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Sub tema 2: LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN PRESENTACIÓN Uno de los temas más sensibles socialmente hablando es la política penal y penitenciaria que pudiera diseñarse para combatir el delito. Dicha política comprende no sólo la labor de la Policía, sino también del Poder Judicial, Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Es decir, involucra a toas las entidades del sistema judicial vinculadas a la resolución de conflictos penales. Para evaluar su eficacia integral. es menester analizar si las sanciones a los delitos cometidos son los más convenientes para disuadir su repetición, si la investigación del delito es demasiado costosa o no, si los procedimientos fiscales y judiciales son céleres y racionales y, si el régimen penitenciario promueve la rehabilitación del delincuente. Todo ello tiene una racionalidad económica que los discentes deben desentrañar. Preguntas guía ¿Qué aspectos de la aplicación de la ley penal ocasionan costos a la sociedad? ¿Qué pautas podrían considerarse para el empleo racional de los recursos económicos en el combate al crimen? NORTH y LE ROY MILLER. "Los aspectos económicos de la prevención del crimen". En: Aspectos económicos del Derecho. XXII. LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN En 1969 el Consejo de la Ciudad de Seattle votó para permitir 21 asesinatos, 104 violaciones, 962 robos y 417 asaltos, así como múltiples números de crímenes menores, en la primera mitad de 1970. Dicho en otras palabras, el Consejo de la Ciudad de Seattle votó 17,916,986 dólares para el presupuesto del departamento de policía en ese año. Nosotros (y el Consejo de la Ciudad) hacemos nuestro examen 118

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Sub tema 2: LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAPREVENCIÓN DEL CRIMEN

PRESENTACIÓN

Uno de los temas más sensibles socialmente hablando es la políticapenal y penitenciaria que pudiera diseñarse para combatir el delito. Dichapolítica comprende no sólo la labor de la Policía, sino también del PoderJudicial, Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).Es decir, involucra a toas las entidades del sistema judicial vinculadas ala resolución de conflictos penales. Para evaluar su eficacia integral.es menester analizar si las sanciones a los delitos cometidos son losmás convenientes para disuadir su repetición, si la investigación deldelito es demasiado costosa o no, si los procedimientos fiscales yjudiciales son céleres y racionales y, si el régimen penitenciario promuevela rehabilitación del delincuente. Todo ello tiene una racionalidadeconómica que los discentes deben desentrañar.

Preguntas guía

¿Qué aspectos de la aplicación de la ley penal ocasionan costosa la sociedad?

¿Qué pautas podrían considerarse para el empleo racional de losrecursos económicos en el combate al crimen?

NORTH y LE ROY MILLER. "Los aspectos económicos de laprevención del crimen". En: Aspectos económicos delDerecho.

XXII. LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PREVENCIÓNDEL CRIMEN

En 1969 el Consejo de la Ciudad de Seattle votó para permitir 21asesinatos, 104 violaciones, 962 robos y 417 asaltos, así como múltiplesnúmeros de crímenes menores, en la primera mitad de 1970.

Dicho en otras palabras, el Consejo de la Ciudad de Seattle votó17,916,986 dólares para el presupuesto del departamento de policía enese año. Nosotros (y el Consejo de la Ciudad) hacemos nuestro examen

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partiendo del supuesto de que la cantidad de recursos dedicados a laprevención del crimen está en relación inversa con la cantidad decrímenes. Si el Consejo de la Ciudad hubiera votado el doble de estacantidad, habría menos crímenes, ¿Pero cuántos menos? En pocaspalabras ¿Cuál es la relación entre la prevención del crimen y el dinerogastado? ¿Cómo se decidió el Consejo por la cifra anterior?

Antes de empezar a contestar estas preguntas debemos examinarcon mayor detalle los aspectos económicos de !a lucha contra el crimen.Primero, no sólo se utiliza a la policía y a otras agencias para la aplicaciónde la ley en la prevención del crimen. También entran en el proyecto losjuzgados y varios tipos de instituciones penales y de reforma así comoaditamentos tales como alarmas contra rateros. cerraduras y cajas fuertes.En total se gastaron en 1965 más de 21 mil millones de dólares paracombatir el crimen en Estados Unidos (4% del producto nacional neto).

