SEMANARIO

PAÍS INTERIORSOMOS CONSTRUCTORES DE PAZ

PUBLICACIÓN INTERNA // EDICIÓN N° 78 // ABR. 23 - ABR. 29 / 2018

Acciones del MinInterior

De la semana del 17 al 23 de abril, el Ministerio del Interior concretó diver-sos encuentros en diferentes regiones del país para garantizar los derechos de la ciudadanía y adelantó acciones en el marco de la implementación del Acuer-do de Paz. Entre otras actividades, son de destacar:

•Participación en audiencia sobre dere-chos de autor que realizó la Comisión Primera del Senado de la República.

•Liderazgo en Comisión Virtual de Ga-rantías Electorales para evaluar detalles logísticos y de seguridad en elección atípica de la Gobernación de Amazo-nas; programada para el próximo 29 de abril.

•Realización de Taller “Escuela de For-mación Política” dirigido a mujeres lide-resas de Fonseca, San Juan del Cesar y Urumita en La Guajira.

•Desarrollo de sesión del Consejo De-partamental de Participación Ciudadana de Antioquia.

•Participación en Comisión Primera de Cámara de Representantes para debate de control político sobre la implementa-ción del Código Nacional de Policía.

•Expedición del Decreto que crea el modelo de protección colectiva para las comunidades más amenazadas y vulne-rables.

•Instalación de la Mesa para el Reco-nocimiento y el Fortalecimiento de las Entidades Religiosas como Gestores de Paz, Perdón y Reconciliación.

•Participación en Mesa de DD.HH. Indí-genas del departamento de Arauca.

•Participación en Plenaria del Senado donde se llevó a cabo la votación de la Consulta Anticorrupcion.

•Asistencia en debate de control político sobre zonas veredales transitorias, en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República.

•Intervención en Foro Nacional Colom-bia

•Realización de taller de Implementa-ción de la Politica Pública de Libertad Religiosa y de Cultos en Montería.

•Mesa de trabajo del Predial Afro con los entes territoriales del departamento de Antioquia.

•Asesoría y Asistencia Técnica en Con-sulta previa a la comunidad indígena Embera Chamí de la Capilla del Res-guardo indígena Cañón del Río Garra-patas - Dovio Valle del Cauca.

Gobierno nacional al frente de emergencia humanitaria en El Catatumbo

Fotografía: MinInterior

Tras una serie de hechos violen-tos ocurridos en

Norte de Santander, a raíz de combates en-tre grupos guerrille-ros y un paro armado generado por dichos grupos al margen de la ley, que se consoli-dó desde los primeros días del mes de abril, un conflicto que tie-ne precedentes desde hace ya un tiempo. La ciudadanía recibió en Ocaña a los repre-sentantes del Gobier-no Nacional y a altos dignatarios del Estado que se desplazaron a esa región para orien-tar las acciones que permitirán solventar la crisis de seguridad que hoy se presenta en ese sector del país.

“A través de MinInterior y el

Alto Comisionado para la Paz, el Gobierno está dispuesto a

garantizar que voceros de

organizaciones sociales de El

Catatumbo, lleven directamente a la

mesa con el ELN, su llamado para que ese grupo cese su

actividad por fuera de la ley y no

se atente más contra las

comunidades”.

General Óscar Naranjo(Vicepresidente de la República)

Con la presencia del vicepresidente de la República, General Óscar Naranjo, el mi-nistro del Interior Gui-

llermo Rivera, el Alto Comisionado para la Paz Rodrigo Rivera, la consejera Presiden-cial para los Derechos Humanos Paula Ga-viria, el Comandante del Ejército Nacional de Colombia, Mayor General Ricardo Gó-mez, el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret, líderes socia-les, la comunidad en general y 14 alcaldes de las regiones de San Calixto, La Playa, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Convención, Teorama, Ábrego, González, El Carmen, Cáchira, Vi-llacaro, Río de Oro y La Esperanza, en la Mesa Permanente para Atender la Crisis Humanitaria y Social del Catatumbo, con-formada por estos úl-

