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VOTO RAZONADO QUE PRESENTAN

Quienes suscriben, Mtra. Cynthia Galicia Mendoza, Mtra. Rosalba Vázquez

Valenzuela y Dra. Yessica Ivet Cienfuegos Martínez, emiten su voto a favor

de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de

Guanajuato en razón del no cumplimiento de las 13 recomendaciones

emitidas por el Grupo de trabajo del Estado de Guanajuato.

Utilizamos el mecanismo de voto razonado como el único medio para dar a

conocer y hacer públicas las dinámicas al interior del Grupo de Trabajo que realizó

la investigación sobre la procedencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de

Género en el Estado de Guanajuato. Formar parte del mismo, nos permitió

observar, en la práctica, la falta de voluntad para emitir Alertas de Violencia de

Género por parte de todas las autoridades en todos los niveles; y nos ha hecho

reflexionar sobre la política gubernamental en materia de acceso de las mujeres a

una vida libre de violencia contenida en la LGAMVLV (Ley General de Acceso de

las Mujeres a una Vida libre de Violencia), que a más de ocho años de su

publicación es, en muchos de sus apartados, inaplicable.

El grupo de trabajo quedó integrado por tres académicas, un académico y cuatro

representantes del Estado, quienes después de realizar una investigación,

emitieron 13 recomendaciones, cada una con un conjunto de indicadores de

cumplimiento al estado de Guanajuato, en un hecho sin precedentes. Por su parte,

en julio de 2014 el gobierno del estado de Guanajuato admitió y aceptó dichas

recomendaciones asumiendo el compromiso de cumplirlas, esto en virtud de que

de no aceptarlas, se debía dictar la AVG de manera inmediata. Las

recomendaciones debían ser cumplidas en su totalidad en enero de 2015.

Finalmente, después analizar el Informe que el estado de Guanajuato proporcionó

al Grupo de trabajo, y a pesar de que varias de las recomendaciones se

consideraron como no cumplidas por todas y todos los integrantes del grupo de

trabajo, las y los funcionarios públicos junto con el académico, votaron en contra

de la emisión de la AVG.

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Cada una de estas personas emitieron votos individuales sin fundamentación. Los

votos estuvieron basados en, lo que pareciera, la búsqueda de beneficios

individuales a través de la “protección” al Estado o a sus instituciones; es decir, la

base de la votación no se centró en cuestionar si el Estado cumplió o no con su

deber de proteger el derecho de las mujeres guanajuatenses a vivir una vida libre

de violencia. Dicho proceso de votación reproduce de manera burda las

votaciones que se daban al interior del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,

Sancionar y Erradicar la Violencia, al simplemente levantar la mano para votar, sin

la debida fundamentación y motivación; privando así a las mujeres de sus

derechos, en virtud de un evidente acuerdo político de no emitir las Alertas.

Las representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión Nacional

de Violencia, de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de las Mujeres

Guanajuatenses, hicieron visible que sus intereses no están del lado de las

mujeres, fungiendo solo como funcionarias y funcionarios públicos que avalan o

legitiman un proceso; sus intereses están en el funcionamiento de una burocracia

que no ha comprendido su nivel de responsabilidad en la defensa, promoción y

salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres en el país. Por lo anterior,

estas instituciones deberían ser repensadas, pues no cumplen las funciones de

emitir políticas públicas para mejorar la vida de las mujeres y detener la violencia

en su contra.

Creemos, que emitir un voto para no declarar la AVG envía a los gobiernos, sus

instituciones y a las propias mujeres el mensaje de que este mecanismo de

protección de los derechos de las mujeres es una ficción, y que, en las omisiones

y su pasividad se perpetúa la impunidad y violencia, reiterando la inacción del

estado frente a la violencia de género y feminicida.

En este proceso de investigación y revisión de cumplimiento de la solicitud de

AVG fue visible que la autoridad interpreta la ley de tal forma que no sea

responsable del propio problema que investiga, que no tenga una obligación de

proporcionar información, ni de poner sobre la mesa, los datos del tema que es su

obligación atender y tener. La CONAVIM, en el ámbito económico argumentó que

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el dinero etiquetado para las Alertas de Violencia de Género, no era para la

investigación, según su interpretación de la ley, por lo que no se sabe en qué se

gastó, y por lo menos el que corresponde al periodo de 2014 y 2015 tiene un

destino incierto. Fuimos testigas de que el presupuesto destinado a la

investigación de la situación de violencia feminicida en Guanajuato, no fue

aplicado para que el trabajo se llevara a cabo en las mejores condiciones. No se

invirtió en procurar condiciones mínimas de trabajo y las investigadoras y el

investigador, hicimos el trabajo metodológico invirtiendo recursos propios, sin

apoyo alguno adicional, por ejemplo de otras u otros especialistas importantes

como antropólogos/gas forenses y peritos/tas, por decir lo mínimo en una

investigación de esta magnitud.

