1 articuloLa democracia participativa localpor José Manuel Canales AliendeSistema nº 184-185, enero 2005I. IntroducciónLa democracia actual se ha transformado notablemente, y ello en correlación a la mutación sufrida en el mismo período por las instituciones y actores políticos, y por el entorno socioeconómico. La moderna sociedad urbana necesita pues, una moderna democracia urbana.Mientras que en las primeras democracias clásicas, representativas y de corte liberal, apenas había representación de asociaciones y de intereses; por el contrario hoy, las sociedades son más complejas, plurales y fragmentadas; y hay más diversidad de opiniones, intereses, problemas, etc., y éstos necesitan canalizarse, integrarse y articularse, a través de los mecanismos de la democracia representativa [ 1 ] .Ahora bien, la democracia actual además de ser representativa y participativa, requiere que sea también económica y social. Crisis del Estado del Bienestar y crisis de la democracia, son dos aspectos de la misma cara. La ciudadanía sin derechos económicos y sociales, y sin un mínimo de bienestar económico y social [ 2 ] , no puede integrarse plena y eficazmente en la participación y en la vida política. El Bienestar Social garantiza la integridad, la cohesión y la estabilidad social; y permite la participación activa del ciudadano. No hay democracia activa sin ciudadanía activa.II. Algunas consideraciones generales sobre la participación ciudadana en el ámbito público.La participación ciudadana en el clásico modelo del Estado de Derecho Liberal, regulada esencialmente a través del Derecho Administrativo, era puramente individualista y correlativa a la ideología del modelo estatal del liberalismo, y de un contenido muy limitado (consultivo e informativo básicamente). La transformación del modelo y de las funciones del Estado así como de la sociedad civil, han hecho que hoy surjan otras demandas y manifestaciones de participación, más colectivas y solidarias, y de mayor ámbito que las del pasado.Entre las varias causas que señalaría [ 3 ] del momento actual, que demandan otro tipo de participación ciudadana, pueden citarse las siguientes:a) La participación en la gestión pública es una manifestación de la necesidad de la repolitización de la gestión pública y de la necesidad que tiene ésta de una nueva legitimidad ciudadana, basada en los resultados y en la satisfacción de las necesidades y de las demandas de la sociedad civil y de los ciudadanos.b) La participación en la gestión pública, deviene necesaria para hacer la democracia actual no sólo representativa, sino también y sobre todo más participativa y completa.

c) La cultura administrativa actual no es la de la mera teórica satisfacción del cliente, imitando a la empresa privada, sino que es una cultura político-administrativa de plena respuesta y satisfacción de los ciudadanos, considerados éstos como “copropietarios” de lo público, y plenamente ejercientes de todos sus derechos.d) El contenido de la participación a su vez es más amplio, ya que no se trata sólo de la clásica consulta, sino también de la información, el control, la negociación, los acuerdos, la codecisión, etc. La gestión pública hoy no puede desvincularse del proceso plural y complejo de preparación, reflexión, debate, diseño y toma de decisiones en el ámbito público, así como también del control de su ejecución, resultados y efectos.e) La evaluación participativa previa a la exigencia de los resultados, y a la posterior rendición de cuentas, aparece hoy como una praxis innovadora de primer orden.f) El nuevo contexto, y en particular, el llamado “e-gobierno” implica y requiere, unas nuevas formas y unas nuevas vías de información, de consulta y de participación ciudadanas, utilizando para ello todas las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación, y no sólo las clásicas. De algún modo hoy se actualiza la vieja pretensión de la democracia directa en la democracia clásica ateniense.g) El pretendido carácter dialogante, relacional, modesto, cooperador, integrador, negociador de la gobernabilidad actuales, hace necesaria y posibilita la participación democrática en la gestión pública.La participación ciudadana es pues por hoy, el principal medio y manifestación de la democracia participativa, complementaria de la representativa tradicional; y a la vez también expresión de un “nuevo contrato social” entre los poderes e instituciones públicas, y la ciudadanía y la sociedad civil. Por otro lado además, la democracia participativa intentaría paliar los fenómenos del individualismo, apatía y cierto descrédito de la vida política.La participación ciudadana a su vez tiene múltiples instrumentos para su realización, y así entre ellos: el sufragio, la consulta, los referenda, las encuestas, la presencia de representación ciudadana en los distintos órganos e instituciones con un carácter decisorio y/o consultivo, etc. También hay que señalar la compatibilidad y la necesidad, de la participación general con la de ámbito sectorial o por áreas o por competencias administrativas (así en educación, salud, medio ambiente, Seguridad Social, tercera edad, juventud, deportes, etc.).Esta democracia participativa sectorial, y vinculada a los ámbitos económicos y sociales, sería además una manifestación del “sistema de redes” sociales.La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 9, párrafo 2, cómo efecto de su carácter democrático, un reconocimiento muy amplio y general de la participación individual y grupal, del modo siguiente:“ ... corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los obstáculos que impidan o

dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.En desarrollo de tan amplio principio participativo, se contempla además éste en el texto constitucional en relación a diversos aspectos, así: la participación vía el sufragio en los asuntos públicos, en el artículo 23.1; en la elaboración de disposiciones administrativas, en el artículo 105; en la empresa, en el artículo 129.2; en la enseñanza, en el artículo 27.5; en la justicia, en el artículo 125; en la juventud, en el artículo 48; en la Seguridad Social, en el artículo 129.1.Por otro lado, hoy los medios de comunicación social así como las nuevas tecnologías, son unos retos y problemas cara a la participación pública en general, pudiendo ser de una gran ayuda o bien un gran obstáculo. En particular hay una gran literatura sobre el fenómeno y problemática de la llamada “e-democracia”.El fortalecimiento de las relaciones con los ciudadanos a través de la participación, es una buena práctica no sólo para mejorar el diseño, sino también para la evaluación de las políticas públicas. Según la O.C.D.E. [ 4 ] , sus países miembros están intensificando las relaciones con sus ciudadanos, a fin de:a) Mejorar la calidad de las políticas, facilitando a los gobiernos fuentes más amplias de información, perspectivas y soluciones potenciales con el objeto de afrontar los retos del diseño de políticas en condiciones de creciente complejidad, y de interdependencia entre diversas políticas públicas y de urgencia.b) Responder a los retos planteados por la sociedad de la información, con el fin de prepararse para las crecientes y más aceleradas interacciones con los ciudadanos, y garantizar una mejor gestión de la información como base del conocimiento.c) Integrar al público en el proceso de elaboración de políticas, con el objeto de responder a las expectativas de los ciudadanos de ser escuchados y de que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones por parte del gobierno.d) Responder a la demanda de más transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno, pues, conforme aumenta el interés del público y de los medios de comunicación por las medidas tomadas por el gobierno, las exigencias de claridad y responsabilidad en la esfera pública también se incrementan.e) Fortalecer la confianza del público en el gobierno y revertir las tendencias crecientes, mostradas por encuestas de opinión, hacia el abstencionismo electoral de los votantes, la reducción del número de militantes en los partidos políticos y la caída de la confianza en instituciones públicas clave.III. Algunas reflexiones generales sobre la participación ciudadana en el ámbito local.Si la participación ciudadana es hoy una demanda y una necesidad social, en el ámbito local ésta lo es mucho más, y creo que con mayor

intensidad [ 5 ] ; y ello debido fundamentalmente a una serie de variables explicativas, y entre ellas citaría las siguientes:a) La proximidadb) La complementariedad de lo local con lo globalc) La diversidad, la complejidad y la pluralidad de “redes” políticas y sociales [ 6 ] existentes a nivel local.d) La preeminencia de lo urbano.e) La aparición de nuevos problemas y conflictos, sociales y medioambientales.f) La lucha contra la inseguridad ciudadana.g) El debate público mayor y más intenso sobre el presupuesto, como instrumento de gobierno y de participación [ 7 ] .h) La necesidad del fortalecimiento de la pertenencia e integración del ciudadano en una determinada comunidad humana y política.i) La generalización de la heterogeneridad social y territorial urbana.j) La aparición de grandes aglomeraciones urbanas.k) La accesibilidad de la ciudadanía a las instituciones y políticos locales, etc.Por otro lado, la participación ciudadana en el ámbito local no sólo ha cambiado de formas, sino que también es hoy más plural y flexible [ 8 ] . Además de las vías clásicas y formales de participación directa, surgen otras más informales e indirectas (así los círculos de estudio, los forums, los jurados ciudadanos, los paneles ciudadanos, etc.)A su vez, la democracia local también afronta nuevos retos y problemas, y entre ellos destacaría los siguientes: a) La existencia o no de participación ciudadana en el proceso decisional. b) La existencia o no de un sistema abierto, plural y diverso de integración y representación de intereses. c) El pluralismo y la estabilidad de los grupos políticos, y la democracia interna en los mismos. d) La renovación de las élites locales. e) La existencia o no en los niveles periféricos y descentralizados de los órganos municipales de democracia, o “democracia inframunicipal”. f) La fragilidad de la legitimación de los gobiernos locales. g) La volatilidad o mutabilidad del electorado. h) La plural y diversa fragmentación social y territorial, y la heterogeneridad por tanto de las preferencias de los ciudadanos.Por otro lado, en situaciones sociales complejas y de múltiples divisiones y conflictos sociales, la democracia local o “democracia comunal”, presenta además una serie de ventajas añadidas [ 9 ] . Por último, habría que señalar también que la idea de participación a nivel local, no sólo es la esencia y el fundamento para la manifestación del principio de la autonomía local y de la educación política para los ciudadanos [ 10 ] , sino que también es consustancial para la gobernabilidad local [ 11 ] .IV. La regulación actual de carácter general sobre la participación en el ámbito local.

