TEMA  CENTRAL:  Aportes  de  la  Psicología  para  el  Ejercicio  de  los  Derechos  Humanos  

 

 

Universidad   Andina   Simón  Bolívar  

Aportes  Andinos  No.  33  

Revista   Electrónica   del  Programa   Andino   de  Derechos  Humanos  [PADH]  

Diciembre  2013  

 

Tema  central:  

APORTES  DE  LA  PSICOLOGÍA  PARA   EL   EJERCICIO   DE   LOS  DERECHOS  HUMANOS  

 

 

 

Coordinadora  del  PADH:  

Gina  Benavides  Llerena  

Coordinador  de  la  Revista:  

Francisco  Hurtado  Caicedo  

Diseño  de  portada:  

Francisco  Hurtado  Caicedo  

Foto  en  esta  página:  

Vanessa  Cárdenas  

Para   contactarse   con   la   revista  dirigirse  a  <padh@uasb.edu.ec>  

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ÍNDICE

Presentación A manera de conmemoración / PADH 4

Tema central Razón histórica y razón crítica como fundamento de los derechos

humanos / Amalio Blanco Abarca y Rubén Blanco Escribano 10

Derechos humanos: del conflicto socioambiental a la violencia política /

María Fernanda Soliz 30

Trauma y Justicia. Desafíos pendientes en las intervenciones

psicosociales / Gina Donoso Román 65

El cuidado en equipos de trabajo en derechos humanos: factores que

promueven agotamiento y propuestas de recuperación / Carlos Reyes

Valenzuela 84

Actualidad El movimiento social constituido por los barrios del Noroccidente de

Quito.- organización, estructuras, objetivos y repertorios o / Rodrigo

Varela Torres 100

Las Hermanas Mirabal. Latinoamérica se pronuncia por la no violencia

contra las mujeres / Construcción colectiva 111

Arte y Derechos Humanos Artivismo / Vanessa Cárdenas. 129

Mujeres en la Historia / Poemas Ilustrados 135

 

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PRESENTACIÓN

A MANERA DE CONMEMORACIÓN

Aportes Andinos en el 10 de Diciembre

Hoy, 10 de diciembre se conmemora un aniversario más de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, insturmento internacional que no deja de tener valía

porque constituye la positivización de una serie de derechos humanos donde el carácter

de universalidad, entendido como el reconocimiento de sujetos de derechos a todas las

personas sin discriminación de ningún tipo, sigue llamando la atención a los Estados y a

las sociedades en general sobre los retos y desafíos que tenemos aún 55 años después de

su aprobación.

Aún se debate si a partir de entonces el progresivo desarrollo del derecho

internacional de los derechos humanos ha tenido impactos positivos en la sociedad, o si

ha contribuido a la disminución de violaciones de derechos humanos. De otra parte,

algunos Estados intentan deslegitimar los sistemas de protección internacional, que se

evidencia en su deficiente reconocimiento y ratificación de derechos humanos, una

renuente voluntad para cumplir con sus recomendaciones y/o sanciones; e incluso, bajo

la posible decisión política de denunciar dichos tratados como mecanismo para evitar

cumplir con sus obligaciones internacionales.

Desde esa perspectiva, el Programa Andino de Derechos Humanos ha decidido,

a futuro, publicar el número correspondiente al segundo semestre de cada año el 10 de

diciembre, como una forma de que los Aportes que distintas autoras y autores publican

representen además un cotinuum del desarrollo del pensamiento relativo a la promoción

y el ejercicio de los derechos humanos en la región, y que en ocasión de esta

conmemoración, los contenidos que cada número trae se difundan ampliamente, y sobre

todo sigan influyendo en nuestras sociedades.

 

5  

Enmarcados en este preámbulo, el número 33 de la revista Aportes Andinos no

sólo constituye un paso adicional en nuestro objetivo de contribuir al debate académico

sobre los derechos humanos, sino que adicionalmente ratifica su compromiso de que

ésta temática rebase su lectura jurídico-normativa (lo cuál no implica que quede

excluida) y proponga debates desde otros campos que las distintas ciencias pueden

aportar para su comprensión.

Para el Programa Andino de Derechos Humanos es gratificante presentar aportes

enviado por psicólogas y psicólogos que desde sus lugares de trabajo, académicos y de

acción, nos permiten tener una lectura de los derechos humanos desde la perspectiva de

la psicología. De ahí que es relevante agradecer a Carlos Reyes Valenzuela por todo el

esfuerzo realizado para juntar voces y temas diversos en el tema central.

Aportes de la psicología para el ejercicio de los Derechos Humanos En el contexto del caso Durand y Ugarte contra Perú, sentenciado por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos el 16 de agosto de 2000, Carlos Rivera, abogado

del Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL) comentó: “Creo que a estas medidas [las

de atención psicosocial] nadie les ha prestado la debida atención.”1 Y Carlos Martín

Beristain, al respecto, agrega que “los criterios con la atención [psicosocial] suelen ser

poco precisos. Varios agentes del Estado de distintos países han expresado dificultades

de interpretación o falta de claridad….” (Beristain, 2009: 284)

Si bien estas dos reflexiones se dan en un contexto específico de medidas de

atención psicosocial como parte de la reparación a graves violaciones de derechos

humanos, no deja de inquietar la pregunta sobre cuál es el rol o los roles de la psicología

en el ejercicio de los derechos humanos. Ahondando, esa inquietud no se restringe

exclusivamente al momento en que una violación de derechos humanos ha ocurrido y es

necesario, obligatorio para el Estado, reparar. Al contrario, la pregunta llama la atención

                                                                                                               1 Carlos Martín Beristain, Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos, Serie Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, Ecuador, 2009, p. 285.

 

6  

no sólo para la protección, sino también para la promoción y la prevención, en

definitiva para la temática de los derechos humanos en general.

De ahí que el Programa Andino de Derechos Humanos parte de considerar que

no ha habido, como se ha mencionado, la suficiente atención en el debate académico

sobre los aportes que la psicología puede brindar para el ejercicio de los derechos

humanos. Lo cuál no quiere decir que no haya trabajos al respecto, al contrario, lo que

se precisa es su difusión, su planteamiento como debate, y la posibilidad de que esas

discusiones también se agenden como temas tanto en el ámbito de las políticas estatales,

como en el de las universidades y del activismo de la sociedad civil. Ya en 1986 Ignacio

Martín Baró afirmaba:

…si queremos que la Psicología realice algún aporte significativo a la historia

de nuestros pueblos, si como psicólogos queremos contribuir al desarrollo de

los países latinoamericanos, necesitamos replantearnos nuestro bagaje teórico

y práctico, pero replanteárnoslo desde la vida de nuestros propios pueblos,

desde sus sufrimientos, sus aspiraciones y luchas. Si se me permite formular

esta propuesta en términos latinoamericanos, hay que afirmar que si

pretendemos que la Psicología contribuya a la liberación de nuestros pueblos,

tenemos que elaborar una Psicología de la liberación. Pero elaborar una

psicología de la liberación no es una tarea simplemente teórica, sino primero

y fundamentalmente práctica. Por eso, si la Psicología latinoamericana quiere

lanzarse por el camino de la liberación tiene que romper con su propia

esclavitud.2

Por lo tanto, no es casual, sino parte de un proceso de desarrollo académico

posicionado y activista de distintas personas en distintos países que a continuación

podamos presentar cuatro artículos que abordan distintos aportes de la psicología en el

ejercicio de derechos humanos.

                                                                                                               2 Ignacio Martín-Baró, Hacia una psicología de la liberación, UCA, San Salvador, disponible en <http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchivos/2010/02/UNIDAD%20III.331.pdf>

 

7  

En el primer artículo Amalio Blanco Abarca y Rubén Blanco Escribano, en la

lógica de las interpelaciones realizadas por Martín Baró, llaman la atención sobre la

razón crítica y la razón compasiva como elementos esenciales para poder entender e

indagar el porqué de las violaciones de derechos humanos como parte de las relaciones

históricas y sociales de la humanidad. Una razón crítica que aborde la cuestión de los

victimarios, y una crítica compasiva que “demanda también rebeldía, compasión,

solidaridad; […] desde la modesta particularidad del sentimiento.”

Un segundo aporte para el tema central lo realiza María Fernanda Solíz, que nos

permite observar la aplicación del trabajo psicológico a casos concretos de violaciones

de derechos humanos en Ecuador, centrándose en la situación que enfrentan las víctimas

y sus familiares, como un mecanismo que busca aportar a las exigencias de verdad,

justicia y reparación. Una evidencia clara de un trabajo académico y activista

comprometido con aquellos que deben enfrentar los efectos de acciones violentas

cometidas por agentes estatales y/o privados.

Gina Donoso, en el tercer aporte del tema central, corrobora de manera

conceptual y práctica las dificultades de la atención psicosocial. Para ello, refiere la

necesidad de considerar el marco político cuando se realiza la atención en trauma y los

efectos en las víctimas. Discute la noción de reparación, ejemplificando la actuación de

organismos internacionales (tales como la Corte Penal internacional, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos), como a nivel ecuatoriano (la Comisión de la

Verdad), combinando aportes desde el psicoanálisis. En definitiva, la autora propone la

creación de espacios psicoterapéuticos que tengan el desafío de acoger a la víctima y

constituirse en un lugar en que se pueda expresar y simbolizar los horrores vividos.

El tema central se cierra con el aporte de Carlos Reyes Valenzuela, que aborda

un tema que, en palabras del mismo autor, no ha sido lo suficientemente trabajado

menos aún aplicado: el cuidado de equipos que trabajan con víctimas de violaciones de

derechos humanos. Muchas de estas personas y equipos en varios lugares del planeta,

directa o indirectamente ejecutan labores de contención, por lo que las acciones para

 

8  

evitar su agotamiento en las actividades se vuelven necesarias, acciones que además

deben construirse desde los mismos activistas y defensores de derechos humanos.

En definitiva, una recopilación corta de artículos pero con temas y contenidos de

relevancia que propicie nuevos espacios de discusión académica, política y práctica en

el conjunto de la sociedad.

Actualidad La sección de actualidad presenta en esta ocasión un artículo elaborado por

Rodrigo Varela Torres, estudiante de la especialización de Derechos Humanos de la

Universidad Andina Simón Bolívar en el que hace un análisis del movimiento social

barrial de Quito de la década de los ochenta como un ejemplo calro y evidente de cómo

la lucha y movilización social como repertorio de acción incide en la construcción del

contenido del derecho a la vivienda. Un texto corto pero relevante para recordar que el

reconocimiento normativo de los derechos siempre tiene un contexto histórico y social

del que parte y se nutre.

En ocasión de que el 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y de que los

indicadores de violencia contra las mujeres siguen creciendo, se ha recopilado una serie

de pronunciamientos que distintos colectivos, organizaciones y redes de organizaciones

de mujeres han emitido en esa fecha de manera pública. Llama la atención que en

distintos países las luchas son muy parecidas, mayor institucionalidad y poder político

para proteger los derechos de las mujeres, menos violencia estatal, no a la impunidad

frente a feminicidos, despenalización del aborto, que termine el despojo al cuerpo de las

mujeres, en fin una suma de exigencias contra una sociedad patriarcal que

cotidianamente vulnera el ejercicio de derechos de las mujeres.

El arte y los derechos humanos

 

9  

En el número anterior la revista Aportes Andinos, con su renovada imagen y

propuesta, constituyó además una invitación para que artistas nos envíen su trabajo que

también incide en la promoción y el ejercicio de derechos humanos.

Para este número se presentan dos artículos. El primero una muestra de cómo el

arte se convierte en activismo y desde ese proceso creativo se consigue gráficamente

apoyar causas, campañas y porque no, dejar plasmado en alguna pared de alguna ciudad

la posibilidad de que el arte se comprometa con las luchas sociales, con las exigencias

de diversos colectivos. Vannesa Cárdenas nos muestra sus colores en los murales, en los

afiches y en las campañas que crea.

El segundo es una amalgama de versos e ilustraciones, algunos poemas de

distintas autoras y autores junto a ilustraciones. Las lectoras y lectores decidirán si el

poema complementa a la ilustración o al contrario de la ilustración se revela una poesía!

Esta selección de poemas es un abrebocas de una colaboración de la Biblioteca de las

Grandes Naciones, de ahí que nuestro agradecimiento a Xabier Susperregui por el

apoyo para esta sección y a todas y todos quienes participan del trabajo que realizan.

Francisco Hurtado Caicedo

Programa Andino de Derechos Humanos, Diciembre 2013

 

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TEMA CENTRAL

APORTES DE LA PSICOLOGÍA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Razón histórica y razón crítica como fundamento de los derechos humanos

Amalio Blanco Abarca1 y Rubén Blanco Escribano2

Resumen / Abstract

Los Derechos Humanos son fruto de la praxis histórica, es decir, del quehacer consciente, intencional y voluntario de unas personas a favor de otras. Su vulneración e incumplimiento obedece al mismo procedimiento: acciones humanas intencionales y voluntarias llevadas a cabo en contra de personas, normalmente en razón de su pertenencia categorial. Lejos de cómodas abstracciones que tratan de esconder la verificación práctica y real de lo que se dice en la teoría, una aproximación a los Derechos Humanos requiere mirar a los hechos concretos que conforman una realidad deshumanizante, desvelar las fuerzas e intereses que los mantienen y reproducen (denuncia), analizar sus efectos sobre personas concretas y proponer vías de cambio (utopía). Esta tarea requiere una postura crítica frente a las condiciones y a las personas que han hecho posible esos hechos (los victimarios) y una razón compasiva frente a quienes sufren sus consecuencias (las víctimas).

Human Rights are the result of the historical practice, the result of the conscious, intentional and

voluntary work of some persons in favor of others. Its violation and non-completion follows the same procedure: intentional and voluntary human actions carried out against persons, normally due to their categorical membership. Far for comfortable abstractions that try to hide the practical and real verification of what is said in the theory, an approach to the Human Rights required to look at the specific facts that make up a dehumanizing reality, reveal the forces and interests that keep and reproduce them, analyze their effects on specific persons and propose ways of change. This task required a critical attitude front to the conditions and people who have made possible those facts (perpetrators), and a compassionate reason front to those who suffer its consequences (victims).  

A  la  memoria  de  Ignacio  Martín-­Baró,    

                                                                                                               1 Amalio Blanco Abarca es doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de Sociología en Alemania y de Psicología en Estados Unidos. Actualmente se desempeña profesionalmente como catedrático de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. <amalio.blanco@uam.es> 2 Rubén Blanco Escribano obtuvo el grado en Enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid y el Máster en “Investigación en Cuidados de Salud” en la Universidad Complutense de Madrid. Desempeña su trabajo profesional en el Hospital Universitario “Ramón y Cajal” de Madrid. <rubenblanco_1177@hotmail.com>

 

11    

en  el  25  Aniversario  de  su  asesinato,    o  de  su  martirio,  si  lo  prefieren  

A modo de introducción

A los pocos meses de haber llegado al poder, el gobierno español da curso a una

reforma legal por la que quedan fuera de la cobertura sanitaria todos los inmigrantes

ilegales. A resultas de ello, decenas de miles de personas (se habla de 800.000) se ven

privadas de un derecho fundamental por el mero hecho de no ser de los “unos”, sino de los

“otros”, por no ser de los “nuestros”, sino por formar parte de un grupo de los “extraños”.

Esta decisión lleva impreso un mensaje descorazonador que George Simmel señaló en uno

de sus famosas digresiones: “se niegan al otro la cualidades que se sienten propiamente

humanas” (Simmel, 1977, p. 721). La salud, y en no pocos casos la propia vida de personas

concretas, se sacrifica al ídolo económico. La razón queda, pues, atrapada en el interés y en

el cálculo (razón instrumental) o suspendida en una especulación abstracta peligrosamente

desligada de la existencia de personas concretas para desde ahí abrirse camino a la

exclusión y a la deshumanización con argumentos banales; en este caso el de “evitar el

fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria española”. La más burda vulneración de un

derecho universal en aras de una idea muy generalizada entre los neoliberales de todo el

planeta: la salud no es un derecho, sino un producto sometido a las leyes del mercado:

puede gozar de ella quien se la pueda costear.

A muchos kilómetros de distancia, y con el Atlántico de por medio, el Arzobispo de

San Salvador, José Luis Escobar, decide, por iniciativa propia, desmantelar la oficina de

Tutela Legal. Heredera de “Socorro Jurídico”, una institución creada por Monseñor

Romero en plena guerra civil, esta Oficina ha sido la encargada de acoger y gestionar las

innumerables denuncias contra la violación de los Derechos Humanos que en pocos países

se ha dado de manera tan sistemática, tan brutal y tan impune como en El Salvador. La

razón que aduce el Arzobispo es la existencia de “irregularidades” en la parte jurídica,

 

12  

administrativa y contable. De nuevo, la dignidad de las personas pisoteada, la memoria

dolorida despreciada, el derecho a la justicia y a la reparación que requieren las víctimas

demorado, algo que en este caso resulta especialmente preocupante tratándose de un

cualificado miembro de la Iglesia católica. La Universidad Centroamericana “José Simeón

Cañas” de El Salvador (UCA) remitió a comienzos de octubre de 2013 una carta al

Arzobispo mostrando su “profunda tristeza y preocupación”. Es muy significativa la

posición de la UCA porque en su recinto fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas (Ignacio

Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y

Amando López), y dos empleadas (Elba y su hija, Celina Ramos) en la madrugada del 16

de noviembre de 1989 por haberse erigido, cada uno a su manera y dentro de su parcela, en

defensores de los derechos de los más desheredados, de las mayorías populares:

En la Iglesia Latinoamericana, se dice en la carta, Tutela Legal del Arzobispado

tiene un gran prestigio y ha sido considerada como un modelo de pastoral social y

de procuración de justicia. Además, y es lo más importante, para muchos de ellos,

especialmente los más pobres y de entre ellos las víctimas de masacres y otros

crímenes perpetrados antes, durante y después de la guerra civil, Tutela Legal ha

representado la única esperanza en la preocupación por la justicia de esta

Arquidiócesis, preocupación profundamente cristiana inculcada por Jesús de

Nazaret: “la justicia, la misericordia y la lealtad” (Mt, 23, 23).

Un breve excurso sobre la realidad social como construcción humana Estos dos ejemplos, tomados de entre un millón, ponen sobre la mesa con una

enorme sencillez una prueba irrefutable sobre la naturaleza de la realidad social: ésta,

siguiendo a Ignacio Ellacuría, un referente obligado en el campo de los Derechos Humanos

 

13    

en América Latina3, es una realidad que está mediada por la praxis histórica, por una praxis,

cabría añadir sin demasiado esfuerzo, que solo ha podido ser implementada por el ser

humano, las más de las veces ajustándose con gran dificultad en la práctica al derecho

absoluto y abstracto proclamado desde la teoría. Las cosas que suceden en el mundo, entre

las que se encuentran los graves problemas de salud, e incluso la muerte prematura de miles

de inmigrantes ilegales en España y la indefensión de miles de víctimas en El Salvador, son

producto directo de la acción humana. La creencia, hondamente asentada e interesadamente

defendida, de que los acontecimientos sociales son fruto del destino, del azar, de la

voluntad recóndita de algún Dios justiciero o de una naturaleza humana desviada ha sido el

argumento estelar para la violación de los Derechos Humanos a lo largo de la historia.

Forman parte de los recurrentes planteamientos idealistas, abstractos y a-históricos “que en

vez de animar a los cambios sustanciales, exigibles para el cumplimiento efectivo del

derecho y no solo para la afirmación de su posibilidad o desiderabilidad, se convierten en

obstáculo de los mismos” (Ellacuría, 1990a, p. 590).

Esta línea argumental, que intenta esconder la verificación práxica de lo que se

proclama en la teoría (en la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin

ir más lejos), acaba desvelándose falaz, porque con inusitada frecuencia sus argumentos se

asientan sobre medias verdades y mentiras enteras que esconden intereses de personas y de

grupos, con nombres y apellidos, que convierten el derecho de todos en su privilegio

personal escudándose en una normatividad abstracta, en la fuerza de la tradición o la

costumbre, en la voluntad de algún Dios, en creencias obsoletas sobre la superioridad

biológica de razas, culturas, costumbres, dioses y profetas, o, en el mejor de los casos,

conciben el derecho en general y los derechos humanos más en particular desde una

cómoda abstracción ajena a lo que suceda “al hombre en sus concretas relaciones sociales e

                                                                                                               3 Ver a este respecto el libro de Juan Antonio Senent. Ellacuría y los derechos humanos. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1998.

 

14  

históricas”, en palabras de Ellacuría. Ignacio Martín-Baró, señaló a la mentira

institucionalizada como una de las causas en el origen de la guerra civil que azotó de

manera inmisericorde al pequeño país centroamericano durante la década de los ochenta:

“la mentira social, escribía en 1985, constituye la elaboración ideológica de la realidad en

forma que sea compatible con los intereses de la clase dominante” (Martín-Baró, 1998, p.

188). Y algo más y algo peor: la mentira convertida en realidad incuestionable no solo

favorece determinados intereses e impone una visión única (totalitaria) y distorsionada de la

realidad (una especie de “penumbra psicosocial”), sino que lleva implícita una estrategia de

denigración moral de quienes pongan en tela de juicio la verdad oficial, un señalamiento

negativo de quienes tengan la osadía de disentir y una persecución implacable de quienes

osen denunciarla. A su través “se ejerce una gran violencia cognoscitiva” a cuya sombra

crece la polarización, se construye la imagen del enemigo, florece el resentimiento, el

desprecio, el odio, etc. “Cuanto más se debilita el concepto de razón, tanto más fácilmente

queda a merced de la manipulación ideológica y de la difusión de las mentiras más

descaradas”, había escrito Horkheimer (2002, p. 61). Sabía muy bien de lo que hablaba: el

régimen nazi se instaló y se mantuvo durante doce años sobre la mentira, la difamación, la

incitación al odio, la activación del resentimiento, el miedo al disenso, etc.

La naturaleza construida de la realidad social, a la que Berger y Luckman (1968)

dedicaron una obra emblemática4, constituye hoy en día un marco de referencia

                                                                                                               4 Aunque solo sea para refrescar la memoria, convendría volver a recordar el argumento central: “podemos preguntarnos de qué manera surge el orden social. El orden social es un producto humano… El orden social no se da biológicamente ni se deriva de datos biológicos en sus manifestaciones empíricas. Huelga añadir que el orden social tampoco se da en el ambiente natural, aunque alguno de sus rasgos particulares puedan ser factores para determinar ciertos rasgos de un orden social (por ejemplo, sus ordenamientos económicos o tecnológicos). El orden social no forma parte de la naturaleza de las cosas y no puede derivar de las leyes de la naturaleza. Existe solamente como producto de la actividad humana. No se le puede atribuir ningún otro estatus ontológico sin confundir irremediablemente sus manifestaciones. Tanto por su génesis (el orden social es resultado de la actividad humana pasada), como por su existencia en cualquier momento del tiempo (el orden social solo existe en tanto que la actividad humana siga produciéndolo), es un producto humano” (Berger, P., y Luckman, T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, 1968, p. 73).

 

15    

imprescindible a la hora de abordar la vasta problemática de los Derechos Humanos. El

hecho de que el mundo en el que vivimos sea fruto de la acción humana no lo convierte de

manera automática en humanizante (Ellacuría, 1990b, p. 216); puede ser un lugar inhóspito,

alienante, violento, excluyente que requiere conciencia de su realidad y acción

transformadora. George Miller no es ni un activista ni un teórico de los Derechos Humanos,

sino un reconocido investigador en el campo de la Psicología. En 1969 era Presidente de la

influyente “American Psychological Association”, y, preocupado por el rumbo de asepsia y

despreocupación social que estaba tomando la investigación, aprovecha su discurso

presidencial al pleno de la Convención Anual para compartir una lúcida reflexión en torno

al quehacer de la Psicología como ciencia y como profesión que no es ajena al tema que

nos ocupa:

Los problemas más urgentes de nuestro mundo son problemas que hemos causado

nosotros mismos. No tienen su origen en una naturaleza despiadada ni nos han

sido impuestos, como castigo, por la voluntad de Dios. Son problemas

estrictamente humanos cuya solución requiere el cambio de nuestras conductas y

de nuestras instituciones sociales. Como ciencia directamente interesada en los

procesos sociales y conductuales, sería esperable que la Psicología liderase la

búsqueda de nuevos y mejores escenarios personales y sociales (Miller, 1969, p.

1063).

Si la realidad social (los sistemas legales, las creencias, religiosas y laicas, en las

que vivimos, los valores que defendemos, los dioses a los que veneramos, las tradiciones

que transmitimos a las nuevas generaciones, etc.) es fruto de la acción humana, parece

obvio que sea esa misma acción la llamada a cambiar su rumbo cuando dicha realidad

atente contra alguno de los derechos fundamentales de las personas, cuando esa realidad

esté preñada de negatividad (de injusticia, de violencia, de dominación, de

deshumanización). Descender a los hechos que la conforman (la pasión por la realidad),

desvelar las fuerzas que la mantienen y la justifican (desideologización), desentrañar su

 

16  

significado (los significados también son realidad)5 y analizar los efectos que estos acarrean

para las personas de carne y hueso son pasos irrenunciables para una Psicología de los

Derechos Humanos, pasos imprescindibles para dotarlos de concreción, para mirarlos en su

funcionamiento real respecto a personas reales, para rescatarlos de la mera declaración de

intenciones, para historizarlos, diría Ignacio Ellacuría, es decir, para verificar la verdad o

falsedad de lo que se dice, para analizar las condiciones reales en las que se predican, para

descubrir los planteamientos idealistas que encubren su incumplimiento y para analizar si y

“cuándo las proclamaciones ideales se pueden convertir en realidades o alcanzar, al menos,

cierto grado aceptable de realización” (Ellacuría, 1990a, p. 590).

