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DÉFENSORÍA DEL PUEBLO. No. 17/ QUITO-ECUADOR/ SEPTIEMBRE DEL 2000

lA DDP SE REORGANIZA INTERNAMENTE

Se creó el CONSEJ TUTELAR . . .

de los DERE HOS HUMAN S

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e laudio Mueckay Arcos, Defensor del Pueblo, resolvió crear el Consejo Tutelar de los Derechos Humanos (CTDH), que servi­

rá para formular planteamientos y adoptar resoluciones de interés social o público.

El CTDH será presidido por el Defensor del Pueblo e integrado por los directores nacionales de las áreas de Mujer, Niñez y

Adolescencia; Tercera Edad y Discapacitados; Pueblos Indíge-nas; Afroecuatorianos y Consumidores. La decisión del Defensor se sustenta en las observaciones he­chas por lá Contraloría General del Estado a la Ley Orgánica de la DDP en lo·referente a la creación de dignidades como el Adjunto Primero y Segundo. Otro plinto que resalta Mueckay es la obligatoriedad de colocar a la DDP .en concordancia con el Plan Nacional de .

Derechos Humanos. C,:ON �\. CO"-$e1�

.TU�,1D40�EMOS El CTDH se reunirá al menos una vez cada dos meses a petición del Defensor del

Pueblo o de tres de sus miembros. Así mismo, funcionará como un órgano a.sesor y consultor del Defensor en aspectos tales como: formular las políticas y estrate­güi.s en materia de DD.HH.; analiúr y proponer proyectos dé censura pública; asesorar en la firma 'y ratificación de pactos, convenios y declaraciones;. elaborar

UMh '"tO{II.oM\ EST�M, PAt-A LA bD" 1N$A . ·

�� Los b��\40$ �\) ... �$. los informes para ser presentados en el Congreso Nacional, entre otras.

Claudia Mueckay espera que con este cambio interno, la Defensoría efectivice sus acciones como una institución vigilante y ejecutante que haga cumplir y respetar los derechos humanos en el país.

Segundo aniversario de la ·DDP LA VOZ. DE. LOS COMISIONADOS ·e las instituciones de ser­vicio público últimamente

creadas, la Defensoría del Pue­blo es quizá la de mayor signifi­cación, porque su actividad es permanente y abarca todas las provincias, con defensorías y co­misionados que trabajan cons­tantemente en beneficio de los ciudadanos. Los datos estadísticos (pág. 12) revelan una labor tesonera, con resultados halagüeños. Lo ex­puesto es consecuencia de la participación del personal de funcionarios y empleados, con­tagiados de un espíritu de soli­d�ridad, responsabilidad y efi-

. cada. En apenas dos años, la ciudada­nía siente que en la DDP tiene

. un instrumento, un espacio. de protección y confianza, · donqe encuentra eco a sus reclamos, con acciones francas, efectivas. y ·

gratuitas. Págs. 5-12.

E n es­tos

dos años de ac­tividades, los comisiona-

. dos provinciales han ad­quirido gratas experien­cias en su labor cotidiana de protección de los derechos funda­mentales de los ecuatorianos. El trabajo individual efec­tuado por los defensores ·en cada provincia, da cuenta del empuje y crecimiento que han desarrollado en sus respectivas ·

comunidades; manteniendo el criterio firme de constituir una socie­dad consciente de la protección y respeto de sus derechos. El Defen-. sor dialogó con los comisionados para recoger sus criterios. Pág. 6-11.

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DEFENSORÍA;QEL PUEBtO: Av. 12 de Octubr& N 16-1.14 y pasaje Nic�lás Jiménez'. Telf.: (593'-2). 562'186

GENERAL

FR ECU T Rl S en el Conseio Tutel r '' Por primera vez tenemos un representante nacional para

reclamar nuestros derechos. Este funcionario sabe que tie­ne un compromiso con su etnia y con su pueblo". Estas expre­siones de júbilo brotaron espontáneas entre más de 1.000 per­sonas que asistieron a la posesión del Director Nacional de los Derechos del Pueblo Afroecuatoriano, adjunto a la Defensoría del Pueblo. El acto se cumplió el 14 de septiembre en Esmeral­das, en presencia de las principales autoridades de la ciudad y la provincia. El nuevo cargo lo ostenta el abogado Washington Caicedo, quien pasa a form.ar parte del Consejo Tutelar de los Derechos Humanos, recientemente creado. Al posesionarlo el Defensor del Pueblo, Claudia Mueckay, dijo que no fue difícil escoger al representante de los pueblos negros, puesto que Caicedo se ha distinguido por su capacidad profesional y como combatiente por la causa de su pueblo. El Defensor decidió crear el Consejo Tutelar de los Derechos Humanos para que desaparezca toda forma de discriminación, diferencias, privilegios y sometimientos. En el caso de los ne­gros, desvinculó la dependencia de1 pueblo negro de los pro-gramas de los indígenas.

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CONSEJO EDITORIAL Dr. Claudia Mueckay Arcos DEFENSOR DEL PUEBLO (E) Dr. Rubén Chávez del Pozo PRIMER DEFENSOR ADJUNTO

Lic. Iván Granda P. DIRECTORA NACIONAL

DE COMUNICACIÓN SoCIAL

EDITOR: Harry Darquea O. REDACCIÓN: Santiago Acosta y Christian Martínez

DISEÑO: Grace Sigüenza H. CARICATURA E ILUSTRACIONES:

Patricio Estévez

• Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial de El Defensor.

Quito-Ecuador, septiembre del 2000

40 INTERNOS ASISTIERON AL PRIMER SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN DD.HH.

DERECHOS Y DEBERES -de los detenidos: � P R 1 O R 1 D A D de la D E F E N S O R 1 A N o por el hecho de que

. cualquier persona ha­ya cometido un delito, signi­fica que perdió todos sus de­-rechos como ser humano; tampoco implica que no ten­ga deberes u obligaciones que cumplir en el sitio donde está recluida. Para capacitar en derechos humanos a los detenidos, la Defensoría del Pueblo (DDP) inició un trabajo con el Com:i­té de Internos del Centró de Rehabilitación Social de Varones de Quito No. 1 (CRSVQ1). El fin de esta labor, que se inició en marzo de este año, es conseguir que las personas detenidas en las prisiones del país tengan elementos teórico-legales que expliquen y amparen su condición de privados de li­bertad. El pasado 17 y 18 de agosto se. entregó un reconocimiento a los internos asis­tentes al Primer Seminario de Capacita­ción en Derechos Humanos, organiza­do por la DDP en el CRSVQL

los DD.HH. én las cárceles del país. Este empeño tuvo éxito, coordinando accio­nes con otras organizaciones como el Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía (IEAG) y de ia Confraterni­dad Carcelaria del Ecuador que aporta­ron conocimientos y apoyo logístico a los seminarios. También se debe recono­cer la colaboración de la Dirección de Rehabilitación Social y la Administra­ción del ex Penal García Moreno.

Es el primer esfuerzo que realiza la De­fensoría para fomentar la aplicación de

El principal logro fue abrir una puerta de comunicación y confianza con los in­ternos del CRSVQL Ahora� mantenerla abierta es un trabajo de todos los días.

DUEÑO DE UN VOLKSWAGEN DENUNCIA A DUEÑO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ

Un frenazo al abuso F rancesco Boccini

decidió que era hora de hacer revisar su auto en una mecánica. Ya no funcionaba ade­cuadamente, no se en­cendía bien y el volante vibraba demasiado. En tales circunstancias de­cidió llevar su Volkswa­gen Escarabajo a un ta- ' ller de reparaciones. Francesco acudió al Ta­ller Automotriz "Ró­mulo Perugac�.mAon­de su dueño a�ió a realizar las

reciclo y, además, el me­cánico se negaba a en­tregarle las piezas su­puestamente. reempla­zadas. En la factura • constaba el afinamiento del mo­tor, rebobinada del dí­namo, arreglo de plu­mas y del espejo; pero en la orden de trabajo se especificó el afina-

miento de motor, cam­bio de aceite, chequeo de la vibración del vo­lante y chequeo de plu­mas. Rómulo· Peruga­chi facturó por un tra­bajo no pedido, tampo­co realizado.

