Tema II. La inclusión Financiera

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Tema II. La inclusión Financiera II.I Concepto La inclusión financiera se refiere al acceso que las personas pueden tener al sistema financiero formal, así como al uso adecuado de productos y servicios financieros como lo es el ahorro, el crédito, los seguros y las cuentas de ahorro para el retiro, entre otros. La Inclusión Financiera propicia un mejor manejo de los recursos y acceso a productos y servicios financieros; una más pronta recuperación ante situaciones de inestabilidad de la economía, así como la inclusión social de los individuos; de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y de otro tipo de organizaciones. De acuerdo con la CNBV, la inclusión financiera es necesaria porque propicia una menor pobreza y desigualdad y un mayor crecimiento económico. El acceso al crédito permite que los individuos y hogares adquieran patrimonio —como una casa o un vehículo—, bienes duraderos; que emprendan alguna actividad productiva que genere ingresos; que estén financieramente protegidos ante emergencias o imprevistos, y que cuenten con los recursos suficientes para vivir tranquilos durante su jubilación. Además, en el caso de las empresas, las acerca a mejores posibilidades de crecimiento al permitirles comprar maquinaria, invertir en inventario y mejorar sus instalaciones, entre otros beneficios. Un individuo será incluido financieramente cuando tenga acceso a un servicio financiero formal (de instituciones reguladas) de manera transparente (protección al consumidor), a la vez que tenga la posibilidad de adquirir la habilidad de seleccionar los productos y los servicios que

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II.I Concepto

La inclusión financiera se refiere al acceso que las personas pueden tener al sistema financiero formal, así como al uso adecuado de productos y servicios financieros como lo es el ahorro, el crédito, los seguros y las cuentas de ahorro para el retiro, entre otros.

La Inclusión Financiera propicia un mejor manejo de los recursos y acceso a productos y servicios financieros; una más pronta recuperación ante situaciones de inestabilidad de la economía, así como la inclusión social de los individuos; de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y de otro tipo de organizaciones.

De acuerdo con la CNBV, la inclusión financiera es necesaria porque propicia una menor pobreza y desigualdad y un mayor crecimiento económico. El acceso al crédito permite que los individuos y hogares adquieran patrimonio —como una casa o un vehículo—, bienes duraderos; que emprendan alguna actividad productiva que genere ingresos; que estén financieramente protegidos ante emergencias o imprevistos, y que cuenten con los recursos suficientes para vivir tranquilos durante su jubilación. Además, en el caso de las empresas, las acerca a mejores posibilidades de crecimiento al permitirles comprar maquinaria, invertir en inventario y mejorar sus instalaciones, entre otros beneficios.

Un individuo será incluido financieramente cuando tenga acceso a un servicio financiero formal (de instituciones reguladas) de manera transparente (protección al consumidor), a la vez que tenga la posibilidad de adquirir la habilidad de seleccionar los productos y los servicios que

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más le convengan. La Inclusión Financiera es un importante mecanismo que permite incrementar el bienestar de la población, al poder desplazar los flujos de ingreso y consumo por medio del ahorro y el crédito, así como la acumulación de activos y la creación de un fondo para la vejez.

No obstante a esta situación, 54 millones de personas de 18 a 70 años (68%) tienen al menos un producto financiero, lo que representa sólo 2 millones más de personas con respecto a 2015, es decir un incremento de 2 millones en tres años. Sólo el 47 por ciento de los adultos en México tienen una cuenta en un banco o institución financiera. (Tercera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018).

La vulnerabilidad de las personas que no tienen acceso al mercado financiero formal es amplia, y se observa es que se debe incrementar la inclusión financiera. Cabe señalar que la falta de inclusión financiera se atribuye a distintos factores, entre otros, los relacionados con la demanda y oferta de servicios financieros.

Una mayor inclusión financiera es de interés para todos los agentes que se desempeñan en el sector financiero. Pero para alcanzar este fin, es necesario que los intermediarios públicos, privados y sociales se den a la tarea de proporcionar las bases de Educación Financiera para que los usuarios busquen y utilicen acertadamente los productos y servicios que les resulten más convenientes.

