en unafalta de registro de las autoridades de cuálesson efectivamente las necesidades jurídicasinsatisfechas.

4.2.2.1 PRINCIPALES DIFICULTADES PARA ARTICULAR OFER-TA Y DEMANDA

Si bien este trabajo empírico es explorato-rio, y por lo tanto no exhaustivo y limitado aalgunos actores claves cuya percepción esanalizada como fuente de información, es posi-

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ble enumerar algunas dificultades de esta arti-culación entre la oferta y la demanda.

Por una parte, es imprescindible contar conun “mapa” de necesidades jurídicas insatis-fechas, en dónde se encuentra la poblaciónque la sufre, cuáles son los grupos más des-aventajados y principalmente cómo debe con-formarse la demanda.

A partir de esta demanda, se debe construirla oferta. Pero esta oferta no sólo debe estarformada por mecanismos previstos institucio-nalmente, sino que deben sumarse prácticaslocales (como las llevadas adelante por líderescomunitarios que gestionan permanentemen-te la conflictividad de sus comunidades) y eltrabajo de ONGs que muchas veces prestanasesoramiento gratuito (y que son práctica-mente inexistentes en el municipio).

Por último, es preciso enfatizar sobre unaspecto que ya ha sido mencionado, y que esla dificultad del municipio para sistematizar yarticular lo ya existente y para difundirlo entrelos ciudadanos del municipio.

5. EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ACCESO A LAJUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.

5.1. ¿ES DESMONOPOLIZADO?Responder esta pregunta significaría afir-

mar que el municipio reconoce otros modosde gestionar la conflictividad que no depen-dan de sus propias instancias. Sin embargo, ya pesar que este reconocimiento no es expre-so, de hecho los ciudadanos recurren tanto alas autoridades del Estado como a las autori-dades comunitarias.

Sin embargo, de la información recogida pue-de también afirmarse que los ciudadanos prefie-ren recurrir a sus propias autoridades y que sóloen contadas ocasiones y en los casos más gra-ves acuden a las autoridades estatales.

5.2. ¿EXISTE UNA EFECTIVA DESJUDICIALIZACIÓN?De la información obtenida, no parece que se

plantee la desjudicialización como política de

Estado, antes bien ésta se da de facto por lasprácticas ya señaladas. Asimismo, las oficinas demediación existentes forman parte de los Pode-res establecidos por el Estado, tanto del Minis-terio Público como del Poder Judicial, por lo cualla desjudicialización es al menos parcial.

5.3. ¿EXISTEN INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS?No sólo que quienes acuden a las diferen-

tes instancias viven a una distancia conside-rable, s ino que más de la mitad de losencuestados señalan que viven a más de 5kilómetros y muchos de ellos a más de diez, loque está señalando la falta de instancias des-centralizadas.

5.4. ¿EXISTEN POLÍTICAS DIFERENCIADAS?La CODENI que depende de la Municipali-

dad es una instancia generalmente muy bienevaluada por los entrevistados y por los mis-mos operadores de justicia e institucionales,que muchas veces derivan los casos que se lespresentan a esta institución.

La CODENI, por lo tanto, es la única ins-tancia especializada que desarrolla una aten-ción diferenciada para niño/as y adolescentes.Por otra parte, no se cuenta con informaciónque acredite que existe alguna otra políticaespecífica según quiénes sean los destinata-rios, una demanda que se encuentra claramen-te expresada en las entrevistas, en donde sedemanda la creación de ONGs que se ocupende temas que no se encuentran contempladosen las políticas del municipio, tales como pro-blemas de tierra, dificultades que se derivande los agro-negocios y la explotación de soja,problemas de violencia doméstica, etc.

6. ARTICULACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.

6.1. ROL DEL ESTADO EN LA ARTICULACIÓN DE LOS DIFE-RENTES SISTEMAS DE JUSTICIA

Si bien sostenemos que las políticas públi-cas en materia de acceso a la justicia debencaracterizarse por ser descentralizadas, des-

formalizadas y en lo posible desjudicializadas,el Estado tiene un rol central en la articulaciónde las diferentes instancias existentes.

Para clarificar lo antedicho, existen tanto ins-tancias de los sistemas de justicia ordinario(como las que ya han sido mencionadas), ins-tancias que dependen del Poder Administrati-vo, y otras prácticas locales (que surgieronclaramente en las entrevistas a los líderes)que gestionan la conflictividad y que comple-mentan o completan lo existente a nivel formal.

Es preciso que estas prácticas de gestiónde la conflictividad comunitaria se alienten, yse reconozcan otros sistemas de justicia (comolo es el indígena) pero es insoslayable que elEstado coordine la diversidad de instancias,las articule y sobre todo las haga conocer enla ciudadanía, para evitar solapamientos, o unasuerte de “peregrinación” por diferentes luga-res sin encontrar el adecuado para la soluciónde un problema particular.

Esta articulación puede realizarse de múl-tiples maneras, pero sería conveniente que seconstruya “una red” de “bocas de acceso a lajusticia” que despeje cualquier duda en el ciu-dadano alrededor de adónde debe concurrir,y que también contribuya para que los funcio-narios realicen las derivaciones adecuadas.

6.2. PROPUESTA DE ARTICULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANPEDRO

En el municipio de San Pedro, al menos, sehan detectado dos cuestiones relevantes a lahora de la articulación. En primer lugar el polí-tico, dado que son obvias las tensiones exis-tentes entre municipio y gobernación, lo queno contribuye a una “coordinación saludable”.

En segundo lugar, la falta de información ypublicidad de algunas instancias de gestión dela conflictividad y solución de problemas, quecontribuiría en gran medida a descongestio-nar el sistema de justicia y acrecentar la credi-bilidad en la justicia.

El primer obstáculo es en un punto más com-plejo porque depende de variables no maneja-

bles por los técnicos. Por el contrario, el segun-do obstáculo mencionado es superable en lamedida en que se generen canales de difusiónque hagan público, por ejemplo, que en el muni-cipio existen dos oficinas de mediación.

Concretamente, se sugiere:• Formular un listado de aquellas instan-

cias que existen en el municipio, tanto bajola competencia judicial como bajo la com-petencia del poder administrativo, con susrespectivas atribuciones, y en un lenguajecomprensible y accesible para cualquierciudadano del municipio.

• Contar en cada una de las instancias (porejemplo, oficinas de mediación, CODENI,Juez de Paz, etc.) con esta información,publicitado en sus carteleras o en lugaresvisibles, para poder transmitir inmediata-mente al ciudadano cuáles son los centrosposibles de atención a su problema.

• Informar a los funcionarios del estado desitua ción del municipio, para que éstos yasea que entiendan en el conflicto plantea-do o realicen la derivación correspon-diente a quien efectivamente tiene la com-petencia para resolver el conflicto.

7. FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN ACCESO A LAJUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.

7.1. PRIMER PASO: PLANIFICACIÓNSin lugar a dudas, esta aproximación explo-

ratoria a los problemas del municipio de SanPedro es preliminar e insuficiente para pergeñaruna propuesta completa de una política públicade acceso a la justicia para dicho municipio.

Sin embargo, es fructífera e indicativo decuáles deben ser los pasos a seguir para com-pletar la información existente y traducir enmedidas concretas una voluntad política quedebe partir del Poder administrativo.

Así, es preciso tener presente algunosaspectos relevantes para un diseño racionaly eficiente.

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En primer lugar:• recursos disponibles

Los recursos a evaluar deben ser tantoeconómicos, humanos, de infraestructura,etc. Es importante conocer con qué ele-mentos se cuenta para formular una polí-tica de base que pueda ser luego enrique-cida con otro tipo de recursos.

• servicios existentesYa han sido señalados a lo largo de esteinforme. Pero más allá de las instancias quese encuentran habilitadas en la jurisdiccióndel municipio, es relevante saber con cla-ridad cuáles son los servicios que efectiva-mente funcionan, cuáles son sus alcances,y qué es lo que demanda la ciudadanía.

• necesidades jurídicas insatisfechasPor último, de todo el abanico de necesida-des jurídicas existentes, cuáles son aque-llas insatisfechas que no encuentran res-puestas más allá de lo dispuesto por elmunicipio para gestionar la conflictividad ydar respuestas a los problemas. Las nece-sidades jurídicas insatisfechas deben utili-zarse como la brújula que orienta cómodebe construirse la oferta de acceso.

Es importante alejar “la tarea de planificar”de una mera expresión de deseos, sino quedebe ser formulada sobre cuestiones concre-tas, pasar de una primera aproximación enabstracto a una planificación específica quepermita realizar una selección de los progra-mas de trabajo, la atribución de responsabili-dades en las distintas dimensiones de gestiónde esos programas y la identificación de lospuntos críticos que nos permiten corregir lagestión o visualizar su éxito.

7.2. SEGUNDO PASO: IMPLEMENTACIÓNLuego de planificar lo que requiere el muni-

cipio en materia de acceso a la justicia, debeejecutarse. En otras palabras debe existir unpar planificación – implementación, paragarantizar la buena marcha de la política públi-ca. Dicha implementación debe llevarse ade-

lante con los recursos disponibles y los servi-cios existentes, de allí la relevancia de planifi-car adecuadamente.

De la información recogida en San Pedro,está claro que se requiere de una instancia decoordinación de los diferentes dispositivos deacceso a la justicia. Dadas las relaciones entrelos niveles de gestión nacional, departamen-tal y municipal, sería conveniente analizar losprogramas específicos del nivel municipal quedeben ser llevados adelante. Por otra parte,esta instancia puede estar conformada porrepresentantes del Estado y de la sociedadcivil, o puede adquirir otra modalidad (comopor ejemplo, que sea sólo del Estado); sesugiere que sea el Estado el responsable finalde llevar adelante la política pública de acce-so a la justicia.