Velasco, quien sugirió la inme­diata revisión del vehí­culo en otros talleres. Acudieron a dos luga­res, el Taller Los Andes, donde el electricista José

' Calderón certificó que . �'el dínamo �f VW-Es- ·

. no. p:¡:esent9,ba . ···· · ''(de 6:1ilier

í:emente"� Luego, fueron al Taller Automotor "Volkswagen" (Sigcha Hnos.), en donde tam­bién se confirmó la con� dición del dínamo. Los pedid,os de arreglo de Boccini a Perugachi no fueron escuchados, pues éste se hacía ne­gar. El afectado decidió presentar una queja en

lá DefensOría del Pue­blo (DDP), donde fue atendido por Haydeé Alvarado, Adjunta de los Consumidores. La DDP avocó conoci­miento de la denuncia y convocó a Perugachi a una audiencia. Wil­son Velasteguí Contre­ras, su abogado, negó los hechos imputados a

. cliente, sin contrapo­ner prueba alguna. A petición suya, la au­diertiit continuó en urja fecha posterior, pe­

no asistió fir-

arre­no ordenados co­

mo el que corresponde al rebobinado del dína­mo y del espejo y ex­cluye el chequeo de la vibración del volante y las plumas. Parar los abusos de los inescrupulosos es un compromiso de la De­fensoría del Pueblo con toda la ciudadanía.

EL DEFENSOR ·······························································································�·····························�············

f S rente a las denuncias presen­tadas por algunos padres de

familia, el Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay Arcos, dispuso una inmediata investigación ante eLaumento de los costos educati­vos en diferentes establecimientos que no cuentan con la autoriza­ción del Ministerio de Educación. La investigación está a cargo de la Dirección Nacional de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia� que pre� side la Dra. Haydee Alvarado, y. algunos funcionarios de la Defen­soría, para establecer el cabal cum­plimiento del Instructivo de Ma­triculas e Iniciación de Clases Año Lectivo 2000-2001, emitido por el ministro de Educación, Roberto Hanze Salem y del Reglamento para la Regulación de Costos de la Educación Particúlar, expedido por el Presidente de la República. Dentro de las políticas de la De­fensoría del Pueblo (DDP), existe una preferente atención para ga:­rantizar que se respeten los dere­chos d� los estudiantes y supervi­gilar la calidad de la educación. Los planteles visitados por funcio­narios de la institución fueron: el Instituto Experimental Consejo Provincial de Pichincha, Unidad Educativa José Julio Letort, Cole­gio Militar Eloy Alfaro, Colegio Li­ceo Internacional, Escuela Anexa Leopoldo Chávez, Escuela Alejan­dro Cárdenas, entre otros.

� 1 � s-t1 El Defensor del Pueblo dispuso la apertura de un expediente a los re­feridos· establecimientos educacio­nales, a fin de comprobar los exce­sos en los cobros de los costos edu­cativos aprobados por el Ministerio de Educación. Una vez que se con­cluya la investigación, se solicitará . al Ministro de Educación que dis­ponga al Director Provincial de Pi­chincha, proceder al trámite de de­volución de los dineros a los pa­dres de familia perjudicados. Además, indicó que ha oficiado a los comisionados provinciales pa­ra que recepten las denuncias de los padres de familia y efectúen las respectivas investigaciones coh el objeto de verificar si los estable­cimientos cumplen o no lo dis­puesto por el Ministerio de Educa­ción; a nivel nacional, en lo rela­cionado a costos educativos. Los padres de familia_pueden acudir a la DDP a presentar sus quejas por el incremento de los costos educa­tivos. También, la DDP envió una carta a la misma autoridad de educación, a fin de solicitarle que autorice a los 16 0 mil estudiantes que perdie­ron el año, rendir un nuevo exa­men supletorio, puesto que una de las causas para el retraso educati­vo sería el paro de 55 días.del ma­gisterio, de acuerdo a opiniones de funcionarios del mismo Minis­terio.

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300 INGENIEROS Y ARQUITECTOS RECIBIRÁN EL DINERO DE SUS CONTRATOS • 1

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uego de intensas gestiones, la Defensoría del Pueblo consiguió que el Fondo de Inver­

sión Social de Emergencia (FISE) inicie el pago de planillas por ejecución de obras que se habían contratado con ingenieros y arquitectos del país. Ei 16 de junio del2000, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha (CICP) presentó una queja

. en la Defensoría del Pueblo (DDP), contra el FISE

por el incumplimiento en el pago de 300 contratos firma­dos con miembros de este gremio profesionaL Hermel Flores, presidente del CICP, señala que el in­cumplimiento en el pago de contratos se debió a que el Fondo .de Inversión no dis­ponía de fondos que susten­ten la evolución de los tra­bajos suscritos; es decir, con­tinúa Flores, se contrató obras por más de sesenta mil millones de sucres sin que esta cantidad de dinero· existiese en el presupuesto de la institución.

En la DDP se encargó de la investigación de este caso el Adjunto Primero, Rubén Chávez del Po­zo, quien solicitó al FISE la información necesaria para .aclarar la situación. De las indagaciones hechas por Chávez del Pozo se confirmó que el FISE no disponía del dinero necesario para la ejecución de obras en el mo-· mento de la firma de los contratos .

•

1 t S S La ausencia de fondos se explicaba por el incum­plimiento del gobierno nacional a entregar la contraparte económica que exigen la Corpora­ción Andina de Fomento (CAF) y el Banco Intera­mericano de Desarrollo (BID) para otorgar crédi­tos de desarrollo. IniCialmente la respuesta de los personeros del FISE -en la resolución 262 del 3 de abril de este año- al reclamo· de los profesionales afiliados al CICP fue de dar por terminados los contratos, en los que no se entregó anticipos, por· mutuo acuerdo. Según Flores, esta decisión iba en contra del artí­culo 30 del Código Civil, así como de las disposi­ciones del derecho administrativo que prohiben la terminación de contratos por actos administra­tivos no contemplados en la Ley. Luego de las gestiones realizadas por la Defen­soría y el CICP, se consiguió que el Fondo de So­lidaridad (FS) realice una transferencia de 3 mi­llones de dólares de los cuales un millón ya ha · sido utilizado por· el FISE para cancelar a los contratistas. ·

Chávez del Pozo manifestó que la DDP estará vi­gilante hasta que este caso se solucione comple­tamente.

Quito-Ecuador, septiembre del 2000. ·································································································�········································ EL BEFEN R

ESMERALDAS. La Defensoría del Pueblo de Esmeraldas intervino para dejar sin efecto los descuentos ilegales que realizaba la Dirección Provincial de Educación a los maestros. La denuncia fue presen­tada por algunas agrupaciones de educadores, en el sentido de que el jefe financiero de esa Dirección, Cé­sar Párraga, descuenta mensual� mente valores que adeudan los maestros a los almacenes, por con­cepto de mercadería. Los quejosos adujeron que· por dichos créditos sus respectivas organizaciones se beneficiaban con el 5 y 10% de los montos totales. Juan Montaña, Comisionado de Es­meraldas, ofició a la directora pro­vincial de Educación, María Gran­ja, para esclarecer los hechos y evi­tar que los descuentos no autoriza­dos por los educadores se efectúen.