La normativa básica, general y uniforme, de la regulación de la vida local en España está constituída esencialmente, como es sabido, por la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y en ella se contempla también con un carácter general y abierto, la participación ciudadana.En el antes citado texto legal, se establece de forma clara e inequívoca, pero de modo genérico también, el deber de los Ayuntamientos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida municipal, si bien el medio para ello serán los Reglamentos de Participación Ciudadana que se aprueben.De hecho en numerosos Ayuntamientos se han aprobado, con mayor o menor extensión y concreción, los antidechos Reglamentos de Participación Ciudadana; y a veces también fruto de los mismos o al margen de ellos por decreto del Alcalde, se han creado Concejalías de Participación Ciudadana como instrumentos organizativos para facilitar, ordenar y coordinar la participación ciudadana.Existen en la actualidad en la legislación básica estatal, dos medios esenciales y normales para la participación ciudadana en el ámbito local, que son: a) La intervención ante los órganos municipales, y en particular ante el Pleno, de los vecinos y asociaciones de vecinos. b) A través de los órganos específicos, que se puedan crear a tal fin, como los Consejos Sectoriales o los órganos de consulta y participación en las Juntas Municipales de Distrito.La participación del vecino es pues, como ya se ha dicho, o bien a título personal o bien también como miembro de las distintas asociaciones y movimientos vecinales y ciudadanos. No obstante, en el ámbito local también existe un notable “déficit de afiliación”, lo cual es un reflejo de la totalidad del sistema político español.La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguló y amplió el derecho de asociación, y estableció que en el Registro Municipal de cada Ayuntamiento, se inscribiesen las asociaciones municipales de interés general o sectorial como: “órganos de consulta, información y asesoramiento”.Pero además de lo anterior, la legislación básica estatal establece un medio excepcional, limitado a ciertos supuestos, y de carácter voluntario para los Ayuntamientos, que es la consulta popular, o referéndum a nivel local. Las características fundamentales de este procedimiento, son las siguientes: a) No es vinculante su resultado. b) Es potestativo del Ayuntamiento, y necesita mayoría absoluta en el Pleno para su aprobación. c) Es necesaria la aprobación expresa y previa para su realización del gobierno central. d) El objeto del referéndum deber ser sólo competencias locales y propias. e) Se excluye del objeto del referéndum, la hacienda local.V. La participación ciudadana en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.La antedicha ley, publicada en el B.O.E. del 17 de diciembre de 2003, y que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2004, también conocida como “Ley de Grandes Ciudades”, dedicaba parte de su exposición de motivos

y de su articulado, a regular la participación ciudadana, si bien también con un carácter genérico y abierto.1) En concreto en la exposición de motivos se decía, entre otras afirmaciones, lo siguiente:a) “Existe una clara tendencia continental a reforzar las posibilidades de participación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno local para evitar o corregir, en el contexto de un mundo globalizado, el alejamiento de los ciudadanos de la vida pública. En esta materia, hay que destacar la procedencia de incrementar la participación y la implicación de los ciudadanos en la vida pública local, lo que no constituye en modo alguno un elemento contradictorio con los anteriores, sino que, por el contrario, los complementa y enriquece. Y si bien es cierto que en este ámbito hay que conceder amplios márgenes a la potestad de autoorganización de las entidades locales, también lo es que la legislación básica estatal debe contener unos estándares mínimos concretos que permitan la efectividad de esa participación...”b) “En materia de participación ciudadana se establecen unos estándares mínimos que constituyen los mecanismos necesarios para su potenciación: el establecimiento de la necesidad de reglamentos orgánicos en todos los municipios en materia de participación ciudadana, que determinen y regulen los procedimientos y mecanismos adecuados para hacerla efectiva; la aplicación necesaria de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con los vecinos, así como para facilitar la realización de trámites administrativos y la introducción en la legislación básica sobre régimen local de las iniciativas ciudadanas, que pueden constituir un importante instrumento participativo, que puede dar lugar, incluso, a consultas populares. En definitiva, los diversos mecanismos participativos creados e impulsados por la ley, tanto con carácter general como los que más adelante se señalarán para los municipios a los que resulta de aplicación el título X de la ley, colocan a nuestro régimen local en la línea avanzada de promoción de la participación que está adquiriendo cuerpo en todo el continente, impulsada por el Consejo de Europa, y de la que es una importante manifestación la Recomendación de su Comité de Ministros Rec (2001) 19, que ha servido de fuente de inspiración para esta reforma...”2) En cuanto al articulado del texto legal, por su novedad y relevancia, merecen destacarse a su vez los siguientes preceptos:a) “Artículo 24. 1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones, y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 2. En los municipios señalados en el artículo 121 (es decir a los que se les aplica la ley) será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128...”b) En la Disposición Adicional Quinta, Párrafo 3, se establece entre otras cosas que: “Se adicionan los siguientes preceptos en la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el siguiente contenido: “Artículo 70 bis. 1. Los Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos, y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales. 2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: a. Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. b. De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. c. A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento ...”c) Pero además de estas normas concretas de participación ciudadana reguladas, se establecen también otros instrumentos relevantes de ella o bien para coadyuvar en ella, y que son los siguientes: 1. En la Disposición Adicional Novena, se prevé que el gobierno central creará un Observatorio Urbano “con la finalidad de conocer y analizar la evolución de la calidad de vida en los municipios a los que afecta esta ley”, y éste estará en el Ministerio de Administraciones Públicas. Mi opinión es que este interesante órgano para asegurar su independencia estuviese adscrito al Senado [ 12 ] . 2. En el artículo 131 se dice también que: “... 1. En los municipios señalados en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. 2. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos...”Este nuevo órgano puede ser clave para la elaboración de un plan estratégico municipal con representación y participación de todos los sectores económicos y sociales: así como para la importante tarea municipal actual, de carácter estratégico, de impulsar el desarrollo económico y social. 3. La creación de una Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, compuesta por todos los grupos políticos que integren el Pleno, para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, creada en el artículo 132 de la Ley, la cual podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen. Esta Comisión podría tener además un papel relevante en el control de la calidad de la prestación de los servicios públicos locales. 4. La ayuda y cooperación de las nuevas tecnologías para la gobernabilidad y participación local. No obstante, los retos y problemática del llamado “e-Gobierno” y la “e-

Administración” no se abordan en profundidad, sino parcial y tímidamente.VI. El nuevo marco y las principales características del sistema político-administrativo de las grandes unidades españolas, fruto de la Ley 57/2003, en el que se va a desarrollar la participación ciudadana.1) Tanto la exposición de motivos como el articulado de la ley pretenden dos objetivos básicos, compatibles entre sí, a saber: “hacer dinámica y rica” la vida local, a la vez que establecer un nuevo modelo orgánico, competencial y funcional para las grandes ciudades. No obstante, los grandes municipios son objeto de mayor regulación, que los gobiernos provinciales de las Diputaciones.2) La necesidad y la urgencia de una Ley propia y específica reguladora del gobierno y de la gestión local de las grandes ciudades, al igual que acontece en muchos países de la Unión Europea [ 13 ] y occidentales; que viniera a cubrir esta laguna, en un sistema político local tan fragmentado, diverso y tan poco uniforme como el español. Esta necesidad ya fue demandada en la famosa Asamblea de A Coruña de la F.E.M.P., en noviembre de 1.993.3) La adopción y el mimetismo de un sistema político-administrativo para las grandes ciudades, similar al central y autonómico; mediante la potenciación y diferenciación del ejecutivo municipal frente al reformado papel del Pleno como “auténtico parlamento municipal”.4) La transformación profunda de la Administración municipal, reconvirtiendo las concejalías al “modelo departamental o ministerial”.5) La configuración de un “ejecutivo fuerte”, con capacidad de gestión, y responsable “ex post” ante el Pleno. Se distinguen en el gobierno y gestión municipal, órganos superiores y directivos como en la L.O.F.A.G.E.6) La mayor eficacia y trasparencia en el debate político en el Pleno sobre las políticas públicas locales.7) La existencia compatible y posible, de un presidencialismo y liderazgo del alcalde y del presidente de la Diputación, con la participación ciudadana; y la potenciación del papel democrático y controlador del Pleno.8) El cambio de denominación, por otro lado simbólico, de algunos órganos locales, así la antigua Comisión del Gobierno pasan a denominarse Junta de Gobierno Local y Junta de Gobierno Provincial.9) La posibilidad de ser miembro de la Junta de Gobierno Local, de personas que no ostentan la condición de Concejal, como acontece a nivel central y autonómico. Esta posibilidad permite al Alcalde, la incorporación a su equipo de gobierno de personalidades o expertos independientes, o bien de personas de su partido que no tengan la condición de concejal elegido.10) Permitir la movilidad funcionarial entre Administraciones Públicas, como ya lo había hecho la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, entre la Administración General del