7.3. TERCER PASO: GESTIÓNEn abstracto, se sugieren tres dimensiones

de las tareas de gestión: una dimensión deorientación e información, una dimensión nojudicial que de respuestas a los usuarios y unadimensión judicial de asesoramiento jurídicogratuito, especialmente orientado a aquellosque pertenecen a los grupos más vulnerablesde la sociedad.

En cuanto a la dimensión de orientación einformación, el municipio de San Pedro debecontar con un lugar que centralice la informa-ción sobre los mecanismos de acceso a lajusticia disponibles. Esto es importante sobretodo por la detección de un alto porcentaje dedesconocimiento de dispositivos existentes,y la consiguiente subutilización de servicioscentrales para los ciudadanos.

Crear una mesa de información, generaruna red de instituciones que colaboren con lacirculación permanente de instituciones deacceso a la justicia, son proyectos deseables yplausibles que el municipio debería afrontar.

Al referirnos a la dimensión no judicial, sibien “aparentemente” de facto los ciudadanosrecurren a sus líderes comunitarios, es acon-

sejable conocer de qué forma entienden en lostemas (y cuáles son esos temas) para apun-talarlos y promoverlos en el desarrollo desus tareas, y sobre todo evitar la superposi-ción con otros servicios.

Por último, la dimensión judicial hace refe-rencia a la obligación del Estado de brindar alos ciudadanos herramientas para el acceso ala justicia. Si bien en principio debe atender atodos los ciudadanos, frente a la escasez derecursos debe privilegiar a aquellos gruposmás desaventajados, como ha sido sostenidoa lo largo de todo este trabajo.

7.4. CUARTO PASO: SUPERVISIÓN, CONTROL, MONITOREOLos responsables de formular las políticas

de acceso a la justicia deben llevar adelantelas tareas de evaluación permanente que poruna parte establezca los parámetros pertinen-tes para calibrar impactos y resultados, y porotra parte, vaya realizando los ajustes que elsistema amerite para atender a las necesida-des más urgentes.

Es importante determinar los responsablesde las desviaciones del plan original, para tomaren el momento oportuno las medidas correcto-ras. El proceso de control es relevante parapoder cumplir con lo planificado e implementarlo acordado sin que se aleje de la realidad sobrela que se pretende incidir.

8. CONCLUSIONESComo un modo de sintetizar los aspectos

que han ya sido destacados, señalamos lasconclusiones más relevantes:• Se debe construir la oferta sobre la deman-

da. En otras palabras, los dispositivos deacceso a la justicia deben correlacionarsecon las necesidades jurídicas insatisfechas.

• Se vuelve necesario que el ciudadano cuen-te con asesoramiento jurídico gratuito, quepor lo general es brindado por ONGs. En elmunicipio de San Pedro, y ante la ausenciade estas instituciones, es el Estado el quedebe asumir esta función.

• La desinformación y el desconocimientodeben ser combatidos con la publicidad y difusión de los servicios existentes, de suscompetencias y sus alcances.

• Si bien existe una red de derivación “informal”, debe generarse una interrelación explcita, que traduzca expresamente cuáles sonlas instancias más adecuadas hacia dondederivar determinados casos.

• Las autoridades del municipio debetomar registro de los conflictos más fre-cuentes –principalmente los de violenciadoméstica y los problemas con la tierra- alos que se debe privilegiar en la construc-ción de una respuesta.

• Debe tomarse conocimiento de otras for-mas de gestión de la conflictividad que seanparalelos a los sistemas formales. Principal-mente, para poder coordinar todos los dis-positivos existentes, y no sobreofertar si yase dan respuestas en la comunidad.

• Una de las razones que recurrentemente semencionó para no acudir a la autoridad judi-cial es la creencia de que ésta es corrupta(o en el mejor de los casos no hace nada).Esto debe ser tomado en cuenta por lasautoridades del municipio, para iniciaracciones que recuperen la credibilidad enla justicia.

• Muchos de los usuarios encuestados tienensu domicilio a gran distancia de los luga-res de consulta. Esto indica claramente lanecesidad de llevar adelante una política deacceso descentralizada.

9. RECOMENDACIONESFormular desde el Estado una política públi-

ca de acceso a la justicia, principalmente enun municipio pobre como lo es el de SanPedro, repercute en todas sus instancias, yasean administrativas o judiciales (y hastapodríamos incluir la legislativa si tenemos pre-sente la elaboración de ciertas reglas). Estosignifica que debe existir una clara voluntadpolítica de llevar adelante una transformación

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que incida en mejorar la calidad del acceso atodos sus ciudadanos.

Por otra parte, sumado a la voluntad polí-tica se deben realizar acciones que lleven aconocer los problemas principales de los ciu-dadanos, lo que no significa otra cosa queconocer cuáles son sus necesidades jurídicasexistentes y cuáles están siendo gestiona-das inadecuadamente, para poder respon-der satisfactoriamente.

Generar dispositivos de acceso a la justi-cia no es otra cosa que dar respuestas rápidasy eficientes a los ciudadano/as. No sólo las ins-tancias del Estado pueden hacerlo, pero sídeben coordinar todas “las bocas de acceso”existentes en el municipio.

En ese sentido, y con relativamente esca-sos recursos económicos, puede realizar unalabor muy productiva en términos de organi-

zación y articulación. Por último, la difusión de información es

central en todas las tareas de planificación ygestión. Es imprescindible dotar a cualquierpolítica de Estado de acceso a la justicia demedidas que favorezcan el conocimiento porparte de los ciudadano/as de cuáles son loslugares a los que puede acudir frente a un con-flicto. Esto último tampoco depende de losrecursos económicos existentes.

Por lo apuntado es evidente que la elabo-ración de una política de acceso a la justi-cia no es una tarea imposible ni requiere degrandes recursos económicos o humanos.Simplemente, se debe empezar por tomaralgunas medidas sencillas pero contunden-tes que reordenen lo ya existente y que pue-dan a su vez generar nuevas formas deatención a la ciudadanía.

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Modelo de Casa de Justicia • San Pedro

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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

A partir del Golpe de Estado del año 1989,el sistema democrático ha pasado por variosperiodos en su transición y uno de los ejesprincipales en la nueva concepción de gober-nar está basado en la participación ciudada-na. En nuestro país de zonas de crisis emer-gente y compleja, la democracia está enestado embrionario, resultado de una larga his-toria de cincuenta años de dictadura y auto-ritarismo, generando grandes barreras ideo-lógicas entre todos los ciudadanos, debilitan-do la capacidad para el diálogo, la toleranciaen el disenso, y la construcción colectiva devisiones y objetivos en común para un bienes-tar general, lo que afecta a la construcción deciudadanía y una cultura de participación yresponsabilidad social.

Cabe destacar que todo lo expuesto se agu-diza ante la situación de alto nivel de inequi-dad social en nuestro país y la necesidad degeneración de capacidades en la ciudadaníapara la autogestión, el liderazgo democráticoy la participación social activa. Al mismo tiem-po se rescata lo positivo desde la ciudada-nía, quien pese a ese contexto ha avanzado sig-nificativamente en impulsar procesos de cam-bio en el Paraguay, lo que se visualiza en elnuevo escenario político y social.

Paralelamente, debemos reconocer que si

bien el sistema electoral da a la ciudadanía laposibilidad de elegir a sus autoridades, no secrean mecanismos eficientes para el accesoa la información y a una comunicación eficazentre autoridades y sociedad civil, que impideuna participación efectiva de la ciudadanía ycapaz de incidir en la gestión de los gobiernoslocales hacia la construcción de políticas públi-cas que respondan a la realidad social.

Por otra parte, se observa que el Sistemade Justicia no responde adecuadamente a laciudadanía, lo que se infiere de la falta deacceso a justicia a ciudadanas/os y principal-mente de los grupos en condiciones vulnera-bles; la insatisfacción de las/os ciudadanascon el Sistema de Justicia; la carencia de res-puesta ante la escalada de la violencia y lainseguridad ciudadana, y el descreimiento ydesconfianza por parte de la ciudadanía delSistema Judicial.

En ese contexto a nivel país, se encuentrainmerso el Departamento de San Pedro, cuyoescenario particular se ve agudizado frente auna situación de carencias generalizadas,abordado anteriormente en el diagnóstico queforma parte de este trabajo. De lo cual se des-tacó el alto índice de desigualdad social y eco-nómica con relación a otros Departamentosdel país, como un factor que impacta en el rela-cionamiento Gobierno y Sociedad, entre losdiversos actores de la comunidad sampedra-

PARTE III

Modelo de Casa de Justicia en San Pedro

“Centro abriendo puertas Justicia y Equidad Social”

PARTE

III

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na, e incide en un alto grado de ingobernabi-lidad, principalmente ante la falta de Políti-cas Sociales en Paraguay.

A su vez, en función al diagnóstico sobrelas necesidades jurídicas insatisfechas y elanálisis de las barreras y problemas en tornoal acceso a justicia específicamente en el muni-cipio de San Pedro del Ycuamandyyú, sehan identificado los siguientes puntos cen-trales para iniciar un proceso de construcciónde un Modelo de Acceso a justicia en SanPedro, a saber:

1) Se destaca la necesidad de dar respuestaespecialmente a las familias campesinasen condiciones de pobreza, y principalmen-te mujeres, niños, niñas y adolescentes.

2) Habitualmente los conflictos se resuelvenintra-comunitariamente, a través de loslíderes comunitarios. Relativamente cono-cen de la existencia de métodos alternati-vos, pero actores sociales opinaron que laspersonas de su comunidad lo desconocen,porque a pesar que los califican como muybuenos en término de respuestas, afirmanque carecen de la información adecuada.

