TEMA 9.- LA EVOLUCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LA II REPÚBLICA. LA

CONSTITUCIÓN DE 1931. POLÍTICA DE REFORMAS Y REALIZACIONES

CULTURALES. REACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS.-

Entre 1931 y 1936 emergieron a la superficie todos los problemas profundos del

país, irrumpiendo súbitamente en el peor momento, cuando la crisis económica de 1929

se dejaba sentir en España, provocando una gran tensión social que agravó la lucha de

clases; este en sí mismo era grave, pero aún más, cuando en el entorno internacional

existían dos totalitarismo en auge, el fascismo y el comunismo, que se aprestaban a dar

la batalla definitiva. Y es que la historia del siglo XX ha consistido, en buena medida,

en un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución.

La Segunda República fue un intento de solución democrática a la crisis del

Estado liberal español, y a la vez era una etapa final del proceso de disolución del

sistema de la Restauración, dentro de un contexto internacional de crisis de las

democracias y auge del totalitarismo.

I.- LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA (14 ABRIL 1931).-

El último Jefe del Gobierno de la Restauración, el almirante Juan Bautista

Aznar, tras conocer los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931,

afirmó que “España se había acostado monárquica y se levantó republicana”. Esto fue

porque todos eran conscientes que el voto urbano era más libre y alejado del

caciquismo, y porque los partidos republicanos en sus programas electorales hicieron

ver que se trataba de una consulta sobre el régimen de gobierno.

Todos los ministros del gobierno Aznar (excepto La Cierva) hicieron

comprender al propio Rey que la caída de la Monarquía era inevitable. Durante los días

13 y 14 Alfonso XIII estuvo evaluando el respaldo con que contaba, sin encontrar apoyo

si quiera en las fuerzas armadas. Consciente de sus pocos apoyos en el país, suspendió

voluntariamente el ejercicio del poder real, y se encaminó discretamente hacia

Cartagena, embarcando rumbo a Marsella e irse al exilio.

“ Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no

tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será

definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en

el interés público hasta en las más críticas coyunturas.

Un Rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que

nuestra patria se mostró siempre generosa ante las culpas sin malicia.

Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios

sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra

los que las combaten; pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea

lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil.

No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos

acumulados por la Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta

rigurosa. Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva.

Mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder

Real reconociéndola como única señora de sus destinos.

También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria.

Pido a Dios que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los

españoles”

Alfonso, Rey.”

Manifiesto de abdicación de D. Alfonso de Borbón (publicado en el diario ABC el 17

de abril de 1931)

Madrid, 14 de abril de 1931

II.- GOBIERNO PROVISIONAL.-

Ante la carencia de Jefe del Estado y con una República que había nacido el día

14, hacía falta un gobierno que mantuviera el equilibrio entre las diferentes fuerzas

políticas, pero además buscando el equilibrio regional de vascos, gallegos y catalanes.

Para ello se formó un Gobierno Provisional de la República, que estaba formado por

hombres de tendencias moderadas (muchos de ellos miembros del Pacto de San

Sebastián), de extracción medio-burguesa la mayoría de ellos, y partidarios de realizar

las reformas por vía democrática y legal (no violenta ni revolucionaria); muchos de

ellos eran pertenecientes a la masonería.

Este Gobierno Provisional fue consciente de dos aspectos fundamentales: que al

asumir el poder sin haber mediado elecciones legislativas previas, desconocían el

respaldo real del pueblo al nuevo régimen, ni a cada una de las fuerzas que lo

componían; por lo que tenían que convocar elecciones constituyentes. El otro aspecto

era la necesidad de consolidar de forma urgente la naciente República y solucionar los

problemas generados durante siglos (el religioso, el de la propiedad agraria y el

regional) ante la presión social. Un gran reto que, siendo en sí mismo revolucionario, se

quiso abordar por medio de reformas realizadas a través de leyes.

Tras la breve etapa del gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá

Zamora, a su frente apareció, tras las elecciones del 28 de junio de 1931 que vieron un

gran triunfo de la izquierda, una coalición republicana-socialista encabezada por

Manuel Azaña, un intelectual poco conocido, de talante agrio pero de hondo sentido de

lo español.

Niceto Alcalá Zamora Manuel Azaña

Reparto de escaños tras las elecciones de 1931

La comisión encargada de elaborar la Ley fundamental realizó un texto, que se

aprobó el 9 de diciembre, en el que se designa a España como una “República

democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y

justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye

un Estado integral, compatible con la autonomía de las regiones y de los municipios”.

Se reconocía la soberanía popular, y el sufragio universal masculino y

femenino (tras un largo y complejo debate en las Cortes, Clara Campoamor obtuvo el

derecho de voto para las mujeres recogido en el artículo 36). Contenía una extensa

declaración de derechos y libertades, como el divorcio, la equiparación de hijos

legítimos e ilegítimos, y el derecho a la educación. En cuanto a los poderes del Estado

podemos observar la división de ellos:

o Poder legislativo quedó en manos de unas Cortes unicamerales

(controla al Gobierno; la legislatura tiene una duración de cuatro años).

o Poder ejecutivo Presidente de la República (Jefe del Estado) con escasos

poderes (elegido por los diputados -y no directamente por los

electores- por un periodo de seis años; nombra y separa

libremente al presidente del gobierno; puede disolver las Cortes

hasta un máximo de dos veces).

Jefe de Gobierno, nombrado por el Presidente pero que debía

contar con la aprobación de las Cortes (refrenda las decisiones

del presidente de la República).

o Poder judicial en manos de los tribunales de justicia. Por primera vez

se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, para velar por la

posible inconstitucionalidad de las leyes.