. Los docentes se comprometieron a cancelar sus deudas personalmen­te. NAPO. El Comisionado Emilio Valdiviezo. actúo ante. el Jefe del Comando Provincial del Napo, Crnl. Rodrigo Palacios, para que Piedad Acurio Salguero pueda, co­brar, sin problemas, las retenciones judiciales de parte de la Policía Na­cional, que recibe para sus dos hi­jos, fruto de su matrimonio con un sargento de la institución. El caso es que Piedad Acurio reci-

bía malos tratos y el rago de las pensiones

de alimentos se reali­zaban con retraso, adu­ciendo que los roles no llegaban a tiempo para realizar el trámite. Ade­más, se prohibió a Acu­rio ingresar al recinto

policial y recibió amenazas de de­tención. Ante la intervención del Comisio­nado de la localidad, Palacios dis­puso que se cancelen inmediata� mente todas las retenciones judicia­les atrasadas a Acurio y sea atendi� da con educación y gentileza. OR.IEUANA. El Comisionado de Orellana ofició al Director Distrital Central del INDA para requerir in­formación sobre la orden de desa- ··

lojo emitida en contra de Ángel Mendoza, que dejó en condiciones infrahumanas al afectado y su fa­milia. Además, se pidió al Comisa­rio de Policía un informe sobre el desalojo realizado. Una vez que se expongan los resultados de los in­formes, el Comisionado propondrá un recurso de Amparo, para salva-. guardar los derechos fundamenta­les de Mendoza. GALÁPAGOS. Al finalizar sus la­bores como empleada doméstica, Rosa Fernández pidió a su patrona, Sonia Alulirna, la cancelación del valor del p.asaje aéreo para que pueda abandonar la Isla Santa Cruz, conforme lo determina la Ley Especial de Galápagos y su Regla­mento General. Al negarse su em­pleadora a conceder el respectivo boleto de avión, Fernández acudió a la Defensoría para buscar solu­ción a su problema.

El Comisionado Manuel Viteri con­vocó a _audiencia a las partes, en donde el marido de Alulima llegó a un acuerdo con Fernández para que el pasaje sea depositado en las oficinas del INGALA, con lo que Rosa pudo viajar a su natal Guaya­quil. TUNGURAHUA. Judith Vallejo se comprometió a· sacar la visa para Estados Unidos a Fausto Ilbay, en un plaz0 de 15 días, por el valor de cuatro mil dólares. Pero desde que Ilbay abonó 170 dólares y firmó dos documentos en blanco para acelerar el trámite, ha pasado un año sin que salga dicho documen­to, por lo que acudió a la DDP. El Comisionado de Tungurahua, Jorge Chico, realizó una audiencia, en donde mediante acta transaccio­nal, el abogado de la tramitadora entregó los 170 dólares y el pasa­porte para que Ilbay pueda efec­tuar el viaje deseado. LOJA. Bolívar Torres, Comisiona­do de Loja, participó en una mesa redonda para discutir el proyecto de Ley de Indulto cuyo objetivo es . lograr rebaja en las penas impues­tas y sancionadas con prisión, el cuar se encuentra listo para su de­bate y aprobación -en el Congreso Nacional. Dicho encuentro, efectuado en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, contó con la participación de Williarri. Loaiza, presidente de la Corte Superior de Justicia, Ángel Samaniego, asesor del Centro de Rehabilitación y miembros del Co­mité de Internos, quienes expusie­ron la problemática y las necesida­des básicas de los centros carcela­rios en la provincia.

uevos comisionados en 1 M B BUR

��er: :Niattáel Oñate Montenegro 1�i�P�t9kv-�-··poetél._üt:r&��s�1: ���sí�''eh hófnéliáje a la::p�íeiisoría·erelPuebl{)�\·

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Lá hum8�a "DefensC>_ría del'11?í.:i�I&I.O".· _:·:•; :; • .•• nobilísima lnstítución'del hómbré; . . . . •. ·.·•· ··. •.­;::�jt�'\ia dentro de·sus vÓ,G�blos, un fin, .

lc/estimacio6;ypa�ión pbt _la· · vida.· ••.•.. Ún.a �st�mad6nde tarnd@·;·i11meni6( una pd�,lón de grqn�Josa p�qf��i<)n,

· . . · córiducidá tall· enftdñál&lem�·¡;te .. con ansi�q.c;td y con cierta �;n�t�r1cia, ·leal· y cof1�·�vida tantas ;veces' ·· · · · . ·cond.ur�_;;9;Zyft�i9ld<Jd ca�i siempr�; sin pieómbulos.J;1i miradcíssua,ves .•. · .. , . con vo-i. inalterabl.e. ante la� leyes . •.. ··

\,.Es que lg>��Def€msor1a del Pueblbn,

��fJ;��1�á?:;s;

frent�:c;r poderoso '? i nse'�sibfe. abuso; • _.es mái;�la Defensoría élel Poeblo, . expertas en alxiga4as experieqcias ·

· noshaceNer las sombras si!enéíosas ¡.r�w� en �.epentino momento dparecen : 'cc>n muchos sinsabcm�s e injusticias

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y y S ·V íctor Hugo Echevetría Feijóo es el nuevo Comi­

sionado de la Defensoría del Pueblo en Imbabura. Fue pose­sionado por el Defensor del Pue­blo, Claudio Mueckay Arcos, du­rante una ceremonia cumplida en la Gobernación, el 30 de agos­to, en lb arra, con la presencia de las principales autoridades de la provincia e invitados especiales. En su discurso, Mueckay le recor­dó que en su actuación en defefr sa de sus semejantes, tiene el po­der y dignidad de ser abogado de

F ranklin Moreno Quezada dijo sentirse feliz con la designación de Co­. misionado Provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo (DDP),

porque podrá seguir sirviendo a la gente y luchando a favor de los derechos humanos.

los derechos humanos. El Defensor del Pueblo expresó su satisfacción por haber designado a Echeverría Comisionado de Imbabura. "La Defensoría del Pueblo, con dos años al servicio de los ecuatorianos, tie­ne pleno significado y acogida entre los hombres desposeídos del Ecuador. Ellos confían en nuestra Institución, porque saben que es el escudo de pro­tección de los derechos humanos", argumentó Mueckay. Víctor Hugo Echeverría aseguró que cumplirá a cabalidad la nueva fun­ción y exigirá a las autoridades de !barra y de toda la provincia el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. "Las puertas de mi ofi­cina están abiertas para todo el público, con servicio gratuito, ágil y opor� tuno", enfatizó. Al finalizar la ceremonia, el Gobernador encargado de Imbabura, José Mo­ya Granda, expresó que está seguro de que Echeverría caminará por el sen­dero de la honestidad y la sabiduría. "Es un hombre del pueblo;', concluyó.

Quito-Ecuador, septiembre del 2000

A la ceremonia de posesión, efectuada ell de septiembre del año en curso, asistieron el presidente de la Corte Superior de Guayaquil, Freddy Rodríguez; el representante de la Comisión de Tránsito del Guayas, Wilson Maridueña; y el director del Centro de Rehabilitación So­cial de Guayaquil,

· Eduardo Sandoval. El Defensor del Pue­blo, Claudio Mueckay, recalcó que "la institu­ción asume la obliga­ción que le impone la Constitución de con­vertirse en el eficiente escudo de protección de los derechos funda­mentales". El nuevo Comisionado fue autor de un proyecto de Ley para lograr una indemniza­ción a favor de las víctimas� infectadas del SIDA, en la Clínica Galo Garcés Barriga. Franklin Moreno es doctor en jurisprudencia. Se desempeñó como Presi­dente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, prin­cipalmente en la defensa de los derechos de los migrantes. Participó como conferenciante en la Universidad de los Derechos Humanos y Educación de Ginebra (Suiza). Además, fue Presidente del Tribunal Provincial Electoral y Procurador Síndico del Consejo Provincial del Guayas.