Estado, la Institucional y las Autonómicas. Este hecho ayudará sin duda a la mejora de la modernización y profesionalización de las Administraciones de las grandes ciudades.11) Refuerza el papel de las policías locales en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, como de policía de proximidad, así como en el ejercicio de las funciones de policía judicial. Vemos así que esta Ley, reconoce un hecho importante y cada vez más preocupante para la vida local y ciudadana, cual es el papel relevante dentro de las políticas locales de las políticas de seguridad ciudadana.12) Crea un Órgano de Gestión Tributaria, para la gestión tributaria local, y también un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Se moderniza y adecua así también al modelo de la Administración Central la municipal.13) Se refuerza el triple papel de la Intervención General Municipal como: función interventora, función de control financiero, y función de control de eficacia.14) Se modernizan las sociedades mercantiles locales.15) El Secretario de la Junta de Gobierno no será ya el Secretario de la Corporación, sino un miembro de la misma, como la figura del Secretario del Gobierno a nivel central. Hay pues una distinción entre el “Secretario Político” del Gobierno Local, y el “Administrativo” ejercido por un funcionario.16) Se perpetua la existencia de la Comisión Nacional de Administración Local, bajo el control del Ministerio de Administraciones Públicas. Esta Comisión debería hacerse por otro lado, más operativa. El papel de coordinación, y de lugar de debate y encuentro de esta Comisión debería reforzarse.17) Se crea en el seno de la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales del Senado, una Conferencia de Ciudades, de la que formarán parte la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Alcaldes de las grandes ciudades. Esta Conferencia también puede ser un instrumento eficaz de debate y coordinación entre las Administraciones Territoriales en España. No obstante lo anterior, en la ya comentada precedentemente nueva Ley, se echan en falta esencialmente en mi opinión, algunos aspectos muy importantes de la realidad local de hoy día:• Los procesos migratorios y las políticas de integración multicultural. • Las políticas sociales [ 14 ] , y en particular las de lucha contra la exclusión social. • La mención del papel del tercer sector como colaborador por delegación en la prestación de los servicios públicos locales.Por último, en mi opinión en el texto legal comentado, parece que hay una cierta correlación y complementariedad entre los procesos de modernización política, administrativa y de participación; si bien con un carácter muy genérico y programático.VIII. Breve EpílogoLa democracia representativa local solidamente ya establecida en España, a través del sistema político actual y desarrollada a través del

ordenamiento jurídico local en cumplimiento del mandato constitucional, necesita sin duda ampliarse, mejorarse y completarse a través de la llamada democracia participativa local.Para lo anterior, todos los esfuerzos son pocos a fin de desarrollar amplia y plenamente los mecanismos e instrumentos legales establecidos; y ello con la colaboración de todas las instituciones públicas, y todos los actores políticos y sociales.En el ámbito de las grandes ciudades, la nueva Ley 57/2003, introduce y regula sin duda una serie de novedades para fomentar y canalizar la participación ciudadana; lo cual ciertamente es positivo, pero hace falta que éstas se desarrollen, concreten y se hagan viables; y el reto ahora es de los municipios y de su sociedad civil y ciudadanía. Hay pues que aprovechar y poner en práctica todas las posibilidades de la nueva ley.La nueva denominación de esta Ley, como de Modernización del Gobierno Local, no asegura por sí misma la democracia y la participación local. Esta ley, como cualquier otra norma, no deja de ser pues un medio para un fin, y está cargada de numerosos aspectos simbólicos y programáticos. Se trataría de evitar que el “nominalismo” legal se perpetúe una vez más, y que las normas se adecuen a la sociedad civil y sean un instrumento eficaz del desarrollo de ésta, y por ende de la democracia.El presente texto es una ampliación de la Conferencia pronunciada en las “IV Jornadas de Participación Ciudadana” organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, en enero de 2004.

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¿Qué pasó con la democracia participativa en Colombia?por GABRIEL BUSTAMANTE PEÑA*

La democracia participativa debe salirse de las leyes y poblar las calles, las aulas escolares, las universidades, los barrios y comunas, incluso llegar hasta espacios supranacionales…

 ¿Qué pasó con la democracia participativa en Colombia?

Desde la promulgación de la Constitución de 1991 Colombia se convirtió formalmente en uno de los países más democráticos del mundo. La Carta del 91 entronó la democracia participativa para complementar y ampliar la abstracta democracia representativa, e inclusive, les dio rango constitucional a organismos de participación ciudadana como el Consejo Nacional de Planeación. 

Luego, se pretendió desarrollar la democracia participativa con una completa ley de mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994) que dotó a los colombianos de importantes herramientas jurídicas para intervenir en los asuntos públicos y defender sus derechos fundamentales. 

Apareció paulatinamente toda una serie de legislación especializada para promover la participación en diferentes campos como: el juvenil (ley 375 de 1997), el ámbito escolar (ley 115 de 1994), la agenda de paz (ley 434 de 1998), en la cultura (ley 397 de 1997), en la justicia (ley 294 de 1996), entre otros. De este proceso surgieron organismos novedosos como los consejos de cultura, juventud, los personeros estudiantiles, los manuales de convivencia, consejos de paz, las veedurías ciudadanas, los jueces de paz y los conciliadores en equidad, los comités de vigilancia. Toda una serie de espacios, instituciones y marcos legales dispuestos para facilitar y promover la inclusión ciudadana y la cohesión social en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas. 

Pero si bien es cierto en el campo legal hubo toda una revolución democratizadora, en la realidad nuestro sistema político y social fueron muy pocos los avances para superar el autoritarismo, la exclusión y los vicios políticos de fondo. En la práctica poco ha cambiado, nuestra forma de asumir lo público siguió marcada por la

violencia, por una mayor apatía y un creciente individualismo. Nuestra democracia no se ha fortalecido, como era la intención de la Constituyente, por el contrario luce más impotente ante los nuevos y mayores retos que le imprimió la Carta del 91. Por todo esto la democracia colombiana se terminó desenvolviendo durante todos estos años entre dos realidades tan disímiles, tan desconocidas entre si y tan incoherentes: la maravillosa realidad constitucional, la enredada realidad legal y la trágica realidad social. 

Tú participas, yo participo: ellos deciden 

Algunas preguntas nos sirven de punto de partida para analizar nuestra democracia 'participativa'. Por ejemplo, en una democracia participativa ¿debería el gobierno concertar la implementación de multimillonarios incentivos a transnacionales extranjeras? ¿Deberían concertar las fumigaciones con las poblaciones afectadas? ¿Deberían solicitar la opinión a los ciudadanos para firmar el TLC con los Estados Unidos? ¿Deberían preguntarnos sobre la decisión de comercializar nuestros bosques y selvas o la privatización del agua? Obviamente la respuesta es Sí, pero la realidad nos dice No. 

A pesar de todo el desarrollo Constitucional y legal que tiene Colombia en materia de participación, hemos visto como la dinámica política y la toma de decisiones van en contravía y se inscriben más en procesos cerrados, unilaterales y excluyentes. La excesiva concentración de poder en cabeza del ejecutivo impide, inclusive, el perfecto desarrollo de la representación democrática que se expresa a través de los órganos colegiados. Los concejos municipales y las juntas administradoras locales, las asambleas departamentales y hasta el Congreso de la República, terminan sumidos en muchas ocasiones a los intereses y prerrogativas del gobierno de turno, y dejando a un lado su función de representar por medio de sus decisiones a los intereses ciudadanos que los convocan y mucho menos cumplen su función de control político, pilar fundamental de la democracia. 

En el orden de ideas que la democracia participativa complementa, suple y fortalece la democracia representativa, la participación ciudadana, entendida en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas, es un escalón superior en la democratización de nuestro sistema social. Sin embargo primero debemos comenzar por construir un sistema de representación independiente frente al ejecutivo, transparente frente a las decisiones públicas y responsable hacia los ciudadanos, sin esto, la complementariedad de la participación es imposible o inútil. 

Además, nuestra democracia participativa no pasará de ser un simple sofisma de distracción mientras no existan gobiernos comprometidos con generar las condiciones para la participación real de los ciudadanos y grupos de la sociedad civil preparados,

activos y conscientes de sus derechos a conquistar y de los deberes que deben cumplir para hacer realidad los postulados democráticos. 

Por esto, la democracia participativa debe salirse de las leyes y poblar las calles, las aulas escolares, las universidades, los barrios y comunas, los municipios, departamentos y el país, e incluso llegar hasta espacios supranacionales que permitan la participación de todos en decisiones sobre asuntos regionales o globales como la firma de tratados de libre comercio, o la suscripción de tratados internacionales de protección del medio ambiente, la lucha mundial antidrogas o el combate al terrorismo. 

La democracia es un modo de vida que exige compromiso, tolerancia y concertación, lo demás es seguir repitiendo un discurso desgastado por el autoritarismo que impera en la cotidianidad de nuestras relaciones tanto públicas como privadas. 

Participación ¿para qué? 

Primero que todo hay que hacer una salvedad inobjetable: la participación es un medio no un fin., Participamos para alcanzar una meta, un logro, un proyecto compartido de país. Nuestra democracia es participativa porque nuestro Estado tiene unos fines que ha estipulado cumplir por medio de la participación ciudadana.

En Colombia, al establecerse el Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991, la participación se convirtió en la herramienta idónea para materializar la justicia, la libertad y la igualdad. Debemos participar para superar los privilegios, las injusticias y los atropellos y, además, por que la inclusión ciudadana nos acerca a una mayor convivencia pacífica, a un mutuo respeto por los derechos humanos y a la construcción, en la diferencia, de un país comprometido con la dignidad humana. 

Sin embargo, participar por participar parece ser la consigna y la forma cómoda como los gobiernos han decidido ejercer la democracia. Participar sin poder de decisión es una invitación falaz que recorre las agendas de los consejos de paz, de planeación, juventud o cultura; participación vacía que lleva al desgaste de las formas de organización de la sociedad civil, aumenta su apatía hacia lo público y termina causando el efecto contrario que buscaba la democracia participativa. Los ciudadanos y con ellos la participación han quedado inmersos en aparatos inoperantes que han terminado por profundizar la exclusión, la desconfianza y el distanciamiento con lo público, mientras las decisiones importantes se toman en círculos cerrados o en pequeñas tecnocracias alejadas por completo de nuestra realidad social. 