Pero cabe dar un paso más: los contenidos y condiciones que definen esa realidad

mediada por la praxis histórica piden denuncia y actividad transformadora (utopía) en razón

sus efectos sobre el bienestar, la salud, la dignidad, la integridad física y, sobre todo, la vida

de las personas. La vida humana es la realidad radical, había escrito Ortega en Historia

como sistema y otros ensayos filosóficos, “porque incluye y preforma todas las demás”. A

la luz del argumento que preside este epígrafe, el deber ser cabe aplicarlo no solo a las

personas, sino a las obras que entre ellas han construido, a sus modelos y sus relaciones de

producción, a sus estructuras de poder, a sus valores y creencias, a sus modelos de relación

interpersonal y, sobre todo, a sus modelos de relación intergrupal que de manera tan

demoledora han vulnerado los derechos humanos a través de la explotación económica, de

la represión política, de la discriminación, de la exclusión, del racismo, de la xenofobia, de

la violencia.

                                                                                                               5 Bastaría para ello recordar el principio de William Thomas: cuando las personas piensan que algo es real, esto acaba siendo real en sus consecuencias. Thomas Merton le dedica una especial atención llamando la atención sobre dos extremos que resultan de especial interés para el tema que nos ocupa: a) cuando las personas atribuyen un sentido (falso) a una situación, su conducta, y las consecuencias que de ella se derivan, queda afectada por el sentido atribuido, y b) dicha conducta convierte en verdadero el concepto originalmente falso. Es la profecía que se cumple a sí misma (Merton, R. Teoría y estructuras sociales. México: F.C.E., 1964, pp. 419-421).

 

17    

Denuncia (tomar conciencia de la negatividad) y utopía (tomar conciencia de la

posibilidad de superarla), son dos pasos necesarios y complementarios en la lucha por los

Derechos Humanos: “la denuncia sin utopía es, hasta cierto punto, ciega, pero la utopía sin

denuncia es prácticamente inoperante, más aún, eludidora del compromiso real” (Ellacuría,

1990a, p. 592). Denuncia de lo que está haciéndose y esperanza y acción hacia el cambio

(utopía), hacia lo que está por hacer, porque “la verdad de la realidad no es lo ya hecho; eso

es solo una parte de la realidad. Si no nos volvemos a lo que está haciéndose y a lo que está

por hacer, se nos escapa la verdad de la realidad” (Ellacuría, 1990b, p. 599). Martín-Baró,

que bebió de las fuentes filosóficas y teológicas de Ellacuría, ahonda en esta distinción, tan

decisiva para los Derechos Humanos: junto a los “hechos”, los “por hacer”:

De poco sirve comprender o explicar los grandes problemas de las mayorías

latinoamericanas si con ello nos limitamos a reflejar la realidad tal como es…

Una ciencia que se quiera histórica debe mirar tanto al pasado como al futuro y,

por tanto, no puede contentarse con reconstruir más o menos fielmente lo que se

da, sino que debe esforzarse por construir aquello que no se da, pero debiera

darse; no los hechos, sino los por hacer (Martín-Baró, 1998, p. 333).

En el interés por mirar de frente y cara a cara a la realidad del que se nutre la

filosofía de los Derechos Humanos no están solos Ellacuría y Martín-Baró. La “pasión por

la realidad” atravesó de cabo a rabo la actividad de los “titanes del período 1830-1900”:

Augusto Comte, Carlos Marx, Emilio Durkheim y Max Weber. En el origen del

pensamiento social estuvieron presentes “las realidades de la sociedad”; realidades no

empañadas “por capas de convencionalismos, sino directas e inmediatas” (Nisbet, 1969, p.

188): la anarquía intelectual, la desorganización moral, la corrupción política, el

predominio del punto de vista material y a corto plazo (la razón instrumental), la

explotación económica, la quiebra de la comunidad, el desencanto del mundo, etc. Ellacuría

se suma sin rodeos a esta propuesta: “la principal fuente de luz es la realidad”: la que se ha

hecho, la que se está haciendo y la que está por hacer: “hay que hacer la verdad, lo cual no

 

18  

supone primariamente poner en ejecución, realizar lo que ya se sabe, sino hacer aquella

realidad que en juego de praxis y teoría se muestra como verdadera” (Ellacuría, 1990b, p.

599). De manera paralela, Martín-Baró la elevará a principio fundante de su particular y

original epistemología psicosocial (el “realismo crítico”)6: la realidad es lo primigenio, lo

que nos está dado al momento de nacer, lo que todavía no podemos interpretar. Los

“aspectos sociales e históricos en la concreción de la existencia humana” acabarán siendo

uno de sus marcos de referencia preferidos. La pasión por la realidad actúa como necesaria

contraparte a ese idealismo metodológico (a ese relativismo psicologicista) que no pocas

veces ha servido de coartada para la más descarada e hiriente vulneración de los Derechos

Humanos::

Que no sean los conceptos los que convoquen a la realidad, sino la realidad la que

busque a los conceptos; que no sean las teorías las que definan los problemas de

nuestra situación, sino que sean esos problemas los que reclamen y, por así

decirlo, elijan su propia teorización. Se trata, en otras palabras, de cambiar

nuestro tradicional idealismo metodológico en un realismo crítico. A los

psicólogos latinoamericanos nos hace falta un buen baño de realidad, pero de esa

misma realidad que agobia y angustia a las mayorías populares (Martín-Baró,

1998, p. 314).

                                                                                                               6 Merece la pena recoger, brevemente, los puntos capitales de esta propuesta: 1) La realidad es anterior al sujeto cognoscente, y a su vez, y sin necesidad de entrar en contradicciones irreconciliables, es una realidad fruto de la mano del hombre. 2) Es necesario reinstalar la Psicología en la realidad; “es necesario situar y fechar el conocimiento psicosocial, y no pretender vender como universal lo que es local y parcial” (Martín-Baró, 1983, p. ix). 3) Frente al positivismo ramplón que va tras la búsqueda de principios y leyes universales y frente a un idealismo abstracto que “antepone el marco teórico al análisis de la realidad”, emerge una verdad social, una verdad histórica que nace de la esencial historicidad del ser humano y remite siempre a un contexto de descubrimiento y justificación. 4) Al mismo tiempo se hace necesario recuperar el significado como elemento constitutivo de la acción, en el sentido weberiano del término: la Psicología social es “el estudio de la acción en cuanto ideológica”, en cuanto está avalada por razones, animada por motivos o intereses de distinto cariz, aferrada a valores, sustentada en creencias, transida de sentido. 5. Primacía de la verdad práxica sobre la verdad teorética.

 

19    

En el marco de los Derechos Humanos, la realidad como hecho teórico primigenio

se acompaña de, al menos, dos corolarios teóricos de largo alcance: a) la existencia de un

mal histórico (un “mal común” lo denomina Ellacuría) que ha negado los derechos más

elementales (la dignidad y la vida) a millones de personas, y b) la primacía de la praxis

sobre la teoría, de la “ortopraxis sobre la ortodoxia”, en palabras de Martín-Baró.

Sobre el “mal común” dejó Ellacuría unos apuntes que Héctor Samour, el estudioso

más concienzudo de la obra del jesuita, ha desempolvado y dado a conocer (Samour, 2013).

El mal común remite sencillamente a la realidad mediada por la praxis histórica, a una

realidad fácil de reconocer, poseedora de un carácter estructural inserto en el mismo

corazón del ordenamiento social que propaga su negatividad devastadora a grandes capas

de la población en términos de injusticia, de dominación y despojo de lo esencialmente

humano. El propio Ellacuría lo describe en los siguientes términos:

Vistas las cosas desde el mal común real, que es el mal que afecta a las mayorías,

sobre todo cuando este mal cobra las características de injusticia estructural –

estructuras injustas que apenas posibilitan una vida humana y que, al contrario,

deshumanizan a la mayor parte de quienes viven sometidas a ellas – y de injusticia

institucionalizada –institucionalización en las leyes, costumbres, ideologías, etc.-,

surge el problema del bien común como una exigencia negadora de esa injusticia

estructural e institucional (Cit. en Samour, 2013, p. 11).

En el campo de la salud, la OMS nos ofrece datos y ejemplos estremecedores que se

compadecen muy bien con los rasgos que caracterizan el mal común en la medida que

atentan de manera inmisericorde contra el más elemental de los derechos, el de la vida. En

el Informe “Subsanar las desigualdades en una generación”, se alude a la injusticia como

desencadenante de la muerte. La injusticia social mata:

…la esperanza de vida de un niño difiere enormemente en función de donde

haya nacido… Los más pobres de entre los pobres padecen elevados niveles de

morbilidad y de mortalidad prematura… En todos los países, con independencia

 

20  

de su nivel de ingresos, la salud y la enfermedad siguen un gradiente social:

cuanto más baja es la situación socioeconómica, peor es el estado de salud. Eso

no tiene por qué ser así y no es justo que sea así… La injusticia social está

acabando con la vida de muchísimas personas (OMS, 2008, p. 8).

La pobreza también mata, y quienes la procuran con sus políticas deberían ser

sometidos a juicio por un tribunal de Derechos Humanos. Ya que, por el momento, eso

resulta imposible, deberían contar con nuestra desaprobación y nuestro desprecio ya que

sus políticas dan como resultado niños sin vacunar, sin agua potable y sin medicinas, que

mueren de manera fulminante antes de llegar a los cinco años (cada año lo hacen alrededor

de 12.2 millones). Mueren por causas que podrían prevenirse con unos cuantos dólares.

Mueren por y ante la indiferencia de los gobiernos propios y ajenos, y “sobre todo mueren

porque son pobres” (OMS, 1995, p. 1).

De la injusticia social hablaron también los obispos latinoamericanos reunidos en

Medellín en 1968: “existen muchos estudios sobre la situación del hombre latinoamericano.

En todos ellos se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria,

como hecho colectivo, es un injusticia que clama al cielo” (CELAM, 1977, p. 25) y “exige

transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras” (CELAM,

1977, p. 37).

Esas transformaciones son las que presiden la necesidad de la praxis, una necesidad

que se antepone a la necesidad de la teoría, a la generalizada tendencia a buscar que la

realidad soporte, apoye y confirme nuestras teorías, a forzar a la realidad a coincidir con lo

que pensamos de ella, a revolcarnos, una y otra vez, en la “ciénaga idealista”, en expresión

de Lev Vygtoski, a quien cabe considerar como uno de los maestros incombustibles de la

Psicología. Pensar y actuar en función de las personas y no de las ideas7, recuperar el “ser”

                                                                                                               7 Sobre el peligro de los “ideales” ha llamado la atención Rafael del Águila. La violencia idealista ha venido formando parte de la historia de la humanidad y ha cosechado, como ningún otro acontecimiento protagonizado por el ser humano, el nivel más alto de sufrimiento y destrucción: “dogmáticos, fanáticos,

 

21    

y concederle el lugar que le corresponde en nuestras reflexiones y modelos teóricos y en

nuestras actividades prácticas. Porque cuando “una ciencia que, en una independencia

imaginaria, ve la formación de la praxis, a la cual sirve y es inherente, como algo que está

más allá de ella, y que se satisface con la separación del pensar y el actuar, ya ha

renunciado a la humanidad” (Horkheimer, 1974, p. 270-271). Lo hace cuando y porque,

ensimismada en la pura reflexión teórica, cierra los ojos a cuanto acontece a su alrededor,

cuando busca el acomodo de los hechos al estrecho anillo de la teoría o de la ideología.

Que no sean los conceptos los que definan la realidad, acaba de proponer Martín-

Baró: ese será el argumento primordial de su Psicología de la liberación: “es necesario

involucrarnos en una nueva praxis, una actividad transformadora de la realidad que nos

permita conocerla no solo en lo que es, sino en lo que no es, y ello en la medida en que

intentamos orientarla hacia aquello que debe ser (Martín-Baró, 1998, p. 299). La

transformación de la realidad (el deber ser de las producciones humanas) se convierte en un

deber en la medida, fácilmente comprobable, que a su alrededor proliferan la víctimas de la

conculcación de los Derechos Humanos. Declaradas insignificantes por la razón ilustrada y

por el idealismo porque nos obligan a descender a lo concreto y prestar atención a lo

diverso, las víctimas pasan a ocupar un lugar privilegiado en la doble tarea de la

construcción del conocimiento y de la praxis, de la teoría y de la aplicación.

Una teoría del conocimiento que tome como punto de partida la primacía de la

realidad tendrá su continuidad, por la misma lógica de los acontecimientos, en una triple

dirección: primero, el estremecimiento frente a la fuerza destructora que históricamente ha

                                                                                                               

optimistas salvajes, enloquecidos creyentes en un ideal que están dispuestos a destrozar el presente con tal de edificar la perfección incondicional del futuro… Guiados por una fe ciega, realizando una misión que aplasta todo lo que se le opone, los militantes del exceso suponen que algo más está a su lado. Un dios centelleante, una ciencia exacta, una historia indefectible, un racismo científico, unas raíces ancestrales, una identidad indudable, la libertad de todos. En su nombre hay que hacer estallar todo. Hay que retorcer y torturar al mundo si se resiste. Están en juego nada menos que nuestros altos ideales: la salvación del alma, la misión histórica, la emancipación humana, la autenticidad perfecta, la democracia global” (del Águila, R. Crítica de las ideologías. El peligro de los ideales. Madrid: Taurus, 2008, p. 17).

 

22  

mostrado el ser humano contra sí mismo y en contra de sus semejantes: dejarse afectar por

los hechos de la realidad; después, su interés en buscar los motivos y las razones en las que

se han sustentado esos hechos, y finalmente, el decidido propósito de modificarla

(intervención). En realidad, y pese al pesimismo que nos invade, tenemos contraída una

deuda intelectiva (indagar, buscar razones, hacernos preguntas), una deuda moral

(preocupación, indignación, condolencia por determinado estado de cosas) y un deber

práctico (ensayar nuevas respuestas) frente algunas de las cosas que nos rodean.

La razón crítica Algunas de ellas son los lamentos procedentes de tantas realidades

deshumanizantes, los gritos “de los miserables y desheredados”, la injusticia social

convertida en verdugo de millones de personas, la violencia estructural, la pobreza

degradante. Todo ello nos indigna, nos conmueve y nos interroga en términos muy

parecidos a los de aquella angustiosa pregunta que se hicieron Max Horkheimer y Theodor

Adorno en la Introducción a su Dialéctica de la Ilustración: “porqué la humanidad, en

lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de

barbarie” (Horkheimer y Adorno, 1990, p. 51) que se repite día tras día con intensidad

diversa pero con consecuencias siempre idénticas en su capacidad destructiva y

aniquiladora. A lo largo de su obra filosófica, Horkheimer va trazando la respuesta.

En primer lugar, porque en un determinado momento de su evolución teórica

(Horkheimer lo cifra en el Renacimiento)8 la razón quedó escindida del mundo y se ocupó

en buscar obsesivamente las esencias universales con indiferencia frente a los hechos

                                                                                                               8 Lo hace en uno de los capítulos más emblemáticos (“Ascenso y decadencia del individuo”) de su obra central, Crítica de la razón instrumental: “el humanismo del Renacimiento mantuvo vivo, haciéndolo suyo, el valor infinito del individuo, tal y como el cristianismo lo había concebido, pero lo absolutizó, y al hacerlo, a la vez que lo llevó a su más alta y plena expresión, preparó el camino para su destrucción” (Horkheimer, 2002, p. 150).

 

23    

particulares. A la esencia universal le resulta intelectualmente indiferente la existencia de lo

particular y, por tanto, si los hechos en los que se concreta la realidad se acogen o no a los

Derechos Humanos.

Después, porque la razón se ha rendido al cálculo, a la utilidad9, y, de manera

especial, al cálculo utilitario por excelencia, que es el ejercicio del poder. En el transcurso

de ese ejercicio opta de manera definitiva por su autoliquidación “en cuanto medio de

intelección ética, moral y religiosa” (Horkheimer, 2002, p. 56) y se revuelve contra su

propio protagonista: el pretendido “dominio universal sobre la naturaleza se retuerce contra

el mismo sujeto pensante” (Horkheimer y Adorno, 1970, p. 41), de suerte que “la historia

de los esfuerzos del hombre por sojuzgar la naturaleza es también la historia del

sojuzgamiento del hombre por el hombre” (Horkheimer, 2002, p. 125) en nombre del

progreso, del control del déficit, de la competitividad, de la salvación del alma, etc.

En tercer lugar, porque considera que la realidad, la pasada y la presente, con toda

su carga de negatividad, es inevitable; entiende que es una realidad a la que estamos

irremisiblemente condenados: en la concepción tradicional de la ciencia, el mundo

“representa para el sujeto una suma de facticidades: el mundo existe y debe ser aceptado”

(Horkheimer, 1974, p. 233) tal y como es: las formas de la sociedad son inmutables, el

sistema tiene “imperativos” a los que es necesario responder, “las necesidades del proceso

de la vida material” (el proceso económico) exigen unas determinadas respuestas

(acciones), no importa si con ello condenan a la pobreza a una parte de la población o se

niega el acceso a la salud y a la educación a determinados colectivos, como está ocurriendo

en España. La razón ha capitulado ante la realidad y ha convertido al ser humano en

espectador pasivo de su propio devenir histórico: “los hombres, en su reflexión, se ven a sí

mismos como simples espectadores, participantes pasivos de un acontecer violento que                                                                                                                9 La concepción liberal del mundo, escribirá en el primero de los ensayos que conforman su Teoría crítica, “puso como unidades independientes, últimas, en el curso histórico, a individuos que persiguen sus propios intereses” (Horkheimer, 1974, p. 27).

 

24  

quizá se puede prever, pero al que, en todo caso, es imposible dominar” (Horkheimer,

1974, p. 261). La humanidad se aleja de un “estado verdaderamente humano” porque ha

confiado ciegamente en un modelo de sujeto escindido del mundo y de cuya existencia real

se permite el lujo de prescindir. Le basta con su esencia abstracta “independiente de toda

circunstancia histórica”, en palabras de Ellacuría.

Cabría todavía un último argumento, una última razón para esa obstinada

deshumanización que caracteriza la historia del ser humano. La escisión entre el “yo” y el

“mundo”, la distinción entre la sensibilidad y la razón, la dicotomía entre el individuo y la

sociedad, la separación de la teoría y la praxis, el pensar y el ser, abona la creencia en la

autonomía absoluta del “ego” y a elevar la individualidad “a causa última del mundo o a

aun a mundo” abriendo así la puerta a diversas formas de negatividad que hacen imposible

el cumplimiento cabal de los Derechos Humanos10. El solus ipse que se define desde un

soliloquio interminable consigo mismo y para sí mismo de espaldas al mundo que le ha

tocado vivir (y sufrir) encuentra un caldo de cultivo ideal en esas escisiones y dicotomías.

Todo ello como consecuencia de un modelo de sujeto, de un modelo de razón y de un

modelo de sociedad supeditados a la producción, rendidos a las fuerzas económicas,

avasallados por el poder, utilizados como instrumento de dominio y supeditación. Una

razón que ha sido (y sigue siendo) capaz de justificar sin inmutarse el dominio y la

destrucción del hombre por el hombre.

La razón compasiva

                                                                                                               10 Ellacuría, de la mano de Xabier Zubiri, defenderá la misma posición: “que el Yo sea el punto central de la realidad y que, además, sea formalmente un Yo pensante, un Yo que ‘pone’ todo lo demás, un Yo que pone el no-Yo, es un supuesto más que discutible. El hecho real y la interpretación metafísica de la realidad nos ha llevado a ver las cosas justamente al revés: el Yo es el ‘resultado’ de la realidad, el Yo es ‘posición’ de la realidad personal. Mi Yo es una reactualización de la propia realidad. Antes que poner nada, el Yo está ya puesto, está puesto por mi propia realidad en el propio acto por el cual existo y por el cual me afirmo en tanto que realidad” (Ellacuría, 1990b, p. 368).  

 

25    

No se trata de renunciar caprichosamente a la razón, sino de no prescindir de la

realidad ni de las personas y los rostros que la pueblan, de no renunciar a la “realidad por

antonomasia” que no es otra que la realidad histórica (Ellacuría, 1990b, p. 599) y de no

mostrarse indiferente frente a ella, o, por mejor decir, frente a las consecuencias que acarrea

para personas reales, tanto a título individual como colectivo. Consecuencias visibles,

palpables, reales que tan solo requieren abrir los ojos y mirar de frente. Si lo hacemos, es

muy posible que nos sigamos topando, especialmente en América Latina, con los mismos

rostros que describieron los obispos latinoamericanos en aquella histórica reunión de

Medellín, en 1968:

…rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer; rostros de

jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados por

falta de oportunidades de capacitación y ocupación; rostros de indígenas y con

frecuencia de afro-americanos que viven marginados y en situaciones

infrahumanas; rostros de campesinos que viven relegados en casi todo nuestro

continente; rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades

para organizarse y defender sus derechos; rostros de subempleados y

desempleados despedidos por la duras exigencias de las crisis económicas;

rostros de marginados y hacinados urbanos con el doble impacto de la carencia

de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores

sociales; rostros de ancianos frecuentemente marginados de la sociedad del

progreso que prescinde de las personas que no producen (CELAM, 1979, p. 66).

También ellos podrían preguntarse hoy porqué, cincuenta años después, la realidad

latinoamericana sigue plagada de negatividad a pesar de que todos los gobiernos dicen estar

comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos. La respuesta la seguimos

encontrando en los supuestos de la teoría crítica: la supremacía del pensar sobre el ser, de la

esencia sobre la existencia, de las ideas abstractas sobre las personas concretas, de la

universalidad sobre la particularidad, del interés egoísta sobre el bien común. Dentro de

 

26  

este modelo de razón, los conceptos de justicia, igualdad, tolerancia, etc., han perdido sus

raíces y andan vagando en abstracciones literarias inconcretas e inconclusas. No cabe duda

de que son un objetivo, “pero no hay instancia racional alguna a lo que pudiera

corresponder la tarea de allegarles un valor y ponerles en conexión con una realidad

objetiva” (Horkheimer, 2002, p. 60). La recuperación de esas raíces es un deber moral de la

actividad científica en general y particularmente de la actividad de las ciencias sociales.

Siempre lo fue. Lo fue realmente desde el principio; lo fue como hecho fundante de la

misma ciencia social: “las grandes ideas de las ciencias sociales tienen invariablemente sus

raíces en aspraciones morales. Por abstractasque las ideas sean a veces, por neutrales que

parezcan a los teóricos e investigadores nunca se despojan, en realidad, de sus orígenes

morales… Los grandes sociólogos jamás dejaron de ser filósofos morales”. Ese es el

clarividente análisis que hace Robert Nisbet en una obra de obligada referencia para

conocer el devenir del pensamiento social (Nisbet, 1969, p. 34).

A la vuelta de un campo de exterminio nazi, Henri Tajfel, uno de los teóricos más

influyentes en la Psicología europea del pasado siglo, hace una confesión que da sentido y

coherencia a toda su actividad científica y da asimismo sentido y continuidad al principio

fundante de la ciencia social:

…la psicología social puede y debe incluir entre sus preocupaciones teóricas y en

relación con la investigación, un interés directo por las relaciones entre el

funcionamiento psicológico humano y los procesos y acontecimientos sociales a

gran escala que moldean ese funcionamiento y son moldeados por él…. A la vista

de todo esto, mi creencia en una psicología social libre de la influencia de los

valores comenzó a tambalearse rápidamente (Tajfel, 1984, p. 23).

Con ello, Tajfel ratifica y se suma a una de las posturas más incontrovertibles de la

ciencia social, la imposibilidad de asepsia, que por aquel entonces ya había dado pasos de

gigante (ver al respecto Wright Mills, 1961; Lamo de Espinosa, 1975; Proctor, 1991;

Mardones, 1994, entre otros). Martín-Baró se suma a ella de manera incondicional:

 

27    

…en ciencias sociales el científico no puede evitar sentirse involucrado en

aquellos mismos fenómenos que estudia… Más aún, éticamente el científico no

puede dejar de tomar una postura frente a esos fenómenos; pero la parcialidad

que siempre supone una toma de postura no tiene porqué eliminar la objetividad.

Resulta absurdo y aun aberrante pedir imparcialidad a quienes estudian la

drogadicción, el abuso infantil o la tortura. Lo que sí se puede y debe exigirse es

que se analicen esos fenómenos con todo rigor y con apertura total a los datos de

la realidad. Es decir, que objetividad no es lo mismo que imparcialidad (Martín-

Baró, 1998, p. 332).

Lo que estos hechos precisan y demandan no es solo el rigor metodológico, la

frialdad de la reflexión, la mesura del posicionamiento teórico. Demandan también

rebeldía, compasión, solidaridad; piden acercarnos a ellos no desde la universalidad de una

razón abstracta, sino desde la modesta particularidad del sentimiento. El sufrimiento inútil a

que ha dado lugar “el primado del pensar sobre el ser”, el “pensar impasible” (la razón

instrumental) frente al “pensar compasivo” (la razón ética que mira a las personas

concretas) no puede pasar desapercibido para una ciencia que tiene entre sus intereses el

estudio de la salud y entre sus objetivos la promoción del bienestar. Hay verdades, escribía

Martín-Baró en el prólogo de Acción e ideología, “que solo desde el sufrimiento o desde la

atalaya crítica de las situaciones límite es posible descubrir” (Martín-Baró, 1983, p. x).