EL DEFENSOR oooo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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e las instituciones de servicio público últi­mamente creadas, la Defensoría del Pue­

blo es quizá la de mayor significación, porque su actividad es permanente y abarca todas las provili.cias con defensorías y co��ionados q

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trabajan constantemente en beneficiO de los ciU­dadanos. En apenas dos años, es la institución de mayor jerarquía en la defensa de los derechos hum�­nos. La ciudadanía siente que en la Defensona del Pueblo tiene un instrumento, un espacio de

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protección y confianza, don­de encuentra eco a sus recla­mos, con acciones francas, efectivas y gratuitas. Las per­sonas buscan asesoramiento para tener una orientación clara que les permita ejercitar sus derechos; en ese campo, la DDP ha brili.dado a sus usuarios la asistencia indis­pensable. El informe estadístico que se publica en la última página

de este periódico revela una labor tesonera, pe­ro con resultados halagüeños. Lo expuesto es consecuencia de la participación del personal de funcionarios y empleados que trabajan en la De­fensoría, contagiado de un espíritu de solidari-dad, responsabilidad y eficacia. .

. Sin embargo, hay dos grandes falencias que tie­nen un denominador común en la falta de pre­supuesto. La estrechez de recursos ec�nóm�cos determina la falta de personal y de eqmpam1en-

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E L to de las oficinas. En la mayoría de provili.cias los comisionados traba­jan con un abogado, tllia secretaria y un conserje; es decir, personal insufi­ciente en número para asumir con mayor eficacia las cada vez más nu­merosas tramitaciones de recursos y quejas que se presentan en los canto­nes. Al mismo tiempo, existe una de� ficiencia clamorosa de mobiliario y equipos en las defensorías, lo cual resta funcionabilidad para el buen desempeño de las actividades. En el tiempo que viene actuando el Dr. Claudio Mueckay, la Defensoría

del Pueblo ha mantenido la ili.stitucionalidad, luego de una crisis que pudo haberla debilita�o; además, garantizó la estabilidad cielos fu�cw­narios y empleados al ratificar el 99 por ciento de los nombramientos. La acción más trascen­dente deviene de la reforma interna ili.stitucio­nal que creó el Consejo Tutelar de los Derechos Humanos, para ubicar a la Defensoría del Pue­blo en el nivel exacto que le corresponde en la protección y defensa de esos derechos. La DDP, por el hecho de ser una entidad de �er­vicio público, no puede sustraerse de ser vista desde el ángulo de la polítiéa por parte de secto­res ili.teresados, lo cual es ún factor negativo pa­ra su funcionamiento, pero este aspecto no preo­cupa tanto a la ciudadanía, que �im.?le�_

ente quiere recibir los servicios de la mshtucwn y buscar solución definitiva a sus problemas. En el campo de la�discutida y cuestionada ac­ción de Amparo, la DDP ha tenido la entereza de no engañar a nadie, y más bien su actuación se basa en lo que sus facultades y atribuciones le competen.

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Quito-Ecuador, septiembre del2000 EL DEFENSOR . ·········································!········································· ··························�······�·····················

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· HAYDEÉ ALVARADO/ DEFENSORA ADJUNTA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

La voz de CONSU USUARIOS se hace

ID RES y escuchar

E n el Ecuador, la situación de los consumidores ha experimentado!

grandes cambios, debido al alto creci­miento poblacional y la migración a las ciudades, el desarrollo tecnológico cre­ciente, y la oscilación de la oferta y la demanda de bienes y servicios. Con es­tos cambios, también se han presentado problemas de consumo y distorsiones en el mercado, que perjudican a los usuarios. La desprotección de los con­sumidores se hizo tan evidente, que el legislativo se obligó a incluir disposicio­nes expresas en la Constitución, que confirieron la responsabilidad de _prote­ger los derechos del consumidor al De­fensor del Pueblo. Con este propÓsito, se creó la Dirección Nacional de Defen­sa de Consumidores (actual Defensoría Adjunta del Consumidor y Usuario) que funciona desde noviembre de 1998. A fin de que las normas constitucionales tengan vía de aplicación, esta dirección, conjuntamente con la Comisión de De­fensa del Consumidor del Congreso Na­cional y la Tribuna del Consumidor, im­pulsó la expedición de la nueva Ley Or­gánica de Defensa del Consumidor, que responde al actual sistema de mercado

vigente y contiene nor­mativas amplias para hacer efectiva la protec­ción al consumidor, lo que se logrará en la me­dida que la Ley tenga suficiente difusión y existá un compromiso serio de los organismos involucrados para ha­cerla cumplir. En lo que concierne a la Defensoría del Pueblo (DDP), la titular de la De­fensoría Adjunta del Con­sumidor y Usuario -DA­CU-, Haydeé Alvarado, sostiene que "tenemos la

facultad de defender y proteger los dere­chos fundamentales de los consumidores, así como observar la calidad de los servi­cios públicos. Según la nueva Ley, pode­mos resolver conflictos entre consumido­res y proveedores, antes de entrar en la ins-tancia judicial".

.

En la difusión de la nueva norma, la DACU, con la colaboración de las aso­ciaciones de consumidores del país y or­ganizaciones que trabajan en este cam­po, están coordinando talleres de capa­citación a autoridades, intendentes y co­misarios de cada provincia, para brin­dar una atención más eficaz. Esta capa­citación ya se ha efectuado en Tungura-

. hua y Pichincha con gran éxito. Con estas actividades, la DACU persi­gue la capacitación en derechos del con­sumidor, en todo el país y, a la vez, crear una cultura del consumidor para que la gente conozca y aprenda a reclamar sus derechos, puntualiza Al varado. Todo ello, más la atención personaliza­da de quejas, permite que el consumi­dor y usuario ejerza sus derechos y acu­da a la DDP para encontrar reparación si ellos son vulnerados. La atención es gratuita.

Quito-Ecuador, septiembre del 2000

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DA A: un espacio necesario a violencia intrafamiliar, la desi­gualdad de oportunidades por ra­

zones de género, la discriminación por edad, entre otras, indican la situación de desventaja en las que se encuentran las mujeres, niños, niñas y adolescen­tes. La Defensoría del Pueblo (DDP), como la institución garante de las obli­gaciones ciudadanas en materia de de­rechos fundamentales, crea un espacio de equidad para estos sectores con la formación de un órgano especializado: la Defensoría Adjunta de la Mujer, Ni­ñez y Adolescencia (DAMNA). Alejandra Cárdenas, abogada de esta dependencia, afirma que la efectividad del trabajo de esta oficina radica en el compromiso de quienes conforman la DAMNA y el deseo de defender y pro­mover los derechos de estos grupos. "Esta unidad se mantiene alerta para que sus derechos sean respetados, tanto por los organismos públicos y privados como por las personas particulares".

En el tema de los derechos de niñez y adolescencia, la DAMNA tiene conve­nios con UNICEF, el Foro de la Niñez y la Adolescencia, y el Programa del Mu­chacho Trabajador (PMT ). Además, participó en la elaboración del Código de la Niñez y la consolidación del Siste-

ma de Vigilancia y Monitoreo de los Derechos de la Mujer y la Adolescen­cia. Actualmente, está por suscribir el convenio de Rendición de Cuentas de los derechos de mujeres, niños y ado­lescentes, conjuntamente con la Comi­sión de la Mujer del Congreso Nacio­nal, el CONAMU y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. En estos dos años, la DAMNA ha reali­zado una intensa actividad para pro­mover el ejercicio efectivo de los dere­chos con enfoque de género, igualdad y respeto. Entregar una valoración social que oblige a ratificar el irrenunciable compromiso del servicio ciudadano efectivo y ágil, para mejorar la condi­ción legal de mujeres, niños y adoles­centes.

