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Elegibilidad para recibir los servicios de “quinta categoría” del centro regional

Enero de 2016, Pub. núm. 5510.02 Spanish

La finalidad de este memorando es ayudar a establecer la elegibilidad de los niños (a partir de los tres años de edad) o los adultos para recibir servicios bajo la “quinta categoría” de elegibilidad. Esperamos que esta información le sea útil.

Antes de leer este memorando, debe entender los conceptos básicos de la elegibilidad para recibir los servicios del centro regional. Puede encontrar esa información en el memorando “Apelaciones de elegibilidad del centro regional (Regional Center Eligibility Appeals)”, la publicación “Paquete de audiencia de elegibilidad del centro regional (Regional Center Eligibility Hearing Packet)” en http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557301.pdf y el Capítulo 2 de “Derechos bajo la Ley Lanterman (Rights Under the Lanterman Act)” en http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch02.pdf.

Demostrar que una persona tiene una discapacidad de desarrollo que pertenece a la quinta categoría es sólo uno de los varios pasos necesarios para reunir los requisitos de elegibilidad.

A fin de reunir los requisitos para recibir los servicios del centro regional bajo la quinta categoría, una persona debe, o bien tener una

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discapacidad “estrechamente relacionada con” la discapacidad1 intelectual, O BIEN “necesitar tratamiento similar al” de la discapacidad intelectual. La discapacidad de la persona también debe satisfacer el resto de requisitos de elegibilidad contemplados en la sección 4512 del Código de Bienestar e Instituciones (Welfare and Institutions Code, Section 4512), como se indica en las publicaciones mencionadas anteriormente. Las decisiones de las audiencias y los centros regionales a veces dicen que una persona debe padecer un trastorno estrechamente relacionado con la discapacidad intelectual Y requerir un tratamiento similar al de la discapacidad intelectual. Esta es una interpretación incorrecta de la ley.

Este memorando le ayudará a entender cómo demostrar que la discapacidad de una persona está “estrechamente relacionada con” o requiere un “tratamiento similar al” de la discapacidad intelectual.

La orientación que se proporciona en este memorando proviene de:

- La Ley2 Lanterman (Lanterman Act);

- Los casos judiciales Mason3 y Samantha C.4;

- Las decisiones de la Oficina de Audiencias Administrativas (Office

of Administrative Hearings);

1 El término “discapacidad intelectual” sustituye al término “retraso mental”. Si bien muchas de las decisiones y

materiales a los que se hace referencia en este memorando usaban el término “retraso mental”, nosotros usaremos

principalmente el término aceptado en la actualidad, “discapacidad intelectual”. “Regresar al documento principal”

2 Secciones 4400 y siguientes del Código de Bienestar e Instituciones de California (California Welfare and

Institutions Code). “Regresar al documento principal”

3 Mason v. la Oficina de Audiencias Administrativas (Mason v. Office of Administrative Hearings), 89 Cal.App.4th

1128 (2001). “Regresar al documento principal”

4 Samantha C. v. DDS (2010) 185 Cal.App.4th 1462. Error! Hyperlink reference not valid.

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- El Manual5 de diagnóstico y estadístico (DSM-5, Diagnostic and

Statistical Manual, 5th Edition); y

- Una publicación6 de la Asociación de Agencias de Centros

Regionales (ARCA, Association of Regional Center

Agencies).C:\Users\Aneela\Desktop\Translations\TRANSLATIONS

DOCUMENTS\DRC\20160112 551001\Footnote6a

El Manual de diagnóstico y estadístico (DSM) define varios trastornos, incluida la discapacidad intelectual. Los centros regionales, los jueces de derecho administrativo y el Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS, Department of Developmental Services) dependen en gran medida del DDS. El DSM se actualizó en 2013. La nueva versión, el DSM-5, tiene diferencias con la versión anterior, el DSM-IV-TR.7 Una de las diferencias principales es que el diagnóstico de “retraso mental” del DSM-IV-TR ha sido sustituido por el de “discapacidad intelectual” en el DSM-5, y los criterios han cambiado algo, como se describe a continuación. El fallo de los casos judiciales Mason y Samantha C. se produjo cuando el DSM-IV-TR era la versión vigente. Los casos Mason y Samantha C. son casos importantes de la quinta categoría, pero también es importante entender los cambios en el DSM, como explicamos más adelante en este memorando.

Al igual que en los casos judiciales de Mason y Samantha C., las decisiones de las audiencias administrativas y las publicaciones que se

5 Manual de Diagnóstico y estadístico, quinta edición, Asociación Estadounidense de Psiquiatría (Diagnostic and

Statistical Manual, fifth edition, American Psychiatric Association). Error! Hyperlink reference not valid.

6 Pautas de la Asociación de Agencias de Centros Regionales para determinar la elegibilidad para recibir servicios

de la “5.a categoría” de los centros regionales de California (Association of Regional Center Agencies Guidelines for

Determining “5th Category” Eligibility for the California Regional Centers),

http://www.arcanet.org/pdfs/5th.category.guidelines.pdf. “Regresar al documento principal”

7 Manual de diagnóstico y estadístico, quinta edición, texto revisado, Asociación Estadounidense de Psiquiatría

(American Psychiatric Association). “Regresar al documento principal”

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mencionan en este memorando se publicaron antes de los cambios en el DSM. Se están emitiendo nuevos fallos constantemente. Los defensores que representen a clientes en casos de la quinta categoría siempre deben investigar la nueva jurisprudencia y las decisiones de las audiencias para conocer los cambios que se han producido en la ley y cómo la nueva versión del DSM influye en las decisiones de los jueces. Este memorando hace referencia a ambas versiones del DSM, pero una persona que vaya a recibir un nuevo diagnóstico de discapacidad de desarrollo debe ser evaluada por un experto que aplique el DSM-5.