“A partir de este momento se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Ocaña, que estará bajo la responsabilidad de MinInterior, para garantizar la atención del Catatumbo”: Guillermo Rivera

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cuenta con los princi-pios de adaptabilidad, colaboración armó-nica, complementa-riedad, concurrencia, dignidad humana, efi-ciencia, fortalecimien-to de la administración de justicia, garantías de no repetición, goce efectivo de derechos, identidad y diversidad, monopolio legítimo de la fuerza y del uso de armas por parte del Estado en todo el te-rritorio, oportunidad, participación, priori-zación, pro persona, respeto a la igualdad y no discriminación, salvaguarda de dere-chos, subsidiariedad y respeto, garantía, pro-tección y promoción de los derechos huma-nos. Esto, de manera tal que se resuelva efi-cazmente, en articula-ción entre el Gobierno nacional y las entida-des territoriales, las necesidades particula-res de cada territorio.

“Con la expedición del Decreto 660 de

2018 el país contará con un instrumento de

protección colectiva”.

Guillermo Rivera(Ministro del Interior)

Con nuevo decreto, mayor seguridad y protección paracomunidades y organizaciones sociales

Fotografía: MinInterior

“Resultó necesario hacer la transición del modelo de protección individual al modelo de protección colectiva para las regiones más vulnerables del país, de modo que las autoridades, ahora deben proteger a comunidades

específicas”: Guillermo Rivera

Para establecer y acoger medidas de seguridad y

protección en el país, el Ministerio del In-terior presentó el pa-sado 19 de abril el Decreto 660 de 2018 “Por el cual se crea y reglamenta el Progra-ma Integral de Seguri-dad y Protección para Comunidades y Orga-nizaciones en los Te-rritorios”.

El objetivo de dicho decreto es amparar los derechos a la vida, la integridad, la liber-tad y la seguridad de “líderes, dirigentes, representantes y ac-tivistas de organiza-ciones sociales, po-pulares, étnicas, de

mujeres, de género, ambientales, comu-nales, de los sectores LGBTI y defensores de derechos humanos” a través de la preven-ción de violaciones, protección y respeto que se implementarán mediante 4 compo-nentes: Medidas inte-grales de prevención, seguridad y protec-ción, promotores co-munitarios de paz y convivencia, protocolo de protección para te-rritorios rurales y apo-yo a la actividad de denuncia.

Al respecto, el minis-tro del Interior Gui-llermo Rivera expre-só que “fue necesario crear un modelo de

protección colectiva, donde en cada depar-tamento las comuni-dades que estén en mayor riesgo de vul-neraciones, amenazas y de homicidios pue-dan solicitar a la auto-ridad local la convoca-toria de una instancia a través de la cual se podrán construir pla-nes de prevención de agresiones, de viola-ciones a los derechos humanos o planes de protección en caso de requerirlo, con la par-ticipación además, del Gobierno nacional, la Policía Nacional y las comunidades afecta-das”.

Cabe destacar que el Decreto 660 de 2018

Fotografía: MinInterior

“Con una amplia delegación del Gobierno Nacional, líderes municipales y departamentales, y las fuerzas vivas del Catatumbo, se hará todo lo necesario para dar tranquilidad a los miles de habitantes de la región”: General Naranjo

timos, se consolidó el diálogo para generar propuestas y adoptar medidas que brinden soluciones a las pro-blemáticas asentadas en dicha región.

Frente a dicha situa-ción, el ministro del In-terior invitó a efectuar “un trabajo articulado con la participación de la autoridad local y departamental para poder atender con ce-leridad y seriedad las inquietudes que pre-senta la región”, y ofi-cializó la instalación

de Puesto de Mando Unificado en Ocaña, bajo el liderazgo del viceministro del Inte-rior Eduardo Garzón, para dar respuesta a la crisis humanitaria a través de la efectiva coordinación institu-cional.