NUESTROS ANCIANOS, EL GRUPO MÁS VULNERABLE Un sector vulnerable abandonado y que menos atención recibe de parte de las au­

toridades es el de la ter­cera edad. El Coordina­dor Nacional de la Terce­ra Edad, Luis· Alberto Guzmán, afirma que esto motivó el nacimiento de este departamento en la DDP, "para dar una aten­ción ágil y especializada, basada en la protección de todos los ancianos que son maltratados". En el plan de acción de la Coordinación, consta la creación de asociacio­nes cantonales o provin­ciales y la construcción de albergues para los ancianos indigentes, a través del Ministerio de Bienestar Social. "La fi-losofía de esta coordina­

ción es brindar una atención desburo­cratizada". Guzmán enfatiza que el mayor éxito alcanzado es la concienti­zación en la sociedad de que existe un sector con igualdad de derechos y obli­gacionés como los otros sectores del conglomerado social.

EL DEFENSOR ························································································�················································

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LA DEFENSORÍA ADJUNTA PRIMERA ES LA ENCARGADA DE VELAR POR ELLOS

Der hos s iales, económicos y culturales, su prioridad

·L a Defensoría Adjunta Primera está ac-tualmente bajo la responsabilidad de

Rubén Chávez del Pozo, quien junto a Fran­cisco Bonilla, Coordinador de Organizaciones de Derechos Humanos, y la asistente Edith Tayo, han cumplido con la misión de defen­der los derechos humanos y las garantías es­tablecidas en la Constitución de todos los ecuatorianos. La Adjuntía Primera tuvo, hasta mayo de este año, la representación de la Defensoría del Pueblo (DDP) ante los organismos públicos y privados internacionales. Hoy, se concreta en el conocimiento y trámite de los asuntos rela­tivos a los derechos y garantías del trabajo, la

cultura, la educación, migrantes, ciencia, tec­nología, deportes, seguridad social, medio ambiente y todas las quejas presentadas di­rectamente por el Defensor, como el caso de los 350 amparos de perjudicados del Banco del Progreso. Con el interés d.e velar por los derechos del ciudadano, esta oficina trabaja, conjunta­mente con varias instituciones como la Cor­poración de Defensa de la Vida (CORDAVI), en la asesoría sobre derecho ambiental y en apoyo de acciones concretas. Se planea tra­bajar con el Municipio de Quito en cuestio­nes ambientales y en la difusión de los DD.HH. Los ecuatorianos que se encuentran en el ex­terior también contarán.con el apoyo de la DDP. Se coordinará el trabajo con la oficina creada por la Cancillería en asuntos de inmi­

. grantes. El adjunto primero, preocupado por el Plan Colombia, ha realizado contactos con el Instituto Latinoamericano de Investiga-

ciones Sociales (ILDIS), a fin de tratar este te­ma de vital importancia para las familias de las zonas afectadas. "Cada persona que acude a la DDP viene con un problema que requiere atención. Los bene­ficios prácticos que ofrece son resolver y tra­mitar con oportunidad las quejas que llegan a la adjuntía", enfatiza Bonilla. La Adjuntía Pri­mera prevé que es cuestión de tiempo lograr que todos los ciudadanos involucrados en ca­sos de violación de sus derechos, asuman al Defensor del Pueblo como una garantía hecha persona que estará para salvaguardar y ac­tuar en defensa de la comunidad.

RUBÉN CHÁ VEZ DEL POZO, DIRECTOR NACIONAL DE QUEJAS

'' eficiacia y seguridad para el ciudadano"

E n dos años de trabajo -primero como Di­rección Nacional de Derechos y Garantías

y luego como Dirección Nacional de Quejas- es­te departamento trabaja para garantizar los de- ·

rechos de los ciudadanos y el respeto de su legí­tima defensa en causas atentatorias a su digni­dad. La Dirección Nacional de Quejas cuenta con un cuerpo calificado de abogados para cumplir con efectividad la tarea de receptar, investigar y tra­mitar las quejas. Bajo la dirección de Rubén Chávez del Pozo, sus inmediatos colaborado­res: Cristóbal Alarcón, Ney Barrionuevo, Marit­za Rodríguez y Alexei Pullupaxi, se encargan de brindar asesoría a las personas que llegan a esta dependencia.

Diariamente se tramitan cerca de 30 quejas y se brin­da asesoría en numerosos casos que no son de compe­tencia de la l.nstitución. No dejar a las personas sin re­solver sus quejas o, al me­nos, poder satisfacer sus du­das en el ámbito legal y so­cial, es el principio funda­mental de la Dirección. Chávez del Pozo mira su de­pendencia como "el instru­mento eficaz para brindar la seguridad en la atención a los reclamos ctudadanos y ser tramitado si es de com­petencia de la Defensoría en

el menor tiempo posible". Se propone hacer de la DDP un organismo que merezca el respeto y la consideración de las autoridades; que a pesar de no tener fuerza coercitiva, dé paso a que la

. ciudadanía y las autoridades conozcan la capa­cidad de la institución en la defensa de los dere­chos humanos y las garantías constitucionales. Esta dirección prevé elaborar un Manual de Pro­cedimientos de Quejas, Demandas y Denuncias de la DDP, tendiente a reformar el reglamento de quejas, para tener una visión uniforme de las denuncias y poder cumplir con su misión: pro­teger a los más débiles y necesitados. Toda persona tiene derecho a presentar una queja sin importar su nacionalidad, edad, inca­pacidad, residencia u otras circunstancias.

Quito-Ecuador, septiembre del2000 ···················································································�······················································· EL ftEFENSOR

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MÉNTOR POVEDA, DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS CONSTITUCIONALES

e rs s e nstit ci 1 s E 1

E n el primer semestre de actividades del 2000, la Dirección Nacional de Recursos Constitucionales

ha tramitado 900 Hábeas Corpus, de los cuales se han concedido un 76%; 38 Hábeas Data con 68% de efecti­vidad y 177 acciones de Amparo con un 56% a fávor. Méntor Poveda Palacios es el titular de esta depen­dencia donde se desempeñan funciones de consulta y orientación de los recursos constitucionales e Infor­mes de Procedencia. El director -con más de 50 años de trayectoria profesio­nal-, junto con sus colaboradores, preparan las resolu­ciol}.eS en el ámbito legal, elaboran pronunciamientos sobre los recursos interpuestos por los comisionados provinciales y preparan las demandas de inconstitucio­nalidad para aprobación del Defensor del Pueblo. Según Poveda, "un número considerable de personas naturales y jurídicas acude a esta dependencia para que se resuelva sus denuncias penales, acusaciones particulares, litigios de terreno, dinero, entre otros. Cuando hubo el congelamiento deJos depósitos ban­carios, los clientes del Sistema Financiero que no fue­ron atendidos por la. Agencia de Garantía de Depósi­tos (AGD), inmediatamente pidieron ayuda a la DDP para la devolución de sus capitales". El principal aporte de la Dirección es orientar a la ciu­dadanía, con fundamento de hecho y derecho, sobre cómo interponer un recurso constitucional. La princi­pal aspiración de su Director es buscar una correlación

unificada, una "conducta inst-itu­cional'' entre los distintos depar­tamentos que conforman la ins­titución en el país, para actuar en favor de los DD.HH. La Defensoría patrocina o pro­mueve la presentación del recur­so de Hábeas Corpus, de Hábeas Data y la acción de Amparo.

HÁBEAS CORPUS Garantía constitucional que brinda protección judicial a toda persona privada de su libertad física o su libertad ambulatoria. ¿QUIÉN INTERPONE?

• Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su liber­tad sobre cualquier delito y 1 o por violación de toda ley. • Quien considere que su deten­

ción, en proceso o prisión, infringe preceptos constitu­cionales o legales cualesquiera sea el delito imputado.

No PUEDE PLANTARSE: En caso de delito flagrante e in­fracción militar o policial. ANTE QUIÉN: El alcalde de la jurisdicción o el Tribunal Constitucional (TC). CóMO INTERPONER: El afectado, por SÍ mismo O por in­terpuesta persona, sea en forma escrita o verbal. Si es verbal, será reducida a escrito. ·

Quito-Ecuador, septiembre del2000.