Si tiene preguntas o necesita más ayuda, por favor llame a Disability Rights California al (800) 776-5746 o la Oficina para la Defensa de los Derechos de los Clientes (Office of Clients’ Rights Advocacy) local al (800) 390-7032.

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Contenido

I. “Estrechamente relacionado con” la discapacidad intelectual .......... 7

A. Mason v. la Oficina de Audiencias Administrativas ...................... 7

1. Deterioro de las destrezas cognitivas ........................................ 8

2. Déficits adaptativos .................................................................... 9

3. Planificación y coordinación interdisciplinarias .......................... 9

B. Samantha C. v. DDS .................................................................. 10

1. Deterioro de las destrezas cognitivas y déficits adaptativos .... 10

C. Manual de diagnóstico y estadístico ........................................... 10

D. Escalas de conducta adaptativa de Vineland ............................. 12

E. Pautas de la ARCA .................................................................... 13

F. Decisiones de las audiencias administrativas ............................. 14

II. “Necesita un tratamiento similar al” de la discapacidad intelectual 17

A. Samantha C. v. DDS .................................................................. 17

1. Deterioro de las destrezas cognitivas ...................................... 17

2. Déficits adaptativos y planificación y coordinación interdisciplinarias ........................................................................... 17

B. Mason v. la Oficina de Audiencias Administrativas .................... 19

1. Planificación y coordinación interdisciplinarias ........................ 19

C. Manual de diagnóstico y estadístico ........................................... 19

D. Pautas de la ARCA .................................................................... 20

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E. Decisiones de las audiencias administrativas ............................. 21

III. Exclusiones: “Solamente” una discapacidad de aprendizaje, trastorno psiquiátrico o trastorno físico .................................................. 23

A. Solamente una discapacidad de aprendizaje ............................. 23

1. Samantha C. v. DDS ............................................................... 23

2. Decisiones de las audiencias administrativas .......................... 24

B. Solamente un trastorno psiquiátrico ........................................... 25

1. Samantha C. v. DDS ............................................................... 25

C. Solamente de naturaleza física .................................................. 26

IV. Conclusión ..................................................................................... 26

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I. “Estrechamente relacionado con” la discapacidad intelectual

Un trastorno “estrechamente relacionado con” o similar a la discapacidad intelectual debe cumplir con tres requisitos principales:

- Deterioro de las destrezas cognitivas; - Déficits de adaptación; y

- Una necesidad de planificación y coordinación interdisciplinaria.

Los requisitos establecidos en el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales 5 (DSM-5) tienen similitudes con la prueba del caso Mason a la hora de determinar si una discapacidad es similar a la discapacidad intelectual. El DSM-5 dice que una persona con discapacidad intelectual debe tener déficits en el funcionamiento intelectual y adaptativo. El DSM-5 también habla sobre la necesidad de una persona con discapacidad de recibir apoyo en diversos entornos (como la escuela, el trabajo y el hogar), lo que sugiere la necesidad de planificación y coordinación interdisciplinaria.

A. Mason v. la Oficina de Audiencias Administrativas

Mason v. la Oficina de Audiencias Administrativas es un caso importante del Tribunal de Apelaciones de California (California Court of Appeal). El fallo sostuvo que el demandante no tenía una discapacidad de desarrollo y no reunía los requisitos de la quinta categoría. El tribunal consideró que las palabras “estrechamente relacionado con” y “tratamiento similar a” de la ley no son inconstitucionalmente vagas. El tribunal reconoció que esos términos eran “algo imprecisos”, pero considero que “la comprensión y los conocimientos compartidos” de los profesionales del DDS y del Centro Regional proporcionan la “especificidad necesaria” para decidir quién reúne los requisitos para recibir los servicios bajo la quinta categoría. El tribunal indicó que debe darse gran consideración a las decisiones del DDS y de los centros regionales sobre quién reúne los requisitos.

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El tribunal abordó la cuestión de lo que significa que un trastorno esté “estrechamente relacionado con” la discapacidad intelectual. El tribunal indicó que el trastorno debe ser “sustancialmente similar” a la discapacidad intelectual. El trastorno debe presentar “muchos de los mismos, o casi los mismos” factores que se usarían para diagnosticar la discapacidad intelectual. Los factores en los que el tribunal hizo hincapié fueron el deterioro de las destrezas cognitivas, los déficits adaptativos y una necesidad de planificación y coordinación interdisciplinarias. Como apuntó el tribunal, estos factores también son necesarios para realizar un diagnóstico de retraso mental según el DSM-IV-TR. Recuerde, el DSM-IV-TR ha sido sustituido por el DSM-5. No obstante, el DSM-5 también requiere que existan “déficits en las capacidades mentales generales” y “deterioro del funcionamiento adaptativo diario” para realizar un diagnóstico de discapacidad intelectual.