Ahora, después de Auschwitz, El Mozote, Sbrenica, Ruanda, y un largo etcétera,

estamos obligados a recuperar la razón compasiva, pensar en los otros mirándoles a la cara,

sin despersonalizarlos en lo inconcluso de su pertenencia categorial en la que se diluyen

como personas, en la que desaparece su autonomía, su libertad, su idiosincrasia. “La

compasión es un sentimiento mediado racionalmente: el otro es digno de compasión, no es

un mero objeto doliente, sino un sujeto con su dignidad herida, ultrajada o frustrada” (Mate,

2008, p. 145), arranca de la realidad y de las manifestaciones y hechos concretos que la

pueblan, “de la presencia sensible y palpable de la desgracia ajena”, en palabras de Aurelio

 

28  

Arteta (1996, p. 23), se asienta en la convicción de que el ser humano tiene dignidad y

“solo porque el hombre posee también dignidad se vuelve susceptible de compasión”

(Arteta, 1996, p. 146) y se concreta en dos tipos de acciones de claro sabor kantiano: a)

“obra siempre con la conciencia de que tu propia dignidad es imposible sin que el otro vea

reconocida por ti la suya”, o lo que es lo mismo “comportémonos de tal modo que

ahorremos al otro el dolor de su humillación” (Arteta, 1996, p. 271), y b) “trata al otro

como un ser sufriente; obra de tal modo que de la voluntad que guía tu acción no resulte

pesar para nadie; actúa de tal forma que, por combatirlo o por compartirlo, el otro pueda ver

decrecido su dolor” (Arteta, 1996, p. 273). Frente a la razón abstracta, subjetiva y

ahistórica, el principio misericordia: “una acción o, más exactamente, una re-acción ante el

sufrimiento ajeno interiorizado, que ha llegado hasta las entrañas y el corazón propios”

(Sobrino, 1992, p. 33). No hay demasiadas razones hoy para poner en tela de juicio la

opinión de Max Horkheimer: “los verdaderos individuos de nuestro tiempo son los

mártires, que han atravesado infiernos de sufrimiento y de degradación por su resistencia al

sometimiento y a la opresión (Horkheimer, 2002, p. 168). Esos mártires no se limitan a

aquellos que nunca volvieron de los campos de exterminio nazi; son todos aquellos cuya

existencia se ha sacrificado, a veces hasta el extremo, en los lujosos altares del cálculo

económico, en las alturas del poder o en los sótanos siniestros de algunas ideologías.

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29    

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30  

Derechos humanos: del conflicto socioambiental a la violencia política

María Fernanda Soliz1

Resumen / Abstract

El artículo propone, desde el paradigma de la complejidad, un abordaje integral de los derechos humanos en el contexto global actual. A través de la sistematización de procesos de acompañamiento psicosocial con comunidades afectadas por conflictos socioambientales, la autora desarrolla un análisis profundo de las transiciones históricas en las violaciones de derechos humanos y postula nuevas categorías y retos metodológicos. El ejercicio de la violencia política expresado en la violación de la soberanía territorial, de los derechos ciudadanos, sociales y económicos de grupos oprimidos constituye el cuerpo central de este trabajo.

The article proposes, from the complexity paradigm, a comprehensive approach to human rights in

the current global context. Through the systematization of psychosocial support process, with communities affected by environmental conflicts, the author develops a deep analysis of historical transitions in human rights violations and postulates new categories and methodological challenges. The exercise of political violence expressed in the violation of territorial sovereignty, social and economic rights of oppressed communities, constitutes the main body of this work

Psicología y Derechos Humanos ¿para qué? Repensar el ejercicio de los Derechos Humanos desde una visión integral que

trascienda la dimensión jurídica de análisis, constituye un imperativo ético en el contexto

global actual. El ejercicio de la violencia política, muchas veces practicado y en otras

ocasiones, legitimado por los estados nacionales, demanda un abordaje inverso. La

reivindicación y real ejercicio de los derechos humanos debe partir de la comprensión y

acompañamiento de las dinámicas vitales de los grupos oprimidos y la construcción

colectiva del derecho a la reparación integral como dispositivo orientador de las

definiciones jurídicas. De otra manera, los marcos legislativos nacionales e internacionales

se convierten en declaratorias discursivas externas. Los Derechos humanos, sirven en tanto

se construyen desde abajo, al tiempo que se construye ciudadanía.

                                                                                                               1 Psicóloga, ©PhD en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Investigadora en el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Proyecto de Reparación Socioambiental Clínica Ambiental. Militante del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Quito-Ecuador. <fersolizec@hotmail.com>

 

31    

Estando los derechos humanos determinados por el cumplimiento de derechos

sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, constituyen una expresión final que

refleja la equidad o inequidad de los modelos productivos y reproductivos en un territorio.

En este contexto, este artículo debe reconocerse como un documento de autoría plural que

sistematiza las experiencias de diagnóstico, acompañamiento, denuncia y procesos de

reparación integral, en comunidades de las distintas geografías del Ecuador. Todas ellas,

comparten un denominador común, la defensa del territorio soberano frente a concesiones

multinacionales para actividades extractivas o productivas.

Este escenario no sólo es compartido por las comunidades del Ecuador, sino por los

pueblos del mundo. La geopolítica de control y apropiación de los recursos naturales ha

consolidado una nueva estructura de discriminación, la discriminación ecológica. Es en este

sentido, que las violaciones de los derechos humanos llegan como parte de la violación de

la soberanía de los territorios.

Pero existe otro denominador común y es la legitimación desde los Estados de los

procesos de despojo, saqueo, control y silenciamiento. El Estado además de legitimar,

provee de seguridad a las megaempresas, militariza las zonas de concesión y cede sus

responsabilidades y derechos sobre el territorio y sus habitantes, a las multinacionales. Para

las comunidades, las multinacionales se convierten en el Estado.

Sólo en este contexto podemos entender los procesos de violación de derechos

humanos que se recogen en este artículo, es en este circuito de complicidad que muchas

veces las multinacionales no requieren actuar por sí mismas, en tanto las fuerzas armadas

de los gobiernos del sur, actúan en su nombre. De ahí que podemos comprender por qué los

procesos de denuncia no encuentran oídos en las cortes nacionales, y son desestimados,

cuestionados y atacados por los gobernantes.

Finalmente debemos enfatizar en las estrategias utilizadas y en su evolución

histórica. Los gobiernos latinoamericanos han desestimado los procesos actuales de

denuncia al compararlos con los brutales genocidios vividos durante las dictaduras

latinoamericanas de los años 70. Sin embargo, en el momento histórico actual, al tiempo

 

32  

que crecen los casos de asesinatos a líderes ecologistas2 y sindicalistas -recordemos la

masacre en Marikana-Sudáfrica, en la 34 personas fueron asesinadas y 78 resultaron

heridas-, también crecen y se fortalecen las estrategias de violencia sutil.

La ONG local Karapatan aseguró que en dos años 76 líderes y activistas de los

derechos humanos han sido asesinados en Filipinas. Trece de ellos estaban

comprometidos sobre todo con la protección del ambiente (aunque sea difícil

separar la protección del ambiente natural de los derechos humanos). Sólo en

América Latina hay cientos de muertos ecologistas mencionados en la prensa en

los últimos 25 años, incluyendo al menos 20 o 30 mujeres, como Betty Cariño, en

México; Maria do Espirito Santo con su marido José Claudio, en Pará, Brasil, en

2012... Muertas y muertos con barrigas llenas del plomo de las balas asesinas,

como el activista antipetrolero Ángel Shingre, en Orellana, Ecuador…3

De las expresiones sutiles de violación de los derechos humanos, nos ocuparemos a

lo largo del documento, por ahora, únicamente vale mencionarlas: el encadenamiento

laboral que termina con las economías productivas familiares y condiciona a los territorios

a economías clientelares de pago de salarios por servicios. El despojo mediante la coerción,

el cierre de escuelas que obliga a los comuneros a salir de sus territorios, las políticas de

contratación selectiva y la ruptura del tejido social. Estas condiciones son determinantes

fundamentales de la violación de derechos humanos.

Tejer estas expresiones sutiles y perversas de violación de derechos, para develar la

perversa cadena de Persecución – Criminalización – Judicialización – Amnistía y

Desmemoria, es el corazón de este artículo.

Psicología y Derechos Humanos ¿desde dónde?

                                                                                                               2 Martínez, J. Ecologistas de panza llena de plomo. La jornada. Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/opinion/020a1pol> 3 Ibíd.

 

33    

Salud Colectiva y Psicología Comunitaria Latinoamericanas

Estas dos disciplinas que nacen hermanas bajo el paradigma de la complejidad,

reconocen la existencia de una configuración dialéctica que articula tres dominios de la

realidad: el nivel de los estilos de vida, los modos de vida y los contextos sociohistóricos

(Breilh 2004)4. Muchas veces, los derechos humanos, han sido estudiados y comprendidos

como una condición únicamente vinculada con los estilos de vida, manteniendo

complicidad con la estructura hegemónica de poder que los determina.

En este sentido, la psicología comunitaria latinoamericana comprende el bienestar

“como el equilibrio o sinergia entre la satisfacción de necesidades personales, relacionales

y colectivas” (Montero 2004, p. 31)5, es así que introduce la categoría complejidad al

reconocer este espacio formado por tres dominios, equivalentes al perfil epidemiológico

propuesto desde las corrientes de salud colectiva latinoamericanas y comprende a los

derechos humanos como el síntoma final del (in) cumplimiento de derechos colectivos,

sociales y comunitarios.

Ahora, si bien la psicología comunitaria latinoamericana propone tres dominios

interrelacionados en la construcción del bienestar, los coloca a un mismo nivel, obviando el

movimiento de subsunción - autonomía que caracteriza la estructura dialéctica del

paradigma de complejidad. Esta movilidad dialéctica es propuesta por Jaime Breilh (2009)6

como determinación social y se expresa en un gráfico sobre el que hemos adaptado la

propuesta de la psicología comunitaria.

Figura 1 Adaptación del modelo Propuesto por la psicología comunitaria al modelo de la determinación

social de la salud

                                                                                                               4 Breilh, J. (2004). Epidemiología Crítica: Ciencia Emancipadora e Interculturalidad. (2da. Edición). Buenos Aires: Lugar Editorial. 5 Montero, M. (2004) Introducción a la Psicología Comunitaria: Desarrollo, Conceptos y Procesos. Buenos Aires: Paidós. 6 Breilh, J. (2009). La Epidemiología y la Salud Urbana. VI Jornadas Epidemiológicas distritales; 28 de Octubre del 2009. Bogotá Colombia. Grupo Editor de las Jornadas.

 

34  

Fuente: Prilleltensky (20047)

Bajo este marco conceptual, nuestro artículo devela el movimiento de subsunción-

autonomía que existe entre los contextos sociohistóricos generadores de inequidad, los

modos de vida y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos con los impactos

psicosociales que los acompañan. Este movimiento de subsunción-autonomía no debe

pensarse como menor, dado que pone en evidencia la determinación social de los derechos

humanos y entiende las violaciones, los impactos y procesos psicosociales, como síntomas

finales de una estructura sociohistórica, de unos modelos productivos, reproductivos y unas

relaciones de poder.

Psicología y Derechos Humanos ¿cómo? La investigación acción participativa (IAP)

El reto de establecer procesos de diagnóstico y reparación con comunidades

afectadas por conflictos socioambientales, vulneradas en sus derechos sociales,

económicos, políticos, humanos y violentadas en su soberanía territorial; demanda una

actitud de compromiso con la transformación de los contextos sociohistóricos productores

de inequidad y opresión.

En este sentido, la investigación acción participativa constituye, sin lugar a dudas,

una propuesta político epistemológica vital en la construcción de ciencia popular

                                                                                                               7 Prilleltensky I. Prologo. (2004). En Montero M. “Introducción a la psicología Comunitaria: Desarrollo, conceptos y Procesos”. Buenos Aires: Paidós y Breilh, J. (2004). Epidemiología Crítica: Ciencia Emancipadora e Interculturalidad. (2da. Edición). Buenos Aires: Lugar Editorial.

REALIDAD  GENERAL  (Dr.).Mecanismos  generativos.  Contexto  socihistórico-­‐Necesidades  

relacionales.  REALIDAD  ACTUAL  (Da)  Modos  de  Vida:  Necesidades  relacionales.    

REALIDAD  EMPÍRICA  (De)  Estilos  de  Vida:  Necesidades  individuales.  

 

35    

emancipadora (Freire 1973, p.12), que por un lado apunta a la denuncia y por otro es parte

de los procesos de reparación comunitaria, familiar y personal en colectivos violentados.

El presente artículo, es únicamente un pequeño componente de la sistematización de

algunos de los procesos de acompañamiento, denuncia y reparación integral en

comunidades, colectivos, barrios y grupos humanos que han sido violentados por defender

sus territorios concesionados a multinacionales extractivas, agroindustriales y/o de

disposición masiva de desechos.

En este contexto, el documento debe valorarse como un insumo científico que

denuncia políticas represivas ejercidas desde el Estado en nombre de grupos

multinacionales. Pretendemos con ello, abrir el debate público sobre los nuevos matices de

los conflictos latinoamericanos y la urgencia de establecer políticas de reparación integral

(restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de

las conductas) en comunidades afectadas por disposición final de residuos.

Operacionalización de la metodología

En todos los casos que se presentan a continuación, la operacionalización de la

metodología se estructura en el marco del paradigma de la complejidad y la articulación

dialéctica de los tres dominios de la realidad: estilos de vida, modos de vida y contextos

sociohistóricos propuesta por Jaime Breilh. La siguiente tabla propone un esquema de la

estructura del trabajo realizado en los casos de estudio que presentamos a continuación.

Tabla 1.

Operacionalización de la metodología NIVEL COMPONENTES TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

A NIVEL DEL CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO.

Análisis de la Segregación socioespacial del territorio. Caracterización del modelo productivo-reproductivo del territorio.

Asambleas Barriales Participativas. Análisis geográfico. Cartografía socioambiental participativa. Etnografía.

A NIVEL BARRIAL Segregación sociohistórica del espacio.

Análisis sociohistórico del conflicto. Identificación de procesos destructivos y violaciones de DDHH. Identificación de procesos

Historia Comunitaria Participativa. Asambleas Barriales Participativas.

 

36  

protectores y de la reparación integral.

A NIVEL DE ESTILOS DE VIDA.

Violaciones de DDHH. Impactos psicosociales y mecanismos de defensa.

Historia dela salud familiar y personal. Reactivos Psicológicos: Minimental, Test de Goldberg, Test de Frases Incompletas adaptado por la investigadora, Test de Epiestres (Breilh 1993, Breilh J, Pagliccia N, Yassi, A. 2012)8.

Fuente: Elaboración Propia 2013.

Momentos y técnicas de investigación

La estructura metodológica de análisis en cada uno de los casos de estudio, se

estructuraron en cuatro momentos (Solíz, 2011)9:

Metodologías participativas para comprender el contexto socio-histórico

Éstas ponen énfasis en la articulación de las problemáticas que aparecen como

aisladas en las comunidades, pero que tienen relaciones causales entre ellas. Busca

la comprensión de la historia, de las relaciones de poder y como éstas se expresan

en la salud y el bienestar de los colectivos. Su objetivo se centra en la

contextualización de las problemáticas individuales o familiares a niveles

comunitarios y regionales. Las técnicas utilizadas en este momento fueron: Historia

y Asambleas Comunitarias (barriales) participativas. Cartografía Socioambiental

Participativa, Etnografía, etc.

Metodologías participativas para comprender y analizar los problemas de estudio

Éstas se centran en la comprensión de la historia y estructura del conflicto, de los

procesos destructivos y de los procesos protectores en los tres niveles: general,

relacional e individual. Es frecuente encontrar que las comunidades marginadas

tienden a desarrollar mecanismos de defensa (negación, naturalización,

normalización, habituación, etc.) para afrontar la realidad, y en este sentido

                                                                                                               8 Breilh J. (1993). Trabajo hospitalario, estrés y sufrimiento mental. México: Universidad Autónoma Metropolitana. 23: 21-37, edición de primavera./ Breilh J, Pagliccia N, Yassi, A. (2012). Chronic pesticide poisoning from persistent low-dose exposures in Ecuadorean floriculture workers: toward validating a low-cost test battery. International Journal of Occupational and Environmental Health. 18(2): 7-21 9 Solíz F, Maldonado A, (2011). Guía de metodologías comunitarias participativas, Quito: Clínica Ambiental.

 

37    

problemas estructurales aparecen disfrazados o no aparecen en los diagnósticos

comunitarios. Así, el reto más complejo que enfrentamos en este nivel, es el de

transitar de diagnósticos superficiales a diagnósticos integrales y reales; estas

metodologías se orientan a problematizar y desnaturalizar las condiciones

naturalizadas.

Metodologías participativas para comprender la dinámica de los actores sociales

Se centran en dos ejes fundamentales: el primero, la comprensión de la dinámica de

los grupos con los que trabajamos, la valoración de la cohesión, fisuras internas,

resistencias y procesos organizativos. El segundo, la evaluación de los actores

sociales que están presentes directa o indirectamente. Se trata de valorar aliados y

amenazas, las condiciones de las instituciones y organizaciones –públicas y

privadas- presentes en el territorio y de cómo la comunidad las percibe y qué

funciones cumplen. Las técnicas utilizadas en este momento fueron: sociogramas

barriales, de actores internos y de instituciones presentes en el territorio.

Metodologías para el análisis de acciones

Pretenden orientar la toma de decisiones y la organización de las acciones. Se define

la utilización de los informes psicosociales y de DDHH. Estas metodologías son el

inicio y el cierre del proceso.

El caso Nabón La criminalización de la protesta, de la organización y de la resistencia: historias,

saldos y lecciones.

En Ecuador para el 2011, alrededor de 189 miembros de organizaciones sociales,

ecológicas, originarias, son perseguidos por defender el agua y la tierra, inconcebible para

un Estado en donde su Constitución los reconoce como derechos.

En el año 2006, en la comunidad de Cochapata, Cantón Nabón, Provincia del

Azuay, la Fiscalía acusó de sabotaje a 7 comuneros, responsabilizándolos por supuestos

actos vandálicos realizados contra la Compañía Explorsur S.A. del Grupo económico

 

38  

Eljuri, que realizaba actividades de minería en los páramos de esta parroquia. En el año

2008, los 7 comuneros recibieron (entre otros integrantes de movimientos sociales)

amnistía por parte de la Asamblea Nacional Constituyente; sin embargo, la justicia en la

provincia del Azuay no acogió este fallo, y el caso de los 7 miembros criminalizados en

Cochapata, continuó, hasta recibir sentencia en el año 2010. Desde entonces, y hasta

Diciembre de 201110, se mantuvieron en la clandestinidad en condiciones profundamente

adversas de salud y de vida.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, el Movimiento por

la Salud de los Pueblos y el Proyecto de Reparación Socioambiental Clínica Ambiental, en

su compromiso con las comunidades afectadas por conflictos socio-ambientales, y en el

marco de las resoluciones del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el

Agua y la Pacha Mama11 determinaron la urgencia de realizar una evaluación del estado de

salud y un informe psicosocial y de Derechos Humanos, de los compañeros sentenciados a

8 años de prisión en la Parroquia Cochapata.

El informe respondió a la demanda de los 7 comuneros y sus familias, quienes

amparados en su derecho a la resistencia que consagra la Constitución ecuatoriana 2008,

solicitaron a estas tres instituciones la realización del informe para el cumplimiento de la

amnistía y el derecho a la reparación.

De la criminalización: entre el despojo y la pedagogía del terror

Sin lugar a dudas, durante los años 2008-2011, en la Parroquia Cochapata se había

implantado una suerte de pedagogía del terror que pretendía por un lado legitimar el

despojo y la criminalización de los líderes comunitarios y por otro silenciar a los

comuneros y sentar precedentes represivos.

                                                                                                               10 En esta fecha y como parte de este proceso, conseguimos una segunda amnistía desde la Asamblea Nacional Constituyente. 11 Celebrado en Cuenca de Guapondelig del 21 al 23 de Junio de 2011.

 

39    

La parroquia Cochapata se ha declarado en luto…los líderes comunitarios han

sido juzgados injustamente12.

Tras la acusación de terrorismo y sabotaje, los 7 compañeros se mantuvieron

escondidos en zonas de páramo en condiciones climáticas y vitales profundamente adversas

mismas que ponían en riesgo sus vidas. Uno de ellos sufrió una caída importante

presentando una fractura de cráneo y la pérdida del dedo pulgar de la mano derecha. Si bien

el sistema de soporte comunitario de la Parroquia se constituyó como un emblema de

resistencia frente al juzgamiento descarado de compañeros/as defensores de la Pachamama,

la vida de la comunidad se reportaba alterada, los campesinos relataban la implantación de

un régimen autoritario y represor:

Desde que se dio el Encuentro de los Pueblos del Abya Yala en Cuenca, estamos

siendo sujetos de persecución. Este último viernes dos sujetos que no querían dar

su identificación y ajenos a nuestro pueblo fueron llamados la atención por

nuestros pobladores y se le cogió a uno de ellos y se les entregó a la policía de

Nabón (siendo más o menos las diez de la noche).

Anteriormente, una camioneta doble cabina ha llegado a la casa de los

compañeros Sanmartín Mora y a ellos los ha reprimido a bala, pero no fueron

afectados. El día lunes pasado por la noche en mi casa (cosa que ya no

aguantamos más, vivir esta incertidumbre), por versiones de algunas personas han

dicho estos dueños del poder económico que se vengarán con nuestros hijos…

entonces ya no hay libertad ni para ellos, tenemos que estar todos los días

pendientes.

Ahora no sabemos qué pasará, cuándo, cómo, qué tendremos que hacer, no

tenemos donde cambiarnos a dónde ir para no ser blanco de todos los días. Mi

esposo está mal tenía problemas de próstata y no puede salir a ver al médico,

ahora tiene constantes dolores de cabeza y temo que le vaya a dar un derrame,

eso le cuento que estamos bastante mal…13

                                                                                                               12 Testimonio Comunitario. Junio 2011. 13 Testimonio Comunitario. Junio 2011.

 

40  

Hallazgos del informe

El informe develó las múltiples afecciones en el tejido social provocadas por este

proceso, por un lado los impactos socioeconómicos en las familias de las y los

criminalizados quienes repentinamente vieron desestructurado su sistema familiar. Por otro

lado las violaciones de derechos humanos que se expresaban en tres niveles: comunitario,

familiar y personal.

• La violación del debido proceso, de los derechos a la resistencia y la omisión de la

amnistía otorgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 2008.

• En el nivel comunitario y familiar, se encontraron importantes afecciones debido a los

procesos de represión y criminalización. Tener a 7 líderes comunitarios con sentencia

de prisión y en condiciones de clandestinidad, devino en un proceso de desgaste

importante para la estructura de soporte comunitario tanto a nivel socioeconómico

como emocional.

• A nivel de la salud personal, el informe denuncia las condiciones socioambientales

inhumanas en las que se encontraban viviendo los 7 compañeros criminalizados. Por

un lado mantenían una lógica de nomadismo en medio de condiciones metereológicas

profundamente nocivas y por otro lado se encontraban en aislamiento absoluto, sin

contacto con sus familias, vecinos ni la sociedad.

• Las consecuencias de estas prácticas de nomadismo, aislamiento y condiciones

socioambientales adversas se expresaban en el deterioro de la salud física y mental de

los criminalizados.

• Existían además elementos compartidos: la vivencia del terror frente a la orden de

privación de la libertad, la focalización exclusiva y traumática ante la posibilidad de

captura, la pérdida de sueño, la inanición y la abulia. Dos de los siete criminalizados

habían intentado suicidarse y todos presentaban ideación suicida.

• La salud física de los 7 compañeros evaluados se encontraba afectada, todos habían

perdido peso, entre 10 y 20 kg, varios requerían exámenes de subespecialidad, control

y atención médica.

 

41    

• En lo referente a salud mental, todos los pacientes evaluados presentaban Sufrimiento

Mental severo, Ansiedad y Depresión Probables. En relación al estado cognoscitivo,

dos pacientes presentan deterioro y uno de ellos, sospecha patológica.

• Los compañeros y sus familias, requerían apoyo psicológico y atención en salud

secuenciados. El informe dejó constancia escrita de la gravedad del estado de salud tanto física

como mental así como de las condiciones infrahumanas en las que se encontraban viviendo

los siete criminalizados. Además responsabilizó al Estado Nacional por la salud y la vida de

los compañeros/as criminalizados exigiendo que se tomen acciones inmediatas para la

restitución de los derechos a la salud y a la vida. Finalmente, las tres instituciones

realizaron un proceso de acompañamiento permanente en atención médica, psicológica y

fortalecimiento de la organización social para la resistencia y la denuncia. El informe se

presentó en tres momentos, con alcances, diagnósticos, y fue utilizado como insumo

científico en el proceso legal.

