Sub- Comisión

Lineamientos para la Seguridad y Sustentabilidad Energética.

1.- Contexto. Tal como se ha señalado en el capítulo 1 de este informe, Chile ha vivido una serie de episodios de estrechez eléctrica que ponen en relieve la falta de seguridad del sistema eléctrico. Con tres decretos de racionamiento preventivos entre 2008 y 2011; y los conflictos generados por los cortes de gas natural provenientes de Argentina, se ha demostrado que el actual modelo eléctrico tiene serias deficiencias normativas, que lo hacen insustentable y extremadamente vulnerable. A lo que se suma la creciente irrupción de conflictos ambientales asociados a proyectos de generación eléctrica.

El modelo normativo vigente ha sido diseñado con el fin de establecer reglas para que los privados tomen decisiones de inversión en el sector, lo que se traduce en que son las empresas quienes definen cuándo, cuánto, cómo y dónde invertir en generación eléctrica sobre la base de criterios de rentabilidad. Las normas y políticas energéticas no tienen criterios de seguridad, ni de sustentabilidad. El modelo eléctrico chileno está basado en la neutralidad, ya sea esta tecnológica, de inversión, fijación de tarifas e incluso podemos hablar de una neutralidad social y ambiental, es decir el estado no cumple ningún rol como garante del bien público y administrador de bienes comunes. Las instituciones públicas que deberían definir la política eléctrica carecen de instrumentos regulatorios que les permitan ordenar el sector. Ni siquiera las instituciones públicas -en particular, la CNE- puede definir un cronograma de inversiones necesarias y establecer criterios respecto de qué tecnología usar, el cronograma para el desarrollo de un proyecto o los lugares donde desarrollar proyectos. Chile carece de una ley de ordenamiento territorial y las regulaciones ambientales y energéticas no son capaces de garantizar la seguridad y sustentabilidad energética.

En resumen, el marco normativo eléctrico es neutral en términos: Políticos, porque no plantea políticas de largo plazo en materia energética. En aspectos tecnológicos, debido a que no define o promueve un tipo de tecnología por sobre otra, todas pesan lo mismo, lo que en definitiva significa que el privado define la tecnología que utiliza basado en la rentabilidad de sus inversiones requerimientos tecnológicos para las nuevas inversiones. Finalmente, es neutral en términos económicos, ya que no ha definido una estructura de precios y costos claros en el marco de mercados monopólicos y concentrados. En definitiva, se ha concebido al sector eléctrico como un mercado, donde las decisiones son tomadas exclusivamente por el sector privado y en la cual el Estado ha abandonado su rol de ente regulador y promotor del bien comun.

En el contexto de inversiones(y decisiones) privadas en el sector eléctrico, también la sustentabilidad y seguridad del sistema queda en manos de privados.

Sobre la base de dicho marco institucional, las propuestas que plantea la autoridad para lograr mayor seguridad en el sistema apuntan a establecer un clima adecuado para que los privados inviertan en proyectos eléctricos, es decir, incentivar las inversiones en el sector mediante normativas que den seguridad a los inversionistas, pero el fomento a la inversión a veces poco tiene que ver con la necesidad de ampliar la matriz, diversificarla, disminuir costos socioambientales y avanzar efectivamente en seguridad y sustentabilidad..

El Plan Seguridad Energética (PSE) presentado por el gobierno, durante el año 2006, planteaba tres ejes como propuestas para alcanzar la seguridad1: - Diversificar la matriz (en términos de insumos y proveedores)- Lograr mayor independencia/autonomía - Promover el uso eficiente de la energía

Para avanzar en esos ejes, el gobierno plantó como acciones centrales algunos mecanismos que apuntan a fomentar “las inversiones en nuevas fuentes de generación, tradicionales y no-tradicionales, vía: Estabilidad regulatoria; señales de precios; compromiso del Gobierno por sacar adelante los proyectos; claridad en las reglas del juego; cumplimiento de los plazos en tramitaciones administrativas”2

Es decir, propuestas que van en la línea permitir que inversionistas privados tomen las decisiones en el mercado eléctrico. Por tanto no se plantearon cambios de fondo al modelo eléctrico chileno.

Chile requiere modificar el actual modelo eléctrico basado en la oferta y el consumo, para pasar a un modelo que permita dar sustentabilidad y seguridad al sistema. Para ello, es que se necesita una reforma integral al modelo eléctrico chileno, incorporando e integrando aspectos de suministro, equidad, democracia y seguridad. Para ello, primero es necesario definir qué entenderemos por Sustentabilidad y seguridad energética, para luego plantear las propuestas.