Con cualquier otra tarea de la compleja vida moderna, la aplicaciónde la ley contra el crimen tiene varios aspectos, y se deben considerar loscostos de cada uno para distribuir los recursos disponibles. Primero estánel descubrimiento del crimen (en casos como el de los narcóticos o el dela prostitución) y el arresto de los sospechosos. Después están los costosdel juicio y de la condena del prisionero; los que dependen de la eficienciay de la rapidez con que actúen los juzgados y los funcionarios para laaplicación de la ley. En tercer lugar, una vez que se ha dictado sentencia,nos enfrentamos con los costos económicos de manutención y de personalde las prisiones. Pero son más importantes las implicaciones sociales deiasunto: ¿qué clase, y qué duración de castigo son más eficientes paraprevenir el crimen? Examinemos desde un punto de vista económico cadauna de las fases de la aplicación de la ley.

La cantidad de recursos dedicados al descubrimiento y a laaprehensión de criminales está obviamente en relación directa con lareducción del crimen. Pero la distribución óptima de esos recursos noes tan evidente. El jefe de la Policía se enfrenta a dos grupos deproblemas. Por una parte debe decidir cómo debe dividir los recursosentre capital y trabajo, es decir, escoger entre más carros, equipo ylaboratorios, o más policías, detectives y técnicos. Por otra parte, debetambién distribuir sus fondos entre los múltiples grupos de policías quese encuentran en el departamento; por ejemplo, podría escoger entreuna persecución más tenaz del homicidio, o del robo de coches.

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Entonces, dentro de un presupuesto de dimensiones dadas parala aplicación de la ley, debe terminar la combinación óptima de losfactores de la producción. La combinación ideal es aquella en que undólar adicional gastado ya sea en insumos de trabajo o de capital,proporciona una cantidad adicional igual de obediencia a la ley. Si undólar adicional gastado en equipo de laboratorio produce una mayorprevención de crímenes que el mismo dólar gastado en el salario de unpolicía, entonces el laboratorio gana. Mientras que resulta evidente quelas inversiones no se pueden medir en cantidades tan pequeñas, elaspecto de la indivisibilidad' no altera el argumento básico. Tampocoaltera el argumento el reconocer que no podemos medir exactamentelos beneficios de un aumento del insumo de trabajo o de capital.

El capitán de la policía debe normalmente juzgar por su experiencia.y por intuición, así como por los datos disponibles, si debe comprar máscarros o emplear más hombres para efectuar un mejor trabajo en laprevención del crimen. Y nótese que su decisión puede cambiar conalteraciones en el precio relativo. Por ejemplo, cuando aumentan lossalarios de los policías, el equilibrio puede inclinarse hacia la utilizaciónde más coches o equipo, de acuerdo con la cantidad de capital quepuede ser sustituida por trabajo en una situación dada. En vez de empleara dos patrulleros en un coche podría ser económicamente eficienteequipar el coche con un vidrio a prueba de balas y dejar a un solopatrullero.

La segunda tarea del jefe de la policía es determinar cómo distribuirsus recursos entre los grupos interdepartamentales. A veces algunoseventos con amplia difusión pública pueden influenciar su decisión. Porejemplo, en 1969 la prostitución aumentó en el centro de Seattle a talgrado que los comerciantes locales protestaron enérgicamente alegandoque las prostitutas estaban lesionando sus negocios. Tuvieron suficienteinfluencia política para inducir al jefe de la policía a buscar intensamentey aprehender a las prostitutas. Esto significó el empleo de más hombresy más equipo en el contingente contra el vicio; y dentro de la restricción

Se dice que un bien o un servicio es indivisible cuando se puede vender solamenteen cantidades relativamente grandes. Por ejemplo, no se puede comprar una décimaparte de un coche de policía. Sin embargo, quizá el coche se pueda rentar por unadécima parte cada mes. Dada la posibilidad de renta, muchos productos ya no sepueden llamar individuales.

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de un presupuesto fijo, pudo llevarse a cabo únicamente sacandohombres y equipo de homicidios, de robos y de otros departamentosque así perdían recursos. En efecto, el costo de la reducción de laprostitución fue un aumento a corto plazo de los asaltos y de los robos.No es evidente (por lo menos a corto plazo) que una presión política delcarácter descrito lleva a una concentración de fuerzas policíacas en lasáreas que para muchas personas serían las más esenciales.

Dijimos que tres aspectos generales de aplicación de la leyocasionan costos a la sociedad, y acabamos de tratar el aspecto deldescubrimiento y de la aprehensión. La segunda área es el juicio y suresultado. Estudios recientes indican que la probabilidad de una condenaes un factor altamente importante (quizás el principal), en la prevencióndel crimen. Actualmente la probabilidad de condena y castigo esextremadamente baja en los Estados Unidos. En la ciudad de NuevaYork se calcula que un hombre que comete una fechoría se enfrentacon menos de una probabilidad en doscientas de ir a la cárcel'. La faltade detección explica en parte esta increíble situación; elcongestionamiento de los juzgados es otra. En sitios altamenteurbanizados el calendario del juzgado está tan cargado que la demorapara llevar un caso a su juicio puede ir desde meses hasta años 3.