Amnistía no es igual a desmemoria

En Diciembre de 2011, el proceso de movilización comunitaria, la presentación de

este informe y la denuncia pública permitieron la consecución de una segunda amnistía que

dejó en libertad a los siete compañeros. La asignación de una nueva amnistía nunca

consideró el derecho a la reparación integral, los siete compañeros y sus familias vivieron

el proceso de la reinserción social sin el apoyo del Estado. La amnistía se volcó en una

suerte de desmemoria y omisión de las responsabilidades estatales sobre las garantías de

reparación integral.

Ocaso de la Justicia: El caso Sol Rojo Las leyes referentes a sabotaje y terrorismo deberían actualizarse y en función del

principio de la proporcionalidad de la pena y de las medidas a adoptar,

entendemos que tienen que ser unas alternativas diferentes a la de prisión las que

se apliquen, eso vale tanto para los casos que usted me pregunta, como los casos

 

42  

de los chicos que están presos por sabotaje y terrorismo (...) esta normativa penal

corresponde al tiempo en que el Ecuador no vivía en democracia14.

El 3 de marzo de 2012, previo a la Marcha Plurinacional por el Agua y la Vida15, 10

jóvenes fueron detenidos por miembros de equipos élite de la Policía Nacional cuando se

encontraban reunidos en un departamento ubicado en los condominios Casales San Pedro,

en el barrio Luluncoto al sur de Quito. La reunión tenía como objetivo hacer un análisis de

la coyuntura social y política del país, previo a su participación como dirigentes

estudiantiles y sociales, en la Marcha por el Agua.

Fadua Tapia, Abigail Heras, Ana Cristina Campaña, Luis Gallegos, Héctor

Estupiñán, Pablo Castro, Víctor Hugo Vinueza, Luis Merchán, Royce Gómez y César

Zambrano, son estudiantes, profesionales, trabajadores, que se destacaron como dirigentes

sociales y estudiantiles, en sus diferentes ciudades: Quito, Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas

e Ibarra.

Siete hombres y tres mujeres, una de ellas embarazada, fueron apresados, acusados

de terrorismo y de atentar contra la seguridad del Estado. Al día siguiente se realizó la

audiencia de flagrancia y una rueda de prensa por parte del Ministro del Interior, José

Serrano, donde se anunció públicamente “la captura de 10 líderes del GCP, Grupo de

Combatientes Populares”, y que estarían organizando actos violentos, como la colocación

de bombas panfletarias. El discurso del gobierno en el contexto de la Marcha del Agua,

consistió en la construcción de un enemigo interno que aparentemente amenazaba la

seguridad del Estado.

                                                                                                               14 Declaraciones de Baltazar Garzón, Coordinador de la Veeduría Internacional de las Reformas a la Justicia en el Ecuador, en relación a los 10 presos políticos de Luluncoto. 15 La Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos empezó el 8 de marzo en el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe y culminó el 22 de ese mes en Quito y fue convocada por los pueblos y nacionalidades indígenas y movimientos sociales afectados por la minería. Por su parte del gobierno de Rafael Correa convocó a contramarchas en “Defensa de la democracia”. La Marcha Plurinacional formó parte de los acuerdos establecidos en la Convención de Yantzaza, en Zamora Chinchipe en enero de 2012 y fue anunciada por las organizaciones participantes en el mes febrero, al poco tiempo también se anunciaron las contramarchas por parte de simpatizantes del gobierno nacional lo que generó conflictividad política entre ambos actores.

 

43    

En la detención se violaron varias instancias del procedimiento penal. Los y las

jóvenes fueron sometidos a la fuerza, colocados boca abajo, incluso a la joven que tenía en

aquel momento cuatro meses de embarazo, a pesar que informó de su estado. Las mujeres

fueron aisladas en diferentes habitaciones y los hombres llevados al pasillo, les hicieron

permanecer en cuclillas y arrodillados, sin abrigo ni alimento. Después de siete horas

fueron informados de la razón de su detención y se les permitió hacer una llamada, durante

aquella noche no tuvieron más contacto con sus familiares.

Casi dos meses después de la detención, la Policía realizó allanamientos

simultáneos a las casas de los familiares. La Policía buscaba nuevas evidencias, pero sólo

se llevó computadoras familiares, celulares, fotografías personales, cuadernos de escuela,

colegio y universitarios, camisetas rojas con estampado del Ché Guevara, películas piratas,

discos compactos de música protesta, botas de caucho, entre otras cosas. La violencia con

la que se realizó el allanamiento dejó secuelas en la salud física y mental de madres, padres,

niños y niñas pequeños.

Con el objetivo de dar apoyo social y legal a las víctimas y sus familiares se

conformó el Comité de Familiares por la Liberación de los Presos Políticos, y debido a las

irregularidades del proceso y la situación de indefensión en la que se encontraban las

víctimas y sus familiares, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Proyecto de

Reparación Socioambiental Clínica Ambiental, realizamos un informe psicosocial y de

derechos humanos de los 10 jóvenes privados de su libertad desde el 3 de marzo del 2012.

El informe16 incluye las afectaciones psicosociales y violaciones de derechos

humanos en este caso conocido como los 10 de Luluncoto – Sol Rojo, el cuál se sustentó en

un riguroso proceso de investigación que incorporó herramientas de análisis psicosocial y

de violaciones de derechos humanos. El documento aspiraba a constituirse como un insumo

de denuncia para la exigibilidad de un proceso legal justo. Éste también determinó que las                                                                                                                16 Forma parte de una publicación titulada: Ocaso de la Justicia, El Caso Sol Rojo. Disponible en < http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=7>

 

44  

acciones ejercidas por la Policía Nacional al mando del Ministerio del Interior son

condenables y se convierten en un precedente nefasto para el ejercicio de estos derechos,

consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de los cuales el

Ecuador es signatario. A continuación un breve detalle de las violaciones a los derechos

humanos reportadas:

• La detención arbitraria es en sí, una violación grave a los derechos humanos, tal como

lo ha considerado en reiteradas ocasiones el Sistema Interamericano de Derechos

Humanos17. La detención de los “10 de Luluncoto” representa este delito, ya que los

testimonios refieren no haber sido notificados de la detención sino hasta siete horas

después del acto.

• Derecho a la intimidad: en los meses previos a la detención, uno de los detenidos y sus

familiares reportaron seguimiento y persecución.

• Derechos a la intimidad, a la honra, la imagen y el buen nombre de los detenidos y sus

familiares: se expusieron los rostros de los detenidos en medios de comunicación

masiva afirmando que se trataba de “terroristas”, sin considerar la presunción de

inocencia como principio rector.

• La orden de arresto y allanamiento habría sido elaborada en el mismo departamento

donde fueron arrestados, los testimonios afirman lo siguiente: Tuvieron todo el tiempo de hacer el parte policial, porque nosotros

lográbamos escuchar: ‘pero ¿cómo le ponemos el nombre al operativo?,

mandemos la orden de detención para que nos vayan a firmar rapidito18

• Se registraron consecutivas violaciones a los derechos a la integridad física y

psicológica al momento de la detención y durante el encierro, como son agresiones

físicas y verbales, incomunicación, negación de información, negación de la salud,

entre otras. Esta situación está totalmente prohibida por el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos que prohibe las “torturas […] o tratos crueles, inhumanos

                                                                                                               17 Al respecto se puede revisar la página de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas privadas de la Libertad < http://www.oas.org/es/cidh/ppl/default.asp> 18 Testimonio de los detenidos durante el proceso de la elaboración de este informe.

 

45    

o degradantes”, en concordancia con la Constitución Ecuatoriana ( Art. 66, acápite 3),

sobre el derecho a la integridad física.

La policía derrumba la puerta y entra con fusiles apuntándonos a la

cabeza, yo creí que en ese momento nos iban a matar, la chica embarazada

fue lanzada al piso y un hombre lanzado encima de ella. Nos acostaron en

el piso y me apuntaba a la cabeza con el rifle y me pisaban en la espalda

con la bota, me quitaron la billetera y el celular. Nos arrodillan y nos ponen

contra la pared, nos tomaron fotos, nos grabaron. Pedíamos la orden, y nos

decían que hablaran con la fiscal. Nos sacaron al pasillo. No podíamos

mirarnos entre nosotros, ni hablar. Sólo de rodillas, frente a la pared, sin

chompa, con frío, unas seis o siete horas19

• Noventa días después de la detención de los “10 de Luluncoto” sus familias fueron

sorprendidas por un allanamiento realizado en sus hogares. La integridad física y

psicológica de las familias de los y las detenidas fue violentada al impedirles acceder a

su medicación o atender a niños/as y ancianos/ as presentes en el momento.

A mi casa fueron a las cuatro y media y nos dijeron que de una vez

entregáramos las bombas, las armas porque sino nosotros íbamos presos.

Registraron toda la casa, rompieron todos los colchones, golpeaban las

paredes para ver qué teníamos, revisaron dos o tres veces debajo de las

camas. Yo temblaba, al otro día me cogía un dolor aquí [en el brazo], yo no

podía bañarme, ni ponerme la ropa, tuve que ir al hospital, el médico me

dijo que eran los nervios, que por poco me da un infarto, en ese momento

quería morirme para no sufrir. Nos ha afectado mucho. De la impresión el

niño [de tres años] se enfermó: no caminaba, vomitaba, le dio diarrea, lo

tenía todo el día acostado.20

• La condición carcelaria afecta de manera general a su población, tiene un grave

problema de hacinamiento, lo que permite la proliferación de enfermedades virales sin

la atención adecuada. Contrario de ofrecerles atención médica, se les encierra en el

                                                                                                               19 Testimonio de los detenidos durante el proceso de la elaboración de este informe. 20 Testimonio de los familiares de los detenidos durante el proceso de la elaboración de este informe.

 

46  

calabozo para evitar los contagios, tampoco se proporciona la medicación requerida.

Esto deviene en tratos crueles y degradantes, además de la negación del derecho a la

salud. Uno de los detenidos, se contagió de sarampión durante el tiempo de detención.

• Durante la detención se evidenciaron violaciones contra una mujer embarazada, quien

notificó de su estado y aun así fue agredida y negada la atención médica por un

prolongado tiempo.

• Las y los detenidos afirman que se violentó su derecho al debido proceso.

Los impactos psicosociales de este proceso legal se expresaron tanto en los

detenidos/as como en sus familiares. La vida de los 10 de Luluncoto se detuvo

drásticamente: sus trabajos, sus estudios, sus proyectos y su construcción familiar. Las

familias, por consecuente, compartieron esta paralización y en algunas, especialmente las

más humildes, la pérdida de un miembro de la familia, los costos del proceso legal, de las

visitas y los viajes afectaron directamente a la economía.

Los impactos psicológicos se presentaron directamente asociados a los momentos

de detención, proceso judicial y allanamientos. Muchos miembros de las familias

presentaban síntomas de estrés postraumático, la mayoría de los cuáles se mantenían hasta

el momento del diagnóstico. Varios familiares reportaban estados de ansiedad generalizada,

retraimiento, tendencia al aislamiento, sufrimiento mental severo, insomnio, abulia,

anorexia. Los familiares de los detenidos manifestaban preocupación importante frente al

estigma generado como consecuencia del manejo del proceso judicial que había catalogado

a los y las detenidos/as como “terroristas”. En este sentido, les preocupaba su reinserción

social y laboral.

En el caso específico de los hijos de los y las detenidos quienes por remisión de sus

familiares fueron evaluados psicológicamente, se pudieron observar afecciones importantes

tanto en el desarrollo madurativo (retrocesos considerables) cuanto en la esfera emocional.

En todos los casos evaluados, el dibujo del padre (en el Test de la familia) se lo realiza en el

cuadrante superior izquierdo (fantasía pasada), lo que evidencia el desvanecimiento de su

presencia en la vida de los niños.

 

47    

En relación al estado de salud psicoemocional de los y las detenidos/as, a nivel

general, presentaban alteraciones importantes en su esfera emocional. Con excepción de

dos personas que puntuaban sufrimiento mental moderado, todos los demás tenían

sufrimiento mental severo. A esto se sumaba la presencia de síntomas depresivos y de

ansiedad, se reportaban elementos compartidos: la vivencia del terror ante las

irregularidades del proceso, la incertidumbre de la situación legal, ansiedad frente al

encierro, la angustia ante la situación familiar y en algunos incluso la pérdida de sueño, la

inanición, abulia e ideación autoagresiva.

En este contexto, las tres organizaciones dejamos constancia de las graves

violaciones de derechos humanos y los impactos psicosociales que este proceso legal había

ocasionado a los 10 detenidos/as y sus familias. El informe responsabilizó al Estado por la

reparación integral y la restitución de los derechos de los y las detenidos y sus familias y

emitió varias recomendaciones:

• Que las autoridades se refieran y traten a los detenidos como personas inocentes,

puesto que a la fecha de publicación del estudio, no existía sentencia en su contra y por

ende gozaban del derecho a la presunción de inocencia garantizado en el artículo 8 de

la Convención Americana y en la Constitución nacional.

• Que tanto fiscales como jueces al tramitar el caso lo hagan con total independencia e

imparcialidad como lo exige el artículo 8 de la Convención Americana.

• Que abogados y familiares de los detenidos gocen en todo momento de total libertad

para entrevistarse con las personas privadas de la libertad.

• A fin de no angustiar la defensa de los detenidos y garantizar un debido proceso se

recomendó que se atienda toda petición de prueba solicitada por la defensa

• Que funcionarios del Ejecutivo, en respeto al principio de independencia judicial, no

efectúen acciones de presión hacia los jueces.

• Que la policía deje de seguir a las familias de los detenidos, sea a través de

intervenciones a sus teléfonos o seguimiento personal, pues atenta a su derecho a la

intimidad.

 

48  

• Se recomienda a las autoridades investiguen la conducta de policías y fiscal que

presentaron a los detenidos en rueda de prensa acusándolos de terroristas en violación a

su derecho a la presunción de inocencia.

• Se solicita al Ministro del Interior adecue su conducta al respeto a los derechos

humanos de toda persona como lo exige la Constitución, ya que en el caso, su

afirmación en rueda de prensa al poco tiempo de la detención, diciendo que ellos son

terroristas, constituye grave vulneración a la Constitución y obligaciones asumidas por

el Estado a nivel internacional.

• Finalmente y debido al fuerte impacto en las personas se recomienda que tanto

detenidos como sus familias reciban adecuada atención psicológica, ya que son

víctimas de una violación al artículo 5 de la Convención Americana.

Caso Río Grande – un desalojo en ciernes Aquí la Senagua y el Gobierno utilizan la prepotencia, la primera vez que

ingresaron lo hicieron empujando a las personas, usando la fuerza, sus escudos,

porque ellos vienen armados y nosotros no. Nos dieron 24-48 horas de plazo para

salir de aquí y nos amenazaron que sino metían a los militares… así sin

importarles que tenemos una acción de protección que está para ejecutarse,

tenemos 5 acciones contra los abusos de Senagua y nos quieren echar de aquí a

nosotros. Eso es altamente corrupción, violencia21.

Río Grande es una microcuenca que se encuentra ubicada al norte de la provincia de

Manabí a 15 Km. al este de la ciudad de Chone, está conformada por 30 comunidades

montubias en las cuales habitan aproximadamente 1500 familias, su principal labor se

concentra en la agricultura.

En el 2009, el Gobierno Actual inició el proyecto para la construcción de una

represa que inundará unas 6 mil hectáreas de altísima calidad agrícola en Río Grande y

provocará el desalojo de más de mil familias. Esta represa, cuya construcción fue encargada

                                                                                                               21 Testimonio comunitario, Líder comunitario. Río Grande.

 

49    

por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) a la empresa china Tiesiju, es parte del

Proyecto de Propósito Múltiple Chone. El supuesto beneficio de esta obra es el control de

inundaciones que afectan periódicamente a la ciudad de Chone, sin embargo varios estudios

han demostrado la ineficacia de esta obra. Por el contrario, se ha identificado que detrás de

la represa en Río Grande se encuentran poderosos intereses económicos. Se ha indicado por

ejemplo que una de las causas de las inundaciones tiene que ver con las compuertas

construidas por empresarios camaroneros aguas abajo del río Chone que impiden el flujo

natural del caudal del río en época invernal; sin embargo, este es un tema del que no se

quiere discutir y es invisibilizado en forma permanente.

A pedido de estas comunidades, El Movimiento por la Salud de los Pueblos

Latinoamérica y el Proyecto de Reparación Ambiental Clínica Ambiental, convocaron a un

grupo de profesionales del área de psicología para realizar una evaluación psicosocial.

Afecciones en la estructura y dinámica comunitaria.

Si bien el problema de la represa ha unido a toda la gente, las dinámicas comunitaria

y familiar se encontraban seriamente afectadas en la medida en que se organizó un frente de

resistencia permanente para la vigilancia. En este contexto, niños/as, adolescentes, adultos

y ancianos habían desestructurado sus proyectos y procesos vitales personales anulándolos

por el conflicto comunitario. La amenaza de militarización y despojo habían generado un

régimen de miedo bajo el cual los y las comuneros vivían “el día” sin posibilidad de

construcción futura.

Pese a vivir en medio del miedo y las amenazas permanentes, se observaba un

proceso de resiliencia que se expresaba en la fortaleza de la cohesión y solidaridad

comunitaria que había logrado una articulación absoluta de todos y todas los comuneros a

favor del derecho a la resistencia.

Yo era un hombre solitario y ahora comparto con muchas familias que ya

no están solo en el hogar sino comparten tiempos comunitarios para

apoyar la resistencia. No nos conocíamos, ahora somos una sola familia,

nos hacemos falta. Cuando no viene uno nos preguntamos que estará

 

50  

pasando, hemos desarrollado “un espíritu de cuerpo” si algo le pasa a

alguien, todos respondemos. Si agreden a alguien en las cadenas, estamos

todos para defenderlos. Nos hemos hecho un escudo protector22.

Informe de salud mental

Se ha creado un gran problema porque honestamente hasta en los trabajos no es

lo mismo. Si un rato nos alejamos parece que en ese momento nos atacan. No se

pude trabajar ni dormir, uno está pendiente y solo pensando en eso. Los niños no

quieren ir a clase por venir acá a la resistencia, a la lucha. No quieren ir a las

escuelas, para hacer sus guardias: a veces dicen que se pierda un año pero que no

se pierda la lucha. La asistencia es muy poca en las escuelas. Todo cambió, hay

personas que casi viven aquí, cambió toda la organización comunitaria, ya se ven

menos sembríos porque todos están preocupados de estar acá, igual si los papás

están en la resistencia no se puede dejar a los niños/as solos y se los traen (…)

Aquí tenemos miedo de ser aplastados por las piedras, como se encuentran en

excavaciones, y la tierra es muy inestable, y nos pueden caer rocas grandes. En

invierno, la misma montaña hablará por nosotros, son tierras sueltas, flojas23.

En el estudio participaron 76 personas adultas entre 17 y 75 años, de éstas, el 46%

fueron mujeres y el 54% hombres. Los moradores de las comunidades potencialmente

afectadas se encontraban atravesando una crisis social que cambió la rutina de los

moradores ya que desde que iniciaron sus dificultades se mantenían 24 horas al día en

vigilia, cuidando su territorio. Esta situación había llevado a muchos a descuidar sus tierras,

y a reestructurar las dinámicas familiares, en muchos de los casos los niños/as habían

dejado de ir a la escuela, y presentaban trastornos del sueño.

La evaluación psicológica se realizó debido a que se consideraba importante evaluar

el nivel de afección que tienen los comuneros desde que inició la crisis. Para esto se

aplicaron los siguientes reactivos psicológicos: el Test de Goldberg que analiza el nivel de

depresión, ansiedad e ideación suicida y el Mini-Mental State Examination que se utiliza                                                                                                                22 Testimonios comunitarios. Río Grande. 23 Testimonios comunitarios. Río Grande.

 

51    

para examinar el nivel de deterioro cognitivo. Además se realizaron entrevistas semi-

estructuradas y observación como métodos de evaluación.

El 44% de los comuneros presentaba sufrimiento mental moderado, adicionalmente

el 22% puntuaba en sufrimiento mental severo. Ello reflejaba niveles exponencialmente

incrementados de depresión, ansiedad e ideación suicida frente a poblaciones en

condiciones estadísticamente “normales”. Podemos concluir que este incremento es una

consecuencia directa de las condiciones de amenaza que viven las comunidades.

Por otro lado, es importante resaltar que si bien la mayoría de la gente no ha visto

afectada su esfera cognitiva, existe un 23% que presenta deterioro cognitivo atribuible a

causas emocionales, sumado a esto el 16% presenta valores de sospecha patológica. La

mayoría de personas observadas mencionan que esta dificultad emocional ha surgido a raíz

del inicio del proyecto de construcción de la represa.

Evaluación de niños y niñas

La presencia de la policía me hacen sentir mal, triste y asustada.   Para mí la

Senagua es pilla, son sabidos.  Los policías me dan miedo por todas las amenazas

que hacen.  La SENAGUA para mí son los chinos, me parecen mal, porque quieren

hacer la represa. Son malos. Dicen que allá (China) es mejor que aquí, pero aquí

es mejor que allá.  Me dan miedo los de la SENAGUA, que hagan algo.  Cuando

llega la policía siento que vienen a meterse a la fuerza.  La presencia de la policía

le produce miedo. La presencia de la policía la hace sentir triste24.  

Dibujo 1 Ilustra temores de niños frente a la inundación

                                                                                                               24 Testimonios de niños/as de Río Grande.

 

52  

El informe utilizó un protocolo de diagnóstico psicosocial rápido (entrevistas

semiestructuradas, test de la familia, test del niño en la comunidad) para evaluar a niños y

niñas de las comunidades potencialmente afectadas por el Proyecto Multipropósito Río

Grande, los resultados fueron los siguientes:

La comunidad se percibe como referente absoluto de seguridad y el concepto de

naturaleza, especialmente el del Río, es central en la vida de niños y niñas. Sus actividades

siempre se relacionan con sus amigos, familia y vecinos. La mayoría de niños/as proyectan

sus raíces dentro del suelo de Río Grande, espacio en el que han nacido y crecido y en el

que se han construido los momentos más felices de sus vidas junto a su familia y amigos.

Es el centro de la dinámica lúdico-recreativo pero también identifican con claridad la

importancia productiva-laboral y reproductiva-vital que tiene el Río. El río como escenario

de juego, de trabajo y como agente de vida.

Dibujo 2 Temores de niños y niñas a amenazas externas

 

53    

Al perder ese referente, en muchos casos definido como eje central de su dinámica,

ellos sienten que perderán todo. El miedo ha llegado a poner a los niños/as en una situación

de estrés e incertidumbre generalizados, de no saber qué sucederá en un futuro, y si tendrán

que abandonar lo que ellos llaman ¨hogar¨.

Las visitas de gente extraña a su ambiente cotidiano y las amenazas recibidas

infunden temores profundos, muchos de los policías se encuentran armados frente a los

niños/as y su comportamiento no llega a la cordialidad, se vive una verdadera política de

miedo, miedo a la reacción de un ente extraño a su ambiente.

Pese a que cada uno de los niños y niñas tiene diferentes vivencias dentro de su

dinámica familiar, observamos patrones comunes que se repiten en la gran mayoría de

reactivos específicamente en relación al cambio que han tomado sus vidas desde la decisión

del Gobierno de construir la represa.

El miedo que expresan los niños/as ante la construcción de este proyecto es

inminente, ellos y ellas conocen los riesgos, los actores, las estrategias de resistencia y las

dificultades. Viven con mucho temor y repiten construcciones mentales fóbicas frente a las

amenazas de militarización y a la inundación de sus tierras. Temen perder todo, tener que

mudarse a un nuevo lugar, perder a sus amigos; dentro de su discurso no hay la opción de

salir, simplemente hablan de ahogarse junto con toda su comunidad. Expresan su miedo

hacia la policía, la presencia de los militares, algunos incluso a la SENAGUA (como un

sujeto individual) y a los "chinos" como grandes enemigos.

En muchas familias, las dinámicas organizativas se han alterado por completo,

varios niños y niñas no se encuentran asistiendo a la escuela puesto a que acuden con sus

padres al espacio de resistencia y vigilancia. En la comunidad se dice: “preferimos que los

niños pierdan un año pero no que se pierda la lucha”, sienten que si se despreocupan,

“muchas cosas malas pueden llegar a pasar”, por ello, el centro articulador de las dinámicas

vitales en Río Grande es el fortalecimiento de la resistencia, la defensa del territorio y de la

vida.La inestabilidad emocional ha llegado a casa, la presencia de personas ajenas a la

comunidad: policía, técnicos, militares etc, afecta la esfera emocional de las familias y de la

 

54  

comunidad. Los niños y niñas manifiestan que el carácter de sus padres ha cambiado

mucho, que están más irritables, intranquilos, temerosos y que se molestan con facilidad.

Dibujo 3 Ilustra afectaciones emocionales en niós y niñas25

 En general, las afecciones emocionales se expresan en todo los dominios de la vida:

individual, familiar y comunitario generando procesos psicosociales complejos que

devienen en una destrucción de la estabildad emocional de las comunidades.

Conclusiones del caso Río Grande

El informe devela los impactos a nivel individual, familiar y comunitario; el derecho

al territorio, a la soberanía y a la salud emocional se violentaron en estas comunidades, por

ello, desde las instituciones participantes en este informe se demandó el cumplimiento de

los principios precautorio y de consentimiento informado que han sido anulados en estas

comunidad y dejamos constancia del nivel de afectación.