2.- Concepto de Sustentabilidad Energética3

Se entenderá por sustentabilidad energética aquella estructura normativa y de política pública energética que se base en los pilares de seguridad e independencia, equidad, responsabilidad ambiental y social, eficiencia energética diversificación de fuentes y democracia.

Seguridad e Independencia: referido a abastecimiento seguro, oportuno, de calidad, a costos razonables y con niveles adecuados de autoabastecimiento.

Equidad: Se refiere a la equidad en el acceso, cantidad y condiciones de uso.

Responsabilidad Ambiental: costos ambientales reducidos e internalizados por los procesos de generación, transmisión y distribución de energía.

Eficiencia Energética: propender al uso eficiente de energía, entendiendo que estas es una fuente renovable, no contaminante, cuya explotación contribuirá a diversificar la matriz energética y dar seguridad y calidad al abastecimiento.

Diversificación de fuentes: uso de los avances tecnológicos que permitan lograr sustitución de fuentes, utilización de energías renovables no convencionales.

1 CNE, 2006, Plan Seguridad Energética. 2 Poniachik, Karen (20 de Octubre de 2006) Presentación: Política de Seguridad Energética de Chile.3 Basando en: Maldonado, Pedro (2006) Desarrollo Energético Sustentable: un desafío Pendiente. [Disponible en www.cepal.cl]

Democracia: Establecimiento de canales de información y participación ciudadana en la definición de políticas y en el análisis sobre localización de proyectos.

Como se puede apreciar dentro de esta definición la seguridad energética es parte de la sustentabilidad. No se puede hablar de seguridad sin hacer referencia a la sustentabilidad, toda vez que en pos de la seguridad se podrían establecer suministros que atenten contra otros pilares del objetivo, tales como aspectos medioambientales, equidad o independencia.

Un sistema sustentable será aquel que logre la seguridad energética sin pasar por alto otros requerimientos del sistema. Un sistema sustentable es aquel que considere la dimensión temporal, que proyecte en el tiempo la utilización diversos insumos y fuentes para generación la eléctrica y que permita transitar desde la matriz actual hacia una más limpia. Para lograr estos objetivos, primero se requiere mejorar la estructura institucional en el sector. En un esquema como el actual donde son los privados quienes toman las decisiones, el Estado tiene muy poco espacio de maniobra para lograr cambios efectivos con la actual realidad del sistema. Es por ello que para diseñar una política de seguridad energética, se requiere establecer una política energética que hoy no existe.

Si en la próxima década Chile pretende resolver sus problemas de vulnerabilidad, dependencia, inequidad e insustentabilidad energética, es indispensable asegurar un desarrollo equilibrado del sector energético. Las fuerzas del mercado no bastan para asegurar este objetivo, por lo que es necesario generar políticas públicas y un marco normativo adecuado para cumplir con los pilares de la política de Sustentabilidad Energética.

3.- Lineamientos de Política sobre Sustentabilidad Energética.

Seguridad e independencia

Regulación y planeación: Al Estado le corresponde activar la definición de una nueva política energética, asumiendo liderazgo en la determinación de objetivos que respondan a las necesidades y demandas de toda la población y según ello establecer los cambios regulatorios que considere apropiado para garantizar el bien público. Es su deber diseñar y aplicar una estrategia energética/eléctrica consistente con el desarrollo sustentable, que concilie la expansión del sistema con los desafíos de largo plazo no considerados por el mercado.

Análisis sobre potenciales de recursos: El Estado debe invertir recursos en proveer información sobre los potenciales de los recursos energéticos/eléctricos existentes en el país, como por ejemplo los análisis sobre regímenes de vientos y su potencial de generación, para facilitar la instalación de nuevas fuentes de generación.

Incorporar a mediano plazo Generación Distribuida: La Generación Distribuida consiste en sistemas de generación relativamente pequeños, que están conectados directamente a la red de distribución (media y baja tensión). Este sistema es el marco que permite cumplir varios de los pilares de Sustentabilidad Energética que requiere el país: Da Independencia al sistema al ampliar las fuentes de generación; da seguridad, al generar redes eléctricas resilientes; democratiza el sistema, al promover redes regionales de distribución y limitar la transmisión a grandes distancia; reduce los impactos ambientales, al tener fuentes de generación de menor tamaño; es eficiente, porque reduce las pérdidas generadas en la transmisión.