3) Con relación a los conflictos sociales, laGobernación del Departamento y losGobiernos Locales juegan un rol prepon-derante, más aún visualizando que desdelas perspectivas de los líderes comunita-rios existe la convicción de que las autori-dades o son corruptas o no hacen dema-siado, por lo cual muchas veces prefierenacudir a las instancias de la gobernación ode la municipalidad para asegurarse unarespuesta adecuada.

4) Autoridades del municipio han identifica-do que hace falta una institución orienta-dora donde se recurra y se encamine a lagente y al mismo tiempo se le acompañe,un servicio que sea gratuito, en el que nohaya burocracia, que se le acompañe decerca a la gente.

5) Si bien existe una red de derivación “infor-

mal”, debe generarse una interrelaciónexplícita, que traduzca expresamente cuá-les son las instancias más adecuadas haciadonde derivar determinados casos.

6) Debe tomarse conocimiento de otras for-mas de gestión de la conflictividad quesean paralelos a los sistemas formales.Principalmente, para poder coordinartodos los dispositivos existentes, y nosobre-ofertar si ya se dan respuestas enla comunidad.

7) Una de las razones que recurrentementese mencionó para no acudir a la autoridadjudicial es la creencia de que ésta escorrupta (o en el mejor de los casos nohace nada). Esto debe ser tomado en cuen-ta por las autoridades del municipio, parainiciar acciones que recuperen la credibi-lidad en la justicia.

8) Muchos de los usuarios encuestados tie-nen su domicilio a gran distancia de loslugares de consulta. Esto indica claramen-te la necesidad de llevar adelante una polí-tica de acceso

En este orden de ideas El CEJ ha diseñadoun Modelo de Casa de Justicia, basado en elsistema “Multipuertas” y recreado en funcióna la realidad social de referencia.

Por medio de este Modelo de Casa de Jus-ticia que pretende instaurar un Sistema deorientación jurídica básica, Métodos Partici-pativos de Justicia, y una Red Institucionaly Social para la articulación de serviciospúblicos y sociales en torno al acceso a jus-ticia, como mecanismos dinámicos y conti-nuos de prevención, gestión y resoluciónefectiva de conflictos.

En San Pedro se ha implementado el Mode-lo Casa de Justicia propuesto mediante el Pro-yecto “Abriendo Puertas Justicia y EquidadSocial”, con la cooperación de la FundaciónNacional para la Democracia (NED), y en elmarco del Convenio de Cooperación Interins-titucional entre la Gobernación del Departa-mento de San Pedro y el CEJ.

El Modelo de “Casa de Justicia” propuestoconsiste en un servicio de atención a la ciuda-danía para canalizar y derivar con asistenciaconflictos y problemas de la comunidad, traba-jando conjuntamente –desarrollando redes- coninstituciones públicas y organizaciones socia-les del municipio de San Pedro de Ycuamandy-yú, con miras a la construcción de un Modelo dereferencia a nivel regional y nacional para la pro-moción de un acceso real a justicia.

1.2. MARCO CONCEPTUAL DE CASAS DE JUSTICIAEl sistema de justicia está compuesto por

“el conjunto de instituciones que administranla pluralidad de las relaciones jurídicas y porlas normas que regulan tales acciones”.

En este contexto aparecen las Casas de Jus-ticia, donde se operan canales y mecanismosde resolución de conflictos en articulación coninstancias de justicia formal y no formal, conel objetivo de promover el acceso real a justi-cia viabilizando diferentes formas de resolu-ción pacífica de conflictos sociales.

Tiene que ver principalmente, como unaforma de participación de la ciudadanía en losasuntos que los afectan y en la resolución desus propios problemas y conflictos sociales.

Se trata de un mecanismo de naturalezademocrática, en la medida en que genera espa-cios de participación de la comunidad en eldesarrollo de la función jurisdiccional, devol-viéndole su poder para prevenir y manejar con-flictos pacíficamente.

Este mecanismo se orienta al fortalecimien-to de la gobernabilidad democrática y la legiti-midad de la Administración de Justicia en lamedida en que éste puede dedicarse a resolveraquellos conflictos que no hayan podido resol-verse por la comunidad, o que correspondendirectamente ser resueltas por la Justicia. Seenmarca dentro del movimiento de reformaspara garantizar el acceso a la justicia y el forta-lecimiento de la calidad de la democracia.

En el marco del Proyecto “Abriendo puer-tas, justicia y equidad social”, la Casa de Jus-

ticia consiste en un Sistema de Gestión de Con-flictos compartido por instituciones públicasy organizaciones sociales con el objetivo dedesarrollar un Modelo Multipuertas de preven-ción y manejo de conflictos acorde a la reali-dad social, promoviendo el acceso a justicia.

1.3. MODELO DE CASA DE JUSTICIA EN SAN PEDRO: REDESY CENTRO ABRIENDO PUERTAS

El Modelo se construye a partir de un Ser-vicio llamado “Centro Abriendo Puertas” quese implementa en la Gobernación del Depar-tamento de San Pedro.

Dicho Centro ofrece un servicio de atencióna la ciudadanía para orientar, canalizar yderivar con asistencia los conflictos y proble-mas sociales de la comunidad, y, en una pri-mera fase, se desarrolla teniendo como Prime-ra Puerta de sus servicios con la MediaciónSocial, que se desarrolla por los MediadoresSociales formados en el Proyecto.

Con efecto multiplicador en compañías ale-jadas de la ciudad capital del mismo, por mediode las/os Mediadoras/es que viven en dichaszonas, de modo a lograr un trabajo descentra-lizado y accesible a la comunidad.

Por otro lado, el Modelo de “Casa de Jus-ticia” se desarrolla a partir de la articulacióndel Centro Abriendo Puertas con sus respec-tivas Mediadoras, y además con las institu-ciones públicas y organizaciones sociales delmunicipio de San Pedro de Ycuamandyyúpara la promoción de un acceso real a lajusticia, Métodos Participativos de Justicia,fortalecimiento de la gobernabilidad demo-crática, y el mejoramiento de la gestión de laconflictividad local.

El Centro Abriendo Puertas tiene comoobjetivo contribuir al acceso real a la justiciay al fortalecimiento de la gobernabilidaddemocrática. Para tal fin se promueven deldesarrollo de una Red Institucional y Social,que permita ampliar y articular el circuito detrabajo existente entre instituciones y organi-zaciones sociales.

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1.4. MODELO DE GESTIÓN DEL CENTRO ABRIENDO PUERTASA) MISIÓN

Contribuir a la efectiva prevención, gestióny resolución de conflictos, mediante la pro-moción de Métodos Alternativos de Resolu-ción de Conflictos y el servicio de mediación.

B) VISIÓNEstablecer un sistema de resolución alter-nativa de conflictos y trabajo en redes, queresponda a las necesidades de la comunidadde manera efectiva y confiable, promovien-do el acceso a la justicia y la paz social.

C) Estructura organizacional del “CentroAbriendo Puertas” Fines y Objetivos y Estructura organizacionaldel “Centro Abriendo Puertas” En el Municipio de San Pedro de Ycuaman-diyú se está implementando un Servicio Mul-tipuertas como Centro articulador para eldesarrollo de un Modelo de Casa de Justiciaen el Departamento de San Pedro, destinadoa identificar y canalizar con la participaciónde los actores públicos y sociales válidos elmecanismo adecuado para la prevención,manejo y resolución de conflictos sociales

cuya atención soliciten o demanden las ciu-dadanas y ciudadanos.Para tal fin se desarrollará una Red Multisec-torial por el acceso a justicia para facilitar laarticulación del trabajo conjunto en el senti-do expuesto, y generar acciones que impul-sen la construcción de Modelos de Participa-ción Ciudadana para el abordaje de problemasy conflictos sociales, con el fin de contribuira la paz social y gobernabilidad democrática.En ese contexto, el “Centro Abriendo Puer-tas” promoverá Métodos Alternativos deResolución de Conflictos que son mediospacíficos para el abordaje de problemas yconflictos sociales, orientados por valo-res que contribuyen al aprendizaje en laconvivencia social: el respeto, valorizaciónde las personas y la diversidad, relacio-nes colaborativas en la comunidad, solida-ridad, participación y responsabilidadsocial, cultura de diálogo y paz El “Centro Abriendo Puertas” es una Uni-dad Operativa dependiente de la Secreta-ria de la Mujer y Acción Social de la Gober-nación del Departamento de San Pedro,que actualmente articula vínculos entre laGobernación y la comunidad sampedrana.

D) SERVICIOS DEL “CENTRO ABRIENDO PUERTAS”Las principales funciones del Centro “Abrien-do Puertas” son las siguientes:

• Ofrecer los servicios de orientación, cana-lización y derivación de conflictos y proble-mas sociales para su manejo adecuado.

• Promover la aplicación de Métodos Alter-nativos de Resolución de Conflictos, comola mediación, la conciliación, negociación yla facilitación de procesos de diálogo socialy construcción de consenso, y otros pro-cesos participativos que contribuyan a lajusticia y equidad social.

• Impulsar, estrechar relaciones colaborativasy participar en el desarrollo de redes insti-

tucionales y sociales con el objetivo depromover el acceso a justicia, la construc-ción de ciudadanía y responsabilidad socialpara el fortalecimiento de la gobernabilidad-democrática.

• Promover el acceso a la información públi-ca y educación cívica.

E) RED INSTITUCIONAL Y SOCIAL (RED MULTIPUERTAS)

Teniendo como punto de partida el CentroAbriendo Puertas, la Red representará lasuma articulada de esfuerzos y accionesindividuales y conjuntas entre las institu-ciones públicas y organizaciones socialespara contribuir al acceso a justicia con par-ticipación social.