1. Deterioro de las destrezas cognitivas

En el caso Mason, el centro regional sostuvo que una persona debía tener un CI de 75 o inferior para padecer un trastorno similar a la discapacidad intelectual. El tribunal pareció coincidir con esta posición. Según los psicólogos del centro regional, el CI de escala completa del demandante era de 78, lo que entra dentro de los valores “límite”. Mason tenía puntuaciones de CI comprendidas entre 80 y 89, unos valores “en el rango de inteligencia promedia-baja y promedia”. El tribunal se remitió a la opinión de los expertos del centro regional, quienes determinaron que las puntuaciones de CI del demandante eran demasiado altas como para padecer un trastorno “estrechamente relacionado” con la discapacidad intelectual. El tribunal citó el DSM-IV-TR, el cual indicaba que el rango de CI para el retraso mental (ahora denominado discapacidad intelectual) era de 50-70, pero que permitía un error de medición de aproximadamente 5 puntos. Por lo tanto, una persona con un CI comprendido entre 70 y 75, y con déficits importantes en su conducta adaptativa, puede recibir un diagnóstico de discapacidad intelectual.

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El tribunal del caso Mason también dio importancia a las pruebas médicas de síndrome psiquiátrico de causa orgánica para decidir si una persona padece un trastorno “estrechamente relacionado” con la discapacidad intelectual. El tribunal pareció decidir que no había pruebas suficientes de la existencia de un síndrome psiquiátrico de causa orgánica en este caso. El demandante no presentó ninguna prueba realizada por un neurólogo y el tribunal desestimó la opinión de una psicóloga de que éste padecía un síndrome psiquiátrico de causa orgánica porque ésta no era neuróloga.

2. Déficits adaptativos

En el caso Mason, el demandante tenía un funcionamiento adaptativo entre límite y promedio-bajo, y un CI de escala completa de 78 (un valor límite), con algunas puntuaciones entre 80 y 89 (dentro del rango de promedio-bajo a promedio). El tribunal tuvo en cuenta la consideración del centro regional de que, en tales circunstancias, una persona no puede tener un trastorno “estrechamente relacionado con” la discapacidad intelectual. Es aparente que, siguiendo el enfoque del tribunal del caso Mason, una persona con un funcionamiento adaptativo entre límite y promedio-bajo necesitaría tener un CI de 75 puntos o inferior para tener un trastorno “estrechamente relacionado” con la discapacidad intelectual.

3. Planificación y coordinación interdisciplinarias

En el caso Mason se hace referencia brevemente a la idea de que una persona con una discapacidad “estrechamente relacionada” con la discapacidad intelectual necesita planificación y coordinación interdisciplinarias. El fallo del caso estableció que el demandante no satisfacía este requisito porque asistía a una clase normal en la escuela con un asistente individual, en lugar de participar en clases o programas diseñados específicamente para personas con discapacidad intelectual. La decisión tomada más recientemente en el caso de Samantha C., que se aborda a continuación, parece rechazar la idea de que una persona deba asistir a clases o programas con personas que tengan

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discapacidad intelectual para demostrar la necesidad de planificación y coordinación interdisciplinarias.

B. Samantha C. v. DDS

En el caso Samantha C. v. DDS, el Tribunal de Apelaciones de California consideró que la demandante sí tenía una discapacidad de desarrollo y reunía los requisitos para recibir los servicios del centro regional bajo la quinta categoría. La decisión se basó en que la demandante requería un tratamiento similar al de una persona con discapacidad intelectual, el segundo brazo de la quinta categoría, como se aborda a continuación. Sin embargo, el tribunal también abordó las condiciones bajo las cuales una persona no reuniría, según la opinión del tribunal, los requisitos para recibir servicios bajo la quinta categoría debido a un trastorno “estrechamente relacionado” con la discapacidad intelectual.

1. Deterioro de las destrezas cognitivas y déficits adaptativos

El tribunal consideró que el deterioro del funcionamiento adaptativo por sí solo no hace que una persona reúna los requisitos para recibir servicios bajo la quinta categoría. También debe haber un elemento cognitivo relacionado con la discapacidad de la persona. La demandante había obtenido puntuaciones de CI dentro del rango normal (CI de escala completa de 90), y el tribunal consideró que esto significaba que no tenía un trastorno “estrechamente relacionado” con la discapacidad intelectual.

C. Manual de diagnóstico y estadístico

Los evaluadores del centro regional utilizan el Manual de diagnóstico y estadístico de la Asociación Americana de Psicología al diagnosticar las discapacidades de desarrollo. La edición actual del DSM es la quinta edición —también conocida como DSM-5— que utiliza el término “discapacidad intelectual.” La edición previa, el DSM-IV-TR, estaba en

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uso cuando se decidieron los casos Mason y Samantha C., y utiliza el término, “retraso mental”.

Para un diagnóstico de retraso mental, el DSM-IV-TR requería:

- “Funcionamiento intelectual general significativamente inferior al

promedio”, que es “la característica esencial” del retraso mental, y

que existe cuando una persona tiene un CI de 70 o menos. Debido

al margen de error de 5 puntos en las pruebas de CI, era “posible

diagnosticar el retraso mental en las personas con CI de entre 70 y

75”.

- “Limitación significativa en el funcionamiento adaptativo en al

menos dos de las áreas siguientes: comunicación, cuidado

personal, vida en el hogar, destrezas sociales/interpersonales, uso

de los recursos comunitarios, autodirección, destrezas académicas

funcionales, trabajo, recreación, salud y seguridad”.

- Aparición antes de los 18 años de edad.

Para un diagnóstico de discapacidad intelectual, el DSM-5 requiere:

- “Déficits en las funciones intelectuales, tales como razonamiento,

resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto,

juicio, aprendizaje académico y aprendizaje a partir de la

experiencia, confirmados tanto mediante evaluaciones clínicas e

individualizadas, como por pruebas de inteligencia

estandarizadas”.