La indiferencia ciudadana y la falta de voluntad política de los gobiernos para establecer la democracia participativa, es un

fenómeno que se presenta desde lo local hasta lo nacional y que muestra una grave situación estructural que merece un acercamiento más cultural, sociológico y antropológico que el meramente jurídico. 

Hacia una política pública de todos y para todos 

La Constitución de 1991 y su desarrollo legal son un marco significativo para el fortalecimiento de la democracia, marco de acción que solo será real por medio de la apropiación, por parte de la sociedad civil, de los mecanismos, derechos y garantías estipuladas para superar el autoritarismo y la exclusión en la elaboración de las políticas públicas. 

Por esto, la participación debe responder a la gran diversidad étnica, cultural, política y social que posee el país. Deben propiciarse espacios incluyentes, amplios y representativos de las distintas expresiones ciudadanas, en un proceso de tolerancia, igualdad y respeto por las opiniones encontradas. 

Realizar una apuesta por la democracia implica hacer de los espacios de participación organismos vivos, activos y decisorios en la vida local y nacional, no simplemente espacios consultivos que terminan por obviarse, ignorarse al no ser tenidos en cuenta. 

Por esto los consejos de juventud no pueden convertirse en aparatos sin rumbo o en espacios de reproducción de nuestro dañino sistema político y electoral, su composición y ejercicio, deben representar por el contrario la renovación de la forma de hacer política en Colombia encarnada en el liderazgo de las nuevas generaciones. Los consejos de planeación deben ocupar el sitio protagónico de la planeación territorial que les dio la Constitución del 91, y ser poblados por personas que representen verdaderos intereses ciudadanos y faciliten la conexión del Estado con la sociedad. Los consejos de cultura están llamados a rescatar los valores esenciales para la construcción de identidad, a ser canales a través de los cuales dialogue nuestra enorme diversidad y se llegue a plasmar la tolerancia en la diferencia a través de planes culturales amplios, representativos y constructores del sentido de nación y no simplemente reuniones de artistas cercanos a las administraciones y sin poder real de toma de decisiones. La Justicia Comunitaria debe avanzar más allá de ser una estrategia de descongestión de despachos judiciales y construir un proyecto político para acercar la ley y la justicia a nuestros complejos contextos sociales, económicos y culturales. Los consejos de paz deben ser la fuente de la unidad en la construcción de la política de reconciliación nacional; su integración debe ser un motivo de la más alta responsabilidad por cuanto su labor significa el paso para avanzar hacia una sociedad para la convivencia pacífica, el respeto por los derechos humanos y la superación de los factores esenciales del conflicto. 

La sociedad colombiana necesita no solo ser objeto de políticas públicas, sino ante todo ser sujeto activo de espacios de transformación social, cultural y política. Mejor dicho, requiere para su cabal reconocimiento que se le brinde 'participación' en el más amplio sentido de la palabra. Participación en la construcción activa de la materia y la simbología social, participación como posibilidad de ejercer su influencia en el país en los procesos sociales, económicos y políticos que le competen, y participación para buscar conjuntamente en la diferencia, las salidas a nuestra terrible enfermedad bélica. 

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Democracia participativa?Por:  Moisés Wasserman 23 de febrero de 2013

 Churchill dijo en 1947 que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás que se han probado. Desde entonces ha corrido agua debajo de los puentes (en los ríos que no se han secado), y una percepción que se está estableciendo es que la democracia representativa ha hecho crisis y es necesaria una nueva: la democracia participativa. Ella está como mandato en algunas constituciones, incluida la nuestra del 91. Sin embargo, parece que aún no se ha inventado del todo.

Hay pocos ejemplos de democracia participativa en los que la participación funciona sin vulnerar la democracia. Uno muy interesante, curiosamente, tiene que ver con la ciencia y la tecnología: las ‘conferencias de consenso’ danesas sobre innovaciones tecnológicas que influyen en la vida de los ciudadanos.

El parlamento danés estableció el Consejo de Tecnología como su cuerpo consultor. Este consejo ha venido desarrollando y proponiendo mecanismos para lograr la participación de la ciudadanía en decisiones críticas. Uno de ellos es el de las conferencias, en las cuales participan técnicos, políticos y ciudadanos. Estos últimos están representados en un panel pequeño (de 14 a 24 miembros), escogido (de forma que se cubren diferentes grupos por proveniencia social, género y ocupación) entre 2.000 ciudadanos, que se auto-proponen. El panel tiene obligaciones similares a las de un jurado de conciencia.

Antes del proceso, el panel recibe ilustración del problema, con materiales escritos y conferencias técnicas de diferentes posiciones.

Esta fase culmina con un primer consenso, que reúne las preguntas claves que decidieron abordar. Esas preguntas son entregadas a los expertos, quienes deben tratar de aclararlas. En dos días de deliberación, el panel llega a su segundo y gran consenso, que es una recomendación única. Las reglas de juego excluyen posiciones ambiguas y recomendaciones inanes. Tienen que tomar una posición. Las recomendaciones pueden ser discutidas, aclaradas u objetadas por expertos y políticos, pero el panel no está obligado a introducir modificaciones.

Se han discutido temas de gran importancia para la sociedad, como el uso de la irradiación para la conservación de alimentos, la utilización de la información sobre los genes de los individuos, el valor de las evaluaciones de riesgo en introducción de tecnologías radicalmente novedosas (como las de plantas transgénicas), el consumo sostenible, la biblioteca del futuro, la educación del futuro, la vigilancia electrónica y otros.

El sistema exige que los ciudadanos hagan un esfuerzo para superar sus intereses personales, y que los técnicos y constructores de política reconozcan la buena voluntad y seriedad del panel. Es claro que las recomendaciones no deben ser acogidas obligatoriamente, pero deben ser consideradas seriamente. De hecho, la mayoría se ha visto reflejada finalmente en leyes y políticas.

Contrasta con sistemas participativos como las caóticas asambleas, en las que se pretende que un grupo espontáneo, no representativo, sin identificación individual y sin quórum, tome decisiones “vinculantes” (de obligatorio cumplimiento), muchas veces influidas por presiones, y que generan una situación en la que un cuerpo decide y otro es el que debe asumir la responsabilidad. En otros regímenes, la participación se da por ‘asambleas populares’, que ratifican disciplinadamente, con mayorías del 99 por ciento, decisiones previamente tomadas por la cúpula.

Para que un mecanismo sea democrático, no basta con bautizarlo así. La democracia participativa bien estructurada puede enriquecer las políticas con reflexiones y opiniones diversas. Mal concebida, es uno de esos caminos bellamente empedrados que conducen al infierno del autoritarismo y la manipulación.

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Democracia participativa o democracia representativa, hoy en Venezuela

Por: José Antonio Gómez Urdaneta | Viernes, 12/07/2013 01:59 PM | Versión para imprimirAl reflexionar en torno al tema que nos atañe en este artículo, la democracia participativa y protagónica en Venezuela, vienen a mi memoria dos opiniones en torno al mismo tema, que marcaron significativamente mi criterio e inspiraron la redacción de este articulo, la primera opinión la escuche de labios de un profesor de la escuela de filosofía de la universidad del Zulia, el cual no voy a mencionar su nombre para no herir susceptibilidades, pero él afirmaba que hablar de democracia participativa y protagónica era redundar ya que la participación y el protagonismo eran intrínseco al termino, y la segunda opinión la escuche de un aspirante a concejal por el municipio San Francisco del P.S.U.V. y el afirmaba que las comunas son inconstitucionales.

Hacer una aseveración como la primera, desde mi muy humilde criterio, es negar más de dos mil quinientos años de historia y evolución del término, y tendríamos necesariamente que dedicar un artículo o dos para poder explicar cabalmente dicha evolución, pero sí, considero necesario aclarar con algunos ejemplos, los compararemos con el significado etimológico de la palabra, para ver sí, se relaciona, todo para desmontar la aseveración del académico. Si decimos que (δῆμος) demos, pueblo y (κράτος) krátos, poder, el poder en el pueblo, pero ni siquiera en los albores de la historia de las prácticas democráticas esto pasó de ser una mera teoría, ya en que la Grecia antigua solo tenían derecho a ser miembro de las asambleas los ciudadanos varones y mayores de edad, esto excluía a gran parte de la población (mujeres, niños, esclavos, entre otros)en el imperio Romano nace la democracia representativa ya que por el tamaño de las metrópolis era casi imposible llevar a la practica una democracia directa.

Pero más terrible me parece la opinión del militante del

partido que asevera que las comunas son inconstitucionales y para desargumentar al compatriota utilizaremos algunos artículos de nuestra constitución donde queda claramente establecido el modelo de estado que construiremos en Venezuela, ¿porque lo construiremos? y ¿cómo lo construiremos?, estos artículos son:

1. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

2. Artículo 158. La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales.

3. Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo.

Al momento de establecer si las comuna son o no inconstitucionales tendríamos necesariamente que analizar primero el articulo 5 donde explica que la soberanía reside en el pueblo y que la carta magna establecerá los mecanismo los mecanismo de participación, pero termina explicando que esa soberanía que ostentan posterior a su elección por medio de sufragio, los órganos del estado, emanan del pueblo y se deben al mismo, deben mandar obedeciendo.

En el segundo artículo nos damos cuenta que la constitución

nos establece de manera taxativa lo que debe hacer el estado (alcaldías, gobernaciones e incluso la nación) para la construcción de un estado descentralizado, que sea garantía de eficacia y eficiencia, aunque no menciona la palabra comuna en la práctica hemos podido corroborar que el estado burgués no resuelve problemas, es burocrático, pero que en la comuna por ser territorial, porque las decisiones se toman en asambleas de bases de poder popular, estos vicios del estado burgués quedarían superados.