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F) MARCO NORMATIVO• Ley 426/94 “que establece la Carta Orgáni-

ca del Gobierno Departamental”.• Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre la Gobernación del Departamento deSan Pedro y el Centro de EstudiosJudicialesdel Paraguay (CEJ).

• Resolución de la Gobernación del Departamento de San Pedro por la Cual se crea el Centro Abriendo Puertas, para la prestación de servicio de atención a la ciudadanía para orientar, canalizar y derivar conflictos y otrosproblemas sociales de la comunidad, y promover Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, principalmente la media-ción, facilitación, negociación y con cilia-ción, con el objetivo de contribuir al accesoreal a la justicia y al fortalecimiento de lagobernabilidad democrática.

• Carta Compromiso por la cual se conforma laRED POR EL ACCESO A JUSTICIA Y MEDIACION.

G) HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

• Manual de Organización del Centro Abriendo Puertas.

• Manual de Organización del Servicio deMediación del Centro Abriendo Puertas

• Guía Práctica de Orientación a la Comunidad.• Instrumentos de registro de orientaciones

y derivaciones asistidas (in situ y en el Cen-tro Abriendo Puertas), y trabajo en red.

• Instrumentos de gestión de los servicios demediación social in situ (en los barrios) y enel Centro Abriendo Puertas.

• Plan Comunicacional y Guía de comunicación para las Mediadoras

2. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA: MODELO DE CASADE JUSTICIA EN SAN PEDRO

2.1 PUNTO DE PARTIDASan Pedro es uno de los Departamentos

más pobres del país, con una población, segúnel Censo Nacional del año 2002 de aproxima-

damente 320.000 habitantes, y con la mayorsuperficie territorial en Región Oriental, estáorganizado en 20 distritos (municipios).

El analfabetismo en el departamento de SanPedro afecta a más del 10% de la población.Registra el menor promedio de años de estu-dio a nivel nacional. El promedio más bajo deingreso per-cápita de los hogares a nivel nacio-nal también se registra en este Departamen-to. Por otro lado, posee el nivel de autocon-sumo de alimentos más elevado a nivel país.

Las necesidades jurídicas insatisfechas iden-tificadas en el Departamento tienen que verprincipalmente con problemas de tierra, conflic-tos que involucran al medioambiente, la defo-restación, los problemas de vivienda, la violen-cia intrafamiliar, los problemas con la justicia,principalmente porque la falta de tierra se inten-ta resolver a través de la ocupación y por endebuena parte de los líderes campesinos son cri-minalizados, abigeato, lesión, problemas defamilia, filiación, prestación de alimentos.

Por otro lado, siendo el Departamento conmayor extensión territorial y sobre la base delas necesidades jurídicas insatisfechas de lapoblación, se puede observar precariedad y unainadecuada distribución de los servicios de jus-ticia, los cuales se encuentran la mayoría de lasveces concentrados en dos o tres distritos.

Se cuenta con Juzgados solo en los distritosde San Pedro del Ycuamandyyú, Santa Rosa ySan Estanislao. Si bien existen Juzgados de Pazen los veinte distritos, los mismos no cuentancon los recursos humanos y materiales parapoder cubrir las necesidades de la población, yla mayoría de las veces los Jueces de Paz debendesempeñar sus funciones en precarias condi-ciones. En similar situación se encuentran lascomisarías, que en cantidad cubren todo el terri-torio departamental pero tampoco cuentan conlos suficientes recursos. Solo hay 7 Defenso-res Públicos para cubrir una población de320000 habitantes, y están ubicados en dos dis-tritos, en la capital departamental y en San Esta-nislao, el resto de los distritos no cuenta con los

servicios de la Defensoría Publica. Existen 10 fis-cales ubicados respectivamente en 4 distritosdel Departamento. Solo existen dos oficinasde Mediación dependientes del Poder Judicialy del Ministerio Publico, ambas ubicadas en lacapital departamental.

Las principales barreras de acceso a justi-cia identificadas son: Desconocimiento porparte del ciudadano de que existe un dere-cho que lo ampara, el costo económico querepresenta un trámite judicial, la distancia dela autoridad a la que debe acudir, no se cono-ce o no se entiende el trámite que se debe rea-lizar, el tiempo que demora el trámite, secree que los operadores de justicia no resol-verán el problema o son corruptos, miedo arepresalias, los conflictos denominados como“colectivos” carecen de instancias que orien-ten su resolución, falta de recursos tantohumanos como de infraestructura (equiposinformáticos, mobiliarios, comunicaciones)enlas distintas dependencias que conforman elsistema de justicia.

Considerando estas informaciones genera-les de la situación socio-económica y jurídicadel Departamento de San Pedro, y por ende,en sus respectivos municipios, se observa unalto índice de desigualdad social y económicacon relación a los otros Departamentos de laRepública del Paraguay. Lo que resulta un fac-tor que impacta en el relacionamiento Gobier-no y Sociedad, entre los diversos actores de lacomunidad sampedrana, e incide en un altogrado de ingobernabilidad, e insostenible fal-ta de acceso real a justicia de los grupos vul-nerables, por si fuera poco sumido en la faltade Políticas Sociales en nuestro país.

A pesar de toda la situación expuesta lacomunidad sampedrana tiene un alto nivelde participación social diferente a todos losotros Departamentos del país, capacidad queprobablemente se ha generado por la ausen-cia de políticas de Estado en dicho territorio.Líderes y líderesas manifiestan un alto com-promiso social en sus comunidades y en la

región. Existe un alto nivel de conciencia ciu-dadana en San Pedro por lo cual se tiene uncontexto favorable para el desarrollo de expe-riencias en Métodos Participativos de Justicia.

El Centro de Estudios Judiciales, sobre la basedel diagnóstico de acceso a la justicia en elDepartamento, diseñó e implementó un ModeloMultipuertas para la gestión eficiente de conflic-tos. Dicho modelo consiste en un sistema decanalización y derivación asistida de casos quea partir de la articulación de redes instituciona-les y sociales contribuye al acceso real a la jus-ticia y a la gobernabilidad democrática.

El Modelo Multipuertas promueve métodosparticipativos de justicia, prevención y disminu-ción de la conflictividad social tales como orien-tación jurídica, construcción de redes institucio-nales y sociales, mecanismos tales como laMediación, la Facilitación de Procesos de Diálo-go Social y la Construcción de Consensos, asícomo la formación de liderazgos para el cam-bio social. Se constituye en la primera experien-cia de “Casa de Justicia” en nuestro país.

Los servicios ofrecidos cuentan con un pun-to local de referencia, el “Centro Abriendopuertas” instalado en la Secretaría de AcciónSocial de la Gobernación de San Pedro, dondela ciudadanía puede acudir en la búsquedade soluciones para los conflictos, ya sean decarácter personal o comunitario. En el mismose analiza cada situación y se ven las formasde resolverla, ya sea derivando el caso a la ins-titución que corresponde o utilizando losmedios alternativos de resolución de conflic-tos, más conocidos como mediación, negocia-ción y facilitación del diálogo. En todo este pro-ceso las personas reciben acompañamiento yorientación. El servicio es gratuito y cualquierpersona puede acceder al mismo.

Por otro lado el modelo cuenta con una redde líderes y lideresas comunitarios que hansido formados como Mediadores Sociales yestán preparados para realizar mediaciones,negociaciones y facilitación del diálogo en sucomunidad, así como orientar y canalizar los

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conflictos a las instancias correspondientes.Además facilitan las relaciones entre las comi-siones vecinales, comités, grupos de muje-res, etc. y las instituciones del Estado para unirfuerzas en la búsqueda de soluciones pacifi-cas a los problemas. Se constituyen en ver-daderos agentes de cambio y promotores delacceso a justicia acercando los servicios delmodelo a sus comunidades.

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELOLa primera fase del proyecto inició en octu-

bre del 2008 siendo sus objetivos principales:a) Fortalecer la eficacia y eficiencia de la admi-nistración de justicia en Paraguay para dar res-puestas con mayor acierto a las necesidades,sobre todo de los grupos en condiciones demayor vulnerabilidad. b) Promover el accesoa la justicia en la ciudad de San Pedro pormedio de la instalación a nivel comunitario dela modalidad “multipuertas”, que opere y arti-cule como centro de apoyo local los diferentesservicios de justicia.

ACTIVIDADES INICIALESLas primeras tareas fueron la identificación

y contacto con las principales institucioneslocales, tales como la Municipalidad y Gober-nación, Poder Judicial, Ministerio Público,Comisarías, así como con organizacionescomunitarias y líderes sociales. A todos ellosse les presentó el proyecto, sus objetivos ymetodologías, abriendo la participación a lamayor cantidad de actores locales.

Se logró concretar un convenio de trabajointerinstitucional con la Gobernación del Depar-tamento de San Pedro, que se constituiría enadelante como la institución de referencia parala instalación del modelo multipuertas.

FORMACIÓN DE MEDIADORES SOCIALESPara el funcionamiento del modelo multi-

puertas propuesto fue fundamental instalarcapacidades a nivel local, formando a los prin-cipales actores institucionales y sociales

para que puedan llevar adelante los servi-cios de orientación, derivación asistida, media-ción, negociación, facilitación del diálogo yconstrucción de consensos. En este sentido seimplementó un “Programa de Formación deMediadores Sociales y Facilitación para laConstrucción de Ciudadanía”.

El Programa estuvo compuesto de 5 etapasque se desarrollaron en dos talleres por eta-pa, de 6 horas presenciales y 4 horas de tra-bajos prácticos a realizarse fuera del espaciode los Talleres (no presenciales).

ETAPA I: Introducción a los Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC).