- Déficits en el funcionamiento adaptativo que, sin apoyo, “limitarían

el funcionamiento de la persona en una o más actividades de la

vida diaria, tales como la comunicación, la participación social y la

vida independiente, y en diversos entornos, tales como en el

hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad”.

- Aparición durante el periodo de desarrollo.

Al contrario que el DSM-IV-TR, el DSM-5 describe los déficits en las capacidades mentales y el deterioro del funcionamiento adaptativo como características “esenciales” de la discapacidad intelectual. El

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DSM-5 dice que es el funcionamiento adaptativo, no el CI, el que determina el nivel de gravedad de la discapacidad intelectual de una persona. En comparación, el DSM-IV-TR asignaba un intervalo de puntuaciones de CI a cada nivel de gravedad. Si bien ambas versiones del DSM hablan de puntuaciones de CI que no superan los 70-75 para la discapacidad intelectual, el DSM-5 parece no hacer tanto hincapié en este requisito y da más importancia al funcionamiento adaptativo.

Estos cambios en el DSM son potencialmente importantes para las personas con puntuaciones de CI superiores a 70 pero que tienen déficits importantes en las destrezas adaptativas. Los nuevos criterios pueden permitir que las personas con CI ligeramente superiores sean diagnosticadas con discapacidad intelectual. Estas personas podrían reunir los requisitos para recibir los servicios del centro regional dentro de la categoría de discapacidad intelectual, evitando tener que demostrar su elegibilidad para la quinta categoría.

No está claro cómo los cambios en el DSM afectarán a las personas que todavía no reciben un diagnóstico de discapacidad intelectual, pero que tienen déficits adaptativos. Es posible que las decisiones acerca de cuándo una discapacidad está “estrechamente relacionada” con la discapacidad intelectual darán más importancia al funcionamiento adaptativo y menos a las puntuaciones de CI.

D. Escalas de conducta adaptativa de Vineland

El DSM-IV-TR hacía referencia al uso de las Escalas de conducta adaptativa de Vineland (VABS, Vineland Adaptive Behavior Scales) para ayudar a determinar los déficits adaptativos de una persona. El DSM-5 no menciona las VABS específicamente, pero dice que el funcionamiento adaptativo debe cuantificarse mediante evaluaciones clínicas y “mediciones individualizadas, culturalmente apropiadas y psicométricamente sólidas”. La conducta adaptativa es el desempeño típico de una persona en lo que respecta a las actividades cotidianas. Las VABS evalúan lo que una persona hace realmente, no lo que él o ella es capaz de hacer. Cuantifica la conducta adaptativa en cuatro

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áreas: comunicación, destrezas cotidianas, socialización y destrezas motoras. Una puntuación compuesta resume el desempeño de la persona en las cuatro áreas. Normalmente, para obtener las VABS se entrevista a la persona que mejor conoce a la persona que se está valuando, generalmente uno de los padres. En ocasiones, también se entrevista a maestros y otras personas. La puntuación normal es 100, con desviaciones estándar de 15 puntos. Una puntuación de más de dos desviaciones estándar inferiores a la puntuación normal (70 o menos) indica una insuficiencia importante.

E. Pautas de la ARCA

La Asociación de Agencias de Centros Regionales (ARCA, Association of Regional Center Agencies) ha desarrollado una serie de pautas para satisfacer la elegibilidad a la quinta categoría. La ARCA representa a los 21 centros regionales en California. La junta directiva de la ARCA está formada por 21 delegados de las juntas de los centros regionales y 21 directores ejecutivos de los centros regionales. Las pautas de la ARCA se basan en el DSM-IV-TR. No se han actualizado para reflejar los cambios en el nuevo DSM-5.

Las pautas de la ARCA sobre los trastornos “estrechamente relacionados” con la discapacidad intelectual tienen diferencias importantes con las del DSM. Las pautas hacen necesario que una persona tenga déficits de adaptación que no se deban a trastornos psiquiátricos. En cambio, el DSM-IV-TR no requería que un médico distinguiera entre los límites en las destrezas adaptativas causados por los déficits cognitivos y los causados por otros trastornos que pueden coexistir con la discapacidad intelectual. El DSM-5, por otro lado, dice que “los déficits en el funcionamiento adaptativo deben estar directamente relacionados” con las insuficiencias intelectuales de la persona. Sin embargo, el DSM-5 también hace hincapié en que es frecuente que otros trastornos, incluidos los “trastornos mentales”, coexistan con la discapacidad intelectual con una frecuencia “entre tres y cuatro veces mayor que entre la población general”. Esto claramente

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sugiere que aunque otros déficits adaptativos deben estar directamente relacionados con el funcionamiento cognitivo, la existencia de otros trastornos que también afecten al funcionamiento adaptativo no debe impedir que se haga un diagnóstico de discapacidad intelectual.

El fallo del tribunal en el caso Mason hizo hincapié en el respeto de las decisiones de los profesionales que hacen las determinaciones de elegibilidad en los centros regionales. Sin embargo, el fallo del caso Mason no estipuló que las pautas elaboradas por la organización profesional de los centros regionales debieran recibir un respeto especial. El tribunal del caso Mason citó la sección 4640 del Código de Bienestar e Instituciones (WIC, Welfare and Institutions Code) al explicar que la Legislatura tenía la intención de acatar las decisiones de los centros regionales. La sección 4640 concedía al Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS, Department of Developmental Services) la autoridad para elaborar normativas con la ayuda de varias partes implicadas. Las pautas de ARCA no son normativas, no se han sometido al escrutinio formal de una normativa y no fueron elaboradas por el DDS. La sección 4663 del WIC enumera los tipos de información que un centro regional puede tomar en cuenta al determinar si un solicitante tiene una discapacidad de desarrollo, pero no concede ninguna autoridad a los centros regionales mismos para definir las categorías de elegibilidad.