Ya en el último artículo que nos ocupa la constitución no establece el como ya que nos dice que la ley creara mecanismo, y esos mecanismo son los consejos comunales y las comunas, y existen en la actualidad una serie de leyes orgánicas que los regulas. El gran problema con el que se encontró el comandante Chávez, eran los niveles de desorganización del pueblo, ya que durante la cuarta republica los políticos de oficios solo tomaban en cuenta al pueblo cada cinco años para que votasen por ellos, ¿Cómo darle poder para decidir a un pueblo desorganizado?, no se puede. 

Así comenzó la organización del poder popular, con las mesas técnicas, para resolver problemas puntuales, en sus aéreas de trabajo (tierra, agua, energía y gas, entre otras), pero surgió un gran problema, ¿cómo transferirles recurso?, pues la única forma de solucionar problemas inmersos en una sociedad capitalista es con dinero. Luego, para solucionar el problema a estas mesas técnicas las agruparon en consejos comunales, con personalidad jurídica y una unidad financiera, y una de contraloría, poniendo a la cabeza de esos consejos comunales según el artículo 20 de la ley orgánica que los regula a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, ellos deciden en que invertir, esto según la ley, Para ello se desmontaron la junta de vecinos.

A partir de diciembre del 2010 el comandante aprobó, por vía

habilitante las leyes orgánicas del poder popular, ya que primero intento darle carácter constitucional al asunto de las comunas en el 2007, pero esta fue la única elección que perdió (la reforma), luego con mayoría en la asamblea, estas propuestas de leyes fueron engavetadas, al entrar la oposición después del 26 de septiembre del 2010 en la asamblea, la aprobación de estas leyes con carácter orgánico se veía cada vez más lejos, pero, debido a una crisis climática le entregaron poderes especiales al comandante para aprobar leyes sin pasar por la asamblea nacional, así las aprobó él(por vía habilitante). 

¿Por qué tanto temor con estas leyes? Cada consejo comunal y cada frente social elige un parlamentario y su suplente, para llevar la voz al ceno del parlamento comunal de su organización de base del poder popular, hasta aquí nos trajo el comandante, de seguir así la democracia participativa y protagónica solo será una utopía, pero a tres meses de su muerte las organizaciones gubernamentales no respetan las leyes orgánicas del poder popular, de seguir así solo viviremos en anarquía. 

Para superar la crisis orgánica en la que estamos inmersos en la Venezuela contemporánea, debemos terminar de desmontar el estado burgués, el próximo paso a seguir es, organizar las 3000 comuna que están establecidas en el plan de la patria y desmontar las cámaras municipales, por medio de una segunda enmienda constitucional, son las comunas las que deben aprobar los presupuestos municipales, Los venezolanos tenemos dos opciones, seguimos nombrando representantes que decidan por nosotros en que invertir los recursos que por situado constitucional nos pertenecen o decidimos en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, en que van a invertir los alcaldes, el dinero que por situado nos corresponde.

La revolución bolivariana ha ido desmontando el estado

burgués y sobre sus cenizas ha ido construyendo el estado comunal, preguntemos a los voceros de los consejos comunales que quieren, pues sí este principio se detiene, se acaba la revolución, ¿Democracia participativa o representativa?, ¿Revolución o Reforma?, ¿Comuna o Nada?5 articulo

Artículos de nuestra Constitución que hablan sobre democracia.

Por Gian Piero Di Marco

En esta sección se expondrá los artículos de nuestra constitución que hablan sobre la democracia:

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.Artículo 63.  El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.El artículo 63 hace énfasis en el ejercicio de la democracia que esta representado en el sufragio, el cual es un derecho de todos los ciudadanos.Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta 6 articulo

Democracia: Artículos de prensa para pensar y discutir14 junio 2008Sección: Sin categoría

Tribunos de la plebe

La democracia, abandonada a sus impulsos naturales, tiende a la demagogia y a la mitología de las encuestas.

Por Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Coruña desde 1996 y periodista

La democracia, abandonada a sus impulsos naturales, tiende a la demagogia y a la mitología de las encuestas. Como si gobernar fuera sólo someterse a la arbitraria opinión de las mayorías, sin considerar cómo se forma esa opinión e influir sobre ella. Y no me refiero sólo a la manipulación, sino sobre todo al prejuicio de que sea irrelevante el proceso de formación de las opiniones, es decir, el proceso educativo.

Lo que importa es la encuesta y la estadística. Alabanza de cantidad y menosprecio de excelencia. La democracia obliga a gobernar en nombre de la mayoría, pero no a erigirla en tótem de sabiduría. La estrategia de los demagogos de todos los tiempos ha sido siempre la misma: degradar y, a la vez, halagar al pueblo. Para servirse de él. Rebasando el sentido digno que tuvo esa magistratura en Roma,

cabría calificarlos como tribunos de la plebe. La dominan mediante el halago y la degradación.

Y, sin embargo, eso no es democracia. Al menos no lo fue en sus orígenes atenienses. El historiador Tucídides nos traza el retrato inmortal de Pericles y alaba sus virtudes para oponerse e incluso irritar a sus conciudadanos y convencerles de lo que él estimaba mejor para los intereses de Atenas, incluida, por cierto, la guerra contra los lacedemonios. Quien no se opone alguna vez a la opinión dominante, quien, al menos, no se preocupa de si es atinada y noble, no es demócrata sino demagogo. Quien cree que el dictamen de las urnas o de las encuestas dirime cuestiones morales sucumbe a una de las peores idolatrías: la de la plebe.

La estadística y la encuesta no son argumentos morales. Si acaso, y si no están manipuladas, son descripciones de hecho, de estados de opinión. Pero la repetición o la generalización de una tesis moral en ningún caso entraña un argumento suplementario en favor de ella. Frente a los profesionales de la demagogia, hay que preferir y admirar a esos pocos que aspiran a oponerse y a convencer. Si además lo hacen ejerciendo la actividad política, aún resulta más admirable. La democracia no consiste en la apoteosis del consenso ovino, en el rumor monocorde de los balidos que sólo reclaman el mediocre bienestar del rebaño, sino en la libre deliberación entre hombres libres. ¡Qué autosuficiencia ridícula exhiben algunos cuando los perezosos y viejos tópicos que albergan sus cabezas son corroborados por la plebe y sus tribunos! Apenas hay otra cosa que tribunos de la plebe. Apenas queda un rastro de cónsules, por no hablar de senadores y verdaderos aristócratas.

De pronto, la amenaza de un acontecimiento terrible y odioso resucita la imagen perdida de algunos políticos que no renuncian a pensar por sí mismos y que aspiran a convencer y a cambiar el curso y el sentido de la opinión dominante. No se resignan a ser siervos de la gleba intelectual de la plebe. Aunque estuvieran equivocados, y acaso lo estén, su actitud sería en sí misma saludable. Y resulta aún más sorprendente su existencia si se considera que incluso la mayoría de los intelectuales, cuya razón de ser es esa oposición a la dictadura intelectual de los más, hace tiempo que se pasaron a las filas de la demagogia y del tribunado de la plebe. Cuanto más inseguro está uno de la bondad de sus opiniones más necesita del consuelo y la corroboración de las muchedumbres. Si estamos equivocados, al menos somos muchos. Tienen todo el derecho a que

se gobierne según su opinión, pero no a pretender que tengan razón. La aritmética puede dirimir una disputa política, pero no cancelar un debate moral.

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Con las revoluciones pasa como con milagros de la película de Almodóvar Hable con ella: "Que a lo mejor te ocurre uno y como no crees en ellos, pues no te das ni cuenta".

Comía hace algún tiempo con un conocido de nacionalidad no europea. Ante mi horror, abogaba él por la no concesión de derechos a determinadas minorías en razón de su orientación sexual. Se apoyaba en la noción de democracia: "Si en un país democrático la mayoría de la población es favorable a una norma, aunque sea injusta, esa norma regirá".

Me preguntaba yo entonces: "¿Cómo pueden las sociedades evitar que una mayoría poco unánime imponga su voluntad?" Y, tras estudiarlo, descubrí que esto se podía conseguir mediante la presencia de una constitución. Efectivamente, la constitución establece los límites de los poderes gubernamentales asegurando la protección de los derechos fundamentales del pueblo. El constitucionalismo, tal y como hoy lo conocemos, nació en el siglo XVIII tras las revoluciones liberales y, más precisamente, tras la revolución francesa de 1789.

MÁS INFORMACIÓN La migración, una experiencia positiva La correcta redistribución de la riqueza ¿Qué hacemos por el medio ambiente? Un crecimiento económico antiético

He tenido la suerte (o la desgracia) de vivir en varios países en el momento en el que en ellos estallaba una revolución. Vivía en Irán en el año 1979. Unos años antes al país le tocaba la auténtica lotería de descubrir ingentes cantidades de petróleo bajo sus tierras. El Rey del Reyes de la nación, el Sha Mohammad Reza Pahlaví, adquiría entonces una gigantesca flota sin previamente reparar en algo importante: Su país no disponía de puertos suficientes para albergarla. Mi padre, ingeniero de caminos, canales y puertos, fue destinado al puerto de Bandarabás a construir uno. Y allí nos encontrábamos toda la familia cuando estalló la revolución obligándonos a abandonar el país precipitadamente.