Podemos decir que las políticas y programas de inclusión financiera giran en torno a cuatro pilares:

El acceso al sistema financiero El uso de productos y servicios financieros

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La Educación Financiera La protección al usuario de servicios financieros

Estos cuatro pilares se sustentan en datos precisos, objetivos y oportunos, para lograr los resultados esperados. Esto implica que debe existir una adecuada medición para, en una primera instancia, tener un diagnóstico inicial y posteriormente evaluar el impacto de las acciones emprendidas y, en su caso, hacer los cambios necesarios y lograr el objeto de dichas acciones.

La educación es un elemento clave para la inclusión financiera, que permite hacer un uso eficiente y consciente de los productos y servicios financieros. Cuando las personas tienen acceso al Sistema Financiero tienen mayores oportunidades de escoger las opciones que favorezcan su desarrollo, como invertir en su educación, en un negocio, en su salud o ahorrar para su retiro.

Tanto la Educación Financiera, como la Inclusión Financiera, son un fuerte soporte del proceso de bancarización. El término bancarización es utilizado con frecuencia para hacer referencia a la incorporación al sistema financiero de grupos de escasos recursos del sector informal de la economía, que tradicionalmente han sido desatendidos por la banca comercial.

II.II Medición de la Inclusión Financiera

Con la colaboración y participación de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, la CNBV y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a partir de 2012 se lleva a cabo cada tres años la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Esta encuesta permite generar datos de acceso y de uso de productos y servicios

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financieros, así como de protección al usuario de servicios financieros y también de Educación Financiera.

Una de las nuevas características de la ENIF 2018 fue responder tanto al mandato de la Política Nacional de Inclusión Financiera, como al de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. En este sentido, el objetivo de la línea de acción 6 de la Política es generar datos y mediciones para evaluar los esfuerzos e identificar áreas de oportunidad que contribuyan al diseño de programas de Educación Financiera. Por su parte, dicha estrategia indica que se deben generar datos, información y mediciones sobre Educación Financiera y que se incorporarán a la ENIF la medición de comportamientos y capacidades financiera, esa sería su importancia para la Educación Financiera.

Es evidente que la inclusión financiera es un elemento clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad económica y social. Por ello, es importante que los esfuerzos en promover mayor acceso y uso de servicios financieros vaya acompañada de una regulación propicia que garantice que los proveedores de servicios quieran un trato justo y un servicio con calidad a sus usuarios; también es necesario contar con programas de educación financiera que faciliten las herramientas necesarias para que las personas tomen decisiones informadas sobre sus recursos financieros.

También, una infraestructura adecuada, es fundamental para permitir el acceso a los servicios financieros, con lo cual se cierra la brecha de oferta y demanda de servicios financieros. Por ello, este capítulo presenta los principales indicadores sobre la infraestructura física financiera y la cobertura financiera en el país, asociados a la dimensión de acceso de la inclusión financiera. Si bien los canales tradicionales (sucursales y cajeros) han tenido un incremento en cuanto a la cobertura que ofrecen, no han

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logrado expandirse por todo el territorio mexicano dado que los costos asociados a ello son significativos para las instituciones financieras y éstas han migrado a modelos de negocio más rentables como son los corresponsales; no obstante, México presenta un reto en materia de infraestructura tecnológica para lograr conectividad en la totalidad del territorio del país; ante esto, es necesario compartir recursos para lograr no solo conectividad en todas las comunidades del país, sino también la provisión de servicios financieros a través de modelos de negocio donde varias instituciones compartan los costos operativos y financieros que esto representa.

Dados los avances tecnológicos y las brechas generacionales, el uso de servicios financieros digitales va tomando relevancia y los proveedores van migrando a ofrecer servicios tales como la banca electrónica, que ha permitido que se puedan llegar a realizar algunas operaciones financieras a través de los celulares o computadoras. Por ello, se vislumbra que en un futuro los servicios y productos financieros se ofrezcan cada vez más a través de canales diferentes a los tradicionales.

II.III Comportamiento Financiero

En cuanto a la infraestructura, para finales de 2018, había 17,290 sucursales, un aumento del 1 por ciento con respecto al año anterior. Un total de 54,514 cajeros, con un incremento del 7.5%. En la captación de cuentas, se incrementó en un 6% para alcanzar la cifra de 101’358,270 de cuentas, los créditos incrementaron en un 3.4% con 54’574,428. Las cuentas de Ahorro para el Retiro, alcanzaron 62’879,959 lo que significó un aumento del 4.8%.

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Tomado como base la información de sucursales registradas, la cobertura municipal está en el orden de los 51%, con una cobertura demográfica de 92%.