ETAPA II: Entrenamiento en Técnicas y Herramientas de Mediación (primera parte)

ETAPA II: Entrenamiento en Técnicas y Herramientas de Mediación (segunda parte)

Etapa III: La Facilitación para la Construcción deCiudadanía

ETAPA IV: Construyendo capacidades en Modalidad de Gestión Multipuertas

ETAPA V: Práctica Asistida en Resolución Alternativa de Conflictos

Para que las Prácticas Asistidas en Reso-lución Alternativa de Conflictos se realicen enlas Oficinas de Mediación del Poder Judicialy del Ministerio Público se establecieron acuer-dos con dichas instituciones, sentando lasbases para la cooperación recíproca entre lared conformada por los líderes sociales y lasinstituciones encargadas de administrar justi-cia. Las prácticas consistieron en la observa-ción directa de sesiones de mediación de casosreales. Se organizaron grupos de hasta 5observadores por sesión.

Las mediaciones estuvieron a cargo deMediadores Tutores del equipo técnico del CEJ.Esta experiencia además de cumplir con losobjetivos pedagógicos contribuyó a que losoperadores de justicia de dichas institucio-nes tomen contacto con los futuros mediado-res sociales, conozcan sobre el proyecto y susobjetivos, generándose un interesante acerca-

miento entre la sociedad civil y las autorida-des públicas.

Al cabo de un proceso de 5 meses, el grupode participantes del Programa de Formación con-formado por líderes sociales, docentes, funcio-narios del Poder Judicial, Ministerio Publico,Municipalidad y Gobernación, recibieron en unacto público sus certificados, quedando habili-tados como Mediadores Sociales para orientary mediar en los conflictos de su comunidad. Reci-bieron remeras identificadoras y una guíapráctica de orientación que les permitirá asistiry brindar información para facilitar la resoluciónde conflictos en sus localidades.

Hemos constatado a través de la expe-riencia del proyecto que la estrategia de capa-citación es sumamente eficaz para la genera-ción de vínculos y redes entre diversos acto-res locales. Por lo tanto haber iniciado el pro-yecto con el programa de formación facilitóenormemente el intercambio entre actores, elinvolucramiento de los beneficiarios y el acer-camiento a las instituciones de justicia. Lamanera integral de orientar la capacitacióntambién es un factor fundamental, no solo seha hecho pie en los aspectos técnicos sino quese ha dado un abordaje integral a las meto-dologías, incluyendo principios filosóficos dela cultura de la paz, valores, cambios de acti-tud y elementos de concienciación cívica.Todos estos elementos contribuyeron agenerar un clima propicio para fortalecer rela-ciones, motivar, sensibilizar y empoderar algrupo meta.

INSTALACIÓN DEL CENTRO ABRIENDO PUERTASUno de los resultados principales del pro-

yecto fue la instalación de un Centro de apo-yo local desde el cual se ofrecen los serviciosde asistencia y orientación legal así como laaplicación de medios alternativos de resolu-ción de conflictos. Este Centro es la referenciafísica y el asiento institucional del modelo.

A través de un convenio de cooperación inte-rinstitucional entre el centro de Estudios Judi-

ciales y la Gobernación de San Pedro se logróinstalar el Centro “Abriendo Puertas”. Por reso-lución del ejecutivo se estableció que dicho Cen-tro es un servicio a la ciudadanía ofrecido porla Secretaría de Acción Social de la Goberna-ción de San Pedro que busca acercar la justi-cia a las personas, sobre todo aquellas que vivenen condiciones de vulnerabilidad, a través de laorientación y derivación de los conflictos y pro-blemas sociales de la comunidad.

La atención a la ciudadanía se lleva a cabopor funcionarios designados por la Goberna-ción de San Pedro y por la red de mediadoressociales que han sido capacitados en el pro-yecto. Se trabaja en forma conjunta y coor-dinada con las instituciones públicas y lasorganizaciones sociales, facilitando la comu-nicación y los espacios de participación paradar una solución adecuada a los conflictos quellegan al Centro.

Una vez inaugurado el Centro AbriendoPuertas se inició el proceso de difusión paradar a conocer los servicios ofrecidos por elmodelo, tanto a las autoridades locales comoa la comunidad sampedrana en general.

Por otro lado se trabajó en la transferenciade herramientas de gestión a los funcionariosde la Gobernación, encargados de brindar el ser-vicio a la ciudadanía, así como a la red de media-dores sociales que han sido formados en el pro-yecto. Se emitieron carnets identificatorios otor-gados por la Gobernación de San Pedro a losmediadores sociales, lo que los acredita institu-cionalmente a brindar los servicios de orienta-ción y mediación en la comunidad.

Todos estos hechos contribuyen a crearcondiciones duraderas para el funcionamien-to del Modelo de Casa de Justicia, así como alograr el reconocimiento de toda la comunidadhacia el servicio. Que el modelo esté insertodentro de la Gobernación de San Pedro, insti-tución que goza de credibilidad y confiabilidad,beneficia enormemente a todos los actoresinvolucrados y a su vez facilita y fortalecelas relaciones interinstitucionales y sociales

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de las redes que sustentan el modelo.Creación y fortalecimiento de Redes insti-

tucionales y socialesLas redes sociales e institucionales como

sistemas de vínculos en el cual se dan diálo-gos y acciones entre personas o grupos depersonas se constituyen en una estructura ydinámica de relaciones sociales que facilita lareciprocidad y la articulación en torno a inte-reses comunes. Durante toda la implementa-ción del modelo se trabajó para que estos pro-cesos se formalicen y se estructuren, delegan-do responsabilidades entre sus miembros,estableciendo objetivos comunes y una agen-da de actividades.

En este sentido se impulsó la constituciónde la Asociación de Mediadores Sociales deSan Pedro (ASOMED San Pedro), como orga-nización que aglutina a los mediadores quehan sido formados en el proyecto así como alos demás mediadores del Departamento, queactúan en los ámbitos del Poder Judicial,Ministerio Publico y Municipalidad de SanPedro. Esta asociación confeccionó sus esta-tutos y eligió una comisión directiva. Actual-mente se encuentra en proceso de obtenerpersonería jurídica.

Por otro lado y con el objetivo de aglutinarde manera más amplia a los actores clave entorno al real acceso a justicia se confeccionóuna carta compromiso para la conformación deuna “Red por el Acceso a Justicia y la Media-ción”, la cual firmaron los mediadores socialesy los actores públicos del municipio, con el obje-tivo de promover el aprendizaje y enriqueci-miento reciproco, así como para fortalecer losvalores de libertad, participación, responsabili-dad, justicia y paz social. En el marco de esteacuerdo también se proponen mecanismos dearticulación y coordinación de acciones asícomo una regularidad de encuentros para ellogro de los fines propuestos.

Con estas redes se llevaron a cabo talleresparticipativos para la autogestión y planes decomunicación interna y externa, con el objetivo

de dotar a los principales actores de herramien-tas para la sustentabilidad de dichas redes.

DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y REDES DEL MODELO CASA DEJUSTICIA EN SAN PEDRO

A partir del diseño de un programa comu-nicacional se buscó difundir a toda la comu-nidad sampedrana los servicios y las redes delCentro Abriendo Puertas, así como generarmayor conciencia sobre los medios alternati-vos de resolución de conflictos.

Para el efecto además de la impresión y dis-tribución de materiales informativos tales comofolletos y cuadernillos, los actores involucradosen el modelo participaron de numerosos actospúblicos en los cuales se presentaron y difundie-ron ampliamente las actividades y metodologí-as del Centro Abriendo Puertas, de la Asociaciónde Mediadores Sociales de San Pedro y de la Redpor el Acceso a Justicia y la Mediación. Estosactos públicos se desarrollaron en Colegios, enla Municipalidad, en el local de la Gobernacióny otros, y a los mismos acudieron las autorida-des locales, organizaciones sociales, ONGs,gremios, jóvenes, estudiantes universitarios yfuncionarios del sistema de justicia.

Al finalizar el primer año del proyecto serealizó un acto artístico cultural dirigido a todala comunidad, denominado “San Pedro poruna cultura de Paz”. Asistieron al festival másde 300 personas, gran cantidad de jóvenes (decolegios y universidades) y familias. En el even-to se aprovechó la asistencia masiva del públi-co para distribuir los trípticos informativos delCentro Abriendo Puertas y de esta manerahacer difusión de los medios alternativos deresolución de conflictos, así como de las Redessociales e institucionales.

La estrategia principal del programa comu-nicacional es dotar a todos los miembros delas redes institucionales y sociales de las herra-mientas necesarias para que se conviertan enverdaderos agentes multiplicadores y promo-tores del acceso a la justicia en sus comunida-des e instituciones.

2.3 PRINCIPALES AVANCES Y RESULTADOSEn el primer año de implementación del

mode lo tenemos como principales resultados:

• 37 líderes sociales y funcionarios de insti-tuciones públicas graduados como media-dores sociales y habilitados para realizarmediación, negociación, facilitación del diá-logo y construcción de consensos.

• Resolución de la Gobernación de SanPedro aprobada, creando el “Centro Abrien-do puertas”, como dependencia de la Secre-taría de Acción Social, para la prestación deservicios de orientación a la comunidad ymediación social.

• Centro Local de Apoyo “Abriendo puertas”en la Gobernación de San Pedro inaugu-rado y ofreciendo los servicios propues-tos en el modelo multipuertas de gestiónde conflictos.

• Redes sociales e institucionales fortalecidaspor medio de la conformación de la Asocia ción de Mediadores Sociales de San Pedroy la Red por el Acceso a la Justicia y laMediación en San Pedro.

• Mediadores sociales y representantesde instituciones públicas entrenados enel uso de instrumentos de gestión parael trabajo en red.