Con el dinero proveniente del petróleo, el Sha estaba construyendo en su país una sociedad moderna. Sucede que, a medida que los países se van desarrollando económica y socialmente, las reivindicaciones de su población van incrementándose. Y el caso de Irán no fue ninguna excepción: Ante el alzamiento de su pueblo, la reacción del Sha fue tan brutal y desmedida que con ella cavó su propia tumba. El resultado fue una revolución que acabaría instaurando la República Islámica actualmente vigente en el país. Hoy Irán ha conocido un retroceso tan gigantesco en lo social, lo económico y en el respeto de derechos humanos que no podemos más que considerar como un gran fracaso la revolución de 1979.

Yo no vivía en Nicaragua cuando tuvo lugar la revolución Sandinista(Casualmente también en 1979). Entonces, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), un movimiento revolucionario creado por y para el pueblo, derrocaba por fin a la malvada saga dictatorial de los Somoza.

Abandoné Nicaragua en 2014 después de haber vivido allí algo más de cuatro años. En ese periodo pude comprobar cómo el FSLN, liderado por Daniel Ortega y su omnipresente cónyuge, Rosario Murillo, no era ya ni la sombra de la sombra de lo que fue en sus orígenes. Los alucinantes esfuerzos por perpetuarse en el poder de la pareja habían destrozado su democracia a la vez que el país se sumía en una gran degradación: Nicaragua se convertía en el país más pobre de toda la América continental.

No puedo considerar como verdaderas las revoluciones acontecidas en Irán y en Nicaragua

Comulgo con los que definen la revolución como "un cambio social fundamental en la estructura de poder que toma lugar en un período relativamente corto de tiempo". Reconozco que mi concepción del término es algo "romántica": Para mí una revolución no es tal si no conlleva primero, una cierta organización por parte del pueblo que busca desinteresadamente justicia y, segundo, la lucha, pero sobre todo la victoria, del bien contra el mal. En ese sentido no puedo considerar como verdaderas las revoluciones acontecidas en Irán y en Nicaragua.

Sin embargo, sí que viví la de un país cuyas características responden exactamente a las de una auténtica revolución con mayúsculas. Se trata de una nación que vivió bajo una dictadura durante varios decenios. Es un país en donde tuvo lugar una transición hacia la democracia. Cuarenta años después, ese país está innegablemente mucho más avanzado en lo social, lo económico, lo

democrático y en el respeto de los derechos humanos… A estas alturas todos ustedes habrán ya adivinado que hablo de España.

Entonces: ¿Qué es lo que hace que una revolución triunfe? ¿Qué provoca que un cambio radical en una sociedad injusta se mantenga en el tiempo? Varios son los factores a tener en cuenta. Uno de ellos, quizás el más importante, es que esta revolución ha de crear un marco determinado. Un marco de estabilidad que asegure el crecimiento, el respeto y la protección a todos los ciudadanos que forman esa sociedad.

En España ese marco también se materializó en la redacción, la ratificación por el pueblo y la promulgación de una constitución. Una constitución que establecía un Estado social y democrático de derecho cuyos valores fundamentales eran la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la libertad.

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PrevenirNo sé lo que sucederá el día 27, pero creo que el caudillo dará otro paso adelante

sea cual sea el resultadoFÉLIX DE AZÚA 15 SEP 2015 - 00:00   CEST

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Tras ver a las obedientes masas de separatistas catalanes haciendo coreografías por la Meridiana, me vino a la memoria un célebre fragmento de Benjamin que, en la traducción de Jesús Aguirre, dice así:

“La humanidad que antaño, en tiempos de Homero, era objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Ese es el esteticismo de la política que el fascismo propugna”.

Mucha gente se enfadó con Felipe González porque encontraba similitudes o analogías en la carrera de Artur Mas y la de los caudillos totalitarios de los años treinta. No se engañen. Las diferencias son las que impone la técnica política actual. Del mismo modo que el Papa tiene que tragarse el divorcio, Mas y sus secuaces han de tragarse la democracia. No duden, sin embargo, que, de ver la posibilidad, mostrarían su auténtico rostro, el de golpistas.

No sé lo que sucederá el día 27, pero creo que el caudillo dará otro paso adelante sea cual sea el resultado. No puede perder porque podría acabar en la cárcel por corrupto. De modo que impondrá su voluntad, que es lo propio de los caudillos.

Ante esa eventualidad, y siendo así que los políticos democráticos españoles jamás se han enfrentado a los nacionalistas sino que han hecho negocio con ellos, creo de la mayor urgencia comenzar a preparar un partido unionista o españolista de origen popular que exija la devolución de Cataluña a España el mismo día de su independencia.

O bien un partido que plantee la necesidad de que Barcelona sea una ciudad independiente y deje de ser la ubre que alimenta a las comarcas catalanas.

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DeslumbradoLa democracia y el derecho de los pueblos a decidir, impulsados no con violencia sino solo con la lógica irrebatible, conducirán inevitablemente a la independencia

La poca capacidad de maniobra que se desprende de su cintura compacta te obliga a imaginar a Oriol Junqueras como una de esas máquinas industriales, una apisonadora o una excavadora, tal vez un tractor, cuyo mecanismo es tan rudimentario que, una vez arrancado, no hay forma de que se pare o se rompa. El motor de Junqueras solo

tiene dos posiciones en la caja de cambios: punto muerto y avante, sin marcha atrás. Si uno deja de lado su apariencia física y analiza la mecánica de su pensamiento parece que el cerebro de Junqueras también tiene solo dos teclas, off y on, al servicio de un sistema binario, cero y uno, si y no, menos y más. Lo que Junqueras tiene de excavadora le sirve para escarbar en la historia de Cataluña hasta las entrañas de Wifredo el Velloso, pero no más abajo, en cuyo último estrato hallaría al mono común partiéndose de risa; su apisonadora mental la usa para allanar cualquier obstáculo que se interponga en el camino hacia un horizonte donde se balancea como una cucaña el ideal de una patria independiente. Según su discurso contundente, inflexible y obcecado, la soberanía de Cataluña es una empresa bien sencilla que podrá alcanzarse solo a fuerza de silogismos. La democracia y el derecho de los pueblos a decidir, impulsados no con violencia sino solo con la lógica irrebatible, conducirán inevitablemente a la independencia como el río apacible que desemboca en el mar. Todo lo que la actitud política de Artur Mas tiene de tragicomedia ratonera con puertas que se abren y se cierran entre el enredo y el esperpento al borde del abismo, en el cerebro de Junqueras la independencia de Cataluña es un sueño deslumbrado en el que él se ve subido en el tractor de sí mismo entrando libre y feliz en la tierra prometida. El motor de Oriol Junqueras es tan simple que incluso podría funcionar bajo el agua

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Maduro, el preso de Leopoldo López

Si la OEA envía una misión de observación electoral, Maduro pierde, la democracia vuelve y la libertad triunfa

Imaginemos una pesadilla fantasmagórica. El Presidente Trump inicia la deportación violenta y brutal de millones de latinos, mientras marca y derrumba con tractores las casas de los que hablamos español. Pero va más allá, dictamina la expulsión del periodista Jorge Ramos por no ser “imparcial”, detiene a Gobernadores opositores que protestan contra sus medidas y confina en el cuartel militar de Fort Benning a la líder opositora Hillary Clinton.

La pesadilla se pone peor. La OEA, convocada por México, rechaza tratar el tema porque la mitad de los países respaldan a Trump, o prefieren cobardemente “abstenerse”, condonando este abuso de lesa humanidad.

Esta situación no es imaginaria. Un Presidente en funciones, con pelo negro y no rubio-rojo, con bigote, en castellano y de verdad, acaba de ejecutar estas acciones en Venezuela contra colombianos en la frontera; abusos que hace tiempo comete contra alcaldes, opositores democráticos, periodistas y el pueblo entero dentro de su país. El muro represivo de Maduro, siempre interno y ahora externo, está marcando una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia.

Medios de prensa han comparado las imágenes de Cúcuta con las de gente de Siria escapando a Europa. Pero allá huyen voluntariamente de la violencia, en Venezuela están siendo expulsados a golpes, separando a padres de hijos, a niños de sus madres, a familias de sus enseres, a dos pueblos hermanados por la geografía y la historia. Es inadmisible que la monolítica unidad latinoamericana que reprocha las propuestas xenófobas de Trump, calle ante las acciones crueles de Maduro, quien está implementando hoy lo que el magnate inmobiliario promete para mañana.

El muro represivo de Maduro, siempre interno y ahora externo, está marcando una de las páginas más vergonzosas de nuestra historiaEs triste constatar como los resabios de la poderosa petro-chequera venezolana todavía pueden amedrentar la defensa de la democracia en la OEA, chantajear la paz en Colombia y reprimir a valerosos líderes opositores como Leopoldo López. Este símbolo icónico condiciona el accionar del régimen de Maduro en Venezuela hace mucho tiempo. Dicen que Leopoldo está detenido por el régimen de Maduro hace año y medio. La verdad está en las antípodas: Maduro está preso de la valentía y el coraje de Leopoldo.

Es así. Un régimen decrépito, moribundo y agonizante que destrozó el país más rico de nuestra América; que se dice “Bolivariano” mientras expulsa a colombianos; que pregona “socialismo” mientras los pobres pasan penurias, los mercados están vacíos de productos y las cuentas bancarias de los gobernantes se llenan en el exterior; que pregona

democracia mientras instaura una dictadura. Pues ese régimen está periclitando y temblando ante un hombre, ante su voluntad inquebrantable y su lucha que no claudica. Hace tiempo que Maduro está recluido y Leopoldo más libre que nunca.