Se reconocían las autonomías de las regiones y se establece como un estado

laico: separación de la Iglesia y el Estado, desaparición del presupuesto dedicado al

culto y clero católico, y prohibición del derecho de ejercer la educación.

“Art. 1º.- España es una República democrática de trabajadores de toda

clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de

todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado

integral, compatible con la autonomía de las regiones y de los municipios.

La bandera de la República es roja, amarilla y morada

Art. 2º.- Todos los españoles son iguales ante la ley

Art. 3º.- El estado español no tiene religión oficial…

Art. 4º.- El estado español... estará integrado por Municipios

mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en

régimen de autonomía.

Art. 6º.- España renuncia a la guerra como instrumento de política

nacional.

Art. 7º.- El Estado español acatará las normas universales del Derecho

internacional, incorporándolas a su derecho positivo.

Art. 11º.- Si una o varias provincias limítrofes, con características

históricas, culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en

región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del

Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo que establece el

artículo 12...

Art. 25.- No podrán ser fundamento de privilegios jurídicos la naturaleza,

la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, las

creencias religiosas...

Art. 26º.- Todas las confesiones religiosas serán consideradas como

Asociaciones sometidas a una ley especial. El estado, las regiones, las

provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán

económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una

ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del

presupuesto del Clero...

Art. 34º.- Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y

opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión; sin sujetarse a la

previa censura …

Art. 36.- Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años,

tendrán los mismo derechos electorales conformen determinen las leyes…

Art. 40.- Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los

empleos y cargos públicos, salvo las incompatibilidades que las leyes

señalen.

Art. 48.- La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. La enseñanza

será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se

inspirará en ideales de solidaridad humana.

Art. 51.- La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce mediante

las Cortes y/o el Congreso de los Diputados

Art. 90.- Corresponde al Consejo de ministros, principalmente, elaborar los

proyectos de ley que haya de someter al Parlamento, dictar decretos,

ejercer la potestad reglamentaria...

Art. 94.- La Justicia se administra en nombre del Estado... Los jueces son

independientes en su función. Solo están sometidos a la ley.”

Constitución de la Segunda República española (9 de diciembre de 1931)

III.- BIENIO REFORMISTA O AZAÑISTA (DICIEMBRE 1931 –

SEPTIEMBRE 1933).-

La coalición gubernamental, que Azaña encabezó en dos ocasiones, abordó en

esta legislatura los que creía que eran los grandes problemas del país; para ello elaboró

un cuádruple proyecto para reconstruir a España a través de las reformas del campo, del

ejército, de la religión y la autonomía. Azaña y sus gobiernos querían expropiar los

latifundios y repartir las tierras entre los campesinos, crear un ejército profesional,

democrático y obediente al poder civil, limitar la influencia de la Iglesia, secularizar la

vida y promover una educación laica, y por último rectificar el centralismo central

concediendo las autonomías.

“El nuevo régimen se instauró sin causar víctimas ni daños… La República

venía realmente a dar forma a las aspiraciones que desde los comienzos del

siglo trabajaban el espíritu público, a satisfacer las exigencias más

urgentes del pueblo. La sociedad española ofrecía los contrastes más

violentos… La República, como era su deber, acentuó la acción del Estado

… Con socialistas ni sin socialistas, ningún régimen que atienda al deber de

procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas,

podía dejar las cosas en la situación en que las halló la República.”

Manuel Azaña: Causas de la guerra de España

Las medidas reformadoras del gobierno polarizaron (llevaron al extremo o

radicalizaron) la vida política, en parte por la resistencia que a las reformas hicieron los

sectores afectados por ellas, pero también por el escaso acierto político con que se

plantearon (en tanto que no buscó un consenso), y por la agresividad y doctrinarismo

que inspiraron algunas medidas y en particular la política religiosa.

1.- Reforma militar.-

Hemos dicho anteriormente que el deseo de Azaña, que durante el gobierno

provisional fue ministro de la guerra, fue crear un ejército profesional que fuera

democrático y fiel al poder civil (por ello se les exigió fidelidad a la República y

a la Constitución).

Se quiso acabar con la macrocefalia de altos cargos, con la reducción del número

de jefes y oficiales, para lo que se cerró la Academia General Militar de

Zaragoza (que en ese momento estaba dirigida por Franco); y se suprimieron

cargos militares tradicionales (como capitán general y gobernador militar en las

provincias) y se racionalizó el sistema de ascensos y escalas (por lo que se creó

el cuerpo de suboficiales y se suprimió el sistema africano de ascensos), junto

con la eliminación de algunos regimientos para hacerlo más operativo.

La reforma militar fue técnicamente excelente y respondía a las necesidades

básicas del ejército, pero no logró sus objetivos: sólo se retiraron 6.500 oficiales

de los 12.000 previstos, provocó además divisiones en el seno del ejército y fue

recibida con reserva y hostilidad. El problema radicó, en gran parte, en que

Azaña la planteó con poca habilidad política o no buscó al menos el consenso

dentro del propio ejército, no mejoró su eficacia y los recortes presupuestarios

impidieron la modernización de material, armamento y equipamiento, que era

una necesidad y que hubiera contrapesado el efecto de las reformas.

La medida reformista fue entendida como un atentado a los derechos de los

militares y una maniobra para dejar indefensa a España. La “sanjurjada” o

levantamiento armado del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932 en Sevilla es

un ejemplo de la opinión militar ante la reforma. El enfrentamiento existente

entre Azaña y la parte más poderosa del ejército (que era la más preparada

técnicamente) tendrá sus consecuencias el 18 de julio de 1936.