F. Decisiones de las audiencias administrativas

Al contrario que las decisiones del tribunal estatal de apelaciones en el caso Mason y Samantha C., las decisiones de las audiencias administrativas tomadas por la Oficina de Audiencias Administrativas (OAH, Office of Administrative Hearings) no establecen un precedente legalmente vinculante. Esto quiere decir que un juez de derecho administrativo que falle en otro caso no tiene que acatarlas. No obstante, hay decisiones de la OAH que son útiles para orientarse al preparar las audiencias sobre la elegibilidad para recibir servicios bajo la quinta categoría.

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Puede consultar las decisiones de las audiencias del centro regional de la OAH aquí: http://www.dgs.ca.gov/oah/DDSHearings/DDSDecisions.aspx

Las decisiones de derecho administrativo emitidas mientras el DSM-IV-TR estaba en uso parecen conceder que una persona tenga un trastorno “estrechamente relacionado” con la discapacidad intelectual si su CI de escala completa se encuentra en el rango de 71 a 75, incluso si obtiene algunas puntuaciones de CI más elevadas en algunas partes de la prueba.

En el caso Nicholas V. v. Centro Regional Valley Mountain8, el demandante tenía un CI de escala completa de 72 puntos. Debido a que obtuvo una puntuación de 94 en una parte de la prueba, el juez de derecho administrativo (ALJ, Administrative Law Judge) coincidió con la opinión del evaluador del centro regional en que el CI de escala completa inducía a error. El ALJ determinó que el demandante no tenía discapacidad intelectual. No obstante, sí padecía un trastorno estrechamente relacionado con la discapacidad intelectual con base en evidencia de déficits de aprendizaje, comunicación, atención y procesamiento de la información.

El evaluador del centro regional había determinado que Nicholas sólo padecía un trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. El evaluador no había estudiado todos los expedientes de Nicholas y su evaluación se basaba principalmente en el autismo. Por el contrario, un evaluador independiente estudió todos los expedientes y realizó una evaluación integral. El evaluador independiente concluyó que sólo un trastorno del lenguaje no podía explicar todos los déficits adaptativos de

8 Decisión de la OAH núm. 2009090021. Error! Hyperlink reference not valid.

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Nicholas. El ALJ coincidió en que un trastorno del lenguaje por sí sólo no podía explicar las dificultades de Nicholas con la atención verbal y no verbal, la velocidad de procesamiento de la información, las destrezas de percepción visual y una “lista de aprendizaje de palabras usadas habitualmente”. El ALJ dio gran importancia al testimonio de la maestra de educación especial de Nicholas, que había trabajado con él durante tres años. La maestra dio ejemplos específicos de cómo Nicholas funcionaba como una persona con discapacidad intelectual. Nicholas necesitaba mucha repetición para aprender y reunía los requisitos para hacer un examen estandarizado alternativo diseñado para los estudiantes con discapacidades graves. A menudo se perdía en la escuela, se le olvidaba ir a los entrenamientos de baloncesto, y se le olvidaba dónde se guardaban las herramientas y los insumos en el aula.

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II. “Necesita un tratamiento similar al” de la discapacidad intelectual

Una persona que no reúna los requisitos para recibir los servicios del centro regional debido a una discapacidad “estrechamente relacionada con” la discapacidad intelectual podría, en su lugar, reunirlos por “necesitar tratamiento similar al requerido por las personas con discapacidad intelectual”. Esta norma se encuentra en la subdivisión (a) de la sección 4512 del Código de Bienestar e Instituciones.

A. Samantha C. v. DDS

El caso de Samantha C. es el primero que habla sobre cuándo una persona reúne los requisitos para recibir los servicios del centro regional bajo la quinta categoría debido a un trastorno que necesita un tratamiento similar al de la discapacidad intelectual.

1. Deterioro de las destrezas cognitivas

El fallo del caso Samantha C. confirma que una persona que no tenga un trastorno “estrechamente relacionado” con la discapacidad intelectual porque posee un CI demasiado elevado podría en cualquier caso reunir los requisitos debido a una discapacidad que necesita un tratamiento similar al de la discapacidad intelectual. Por lo tanto, una persona con un CI superior a 75 todavía podría reunir los requisitos para recibir los servicios bajo la quinta categoría.

2. Déficits adaptativos y planificación y coordinación interdisciplinarias

El tribunal del caso Samantha C. abordó lo que significa que una persona necesite un tratamiento similar al requerido por una persona con discapacidad intelectual. El tribunal indicó que “tratamiento” debe definirse ampliamente y que su tipo puede variar dependiendo del nivel de funcionamiento intelectual y adaptativo de una persona. El tribunal rechazó el argumento del centro regional de que “tratamiento” sólo significa métodos de enseñanza, y señaló que incluso entre aquellos

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con discapacidad intelectual, distintas personas pueden beneficiarse de distintos métodos de enseñanza. En lugar de ello, el tribunal dijo que una persona debe necesitar tipos de tratamiento similares a aquellos que una persona con discapacidad intelectual podría necesitar; por ejemplo, capacitación en destrezas para la vida independiente.