Algunas de las propuestas en este ámbito son:

- Perfeccionamiento del sistema de subsidio para redes de transmisión

- Incentivos al Desarrollo de Políticas Regionales de Energía

Regulación de las Redes de Transmisión y Distribución: Los aspectos de Transmisión y Distribución de electricidad son importante desafíos para quienes están interesados en participar del sector. La incorporación de nuevos actores al mercado eléctrico depende de los mecanismos y cobros asociados estos aspectos. Es por ello que se requiere diseñar un sistema de transmisión y distribución que sea acorde a los cambios en requerimientos de dimensión (escala), ubicación geográfica y tiempo y que a su vez permitan satisfacer los requerimientos de calidad y confiabilidad de la red.

Para ello, se propone:

- Transformar los CDEC en instituciones independientes.

- Desarrollar instrumentos adecuados para ponderar los costos y beneficios de la conexión de una central a nivel de distribución.

- Resolver los problemas de asimetría de poder de negociación entre las distribuidoras y los desarrolladores de proyectos.

- Perfeccionar los sistemas de trámites para la obtención las servidumbres para la transmisión.

Equidad

En un escenario deseable deben satisfacerse las necesidades de toda la población, sin necesariamente obligar a reducir el consumo energético a los sectores que cuenten con los recursos para asumir sus costos. Debe propenderse a disminuir los impactos sociales y ambientales que provocan de los proyectos energéticos/eléctricos e incluirse principios de restricción al sobreconsumo.

Para ello proponemos:

- Mejorar la distribución eléctrica hacia zonas rurales y aisladas: Índices de electrificación Ampliación de redes de transmisión y Subsidios a los costos de mantención del suministro.

- Carencias energéticas: incorporar criterios de carencia energética que analicen aspectos como el confort ambiental; calidad térmica y la tenencia de equipamiento electrodoméstico de calidad.

- Sistema de tarifación: Definición de requerimiento energéticos mínimo que permitan establecer modelos de “Tarifas en cascada” o “tarifas sociales”, para los sectores de menores ingresos y cargos al sobreconsumo de sectores de ingresos altos.

- Evaluación de los impactos socioambientales: incorporar evaluaciones socioambientales y desarrollar mecanismos para la toma de decisiones que consideren estos aspectos.

- Ordenamiento Territorial: Incorporar criterios de OT en el diseño e implementación de políticas energéticas con el fin de articular las distintas visiones e intereses relacionados al territorio. Para ello se requiere: Primero, perfeccionar los instrumentos como la negociación, la mediación y la resolución de conflictos para proyectos energéticos y segundo, desarrollar instrumentos de zonificación, como instrumentos de línea base, para discutir intervenciones sobre el territorio al desarrollar proyectos energéticos.

Sustentabilidad Ambiental

Los criterios adoptados para la evaluación de proyectos deben considerar tanto los impactos locales como globales. Respecto de los primeros, es necesario incorporar los impactos locales y regionales: contaminación, pérdida de biodiversidad, uso del territorio, consumo de agua e impactos sobre otros sectores (lucro cesante). En el ámbito de los impactos globales de las fuentes, se requiere considerar cuestiones como el cambio climático, el agotamiento y sustitución de recursos naturales energéticos no renovables, desde la extracción de energéticos hasta el uso final.

Para ello proponemos:

- Evaluación de impacto ambiental Estratégica/integral: que incorporen el ciclo completo de los procesos de generación (desde la generación hasta el usuario final); que incluyan todas las etapas de los proyectos –que no puedan ser separados y que integren los efectos sobre capacidad de carga de los sistemas.

- Privilegiar proyectos de baja escala y con bajo impacto en el uso del territorio: El criterio territorial deberá que incorporarse dentro de la evaluación de los proyectos, privilegiando proyectos con bajo impacto en el uso del territorio.

- Evaluación socioambiental de proyectos para la toma de decisiones.

- Revisión del impacto ambiental y social que provocan los proyectos en funcionamiento. Es necesario contar con información pública sobre todas las fuentes de generación eléctrica que están operando y los impactos que éstas provocan. A partir de ello generar un plan de cierre de operaciones; incorporación de nuevas tecnologías y/o repotenciación de redes.

- Proyectos productivos que presenten planes de energía: Las actividades energointensivas deberán incorporar dentro de sus evaluaciones de proyectos las fuentes de energías que utilizarán para llevar a cabo los procesos productivos

- Implementación de impuestos ambientales sobre las emisiones de contaminantes: Es posible implementar instrumentos tributarios que carguen las actividades con mayores impactos ambientales. Esto significa, que las empresas internalicen los costos en términos de la degradación ambiental, daños a la salud pública, vulneración del patrimonio natural y cultural, entre otros elementos.

Diversificación de fuentes

En este ítem se incorporarán las propuestas de la comisión de ERNC.