Sanjurjo (segundo por la izquierda) en Sevilla el 10 de agosto de 1932

2.- Reforma agraria.-

La reforma agraria, aprobada por ley de 9 de septiembre de 1932 (aunque debido a

la presión de la calle tuvieron que realizar algunas reformas por decreto-ley antes

de que se aprobara la Constitución), consistió, en síntesis, en la expropiación de

latifundios y el asentamiento de campesinos en estas tierras; intentando acabar

con la miseria y atraso técnico que sufría el campo.

"Serán susceptibles de expropiación las tierras incluidas en los

siguientes apartados...Las que por las circunstancias de su adquisición,

por no ser explotadas directamente por los adquirientes y por las

condiciones personales de los mismos deba presumirse que fueron

compradas con fines especulativos o con el único objeto de percibir su

renta...Las que constituyeron señoríos jurisdiccionales y que se hayan

transmitido, hasta llegar a sus actuales dueños, por herencia, legado o

donación... las incultas o manifiestamente mal cultivadas".

Ley de Reforma Agraria, 1932

Técnicamente fue muy difícil por la estructura de la propiedad de la tierra y

complejidad de los sistemas de arrendamientos. De hecho hubo disensiones

dentro del gobierno, que la detuvo hasta verano del 32. Su aplicación tropezó

con la complejidad burocrática y limitaciones presupuestarias del gobierno.

Tuvo un espejismo latifundista, debido al castigo ideológico que hizo a la

nobleza (pues les expropió sin indemnizaciones), pero ignoró los problemas de

los pequeños y medianos propietarios y de los arrendatarios. Hasta finales de

1933 sólo se había expropiado 24.000 hectáreas y asentado a 4.300 campesinos

de los 60.000 previstos.

Esta reforma se unía al Decreto de Términos Municipales (20 abril 1931) por la

que obligaba a los patronos a contratar a jornaleros del propio término

municipal, para evitar la contratación de esquiroles, por parte de los patronos,

que rompieran las huelgas reivindicativas de los obreros; esta medida pretendía

proteger a los trabajadores, pero se olvidaba de los asalariados.

Las reacciones de la patronal agraria con la Ley de Reforma Agraria fueron de

diversa índole: desde la ignorancia de la ley hasta el bloqueo, también se

asociaron legalmente para defender sus derechos (como por ejemplo la Unión

Nacional Económica y el Bloque Agrario). Su estrategia era dificultar el proceso

de implantación a través de una doble acción conjugada (táctica de la tenaza):

retrasando el proceso con recursos legales y enfrentando a los campesinos

descontentos contra la República.

“La única ocasión en que se dan las condiciones políticas adecuadas

para emprender una reforma agraria que afectase a Andalucía en el

seno de u estado liberal democrático es, como se sabe, durante la

Segunda República. No obstante, el propietario rural la había estado

reivindicando desde mucho antes obteniendo como respuesta, en los más

de los casos, la mera represión. … La agricultura tenía gran peso en la

economía del país durante aquella época, lo que confería a los

terratenientes un poder nada despreciable que además supieron

agrandar mediante alianzas con otros sectores sociales de la derecha.

Estas alianzas se vieron facilitadas porque otros problemas tales como

las demandas autonómicas, la crisis económica, los conflictos laborales,

la fuerza del sindicalismo extraparlamentario y el laicismo republicano,

entre otros, se superpusieron a la cuestión agraria aglutinando con ello

a la derecha tradicional que difícilmente iba a transigir a tantas y

profundas reformas simultáneas.”

Pérez Yruela, M. y Sevilla, E.: La dimensión política en la reforma agraria.

Revista de Sociología, nº 16

3.- Reforma territorial.-

Ya la I República quiso abordarlo intentando configurar España como un estado

federal (1873). El problema autonómico se contemplaba en la Constitución, en

los artículos 11 al 22, donde se reconocía el derecho, particular y no general, de

algunas regiones al Estatuto de Autonomía, aunque que para ello debían

cumplirse algunos requisitos como la petición por la mayoría de los municipios

de la región y posterior aprobación en plebiscito por los dos tercios de los

votantes del territorio; finalmente debía ser aprobada por las Cortes. La cuestión

era articular los diferentes territorios peninsulares en una unidad superior, el

Estado español.

Creían en la necesidad de un Estado central fuerte como instrumento de la reforma

democrática del país, y partían de una concepción en la que España era una

entidad unitaria (tanto histórica como cultural) en la que coexistían tres enclaves

particulares: Cataluña, País Vasco y Galicia.

“Es probable que el primer Borbón de España (Felipe V) creyese

resuelto para siempre la divergencia peninsular ... La Dictadura quiso

tratar, y trató el sentimiento nacionalista catalán por la violencia, por la

opresión, por la persecución ... Quien ha confiscado y humillado los

derechos o las libertades … ha sido la monarquía … en provecho propio,

no en provecho de Castilla, que la primera confiscada y esclavizada fue

precisamente la región castellana.

También hay que combatir el prejuicio de la dispersión... no se puede

entender la autonomía... si no nos libramos de una preocupación: que

las regiones autónomas...no son el extranjero; son España, tan España

como lo son hoy;… no es un organismo rival, ni defensivo, ni agresivo,

sino una parte integrante de la organización del Estado de la República

española. Y mientras esto no se entienda así, señores diputados, no

entenderá nadie lo que es la autonomía.”

Discurso de Azaña en las Cortes. 12 de Mayo de 1932. Reelaborado.

El proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, conocido como el Estatuto

de Nuria, fue aprobado en Cortes el 9 de septiembre de 1932 (de forma

precipitada tras la sanjurjada); así se reconocía su antiguo órgano de gobierno, la

Generalitat, un parlamento propio, la lengua catalana como cooficial junto con el

castellano, y unas amplias competencias o atribuciones en orden público,

sanidad, cultura, hacienda, etc.