Una consecuencia de esta situación es una tendencia crecientepor parte del demandante y del demandado a llegar a un acuerdo antesdel juicio, en vez de sobrecargar al juzgado. Esto es lo que pasa en el80 ó 90% de los cargos criminales. El efecto sobre el ánimo de lospolicías que llevaron los casos hasta el juicio es lamentablementeevidente. La sociedad puede estar subinvirtiendo en los recursosnecesarios para mejorar este proceso, Si se gastara más rápidamenteante la Corte, se podría asegurar más fácilmente la presencia de todoslos testigos, y la mano de los procuradores no se vería obligada a hacer"tratos" con los sospechosos. Enfrentando con la posibilidad de un juiciorápido y eficiente, un posible criminal podría pensarlo dos veces antesde robar un banco o de asaltar a un peatón. El Jefe de Justicia Burger

Wall Street Journal (20 agosto, 1970).

Muchos calendarios de los juzgados están sólidamente programados para dos,tres o aun cinco años en el futuro. En Nueva York, por ejemplo, el intervalo promediode tiempo entre la interposición de una demanda civil y su aparición es un juicio esde 39 meses.

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recientemente ha declarado que de hecho sí necesitaríamos una revisiónminuciosa de nuestras cortes.

Todavía queda un problema bastante discutible. La probabilidadde descubrimiento y de condena se puede aumentar mediante nuevosmétodos técnicos, mediante la intervención de llamadas telefónicas, ymediante cambios en las leyes que protegen los derechos de lossospechosos (es decir, permitiendo que los policías entren y registrensin tocar a la puerta, eliminando el requisito de que los sospechososconozcan sus derechos constitucionales, y permitiendo que lossospechosos permanezcan incomunicados durante largos períodos).Sin embargo, los costos de estos cambios legales en términos deviolación de las libertades individuales son extremadamente serios, yen cualquier caso no tenemos la información necesaria para determinarqué tan efectivos serían estos cambios.

Ahora llegamos a la tercera área de aplicación de la ley, la eficaciade las sentencias de prisión en cuanto a la prevención del crimen. Losdatos tomados en varios estados demuestran que después de que lainfluencia de otros factores se ha tornado en cuenta, las duras sentenciasde cárcel sí reducen en realidad ciertos tipos de actividad criminal, perono tienen efectos sobre otros. Períodos más prolongados deencarcelamiento han demostrado ser efectivos en la disminución delos crímenes contra la propiedad (lo cual sugiere un cálculo beneficio-costo por parte de los probables ladrones). Pero la duración de lassentencias pareció menos significativa en la prevención de crímenescontra personas (asesinatos, violaciones, asaltos), y aparentemente notuvo efectos sobre el caso del homicidio no premeditado.

Ahora podemos volver a nuestra pregunta original ¿Cómodeterminó el Consejo de la Ciudad de Seattle que un presupuesto de17'916,868 dólares en 1969 para la prevención del crimen era la cantidadcorrecta? En el corto plazo, tenían que tomar un presupuesto total deun tamaño dado, y decidir cómo distribuirlo entre la aplicación de la leyy otras demandas municipales, tales como la protección contra incendios,la salud, los parques, las calles y las bibliotecas. Así como el jefe de lapolicía puede tratar de determinar con un presupuesto fijo cuál es lacombinación de hombres y de equipo que eliminará la mayor cantidadde crímenes, así el Consejo de la Ciudad tratará de elegir unacombinación de gastos en todas las agencias para producir la mayor

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cantidad de servicios públicos. Si el dinero adicional gastado en laprotección contra incendios no produce tanto "beneficio" como lo podríaproducir en la protección policíaca, entonces se debe otorgar a laaplicación de la ley 4 . La determinación del valor de los serviciosproporcionados por cada agencia plantea por supuesto un problemadelicado. Sin embargo, no es insuperable, por lo menos en principio.