El fallo del caso Samantha C. enumera los siguientes ejemplos de tipos de tratamiento:

(1) autoayuda y capacitación en destrezas para la vida independiente, incluyendo cocinar, limpiar, gestión del dinero y uso del transporte público; (2) coordinación y administración de servicios; (3) servicios de derivación e información; (4) servicios de educación especial y servicios relacionados para las personas menores de 21 años; (5) servicios sociales o recreativos genéricos o especiales; (6) capacitación de rehabilitación o vocacional genérica o especial; (7) atención residencial especializada o servicios de vida con apoyo para aquellos que no viven con su familia; (8) empleo con apoyo; (9) vivienda con apoyo o semiindependiente; (10) servicios de un programa de actividades diurno para aquellos que no trabajan; (11) capacitación en materia de movilidad, incluyendo educación sobre el transporte; (12) métodos de enseñanza especializados en el desarrollo de destrezas; (13) programas de capacitación conductual y de modificación de la conducta; (14) servicios de apoyo de supervisión económica, lectura y escritura; y (15) publicaciones que traducen información compleja en unidades manejables.

El tribunal del caso Samantha C. reconoce que hay una gama de tratamientos y servicios que pueden contar como tratamientos

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necesarios para las personas con discapacidad intelectual debido al rango de funcionamiento cognitivo de las personas. Por ejemplo, una persona con insuficiencias cognitivas límite y un CI de 75 necesita unas estrategias de tratamiento distintas a las de una persona con discapacidad intelectual leve, moderada o grave.

B. Mason v. la Oficina de Audiencias Administrativas

1. Planificación y coordinación interdisciplinarias

El fallo del caso Mason hizo una breve mención al asunto de si el demandante necesitaba un tratamiento similar al de una persona con discapacidad intelectual. El tribunal concluyó que el demandante no reunía los requisitos porque asistía a una clase normal en la escuela con un asistente individual, en lugar de participar en clases o programas diseñados específicamente para personas con discapacidad intelectual. Como se ha indicado previamente, la decisión más reciente del caso Samantha C. toma un enfoque muy distinto.

C. Manual de diagnóstico y estadístico

El DSM-5 habla sobre los tipos de tratamiento o apoyos que necesitan las personas con discapacidad intelectual. Los niños con discapacidad intelectual leve necesitan apoyo para adquirir destrezas académicas. Las personas “necesitan algunos apoyos con las tareas complejas de la vida diaria”. Los adultos necesitan ayuda con “las compras, el transporte, la organización doméstica y el cuidado infantil, la preparación de comidas nutritivas, y la gestión del dinero y de las cuentas bancarias”. “Las personas suelen necesitar apoyo para tomar decisiones legales y sobre la atención médica, y para aprender a desempeñar una vocación especializada competentemente. Suele ser necesario el apoyo para formar una familia”.

Las personas con discapacidad intelectual moderada necesitan “asistencia continua a diario” para “completar las tareas conceptuales cotidianas”. “Los cuidadores deben ayudar a la persona con las

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decisiones que afectan a su vida” y “se necesita un apoyo social y comunicativo importante en los entornos laborales para tener éxito”. La persona puede necesitar un “periodo de aprendizaje más largo” para adquirir destrezas de cuidado personal, y quizá siga necesitando recordatorios. Las personas necesitan enseñanza durante más tiempo y apoyo continuo para completar las tareas del hogar, y necesitan apoyo importante para tener éxito en el trabajo. Las personas con discapacidad intelectual moderada necesitan ayuda con horarios, transporte, gestión del dinero y desarrollo de destrezas recreativas.

D. Pautas de la ARCA

Las pautas de la ARCA hablan sobre cómo determinar si una persona necesita un tratamiento similar al de una persona con discapacidad intelectual. Las pautas dan ejemplos de las necesidades de tratamiento que la ARCA considera que no son similares a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Una necesidad de capacitación para motivar a la persona no se asocia con discapacidad intelectual, pero sí una necesidad para desarrollar destrezas. La necesidad de capacitación de recuperación debida a la “privación sociocultural” no se asocia con la discapacidad intelectual. Por ello, es importante demostrar que la capacitación es necesaria debido a los déficits cognitivos, no por una falta de oportunidades educativas en el pasado. Una necesidad de rehabilitación para recuperar una destreza que una persona solía tener no suele asociarse con la discapacidad intelectual. En lugar de ello, se espera que una persona con discapacidad intelectual necesite habilitación para aprender dicha destreza en primer lugar. La ARCA reconoce que una persona que necesite capacitación a largo plazo con tareas divididas en partes pequeñas quizá reúna los requisitos. Recuerde que las pautas de la ARCA son simplemente eso, pautas, y no es obligatorio que reciban consideración especial, como se ha indicado anteriormente.

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E. Decisiones de las audiencias administrativas

La mayoría de las decisiones de las audiencias sobre la quinta categoría implican evaluaciones de la persona realizadas antes de la publicación del DSM-5 y, por lo tanto, utilizan el término, “retraso mental” usado en el DSM-IV-TR. Las decisiones de las audiencias que consideran a ciertas personas como aptas para recibir los servicios del centro regional bajo la quinta categoría debido a una necesidad de un tratamiento similar al de las personas con retraso mental se centran en las destrezas adaptativas y vocacionales del demandante. Las decisiones se basan en el DSM y las pautas de la ARCA.

En el caso de Ebony C. v. el Centro regional South Central de Los Ángeles9, la ALJ se centró en las destrezas vocacionales y adaptativas, y en el tratamiento que el demandante necesitaría.