En el País Vasco el fenómeno era más popular que burgués y más rural que

urbano (a diferencia del catalán), además estaba muy vinculado con lo religioso

por lo que carlistas y nacionalistas del PNV se reunieron en Estella (Navarra)

para redactar un anteproyecto de autonomía. La aprobación en las Cortes de la

reforma religiosa hizo que los diputados vascos se retirasen, por lo que el

estatuto vasco quedó aplazado (su fuerte vinculación con la religión hizo que, a

partir de ese momento, el viejo Reino de Navarra se decantara por el foralismo,

separándose cada vez más de las tesis nacionalistas del País Vasco, de hecho

llegaron a la Guerra Civil en campos enemigos). A pesar de todo se redactó un

nuevo anteproyecto que fue aprobado en las tres provincias vascongadas, aunque

se aprobó en el año 1936.

La Segunda República también vio el renacer del andalucismo, pues en 1933 se

aprobó el anteproyecto de bases para el Estatuto y, en 1936, estaba prevista su

aprobación pero estalló la Guerra Civil.

Esta reforma causó el recelo, si no la oposición, de la derecha, pero sobre todo

en el ejército, que veía peligrar la unidad de la patria, de la que ellos se

consideraban garantes; uno de los motivos de la sanjurjada fue la efervescencia

nacionalista.

4.- Reforma religiosa y educativa.-

España dejaba de ser monolíticamente católica a ser mayoritariamente católica.

La reforma religiosa y educativa fue con mucho la más controvertida y polémica

de las que se realizaron en este primer bienio.

La constitución de 1931 reconocía a España como un país laico, donde existía

separación entre Estado e Iglesia, pero luego hubo una serie de leyes posteriores

que desarrollaron medidas laicistas y secularizadoras, que en algunos casos eran

gratuitamente arbitrarias e innecesariamente agresivas, como la disolución de la

Compañía de Jesús (jesuitas) e incautación de sus bienes en 1932 o la

prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas (Ley de Congregaciones

religiosas, 1933). De hecho provocó un enfrentamiento entre el nuevo régimen y

la opinión católica. La política laicista, más incidentes como la quema de

conventos entre el 10 y 11 de mayo de 1931, y la expulsión del país del

cardenal-primado de España Pedro Segura, provocó la movilización política

general de los católicos contra la República, sobre todo tras la creación a finales

de 1932 de la CEDA (un partido de la derecha católica).

A de las medidas reformadoras fueron la reglamentación laica del divorcio, de

los matrimonios civiles y la secularización de los cementerios; se generalizó un

sistema educativo público y laico; se decretó la libertad religiosa; se suprimió el

presupuesto dedicado al clero y culto católico; y se obligó a las órdenes

religiosas a pagar impuestos.

La Iglesia se mostró reacia a admitir esta legislación, sobre todo, en el tema de

los matrimonios, divorcios y cementerios porque lesionaban sus derechos

históricos, pero sobre todo reaccionó cuando se obligó a suprimir la asignatura

de la religión y a quitar los crucifijos de las escuelas. La Iglesia denotaba cada

vez más su hostilidad y alababa a la fenecida monarquía. Ante esto grupos de

republicanos asaltaron la sede del diario ABC (de carácter monárquico) y se

iniciaron la quema de conventos e iglesias en casi toda España ante la pasividad

del Gobierno y la indiferencia de las fuerzas del orden.

“La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta

manera: España ha dejado de ser católica … Yo no puedo admitir,

señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El

auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la

conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se

formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestros destino.

Este es un problema político, de constitución del Estado … porque

nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la

tutela de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso

contra su voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda

preocupación ultraterrena…”

Discurso de Manuel Azaña en el Congreso de los

Diputados en 1931

“Nosotros admitimos la absoluta separación de la Iglesia y del Estado

como dos sociedades completas y perfectas. Ahora bien, esa separación

ha de ser con una condición que nosotros tenemos que definir en nombre

de una doctrina de la cual no podemos abdicar, y es el reconocimiento

pleno de la personalidad jurídica de la Iglesia … Después de esto,

señores, aprobad la más contradictoria de las Constituciones, la que en

un artículo define la libertad, la que en otro define y garantiza el

derecho de asociación, la que asegura el principio de igualdad; pero a

renglón seguido dice que esa libertad, esa igualdad, y ese derecho de

asociación no existen para aquellos que, en nombre de un ideal que yo

reputo sagrado, se agrupan para cumplir fines de cultura, de

beneficencia ... Nosotros endentemos que el proyecto constitucional es

un proyecto de persecución religiosa; por consiguiente, en esas

condiciones no podemos aceptarlo ... Si se aprueban estas medidas,

insisto que nosotros las acataremos, porque las imponéis vosotros; pero

contra ellas desencadenaremos nuestra ofensiva en el puro terreno legal,

y no nos importará el tiempo, porque tenemos la seguridad del

triunfo…”

Discurso de Gil Robles en el Congreso de los

Diputados en 1931

“Los principios y preceptos constitucionales en materia confesional no

sólo no responden al mínimum de respeto a la libertad religiosa y de

reconocimiento de los derechos esenciales de la Iglesia que hacían

esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirados por

un criterio sectario, representan una verdadera oposición aun a aquellas

mínimas exigencias …Más radicalmente todavía se ha cometido el grave

y funesto error de excluir a la Iglesia de la vida pública y activa de la

nación, de las leyes, de la educación de la juventud, de la misma

sociedad doméstica, con grave menosprecio de los derechos sagrados y

de la conciencia cristiana del país. … De semejante separación violenta

e injusta, de tan absurdo laicismo del Estado, la Iglesia no puede dejar

de lamentarse y protestar, convencida como está de que las sociedades

humanas no pueden conducirse, sin lesión de los deberes fundamentales,

como si Dios no existiese, o desatender a la Religión, como si ésta fuera

un cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva …”

Declaración colectiva del episcopado ante la nueva

Constitución (diciembre de 1931)

En cuanto al esfuerzo educativo y cultural se intentó colocar la educación a

disposición de todos los españoles, por lo que se aumentó en un 50% el

presupuesto, se crearon 10.000 escuelas entre 1931 y 1933 con unos 7.000

maestros, y creó un instrumento para extender la cultura, como fueron las

“misiones pedagógicas”. Pero al suprimir la enseñanza confesional, que

realizaba buena parte de esta labor en los escolares, el gobierno tan sólo

consiguió eliminar buena parte del entramado educativo antes de poder haberlo

sustituido por otro.