Se requiere un proceso de reparación integral inmediato que garantice el bienestar y

la restitución de derechos violentados dentro de la comunidad; violentar la salud mental de

las comunidades exponiéndolas a situaciones crónicas de estrés y ansiedad es violentar sus                                                                                                                25 El dibujo carece de boca, la cara está tachada de negro, demuestra impotencia ante la situación dentro de su entorno comunitario

 

55    

derechos humanos. El Movimiento por la Salud de los Pueblos y el Proyecto de Reparación

Ambiental Clínica Ambiental censuramos estos mecanismos sutiles pero perversos de

amedrentamiento y violencia.

Caso San Antonio, una comunidad fantasma La imposición y el despojo: entre lo sutil y lo perverso.

En nuestro país, las leyes y normas relacionadas a minería a gran escala

promulgadas en el año 2000, permitieron que grupos económicos se apropiaran del 20% del

territorio nacional incluyendo áreas protegidas, zonas agrícolas y territorios indígenas, sin

ningún tipo de regulación económica, social ni ambiental26. En abril del 2008, la Asamblea

Constituyente expidió el Mandato Minero, que tenía la finalidad de regular el caos existente

en el sector, este mandato, establecía entre otros puntos, el cese de concesiones que no

cumplan con las obligaciones establecidas en la ley en materia de inversiones y pago de

patentes, la no afectación del agua, la restricción de la minería en áreas protegidas y en

zonas de amortiguamiento, etc. Sin embargo, un año después, no sólo que el mandato se

incumplió, sino que se elaboró una ley contraria a los principios Constitucionales, la nueva

Ley de Minería fue aprobada a inicios de 2009 a pesar de la oposición de diversos sectores

sociales, especialmente del movimiento indígena y las comunidades potencialmente

afectadas.

A partir de ese momento, la gran minería entraría como uno de los sectores

económicos declarados prioritarios en la matriz productiva del país (Ospina, 2013)27,

proyectándose como la continuación del modelo de extracción de hidrocarburos.

Paralelamente, el gobierno inicia una construcción discursiva reiterativa que criminaliza y

deslegitima la pequeña minería a merced de legitimar la entrega de concesiones

                                                                                                               26 Como ejemplo de esta apertura sin condiciones, el Estado no recibía regalías, sino el pago de $1 dólar anual por hectárea concesionada en las fases iniciales y de $16 en la fase de explotación. 27 Ospina, P. Ecuador: el nuevo período de gobierno y el cambio de la matriz productiva. Informe de coyuntura, julio de 2013.Quito; CEP; 2013, p. 12.

 

56  

multinacionales. Durante los años 2010-2013 se reportarían múltiples desalojos, decomisos

y quema de maquinaria perteneciente a mineros artesanales. Este informe surgió frente a la

necesidad de valorar los impactos diferenciales, psicosociales y violaciones de Derechos

Humanos, que estos dos procesos destructivos, pequeña minería y gran minería, generan en

los habitantes.

La metodología utilizada para la investigación trianguló métodos cualitativos y

cuantitativos, en este sentido, el estudio se estructuró en dos componentes, un primer

componente etnográfico que se orientó a la comprensión de las dinámicas comunitarias y

familiares en función del proceso destructivo (pequeña o gran minería) y un segundo

componente que analiza la exposición diferencial en función del tipo de proceso destructivo

y cómo ésta se expresa en una determinación de violaciones de Derechos Humanos e

impactos psicosociales también diferenciales.

A nivel del contexto sociohistórico y comunitario la investigación encontró

diferencias importantes en la estructura de los patrones de exposición. Mientras las

comunidades de pequeña minería tenían una exposición biológica (aguas servidas) y

química (cianuro y mercurio) directa, mantenían una estructura comunitaria de cohesión,

organización y defensa. Por otro lado, las comunidades ubicadas en las zona de influencia

directa, dado a que el proyecto mega minero se encuentra en fase de exploración avanzada,

aún no perciben exposiciones químicas y biológicas de importancia y sin embargo han

sufrido profundos procesos de ruptura del tejido social, de la organización y unidad, de la

estructura familiar y lo que es más preocupante han transitado de economías productivas a

economías de pago por servicios, convirtiéndose en dependientes absolutos de la

multinacional minera.

Las violaciones de derechos sociales, civiles, económicos y políticos se expresaban

con claridad en las comunidades ubicadas en el territorio concesionado al Proyecto Fruta

del Norte de la Multinacional Canadiense Kinross Aurelian (considerado uno de los cinco

proyectos estratégicos de mega minería). En estas comunidades el Estado, a través de sus

fuerzas armadas legitimaba la presencia de la empresa. Santa Lucía, El Zarza y Río Blanco,

 

57    

habían sufrido una mutación de su estructura productiva y reproductiva, se trataba de

comunidades pequeñas, con una población estimada de 40, 194 y 71 habitantes que se

asentaron en la zona hacia inicios de 1980.

Las actividades económicas de las familias de Santa Lucia, Zarza y Río Blanco

históricamente se habían centrado en la agricultura, ganadería y en algunas zonas a

actividades de minería artesanal, especialmente de dragado en río. A raíz del ingreso de

Kinross Aurelian estas actividades se tornaron secundarias en tanto la empresa contrató a

muchos de los pobladores de las tres comunidades.

A nivel general, la estrategia de la empresa fue la entrega de puestos rotativos y la

contratación de líderes comunitarios, con ello, por un lado se anuló el modelo productivo

existente y por otro lado se generó un patrón de dependencia económica y la implantación

de un modelo económico de pago por servicios. Hablamos así de la existencia de una

condición de encadenamiento laboral (Solíz 2011)28 en la que el proceso destructivo que

amenaza la salud y la vida, en este caso mega minería, es al mismo tiempo el provisor de

sustento económico. La lógica económica de pago por servicios anula y quebranta

cualquier posibilidad de mantener los modelos de economías productivas familiares y

comunitarias existentes antes de la concesión.

Por otro lado y en relación al tejido social comunitario (modos reproductivos), la

población refiere que a partir de la llegada de la empresa minera Aurelian, en el año 200129,

iniciaron conflictos, resultando afectada la cohesión comunitaria. Al tratarse de

comunidades que han vivido en total ausencia del Estado, con privación de sus derechos

sociales, económicos, políticos y culturales, la empresa Kinross Aurelian a través de la

figura de “responsabilidad social y ambiental corporativa” ha pretendido legitimar su

presencia mediante la entrega de medidas de compensación que se limitan esencialmente a

                                                                                                               28 Solíz, F. Metabolismo del Desecho en la Determinación Social de la Salud. Tesis doctoral en curso. UASB. 2011, p. 80-180. 29 En Septiembre de 2008, la empresa minera canadiense Kinross Gold pagó $900 millones por el 80,8% de las acciones de su similar Aurelian Resources, fusionándose las dos empresas.

 

58  

construcción de infraestructura comunitaria (casas comunales, aulas escolares, canchas

deportivas) y la entrega de plazas de trabajo.

Es en este sentido que no solamente las comunidades se fragmentaron entre aliados

y opositores sino que dentro de las mismas familias existen conflictos generados en función

de las posturas individuales frente a la empresa. Las dinámicas organizativas de estas

comunidades fueron quebrantadas, viviendo una suerte de aislamiento familiar en el que

cada familia trata de mantener su empleo, por ello, los comentarios negativos de la empresa

muy difícilmente se realizan públicamente.

En relación a la estructura laboral, en estas comunidades el nivel de vida se articula

esencialmente en torno a la actividad laboral. Las familias que tienen a alguno de sus

miembros como empleados de la empresa Kinross Aurelian, se rigen por la estructura de

los turnos. Los roles se organizan para las mujeres en el plano doméstico y para los

hombres como empleados de la empresa, en menor número, mujeres contratadas por la

compañía. En el caso de las familias que no son contratadas por la empresa, la mayoría

salen al cantón Yantzaza en busca de empleo. Existen una frecuencia migratoria regional y

nacional importante. La desestructuración familiar está presente en la totalidad de las

familias ya sea por el trabajo en la empresa o por la migración interna y/o externa.

Por otro lado, las condiciones del campamento de Kinross Aurelian son

abismalmente distintas a las condiciones de vida a las que están acostumbrados los

pobladores de las comunidades; el olvido del Estado en provisión de salud y servicios

básicos, contrastan con las instalaciones y facilidades del campamento. Esto, ha inducido a

una diferenciación de estilos de vida totalmente irreconciliables entre parientes y vecinos,

terminando con el sentido de pertenencia hacia la comunidad para identificarse con la idea

de desarrollo que proyecta la empresa a partir del confort y la abundancia construida.

Es así que, el modelo económico de pago por servicios o trabajo asalariado ha

generado un modo de vida diferente al modo campesino-agricultor característico previo al

ingreso de la minera. La soberanía alimentaria se ha visto afectada en tanto se han anulado

las actividades productivas y las familias deben viajar a la cabecera cantonal para comprar

 

59    

sus alimentos. El consumo de alcohol se reporta incrementado, especialmente durante los

días en los que cada comunero está fuera de turno.

Quizás una de las denuncias más alarmantes narradas en este informe, fue la

desaparición de la comunidad de San Antonio. De acuerdo a los testimonios comunitarios,

dentro del área de concesión de la empresa, se ubicaba la comunidad San Antonio, la

empresa utilizó como mecanismo de desplazamiento forzado y despojo de la población, el

cierre de la escuela, con ello, únicamente quedaron 4 familias que se resisten a salir a pesar

de las presiones que dicen recibir de la empresa. Las fotografías del desmantelamiento de la

escuela, y de la desaparición de esta comunidad fueron presentadas como evidencia de

estos nuevos mecanismos sutiles de violaciones de derechos humanos.

Finalmente, este informe propone la construcción de un patrón de exposiciones

múltiples que determinan las violaciones de Derechos Humanos en distintos escenarios.

Para ello, proponemos una teoría a la que hemos denominado las exposiciones múltiples

(Solíz 2011)30 que aborda un análisis complejo de cómo las afecciones de las actividades de

extracción y transformación minera generan impactos en distintas esferas, de formas

tangibles e intangibles. Decimos que las comunidades afectadas por minería sufren lo que

podríamos llamar un proceso de exposición múltiple que se articula en tres escenarios:

Laboral

Obedece a la categoría previamente propuesta como encadenamiento económico o

laboral, las dinámicas laborales constituyen, por sí mismas, procesos que amenazan

la salud y la vida al mismo tiempo que proveen el único sustento económico.

Doméstico

Hace referencia a vivir en la zona de actividad minera, en medio de los químicos, de

los escombros, de la contaminación del agua, del ruido de las chancadoras y de la

nocividad del ambiente social (violencia social, militarización, prostitución, etc.)

Falsamente-construida                                                                                                                30 Solíz, F. Metabolismo del Desecho en la Determinación Social de la Salud. Tesis doctoral en curso. UASB. 2011, p. 80-180.

 

60  

Falsamente pues se la plantea como una dimensión en la que aparentemente las

comunidades tendrían la opción de provocar este nivel de exposición o no -por

ejemplo guardando o no los químicos dentro de las casas- sin embargo en la práctica

no siempre es una opción real. En el tema minero, se orienta sobre todo al

almacenamiento de los químicos peligrosos (cianuro y mercurio) dentro de las casas

que en su mayoría tienen un ambiente único. Sabemos que la afección de los

químicos en el Sistema Nervioso Central tiene correlación directa con desfases en el

desarrollo evolutivo de niños y niñas.

Dentro de estos criterios de exposición debemos considerar que las exposiciones

múltiples se dividen en tangibles e intangibles, tangibles como las químicas, biológicas y

físicas e intangibles como el encadenamiento, el despojo, las violencias múltiples, la

desestructuración familiar o el alcoholismo.

Impactos en desarrollo psicosocial.

A nivel de la salud de niños, niñas y adolescentes, si bien los análisis nutricionales

no presentan diferencias considerables, el análisis del desarrollo madurativo, de trastornos

orgánicos y desajuste emocional devela un incremento considerable de inmadurez

significativa, trastornos del desarrollo y desajuste emocional leve en niños/as y

adolescentes de las comunidades afectadas por mega minería.

Las condiciones diferenciales en la estructuración-desestructuración del tejido social

son definitorias y determinantes para el desarrollo evolutivo y estado emocional de niños,

niñas y adolescentes. Las medidas de solidaridad y soporte comunitario desarrolladas en

comunidades de pequeña minería se convierten en procesos protectores que favorecen la

salud. Las peores cifras de madurez psicológica en niños, niñas y adolescentes en las zonas

de grandes operaciones mineras pareciera estar relacionada directamente con una mayor y

más sistemática destrucción del tejido social comunitario y, por tanto, con la desprotección

de los mecanismos de seguridad desarrollados por las comunidades y el empobrecimiento y

desestructuración de los ambientes familiares.

 

61    

En la misma línea la mayor cantidad de desajuste emocional leve y moderado en

estas mismas zonas parecieran avalar esta tesis y explicarse por los ambientes

secuencialmente empobrecidos, los primeros registros de ingreso de la compañía datan del

año 2001(con el ingreso de la multinacional Aurelian), es decir las poblaciones llevan

viviendo este conflicto durante 12 años.

A manera de cierre La violación de la soberanía es violencia política

Las expresiones de violencia política sistematizadas en este informe se han

replicado en distintas geografías del país y de la región. Los informes presentados a lo largo

de los procesos de organización y resistencia, muchas veces han sido desestimados y

catalogados como carentes de valor científico o jurídico. Más allá de que en muchos de los

procesos judiciales fuesen desechados en tanto evidencias, su importancia radica en la

denuncia de esta suerte de mecanismos sutiles y frontales de violencia en el ejercicio del

poder sobre los territorios y la soberanía de los pueblos que los habitan.

El presente artículo, recoge algunos de los casos de violaciones a los Derechos

Humanos de los últimos años y abre la discusión sobre el análisis histórico, de los actores,

mecanismos y expresiones de violencia. A nivel general, el estudio devela una cadena de

múltiples violencias:

Violencia Estatal que implica la anulación de derechos sociales, políticos,

económicos, culturales, ambientales, humanos, sexuales y reproductivos, etc. Se deriva de

la ausencia del Estado o de su rol como estación de seguridad para legitimar la presencia de

las megaempresas en territorio nacional.

Violencia Social que se recibe desde la sociedad, por su indiferencia y complicidad,

por la marginación, los estereotipos y los prejuicios que la acompañan.

Violencia Laboral que corresponde a las prácticas de explotación, encadenamiento,

discriminación, así como a las condiciones amenazantes de la salud y la vida derivadas de

la actividad laboral.

 

62  

Violencia barrial, entendida como una consecuencia de la violencia estatal, social y

laboral. Se refiere a la construcción de patrones barriales de dependencia al alcohol y a las

drogas. Esto a su vez genera condiciones de inseguridad: agresiones y robos.

Violencia Familiar que reproduce la violencia estatal, social y laboral en la familia.

Aparece como consecuencia directa de la frustración y especialmente adquiere dos matices:

de género y generacional. En psicología social es bien conocido que la frustración, los altos

niveles de ansiedad y estrés, así como el consumo de alcohol y drogas son desencadenantes

del comportamiento agresivo. Las agresiones se dan en este nivel entre la pareja, de los

padres a los hijos, entre los hijos, de los hijos a los animales, de los animales a los hijos y a

los vecinos.

Violencia de Género, si bien existe co-morbilidad entre la violencia familiar y la

violencia de género, es importante proponer a esta última en una categoría específica en

tanto conlleva la expresión de una cadena de opresión, que suma a las violencias ética y de

clase social, la violencia de género, esta dimensión fue propuesta por Jaime Breilh (1991)31

como la “Triple carga”.

Violencia Generacional, como una derivación de la violencia familiar, en la que

nuevamente se suman a la violencia de clase social, la de género y la generacional.

Violencia Escolar, ejercida desde los profesores hacia los niños y muchas veces

legitimada por sus padres. Se trata de violencia física y psicológica.

Violencia de pares, que se refiere, por un lado, a la naturalización del trato agresivo

entre pares, pero por otro lado, a relaciones de abuso entre niños/as y adolescentes.

Adicionalmente, los casos sistematizados comparten la estructura de violencia, una

violencia política que parte de la anulación de la soberanía territorial y sortea estrategias

sutiles de despojo legitimadas por el Estado. Esta pérdida de la soberanía territorial se

traduce en pérdida de derechos civiles, económicos, sociales y culturales pero también en

violencia militar (militarización), encarcelamiento, represión, amenazas y chantaje. Bajo

                                                                                                               31 Breilh, J. (1991). La Triple Carga. Deterioro prematuro de la mujer en el Neoliberalismo. Quito: CEAS.

 

63    

estas condiciones, las comunidades ven quebrantada su estructura, con lo que crecen

también otras expresiones de violencia como el alcoholismo, la prostitución y la

delincuencia.

Es en medio de esta situación de vulneración de las necesidades colectivas y

relacionales, que las violaciones a los derechos humanos se expresan como síntoma final de

una cadena de opresión. Nuestro reto esencial está en el desarrollo de procesos

secuenciados de acompañamiento psicosocial, fortalecimiento organizativo, formación

política y de apoyos familiares e individuales para la denuncia y la reivindicación de

derechos.

Por otro lado, el abordaje de las violaciones de Derechos Humanos desde un

enfoque de Salud Colectiva y Psicología Comunitaria abre la posibilidad de construir

insumos científicos que permitan a las comunidades ser parte de la denuncia y tener voz en

los procesos judiciales, al tiempo que demandan y exigen el derecho a la reparación

integral, al acompañamiento y sostén.

Este abordaje, resulta fundamental en el contexto actual, en tanto crecen los

conflictos socioambientales asociados a concesiones mega mineras, petroleras,

agroindustriales y para la disposición de desechos. En estas comunidades, el desarrollo de

procesos secuenciados de investigación, acompañamiento y fortalecimiento de la cohesión

permiten que el ejercicio de los derechos humanos transite de la enunciación discursiva a la

construcción ciudadana.

Finalmente debemos enfatizar en la importancia de contar con equipos

multidisciplinarios en los que el trabajo con las comunidades, con las familias y con los

afectados se aborde desde la complejidad e integralidad que demandan la presencia de

antropólogos, psicólogos, sociólogos, médicos, abogados, etc. Los casos descritos

anteriormente pretenden dar paso a un proceso de problematización y desnaturalización de

los contextos sociohistóricos y los modos de vida opresores que se van naturalizando en

nuestros países. Esta contribución aspira a profundizar el debate sobre el abordaje de los

derechos humanos, los retos y las urgencias. El compromiso apuesta por la continuación de

 

64  

un trabajo que acompañe a la población afectada por conflictos socioambientales y sus

familias en la asunción de un ejercicio ciudadano de empoderamiento para la lucha por la

reivindicación de su soberanía, su vida y su dignidad.

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65    

Trauma y Justicia. Desafíos pendientes en las intervenciones psicosociales

Gina Donoso Román1

Resumen / Abstract

El presente trabajo explora el desarrollo y los desafíos que tienen las intervenciones psicológicas o psicosociales en casos de violaciones severas de derechos humanos y en el marco de procesos de justicia nacional, internacional y transicional, así como la necesidad de implementarlas para precautelar el bienestar integral de las víctimas y sobrevivientes y proteger sus derechos en dichos procesos. Se analizan algunos paradigmas que existen en cuanto a las intervenciones de trauma en contextos políticos y se proponen algunas vertientes teóricas que alimentan el trabajo de investigación y atención de este tipo de situaciones traumáticas. Por último, se revisan brevemente algunas experiencias en las que las intervenciones psicosociales han tenido un papel importante como la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión de la Verdad de Ecuador (CVE).

This article explores the development and challenges of the psychological or psychosocial interventions in cases of gross human rights violations in contexts of national, international and transitional justice processes, and the necessity to implement them in order to forewarn the well-being of the victims and survivors and to protect their rights in these procedures. Some paradigms that exist regarding trauma interventions in political contexts and some theoretical aspects that feed the research work and the practice of such traumatic situations are discussed. Finally, the article briefly review some experiences where psychosocial interventions played an important role, such as the International Criminal Court (ICC), the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) and the Truth Commission of Ecuador (TCE).

Introducción En general, la justicia se caracteriza por implementar mecanismos patrocinados por

los Estados para juzgar a los responsables de sus actos. Los perpetradores son juzgados por

un tercero imparcial (característica central y diferenciadora por excelencia de la justicia). El

castigo y la posibilidad de reparación alivian el sufrimiento de las víctimas que puede

finalmente ser reconocido socialmente; constituyen además una respuesta directa y ética

que demuestra que el Estado está validando su inocencia y su falta de culpabilidad en los

hechos, lo que a nivel psicológico suele ser de mucha importancia, aun cuando

                                                                                                               1 Investigadora Doctoral, Departamento de Psicoanálisis y Consulta Clínica, Universidad de Gante, Bélgica. Ecuatoriana. Psicóloga Clínica con maestrías en Investigación en Desarrollo y Estudios de Paz y Conflicto, así como especializaciones en derechos humanos y salud mental en situaciones de violencia política y desastres. Ha trabajado en diversas experiencias en el área psicosocial como la Comisión de la Verdad de Ecuador, la Corte Penal Internacional, entre otras. <Gina.DonosoRoman@UGent.be>

 

66  

objetivamente su inocencia sea haya esclarecido. Asimismo, el castigo de los autores de

crímenes sirve a los objetivos sociales de volver a hacer cumplir las normas que se

consideran aceptables y legítimas, eliminar posibles nuevas amenazas de violencia, y

disuadir futuros abusos (Fletcher, 2002; Minow, 1998; Roht-Arriaza, 1990).

Por otro lado, las comisiones de la verdad son entidades temporales que investigan

patrones de abusos de derechos humanos y normas humanitarias cometidos en un periodo y

concluyen con un informe final que presenta sus conclusiones y recomendaciones para la

implementación de diversas reformas. Este tipo de instituciones tienen como fin la

reconstrucción de la memoria social, el reconocimiento a las víctimas, el combate a la

impunidad, la prevención de nuevas atrocidades, y la promoción de la reconciliación en las

comunidades afectadas. Hasta la actualidad han existido más de treinta experiencias de este

tipo en diversos países del mundo, incluyendo la Comisión de la Verdad en Ecuador

(CVE), la cual será tratada más adelante. Cada una de estas comisiones funcionó o

funciona con características y modalidades de trabajo propias y ajustadas a los contextos

socio-políticos y la correlación de fuerzas de poder de cada país.

Los riesgos de victimización secundaria2 Ahora bien, el carácter público y político de las comisiones de verdad y los

tribunales de justicia ha dado paso a que las víctimas en lugar de ser reconocidas se

conviertan en blanco de sospechas y depositarias de los males sociales, por ejemplo, la

tristemente famosa frase "por algo habrá sido" que se utilizó comúnmente en América del

Sur para justificar medidas represivas como las detenciones ilegales, torturas y

desapariciones forzadas.

                                                                                                               2 Entendemos por victimización secundaria a los efectos que se producen en las víctimas y sus familias como resultado de las relaciones establecidas entre la víctima y el sistema jurídico y los procesos ulteriores de reparaciones. Este tipo de victimización contribuye, generalmente, en gran medida a agravar el daño psicológico de la víctima y/o a cronificar el sufrimiento.

 

67    

En segundo lugar, la apertura de recuerdos y sentimientos asociados al dolor y la

humillación que violaciones como la tortura y la desaparición forzada producen puede tener

efectos negativos. La catarsis se debe hacer dentro de un contexto donde los recuerdos

abrumadores puedan ser contenidos y trabajados apropiadamente (Herman, 1995;

Letschert, 2011). Este no suele ser el caso en estos escenarios, donde a menudo la seguridad

es un problema y el acceso a profesionales de salud mental calificados pueden ser limitado

(Beristain, 2008; Donoso, 2012). En tercer lugar, la narración de los hechos traumáticos va

generalmente dirigido al recuento de acontecimientos externos (por ejemplo, fechas,

potencial agresor, lugar). La historia subjetiva e impactos íntimos son muchas veces

tratados como cuestiones secundarias, o incluso a veces abiertamente tratados como una

molestia durante los procedimientos (Guillis, 2007; Clark, 2008).

Walaza (en Fletcher, 2002) ha afirmado que revelar no sana y que muchos testigos

no experimentaron un cierre emocional como resultado de su comparecencia ante la

Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica. Es necesario abrir espacios sociales y

políticos, así como espacios terapéuticos que sostengan y validen la angustia, el terror, la

rabia, y todos aquellos ominosos afectos que las víctimas pueden sentir, al confrontarse con

sus vivencias traumáticas, con el fin de que éstos puedan ser simbolizados apropiadamente

(Lira, 1991).

Trauma e Intervenciones Psicosociales Prager (2008: 408) afirma que "el discurso del trauma y su reparación, rara vez (o

nunca) hace referencia a la evidencia científica para informar a estas prácticas políticas por

esencia. Así, mientras que el discurso y la práctica de las intervenciones de trauma han

generado una verdadera política, los conocimientos adquiridos ya sea en la academia o en

la clínica no han sido sus informantes".