La demandante era una niña de 15 años de edad. Su experto testificó que necesitaría “capacitación y tratamiento durante toda su vida” en el área de destrezas vocacionales. También necesitaría ayuda con el cuidado personal, la comunicación y la adaptación social. Necesitaría tratamiento en las áreas de “juego imaginativo, resolución de problemas y empatía”. El experto testificó que estas necesidades de tratamiento eran similares a las de una persona con retraso mental. La ALJ analizó si Ebony tenía una discapacidad sustancial. Al hacerlo, se centró en los déficits adaptativos de Ebony. Hizo referencia a la prueba de Vineland y a los déficits de Ebony en las áreas de comunicación, autoayuda, socialización y autosuficiencia económica.

9 Caso de la OAH núm. 2009091460. Error! Hyperlink reference not valid.

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En el caso de D.R. v. el Centro regional de Inland10, el ALJ se centró en las destrezas vocacionales y adaptativas, así como en el tratamiento proporcionado. El demandante era un hombre de 21 años de edad que había solicitado los servicios del centro regional porque necesitaba recibir servicios de rehabilitación vocacional. El ALJ consideró que el demandante funcionaba de forma similar a una persona con discapacidad intelectual. Su CI de escala completa era de 73. Su CI en el área de desempeño era de 79, y su CI verbal de 71. Sus puntuaciones en la prueba de Vineland evidenciaban que sus destrezas adaptativas eran “bastante pobres en todas las áreas”. Era incapaz de comunicarse eficazmente, tenía dificultades con el cuidado personal y dependía de su madre para el transporte. No podía vivir independientemente y no era autosuficiente económicamente.

El ALJ también consideró que el demandante “necesita[ba] tratamiento similar” al de una persona con discapacidad intelectual. El texto del fallo de la decisión era reminiscente del usado en las pautas de la ARCA. El ALJ abordó “los déficits basados en el desempeño”, “los déficits de destrezas”, “la rehabilitación necesaria”, “la capacitación a largo plazo necesaria con pasos claramente diferenciados” y la necesidad de “apoyos educativos”. El experto del demandante tuvo dificultades para realizarle las pruebas a D.R. porque éste tenía muchas dificultades para realizar tareas simples. Su abuelo explicó que necesita que le dividan las tareas en otras más simples casi constantemente. Según la opinión de un médico, D.R. no podía realizar trabajos especializados o semiespecializados debido al “deterioro de su capacidad mental”. El ALJ consideró que el demandante necesitaba un tratamiento similar al de una persona con retraso mental.

10 Caso de la OAH núm. 2008070064. A la fecha de publicación de este memorando, la decisión de la audiencia no

estaba disponible en el sitio web de la OAH. Si tiene alguna pregunta sobre esta decisión, por favor póngase en

contacto con Disability Rights California. Error! Hyperlink reference not valid.

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III. Exclusiones: “Solamente” una discapacidad de aprendizaje, trastorno psiquiátrico o trastorno físico

Por favor, consulte las publicaciones de Disability Rights California sobre elegibilidad para obtener más información sobre trastornos que están excluidos de la elegibilidad del centro regional. Una discapacidad de desarrollo no puede ser solamente una discapacidad de aprendizaje, solamente un trastorno psiquiátrico o solamente de naturaleza física. Debe prestarse atención especial a estas exclusiones al prepararse para una audiencia sobre un caso que ataña a la quinta categoría, ya que es más probable que se cuestione la naturaleza de la discapacidad de un solicitante que en otros casos.

A. Solamente una discapacidad de aprendizaje

“Una discapacidad de aprendizaje es un trastorno que se manifiesta como una discrepancia significativa entre el potencial cognitivo estimado y el nivel de desempeño educativo real, y que no es el resultado de un retraso mental generalizado, la privación educativa o psicosocial, un trastorno psiquiátrico o la pérdida sensorial”. Esta norma puede encontrarse en la sección 54000(c)(2) del Título 17 del Código de Reglamentos de California (CCR, California Code of Regulations).

1. Samantha C. v. DDS

En el caso de Samantha C., el distrito escolar de la demandante había considerado que no reunía los requisitos para recibir educación especial por una discapacidad de aprendizaje cuando asistía al jardín de niños. Sin embargo, el tribunal consideró que sí reunía los requisitos para recibir los servicios del centro regional bajo la quinta categoría porque necesitaba un tratamiento similar al de una persona con discapacidad intelectual. El distrito escolar había diagnosticado una discapacidad de aprendizaje cuando la demandante funcionaba dentro del “rango promedio de capacidad cognitiva”. El tribunal parece haber determinado

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que sus déficits no se debían “solamente” a una discapacidad de aprendizaje dado que sus puntuaciones de funcionamiento adaptativo se encontraban dentro del rango de discapacidad intelectual leve. El caso distingue entre una discapacidad de aprendizaje, que está relacionada con el desempeño académico, y la necesidad de recibir un tratamiento similar al requerido para la discapacidad intelectual, el cual implica la necesidad de “destrezas para la vida”. El tribunal hizo hincapié en esta distinción cuando falló que el “tratamiento” similar al requerido para la discapacidad intelectual no se refería a métodos educativos o de enseñanza, sino a tipos de tratamiento tales como destrezas para vivir con independencia.

2. Decisiones de las audiencias administrativas

Consultar las decisiones de las audiencias administrativas puede ser útil para ver qué pruebas respaldan una decisión de que una persona tenga un trastorno que reúna los requisitos de la quinta categoría que requiera un tratamiento similar al de la discapacidad intelectual y que no sea “solamente” una discapacidad intelectual.