Fin del bienio reformista: la polarización de la izquierda y la derecha.-

La política reformista de Azaña, que intentaba arreglarlo casi todo, terminó al

final por traer el descontento de muchos sectores de la población; por eso la oposición a

las medidas reformadoras se generó tanto en la izquierda como en la derecha política,

incluido los socialistas en determinadas cuestiones y anarquistas. Estas reacciones

condujeron a la definitiva polarización política y social de España.

La polarización o posicionamiento extremista de izquierda se hicieron ver en los

anarquistas de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y la UGT (Unión General

de Trabajadores) y la PCE (Partido Comunista de España) -tras su paso desapercibido

por la dictadura- empieza a arraigar en el campo, industrias y minería. Esto llevó al

enfrentamiento armado entre las masas obreras y las fuerzas del orden público (Guardia

Civil y Guardia de Asalto); estos hechos vinieron acompañados de ocupaciones de

tierras, robos de cosechas y destrucciones de todo tipo, y la posterior represión-masacre

de Castilblanco, Arnedo y, sobre todo, Casas Viejas (este último dejó herido de muerte

al bienio).

El posicionamiento extremista de la derecha encuentra sus motivos en el

malestar por las reformas de Azaña, pero también por la torpeza y excesos del Gobierno

en la represión de los motines campesinos, lo que añadía el descontento popular. La

derecha, casi inexistente tras Primo de Rivera, se empieza a organizar y en ella aparecen

grupúsculos de ideología nacionalsocialista y fascista, las JONS (Juntas de Ofensiva

Nacional-Sindicalista) y Falange Española respectivamente.

En ese momento algunos intelectuales mostraron su desilusión con la República,

como hizo Unamuno u Ortega y Gasset que redactó el famoso “no es esto, no es esto”.

“Desde que sobrevino el nuevo régimen no he escrito una sola palabra que

no fuese para decir directa o indirectamente esto: ¡No falsifiquéis la

República! … No: la República en España, o es la que triunfó, la auténtica,

o no será. Así, sin duda ni remisión … Una cantidad inmensa de españoles

que colaboraron con el advenimiento de la República con su acción, con su

voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen

ahora entre desasosegados y descontentos: «¡No es esto, no es esto!». La

República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo”

Ortega y Gasset, diario El Sol

IV.- BIENIO RADICAL CEDISTA (NOVIEMBRE 1933 – FEBRERO 1936).-

El descontento con las medidas del bienio reformista (debido a la tibieza e

ineficacia, radicalismos o sectarismos, errores o duras represiones) debilitó al gobierno

de Manuel Azaña, tanto desde la derecha como de la izquierda política; cosa que fue

aprovechada por José María Gil Robles para reorganizar a las derechas y poder

presentarse a la batalla electoral del 19 de noviembre de 1933 en una coalición política,

y poder aprovechar la coyuntura de un cambio de la ley electoral por parte de Azaña,

por la que se beneficiaba más a las agrupaciones políticas que a los votos dispersos,

aunque no se correspondiera con la proporción de los votos obtenidos en las urnas.

Las bases sociales que apoyaba a la derecha fueron la oligarquía latifundista y

financiera, la patronal, las fuerzas conservadoras (tanto republicanas como

monárquicas) en torno al partido de Acción Popular, liderado por Gil Robles, junto con

la mayoría de los católicos. Todos estos se reorganizaron en la coalición católica CEDA

(Confederación Española de Derechas Autónomas), que aspiraba a revisar y rectificar

las reformas azañistas del bienio anterior, desde la propia legalidad republicana, y

conseguir llegar a una república conservadora; existía un problema debido a la

diversidad ideología e intereses de cada uno de los grupos que formaban esta coalición.

Fuera de ella quedaron las JONS de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, y la Falange

Española de José Antonio Primo de Rivera.

La reacción de las derechas, a lo que entendían como embate de la izquierda

obrerista para implantar su utopía de revolución, fue de un esfuerzo pacífico

encaminado a la creación de una alternativa electoral, que aceptaba y se integraba en el

sistema republicano que hasta ese momento les había sido hostil.

Las elecciones del 19 de noviembre de 1933 supusieron el voto del 67´46% del

censo electoral y la primera vez que votaron las mujeres. Los resultados obtenidos

fueron 3.365.700 votos a la CEDA (39,4%), 3.118.000 a los partidos de izquierdas

(36,5%) y 2.051.500 al partido de centro (Partido Radical, liderado por Alejandro

Lerroux, 24%); la diferencia entre derecha e izquierda era de apenas 250.000 votos,

pero debido al cambio de la Ley Electoral por Azaña, que favorecía más a las

agrupaciones políticas, dieron a la CEDA más del doble de escaños en las Cortes. La

división de la izquierda, debido en gran parte por la radicalización de algunos de sus

grupos, fue motivo para no ganar las elecciones.

Escaños en las elecciones de 1931

El gobierno Radical (desde diciembre de 1933 hasta octubre de 1934).