En este proceso, también el problema político fue administrado por la CONAVIM,

que ha mostrado que es una institución obsoleta, que no sabe qué hacer para

cumplir con el objeto para la que fue creada, que no muestra acciones

contundentes ni diseño de políticas ni conocimiento especializado; en una muestra

de su ineptitud, indiferencia y simulación, esta institución junto con el Instituto

Nacional de las Mujeres cargó parte del trabajo a las solicitantes. La actitud de

indiferencia de la CONAVIM llegó al grado de que las dos representantes de esta

institución nombradas para formar parte del grupo de trabajo, desconocían

completamente el tema de violencia hacia las mujeres y de género.

Las organizaciones solicitantes son llamadas no sólo a demostrar y documentar la

existencia de violencia feminicida en un territorio determinado, también deben

como en el caso de Guanajuato, invitar a otras ONGS a participar como testigas,

reunir a víctimas para presentarlas, dar información estadística y datos concretos,

participar dando propuestas, dar seguimiento, ello sin recurso alguno en un

proceso como el presente que lleva más de un año, y les ha implicado un gran

esfuerzo. Paralelamente siguen haciendo el trabajo de documentar el fenómeno,

ratificando que este persiste en la entidad y el gobierno de Guanajuato no se

asume como responsable en una actitud marcadamente indiferente.

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Resulta absurdo que dentro del grupo de trabajo se tuvo que argumentar por parte

de las firmantes, la urgencia de que se dictara la AVG de la misma forma que en

cada documento que suscribió el grupo de trabajo, se tuvo que justificar que las

acciones de los gobiernos debían basarse en derechos humanos de las mujeres y

en la perspectiva de género, cuando esto es una obligación incluso constitucional.

Y que en lugar de exigir al estado que cumpla con sus obligaciones, se

“reconozca” el interés y voluntad por cumplir, y no por tener y mantener un

compromiso firme en las políticas de prevención, atención y sanción de la

violencia contra las mujeres. Aun cuando no haya cumplido, no habrá AVG.

Creemos y estamos convencidas que esta decisión vulnera los derechos de las

mujeres y perpetúa la violencia en su contra.

Evaluación

En el proceso de evaluación se pueden señalar como poco éticas e irresponsables

las siguientes decisiones, formas y actitudes de una parte del grupo:

1. La evaluación de la AVG no puede estar sujeta a la muestra de “voluntad”

de los gobiernos, lo que se evalúan son las acciones concretas que tengan

como fin disminuir la violencia feminicida. Lo concreto es que en

Guanajuato las mujeres siguen desapareciendo; siguen siendo asesinadas;

no se les garantiza el acceso a la justicia; las y los funcionarios no son

cesados por obstruirla y se sigue ignorando y o culpabilizando a las

víctimas. Proteger a las mujeres de ser víctimas de un feminicidio en el

Estado de Guanajuato no fue prioridad en el proceso de evaluación del

cumplimiento de las recomendaciones y sus indicadores, a algunas y

algunos integrantes no les interesó detener de manera urgente el

feminicidio y votaron contra la Alerta.

2. La evaluación y seguimiento a cada recomendación y a sus indicadores se

hizo por parte de quienes votaron en contra desde una lectura literal y poco

analítica de procesos vinculados a su cumplimiento, se negó la posibilidad

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de generar una metodología para la evaluación de políticas públicas en

materia de violencia o aplicar alguna de las existentes. Una constante

también fue la falta de “voluntad” para hacer una interpretación integral de

las recomendaciones. Y por ello, muchas de las argumentaciones respecto

a la carencia de perspectiva de género en las leyes, campañas,

presupuestos, consultorías y demás se sustentaban en el dicho de que,

como grupo de trabajo no habíamos especificado qué se requería,

particularmente la perspectiva de género, como si no fuese esto una

obligación mínima.

3. En el mismo sentido no se consideró que los votos no podían consistir en

simplemente levantar la mano, usando su mayoría y su voto de calidad, por

lo que presenciamos la negación flagrante a las mujeres de su derecho a la

AVG, por razones políticas.