• Actividades y materiales de difusión promo-viendo los servicios del modelo, así comosus redes sociales e institucionales.

• 73 casos gestionados por la Red deMedia dores Sociales y el Centro Abrien-do Puertas.

Alto nivel de participación: Desde el iniciode las actividades hemos contado con unimportante grupo de participantes, represen-

tativos de distintos sectores institucionales ysociales. Los/as participantes han difundido elproyecto en sus comunidades y han moviliza-do a los cursos mayor número de personas, ala vez que han multiplicado los conocimientosadquiridos en esta primera etapa.

INTERÉS DE NUEVOS ACTORES: Como consecuencia de la par-ticipación y difusión se ha despertado el inte-rés en otros municipios por implementar lasactividades del proyecto. Nuevos actores per-tenecientes a estas comunidades se nos hanacercado y solicitado la extensión de las acti-vidades en sus regiones. Este interés porparticipar enriquece nuestra propuesta y abreposibilidades a futuro.

Acercamiento entre Instituciones de Jus-ticia y sociedad civil: Mediante el desarrollodel programa de formación de mediadoressociales se generó un acercamiento positi-vo entre las instituciones de justicia y lasorganizaciones sociales a través de la parti-cipación de sus representantes en las dis-tintas etapas del programa. Dos factores con-tribuyeron a generar este relacionamiento,por un lado el tiempo compartido y el inter-cambio de experiencias durante los talleresde capacitación entre los líderes sociales ylos representantes de instituciones públicas(Ministerio Publico, Poder Judicial, Municipa-lidad, Gobernación, etc.) contribuyó a forta-lecer lazos de confianza y compañerismo. Porotro lado el hecho de que las practicas asis-tidas se hayan realizado en las oficinas demediación del Ministerio Publico y el PoderJudicial facilitó la sensibilización y aperturade los funcionarios de justicia hacia el sectorsocial, al cumplir el rol de anfitriones, reci-biendo a los representantes de la sociedadcivil en sus lugares de trabajo, compartiendocon ellos un tiempo e interesándose en la pre-paración que están recibiendo para el bene-ficio de la comunidad.

Vale destacar que probablemente fue la pri-mera vez para muchos de los participantes del

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programa de formación que se produjo unacercamiento a estas instituciones de justicia,conocieron a las autoridades y los serviciosque se brindan en dichos locales. Así mismose contribuyó a generar un cambio de acti-tud superador de los prejuicios y preconcep-tos que tanto los funcionarios de justicia comolos representantes de la sociedad civil mani-festaban los unos de los otros.

Fortalecimiento de las oficinas de media-ción del Poder Judicial y el Ministerio Público:Por medio del programa de formación y laspasantías de observación se vieron fortaleci-das principalmente dos instituciones; las ofi-cinas de mediación del Poder Judicial y delMinisterio Publico. Los factores que contribu-yeron a dicho fortalecimiento tienen que vercon la difusión que se logró de los servicios demediación hacia los sectores sociales a travésde los líderes que participan del programa ylas redes sociales que se articularon en tornoa dichas instituciones, constituyéndose en unabase importante para el mejoramiento yampliación de estos servicios que son clavepara impulsar el acceso a la justicia de los sec-tores más vulnerables.

Se generó un interés de parte de la socie-dad civil hacia el sistema de justicia com-prendiendo la importancia del mismo en lavida cotidiana así como un compromiso parael mejoramiento del sistema y el trabajo con-junto con dichas instituciones.

Facilitamiento del acceso a la justicia paralas poblaciones más vulnerables: A través delconocimiento que ha adquirido el grupometa respecto a los medios alternativos deresolución de conflictos y el sistema de justi-cia se han derivado varios casos a las ofici-nas de mediación del Poder Judicial y delMinisterio Publico, se han facilitado procesosde diálogo en las comunidades en torno a losconflictos existentes e incluso se ha realizadomediaciones en casos colectivos. Todos estosservicios han llegado a las comunidades másafectadas por la pobreza y el aislamiento.

2.4 DESAFÍOS Y LECCIONES APRENDIDASDESAFÍOS

Nos enfrentamos a múltiples desafíos quecontribuyeron a fortalecer nuestra propuestay el desarrollo de las actividades. Condicionessociales, culturales, históricas e incluso eco-nómicas conformaron el escenario particular-mente complejo, pero a la vez convocante querepresenta el Departamento de San Pedro.

• Aislamiento vs nuevas aperturasEl Departamento de San Pedro es una de lasregiones más postergadas por el Estadohistóricamente, hecho que se refleja en susíndices de pobreza, bajos niveles de des-arrollo económico, insuficientes vías decomuni cación, establecimientos educati-vos y de salud en condiciones precarias.Y no solo el Estado ha sido ausente sinotam bién las organizaciones de la socie-dad civil tales como ONGs, Fundacionesy otras, que más bien han concentrado susesfuerzos en otras regiones del país. Estas condiciones de aislamiento hangenerado una doble situación. Por un ladolos/as pobladores de las comunidades deSan Pedrohan desarrollado altos niveles deautogestióny organizaciones de base, lo cualconstituye un capital social sumamentevalioso y la base para proyectarse hacia eldesarrollo pleno de sus potencialidades.Pero por otro lado ven con cierta descon-fianza la ayuda o coopera ción que proven-ga del Estado o de las orga nizaciones dela sociedad civil, ya que bajo las condicionesde aislamiento mencionadas anteriormen-te no han incorporado el traba jo con dichasinstituciones como práctica cotidiana.El primer gran desafío del proyecto hasido enfrentarnos a la cultura de aisla-miento impuesta por la histórica ausen-cia del Esta do, proponiendo aperturashacia nuevos actores y nuevas prácticassobre la base de relaciones transparen-tes y vínculos de confianza.

Consideramos que hemos superado positi-vamente las primeras barreras de este des-afío. Por medio de la utilización de las herra-mien tas del diálogo, la participación demo-cráti ca y la habilidad de escuchar activa-mente las necesidades de los actores clavehemos construido la base de relaciones deconfianza y estrechado vínculos humanos,lo cual ha per mitido la apertura necesariapara la implementación de la propuesta.En el ámbito de las instituciones (Municipa-lida la importante trayectoria del Centro deEstudios Judiciales - CEJ en el fortalecimiento del sistema de justicia ha facilitado el diá-logo con las autoridades públicas de la zonay a la vez ha contribuido a motivar la parti-cipación de estos actores en el programa.Por otro lado, el intenso trabajo de cabilde-orealizado con el Gobernador de San Pedrodio resultados sumamente positivos, contarcon el aval de la Gobernación ha dadomayor legitimidad e impulso al proyecto yha sido fundamental para iniciar el relacio-namiento con otros actores clave tales comolas orga nizacionessociales locales.El permanente diálogo con los/as referen-tes sociales, nuestra clara predisposiciónpara aportar al proceso de democratizaciónen la zona y nuestro acercamiento perma-nente y responsable contribuyeron a laconstrucción de relaciones de confianza conlas organizaciones barriales, juveniles, demujeres y de campesinos, lo cual se reflejaen el alto porcentaje de participación delos/as representantes de estos sectores enlas capacitaciones.

• Antagonismos vs convergenciasLa dinámica política en nuestro país siempreha tendido a la formación de sectores anta-gónicos y polarizados, San Pedro no esca-pa a esta característica, por el contrario, enun contexto de aislamiento y postergaciónesta tendencia más bien se potencia.En el escenario político local nos encon-

tramos con tensiones entre grupos perte-necientes a distintos sectores partida-rios o sociales, enfrentados y poco dis-puestos a articularse. Anteponer prácticas de convergencia einclusión a las prácticas sectarias y exclu-yentes es un desafío en el cual nos encon-tramos trabajando permanentemente. La principal estrategia utilizada ha sido elcon tacto directo y permanente con todoslos sectores sin distinción. Reuniones, visi-tas, llamadas telefónicas y el envío periódi-co de informa ción sobre el proyecto hancontribuido a lograr representación de todoslos sectores, aun aque llos enfrentados, enlas distintas actividades del proyecto. Porotro lado, la actitud transparente, imparciale inclusiva del Equipo Técnico del CEJ hafacilitado la interlocución y posibilitado ten-der puentes para la comunicación.

• Posicionamiento del Centro Abriendo PuertasDesde un punto de vista externo es necesa-rio posicionar el servicio en la comunidad,desarrollar una imagen y una identidad delservicio, implementar los planes de comuni-cación externa, difundir el modelo por dis-tintos medios tales como charlas a gruposespecíficos, distribución de materiales dedifusión, participación en programas radia-les, visitas a las instituciones públicas y a lasautoridades de la comunidad, etc. Es nece-sario que el modelo sea ampliamentedifundido y reconocido por la comunidad.

• Sustentabilidad de las RedesLograr la sustentabilidad de las redes socia-les e institucionales que se han fortaleci-do durante el proyecto, nos plantea el des-afío de generar condiciones para que estasredes sigan vivas, mantengan canales decomunicación, vínculos de confianza,espacios de encuentro eintercambio, demanera proactiva y autogestiva. Significa, por lo tanto, que las redes se arti-

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culen para el trabajo conjunto, que todos losacto res involucrados se apropien del mode-lo y contribuyan a su funcionamiento, que seutilicen adecuadamente los instrumentos degestión que han sido transferidos a los fun-cionarios y a los mediadores sociales, que sepueda llevar sistemáticamente un sistemade registro y documentación de las activida-des, y que se instalen practicas de monito-reo y evaluación de manera permanente.