Los resultados implicaron que no se podía gobernar sin la CEDA ni contra ella,

pero con el apoyo del Partido Radical de Lerroux (de centro); a pesar de estos resultados

el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, no estaba dispuesto a que la

CEDA gobernara y encomendó la misión de formar gobierno al centrista Alejandro

Lerroux (histórico republicano que se había desplazado a la derecha por las actuaciones

de Azaña). Así este elaboró un ejecutivo formados por ministros de su partido, ninguno

cedistas, pero contando con el apoyo parlamentario de estos en las Cortes, lo que se

suponía 372 de los escaños (80%).

En este gobierno se aprobaron medidas como la derogación de la Ley de

Términos municipales (elaborada por Largo Caballero), la devolución de tierras

expropiadas o el aumento de las indemnizaciones a causa de estas expropiaciones (la

contrarreforma agraria), amnistía a los implicados en el intento de pronunciamiento de

Sanjurjo, dotación presupuestaria al clero e intento de un nuevo concordato con la Santa

Sede, se planteó el problema de competencias constitucionales a las autonomías de

Cataluña y País Vasco, etc.

Gobierno Radical-Cedista (desde octubre de 1934 hasta diciembre de 1936)

El día 1 de octubre de 1934 Gil Robles exigió, como muestra de moderación

política pues le correspondía la presidencia o la mayoría de ministerios, la entrada en el

gobierno de Lerroux de algunos ministros procedentes de la CEDA. Sólo entraron tres

ministros de intachable trayectoria en un primer momento, para después ampliarse a un

total de cinco (entre estos últimos Gil Robles tomó la cartera del Ejército). Es lo que

llamamos el gobierno radical-cedista. La CEDA no violó la legalidad republicana, pues

no revisó la constitución de 1931, ni siquiera hubo marcha atrás en las reformas militar

y de educación, y la reforma agraria duró gran parte del bienio; de hecho encontramos

tres actuaciones muy positivas, a propuesta de ministros cedistas como la Ley de

Arrendamientos Rústicos (que facilitaba el acceso de arrendatarios a la propiedad de

tierras), política de promoción de viviendas en alquiler y política de pequeñas obras

públicas.

Alejandro Lerroux José María Gil Robles

Pero esta entrada en el gobierno supuso la excusa para una insurrección armada

el día 6 de ese mismo mes, por parte de la izquierda obrera, al ver en ella la versión

española del ascenso del fascismo dentro del auge internacional de las derechas.

Además Gil Robles había puesto en práctica una política de posesión de la calle en

grandes manifestaciones (como la de El Escorial donde se concentraron unas 50.000

personas, a pesar del intento de hacerla fracasar, por parte socialista, al forzar los raíles

del ferrocarril que llevaba a esa localidad) muy similares a las de los líderes fascistas.

Revolución de octubre (1934)

Esta insurrección armada, que se desarrolla entre el 5 y el 12 de octubre, es lo

que se denomina la revolución de octubre, en un claro paralelismo con la rusa,

desencadenada por el PSOE con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, PCE,

la izquierda comunista y la CNT (esta última sólo en Asturias), y es que entendieron

que era el momento para dar fin a la república burguesa y dar paso a la revolución social

que llevara a la dictadura del proletariado (entre líderes partidarios de esta idea

encontramos a Largo Caballero de UGT e Indalecio Prieto del PSOE, este último era un

demócrata radical que no quiso verse desplazado del control de la organización

socialista por los caballeristas).

En Barcelona, el líder de Esquerra Republicana, Lluis Companys proclamó el

“Estat Catalá dentro de la República federal española” e invitó a establecer en

Cataluña el “gobierno provisional” de la República, no reconociendo al gobierno legal;

la Generalitat se rindió al siguiente día, durando su insurrección apenas 10 horas y se

suspendió, pero no derogó, el estatuto de autonomía catalán.

En el resto de España esta insurrección no triunfó al no contar con el apoyo de la

calle, ni se sumó la Guardia Civil o la Guardia de Asalto. Excepcional fue la

sublevación de Asturias, donde el movimiento insurreccional estuvo formado por unos

4.000 mineros que pretendían llegar hasta León y de ahí llegar a la capital. El gobierno

encomendó la tarea de detenerla al general Franco, que trasladó hasta allí al ejército de

África (el mejor preparado) y bloqueó los puertos asturianos. El balance final del

conflicto asturiano se puede resumir en datos, ya que hubo 1.500 fallecidos, 2.000

heridos, 730 edificios destruidos, 58 iglesias incendiadas, e incautadas unos 90.000

fusiles, 30.000 pistolas, 10.000 cajas de dinamita y 30.000 granadas, lo que muestra la

envergadura de la insurrección. Tras esto Gil Robles, ministro del Ejército nombró a

Franco Jefe del Estado Mayor, y a tres generales en altos puestos del ejército y del

ministerio (Fanjul, Goded y Mola).

La revolución de octubre consiguió dañar gravemente a la II República, pues no

había consenso político en torno al régimen republicano (ni por la izquierda ni por la

derecha), además aparecía la cada vez más agresiva derecha monárquica en torno a José

Calvo Sotelo, la política económica del gobierno Radical-Cedita fue deflacionista, pero

sobre todo tres casos de corrupción en el Partido Radical de Lerroux hicieron que se

derrumbara. En los casos de corruptela política debemos nombrar el caso Nombela, los

pagos irregulares a una naviera (noviembre de 1935) y el estraperlo (octubre de 1935).