HÁBEAS DATA Garantía constitucional que permite acceder a la per­sona a documentos e informes que sobre. sí misma o sus bienes, consten en entidades públicas o privadas. ¿QUIÉN INTERPONE?

Toda persona que desee la actualización de sus datos, la rectificación, eliminación o anulación si fueren erró­neos o afectaren ilegítimamente a su intimidad, honra o privacidad y el goce completo de los derechos perso­nales. ANTE QUIÉN: Un funcionario de la DDP CóMo INTERPONER: En forma escrita o verbal. Si es ver­bal, será reducida a esc;:rito.

ACCIÓN DE AMPARO Garantía constitucional al servicio de los ciudadanos frente a la administración pública y particulares con ejercicio de poder en ciertos casos, para garantizar el respeto a los derechos y garantías señalados en la Constitución; es decir, en contra de actos ilegales de autoridad. ¿QUIÉN INTERPONE?

Cualquier persona que crea necesario cesar, evitar o remediar las consecuencias de un acto u omisión ile­gítimo de autoridad pública o particular que viole cualquier derecho consagrado en la Constitución. Además, si afecta un interés comunitario, colectivo o derecho difuso. ANTE QUIÉN: Los jueces civiles del país, que tienen la obligación de convocar a las partes dentro de las 24 horas posteriores a la presentación de la demanda; oírlas en audiencia pública y resolver sobre el Ampa-ro solicitado�. en un plazo de 48 horas. CóMO INTERPONER: En forma escrita o verbal. Si es verbal, será reducida a escrito.

INFORMES DE PROCEDENCIA Son demandas de inconstitucionalidad que el De­fensor del Pueblo presenta al TC en el caso del num. 5 de los arts. 277 y 276 de la Constitución Política del

Ecuador, previo a un estudio de las demandas que cualquier persona formule. Estos informes se plan­tean en casos de inconstitucionalidad de leyes, decre­tos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, estatutos, etc., emitidos por órganos de instituciones del Estado, cuando se trate de actos administrativos de toda auto­ridad.

EL BEFEN R �··············�··············�···························�·······································································�········

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GUSTAVO ARAUJO, COORDINADOR NACIONAL DE LA FUERZA PÚBliCA Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

11 emos cum li o lo rometi ''

na de las atribuciones

para capacitación a sus miembros y resolución de quejas. "Se han emitido disposiciones a los comisio­nados provinciales para cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica de la DDP", comenta Arauja.

del Defensor del Pueblo consiste en realizar vi­sitas periódicas a los centros de rehabilitación social y recintos militares y policiales, para comprobar el res­peto a los DD.HH. Esta es la misión de la Coordina­ción Nacional de la Fuerza Pública y Establecimientos Penitenciarios, creada el 4 de enero de 1999,_bajo la batuta de Gustavo Arauja Rocha y la asistencia de Es­teban Malina.

En cuanto a Centros de Rehabilitación Social, los co­misionados realizan visitas periódicas para conocer el estado de los centros y que no existan personas dete­nidas ilegalmente. Con la Dirección Nacional de Reha­bilitación Social se trabaja especialmente en la obten­ción y concesión de rebajas. "Se presentó un proyecto de ley con ocasión del Jubileo 2000, que demuestra el compromiso de la DDP de ayudar a estas personas". Pero no todo ha sido fácil. El Coordinador enfatiza que un mal de la DDP es la falta de personal, que perjudica el trabajo que se realiza, lo cual se ha compensado me­diante convenios con entidades sociales. "La expectativa es grande y el trabajo puede parecer pequeño, sin embar­go, hemos cumplido lo prometido". La DDP está en un proceso de consolidación y la ciu­dadanía va entendiendo a la institución. "Este proce­so es a largo plazo, hasta que cimiente sus bases". Obtener una mayor participación ciudadana es la

·principal aspiración de Gustavo Arauja. "Nuestra po­blación, poco a poco, va creando esa cultura de recla­mo, de requerir que las autoridades cumplan lo que manda la ley. A futuro tendremós una sociedad más consciente de sus deberes y derechos".

En Fuerza Pública se han establecido relaciones con autoridades de la Policía Nacional y Fuerzas Arma­das, a efectos de establecer procedimientos de trabajo

EDUARDO ZURITA, DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN

Dirección Nacional de Mediación: catorce meses después L a dinámica institucional y el

procediiniento de mediación se vigorizan y generan singulares experiencias. Las resumimos en breve recuento, más que con afán moralista, como necesidad de busc car respuestas a dificultades: No es extraño -en la experiencia de mediación que hemos vivido­encontrar extremos resentimien­tos, odios y revanchas en conflic­tos entre marginados de la socie­dad -quizá porque defienden con angustia lo poco que poseen-. Cuantos casos infamantes vivimos casi a diario en nuestra tarea. Por más que, sin tomar partido, procu­ramos con enorme esfuerzo arri­bar a soluciones óptimas, senti­mos, a veces, que la imparcialidad es casi imposible. La codicia, la avaricia, la falta de escrúpulos para inventar doble moral y discurso,repletan las tale­gas de los jinetes de la corrupción que dirigen la sociedad. Mientras por un lado promueven centros de· mediación y pregonan la sabiduría del diálogo, por otro, cuando a so­licitud de un grupo de damnifica­dos de una catástrofe provocada por una gran compañía les invita­mos a audiencia de mediación pa� ra encontrar un acuerdo más justo, nos envían una cortés nota excu­sándose, porque "los están aten­diendo individualmente en las ju­dicaturas del cantón". Otro ejemplo significativo es el ca­so de una empresa de televisión por· cable, que contrató con un usuario uno de sus productos por el cual éste abonó trescientos dóla­res -como aval- cuando el dólar se

cotizaba en dos mil quinien­tos sucres. Tres años más tar­de el cliente devolvió el apa­rato y solicitó la restitución de su garantía. La compañía le ofreció setecientos cin­cuenta m:il sucres, cuando el dólar costaba quince mil su­eres, con lo cual habría podi­do comprar apenas cincuen­ta dólares. El consumidor re­currió a la Defensoría y se convocó a mediación. Luego de una gran confrontación se acordó que la empresa le proporcionaría otro servicio retrotrayendo el valor de la cuota a la época del anterior contrato, lo cual significaba diecio­cho meses de servicio a cuenta de la garantía. Parecía un modelo de

·resolución. El abogado llevó el ac-ta de mediación para la firma del gerente. ¡Oh sorpresa! La devolvió sin firma porque la empresa consi­deraba el acuerdo un mal prece­dente y prefería ventilar el asunto ante un juez. El fÓndo revela la so­berbia· de no ceder un ápice de su parcela de poder. La mediación se topa constante­mente con estas circunstancias. El dueño del poder (en particular un alto porcentaje de banqueros, finan­cistas ·y grandes empresarios) pre­fiere ventilar sus conflictos litigan­do, pues sabe que su influencia eco­nómica o política le asegura resulta� dos ventajosos por la vía judiciaL Muchos funcionarios, por su de­formación, burlan sagazmente la acción de la Defensoría. Su princi­pal destreza es "ganar tiempo". Concurren a las audiencias, mues-·

tran aparente respeto y colabora­ción y cuando, transcurridos va­rios meses, deben satisfacer la de­manda del ciudadano, se declaran incompetentes para arribar al arre­glo necesario. En una sociedad proclive a la con­frontación y socavada por la co­rrupción, el rol defensor debe es­tar reforzado por mecanismos coercitivos más eficaces. ·No se puede desconocer el avance en mediación; sin embargo, en los ca­sos en que existe gran desequili­brio de poder, el predominio del más fuerte frustra la acción media­dora y demanda una defensa fir­me y eficiente, y como en el espa­cio de la DDP, los contradictores son los ciudadanos frente a la ad­ministración, deben dictarse nor­mas que permitan que, una vez determinada del modo más suma­riÓ, la responsabilidad del funcio-

. nario, rectifiquen o revoquen los actos administrativos y se. sancio­ne rigurosamente a su autor.