Existe muy poca literatura empírica investigando el papel del reconocimiento como

un elemento importante dentro de los servicios psicoterapéuticos y otros espacios

reparadores para las víctimas. El cómo las víctimas producen nuevas simbolizaciones,

 

68  

integran y otorgan nuevos significados a sus experiencias de horror, es un tema que aún

debe explorarse, llenando un vacío permanente en muchos contextos, como lo es sin duda

en el caso de Ecuador. Esto de por sí es ya muy preocupante y debe cuestionar tanto a los

actores de dichas políticas, como a los y las psicoterapeutas e investigadores en este campo,

quienes debemos repensar nuestros roles y aportes al interior de las sociedades en las que

desarrollamos nuestras diferentes prácticas. Como afirman Kordon y Edelman (2006: 20),

psicoanalistas que en su momento acompañaron desde su campo de acción a las Madres de

Plaza de Mayo:

[l]os profesionales somos también partícipes necesarios e inevitables de los

efectos del discurso social hegemónico y contra hegemónico, de los

enunciados sociales identificatorios, etc. Es imposible mantenerse al

margen de ellos en tanto pertenecemos a la misma sociedad. Por esto es

importante, por lo menos reconocer su existencia y no intentar ampararnos

en una neutralidad imposible.”(Kordon y Edelman 2006: 20)

Por otro lado, los procesos de recuperación en el post-trauma político generalmente

se han entendido ya sea desde una perspectiva médica o bien desde modelos teológicos.

Desde lo médico, el denominado Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), que es

básicamente el nombre que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales

o DSM le adjudicó al conjunto de síntomas reportados luego de un evento extremadamente

traumático, se ha utilizado ampliamente en los campos jurídicos y políticos. El TEPT es

ampliamente conocido entre los jueces y otros actores jurídicos. Su antecedente positivista

(listado de síntomas y síndromes) resulta útil al momento de pretender legitimar

“objetivamente” la existencia de trauma en las víctimas y sobrevivientes. El discurso

jurídico necesita pruebas "objetivas y claras" en sus estrategias de persecución penal para

determinar el efecto emocional directo de un acto criminal en una determinada persona.

Sin embargo, al trabajar temas de trauma político, una crítica fundamental que se ha

hecho contra el TEPT es que cuando se lo utiliza los problemas socio-políticos son

 

69    

medicalizados y psicologizados, negando la importancia de las dimensiones colectivas y

políticas de este tipo de trauma (Van Boven, 2005; Hamber, 2008; Wemmers, 2009).

En cuanto a intervenciones de corte teológico, una breve historia al respecto. Nunca

olvidaré cuando Don Pedro Restrepo3 me confiaba en una entrevista hace algunos años, que

en una ocasión posterior a la desaparición de sus hijos, él y su entonces esposa Luz Helena

Arismendi visitaron un psicólogo buscando ayuda. La respuesta que recibieron del

psicólogo fue que el problema radicaba en su falta de perdón hacia los criminales de sus

hijos. Si perdonaban y dejaban ir la ofensa cometida, ellos consiguientemente se sentirían

mejor. Por supuesto, para Don Pedro “no hay, ni hubo entonces, mejor terapia que la lucha

diaria por el esclarecimiento de la desaparición de [sus] hijos.”4

No pretendo profundizar aquí sobre las terribles implicaciones que han tenido y

tienen estas prácticas completamente descontextualizadas de la realidad política de un país

como el Ecuador de los años ochenta, ideologizadas y radicalmente opuestas a la ética de la

psicología. Por ahora, mi interés es dejar en claro que la reparación de las víctimas y

sobrevivientes de violaciones de derechos humanos implica básicamente primero una

mirada ética, y luego una perspectiva psicosocial que abarque dos dimensiones, la

individual (psicológico) y lo colectivo (político), que muchas veces se complementan, pero

que también co-existen en medio de tensiones, tiempos y dilemas.

Es importante analizar cómo los procesos de recuperación de las víctimas deben

estar enmarcados dentro de una política macro (política), así como una perspectiva micro o

individual de los elementos particulares, con el fin de procurar el mayor nivel de bienestar

de las víctimas, sus familias y comunidades, así como evitar la victimización secundaria.

Como afirma Montiel (2000), cuando los psicólogos estudian el llamado trauma político, el

contexto político no parece importar mucho. Usualmente sus efectos son básicamente

asumidos, a veces se menciona tangencialmente que algo en el ambiente político provocó el                                                                                                                3 Sus dos hijos fueron detenidos por la Policía Nacional del Ecuador y hasta la actualidad están desaparecidos. Su caso fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él y su esposa representan la constancia en la exigencia de verdad, justicia y reparación. 4 Testimonio de Pedro Restrepo.

 

70  

malestar subjetivo, sin embargo, las condiciones del contexto rara vez son articuladas

dentro de los paradigmas del trauma y sus formas de afrontamiento. De esta manera, lo

político deja de ser considerado o es considerado bajo la forma de presunciones usualmente

inadecuadas al interior de los discursos psicológicos, distorsionando gravemente las

intervenciones que generalmente se muestran ajenas a la realidad de los pacientes.

Algunos aportes teóricos Este trabajo parte de una confluencia teórica enriquecida por diversas vertientes, así

como la experiencia de la autora en diversos contextos de atención a víctimas y

sobrevivientes de violaciones derechos humanos y crímenes internacionales. Por un lado,

aunque el psicoanálisis ha sido severamente cuestionado y criticado por su tendencia a ser

abstraído y desconectado de la realidad social e histórica, los enfoques psicoanalíticos han

desarrollado, sin duda, conceptualizaciones no únicamente individuales, sino también en

materia de cuestiones sociales, políticas, ideológicas y culturales, aunque en última

instancia, tales aportes son pocas veces reconocidos. Como Wrong (1994) y Stavrakakis

(1999) han señalado, el reduccionismo psicoanalítico en el estudio de los problemas socio-

políticos ha dado merecidamente al psicoanálisis una mala reputación entre los científicos

sociales.

No obstante, Lacoue-Labarthe y Nancy (1997) afirman que "la ciencia freudiana es

por derecho de una ciencia de la cultura, y por lo tanto una ciencia política". El propio

Freud trabajó en una serie de estudios socio-políticos y psicoanalíticos (entre otros, El

Porvenir de una Ilusión, 1927; El Malestar en la Cultura, 1930; Psicología de las Masas y

Análisis del Yo, 1920), donde afirmó que "la psicología individual es a su vez una

psicología social". A esto debemos añadir que la teoría lacaniana permite una verdadera

implicación o inter-implicación y no una mera "aplicación" del psicoanálisis al análisis

socio-político. Como Enesto Lacau ha dicho, la teoría lacaniana permite la confluencia

entre estos dos campos (Stavakrakis, 1999).

 

71    

Por otro lado, la denominada Psicología de la Liberación con su fundador Ignacio

Martín- Baró, (él mismo una víctima de la violencia política en El Salvador, y quien fue

asesinado por parte del ejército nacional en 1989) ha sido uno de los más influyentes

teóricos en cuanto a psicología crítica y política. La Psicología de la Liberación aboga por

la acción personal y la libertad social, las relaciones de poder éticos, la educación, la

compasión y la solidaridad con las mayorías oprimidas. Según esta teoría, el trauma

psicosocial es una consecuencia normal de un sistema social basado en la explotación y la

opresión deshumanizante. Este tipo de traumas afecta a toda la sociedad de diferentes

maneras. Martín-Baró refleja el trauma colectivo como uno procedente de dominación

social y recursos neocoloniales. El trauma social, por lo tanto, afecta a las personas

precisamente en su carácter social, es decir, como un todo, como un sistema (Martín- Baró,

1994 en Christie y Lykes, 2001).

Asimismo, el presente trabajo recoge los reflexiones y experiencias de académicos y

profesionales argentinos, uruguayos y chilenos que durante las últimas décadas se

dedicaron dentro de la academia, la práctica clínica y el activismo social a dilucidar las

secuelas de sus regímenes represivos y las formas posibles de recuperación social e

individual. Como Sveaass (2000) afirma, los profesionales de la salud mental en América

Latina (Becker, Lira, Castillo, Gómez, Kovalskys, Kordon, Edelman, Viñar) han

desarrollado en las últimas décadas un enfoque psicológico propio para enfrentar los graves

problemas políticos, económicos y sociales en esta región, en respuesta específicamente a

la violencia política que dominó por mucho tiempo el continente, desarrollando importantes

contribuciones en el área de trabajo terapéuticamente orientado al trauma.

Sobre las reparaciones La reparación en contextos de derechos humanos son todas aquellas medidas y

acciones tendientes a aliviar el dolor y la pérdida de los familiares y las víctimas de los

crímenes perpetrados. Las reparaciones pueden tomar forma de actos de resarcimiento y

 

72  

conmemoración públicos (homenajes, monumentos), disculpas públicas, indemnizaciones

económicas, medidas de rehabilitación física y psicológica, entre otras (Hamber, 2006).

Etimológicamente, reparar viene de la concepto latino que significa estar

preparado otra vez. La reparación en su sentido simbólico sería prepararse para una nueva

existencia, sin miedo, sin impunidad, a través de un acto jurídico y simbólico (Guillis,

2005). Reparación en psicoanálisis es un mecanismo mencionado por Melanie Klein (1882-

1960), psicoanalista de origen inglés, según quien la reparación es el proceso por el cual un

niño supera los impulsos Eros y Tánatos en los otros, lo que significa que a través del

proceso de reparación, el niño aprende a canalizar los impulsos agresivos o negativos (por

ejemplo, la ira, el resentimiento), por otros socialmente más aceptables (por ejemplo, la

curiosidad, la actividad física). Klein describe la reparación como un poderoso impulso a la

creatividad (1935), y de acuerdo con ella es profundamente dependiente del contexto social

para proporcionar direcciones útiles para el esfuerzo de ser canalizados.

Como podemos notar, partiendo de estas acepciones, el carácter interdisciplinario de

un trabajo en derechos humanos con vertientes del Derecho, la Psicología, la Antropología,

la Medicina y demás disciplinas es imprescindible. Por ejemplo, las reparaciones son un

intento de recuperar el proyecto vital de las víctimas, y tratar de evitar que las acciones

represivas se repitan. Las reparaciones deben entenderse siempre en una perspectiva

integral, con el fin de asumir toda la complejidad del individuo y de los daños colectivos

producidos por la violencia.

Como bien afirma Lieselotte Viaene, ex funcionaria de la Oficina del Alto

Comisionado para los Derechos Humanos en Ecuador:

… los principios de la ONU sobre reparación reconocen [a la atención

psicosocial] como medida de reparación. Por ejemplo en Ecuador y

Guatemala lo incluyen en el programa de reparación, sin embargo me

parece que el apoyo psicosocial no se puede limitar a esto. También

durante los procesos legales las víctimas pueden necesitar ayuda o durante

ceremonias/actividades de conmemoración. O sea si partimos del principio

 

73    

de 'integralidad y enfoque holístico' de justicia transicional, el apoyo

psicosocial debería estar presente en todas las respuestas / programas /

iniciativas... (lo que no es!) y debería ser de largo tiempo no algo puntual.5

Algunas contribuciones específicas que intervenciones psicosociales pueden aportar

o han aportados en diversas experiencias serían las siguientes:

Procesos de apoyo y contención emocional en preparación de declaraciones y

testimonios

Los procesos judiciales o extrajudiciales evocan experiencias difíciles y traumáticas

para la mayoría de los supervivientes. Es indispensable que durante estos procesos los

recuerdos dolorosos deban ser traídos de vuelta a la realidad con el apoyo de los servicios

apropiados de apoyo para estas personas. Para facilitar estas formas de asistencia es

necesario contar con el acompañamiento psicológico adecuado. Es necesario informar a la

gente y a las organizaciones de la importancia de la salud mental.

Del mismo modo, las entrevistas finales o de cierre son necesarios para manejar los

efectos emocionales generados por el testimonio, así como los sentimientos y percepciones

del proceso en general. Experiencias positivas al respecto podemos encontrar en la

Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica y la Comisión de la Verdad en el Perú,

donde los servicios de ayuda psicológica fueron vistos como el elemento esencial de un

sistema completo de cuidado de la salud.

Otro claro ejemplo al respecto es el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) a

pesar de ser blanco de varias críticas en relación a estos temas (Peña 2012, Wemmers,

2009). Los espacios de atención psicosocial suelen ser vistos como medidas

inherentemente complejas, aisladas y opcionales. De igual forma, los contextos socio-

políticos y de seguridad (la CPI trabaja actualmente en regiones particularmente complejas

por el número y la diversidad de víctimas y actores políticos involucrados, como Kenia,

                                                                                                               5 Comunicación personal con Lieselotte Viaene, 11 de noviembre 2013.

 

74  

República Centroafricana, República Democrática de Congo, Libia, entre otras) repercuten

en las posibilidades prácticas de llevar a cabo medidas integrales efectivas y adecuadas.

Sin embargo, hay que recordar, que la CPI, a diferencia de otros tribunales,

incorpora uno de los aspectos más creativos e innovadores en procura del bienestar de las

víctimas. Así en el artículo 68.1 del Estatuto de Roma se garantiza que "[l]a Corte adoptará

las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la

dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos”. Al interior de la CPI existen dos

unidades que tienen como fin brindar apoyo psicosocial y asistencia al personal legal de las

respectivas secciones del tribunal.

Dentro de la Secretaría de la CPI existe la Unidad de Víctimas y Testigos que se

encarga de velar por el bienestar físico y psicológico de los/as testigos que llegan a La Haya

para rendir sus declaraciones. En la Fiscalía de la Corte, existe asimismo la Unidad de

Género y Niños/as que por medio de su personal psicosocial y consultores externos brinda

apoyo psicológico para la toma de testimonios en la fase de investigación en los diversos

países en los que la CPI tiene abiertas investigaciones criminales. Es importante mencionar

que otras instancias de la Corte, como las Sección de Participación y Reparación de

Víctimas (VPRS por su siglas en inglés), también han trabajo con el apoyo de

intervenciones psicosociales que le ha permitido reducir los potenciales riesgos de

victimización secundaria durante fases sensibles de su trabajo.

La VPRS se encarga de ayudar a las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos de

participación y de solicitar reparaciones. Por lo tanto, es responsable de proporcionar la

asistencia necesaria a las víctimas en todas las etapas del proceso. Para el cumplimiento de

este deber, esta Sección ha desarrollado material informativo y folletos de orientación para

ayudar a las víctimas a ejercer sus derechos, y ha preparado formularios para solicitar la

participación y la reparación. Es responsable, además, de la organización de capacitaciones

y seminarios de sensibilización para las víctimas y sus representantes, sobre todo en lugares

donde la Corte se encuentra actuando. Por lo tanto, su objetivo es ayudar a las víctimas a

hacer un uso informado de sus derechos y comprender su alcance; contribuye a una mejor

 

75    

comprensión del mandato de la Corte y, al mismo tiempo, evita que las víctimas manejen

falsas expectativas sobre lo que la Corte puede hacer por ellas.

El Fondo Fiduciario para Víctimas (Trust Fund for Victims) que trabaja muy de

cerca a la CPI tiene a su cargo la implementación de las medidas de reparación. El Fondo

también promueve intervenciones psicosociales para las víctimas y comunidades como

parte de las medidas de rehabilitación integrales.

Capacitación para los operadores judiciales

La capacitación del personal humanitario y de derechos humanos en tema de

atención y cuidados psicosociales es de vital importancia. Ellos deben poder identificar los

signos de trauma en las personas que atienden (y en ellos mismos, cuando la sobrecarga de

trabajo u otros factores no han permitido un buen cuidado emocional). Las personas que

trabajan en medios jurídicos deben aprender a lidiar con las víctimas de una manera

sensible y deben contar con herramientas téorico/prácticas que les permita hacerlo. En

varios casos ante el Sistema Interamericano, algunas organizaciones de gran trayectoria,

como el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), algunos de estos procesos

se han puesto ya marcha, y aunque hay mucho por hacer sin duda, la sensibilización del

manejo de las víctimas está tomando cada vez mayor importancia.

En el ámbito nacional, en la CVE se procuró contar con un personal capacitado y

sensibilizado, y se mostró un interés por el trabajo interdisciplinario. Como afirma Valencia

(2011), una falencia propia de la realidad ecuatoriana es la escasa atención psicosocial que

han tenido -y tienen- las víctimas de violaciones de derechos humanos. No existe en

Ecuador capacitación a personal especializado en la atención psicosocial de víctimas, ni

cuentan con programas especializados en la materia, más allá de algunas pequeñas

organizaciones comprometidas.

Las reparaciones son quizás uno de los aspectos más importantes en el campo de los

derechos humanos. Para las víctimas, sin duda, el tipo, la forma, el calendario de los

recursos otorgados les permitirá iniciar o no sus duelos, después de muchos años. Las

reparaciones son un aspecto muy importante del trabajo interdisciplinario en el litigio

 

76  

porque los enfoques jurídicos y psicológicos suelen ser fundamentales para la

interpretación de estos temas.

En varias ocasiones la definición legal no llega ni está de acuerdo necesariamente

con los procesos internos y afectivos de las víctimas. La visión integral de las reparaciones

ha adquirido un carácter más complejo cuando se incorpora a un enfoque psicosocial y una

mayor atención a las características diferenciales de las personas afectadas por las

violaciones, como el género, la edad o grupos étnicos, entre otros. Sin embargo, las

reparaciones son todavía ignoradas por gran parte de la comunidad internacional y los

Estados, como Theo Van Boven afirma, se le da una atención escasa o marginal a la

cuestión del resarcimiento y reparación a las víctimas.

La lista de fracasos aquí es larga y se extiende tanto a los esfuerzos nacionales como

internacionales. Para ilustrar por qué muchas medidas y políticas de reparación usualmente

fracasan voy a narrar la experiencia de una caso frente a la Corte IDH varios años atrás:

Era el día de la audiencia pública, luego de muchos años, de agotamiento de los

recursos judiciales internos, revisión de documentos, entrevistas, etc., las víctimas de un

caso sobre condiciones carcelarias y ejecuciones extrajudiciales llegaban finalmente al día

de rendir su testimonio frente a los jueces de la Corte, los representantes del Estado y la

Comisión Interamericana, sin mencionar un numeroso y expectante público.

Se habían hecho repasos de sus testimonios, ellos estaban nerviosos pero satisfechos

de que por fin su verdad sería escuchada, que lo que tenían que decir sería tomado en

cuenta por este importante tribunal. En medio de la audiencia, el Estado se allanó (es decir

aceptó su responsabilidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas). Esto

significaba que la audiencia cambiaría en cuanto a sus objetivos y se discutiría sobretodo el

tema de reparaciones.

Los testimonios no se darían o se reducirían únicamente a que las víctimas

solicitaran lo que deseaban como reparación. Como los declarantes se encontraban

inusualmente lejos de sus representantes, la abogada principal en medio de la audiencia se

acercó apresuradamente donde ellos y les dijo, “este es un tema que no tuvimos tiempo de

 

77    

discutirlo, pero ¿qué quisieran ustedes como reparaciones?” Ante lo que las víctimas

confundidas y claramente desconcertadas contestaron “¿Qué es eso? Qué son

reparaciones?” Por supuesto, en medio de la audiencia y hablando entre susurros era muy

difícil explicar todo lo que las reparaciones implicaban. Sobra decir que para las personas

implicadas en este caso aquellos fueron momentos difíciles. No solamente sus testimonios

se reducían, sino que debían ser enfocados en algo completamente diferente, que para

colmo no sabían qué era.

Entre abogados y psicólogas tratamos de remediar lo que mejor se pudo esta

situación, pero creo que fue la fortaleza de la gente, cuyos mecanismos de afrontamiento

han sido puestos a prueba tantas veces, lo que hizo que la audiencia terminara sin mucho

percance. Así, lastimosamente, las voces y la participación de los sobrevivientes son pocas

veces priorizadas el interior de las dinámicas legales.

Impactos Psicosociales de una Comisión de la Verdad En contraste, relataré la experiencia de la CVE en cuanto a la participación de las

víctimas en las propuestas de reparación recomendadas.

La CVE investigó violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el

periodo 1984-2008, identificó un política de estado atentatoria de los derechos humanos

durante el periodo 1984-1988 y la necesidad de cambios estructurales en varias

instituciones públicas en la cuales estas políticas se han mantenido como prácticas

aberrantes de control en las últimas décadas. La CVE nació mediante el Decreto

Presidencial 305 del 3 mayo de 2007 como fruto de las demandas de las organizaciones de

víctimas en el Ecuador desatendidas por tantos años y a la voluntad política y respaldo del

presidente Rafael Correa, con el fin de investigar y esclarecer e impedir la impunidad

respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre

1984 y 1988 y otro períodos. La CV del Ecuador inició funciones oficialmente el 14 de

enero de 2008. La presentación del Informe final tuvo lugar en Quito, el 7 de junio de 2010.

 

78  

Un elemento importante dentro de esta experiencia y en el marco de reparaciones

fue que las víctimas fueron consultadas, se realizaron tres talleres con víctimas y dos más

en la ciudad de Quito con el personal de entidades públicas y con organizaciones de la

sociedad civil para recoger sus perspectivas en torno a los diversos ámbitos en los que las

reparaciones pueden tener incidencia (educación, salud, seguridad, etc.). Por supuesto,

como en toda comisión de verdad existieron vacíos y cuestiones que pudieron manejarse de

mejor manera. Tal vez, una de las más importantes fue el manejo de las expectativas de la

gente en relación a los resultados post-Comisión. Sin embargo, este tema no será analizado

en el presente artículo.

En este apartado se anotarán algunos de los impactos que tuvo la CVE a nivel

psicosocial. Por un lado, creo que es importante rescatar el hecho de que los ecuatorianos y

ecuatorianas hayan empezado a cuestionar lo qué significan los derechos humanos, sus

alcances, los impactos de las violaciones. Cuando se entregaba el informe de la Comisión

se inició un debate social tímido y con grandes muestras de desconocimiento en materia de

derechos humanos, sin mencionar sesgos ideológicos evidentes que no aportaban al debate.

Por ejemplo, a partir de la publicación del Informe, varios segmentos de la población no

entendían por qué la CVE no investigó otros crímenes o aquellos cometidos por

delincuentes comunes contra policías en ejercicio de su función. Fue necesario explicar que

las consecuencias de la violencia sufrida en otras esferas (muerte de agentes policiales y el

impacto en sus familiares, por ejemplo), son ciertamente hechos lamentables, pero que han

sido o son responsabilidad de otras instancias del Estado destinadas justamente a controlar

la delincuencia común. Los derechos humanos son un ejercicio de contrapoder para limitar

las arbitrariedades de los Estados.

La gente, en general, no sabía que eran derechos humanos exactamente, qué era una

comisión de la verdad. Mucha gente no sabía las atrocidades que se habían cometido y

otros que las conocían y justificaban por cualquier medio, empezaron a entender que hay

leyes internacionales que prohíben muchos de los abusos que se cometieron con la

justificación del bien común y la lucha contra el terrorismo.

 

79    

Otro ámbito que fue malentendido y que la CVE ayudó en cierta medida a eliminar

prejuicios y estigmatizaciones es el proceso de reparación de las víctimas. Se afirmó por

ejemplo, que se intentaba premiar y honrar a “delincuentes” o se intentaba desacreditar el

tema de las indemnizaciones económicas. Se debió clarificar, empezando con la mismas

víctimas, que las reparaciones constituyen, ante todo, un derecho fundamental establecido

en doctrina nacional e internacional y son, sin duda, parte de procesos complejos e

integrales cuyo fin último es resarcir a través de medidas específicas el daño producido en

víctimas, familiares y comunidades. No se trata de subsanar la muerte de un ser querido a

través de medidas aisladas como sumas de dinero, monumentos u otros. Se trata de realizar

actos de justicia, memoria, perdón, de reivindicación social que deben ser llevados a cabo

de manera integrada, participativa, efectiva y digna para que realmente puedan cumplir con

el rol reparador para las víctimas y como dispositivos político-sociales de la memoria

colectiva de nuestra historia, para que no olvidemos que esto no puede suceder nunca más.

Por supuesto, todo esto ha significado el inicio y no el final de un proceso. Por lo

general, estas discusiones implican procesos lentos y a largo plazo, y por supuesto

movilizan intereses individuales y sectoriales relacionados con lógicas de poder, pero que

sin duda, son el desafío y una tarea pendiente para nuestra sociedad.

La memoria es un proceso en permanente construcción. La CVE hizo su trabajo,

ahora nos toca a nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas buscar la responsabilidad ética

de saber qué hacer con su pasado. La justicia está despertando, el inicio de los primeros

procesos judiciales en las cortes ecuatorianas nos dan la confianza de que estamos por el

camino correcto. Sin embargo, la memoria no está exenta de las luchas de poder, por el

contrario, quien tiene dominio sobre el pasado o sus imaginarios sin duda tendrá el dominio

sobre el futuro, que no debemos dejar que nadie nos robe.

A manera de conclusión La construcción de sociedades democráticas se basa en ideales éticos mínimos de

verdad, de justicia y reparación para las víctimas y para la sociedad en su conjunto. Una

 

80  

reparación sin estos parámetros de reconocimiento y sanción es un espejismo. Las

sociedades deben contar con un referente de Ley simbólica que funcione, que marque lo

legal de lo ilegal, lo moral de lo que no lo es. De lo contrario, todo estará permitido, hasta

las peores atrocidades contra la dignidad del ser humano en nombre de ideales de paz, raza

y seguridad, como tristemente ya ha sucedido.

El valor de la justicia es su utilidad para la construcción de memorias

sociales a través del reconocimiento del dolor y la palabra de las víctimas.