4. Se tuvo por parte de las y los representantes de los gobiernos, la mayor

parte de las veces, una visión reduccionista, que predominó en la discusión

y que no permitió evaluar al estado como una entidad de gobierno ni de

responsabilidad, es de nuestro interés destacar que es el gobierno tanto

federal como estatal, el que tiene el deber de protección en primer término,

y cuenta con toda una infraestructura, recursos y personal para cumplir con

este deber.

5. En el caso del aumento del presupuesto al IMUG, si bien se elevó el

recurso destinado a esta institución, no se consideró ni se utilizó la

metodología para generar presupuestos con perspectiva de género. No

hubo una preocupación por asegurar que se priorizaran las necesidades de

las mujeres y mucho menos establecer alguna acción tendiente a disminuir

la violencia feminicida en la que el estado es el principal responsable, y de

hecho el propio IMUG no cuenta con metas que permitan medir y evaluar

sus políticas y no están basadas en metodología alguna por lo que no se

les puede dar seguimiento puntual.

6. Se nos invitó como académicas a participar de este proceso pero se negó

la posibilidad de hacer un trabajo que partiera de la experiencia en materia

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de derechos humanos de las mujeres, género y violencia feminicida,

negándose la oportunidad de plantear soluciones y políticas públicas, pues

las mismas eran votadas o desechadas por no convenir a los intereses del

gobierno del estado de Guanajuato, y sólo aportando como gobierno lo

mínimo, demostrando lo obsoleto de las instituciones que deberían pugnar

y ser las principales críticas del estado de Guanajuato y mostrarse como

instituciones defensoras incansables de los derechos humanos de las

mujeres.

7. El proceso de Alerta de Violencia de Género fue desvirtuado por un sin

número de actos por las formas de interpretar la Ley, formas que se

transformaron en fondo y que fueron la base para realizar acciones legales

sí, pero ilegítimas; un ejemplo claro y contundente es el nombramiento de la

Licenciada Anabel Pulido como titular del Instituto de las Mujeres, que

habiendo sido quien coordinó el informe presentado por el gobierno, haya

tenido este nombramiento con el fin de insertarla en el grupo de trabajo

constituyéndose como juez y parte, en un claro conflicto de intereses. Lo

que se evidenció en sus argumentaciones, al interior del grupo, a favor de

las posturas del gobernador sin ningún tipo de autonomía; así como su

actitud agresiva hacia las académicas, siendo la representante del IMUG, al

grado de decirnos que nuestra evaluación en algunas de las

recomendaciones eran por “contentillos”.

8. Las instituciones responsables de la política pública en materia de violencia

contra las mujeres y de derechos humanos de las mujeres, no tienen

herramientas metodológicas ni tampoco se les nombra en virtud de su

experiencia en estas materias, asisten a las reuniones del grupo de trabajo

con una postura institucional que no les permite realizar la investigación,

emitir recomendaciones y/o realizar la evaluación a los estados, pues sus

decisiones no se basan en lo que observan o en los resultado de la

investigación sino en el mandato político que cada uno/una tiene.

9. Destaca también la falta de compromiso del estado tanto a nivel local como

a nivel federal, la CNDH con los cambios de representante, con su decisión

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de no votar en el primer informe elaborado por el grupo de trabajo, mientras

que para el informe de evaluación, el nuevo representante que no estuvo

presente durante la investigación y que no conocía la situación del estado,

decidió votar en contra de la AVG.

Conclusiones

Desde el punto de vista de las que suscriben, el documento que contiene el

dictamen respecto a la evaluación del cumplimento de las 13 recomendaciones,

en su mayoría, reproduce información presentada por el Estado. La evaluación del

cumplimiento de las propuestas, además de ser mínimo, queda prácticamente

invisibilizada por lo que es necesario destacar algunas cuestiones en el mismo

que reflejan el incumplimiento por parte del Estado.

Es evidente que en todo el documento existió un afán por ocultar el no

cumplimiento de las propuestas con frases retóricas como: “el grupo de trabajo

consideró que la misma se encuentra en proceso de cumplimiento” (pág. 6); “se

deben establecer criterios claros para la selección de la sentencia que se

consideran como realizadas bajo una perspectiva de género, y que serán

difundidas como tales” (pág.. 12); “El grupo considera que el Diagnóstico sobre los

Tipos y Modalidades de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de

Guanajuato incluye información muy general y que no necesariamente se

relaciona directamente con la situación de violencia en el estado de Guanajuato”

(pág.. 23); “El grupo considera importante transparentar los procesos de elección

de las personas representantes tanto del sector académico como de las

organizaciones de la sociedad civil y se garantice que éstas respondan al perfil

establecido en la propuesta correspondiente” (pág.. 35); “Si bien el grupo de

trabajo reconoce los esfuerzos realizados por el estado, considera que de las

cuatro etapas señaladas, únicamente la primera cuenta con un plan estratégico

con plazo de difusión y claridad en el uso de los recursos” (pág.. 59); solo por citar

algunas.