Venezuela sufre una inflación desbocada, una criminalidad escalofriante, un desabastecimiento Subsahariano y una represión norcoreana. Por eso, Maduro intentó postergar las elecciones parlamentarias de Diciembre. La huelga de Leopoldo y Ceballos le torcieron el brazo: se vota el 6 de diciembre. Para no ser derrotado Maduro intentó todo y nada funciona: inhabilitación de adversarios políticos, agresión externa a Guyana y ahora expulsión de colombianos. Todo fue infructuoso, si la OEA envía una misión de observación electoral Maduro pierde, la democracia vuelve y la libertad triunfa.

Es inadmisible que la monolítica unidad latinoamericana que reprocha las propuestas xenófobas de Trump, calle ante las acciones crueles de Maduro

Este 10 de Septiembre se define la situación judicial de Leopoldo, no apegada al derecho sino bajo dictamen del capricho. El régimen necesita, sin prueba alguna, ampliar la fenecida inhabilitación administrativa de Leopoldo hacia una de tipo penal y política, que infructuosamente intente eliminar la viabilidad electoral del hombre que lo puede derrotar democráticamente.

Todo estaba listo el 4 de septiembre para sentenciarlo, pero Maduro titubeó y no jaló el gatillo jurídico: si condena duramente a Leopoldo pierde votos para comicios del 6 de diciembre, si lo libera también pierde. Maduro, el rehén de Leopoldo, difirió la sentencia una semana para ver las encuestas, preguntar a la Habana, consultar con su jefe Diosdado Cabello (el Presidente del Congreso que manda en Venezuela hasta que pierda su cargo en las elecciones venideras) y pedir auxilio a Brasil y Argentina. Leopoldo está en Ramo Verde, pero el preso es Maduro.

Si la OEA envía una misión de observación electoral Maduro pierde, la democracia vuelve y la libertad triunfa

La situación es crítica pero el desenlace predecible. Leopoldo quedará libre: esta semana jurídicamente, el 6 de diciembre electoralmente, o una semana antes que Maduro escape y pida asilo en Teherán o Pyongyang. Así será. Lo dijo Nelson Mandela: todo parece imposible hasta que se lo logra.

Hace doscientos años parecía imposible, hasta que un venezolano montó su caballo, atravesó los Andes y nos legó libertad e independencia a cinco países sudamericanos. Ocho generaciones después otro venezolano, descendiente del Libertador, trepó las paredes de su celda en Ramo Verde, golpeó los barrotes de la ventana y gritó “estamos del lado correcto de la historia”.

Por eso, aunque parezca imposible, Leopoldo lo va a lograr: cambio y democracia para su Patria Venezuela y ejemplo de libertad para América Latina.

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Maduro, entre Galtieri y El AssadColombianos y venezolanos son rehenes del régimen chavista

Una familia colombiana cruza el río Táchira. / MIGUEL GUTIÉRREZ (EFE) Enviar Imprimir

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Era 1981 en Argentina. Viola es presidente, un general. El régimen era brutalmente represivo pero débil. Las funciones y los cargos de gobierno estaban divididos en tres tercios, uno por cada rama de las Fuerzas Armadas. Ello incluía las tareas represivas, tanto como la distribución del botín robado en las casas de los desaparecidos. Era un incentivo para la fragmentación y la disputa que por supuesto quebró la cadena de mando.

El jefe del ejército era Galtieri, quien involucró a la fuerza con los contras nicaragüenses y en la guerra civil de El Salvador. Eso para que la Administración Reagan lo recibiera en Washington, el objetivo de todo funcionario que se precie de tal. Tuvo éxito, tanto que el entonces Secretario de Seguridad Nacional, Richard Allen, lo describió como “un general majestuoso”. Galtieri le creyó y ese diciembre removió a Viola con un golpe de Estado.

Además de politizadas, las Fuerzas Armadas eran ineptas. El gasto público estaba fuera de control, la inflación, persistente en los tres dígitos y la economía, en contracción. YPF tenía la exclusividad de ser el único monopolio estatal de petróleos en el mundo consistentemente en rojo durante el boom petrolero de los setenta. Para dar una idea del tamaño de la ineptitud.

La sociedad había comenzado a expresar su descontento. Ignorando el Estado de Sitio se formó la Multipartidaria, en demanda de “una transición democrática”, y el viejo músculo sindical volvió a las calles. Ante eso, Galtieri recurrió a una remanida estrategia: producir una crisis internacional para olvidar los problemas internos y cohesionar a la sociedad alrededor de su liderazgo.

Fue la guerra de las Malvinas, islas cuya recuperación era y es la reivindicación nacionalista más sentida en la historia del país. Con tanta majestuosidad y habiendo hecho el trabajo sucio en América Central, discurría Galtieri en sus largas vigilias bélicas que acompañaba con escocés en las rocas, Estados Unidos lo apoyaría, la flota británica no abandonaría el Mar del Norte y él podría convertirse en la mismísima resurrección de Perón. No sucedió exactamente así. El resto de la historia es conocido.

Galtieri es más que metáfora, a propósito de militares politizados e ineptos. Durante quince años, las disputas entre las instituciones militares, policiales y de inteligencia venezolanas han sido leyenda, ello sin mencionar las paraestatales, los colectivos armados. Buena parte de esas disputas es sobre el control de las rutas del contrabando y el narcotráfico, el botín de la ilegalidad. Maduro, sin embargo, culpa a los colombianos residentes en Venezuela de ello y ha procedido a militarizar y cerrar la frontera. La crisis internacional está en marcha. La foto de los puentes militarizados sobre el río Táchira evoca otra frontera, la del “Puente sin retorno” entre las dos Coreas. Que a nadie se le escape una bala.

Maduro produce una crisis internacional para (intentar) resolver una de sus crisis internas: acallar cualquier repercusión de la inminente sentencia a Leopoldo López

Como Galtieri, Maduro produce una crisis internacional para (intentar) resolver alguna de sus múltiples crisis internas: acallar cualquier repercusión de la inminente sentencia a Leopoldo López; que la prensa deje de mostrar las colas para conseguir comida; declarar el Estado de Excepción total o parcial en Táchira y otras zonas cercanas, y postergar o suspender las elecciones del 6 de diciembre. Como se la mire, es una crisis que le conviene.

Pero Maduro va mucho más allá. La siguiente foto de esta historia es de esos mismos colombianos cruzando el Táchira a pie, con el agua en la cintura y sus enseres a cuestas, hombres, mujeres, ancianos y niños. Y la tercera foto es de sus casas rodeadas por fuerzas militares y con una gigantesca “D” pintada en la puerta, para indicar la orden de demolición. Casi un relato bíblico o la historia del fascismo, según se prefiera.

Esto diferencia a Maduro de Galtieri y lo asemeja a El Assad. El régimen chavista produce una crisis internacional humanitaria con desplazados y refugiados. La magnitud de esa crisis no es comparable a la de Siria, pero en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad la cuestión no es de cantidad. Una expulsión colectiva no es una deportación para el derecho internacional. Los expulsados no lo son

por su status inmigratorio, una condición individual, sino por un dato de su identidad, su nacionalidad.

Venezuela viola así normas del derecho internacional y diversos tratados internacionales, todos ratificados por las Naciones Unidas. Entre ellos debe destacarse la obligación de la comunidad internacional de intervenir ante masivas violaciones, principio aprobado en 2005 en la propia Asamblea General. Esto importa en relación al rechazo de Venezuela a tratar el tema en la OEA, siendo miembro actual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y contando con el apoyo de Brasil, entre otros, país que aspira a un asiento permanente en un Consejo ampliado. El sinsentido latinoamericano.

Con esta crisis Maduro también se ha cargado a Colombia y no solo en la OEA. Mientras es garante de un plan de paz entre colombianos, abusa de colombianos y tiene seis millones que residen en Venezuela, todos potenciales rehenes. Maduro debe ser neutralizado cuanto antes para evitar que la crisis humanitaria en curso se convierta en catástrofe, es decir, antes que su parecido con El Assad se acentúe. En Siria, el desplazamiento forzado de la población civil ha sido parte de la táctica militar usada contra los rebeldes y, como tal, un crimen de guerra. Tal vez para el régimen chavista también termine siendo eso.

Además, el régimen tiene muchos más rehenes, otros 25 millones de oprimidos ciudadanos venezolanos, sin derechos ni alimentos y victimizados por una criminalidad fuera de control. Al borde de una crisis humanitaria, ellos también son refugiados.

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La democracia (débil) en AméricaLa década de prosperidad fomentó un clientelismo destinado a perpetuar a los Gobiernos en el poder. Pero hay esperanza: la sociedad civil, cada vez más vibrante, toma las calles. De Quito a Caracas, de São Paulo a Guatemala

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Protesta en Ciudad de Guatemala para pedir la dimisión del presidente Otto Pérez. / JOHAN ORDÓÑEZ (AFP)

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La democracia decae. Así lo sugieren desde hace algún tiempo elClub de Madrid, Freedom House y el National Endowment for Democracy, entre otros. Al concluir la tercera ola, hemos sido testigos de una paulatina “recesión democrática”, en palabras de Larry Diamond. La

prolongada crisis económica europea, el resurgimiento de los nacionalismos y los partidos xenófobos, el fracaso de la primavera árabe y, como contraparte, la estabilidad alcanzada por diversas autocracias hablan de un clima global inhóspito para la democracia.

En América Latina es más que eso, sin embargo. La narrativa de los ochenta estuvo marcada por los derechos humanos y la transición. El argumento de los noventa fue sobre las democracias delegativas, iliberales e híbridas, construcciones conceptuales que enfatizaban la robustez de los procesos electorales, no obstante sus déficits en las áreas de derechos ciudadanos y separación de poderes. Ese lenguaje es hoy insuficiente: la noción de recesión democrática no describe la regresión autoritaria en curso.