En muchos casos, además, han constituido valiosas herramientas para el

inicio de procesos judiciales contra los responsables y han movilizado

fuerzas político-sociales alrededor del mundo. Las víctimas, sus

realidades, sus voces, habían sido sistemáticamente reprimidas o ignoradas

por los sectores hegemónicos de las sociedades, pusieron en aprietos más

de una vez a represores y sus cómplices, con las exigencias de justicia y el

registro de sus abusos. Movilizan y aún pueden hacerlo en mayor o menor

medias fuerzas sociales” (Dobles, 2009:307).

Cuando se producen hechos tan violentos, tan en el orden de lo impensable, hay

mucho de la experiencia traumática que no puede ser simbolizada, que no puede ser

transformado en palabras, se convierten usualmente en síntomas físicos, malestares

familiares o profesionales. El trabajo de la justicia es crucial, los beneficios de las

potenciales reparaciones ayudarán sin duda a recomponer no solo a las víctimas y

sobrevivientes, sino también a la sociedad entera. Para lograr todo aquello, un elemento

que puede aportar es la creación de espacios psicoterapéuticos adecuados y sensibles que

permitan elucidar y canalizar el horror de la violencia por medio de la palabra y el apoyo

mutuo.

 

81    

Para el psicoanálisis lacaniano el trauma es lo que desestabiliza fugazmente la

realidad del sujeto (Sorbille, 2008). Pero, como Laurent (2002) señala que un Otro6

diferente después del trauma debe ser creado. Ahora bien, ¿Qué significa esto? ¿Quién debe

crear ese Otro? ¿Solo las víctimas? ¿Es que la sociedad entera no es igual víctima cuando

la Ley es transgredida? ¿La sociedad debe cuestionarse sus posiciones ético-políticas? ¿Los

psicoterapeutas deben replantear de alguna manera sus prácticas? Son varias de las

preguntas que aún quedan rondando en mi cabeza y espero que en las de muchos más.

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                                                                                                               6 Me refiero al concepto lacaniano del "Otro" como discurso sociocultural. Para Lacan, el Otro es a la vez el otro concreto y el lenguaje (Verhaeghe, 1998, 2005).

 

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84  

El cuidado en equipos de trabajo en derechos humanos: factores que promueven agotamiento y propuestas de recuperación

Carlos Reyes Valenzuela1

Resumen / Abstract

El trabajo en Derechos Humanos generalmente está asociado a situaciones de alta complejidad, con una transmisión permanente de historias de vida con un agudo impacto emocional. Este contexto promueve acciones de equipos psico-socio-jurídicos y ponen a prueba su capacidad de recuperación. Estos equipos de trabajo se insertan en instituciones que presentan limitaciones para “proteger” su salud mental y se acompaña de un sistema administrativo-judicial que, en ocasiones, dificulta una resolución eficiente de las situaciones de vulneración. Esto va generando diversos efectos psicosociales en profesionales y equipos, los que, generalmente, no son afrontados. La Psicología ha prestado atención a los procesos de cuidado y recuperación en el contexto laboral, en las conceptualizaciones sobre el estrés laboral, y primordialmente, en los efectos de desgaste y agotamiento (burnout) que ocurren en los equipos de trabajo. El presente trabajo se centra en describir los factores que inciden en el desgaste y/o agotamiento en equipos que trabajan temas de derechos humanos y se discuten propuestas sobre mecanismos de recuperación.

Work on Human Rights is generally associated with highly complex situations, with a permanent

transfer of life stories with an acute emotional impact. This context promotes shares of psycho-socio-legal teams and tests their recovery. These teams are embedded in institutions that have limitations to “protect” their mental health and are accompanied by an administrative-judicial system that sometimes hinders an efficient resolution of situations of violation. This generates various psychosocial effects and professional equipment, which generally are not addressed. Psychology has paid attention to processes of care and recovery in the labor context, conceptualizations of job stress, and primarily on the effects of wear and exhaustion (burnout) occurring in teams. This paper focuses on describing the factors that affect the wear and / or exhaustion teams working on human rights issues and proposals on recovery mechanisms are discussed.

Trabajo en Derechos Humanos y nociones de cuidado La pregunta que ha inspirado la aproximación al tema del cuidado de equipos ha

sido ¿quién cuida a los cuidadores? Así, se evidencia la necesidad de abordar los factores

que incidían en los equipos que trabajan en situaciones de alta complejidad. Generalmente,

los términos estudiados remiten a las conductas de cuidado personal y/o del equipo (que ha

sido denominado genéricamente como autocuidado), o en los efectos en la salud de los

integrantes del equipo, a través de agotamiento o burnout.

                                                                                                               1 Psicólogo. Máster en Gobernanza y Derechos Humanos. Actualmente, realiza su tesis doctoral en el Programa de Doctorado en Psicología Social y Organizacional de la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador asociado del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. <carlos.reyes@uam.es>

 

85    

Los errores más comunes para referirse al autocuidado es considerarlo sólo en la

adopción de estrategias personales para afrontar los efectos del trabajo, sin reflexionar

sobre los factores institucionales. Asimismo, una característica en diversas publicaciones ha

sido expresar las frecuencias de prevalencia del burnout -generalmente en trabajadores en el

campo de la salud- las cuales no explican la dinámica laboral que genera este agotamiento.

Precisamente, es muy común asociar el burnout a signos clínicos y probables medidas

reparatorias, más que en acciones de prevención o promoción de la salud laboral.

Sin embargo, las principales dificultades en el abordaje del cuidado de equipos se

refieren, en primer lugar, a los aspectos que “relegan” las instituciones ante los efectos de

la temática, como de las condiciones laborales en los que ocurre. En segundo lugar, el

cuidado se relaciona con la temática que trabaja la institución, que está asociada a

fenómenos sociales que constituyen violaciones a los derechos humanos (e.g., violencia

política, violencia de género, abuso sexual, desplazamiento y situación de refugio, entre

otros).

El trabajo en derechos humanos representa para los equipos de trabajo atender

situaciones caracterizadas por un alto impacto emocional, que requieren intervenciones que

no siempre dependen de la labor de los equipos. Dichas acciones se insertan tanto en un

sistema jurídico-administrativo que condiciona su repercusión, como en un contexto

organizativo con sus propios mecanismos de atención de la temática. El trabajo desplegado

por los equipos se expresa en asesorías, prevención, atención en crisis y/o en reparación,

que promoverán un contacto directo y permanente con personas y sus familias. Estas

labores incluyen, frecuentemente, una perspectiva jurídica y psicosocial que se centra en la

restitución de derechos, al considerar aspectos del contexto legal-social que ha generado

dinámicas de vulneración. Es decir, tal contexto tiene directa relación con la vulneración

que reporta la persona o familia al equipo de ayuda.

Estos eventos que constituyen la vulneración, en ocasiones son de tal complejidad,

que evidencian fenómenos que representan problemas políticos, económicos y/o sociales

que implica la acción del Estado o diversas instituciones. Ello expone los escasos recursos

 

86  

y condiciones que disponen los equipos para intentar otorgar una mejor respuesta a quienes

solicitan ayuda. El cuidado de los equipos, por tanto, expresa tanto las limitaciones como

los recursos movilizados por los integrantes de los equipos para cubrir dicha ayuda.

Barudy (1999, citado en Santana, 2007) considera que el cuidado posee dos niveles:

un cuidado institucional, que centra la responsabilidad en las organizaciones de proteger

sus recursos humanos. Y un segundo nivel, de cuidado personal o autocuidado, respecto a

la capacidad de los propios integrantes de cuidarse. También es posible incorporar otros

niveles de análisis, que estarían configurados por cómo se entiende la salud y recuperación

en el trabajo, y sobre qué actividades se van a privilegiar para tal objetivo (Cifré y

Rodríguez-Sánchez, 2012; Sonnentag y Geurts, 2009).

Justamente, el propio profesional u operador que conforma el equipo, requerirá de

espacios de recuperación en el trabajo y de estrategias que promuevan su salud. Estas

acciones proporcionarán cierto nivel de bienestar y equilibrio entre su vida laboral y

personal (Arón y Llanos, 2004; Morales, Pérez y Menares, 2003; Sonnentag y Geurts,

2009). Así, en este texto, se define autocuidado como:

Todas aquellas acciones llevadas a cabo por un trabajador en el contexto de

trabajo en derechos humanos (dirección, profesional, operador), de protección, cuidado y

equilibrio de los efectos de la atención permanente de situaciones de vulneración de

derechos. Estas acciones serán motivadas para conformar un cuidado de la salud,

mantener espacios de distensión y reflexión en el trabajo y fuera de él, de manera que

favorezca un equilibrio entre su vida laboral y personal.

En cambio, el cuidado de equipos requiere de espacios de recuperación en el

trabajo, suscitados por la institución, orientados a promover descompresión,

descontaminación temática y reflexión sobre cómo se está operando (Arón y Llanos, 2004;

Morales et al., 2003). Esto puede considerarse tanto al interior del equipo como en el

contacto con redes institucionales (Arón y Llanos, 2004). Consiguientemente, en este texto,

se precisa que cuidado de equipos corresponde a:

 

87    

Todas aquellas acciones llevadas a cabo por un equipo de trabajo y su institución,

en el contexto de trabajo en derechos humanos, de cuidado de los efectos de la atención

permanente de situaciones de vulneración de derechos. Estas acciones serán motivadas

por el propio equipo de trabajo y/o por la dirección en que está inserto dicho equipo.

Estará orientado a promover un estilo de comunicación claro, un refuerzo de habilidades,

supervisión de casos y espacios de distensión en el trabajo y/o en espacios de trabajo en

redes con instituciones que trabajan la misma temática.

Las acciones de cuidado en personas y equipos van orientadas a un mismo origen,

es decir, están asociados a estresores producidos en el contexto de trabajo. De esta manera,

estas acciones no pueden ser separables, ni debe enfatizarse una por sobre otra, aunque,

habitualmente, se tienda a reforzar a que sea el propio trabajador quien implemente

acciones de cuidado.

El desgaste y la relación con la atención institucional en Derechos

Humanos Las vulneraciones en derechos humanos y su relación con la atención y/o intervención

en instituciones

El trabajo en derechos humanos requiere una reflexión respecto a las acciones que

se realizan y su relación con el fenómeno social en el que se está trabajando. Es necesario

que cada integrante del equipo posea una noción sobre lo que se está haciendo, hacia donde

se dirige la intervención y qué limitantes y posibilidades otorga estar trabajando en esa área

(Vargas, 2010).

Las instituciones requieren una deliberación permanente sobre cómo van operando

y cómo lo están haciendo, evaluando desde una perspectiva organizacional (Cifré y

Rodríguez-Sánchez, 2012). En este caso, sobre el aporte de esa institución a la vulneración

de derechos y de cómo el trabajo está promoviendo los derechos humanos. Dado el impacto

de las violaciones a derechos humanos, es ineludible que la institución se plantee acciones

que no sólo contemplen atenciones a los usuarios, sino que le corresponde buscar

 

88  

estrategias, alianzas y negociaciones que aborden dicha vulneración. En caso contrario, la

intervención “no estará dirigida a favorecer el cambio en las condiciones sistémicas que

configuran un fenómeno, sino al mantenimiento de éstas” (Ramírez, en Vargas, 2010,

p.68).

Por tanto, al tratarse de vulneraciones en derechos humanos, representa un abordaje

institucional de la situación de víctimas, desde una perspectiva política, legal, económica,

social, cultural y/o comunitaria. O sea, las instituciones pueden enfocar el desarrollo de

actividades que se orienten a la atención e intervención, y además a efectuar estudios,

sistematizaciones de los casos, participación en redes (políticas, sociales y académicas), así

como contactos con la comunidad.

Ello implica que todos los integrantes de la organización sepan hacia donde se

dirige la institución y que, a su vez, todos participen de la variedad de actividades que

requieren realizarse. Por tal, es indispensable que la vulneración y su impacto demanden de

un entendimiento que continuamente esté en revisión. De este modo, es imprescindible que

los equipos que participan en estas instituciones, puedan formalizar propuestas sobre cómo

trabajar la situación de vulneración y no limitarse a ejecutar atenciones e intervenciones de

acuerdo al modelo de la organización. En ese sentido, en la planificación sobre cómo se

operará y qué áreas, convendrá contar con retroalimentación del equipo de trabajo y de

evaluaciones adecuadas, que faciliten los cambios institucionales.

¿Cómo se va produciendo el desgaste y el agotamiento?

Las dinámicas de desgaste y/o agotamiento que se van produciendo en un contexto

de trabajo en derechos humanos pueden relacionarse a diversos factores.

Primeramente, a aspectos relacionados con la labor propiamente tal (Guerra,

Fuenzalida y Hernández, 2009; Morales et al., 2003; Otero, García, Bosch, Méndez y

Luque, 2013; Santana y Farkas, 2007). La exposición periódica al relato a eventos

impactantes y/o traumatizantes, favorece una contaminación con la temática (Arón y

Llanos, 2004). En segundo término, el desgaste tiene relación con las condiciones laborales,

esencialmente de las particularidades de la tarea (Sonnentag y Geurts, 2009), y de las

 

89    

características de los profesionales y operadores (Ashtari, Farhady y Khodaee, 2009;

Maslash, Schaufeli y Leiter, 2001). En tercer lugar, esta dinámica de agotamiento surge en

relación a la percepción de insatisfacción en el trabajo (Ogresta, Rusac y Zorec, 2008) y de

los recursos que el trabajo promueva para abordar dicho efecto (Bakker, Demerouti y

Euwema, 2005). En cuarto lugar, el burnout en los equipos está asociado a la relación que

mantienen con la dirección de la institución y de cómo es ejercida esta dirección (Arón y

Llanos, 2004; Vargas, 2010).

En este punto, también es posible incluir las expectativas generadas por los

profesionales frente a este tipo de trabajo, que condiciona su relación con la dirección. Por

último, este desgaste se va originando a partir de la dificultad de los equipos para provocar

cambios en la intervención, que implica una adecuación rígida al modelo de atención

establecido por la institución (Vargas, 2010).

Posiblemente, el desgaste y el posterior agotamiento estén relacionados a diversos

factores de los reseñados anteriormente, los cuáles dependerán de las dinámicas de atención

y de cómo ocurre la relación entre los integrantes al interior de la institución. Al respecto,

también es importante destacar que en el trabajo en derechos humanos, se produce una

persistente deserción de los miembros del equipo que dificulta una estabilidad en las

acciones. Como resultado, en el equipo puede formarse la sensación de permanente inicio.

Además, son significativas las acciones que otras instituciones desarrollan en la temática,

que puede influir en el agotamiento. La recepción de quejas de usuarios ante la labor de

otra institución, o que ésta se base en un modelo meramente asistencial, limita la acción del

equipo en generar nuevas posibilidades de intervención. Vargas (2010), puntualiza que las

instituciones que presentan una perspectiva asistencial, consolidan la vulneración.

Con todo, es posible que haya miembros del equipo que estén más expuestos al

desgaste y/o agotamiento, y otros presenten menores riesgos. Esto dependerá tanto de las

medidas utilizadas para el cuidado personal, del rol que desempeña, de las relaciones con la

dirección, como de las expectativas y responsabilidad percibida hacia el trabajo.

¿Quiénes están más expuestos a desgastarse y/o agotarse?

 

90  

No hay un acuerdo en la literatura respecto a quienes están más expuestos a

desgaste o agotamiento en el contexto laboral. Hay coincidencia en que el burnout es

multifactorial, donde hay una influencia de aspectos familiares, personales y laborales. Por

tanto, en esta parte más que describir cuál factor es el más preponderante en el desarrollo

del agotamiento, se detallarán características que han sido explicadas en personas e

instituciones que están más expuestas. Es necesario advertir en este punto, que las

siguientes descripciones no configuran por sí solas, desgaste y/o agotamiento, sino que

deben ser concebidas como acciones que ocurren en un contexto que condiciona las

acciones individuales y las institucionales.

A nivel individual, pueden presentar mayor tendencia al desgaste y/o agotamiento:

a) Personal que presenta una alta exposición a estímulos o eventos estresantes, y riesgos

asociados al fenómeno social que se trabaja.

b) Personal que oriente menores recursos para el cuidado, ya sea por falta de herramientas,

o presente escasa noción del cuidado de sí mismo.

c) Personal que disponga de menores oportunidades para buscar otro tipo de trabajo (e.g.,

operadores, voluntarios).

d) Personal que perciba una alta responsabilidad individual y no comparta las dificultades

de las tareas.

e) Personal que reiteradamente trabaja después del horario laboral (Ortiz y Ortega, 2009).

A nivel institucional, puede generarse mayor propensión al desgaste y/o agotamiento en

sus integrantes:

a) Instituciones que presenten escasa consideración de “equipo en riesgo”, promoviendo un

empleo de “profesionales desechables” (Arón & Llanos, 2004, Morales et al., 2003).

b) Instituciones con rígido estilo de liderazgo, jerarquía en la estructura y con dificultad

para el establecimiento de la confianza en el equipo. También lo constituye una dirección

que no es empática a la consideración de equipo en riesgo o en detectar señales de

agotamiento en su equipo de trabajo.

 

91    

c) Instituciones que promueven una alta demanda de trabajo, pero que no proporcionan las

condiciones de desarrollo de recursos para responder a tal demanda (Bakker et al., 2005;

Xanthopoulou et al., 2007).

d) Instituciones que no suscitan un reconocimiento de sus integrantes (e.g. económico,

afectivo, social), o la formación de los mismos (Arón y Llanos, 2004).

e) Instituciones que privilegian el cumplimiento de tareas en forma individual, más que en

equipo (Santana y Farkas, 2007).

f) Instituciones que, trabajando en temas de derechos humanos, promueven un enfoque

asistencialista (Vargas, 2010).

g) Instituciones que consideran que el cuidado es un tema personal y no institucional

(Santana y Charkas, 2007).

h) Instituciones que favorecen un cumplimiento y evaluación de las tareas en términos

cuantitativos (e.g., reportes, informes, número de casos), más que informar sobre el proceso

de atención (Maslash et al., 2001).

Mecanismos de prevención y protección en equipos que trabajan en

Derechos Humanos Recuperarse en el trabajo: algunas consideraciones teóricas

La recuperación en el trabajo está definida como un proceso psico-fisiológico que

permite a los trabajadores mantener y recuperar sus energías y recursos (Sonnentag y

Geurts, 2009). Las acciones en este ámbito posibilitan a las personas y equipos sentirse

recuperados y con altas posibilidades de satisfacer exitosamente las demandas laborales y

extra-laborales (Colombo y Cifré, 2012).

Los argumentos sobre la recuperación en el trabajo concuerdan en que sucede

cuando no están presentes los estresores asociados a las demandas. Justamente, a través de

la recuperación, las personas vuelven a sus niveles iniciales de estrés, reduciendo y

previniendo la fatiga (Sonnentag y Geurts, 2009), y permitiendo al trabajador prepararse

para nuevas demandas (Colombo y Cifré, 2012).

 

92  

Para Geurts y Sonnentag (2006), esta recuperación puede ser entendida en tres

aspectos: en primer término, desde el escenario en que ocurre la recuperación, el cual

ocurriría en el trabajo y fuera de él, lo que constituye un escenario interno y otro externo.

En segundo lugar, la recuperación opera como un proceso, que se centra en cómo las

personas se recuperan. En este nivel se identifican las actividades sociales, físicas, de bajo

esfuerzo y los retos cognitivos. Las actividades sociales implican todo aquel intercambio

con otras personas que facilita la recuperación. Las físicas son entendidas como una

activación fisiológica para facilitar el posterior descanso. Las acciones de bajo esfuerzo

corresponden a toda aquella que posibilita el relajo y distensión. Y finalmente, los retos

cognitivos son concebidos como actividades que implican un funcionamiento intelectual,

distinto al trabajo (e.g., aprender un idioma, realizar cursos en otros temas de formación).

En tercer lugar, la recuperación como resultado está representada en cómo el trabajador se

siente posteriormente a su jornada laboral. Ello incluye identificar el bienestar fisiológico,

emociones óptimas de trabajo (no sólo las positivas) y la eventualidad de desarrollar otras

conductas para una futura recuperación.

Lo que no es recuperación y cuidado de equipos en el trabajo

Aunque es posible realizar diversas combinaciones de tipos de actividades

orientadas a la recuperación en el trabajo, no todas aquellas que se realicen en el trabajo,

constituirán en medidas adecuadas para promover la recuperación. Las actividades

requieren seguir una línea sistematizada y planificada sobre la situación en los integrantes y

el equipo en el contexto específico de trabajo. Así que, a continuación, se presentarán

algunas actividades que no configurarán necesariamente una recuperación en el trabajo, y

que, erróneamente, pueden ser entendidas en esa dirección.

Realizar actividades de cuidado aisladas, que no cuentan con una planificación, y que se

presentan sólo en ocasiones, sin la periodicidad y continuidad requerida

En este punto, caben actividades como paseos fuera de la ciudad, actividades fuera

del trabajo, que representan actividades distractivas, pero en ningún caso, actividades de

cuidado personal o de equipos.

 

93    

Iniciar actividades de cuidado de equipos, sin considerar la opinión del propio equipo

Los primeros actores que identifican la necesidad de cuidado son los propios

equipos. Por tanto, realizar actividades de cuidado sin intercambio ni ajustes a sus

necesidades y expectativas, dificultará que tal proceso genere una recepción positiva. Es

posible que, por el contrario, genere desmotivación y sentido de obligatoriedad (Arón y

Llanos, 2004).

Efectuar actividades de cuidado que no analicen cómo son las relaciones en los equipos,

de manera que no están orientadas ni a reforzar las relaciones positivas ni a intervenir las

debilitadas

Un aspecto imprescindible dentro de una institución, lo constituye las relaciones en

el equipo, puesto que evidencia las pautas de comunicación y resolución de conflictos. En

esto se incluye la dirección y el equipo de trabajo. Las actividades de cuidado del equipo

deben configurarse en relación a la historia del mismo, de cómo son las relaciones en la

actualidad y cómo han resuelto los problemas. En ocasiones, el cuidado de equipo requerirá

una identificación e intervención en los estilos de comunicación y de cómo el equipo regula

sus emociones.

Orientar el cuidado de equipos en actividades que no contemplen una reflexión sobre cómo

el equipo está operando y se está cuidando

Como se ha señalado previamente, los planes de cuidado de equipos demandan una

reflexión tanto de la temática de trabajo y de cómo se está operando al respecto. Las

actividades en torno al cuidado que excluyan estas dimensiones, difícilmente estarán

abordando todos los factores involucrados en el desgaste y/o agotamiento.

Dificultades y desarrollo de mecanismos de cuidado y recuperación en el trabajo en

equipos que trabajan en derechos humanos

La literatura que aborda el tema de cuidado de equipos, generalmente diseña

actividades que promuevan la intervención en las dinámicas de estrés, desgaste y/o

agotamiento en los equipos. Pese a esto, el interés en proponer acciones de esta índole

radica no sólo en plantear estrategias y/o actividades que los equipos y las instituciones

 

94  

puedan efectuar. Es indispensable que se conformen mecanismos que optimicen recursos

(Cifré y Rodríguez-Sánchez, 2013), que refuercen canales de comunicación, que surjan

espacios de reflexión respecto a la temática trabajada y que se dispongan de instancias de

recuperación en el trabajo.

De allí que el cuidado de los equipos y la recuperación en el trabajo motivan una

incorporación de las líneas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores antes

que una intervención. Esto es posible si, como se ha indicado, se consideran los distintos

factores de riesgo de los equipos que trabajan en temas de derechos humanos. En efecto, el

desarrollo de mecanismos de cuidado y recuperación en el trabajo en las instituciones

requerirá, inicialmente, de un equipo y dirección sensibilizado y dispuesto a evaluar las

condiciones en que se desarrollan las labores. Igualmente, demandará que se conciban

cambios en las dinámicas institucionales orientadas a una constante y periódica promoción

de la salud de los trabajadores. En este sentido, los dispositivos en que se pregunta por la

salud de los integrantes de una organización deben ser cotidianos, donde se evalúe y se

propongan planes de prevención. Respecto a esto, se proponen tres premisas a trabajar: 1)

no existe personal que esté exento del riesgo, 2) todos podemos colaborar en mi cuidado y

el de los demás, y 3) mi recuperación del trabajo y la de los demás, ocurre primeramente

en el propio trabajo. Es preciso que desde las instituciones se origine o refuerce una cultura

de la prevención, incentivando la participación de todo el equipo en estas acciones.

Ciertamente, la promoción y prevención de las condiciones en que ocurre el riesgo

del equipo que trabaja en derechos humanos, es menos estimado. Las instituciones y los

equipos tienden a minimizar todo aquel aspecto que evalúe al equipo en la categoría de

riesgo y, si finalmente se considera, recién en ese momento se proyectan acciones de

intervención. La crítica que se apunta aquí es que las instituciones y los equipos que

trabajan en derechos humanos son más pausados en la visibilización de signos de molestias

(Arón y Llanos, 2004), porque, en este contexto, se prioriza la atención. El malestar es

captado una vez que un integrante del equipo evidencia dificultades en el trabajo o para

llevar a cabo una tarea. Sin duda, el estrés y desgaste forma parte de los efectos de un

 

95    

trabajo que se asocia al sufrimiento humano (Morales et al., 2003), pero es posible que tal

consideración esté muy aceptada como norma de funcionamiento en instituciones y

equipos. En tal justificación, la aparición de síntomas en el equipo también sería esperable

y tolerada, porque se asociaría como regla que la atención en derechos humanos genera

efectos en sí, dificultando la visibilidad de otros factores de riesgo. De allí que es necesario

interrumpir el círculo vicioso que tiende a acontecer en instituciones y/o equipos, que

discurre en una pauta de causa-efecto, asociando la atención en vulneración con desgaste y

agotamiento.