Este nombre, a parte de la acepción vinculada al mercado negro, proviene de la fusión

de los de Strauss y Perl, que eran dos centroeuropeos que introdujeron un juego de

ruleta fácil de trucar, denominado Straperlo, gracias a un trato previo con miembros del

gobierno por el que a tras la aprobación de su licencia participarían de los beneficios; la

posterior paralización de este fraudulento juego, movió a Strauss a chantajear a Lerroux,

que no accedió, por lo que le comunicó al Jefe del Estado, Alcalá Zamora, todos los

términos de este espinoso asunto, incluida la identidad de los implicados: el propio

Lerroux, su hijo, varios miembros radicales del gobierno y otros altos cargos del Estado.

Por este asunto de tráfico de influencias y corrupción, Alejandro Lerroux tuvo

que dimitir. Parecía lógico que la presidencia del gobierno la tomara Gil Robles (al ser

su partido el más votado en las elecciones), pero el Presidente de la República, Alcalá

Zamora, que desconfiaba de él, por el temor a una nueva reacción de la izquierda, antes

de dar el gobierno a la CEDA, decidió crear un gobierno improvisado de centro

(encabezado por Portela Valladares), que sirviera de puente hasta las nuevas elecciones.

El líder cedista entendió como una provocación la acción del Jefe del Estado, cuando

además ese nuevo gobierno tenía seis ministros que no eran siquiera diputados (no

votados en las elecciones), por lo que contempló la posibilidad de un golpe de Estado al

entender que el Presidente violaba la constitución; el propio Franco lo desaconsejó, por

lo que optó por no apoyar al nuevo gobierno en las Cortes.

Alcalá Zamora fue convencido por Azaña para que disolviera las Cortes (era la

segunda vez durante su mandato, lo que implicaba la violación de la Constitución) y

convocara nuevas elecciones.

IV.- GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR (febrero 1936 – abril 1939)

Las izquierdas comprendieron que debían presentarse unidas a las elecciones,

para contener a la derecha, y recuperar el poder. Formaron así el Frente Popular, que era

una amplia alianza de fuerzas obreristas y burguesas, cuyas metas no eran las mismas,

algunas incompatibles. Algunos como Azaña o Prieto con un programa reformita

basado en relanzar las reformas del primer bienio, otros buscaban la revolución social al

estilo soviético como el PCE o parte del PSOE.

El 15 de enero de 1936 se firma el pacto del Frente Popular entre Unión

Republicana, Izquierda Republicana (formada a su vez por la Acción Republicana de

Azaña, el ORGA de Casares Quiroga y los radical-socialistas), PSOE, UGT, PCE, FJS,

Partido Sindicalista y el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista).

“Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el

Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de

Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido

Comunista, Partido Sindicalista (Ángel Pestaña), POUM, sin perjuicio de

dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer

un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de

sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de

gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda,

con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria...

Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados

se comprometen:

1º A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales

cometidos posteriormente a noviembre de 1933...

2º Se restablecerá el Imperio de la Constitución...

Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y

su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del

partido socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas...

No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la

Banca propuesta por los partidos obreros ...

No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la

representación del partido socialista. Convienen en: restablecer la

legislación social en la pureza de sus principios... rectificar el proceso de

derrumbamiento de los salarios del campo, fijar salarios mínimos...”

Programa del Frente Popular. 15 de enero de 1936

Las fuerzas de derechas se repartieron entre el Bloque Nacional, de predominio

monárquico, y la CEDA. En las elecciones de febrero de 1936 participaron, inficionados

por la violencia (no sólo verbal), un total de 9.716.705 de personas, que repartieron sus

votos entre el Frente Popular (278 diputados, 34,4% del voto), las derechas (124

escaños, 33,2% de los votos), el centro (Lliga Catalana, PNV y el centro improvisado

por Alcalá Zamora, 5,5% del voto) y otros votos a partidos sin significación política o

en blanco (91.641). Aunque la derrota de la derecha era muy espectacular según los

escaños, pero no lo fue en votos, debido al cambio hecho en la ley electoral, que ahora

beneficiaba al Frente Popular, que no tenía la mayoría absoluta del voto, sólo simple.

Elecciones de 1936

COMPOSICIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS TRAS LAS ELECCIONES DE FEBRERO

DE 1936

PARTIDOS ESCAÑOS Socialistas 99

Izquierda Republicana 87

Unión Republicana 38

PCE 17

Izquierda Catalana 37

Nacionalistas Vascos 10

Lliga Catalana 12

Republicanos Progresistas 6

CEDA 88

Radicales 5

Centristas 16

Renovación Española

(Monárquicos)

12

Agrarios 11

Tradicionalistas 10

Republicanos Conservadores 3

Independientes de Derecha 3

Otros 19

TOTAL 473

El triunfo electoral del Frente Popular fue el principio de un movimiento

revolucionario espontáneo, que llevó a la puesta en libertad en tan sólo 48 horas de los

detenidos en la insurrección de Asturias y la obligación de sus empresas a readmitirlos;

los sindicatos exigían la subida salarial del campo de un 100% (lo que disparaba el

paro); ocupaciones de tierras, como las 3.000 fincas extremeñas ocupadas por 60.000

campesinos (acto que luego legalizó el gobierno); y restablecimiento de la autonomía

catalana (vuelta a presidir por Companys).

La política del momento se centró en llevar a Azaña a la presidencia de la

República, previa destitución de Alcalá Zamora el 7 de abril de 1936, so pretexto de que

había disuelto las Cortes dos veces, contra lo previsto en la Constitución (artº 81);

Azaña, que había chocado con Alcalá Zamora, consiguió derribarlo con el apoyo del

Frente Popular, y fue elegido presidente el 10 de mayo, con la total abstención de la

derecha. La posibilidad de un gobierno Prieto se frustró por el veto del sector

caballerista del partido socialista (de Largo Caballero), por lo que formó gobierno

Santiago Casares Quiroga, líder de la ORGA gallega, hombre próximo a Azaña.