Quito-Ecuador, septiembre del2000 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · EL nEFENSOR

1 UN VISTAZO POR EL TRABAJO DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DDP

¿Quién contrata, paga o _ contabiliza en una institución?

e Es posible imaginar una organización t, sin alguien que contrate los insumos de oficina, que esté pendiente de las cuentas -por pagar o que trarifiera los sueldos de los empleados a los bancos? La Defensoría del Pueblo (DDP) tiene dos dependencias que realizan un trabajo. de mantenimiento y expasión de los recursos físicos y financieros. Prácticamente estas dos áreas son el motor de toda un<;t institu­ción implementada a nivel nacional para promover y salvaguardar los derechos hu­manos.

TODOS LOS NÚMEROS Y CIFRAS DE LA DEFENSORÍA Muchas de las actividades que se realizan en la vida dependen del dinero, y este pre­ciado concepto de valor creado por el ser humano debe ser utilizado de la mejor ma­nera posible. La Dil;ección Nacional Financiera de la · DDP es encargada de velar: que los recursos asignados por el Estado ecuatoriano se ca­nalicen, hacia las actividades debidas, y con sus fines adecuados. Byron Arboleda, director nacional financiew ro, comenta que los objetivos que enmarcan el trabajo de este departamento son: "cum­plir y hacer cumplir las disposiciones lega­les pertinentes y sobre todo manejar con equidad, conocimiento, solvencia y buen ánimo los recursos asignados a la entidad". La labor de esta dirección tiene cuatro aris­tas fundamentales que son: contabilidad, pagaduría, presupuesto y remuneraciones. A partir de esta distribución funciona todo

el manejo de dinero de la ins- e titución, por ejemplo los suel- : dos de los empleados, el pago e de servicios básicos, la distri- 0

e bución de caja chica, entre e otras. 0

f!l Quizás una de las actividades 0 que mayor atención obtiene e durante el año es la elabora- : ción del presupuesto anual, e pues de este proyecto depen- : de el funcionamiento de toda e la institución. e

En el ciño de Í999 se proyectó : una asignación presupuesta- e

ria de 36 mil millones de_ su- : eres. Con ese dinero se plani- e

ficó ampliar el ámbito de acción de la DDP, : lo que implicaba la contratación de nuevos e abogados, capacitación de personal, y com- : pra de bienes de capital; pero lastimosa- 0 mente la aspiración financiera_ del 2000 se 0

o vio recortada por la mitad; es decir se entre- e gó únicamente 18 mil millones. e Este crudo recorte ha tenido sus efectos du- e

e rante todo el año. No se ha podido adquirir o prácticamente ningún bien de capital _pues : escasamente se otorgó una partida de 10 mil e 400 USO. El alza de sueldos y salarios decre- e

e tada por el gobierno significó un aumento e de 190 mil dólares al presupuesto del 2000. e

e Evidentemente este tipo de inconvenientes e se deben al desconocimiento que tiene el e Ministerio de Finanzas (MF) con respecto a : la naturaleza y el trabajo de la Defensoría e del Pueblo. 0

e · Para el año 2001, la Defensoría no puede e

continuar estancándose por falta de recur- o o sos económicos. Por lo mismo, ha plantea- e

do a Finanzas un presupuesto que implica e un aumento del 300% con respecto a la : asignación del 2000. De este monto, el 80% e será destinado a pago de personal, 14% a : gasto corriente y 6 % a bienes de capital. e

-El presupuesto del 2001 es vital para las as- : piraciones de la Defensoría; se requiere de 0 más personal, principalmente abogados; es o necesario implementar una red de comuni- : caciones por medio de internet a nivel na- o cional; es imprescindible atender a las pro- : vincias. En definitiva, es importante contar o con una estructura que permita ayudar a la : ciudadanía con prontitud, y para ello es ne- 0 cesario dinero. o

e

Administrar, un ver dificil de aplicar e No hay papel, se acabo la tinta de la impresora!, ¿dónde se consi-

- i guen invitaciones?, ¿dónde se dejan estos documentos? Estos son algunos de los requerimientos más comunes que llegan a la Direc­ción Nacional Administrativa; es decir, a la dependencia encargada de adquirir, distribuir y organizar todos los insumos que requieren para su funcionamiento las diferentes dependencias de la Defenso­ría del Pueblo. Esta Dirección se divide en tres jefaturas: administrativa, sistemas, y documentación y archivo. Las labores de estas jefaturas están a car­go de Maribel Pinargote, Luis Barragán y Hugo Arrobo, respectiva­mente. Todo lo necesario para el trabajo de la DDP durante el período 2000-2001 se planteó en el Plan Operativo de la Dirección Nacional Admi-

n i s t r a t i v a ( P O D N A ) elaborado en octubre del año pasado. Las principa­les acciones que constan en el POD­NA son: de­sarrollar e implementar la red iriJor­mática del sistema jurí­dico El De­

fensor, tanto en Quito como en provincias; capacitar a todos los fun­cionarios en el manejo del sistema iriformático de la institución; des­centralizar y otorgar autonomía administrativo-financiera a las ad­juntía regionales y defensorías provinciales; y elaborar los manuales de procedimientos de los trámites administrativos y de documentos. Gustavo Araujo Rocha, Director Administrativo Encargado, mencio­na que la meta fundamental a conseguir es "desconcentrar las activi­dades de la DDP, con el fin de que las oficinas provinciales tengan amplias atribuciones para administrarse a sí mismas, permitiendo, evidentemente, que la matriz Quito dicte las políticas y lineamientos a seguir". Conseguir todas estas aspiraciones puede convertirse en una pesadi­lla. A mediados de agosto, el sistema !El Defensor, aplícado en la matriz, colapsó debido a la escasez de dinero para adquirir más ca­pacidad de memoria para el servidor central. Pero estos avatares no significan claudicar. Gustavo Araujo señala que es necesario conseguir locales propios en todo el país, para des­tinar los fondos dedicados al pago de arriendos a otros rubros como el contrato de personal o la adquisición de computadoras. Y, sobre todo, proceder a plasmar en realidad las palabras de descon­centración de funciones y atención a las provincias que reclamah per­manentemente, pues son precarias las condiciones de funcionamiento. Una organización de carácter nacional como la Defensoría del Pue­blo no puede darse el lujo de ser ineficiente e ineficaz. Las activida­des cotidianas, los resultados y el nivel de atención son la mejor muestra de que una institución autónoma del Estado puede ser res­petada por los hechos y no solo por las palabras.

1 EL DEFENS Quito-Ecuador, septiembre del 2000 . o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o • • • o • • • o • • • • • • • • • • o . o o o o o o • • • • • • o o . o o o . o . o . 0,0 0 0 o . o • • o • • • o • • o • • o • • • • o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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D t C I O E C I LOS ADJUNTOS SEGUNDO Y DEL SUR EXPONEN SUS IDEAS

Desconcentración de funciones, una realidad en la Defensoría gánica del Cónsumidor. los Ríos, El Oro y Galápagos.

Dentro de sus atribuciones y com­petencias ejercerá la representación legal de la DDP; impartirá a los co­misionados provinciales instruc­ciones pertinentes; supervisará y controlará las actividades que ga­ranticen los DD.HH. de los ciuda­danos y patrocinará los recursos constitucionales solicitados.

La Adjuntía Segunda ha capaci­tado en DD.HH. a universidades, colegios, Policía, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, para dar a conocer los lineamientos de la DDP y los procedimientos que garanticen estos derechos.