LECCIONES APRENDIDASESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN

Hemos constatado a través de la experienciadel proyecto que la estrategia de capacitaciónes sumamente eficaz para la generación devínculos y redes entre diversos actores locales.La manera integral de orientar la capacitacióntambién es un factor fundamental, no solo se hahecho pie en los aspectos técnicos sino que seha dado un abordaje integral a las metodologí-as, incluyendo principios filosóficos de la cultu-ra de la paz, valores, principios, cambios de acti-tud y elementos de concienciación cívica. Todosestos elementos contribuyeron a generar un cli-ma propicio para fortalecer relaciones, motivar,sensibilizar y empoderar al grupo meta.

TRABAJAR CON LA DIVERSIDADLa heterogeneidad del grupo de beneficiarios

probablemente es una de las mayores riquezasdel modelo de las redes. Compuesto tanto demujeres jóvenes como adultas, hombres padresde familia, campesinos y campesinas, lideressociales, representantes del Poder Judicial,Ministerio Publico, Gobernación y Municipalidad,todos ellos trayendo lo mejor de sus experien-cias y vivencias, aportando sus puntos de vista,construyendo desde la diversidad una nuevanoción de la justicia y la equidad. Trabajar conesta diversidad ha sido una gran lección, ir cons-truyendo caminos que contribuyan a superar lasdivisiones y los distanciamientos originados porla clase social o la preferencia política nos hafacilitado llegar a amplios sectores pudiendo ser

el puente entre actores que están enfrentadosen un contexto de polarizaciones sociales y polí-ticas. Este proceso de trabajo con la diversidadpudo ser posible mediante el enfoque integralabordado por el CEJ y el manejo de herramien-tas de RAC y acceso a justicia, sustentado en losprincipios de la cultura de la paz y la construc-ción de ciudadanía en democracia.

Por otro lado, los vínculos y el compromisode trabajo en conjunto se vieron también for-talecidos al compartir instrumentos de gestiónpara el trabajo en red. Funcionarios delPoder Judicial, del Ministerio Publico, de laGobernación y Municipalidad de San Pedro asícomo los mediadores sociales comparten,mediante el desarrollo del proyecto, metodo-logías y herramientas concretas para el mejo-ramiento y seguimiento de la gestión de losservicios que ofrece cada cual en su institu-ción, generando en conjunto mejores condi-ciones para el acceso a justicia sobre todo dela población más vulnerable.

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD COLECTIVAPara lograr el empoderamiento de los actores

involucrados y el fortalecimiento interno del gru-po de mediadores sociales hemos visto que resul-ta vital continuar y profundizar las metodologíasde desarrollo personal y grupal así como losplanes de comunicación interna y externa.

En el proyecto se han incorporado algunos deestos enfoques en el desarrollo de las activida-des dando un resultado positivo en relación a laconstrucción de una identidad colectiva, que a suvez genera la cohesión necesaria para la sus-tentabilidad de las actividades.

Durante la implementación del proyecto se hadesarrollado una relación de colaboración entrerepresentantes de las instituciones públicas y lasorganizaciones sociales para el fortalecimientodel sistema de justicia a nivel local:

• La Gobernación del Departamento de SanPedro, a través de la firma de un conveniocon el Centro de Estudios Judiciales ha

cedido el espacio y recursos necesariospara llevar a cabo las capacitaciones y reu-niones entre los líderes sociales y represen-tantes de las instituciones públicas locales.Por otro lado ha contribuido con espaciofísico y recursos humanos para la instala-ción del Centro Abriendo Puertas en suse-de. Representantes de la Gobernación hanfacilitado la participación de los mediado-res sociales en encuentros y conferencias,contribuyendo con transporte.

• Actores del Poder Judicial, el MinisterioPublico, la Municipalidad y la Gobernaciónde San Pedro, Instituciones Educativas y desalud han participado junto a los líderessociales en el Programa de Formación deMediadores Sociales, en el cual se constru-yó un espacio de análisis conjunto de la rea-lidad y búsqueda de soluciones.

• El Poder Judicial y el Ministerio Publico han-contribuido con la formación de losMediadores sociales posibilitando las prác-ticas de observación en sus Oficinas deMediación respectivamente.

• Actores del Poder Judicial, el MinisterioPublico la Municipalidad y la Gobernaciónde San Pedro son miembros y participanactivamente de la Asociación de Mediado-res Sociales de San Pedro (ASOMED),agrupación que promueve el acceso a lajusticia y los medios alternativos deresolución de conflictos.

• Líderes sociales de organizaciones talescomo comités de agricultores, comisionesvecinales, comité de mujeres, y otros, enconjunto conrepresentantes del MinisterioPublico, PoderJudicial, Municipalidad,Gobernación y Comisa ría, han firmadouna carta de compromiso para conformarla Red por el Acceso a Justicia y la Media-ción en San Pedro.

• Las mediadoras y mediadores sociales aglu-tinados en ASOMED, así como los responsa-bles del Centro Abriendo Puertas de laGobernación de San Pedro y las autorida-des públicas de la zona participaron en 8eventos públicos en los cuales se debatiósobre los conflictos locales, el sistema dejusticia y las posibilidades de trabajo en con-junto. Este fenómeno no se producía ante-riormente, según los comentarios de los dis-tintos actores en varias oportunidades. Elhecho de que jueces, fiscales, funcionariosjudiciales y líderes sociales participenjuntosde actividades y debates sobre las realida-des de su comunidad es un gran avance enla dirección de aunar los esfuerzos en laconstrucción de una verdadera justicia ydemocracia participativa.

• Los mediadores y mediadoras sociales tra-bajan coordinadamente con el Poder Judi-cial, el Ministerio Publico, las Comisarías, elJuzgado de Paz, la Municipalidad, la Gober-nación y otras instituciones locales en el pro-ceso de derivación de casos así como en elseguimiento de los mismos.

PROCESOS DE FORMALIZACIÓNHemos constatado también, a través de las

actividades de este periodo la necesidad de quelos procesos alcancen un nivel de formalidad, pormedio de acuerdos escritos, documentos, reso-luciones institucionales, convenios y otros, demanera que la experiencia pueda estar registra-da, documentada y al alcance de un público másamplio. Por otro lado estos aspectos formalescontribuyen a obtener el reconocimiento y la cre-dibilidad por parte de la comunidad.

2.5 PROYECCIONES DEL MODELO A NIVEL DEPARTAMEN-TAL Y NACIONAL

APORTES Y REFLEXIONES RESULTADO DE LA EXPERIENCIA

CULTURA DEMOCRÁTICA

La dinámica política en nuestro país siem-pre ha tendido a la formación de sectores anta-

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gónicos y polarizados, San Pedro no escapa aesta característica, por el contrario, en un con-texto de aislamiento y postergación esta tenden-cia más bien se potencia. En el escenario políti-co local nos encontramos con tensiones entregrupos pertenecientes a distintos sectores par-tidarios o sociales, enfrentados y poco dispues-tos a articularse.

Anteponer prácticas de diálogo, convergen-cia e inclusión a las prácticas sectarias y exclu-yentes fue un desafío en el cual trabajamosarduamente. A un año de implementación delproyecto nos sentimos satisfechos con loslogros obtenidos. En el marco de las activida-des del proyecto han podido converger, deba-tir y buscar formas de trabajo en conjuntoautoridades locales y líderes sociales, que enotros contextos se verían enfrentados y des-articulados. Se ha revalorizado el diálogo, elrespeto a las opiniones diferentes, y la búsque-da de objetivos comunes más allá de las dife-rencias políticas y sociales.

Podríamos decir que el proyecto aportó agenerar una nueva cultura democráticabasada en la búsqueda de soluciones a los con-flictos comunes, dando la más amplia partici-pación a todos los sectores, aún aquellos quesiempre quedaban marginados de los proce-sos y toma de decisiones. Y sobre todo, se hacontribuido a transformar el concepto que tie-nen los ciudadanos respecto del sistema dejusticia, como institución compleja e impene-trable, comprendiendo que es posible una jus-ticia participativa y más democrática.

IMPACTO POSITIVO DE GÉNERO

El alto porcentaje de participación de muje-res (75%) en el programa de formación seconstituye en un valor agregado para el pro-yecto y en un factor fundamental para el for-talecimiento de nuestro sistema democrático.La sociedad paraguaya, como la mayoría delas sociedades latinoamericanas se ve fuerte-mente influida por la cultura patriarcal, en lacual las mujeres han quedado excluidas de los

procesos políticos y sociales. Sin embargo, este proyecto facilitó la par-

ticipación y el acceso de las mujeres a las capa-citaciones y actividades.

Con mucho entusiasmo y dedicación lasmujeres de San Pedro se formaron comomediadoras y facilitadoras comunitarias gene-rando un impacto muy positivo para las comu-nidades a las cuales pertenecen. El empode-ramiento de estas mujeres sirve de referenciapara otras mujeres y para la comunidad todaalentando a la participación y promoviendo laequidad. Ellas han afianzado su tarea comuni-taria, se sienten más seguras cuando debenacudir a las autoridades para algún reclamoo propuesta, han sido elegidas para repre-sentar al grupo meta en encuentros y foros,conocen más sobre sus derechos y son capa-ces de orientar a otras mujeres en la tarea dehacer cumplir sus derechos y el de sus fami-lias. Esto lo podemos constatar observandoque la gran mayoría de las usuarias del mode-lo implementado son mujeres.

PROFUNDIZACIÓN DE LOS VÍNCULOS ENTRE INSTITUCIONES DE JUSTICIA Y

SOCIEDAD CIVIL

Sobre la base del relacionamiento positivologrado se avanzó hacia la participación con-junta de representantes de las instituciones dejusticia y de las organizaciones sociales envariados espacios y encuentros desarrolladosen el municipio de San Pedro, fenómeno queno se producía anteriormente, según loscomentarios de los distintos actores en variasoportunidades. El hecho de que jueces, fiscales, funcionariosjudiciales y líderes sociales participen juntosde actividades y debates sobre las realidadesde su comunidad es un gran avance en la direc-ción de aunar los esfuerzos en la construcciónde una verdadera justicia y democracia parti-cipativa.