Dicha regresión no puede comprenderse desconectada del efecto de precios favorables de la última década. A muchos gobiernos democráticamente electos, el boom de las materias primas les aseguró términos de intercambio históricos y recursos fiscales sin precedentes. Los usaron para aumentar la discrecionalidad del Ejecutivo, financiar máquinas clientelares de profunda capilaridad en la estructura social y extendidas en el territorio y, de este modo, buscar la perpetuación en el poder. Es paradójico que la prosperidad de este siglo haya dañado las instituciones democráticas más que la crisis de la deuda y la hiperinflación del siglo anterior. Eso invita a repensar la teoría.

La clave de este deterioro ha sido la reforma constitucional, un verdadero virus latinoamericano que no reconoce fronteras ni ideologías. Lo hicieron los de la izquierda, los de la derecha y los (mal llamados) populistas. Lo hicieron todos, y todos con el objetivo de

quedarse en el poder más tiempo del estipulado al llegar al poder. De un periodo a dos, de dos a tres y de tres a la reelección indefinida. La regresión autoritaria se ha hecho así inevitable. Un presidencialismo sin alternancia no puede sino adquirir rasgos despóticos.

El desafío provendrá de la población joven, más educada que sus mayores, pero también más desempleada

No es la reforma per se el problema, sino que la constitución se convierta en un traje a la medida del presidente de turno, un conjunto de normas con su apellido y escritas con su pluma. La pérdida de la neutralidad de las reglas de juego diluye la noción de igualdad ante la ley y erosiona la separación de poderes, el debido proceso y las garantías individuales, principios que le dan sentido a vivir en democracia. No sorprende entonces las subsiguientes restricciones a la libertad de prensa y la intimidación a jueces y fiscales independientes, prácticas frecuentes en la región. Es el menú completo de la manipulación.

La democracia es un contrasentido en ausencia del Estado de Derecho. Es difícil impartir justicia y proteger libertades y derechos sin una normatividad jurídica objetiva, neutral, impersonal y equitativa. Ni que hablar de la capacidad decreciente del Estado para monopolizar los medios de la coerción, cuya consecuencia inmediata ha sido la exacerbación del crimen organizado y la corrupción, síntomas gemelos de la degradación institucional.

Es casi un nuevo tipo de régimen político que ha tomado forma. En él, la corrupción es, justamente, el componente central de la dominación. Es mucho más que el acto ilegal de quedarse con dineros públicos. La corrupción hace las veces de partido político: selecciona dirigentes, organiza la competencia electoral y ejerce la representación—y, sobre todo, el control—territorial. Cristaliza de este modo la post-democracia latinoamericana.

El reto del futuro es que el ciclo económico ha cambiado. La desaceleración producirá un crecimiento más que modesto en los próximos años, y ello sin contar los serios problemas macroeconómicos de algunos países; Venezuela, Argentina y Brasil, en orden de gravedad. América Central tendrá desequilibrios en el sector externo por la disminución del subsidio de Petrocaribe y la merma de las

exportaciones a Venezuela. El Caribe, a su vez sobre endeudado, sufrirá los aumentos de tasa de interés en Estados Unidos.

Las reformas constitucionales son el virus latinoamericano: las hicieron todos, izquierdas y derechas, para retener el

poderLas dificultades económicas pondrán presión sobre el sistema político. Si, además, el poder de las instituciones democráticas está diluido, la volatilidad macroeconómica bien podría derivar en una intensificación del conflicto social. Las voces que más se escucharán serán las de las nuevas clases medias, esos 70 millones de personas que dejaron la pobreza pero que son especialmente vulnerables ante cambios bruscos en la economía y el empleo. El gran desafío provendrá de la población joven, más educada que sus mayores pero también más desempleada. No es casual que ellos sean los más desafectados del proceso político. La frustración social podría generalizarse.

O tal vez no y, por el contrario, allí resida la gran oportunidad, la consecuencia no buscada (concepto acuñado por el gran Albert Hirschman) del boom y el clientelismo redistributivo. Ocurre que esas nuevas clases medias ya no quieren ser clientes, súbditos, piezas desechables de la maquinaria de la perpetuación. Son ciudadanos, reclaman sus derechos, detestan la corrupción, demandan calidad institucional, tienen voz y capacidad de acción colectiva, resisten la posdemocracia. Eso es lo que se ve en estos días en las calles de São Paulo, Caracas, Quito, Ciudad de Guatemala y San Miguel de Tucumán.

América Latina sigue siendo ella misma: poco Estado, un fragmentado sistema político, instituciones inexistentes y mucha, muchísima sociedad civil, cada vez más vibrante. Después de la ola bolivariana y tanta perpetuación habrá que volver a empezar. La buena noticia es que es en esas calles latinoamericanas donde soplan los nuevos y buenos aires democráticos del futuro.

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Carter en América Latina

Tras mucho desinterés, su presidencia puso a la región en la agenda estadounidense

DIEGO GARCÍA-SAYAN 27 AGO 2015 - 21:13   CEST

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Jimmy Carter

 

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Con 90 años cumplidos, hace cinco semanas a Jimmy Carter se le veía no sólo lúcido, sino en buen estado físico. Algunos latinoamericanos invitados por el Centro Carter participábamos en Atlanta en un conversatorio entre expresidentes, exministros, el actual Secretario General de la OEA y otros latinoamericanos sobre los actuales retos

para la democracia en la región. Las concisas pero claras reflexiones de Carter venían no sólo de alguien con larga experiencia, sino que estaban muy al día y con buena información.

Ninguno de los presentes —y, al parecer, tampoco Carter mismo— sabía del agresivo melanoma en el cerebro e hígado que lo afectaba. A los pocos días, la prensa mundial lo tenía a Carter informando —en la misma sala en la que nos habíamos reunido días antes— sobre su delicado estado de salud. Primero lo primero: la esperanza de que los males que lo aquejan puedan ser controlados y que el tratamiento que está recibiendo tenga éxito.

El Carter expresidente y conductor del Centro Carter ha aportado mucho en el ansia democratizadora de la regiónCarter recibió en 2002 el premio Nobel de la Paz por “sus décadas de incansables esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, hacer avanzar la democracia y los Derechos Humanos, y promover el desarrollo económico y social”. Al entregar la distinción, el presidente del Comité del Nobel, Gunnar Berge, en inesperado y agudo comentario le dijo: “Probablemente no pasará a la historia de América como el presidente más efectivo, pero seguramente es el mejor expresidente que su país ha tenido nunca”. Recogiendo el guante, y sin perder el sentido del humor, el propio Carter comentó algún tiempo después: “No puedo negar que como expresidente soy mejor de lo que fui como presidente”. Berge y Carter tenían algo de razón. Pero una aproximación rigurosa a la historia detecta importantes logros de una presidencia orientada a establecer el equilibrio en las relaciones internacionales y hacer valer los valores y estándares de derechos humanos.

Carter fue en ello un impulsor excepcional. Por ejemplo, con el primer acuerdo de paz entre Egipto e Israel en los acuerdos de Camp David (1978) o por la presión consistente sobre la URSS y sus satélites europeos para que cumplieran con sus compromisos en derechos humanos. O por el histórico establecimiento de relaciones diplomáticas con China en 1979, seguido de la visita de Deng Xiao Ping a Washington. Cierto que en el otro platillo de la balanza pesaron —y siguen pesando— el infortunado manejo de la relación con el entonces sha de Irán y, después, la crisis de los rehenes en la embajada de EE

UU en Teherán. También la recesión económica / crisis energética con la que terminó su gobierno.

Pero es en América Latina en donde la tenacidad democrática de Carter se ha sentido con más claridad. Después de un decenio de desinterés, su presidencia puso a Latinoamérica en la agenda estadounidense. Tres hitos. Uno: canal de Panamá, tratado Torrijos-Carter que acabó con más de 70 años de intrusión y humillación en territorio latinoamericano. Dos, el principal paso para la normalización de las relaciones con Cuba hasta Obama-2014: apertura de las secciones de intereses y flexibilización de algunos ingredientes del embargo. Tres: tenaz afirmación de valores democráticos frente a regímenes dictatoriales. Por ejemplo, radical enfriamiento con Pinochet después del asesinato en Washington del excanciller Letelier en 1976.

El Carter expresidente y conductor del Centro Carter ha aportado mucho en el ansia democratizadora de la región, por ejemplo con el énfasis en la transparencia electoral promoviendo buenas conductas o en su gestión activa en crisis políticas. Por ejemplo, presencia protagónica ante la fraudulenta re-re-elección de Fujimori (Perú, 2000), activo papel de Carter en la retirada del gobierno de general golpista Raoul Cedras (Haití, 1994) o seguimiento activo de las crisis políticas en Venezuela.

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Derecho y deber de exigirFERNANDO CUESTA GARRIDO Vitoria 16 AGO 2015 - 00:00   CEST

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Toda persona que autoriza, con su voto, a que se administren los recursos públicos tiene el derecho y el deber de pedir cuentas. Todo ciudadano tiene la obligación de exigir a los mandatarios, elegidos democráticamente, resultados acordes a las propuestas planteadas.

Los mandatarios, por su parte, tienen la obligación de rendir cuentas ante los ciudadanos. Ellos tienen un deber con las personas que les han elegido, que no es otro que mejorar el Estado de bienestar a través de los programas electorales que diseñaron. Quienes no cumplan con su deber y obligación, sean ciudadanos o políticos, estarán contribuyendo al deterioro de la sociedad. Estarán desvirtuando el concepto de la democracia.— Fernando Cuesta Garrido.