El aumento de las sucursales bancarias, permitió el incremento de cobertura en municipios ubicados en los estados de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, por ejemplo.

La Ciudad de México es la entidad con el mayor número de sucursales, con 1,942; por su parte, el municipio con más sucursales es Guadalajara con 417.

El porcentaje de la población con acceso a al menos a una sucursal a una distancia de 4 kilómetros en promedio, fue de 76.1% y el del acceso de localidades con más de 20 habitantes del 18.9%.

Banca múltiple

La CNBV y la SHCP reportan que en 2019 los activos totales del sector de Banca Múltiple alcanzaron los $9,679 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representó un incremento anual real de 1.5%.

La cartera total de crédito del sector de Banca Múltiple alcanzó un saldo de $5,336 mmdp al cierre de julio, con un crecimiento anual real de 3.6% respecto al mismo mes de 2018.

La captación total de recursos sumó $5,887 mmdp, lo que significó un aumento anual real de 4.1%. De este monto, 57.2% corresponde a depósitos

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de exigibilidad inmediata, los cuales presentaron un crecimiento anual real de 2.0%.

El resultado neto del sector fue de $96 mmdp, 4.1% mayor, en términos reales, respecto a julio de 2018; contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.72% y un rendimiento sobre capital contable (ROE) de 16.04%. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/489470/Comunicado_de_Prensa_BM_julio_2019.pdf

La Banca de Desarrollo

De acuerdo a la CNBV, todas las instituciones de banca de desarrollo obtuvieron resultados positivos al cierre del año de 2018. El sector de la banca de desarrollo se compone de 6 instituciones: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (Bansefi), hoy Banco del Bienestar; Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C (Bancomext); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C (Banobras); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C (Banjército); Nacional Financiera S.N.C. (Nafin); y Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. (SHF).

Las instituciones de este sector apoyan con crédito a empresas, instituciones financieras y a entidades públicas.

Las instituciones de este sector apoyan con crédito a empresas, instituciones financieras y a entidades públicas. Los pasivos del sector se ubicaron en $1,905 mmdp, lo que significó un aumento de $117 mmdp, es decir, 6.6% más con respecto a 2017. Dicho monto representó 91.9% de los activos totales. El capital contable se ubicó en $167 mmdp, presentando un incremento de $19 mmdp (12.8%) con relación al año anterior. Dicho

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crecimiento se explica por la acumulación de utilidades y las aportaciones de capital.

En cuanto a resultados, todas las Instituciones de Banca de Desarrollo (IBD) obtuvieron utilidades netas positivas al cierre de 2018. Los resultados se debieron, principalmente, al incremento en el margen financiero y disminución en la constitución de estimaciones preventivas para riesgos crediticios, así como en los gastos de administración y promoción.

En este periodo, los créditos comerciales crecieron 10.8%, que lo convierte en el portafolio más importante al representar el 94.6% de la cartera total, con un monto de $1,001 mmdp. Banobras cuenta con una participación en este rubro de 43.3%, seguido de Nafin con 25.9% y Bancomext con 23%.

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su información financiera de 2019, reportó que en el sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPs), se encuentra integrado por 157 entidades autorizadas y en operación.

Durante el ejercicio 2018, se revocaron las autorizaciones de dos SOCAP, y se dejaron sin efecto las autorizaciones de dos más, debido a que culminó el proceso de fusión con otras sociedades autorizadas.

Asimismo, se otorgó la autorización a cuatro sociedades, para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo en términos de la LRASCAP.

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Únicamente, las SOCAPs autorizadas y supervisadas por la CNBV cuentan con la cobertura del seguro de depósito del Fondo de Protección (Focoop) hasta por una cantidad equivalente a 25,000 UDIS por ahorrador, como se establece en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP).

El Comité Técnico del Focoop se integra por representantes del sector y sus recursos provienen principalmente de aportaciones de las mismas SOCAPs autorizadas. (http://focoop.com.mx/)

Canales de acceso

La Inclusión Financiera, avance, a nivel estatal, en los siguientes aspectos: acceso,

Canales por cada 10 mil adultos, incluye sucursales, corresponsales, cajeros y terminales punto de venta.

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Cobertura por tipo de municipio, urbano y rural: sin sucursal (ni corresponsal), con sucursal, y sin sucursal pero con al menos un corresponsal.