)

La restricción en el corto plazo de un presupuesto fijo para hacerrespetar la ley, se puede alterar a la larga dirigiéndose a la legislaturaestatal y pidiendo un aumento de fondos para la prevención del crimen.La legislatura tiene entonces que enfrentarse a un problema deasignación igual al que trató el Consejo de la Ciudad. Se puedenaumentar los fondos del presupuesto de una ciudad solamente medianterestricciones en alguna otra área, corno los gastos en escuelas, o eldesarrollo de parques. Ahora se deben llevar a cabo los mismos cálculosanteriores a nivel estatal: ¿acaso el gasto de un dólar adicional en laeducación superior producirá mayores beneficios a la sociedad que elmismo dólar otorgado al Consejo de la Ciudad para fomentar laprevención del crimen? Se suscita el mismo complicado problema paramedir el valor en dólares de servicios sin precio, resultante de cualquiergasto estatal dado.

En la mayoría de los Estados, el Estado sí tiene una opciónque permanece cerrada para los Consejos de las Ciudades. Puede elevarlos impuestos. Ahora hemos ampliado el problema de la distribución. Elaumento de impuestos reducirá el ingreso disponible de alguna partede la ciudadanía. Aquellos que pagan los impuestos adicionales debena su vez decidir si piensan que los servicios públicos adicionales puestosa su disposición valen la pena. Por ejemplo, deben decidir si la reduccióndel crimen atribuible a un aumento de gastos para la aplicación de la leyvale tanto para ellos corno los bienes de los que podrían haber gozadocon ese dinero proveniente del aumento de los impuestos. Si no piensanasí, entonces en la próxima elección votarán para echar fuera a los"bribones".

La descripción anterior indica que las soluciones fuera del mercado

El Consejo de la Ciudad iguala al margen los beneficios del dinero gastado entodas las actividades municipales.

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a los problemas económicos siguen una dirección básicamente paralelaa la de las soluciones de mercado. Aunque nos hemos concentrado enla prevención del crimen, los problemas son semejantes para todos lostipos de decisiones gubernamentales y para todos los niveles de gobiernolocal, estatal y federal.

Pero se deben notar también ciertas diferencias entre lasdecisiones en el sector privado de la economía de mercado y en elsector público fuera del mercado. Los problemas de medición son muchomayores en este último. ¿Cómo podemos colocarle un precio a ladiversión, que es producción del Departamento de Parques? Por otraparte, las señales se producen con mayor fuerza y claridad en lassituaciones de mercado en que los cambios en la reditualidad privada"telegrafían" a los empresarios cuáles son las mejores líneas deconducta 5 . En vez de señales de mercado, el hacedor de la conductapública recibe un juego confuso de ruidos generados por oponentes ypartidarios de sus decisiones. Un legislador se encuentra en la posiciónno envidiable de tratar de complacer a tantos electores como puedamientras que trabaja con información muy incompleta.

En lo que se refiere a la prevención del crimen, podemos sugeriruna manera en la que se puede alterar la distribución de los recursos enuna forma quizá más eficiente, económicamente hablando. Una cosacierta hoy en día en casi todas las ciudades y en todos los estados de laUnión, es que un hombre golpeado en la calle y con un daño cerebralpermanente resultante de sus heridas, no tiene a quién demandar porsus lesiones. Si se atrapa al atacante se le encarcelará. Esto no ayudaen realidad a la víctima que efectivamente acaba dedicando parte desus impuestos al cuarto y pensión del prisionero.

Por otra parte, si la ciudad o el Estado fueran considerados comoresponsables de todos los daños ocasionados, la víctima (o los quedependen de ella) podrían demandar una compensación de la ciudad odel Estado. Una responsabilidad ilimitada por parte del gobierno en loque concierne a los crímenes contra el pueblo alteraría seguramente ladistribución actual de recursos entre la prevención del crimen y otrosesfuerzos públicos. Bajo las leyes actuales el costo privado del crimen

En casos en los que existen externalidades puede ser ventajoso para la sociedadalterar estas señales mediante medidas apropiadas.

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es soportado por el individuo, y éste tiene pocas esperanzas de recibiruna compensación. Es cierto que ahora cinco Estados proporcionanalguna compensación, pero esto de seguro no es suficiente 6 . Ahoramismo ningún Estado tiene que pagar el costo total del crimen contra elpúblico. Por lo tanto, prevalecen gastos subóptimos para la prevencióny el control del crimen.

El crimen cuesta. También cuesta la prevención del crimen. Peroésta también proporciona beneficios a la sociedad, los cuales se puedensopesar al tomar decisiones acerca de los métodos y de los costos deaplicación de la ley.

6 Nueva York, California, Hawai, Maryland y Massachusetts han pagado 1.8 millone:de dólares a 1,000 víctimas de crímenes, o sea 1,800 dólares por crimen,

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