Eficiencia Energética

Eficiencia Energética: La utilización racional de los recursos es la principal y más barata fuente energética alternativa. El marco regulatorio para el uso eficiente de la energía deberá abarcar al conjunto de actividades de la cadena energética; es decir, aquellas relacionadas con la exploración, la explotación, la transformación, el transporte, la distribución y el uso final de la energía, tanto por las empresas energéticas como por el consumidor individual.

Para ello proponemos:

- Planes de Educación y incentivos para la eficiencia en los hogares En el sector residencial, el esfuerzo debe estar orientado a reducir el sobreconsumo de energía. Se propone campañas de educación pública, incluso en los colegios y escuelas, sobre el carácter de eficiencia que debe tener el consumo de energía.

- Sistemas de incentivos económicos al ahorro de energía de los usuarios, a través de tarifas diferidas, subsidios y asesoría para la incorporación de fuentes renovables en los hogares.

- Programas de reducción de energía y estándares de eficiencia para las industrias. Es necesaria una definición que oriente el uso eficiente de la energía y determine metas de reducción de consumo en las empresas.

- Decretar la obligatoriedad para las empresas de presentar al gobierno, programas anuales y/o de plazos mayores, en el que informen acerca de sus consumos y las medidas adoptadas para racionalizarlos.

- Obligaciones para la adopción de medidas de eficiencia energética en el diseño y construcción de edificios y conjuntos habitacionales, con sugerencias respecto al mejor material aislante y otros aspectos relevantes para una mejor calidad térmica de las construcciones.

- La legislación debe incluir guías especiales que estimulen el uso eficiente del aire condicionado, la calefacción, los equipos de ventilación, el alumbrado, los sistemas de suministro de agua caliente y los ascensores, entre otros artefactos.

- Normativas para importadores y fabricantes de equipos con estándares con respecto al consumo energético y su grado de eficiencia, de diversos equipos que consumen grandes cantidades de energía: automóviles, calefacción, electrodomésticos, motores eléctricos y climatización para viviendas y edificios, entre otros.

- Capacitación e incentivos al uso eficiente en las PYMES, a través de la definición de orientaciones básicas y programas de racionalización específicos, a través de incentivos económicos, financieros y tributarios para inversión en adquisición de nuevos equipos, o en el mejoramiento en la eficiencia de los antiguos.

Regulación de empresas energointensivas (EEI): Implementar medidas regulatorias e incentivos que permitan avanzar hacia la eficiencia energética en empresas energointensivas. Algunas de las propuestas en este ámbito son:

- Auditorias periódicas al uso de la energía y condiciones del equipamiento.

- Establecer planes de mediano plazo para la reducción del consumo energético.

- Incentivos tributarios para la incorporación de equipamiento eficiente en empresas de consumo medio.

- Programas que incorporan la regulación existente y el uso de instrumentos tributarios, como los impuestos a las emisiones de carbono.

Democracia

Participación en el desarrollo y evaluación de la política energética: La democratización de la gestión y las decisiones es fundamental para modificar el curso del desarrollo energético del país. Para ello, es necesario generar espacios de interlocución y participación ciudadana directa en el diseño, gestión y evaluación de las políticas energéticas.

Para esto proponemos:

- Dar mayores atribuciones y participación a los órganos y entes regulatorios para la definición de políticas energéticas

- Desarrollar instancias que permitan evaluar las políticas públicas existentes en materias de energía

- Crear instancias democráticas y vinculantes para la definición de políticas públicas en el área energética como un Consejo Nacional de Política Energética

- Implementar programas vinculantes para el desarrollo energético de las regiones y municipios

- integración de los consumidores en las operaciones de los sectores energéticos nacionales

Participación en las decisiones sobre proyectos: Los proyectos energéticos que involucran los intereses de toda la población y comprometen la salud de las personas, el patrimonio natural y el medioambiente requieren un debate abierto e informado con amplia participación de la ciudadanía, puesto que cada proyecto significa modificaciones sustantivas en la calidad de vida de la población.

Para ello que proponemos:

- Mejorar acceso a la información sobre proyectos

- Implementar mecanismos de Referendum para megaproyectos energéticos.

- Participación activa de la población directa o indirectamente involucrados en las decisiones, como afectados por perspectivas de implantación de proyectos energéticos (represas, ampliación de la capacidad de refinación, construcción de ductos, terminales, sub-estaciones, líneas de transmisión, entre otros), o como consumidores.

- Implementar mecanismos de participación ciudadana vinculante, con influencia real sobre las decisiones y resoluciones adoptadas desde el gobierno.

- La participación de los consumidores y usuarios en casos en que se afectan directamente los intereses de los consumidores.

- Regular los instrumentos de compensación y/o “arreglos entre partes” para la implementación de proyectos energéticos

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