De igual forma, el mi-nistro del Interior Gui-llermo Rivera reafirmó la validez que tiene la “Comisión por la Vida y la Reconciliación”, conformada recien-temente por líderes y organizaciones socia-

les, indígenas y miem-bros de la comunidad del Catatumbo para visibilizar la crisis que

enfrenta la región y así mismo garantizar la protección de sus derechos.

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ZONA CRÓNICA

Fotografía: Archivo personal

la cabeza para que los habitantes de pueblos las vieran. Las llama-ron de manera burlona y cínica “las calvas”.

El caso refleja la es-tela de miedo que se extendió por el Meta, donde la abogada lla-nera Irma Bejarano se despierta a diario ante un panorama delicado de la situación de los derechos humanos en su territorio, donde campesinos, indígenas y defensores de dere-chos humanos son víc-timas de la violencia.

El amanecer del llano, con el sol gigante que sale de entre la tierra, sorprende a veces a la experimentada aboga-da en pleno viaje por carreteras destapadas hacia los lugares don-de muchos de sus co-terráneos claman por ayuda para proteger sus derechos funda-mentales.

Para esta profesora universitaria y lidere-sa de derechos huma-nos, hoy convertida en funcionaria pública, su labor es trabajar por los más vulnerables en los 29 municipios de su departamento,

donde se desempe-ña como Secretaria Técnica del Consejo Territorial de Paz, des-de el que no deja de atender las problemá-ticas, entre otras, de desplazamiento por siembra de cultivos ilícitos, deforestación, desalojos o presencia de actores armados.

“Existe gran expectativa por la

actuación del Sistema

Interamericano de Derechos Humanos frente a los casos de violación de las

garantías fundamentales que

aún están por resolver en el

Meta”.

La doctora Bejara-no, quien también es filósofa, orienta igualmente tareas de recuperación de la memoria, en una re-gión del país que his-tóricamente ha sido escenario de la vio-lencia, pero que igual-mente tiene una gran vocación de paz, como lo confirma ella a tra-vés de su dedicación y su trabajo tan extenso como el horizonte de su llano.

La abogada y filósofa Irma Bejarano García lidera la Gerencia de Derechos Humanos de la Secretaría de Víctimas de la Gobernación del Meta.

Fotografía: Archivo personal

En el Meta los líderes y defensores de derechos humanos enfrentan una difícil situación por los desplazamientos y amenazas.

Entre 1997 y 2004 las llamadas au-todefensas del

Meta, arrancaron de sus casas a un grupo de más de cien me-nores que en ese mo-mento entre 13 y 17 años de edad, donde había varias niñas que dejaron forzadamente su vida juvenil, libre y desenfadada, para in-gresar a esas filas al margen de la ley, no solo como combatien-tes sino como esclavas sexuales de sus cap-tores, ante la mirada cómplice y fría de la propia sociedad.

Este caso sin resolver es uno de los cente-nares que la abogada Irma Bejarano García, gerente de Derechos Humanos de la Se-cretaría de Víctimas, Derechos Humanos y Paz de la Gobernación del Meta, tiene en su agenda, con la expec-tativa de que el Siste-ma Interamericano de Derechos Humanos lo juzgue para que las jóvenes víctimas sean reconocidas y repa-radas y sus captores,

que en su momento se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, castiga-dos.

Fueron momentos llenos de dolor e in-certidumbre cuando los integrantes de las autodefensas comen-zaron a llevarse a las niñas, a veces con la anuencia de sus pa-dres, como castigo porque “llegaban tar-de a sus casas”, “sa-lían a bailar sin permi-so”, o “no hacía caso”, es decir, una serie de conductas que no eran delictivas ni afectaban a la sociedad pero sí generaban preocupa-ción entre sus fami-lias.

Entonces entraron los paramilitares a actuar como “rectores” de la moral y del buen comportamiento y las secuestraron. En su cautiverio eran obli-gadas a trabajos for-zados como cargar ro-cas, apoyar el arreglo de carreteras y barrer poblaciones enteras. Además, para mayor ignominia, les rapaban

El arte de gerenciar la resilienciaLa defensa de los DD.HH. en el Meta