Por otro lado, los vínculos y el compromisode trabajo en conjunto se vieron también for-talecidos al compartir instrumentos de gestión

para el trabajo en red. Funcionarios delPoder Judicial, del Ministerio Publico, de laGobernación y Municipalidad de San Pedro asícomo los mediadores sociales comparten,mediante el desarrollo del proyecto, metodo-logías y herramientas concretas para el mejo-ramiento y seguimiento de la gestión de losservicios que ofrece cada cual en su institu-ción, generando en conjunto mejores condi-ciones para el acceso a justicia sobre todo dela población más vulnerable.

SE DEMOCRATIZAN LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. EL ACCESO A JUSTICIA

LLEGA A LAS COMUNIDADES

A través del trabajo de promoción y difusiónde los mediadores sociales, alrededor de 20comunidades de escasos recursos están acce-diendo a los servicios de orientación, derivaciónasistida, y mediación. A la fecha se han regis-trado 73 casos asistidos por los mediadoressociales, los cuales ha sido canalizados y enalgunos casos se han realizado mediaciones. Lamayoría de los casos están relacionados conproblemas familiares y conflictos entre vecinos.Por otro lado se brinda información permanen-te sobre temas relacionados a la justicia y lasinstituciones, contribuyendo a incrementar elconocimiento de la población respecto a susderechos y la manera efectiva de defenderlos.

Todas estas acciones están contribuyendode gran manera a acercar la justicia a la gente,sobre todo en aquellas comunidades donde nollega la información ni la asistencia necesariapara poder resolver sus conflictos. También elproyecto ha contribuido a la sensibilización delos operadores de justicia quienes valoran demanera diferente aquellos casos que involucrana sectores en condiciones de vulnerabilidad,haciendo más accesibles los servicios y posibi-litando la solución pacifica de los conflictos.

PROYECCIONES Y NUEVOS DESAFÍOS

El Proyecto Casa de Justicia se desarrolló porun año y se extenderá por un año más. Por locual, el CEJ en este segundo año trabajará parael fortalecimiento del Centro Abriendo Puertasque funciona en la Gobernación, mediante la cre-ación de una nueva Puerta: Mesas de DiálogoSocial para conflictos con diversidad de actoresy mayores niveles de complejidad.

Por otra parte, estará avocado a la conso-lidación de la Red Institucional y Social dereferencia para el desarrollo del Modelo deCasa de Justicia y la réplica del Servicio del“Centro Abriendo Puertas” en tres municipiosdel Departamento.

Se aspira lograr la transferencia de conocimien-tos y experiencias a los actores claves para el des-arrollo del Modelo a nivel regional, que a su vezse constituya en Modelo de Casa de Justicia dereferencia a nivel nacional - POR EL ACCESO AJUSTICIA Y LA PAZ SOCIAL EN PARAGUAY.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTAManual de Políticas Públicas para el Acceso aJusticia. América Latina y El Caribe. Materialde Trabajo del Programa de las Naciones Uni-das para el Desarrollo (PNUD)Comité de DESC-CIDH. Indicadores de Progre-so en materia de DESCDocumentos del Proyecto “Abriendo Puertas,justicia y equidad social”, ejecutado por el CEJ,con la cooperación del NED.Diagnóstico Participativo del Sistema de Jus-ticia del Departamento de San Pedro realiza-do en el contexto del Presupuesto Participa-tivo en el marco del Programa “DESEMPEÑOJUDICIAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LAINFORMACIÓN”, Componente “IndependenciaJudicial” – “San Pedro hacia una Circunscrip-ción Modelo”.

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ANEXOS

En el Proyecto “Abriendo puertas, justicia yequidad social”, el CEJ propone desarrollar unModelo Multipuertas de gestión de conflictos enSan Pedro acorde a la realidad paraguaya.

El Modelo Multipuertas propuesto consiste enun servicio de atención a la ciudadanía para cana-lizar y derivar con asistencia los conflictos y otrasnecesidades de la comunidad, trabajando conjun-tamente con instituciones públicas y organizacio-nes sociales del Departamento de San Pedro.

Este servicio contribuye al acceso real a lajusticia de personas en condiciones de vulne-rabilidad y, además fortalece la gobernabili-dad democrática, la promoción de MétodosParticipativos de Justicia, la prevención y dis-minución de la conflictividad local, coadyuvan-do a la construcción de ciudadanía y la respon-sabilidad social.

Este Proyecto trabaja en el desarrollo deMétodos Alternativos de Resolución de Conflic-tos (mediación, conciliación y facilitación de pro-cesos de diálogo y construcción de consenso),como la contribución a la formación de lideraz-gos para el cambio social y la generación decapacidades para el desarrollo de redes pro-motoras del acceso a justicia y equidad social.

La iniciativa se ejecuta a través del Centrode Estudios Judiciales del Paraguay (CEJ), conla cooperación técnica de la Fundación Nacio-nal para la Democracia (NED) es una organi-zación privada sin fines de lucro creada en1983 para fortalecer instituciones democráti-cas alrededor del mundo a través de organi-zaciones no gubernamentales.

PRINCIPALES RESULTADOS 2008 – 2009.

Para la implementación del Proyecto el Cen-tro de Estudios Judiciales y la Gobernación de

San Pedro han firmado un convenio de traba-jo interinstitucional.

Por medio de este Convenio fue posible lainstalación y apertura del “Centro AbriendoPuertas” que por resolución de la Gobernaciónde San Pedro quedó definida como dependen-cia de la Secretaría de Acción Social, para laprestación de servicios de orientación a lacomunidad y mediación social.

A partir del mes del mes de noviembre del2008 se inició el Programa de Formación deMediadores y Facilitadores Comunitarios, diri-gido a líderes sociales y representantes de ins-tituciones públicas (Poder Judicial, Municipa-lidad, Ministerio Publico y otros)

Actualmente 37 líderes sociales y funcio-narios de instituciones públicas se han gra-duado como mediadores sociales y estánhabilitados para realizar mediación, negocia-ción, facilitación del diálogo y construcciónde consensos.

El Centro “Abriendo puertas” de la Gober-nación de San Pedro fue inaugurado en el mesde mayo y ofrece los servicios propuestos enel modelo multipuertas de gestión de conflic-tos.

Por otro lado se han articulado Redes socia-les e institucionales que sustentan el funcio-namiento del modelo.

Se ha creado la Asociación de MediadoresSociales de San Pedro (ASOMED), que agluti-na a todos los mediadores del Departamen-to y la Red por el Acceso a la Justicia y laMediación en San Pedro.

En los primeros 3 meses de funcionamiento elCentro Abriendo Puertas y la Red de MediadoresSociales de San Pedro han gestionado 73 casos,los cuales han sido analizados, se ha brindadoorientación, derivación asistida y mediación.

CENTRO ABRIENDO PUERTASSistematización de la experiencia

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Anexo I Anexo I

1.1. Número de orientaciones (casos en que los mediadores sociales han brindadoinformación sobre derechos y procedimientos)

1.2. Número de casos que fueron resueltos por medios alternativos de resolución deconflictos ( a través de los mediadores sociales)

1.3. Número de derivaciones asistidas ( casos en que los mediadores sociales handerivado a alguna institución con acompañamiento)

73

73

8

66

1. NÚMERO DE CASOS ANALIZADOS

2.1. Casos que fueron derivados al Centro Abriendo Puertas2.2. Casos que fueron derivados a otros centros de mediación ( Oficinas de media-

ción del Poder Judicial y el Ministerio Publico)2.3. Casos derivados a la Municipalidad2.4. Casos derivados a la Gobernación2.5. Casos derivados al Sistema de Justicia (Policía Nacional, Juzgados, Defensoría

Publica, Fiscalía, Juzgados de Paz)2.6. Casos derivados a otras instituciones (Ministerio de Salud, de Educación, Institu-

to de Desarrollo Rural y de la Tierra, Departamento de Identificaciones de la Poli-cia Nacional)

66

20

2236

10

5

2. DERIVACIONES ASISTIDAS

Resultados de los 3 primeros meses de funcionamiento

3.1. Niñez y adolescencia (filiación, prestación de alimentos, maltrato infantil, desnu-

trición infantil, abandono, etc.)

3.2. Conflictos familiares

3.3. Conflictos laborales

3.4. Conflictos vecinales

3.5. Salud

3.6. Difamación y calumnia - Amenaza

3.7. Identidad

3.8. Conflictos de tierras

3.9. Violencia Doméstica

3.10. Conflictos por deudas

3.11. Conflictos escolares

3.12. Conflictos de tipo penal (lesión, robo, accidentes de tránsito, etc.)

15

6

2

5

2

5

1

3

4

6

3

18

3. TEMAS DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN

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Anexo II

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Anexo I

El objetivo para el año que viene es ampliarel proyecto a las comunidades de Guayaibí,Nueva Germania y Antequera, iniciando en los

mismos los procesos de capacitación, forma-ción de redes e instalación del CentroAbriendo Puertas a nivel local.

4.1. Directos (quienes realizaron la consulta)MujeresHombres

4.2. Indirectos (contrapartes y allegados del afectado)4.3. Número de comunidades beneficiadas (barrios urbanos y asentamientos rura-

les)

735122

21920

1. BENEFICIARIOS

PROYECCIONES PARA EL 2010.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL SISTEMA DE JUSTICIA - SAN PEDRO

“SAN PEDRO HACIA UN MODELO DE CASA DE PARAGUAY” -...

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