La destitución de Alcalá Zamora

fue un grave golpe a la legitimidad del

régimen, que con el asesinato por

agentes del gobierno del líder

monárquico José Calvo Sotelo (tras la

muerte del guardia de asalto

republicano José del Castillo), provocó

que a los pocos días estallara la Guerra

Civil; aunque el verdadero detonante de

la guerra fue la polarización del país,

que rompió los mecanismos

estabilizadores de la democracia.

Ante la sublevación del 18 de julio de 1936, el gobierno republicano intentó

negociar infructuosamente con Mola, para evitar que se convirtiese en una guerra; a la

vez intentó que su fracaso degenerara en una revolución en las calles, retrasando la

entrega de armas a las organizaciones obreras. Así no legaron a evitar ni uno ni otro, ni

la guerra ni la revolución (pues la movilización popular para parar el golpe llevó a que

el poder del Estado dejara de existir). Las calles estaban en manos de socialistas y

comunistas que buscaban un nuevo poder proletario (un poder paralelo al del Estado y

rebelde a este) y anarquistas y trotskistas del POUM se dedicaban a realizar la

revolución, sin obedecer a ninguna jerarquía superior.

a.- El gobierno de Largo Caballero (septiembre 1936-mayo 1937). Segundo

gobierno del Frente Popular.-

En septiembre del 36, cuando los sublevados suponían un peligro inmediato, se

decidió formar un gobierno de “Frente Popular”, en el que Azaña seguía de presidente

del Estado pero se cambió de Presidente del Gobierno, se puso al socialista Largo

Caballero y se llegó a una alianza gubernamental pues formaron el gobierno socialistas,

comunistas del PCE, nacionalistas vascos y catalanes y, lo nunca visto, anarquistas.

Quedaron fuera de esta “democracia de guerra” las fuerzas de derechas, muchos de

centro y aquellos que habían dado su apoyo a Franco.

Largo Caballero quería reorganizar el Estado y crear un poder proletario. Llegó

al poder por el dominio que tenía sobre el sindicato UGT (que poseía un millón de

afiliados y miles de activistas con lo que controlaba gran parte del pueblo), pero se

había ganado la enemistad del sector socialdemócrata de su partido y se mostró hostil al

gobierno republicano burgués. Detuvo a los sublevados en Madrid, pero la pérdida de

Málaga y la desobediencia en Barcelona de anarquistas y comunistas (una guerra civil

dentro de otra) le desprestigió.

b.- El gobierno Negrín (mayo 1937-abril 1938). Tercer gobierno del Frente

Popular.-

El doctor Juan Negrín, también del PSOE, pero más moderado sustituyó a Largo

Caballero, supeditó toda su política a acabar con la guerra, por lo que estaba dispuesto a

eliminar el poder revolucionario. Para controlar la rebelde Barcelona trasladó allí su

gobierno; y todas las fábricas y tierras expropiadas fueron devueltas al Estado para

garantizar la producción de guerra. Tuvo como aliados a los comunistas del PCE, por

directrices de Moscú. Estos últimos usaron las “checas”, escuadrones paramilitares para

acabar con sus oponentes políticos (anarquistas y trotskistas).

Un año después el gobierno Negrín entró en crisis, tras el desastre de Teruel y la

llegada del bando nacional al Mediterráneo. Unos eran partidarios de buscar una paz

honrosa (socialistas moderados y Azaña), por lo que Negrín hizo públicos sus “Trece

Puntos” para negociar la paz, pero Franco, sabiéndose ya ganador, lo rechazó.

Negrín era sabedor de que la única opción de ganar la guerra era que hubiese un cambio

a nivel internacional y que se produjese una guerra en democracias y fascismos; por lo

que no Franco recibiría más apoyo y algunas naciones ayudarían a la República. Así

pensaba que “resistir es vencer”. Azaña quería la paz por tres razones: evitar más

muertes, la dependencia cada vez mayor de comunistas y de las ayudas de la Unión

Soviética harían a la República rehén de una potencia extranjera, y por que España no

podía entrar en otra guerra más internacional; por eso formuló su famosa petición de

“paz, piedad y perdón”.

Esta crisis interna, entre partidarios de resistir y los de rendirse, se retrasó hasta

la caída de Cataluña, donde residía el gobierno, que tuvo que trasladarse a Francia. En

ese momento muchos políticos se quedaron en el exilio (como el mismo Presidente de

la República, Manuel Azaña), pero Negrín decidió volar hasta Alicante para intentar una

resistencia hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial (para él salvar la república era

resistir). Pero el reconocimiento del gobierno de Franco por Francia y Gran Bretaña

dejó sin argumento a Negrín. El 5 de marzo de 1939 los partidarios de rendirse iniciaron

un revolución militar contra el presidente (entre ellos socialistas moderados, militares y

anarquistas, todos ellos anticomunistas), para que se pidiese la paz y perdón para los

vencidos (los republicanos). Era otra guerra civil dentro de la guerra civil, que acabó

con la victoria de los partidarios de la rendición, que prepararon una Junta de

negociación (dirigida por el coronel Casado que dijo “entre militares nos

entenderemos”, una clara alusión al Abrazo de Vergara); se intentó negociar una

rendición sin represión pero Franco sólo les garantizó la vida a los miembros de la Junta

(cosa que efectivamente respeto, pues los embarcó en un barco inglés que los llevó

fuera de España).

Negrín huyó en avión junto con su gobierno hacia el exilio el 6 de marzo de

1939; el día 14 de ese mes la Alemania Nazi invadió Checoslovaquia y cinco meses

después empezó la Guerra Mundial.