Uso:

Captación: número total de cuentas de depósito y ahorro por cada 10 mil adultos de las instituciones financieras y número de cuentas ligadas a un celular por cada 10 mil adultos.

Crédito: número total de contratos de crédito por cada 10 mil adultos (incluye los sectores de banca y ahorro y crédito popular).

Distribución de contratos de crédito, por producto y de acuerdo al sector al que pertenecen las instituciones (banca y entidades de ahorro y crédito popular).

Para conocer la distribución de la información se puede consultar la siguiente base de datos: https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/bases-de-datos-de-inclusion-financiera

Indicadores de infraestructura financiera a nivel nacional:

En cuanto a la evolución de los puntos o canales de acceso al sistema financiero el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2019 reporta lo siguiente:

El 85% de la población adulta habita en localidades que se encuentran a menos de 2 km de un punto de acceso. Esta proporción crece a 90% al

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considerar un radio de 4 km, 95% si el radio se amplía a 7 km y 98% si se trata de municipios.

Ahorro o captación. Referente al número de cuentas de captación, en México, hay, en promedio, 1.2 cuentas por cada adulto. La participación de las entidades de ahorro y crédito popular es del 13% del total de cuentas y las cuentas de expediente simplificado representan el 21% del total de contratos.

II.IV Economía de Género

La economía de género bien puede tener varios enfoques, sin embargo, la intención del presente apartado es visibilizar un poco la situación actual que se tiene entre la Educación Financiera tanto en hombres como en mujeres. De esta manera tenemos que llamar la situación, nuestro país coloca en una posición de desventaja a las mujeres no por no contar con normativas de protección, sino por un atraso en la utilización de los beneficios para acceder a la Educación Financiera, principalmente.

Desde la perspectiva de economía de género, es importante que se reconozcan las distintas necesidades, privilegios, derechos y obligaciones de mujeres y hombres en la sociedad; reconociendo también las diferentes contribuciones de mujeres y hombres en la producción de bienes y servicios, así como su distinta participación en los diferentes trabajos necesarios para la reproducción social.

La responsabilidad social de crear programas sensibles al género ayuda a mostrar y hacer más transparente la relación existente entre los objetivos políticos y los ingresos y el gasto público, así como, entre la política y la distribución del gasto en todas las actividades del gobierno. Incorporar

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entonces el enfoque de género en los programas y en general todas las acciones que el gobierno despliegue, requiere unir el conocimiento sobre los roles y las relaciones de género y el conocimiento sobre el sector público y la economía.

Otra característica que deben de tener los esfuerzos de economía de género es que deben ser trasversales, es decir, que deben de estar contemplados en todos los programas sociales de todas las dependencias para que tengan un resultado significativo y no sea esfuerzo de una sola dependencia o sector. Hay veces que la perspectiva viene sugerida en algunos programas, pero ésta debe de ser explícita para ser efectiva. La EF con perspectiva de género podría resultar una herramienta con profundas implicaciones, no sólo en términos de equidad social y económica sino también en la consecución de determinados estándares de vida.

La perspectiva de los estándares de vida que visibiliza y sitúa los trabajos de cuidados como elemento central del desarrollo humano, va mucho más allá de la idea de igualdad de oportunidades, ya que permite plantear las responsabilidades reproductivas como un tema social y político de primer orden y no como un aspecto privado (de responsabilidad femenina).

La forma cómo se diseña e implementan las políticas públicas y cómo se otorguen las transferencias monetarias, estará configurando una organización específica de distribución del tiempo y del trabajo mercantil y familiar doméstico.

La importancia de estos enfoques es interpelar a la sociedad en general con relación directa con los estándares de vida de la población, destacando la importancia del trabajo de cuidados. De esta manera, se

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está asumiendo que existe una tensión histórica entre el bienestar de la población y el beneficio privado que exige la participación del sector público para la organización y redistribución de los recursos, en función de los estándares de vida generalizados.

El Panorama Anual de Inclusión Financiera de la CNBV 2019 revela que la tenencia de productos y servicios financieros continúa siendo desfavorable para las mujeres. La brecha en posesión de cuentas de captación fue de -3.2 puntos porcentuales, en créditos hipotecarios de -26.4 pp, en tarjetas de crédito de -5.5%, en cuentas de captación de las SOFIPO de -1.0 pp y en créditos de las entidades de ahorro y crédito popular (EACP) de 6.7 pp.

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