Nicholas V. v. Centro Regional de Valley Mountain es un ejemplo especialmente útil. En ese caso, el ALJ consideró que el demandante no solamente tenía un trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. El juez tuvo en cuenta el testimonio experto de un neuropsicólogo. El experto testificó que una persona con un trastorno del lenguaje no tendría las dificultades que el demandante tenía con la atención verbal y no verbal, la velocidad de procesamiento de la información, las destrezas de percepción visual-espacial y una “lista de palabras usadas habitualmente”11.

11 Decisión de la OAH núm. 2009090021. Error! Hyperlink reference not valid.

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El experto del demandante y el ALJ identificaron los tipos de tratamiento o instrucción específicos que Nicholas necesitaba. Esto reforzó la idea de que su discapacidad no era solamente una discapacidad de aprendizaje, ya que una persona que solamente tuviera una discapacidad de aprendizaje no habría necesitado los mismos tipos de tratamiento. La lista también ayudó a demostrar que Nicholas en realidad tenía una discapacidad que requería un tratamiento similar al de la discapacidad intelectual, puesto que muchas de las estrategias enumeradas ayudarían a una persona con discapacidad intelectual. Las estrategias incluían una rutina diaria constante, instrucción individual o en grupos pequeños, división de tareas en partes pequeñas, organizadores visuales y gráficos, y proporcionar información en “partes pequeñas” con “estrategias de ensayo”.

Por lo tanto, una manera de prepararse para una audiencia a fin de demostrar que una persona no tiene “solamente” una discapacidad aprendizaje es que un experto identifique los déficits de la persona que no estén relacionados con la discapacidad de aprendizaje y sugerir estrategias para tratar dichos déficits que sean similares a las estrategias para las personas con discapacidad intelectual.

B. Solamente un trastorno psiquiátrico

Un trastorno es “solamente” psiquiátrico si “hay un deterioro del funcionamiento social o intelectual que sea el resultado del trastorno psiquiátrico o del tratamiento administrado para dicho trastorno”. Esta norma puede encontrarse en la sección 54000(c)(1) del Título 17 del Código de Reglamentos de California.

1. Samantha C. v. DDS

El caso de Samantha C. ayuda a diferenciar los trastornos “solamente” psiquiátricos de las discapacidades de desarrollo que pueden coexistir con los trastornos psiquiátricos. El tribunal consideró que el trastorno de la demandante no era solamente de naturaleza psiquiátrica porque sus lesiones de nacimiento contribuían a sus déficits adaptativos. Los

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problemas de conducta de la demandante antes de los tres años de edad ayudaron a demostrar que sus déficits adaptativos sociales no estaban causados solamente por un trastorno psiquiátrico. Por lo tanto, parece que las pruebas de lesiones de nacimiento o problemas de conducta a una corta edad ayudan a demostrar que la discapacidad de una persona no es de una naturaleza “solamente psiquiátrica”. El uso de un experto para revisar los expedientes del nacimiento y de la infancia es a menudo necesario para demostrar que un problema es de una naturaleza de desarrollo y no solamente psiquiátrico. El tribunal del caso Samantha C. sostuvo que “una necesidad de recibir servicios psicológicos o de salud mental no impide que una persona pueda reunir los requisitos de elegibilidad de la quinta categoría a los que de otro modo puede optar”.

C. Solamente de naturaleza física

La sección 4512(a) del Código de Bienestar e Instituciones de California excluye los “trastornos incapacitantes que son solamente de naturaleza física”. Muy pocos demandantes apelan los casos en los que el centro regional reivindica que la discapacidad de la persona es solamente física.

IV. Conclusión

Hay dos maneras en las que una persona puede reunir los requisitos para recibir los servicios del centro regional bajo la quinta categoría: Teniendo una discapacidad que esté “estrechamente relacionada” con la discapacidad intelectual; o teniendo una discapacidad que necesite un tratamiento similar al requerido por las personas con discapacidad intelectual. Al decidir si una discapacidad está estrechamente relacionada con la discapacidad intelectual, los tribunales y los jueces de derecho administrativo buscan similitudes con el criterio de diagnóstico de discapacidad intelectual en el DSM. El demandante debe demostrar que

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él o ella tiene tanto déficits cognitivos como un deterioro del funcionamiento adaptativo. Una persona con un CI de entre 70 y 75 puntos puede tener un trastorno estrechamente relacionado con la discapacidad intelectual si él o ella también tiene déficits adaptativos. Las Escalas de conducta adaptativa de Vineland son una herramienta importante para reunir información sobre los déficits adaptativos de una persona. Podría considerarse que una persona con una puntuación de CI superior a 75 reúne los requisitos para recibir los servicios del Centro Regional con base en su necesidad de recibir un tratamiento similar al de una persona con discapacidad intelectual. Los tribunales han definido “tratamiento” ampliamente y han fallado que éste puede variar según la gravedad de la discapacidad de una persona. Una persona debe demostrar que tiene un déficit cognitivo. Las pruebas de lesiones de nacimiento, o de problemas de conducta o de desarrollo en la primera infancia pueden ayudar a demostrar que una discapacidad no es solamente psiquiátrica.

El financiamiento de Disability Rights California proviene de diversas fuentes; para obtener una lista completa de los donantes, visite http://www.disabilityrightsca.org/ Documents/ListofGrantsAndContracts.html.