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Dichas afirmaciones buscan en la retórica tener un proceso gestionado en la

complacencia pues es claro, que se ocultan hechos tan graves y criticables como

que no hubo un diagnóstico bien hecho, que lo que se presentó fue una simulación

mayúscula con el dispendio de los recursos públicos pagados al PNUD; que no

existió nunca un grupo de seguimiento con las características especificadas en las

recomendaciones, pues “se armó a modo” para integrar a personas poco críticas,

complacientes y afines a la ideología del estado; y que la cero tolerancia a las

mujeres se limitó a la firma de un desplegado, y a acciones que sólo se quedan en

el nivel discursivo y no en la acción contundente del aparato gubernamental para

salvaguardar la vida e integridad de las mujeres.

La alerta de violencia de género debió emitirse por el Secretario de Gobernación,

porque por una parte las solicitantes lograron evidenciar la situación de violencia

feminicida en el Estado de Guanajuato frente a un escenario de omisión,

negligencia, indiferencia, e incluso complicidad del gobierno, la falta de acciones

para enfrentar el problema y erradicarlo es evidente cuando se contabilizan el

número de mujeres que ha sido asesinadas en ese territorio por razones de

género desde la fecha en que se presentó la solicitud y hasta el día de hoy.

Desde nuestro análisis y evaluación, la AVG debe dictarse porque en este proceso

se pudo ver:

1. Que la investigación de la solicitud de AVG, que obligada y necesariamente

se trasladó al estado, fue vista y recibida por un sistema poco aceitado y

poco convencido de la política de atención prioritaria a los derechos

humanos de las mujeres, a la prevención de la violencia y a la atención

urgente de la violencia feminicida.

2. Que había un gobierno que no trabajaba en conjunto como les mandata la

LGAMVLV para proteger a las mujeres de la violencia en su contra y en

especial de la violencia feminicida y porque el procedimiento de AVG es de

las mujeres, surgió del movimiento de las mujeres y es un mecanismo que

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debe ser activado para proteger la vida de las mujeres, no para cumplir

trámites burocráticos y poco sensibles, con los tiempos de las instituciones

federales y estatales.

3. Que en este proceso se evidencia que los prejuicios siguen vivos y que la

famosa transformación cultural, para llegar a una cultura de la igualdad y no

violencia, debe ser trabajada con los gobernantes y quienes tienen distintos

tipos de responsabilidades en instituciones como la Conavim o el

Inmujeres, y no sólo entre la población, como receptora de las políticas

públicas.

4. Que debemos mirar a los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y

Judicial. Porque si bien muchos los servicios de prevención y atención

corresponden al poder ejecutivo, no debe olvidarse que la violencia

feminicida pasa también por un amplio espacio de impunidad que atañe a

los otros poderes, en ausencias de normas y de la impartición de justicia. Y

todos los poderes han fallado en la prevención de los feminicidios.

5. Que en la política pública para prevenir, atender y sancionar la violencia

contra las mujeres se encontró y permanece hoy, un IMUG que no tiene, ni

procesa, ni dispone de información relevante para conocer la situación de

violencia que se ejerce contra las mujeres en el los distintos territorios del

estado de Guanajuato. Un instituto que no tiene acciones contundentes que

muestren el cumplimiento de su responsabilidad en la generación de

acciones tendientes a transversalizar la igualdad y la no violencia contra las

mujeres. Un Imug, que llegó al grupo sin información al respecto, contando

solo con la brindada por las peticionarias, de tal suerte que parecería que

no tienen responsabilidad en el tema y que tampoco lo conocen a fondo.

6. Que hay un gobierno que da muestras de trabajo posible y alcanzable sólo

en condiciones de “presión” social y mediática. Que esto no es aceptable

cuando este gobierno tiene por decisión del pueblo la responsabilidad de

cuidar a las mujeres y procurar el cumplimiento de las Leyes que así lo

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señalan. Por ello y para que se obligue a cumplir lo que por mandato

corresponde es necesario que la AVG sea una realidad y que las mujeres

sientan en su vida la certeza de la acción de las instituciones federal y

estatales.

Martes 9 de junio de 2015

Mtra. Cynthia Galicia Mendoza

Académica

Mtra. Rosalba Vázquez Valenzuela

Especialista de la Universidad de Guanajuato

Dra. Yessica Ivet Cienfuegos Martínez

Especialista de la Universidad de Guanajuato