¿Cuál ha sido su gestión durante estos dos años?

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F ranklin Saltos Muñoz, encar­gado de la Adjuntía Segunda

desde junio del 2000, ha encamina� do su accionar a precautelar los abusos contra los derechos ciuda­danos por parte de las autoridades. Se ha reunido con gobernadores de su jurisdicción, a fin de coordi­nar campañas destinadas a prote­ger el medio ambiente, el control de los costos de la educación, el abuso de autoridades policiales y el retardo del despacho de las causas por parte de la Función Ju­dicial y la difusión de la Ley" Or-

El trabajo se ha focalizado en los grupos vulnerables de mujeres y niños, para lo cual hemos contado con la · colaboración de la Función Judicial, municipios, medios de co­municación y organizaciones gre­miales. Estos esfuerzos se han ca­nalizado fundamentalmente a tra­vés de la concientización y capaci­tación en el respeto a los DD.HH. en un estado democrático como el nuestro.

¿Cuál es el trabajo más importan­te que ha realizado? Hemos tomado interés en aquellas personas que se encuentran deteni­das ilegalmente, patrocinando Há­beas Corpus, que han sido concedi­dos por los respectivos alcaldes; en otros casos hemos exigido el cum­plimiento del debido proceso.

¿Qué sugerencias hace para mejo­rar la gestión de la institución? La falta de recursos económicos es un ·limitan te para cumplir con ma­yor eficiencia nuestro trabajo, por lo que es necesario que organismos internacionales realicen un apoyo decidido con capacitación y forta­lecimiento institucional.

¿Qué actividades cumple el De­fensor Adjunto Segundo? El Defensor Adjunto Segundo, quien tendrá su residencia en Gua­yaquil, ejercerá su jurisdicción en las provincias del Guayas, Manabí,

Prioridad en el · trabaio con MIGRANTES M arco Ochop. Maldonado,

quien se desempeñó como Defensor Adjunto para la Región Sur, también cuenta sus experien­cias en el trabajo coordinado con los comisionados de esta zona del país.

¿Cuál ha sido su gestión durante estos dos años? Dentro del proceso de desconcen­tración de la DDP, se crea con sede en Cuenca la Defensoría Adjunta de la Región del Sur del País con jurisdicción en las provincias del Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Las tareas que hemos realizado son: vigilar y proteger los DD.HH. en nuestra jurisdicción, mediante los recursos contemplados en la: Cons� titución, El trabajo ha sido directo con asociacio­nes de grupos vulnerables. Una tarea fundamen­tal es la promoción de los DD.HH. para concien­tizar a la ciudadanía en un cambio de actitud.

¿Cuál es su logro más importante? . Especialmente el de fomentar el derecho a la li- ,

bertad de expresión, la plena vigencia de la li­bertad personal. Nuestra precaución ha sido controlar en los centros penitenciarios si los ciu­dadari.os se encuentran detenidos ilegalmente. En coordinación con los comisionados provincia­les y las organizaciones· pastorales hemos priori­zado el trabajo en beneficio de los migrantes, me-

. diante una serie de acciones con el Parlamento Andino; se ha impulsado la aprobación de la ley que sanciona a los coyoteros; estamos estiuctu-

. rando asociaciones provinciales para la defensa .··. de sus derechos, contando con la colaboración de la Universidad de Cuenca y de. Lojél para confor-. · mar las redes de jóvenes o defensorías juveniles encargadas de defender sus derechos; con Unicef

estamos retomando el convenio, con el objeto de llevar adelante la vigi­lancia y monitoreo de las políticas relacionadas con la niñez.

¿Qué apoyo ha tenido de parte del Estado? Hemos contado con la colaboración de todas las instituciones del Esta­do, a excepción del Seguro Social, prinCipalmente en lo que tiene que ver coh los pacientes que requieren

de hemodiálisis, por la. falta de insumos y un tra­tamiento adecuado, razón por la que presenta­mos una acción de Amparo contra el Director del Hospital Regional y al Presidente de la Comisión Interventora. Sin embargo, hasta la presente fe­cha el Seguro no cumple lo dispuesto por el Juez, podo que hemos solicitado al Ministro Fis­cal iniciar las acciones penales respectivas.

¿Qué planes tienen hasta fin de año? Nuestra preocupación es conformar jurídica­mente las asociaciones de familiares de migran­tes y las asoCiaciones de consumidores en todas las provincias de nu¡;stra jurisdicción.

¿Qué sugerencias hace para mejorar la ges­tión de la institución? Considero que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo concede las suficientes atribuciones al Defensor del Pueblo, encaminadas a la protec­ción de los derechos humanos en el país; sin em­bargo, el problema central es la falta de recursos económicos,:por lo que es necesaria su autono­mía financ:iera . ¡\demás, es necesario que los organismos inter­nacionales de derechos humanos apoyen en la capacitación, difusión y el fortalecimiento insti­tucional de la Defensoría del Pueblo.

Quito-Ecuador, septiembre del 2000 · · · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · EL DEFENSOR 1 1

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P L A N O· . . • . y

TRÁMITES REALIZADOS DE SEPTIEMBRE DE 1 998 A SEPTIEMBRE DEL 2000 �

1 O R a Direc;ción Nacional de Comunicación y Promoción Social realiza un seguimiento

permanente de los trámites realizados por la Defensoría del Pueblo en todo el país.

.

Durante dos años de actividades, la Defensoría del Pueblo (DDP), tramitó 20 mil 671 Quejas, 2 mil 879 Recursos Constitucionales y receptó 10 mil 455 Consultas. Así también, desde enero de 1999, la Dirección Nacional de Recursos Constitucionales emitió más de 250 informes de procedibilidaq.

PROMEDIOS: • El promedio mensuq._l de Quejas receptadas,

durante dos años de funcionamiento, es de 861 trámites promedio.

QUEJAS: 20.671

.•

� HABEAS CORPUS: 1 .923

68%

. . # . HABEAS DATA: 98

77%

TA D I ST C O • . El promedio mensual' de recursos de Hábeas

Corpus receptados, durante dos años de fun­cionamiento, es de 80 trámites promedio.

• El promedio mensual de recursos de Hábeas Data receptados, durante dos años de fun- ·

cionamiento, es de 4 trámites promedio. • El promedio mensual de recursos de Ampa­

ro receptados, durante dos años de funciona­miento, es de 36 trámites promedio.

EFECTIVIDAD • De las 20 mil 671 quejas trani.itadas, el 71 por

ciento, es decir 14 mil 645, fueron resueltas; mientras que 6 mil 026 se encuentran pendien­tes.

• De los 1 .923 Hábeas Corpus tramitados, el 68. por ciento, es decir 1 .300, fueron concedidos; mientras que 623 fueron negados.

• De los 98 Hábeas Data tramitados, el 77 por ciento, es decir 75, fueron concedidos; mien"' tras que 23 fueron negados.

• De los 858 recursos de Amparo tramitados, el 30 por ciento, es decir 265, fueron resuel­tos; mientras que 393 se encuentran pendien­tes y 200 fue�on negados.

Desde enero del 2000 se empezó a recolectar las estadísticas de consultas, que esbozan las si­

. guientes cifras: 10 mil 455 consultas receptadas, de las cuales 9 mil 278 fueron absueltas con un

. porcentaje favorable de 89 puntos.

AMPARO: 858 Pueden presentar QUEJAS todas las per· .sonas, ·sin importar sU­nacionalidad, edad, re§íd�gc)a; i ncapaci· dad parci hablar, ·de­tención en centros pe­n itenciarios o polida­les, i nternación en es­tablecimientos psiquiá­tricos o cualquíE)r rela­ción de dependencia con el Estado.

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Pend ientes . 46%

EL DEFENSOR Quito-Ecuador, septiembre del 2000 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · ·

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