Consiguientemente, los mecanismos protectores exigen identificar esta

normalización y aceptación pasiva de los efectos de la atención, al asumirse que un equipo

que opera en trabajo en derechos humanos está en constante riesgo. De esta manera, de no

mediar una prevención o promoción de la salud, se presentarán dinámicas de desgaste y

agotamiento.

La promoción del cuidado y la recuperación en el trabajo debe articularse, más que

en torno a una estrategia, a un conjunto habitual de acciones personales, institucionales y

con otras redes, que posibiliten pautas de funcionamiento de un equipo en riesgo. Esto, en

instituciones y equipos que trabajan en derechos humanos, supone, en primer lugar,

equilibrar las acciones de cuidado a usuarios y al equipo de trabajo. En segundo lugar, que

la intervención realizada requiere de espacios de recuperación dentro y fuera del trabajo. En

tercer lugar, que constantemente es preciso una evaluación sobre las condiciones laborales

(contratos, vacaciones, incentivos). En cuarto lugar, es recomendable sistematizar las

experiencias de intervención complejas y las estrategias que encontró el equipo para

solucionar la situación. En quinto lugar, el cuidado y recuperación demandan actividades

semanales de contención emocional, apoyo organizacional y reflexión sobre las tareas.

Finalmente, en sexto lugar, observar la relación dirección-equipo, favoreciendo estilos de

comunicación claros, y un ambiente de confianza y empatía ante el desgaste y

contaminación de la temática.

 

96  

En definitiva, el cuidado y recuperación en equipos que trabajan en derechos

humanos, está en directa relación a la atención realizada en vulneración, a las condiciones

laborales y a la dinámica interpersonal que se presente al interior de la institución.

Sugerencias en formación de cuidado en equipos de Ecuador La formación profesional en ciencias sociales en Ecuador, amerita que la labor en

atención e intervención en derechos humanos sea incorporada. Por un lado, que dicha

formación esté orientada a aspectos que forman parte de la atención en tal ámbito (tales

como distintos tipos de violencia sufrida en grupos vulnerables), como a los crecientes

fenómenos que ocurren actualmente en el país (e.g., migración, refugio). Por otro lado, los

temas de desarrollo humano plantean desafíos de soluciones integrales frente a los

problemas de bienestar de las personas. En este grupo, es posible identificar a los equipos

que trabajan en temas de derechos humanos. Justamente, todo haría suponer que la

exigencia de una enseñanza pueda orientarse “a una formación mucho más cercana con la

gente corriente y sus sufrimientos” (Asún, 1996, p. 1).

Concretamente, de acuerdo a Arón y Llanos (2004), la necesidad de formación en el

área de cuidado y protección de equipos debe orientarse a:

• Promover intercambio y prácticas con alumnos en formación (licenciatura,

grado), a fin de que los sectores profesionales se conozcan, manejen lenguajes

comunes y aprendan a trabajar en equipos multidisciplinarios.

• Combinar los aspectos teóricos y prácticos; considerar la duración de las

intervenciones en la estructuración de las pasantías y prácticas; ajustar las

necesidades de formación a las necesidades de los usuarios más necesitados.

• La formación de los estudiantes debe estar a cargo de profesionales y docentes

que posean o hayan asumido contacto con la práctica.

• Debería incluirse el desgaste profesional como asignatura obligatoria en los

cursos de formación.

 

97    

Por otro lado, las condiciones de desarrollo del país, y específicamente, con las

transformaciones que están ocurriendo en las universidades, se abren las posibilidades de

cambiar algunos aspectos formativos. No obstante, posiblemente los sistemas

institucionalizados no alcancen a otorgar respuesta a personas y víctimas, en las cuales

ONGs y grupos académicos pueden orientar acciones más acordes a las necesidades de las

personas. Por lo demás, esto puede facilitar el interés, motivación y compromiso en la

atención en derechos humanos para el ambiente estudiantil ecuatoriano. Consecuentemente,

es posible que este interés se exprese en una inicial tendencia minoritaria, pero que

paulatinamente se refuerce hacia una consolidación “que permita pensar que en el futuro

haya esperanzas de que se incremente su importancia en la sociedad y que en breve se vea

aumentar en los programas de pre y posgrado” (Asún, 1996, p. 3).

Conclusiones Los fenómenos de vulneración en derechos humanos y sus efectos sociales se

expresan en los equipos que abordan tales impactos. Los equipos asumen, mediante la

escucha, orientación e intervención, formas de reparación que no pueden ser contenidas

sólo por un grupo de personas. De allí que el autocuidado y el cuidado de equipos evidencia

la dinámica de cómo un grupo de trabajo y su institución entienden e intervienen

situaciones vulneradoras que requieren ser prevenidas y reparadas.

No obstante, los equipos de trabajo están en constante exposición que no sólo

pueden determinar un potencial riesgo, sino que produzca que algunos miembros del

equipo presenten desgaste y/o agotamiento (burnout). Esto podría causar abandono de

integrantes, y se dificulta que los equipos logren una reflexión sobre las acciones que se

llevan a cabo. Precisamente, son esenciales los espacios que susciten las instituciones que

trabajan en derechos humanos, que favorezca que los equipos presenten un mejor estilo de

comunicación, un debate sobre los fenómenos de trabajo y un permanente cuidado ante sus

efectos.

 

98  

¿La ampliación de espacios y propuestas institucionales hacia los equipos que

trabajan temas de derechos humanos puede influir positivamente sobre las formas de crear

y cuidarse en conjunto? Las posibles respuestas podrían ser ensayadas y evaluadas por

equipos e instituciones.

Por último, en Ecuador existe una ausencia de formación en las disciplinas de

ciencias sociales, en cuidado de equipos. En efecto, la formación subraya diversas acciones

con las personas, que puedan promover diversas capacidades, no obstante, relega la de los

trabajadores. Por lo tanto, constituye un reto para facultades universitarias en Ecuador

implementar asignaturas asociadas al cuidado. Así, materias tales como prevención de

riesgos laborales, burnout, estrategias de recuperación en el trabajo y otras pudieran

incorporarse en licenciaturas, cursos de especialización y maestrías.

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99    

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100  

ACTUALIDAD

El movimiento social constituido por los barrios del Noroccidente de Quito.- organización, estructuras, objetivos y

repertorios Rodrigo Varela Torres1

Resumen / Abstract

El documento presenta una breve historia de los movimientos sociales que surgieron en el Noroccidente de Quito, y que nacieron de los barrios populares que reivindicaron su derecho a la vivienda digna y adecuada como lo prescribe el actual artículo 30 de la Constitución del Ecuador. Este documento realiza un análisis de los objetivos, el espacio que utilizan y los repertorios que se han implementado para cumplir con dichos objetivos. También analiza cómo los barrios del Noroccidente lograron organizarse en lo que se conoce como la Federación de Barrios del Noroccidente como eje principal para fomentar la exigibilidad de derechos a la vivienda y a tener servicios básicos que permiten que la vivienda sea un lugar adecuado y digno para el desarrollo de la vida priva y las relaciones familiares.

De este estudio también se puede visibilizar la importancia de la protesta social como un mecanismo

de reconocimiento de derechos, mediante la coordinación de los movimientos sociales para generar propuestas que impliquen un cambio trascendental en la vida de los barrios populares, que les permita integrarse en políticas que les garanticen su derecho a la ciudad y sobre todo les garanticen el ejercicio de su plena ciudadanía como se desprende del artículo 31 de la Constitución, y que por su contenido esencial se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la vivienda.

This document presents a brief history of social movements that emerged in the northwest of Quito.

This social movement came from the poor neighborhoods who claimed their right to decent and adequate as required by Article 30 of the Constitution of Ecuador. This paper makes an analysis of the objectives, the space used and the codes that are in place to meet its objectives. It also analyzes how the neighborhoods of northwest got organized in what is known as the Federation of West Neighborhoods (Federación de Barrios del Noroccidente) as the main focus to promote the enforcement of rights to housing and basic services have to allow housing to be an appropriate and dignified place for the development of private life and family relationships.

This study can also visualize the importance of social protest as a mechanism for the recognition of

rights through coordination of social movements to generate proposals involving a major change in the life of neighborhoods, allowing them to be integrated into policy they guarantee their right to the city and especially guaranteeing them the exercise of full citizenship as stated in Article 31 of the Constitution, and that its substance is closely related to the right to housing.

                                                                                                               1 Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; egresado de la Especialización Superior en Derechos Humanos de la UASB, cursando el Máster en Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá. <rfvarelatorres@gmail.com>

 

101    

Introducción Este documento tiene como propósito analizar al movimiento social que surgió en

los barrios populares del Noroccidente de Quito; para lo cual, es necesario identificar si

realmente existe una organización y cuáles son las estructuras institucionales que han

logrado constituir en todo su proceso. De ahí que es necesario previamente analizar cuáles

son sus objetivos, cuál es el espacio que utiliza y cuál es su repertorio para lograr sus

objetivos.

Para responder estas inquietudes, necesariamente se abordará la bibliografía

desarrollada por instituciones como el Centro de Investigaciones Ciudad, así como la

entrevista a actores que han vivido estos procesos y los discursos que en su momento se

manifestaron en torno a las movilizaciones que realizaron los barrios del Noroccidente en el

marco de protestas sociales en busca de verdaderos cambios de realidades.

La organización barrial y sus repertorios En la investigación realizada por el Centro de Investigaciones Ciudad, que se

denomina “Diagnóstico y Plan de Desarrollo Vecinal de los Barrios Populares del

Noroccidente de Quito”2 señala algunos objetivos que movieron a que los barrios del

Noroccidente se agruparan para reclamar y exigir sus derechos. En un inicio se puede

observar que las exigencias fueron entorno al derecho a la propiedad por los asentamientos

que se lograron; sin embargo, luego la lucha fue mucho más allá, hacia la exigencia de

atención mediante servicios mínimos necesarios para ejercer el derecho a una vida digna en

razón de obtener su derecho a la vivienda.

Así, desde el año 1983 los barrios populares del Noroccidente se organizaron en lo

que se conoce como la Federación de Barrios Populares del Noroccidente de Quito para                                                                                                                2 Diego Carrión et al. “Diagnóstico de los barrios populares del Noroccidente de Quito”, en Serie Ensayos FORHUM, No. 3, Quito, CIUDAD, 1992, p. 23-56, disponible en <www.flacso.org.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=41668>.

 

102  

evitar el desalojo que se realizaría por la imposición del cinturón verde en las laderas del

Pichincha.

El proceso previo a la constitución de la Federación se dio por medio de las

denominadas invasiones ilegales, como lo denominó Rodolfo Rendón, presidente del

capítulo Quito de Fundación Natura, para quien, este tipo de invasiones “[…] ocurren

cuando gente de escasos recursos invade el terreno, luego negocia con el propietario y

construye su casa.”3 Este concepto de invasiones no respondió a la realidad de todos los

barrios del Noroccidente; incluso, la calificación de ilegal al término invasión, no

descalifica la legitimidad de reivindicar un derecho a la vivienda por medio del ejercicio del

derecho a la asociación y el ejercicio de la libertad de expresión para reivindicar sus

viviendas propias. Así surgieron algunas organizaciones barriales que por medio de sus

dirigentes y la movilización en muchos casos, lograron el reconocimiento de sus

propiedades para construir sus viviendas, e incluso, lograron que se les brinde los servicios

básicos como agua, alcantarillado y luz eléctrica.

Los procesos de organización de cada barrio fueron distintos. Muchos barrios del

Noroccidente se formaron en lo que eran huasipungos, grandes haciendas donde tenían

trabajadores a los que les dieron tierras luego de fuertes procesos de negociación con los

propietarios; por ejemplo la hacienda la Delicia. Otros procesos se iniciaron desde

invasiones en sectores como Pisulí y Atucucho. En otros casos como la Roldós, se realizó

directamente un proceso de compra-venta de tierras4. Otros barrios se organizaron de

manera diferente, por ejemplo, el barrio África Mía, que queda del puente de Santa Anita

para arriba, en las laderas del Pichincha, se conformó inicialmente por un grupo de 13

                                                                                                               3 “Quito Mantiene Atrctivo Para Migrantes” en El Hoy, 11 de septiembre de 2013, en <www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/quito-mantiene-atrctivo-para-migrantes-80512.html> 4 Rodrigo Varela Torres, “Entrevista a Sandra Naula, Gerente de Fondvida”, 27 de junio de 2013.

 

103    

mujeres y un hombre quienes eran madres y padre solteros; estas personas

afrodescendientes lograron ayuda de una persona de Australia para conformar su barrio5.

En otros casos, como el Barrio El Porvenir, donde yo viví mi niñez, se constituyó

mediante la creación de una cooperativa de vivienda que permitió la adquisición de un

terreno para la construcción de viviendas para algunas personas que venían de provincias y

que vivían en Quito. Este último caso, a mi parecer y por la vecindad que se constituyó, se

trataba más de una clase media, de personas con profesiones consideradas como liberales

en ese tiempo, como profesores, médicos, veterinarios, aunque también carpinteros y

servidores públicos. Tal vez por esta razón, el Barrio El Porvenir no vio mucha necesidad

de integrarse totalmente a la Federación de Barrios Populares del Noroccidente, puesto que

su exigencia de servicios la lograron más fácilmente en razón de que no se consideró a este

barrio como una invasión por parte del Municipio, como lo que pasó con otros barrios

como Atucucho. Con este argumento no quiero descartar las iniciativas de reivindicación

de derechos que se realizaron en su momento oportuno, únicamente descarto la necesidad

de utilizar medios como las marchas y la protesta social en sí, para la consecución de sus

fines dado que la tenencia de la propiedad estaba asegurada.

El fenómeno de ubicación de los barrios populares en el norte de Quito, fue

contrario al usual de que sólo en el sur de Quito se asentaban las clases populares e incluso

la pequeña burguesía y que únicamente al norte de Quito se asentaban las clases medias y

altas6. Este fenómeno contrasta con la composición de los barrios populares, en los cuales,

principalmente se encontraban personas campesinas, indígenas, trabajadoras de la

construcción, empleados públicos y privados, militares y policías de bajos niveles,

pequeños comerciantes y en fin, personas subempleadas o con ocupación informal7.

                                                                                                               5 Rodrigo Varela Torres “ Entrevista a Luis Fernando Méndez, morador del barrio África Mía”, para la materia Diversidades y Derechos Humanos en la Especialización Superior en Derechos Humanos, UASB, 19 de diciembre de 2012. 6 Diego Carrión et al. “Diagnóstico de los barrios populares del Noroccidente de Quito”, en Serie Ensayos FORHUM, No. 3, Quito, CIUDAD, 1992, p. 30. 7 Eduardo Tamayo, Movimientos sociales. La riqueza de la Diversidad. Agencia Latinoamericana ALAI, 1996, disponible en www.alainet.org/publica/diversidad/movpoblacional.html.

 

104  

En este sentido, la presencia de barrios populares en el norte rompió la tendencia de

ese fenómeno, puesto que a mi criterio lo que vieron es más prosperidad en este sector,

donde el Municipio focalizaba mayormente su atención por la presencia de barrios de clase

media y alta, como el caso del barrio El Porvenir, La Cordillera. Sin embargo, estos

beneficios no llegaron fácilmente a los barrios populares, por lo que vieron la necesidad de

organizarse, incluso para autogestionar algunos servicios como las vías de acceso, el agua

entubada mediante trabajos realizados en minga. Estos servicios básicos no los asumió el

Municipio sino luego de un largo y fuerte proceso de lucha, manifestaciones y protesta

social para exigir que garantice sus derechos a una vivienda adecuada como actualmente lo

reconoce la Constitución del Ecuador en su artículo 30. Sin embargo, en la actualidad, aún

existen barrios que no tienen acceso a estos servicios básicos, como San José Obrero,

Rancho San Antonio Alto, entre otros8.

De una forma sintetizada, Kattya Hernández nos presenta las tres formas que se

detalló anteriormente de cómo se ocupó el suelo: 1) por el proceso de negociación para la

compra del terreno, cuando este ya había sido ocupado previamente por los barrios; 2) la

invasión por la fuerza de los terrenos por tratarse en muchos casos de tierras baldías para

demandar al Estado que les reconozca su posesión; 3) la adquisición de terrenos por medio

de la constitución de cooperativas de vivienda. En todo caso, en palabras de Hernández,

estos procesos en los cuales lograron la adquisición de los títulos de propiedad, aunque el

Municipio les exigió el pago de impuestos, esta obligación tributaria les permitió exigir el

reconocimiento de servicios públicos al Municipio9.

Sin embargo, el gobierno central también inició otros procesos. Nuevamente, del

estudio realizado por CIUDAD se desprende que el gobierno inició programas de vivienda

al Noroccidente, como el de la Junta Nacional de Vivienda, que en principio los había

realizado en el sur y luego los trasladó también al norte. Las personas beneficiarias de estos                                                                                                                8 Rodrigo Varela Torres, “Entrevista Sandra Naula, Gerente de Fondvida”, 27 de junio de 2013. 9 Kattya Hernández, Mónica Maldonado y Jefferson Calderón. Entre crisis y crisis: el proceso migratorio internacional en los barrios populares del Noroccidente de Quito y sus impactos en el desarrollo. Serie Avances de Investigación N° 6, Fundación Carolina CeALCI, Madrid, diciembre 2010, pp. 23 y 24.

 

105    

programas fueron de las clases medias y bajas, y los ubicaron en San Carlos y la Granda

Garcés, sectores que se encuentran por debajo del trazado que posteriormente se

constituiría en la avenida denominada Occidental. Este proceso iniciado por el mismo

gobierno, fortaleció la tendencia de los asentamientos populares en el Noroccidente por

sobre la Occidental; además, la construcción de vialidad de la misma avenida Occidental y

el ensanchamiento de la avenida Prensa fortaleció la tendencia de los asentamientos del

Noroccidente, permitiendo así que las personas ubicadas en el sur y el centro de Quito

puedan desplazarse más fácilmente, aunque esta movilización estaba muy supeditada al uso

de vehículos particulares por la escasez de transporte público10.

Todos estos antecedentes han desembocado en la organización de los barrios

populares del norte, desde la constitución de barrios populares como comités barriales,

cooperativas de vivienda, clubes, ligas deportivas y otras formas de organización cultural,

juvenil, de mujeres, asociaciones productivas. Junto con estas organizaciones surgen

organizaciones de segundo grado que implica la reunión de los barrios en organizaciones

federativas que se constituyeron en defensa de los intereses y necesidades de los barrios.

Así, se encuentra la constitución de la Federación de Barrios, que como se

mencionó anteriormente, surge en 1983 con la propuesta de defender a los barrios

organizados frente al proyecto municipal del cinturón verde, para reivindicar la tenencia de

la propiedad de sus viviendas. Otras organizaciones que surgieron sin mayor incidencia y

convocatoria fueron la Asociación de Barrios del Noroccidente y el Consorcio de los Siete

Barrios, aunque la Federación también tiene periodos de crisis y de ampliación de

representatividad11, que en palabras de Sandra Naula implica que la fuerza que adoptaba la

Federación era más coyuntural por necesidades puntuales del momento, como la que hizo

que se constituya esta organización. Esto hace que en la actualidad también se encuentre en

crisis, en especial en estos momentos cuando el Municipio está dialogando directamente                                                                                                                10 Cfr., Diego Carrión et al. “Diagnóstico de los barrios populares del Noroccidente de Quito”, en Serie Ensayos FORHUM, No. 3, Quito, CIUDAD, 1992, pp. 32 y 33. 11 Cfr., Diego Carrión et al. “Diagnóstico de los barrios populares del Noroccidente de Quito”, en Serie Ensayos FORHUM, No. 3, Quito, CIUDAD, 1992, pp. 38-39.

 

106  

con cada barrio desde una relación clientelar12; lo que impide que se pueda realizar

acciones coordinadas como un solo movimiento.

A pesar de esta problemática la Federación logró algunas acciones coordinadas,

aunque hayan sucedido por alguna coyuntura más que como algo sostenido y con

programación previa. Así por ejemplo, lograron realizar marchas frente a las políticas que

consideraron excluyentes desde el gobierno de Abdalá Bucarám, quien no aperturó ninguna

forma de participación que permita a los barrios ser protagonistas de sus propuestas de

fortalecimiento organizacional. Por esta razón, el 5 de febrero de 1997 desde el

Noroccidente e incluso desde el sur de Quito, se pronunciaron por la derogatoria de las

medidas económicas y para que se destituya a Abdalá Bucarám como presidente del

Ecuador para convocar una nueva Asamblea Constituyente que permita la participación en

las instancias de decisión pública, que desde el discurso de Javier Alvarado implicaba no

solo un cambio de presidente, sino que se rectifiquen las políticas sociales implementadas

en ese periodo, de forma que se asegure la transferencia de recursos a los gobiernos locales,

se propicie la participación de la población en las esferas de decisión pública y sobre todo,

que se inicien cambios estructurales.13

Cabe destacar, que tanto en 1983 como en 1997 la Federación de Barrios del

Noroccidente logró realizar acciones coordinadas incluso con organizaciones del sur. Es así

que en 1983, frente a la posible aprobación de la Ley del Cordón Verde propuesta por el

diputado Hugo Caicedo y durante la alcaldía de Gustavo Herdoiza, se organizaron tres

federaciones, la del Sur Oriente, Sur Occidente y la de Noroccidente de Quito. Estas

organizaciones surgieron en defensa de la vivienda de las personas que se encontraban

arriba de la cota que establecía la ley, con lo cual, muchas familias se hubiesen visto

excluidas de acceder a una vivienda y contar con servicios básicos. Además, por esta

                                                                                                               12 Rodrigo Varela Torres “Entrevista Sandra Naula, Gerente de Fondvida”, 27 de junio de 2013. 13 Cfr., “Los barrios por la Asamblea Constituyente”, El Hoy, 12 de febrero de 1997, disponible en <www.explored.com.ec/noticias-ecuador/los-barrios-por-la-asamblea-constituyente-113426.html>

 

107    

oposición a la ley, también lograron identificar que quien la proponía era un empresario de

bienes raíces de Quito que tenía intereses en estas zonas14.

Como resultado, los movimientos barriales lograron defender su derecho a la

vivienda y además, comprometieron al Municipio la construcción de obras de

infraestructura y legalización en la tenencia de la propiedad. Para lograr estos objetivos

realizaron varias tomas de instituciones como el Ministerio de Bienestar Social, el

Congreso, el Municipio, las calles del centro de la ciudad que fueron los lugares donde

expresaron su descontento hasta forzar al diálogo. Cabe señalar que de estas protestas

también se beneficiaron otros sectores como los dueños de urbanizaciones de élite social.

Además, también pudo favorecer a la lucha social el hecho de que el Centro Comercial El

Bosque estaba siendo construido por sobre el límite permitido.

Hubo también otros factores que hicieron que las acciones sean coordinadas para

reivindicar el derecho a la vivienda, puesto que según Raúl Borja en el juego político se

encontraba una pugna política de conflicto armado entre el ex presidente León Febres

Cordero y el movimiento de Alfaro Vive Carajo; todo esto permitió la espontaneidad en la

protesta sin que intervengan dirigentes políticos o populares, ni abogados/as15. Lo que

después se dio, es que quienes promovieron y estuvieron en frente, fueron los dirigentes en

la recién constituida Federación de Barrios Populares del Noroccidente de Quito, como

sucedió con Javier Alvarado y otros dirigentes.

El derecho a la vivienda construido socialmente Con el afán de utilizar el ejemplo de la Federación de Barrios, sin que esto implique

una incidencia directa, y partiendo desde una concepción de que los derechos se construyen

socialmente, desde abajo como diría Pisarello, podríamos identificar que lo originado en los

                                                                                                               14 Rodrigo Varela Torres “Entrevista Sandra Naula, Gerente de Fondvida”, 27 de junio de 2013. 15 Raúl Borja Nuñez. Los movimientos sociales en los 80 y 90. La incidencia de las ONG, la Iglesia y la Izquierda, Quito, Centro de Investigaciones CIUDAD/Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en el Ecuador, marzo 2011, pp. 40-43.

 

108  

barrios del Noroccidente, y sin duda en varias latitudes del planeta, se reprodujo

posteriormente en los pronunciamientos del Comité de Naciones Unidas de Derechos

Económicos Sociales y Culturales, en cuya Observación General No. 7, interpretan al Pacto

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en el sentido de que el

derecho a la vivienda está comprendido por el derecho a la tenencia; y que además, los

“desalojos forzosos” son incompatibles con las disposiciones del artículo 18 del

mencionado PIDESC16.

Igual línea de pensamiento debería aplicarse en relación al proceso de construcción

social que tuvo la Constitución vigente del Ecuador, que se refleja en el reconocimiento de

derechos que fueron reivindicados por los movimientos sociales, entre ellos la Federación

de Barrios. Por tal motivo, la interpretación jurídica del derecho a la vivienda no debe

perder de vista las líneas de trabajo desarrolladas por las 40 organizaciones barriales que

pertenecen a la Federación, en el sentido de que el artículo 30 de la Constitución debería

considerar también, como parte de su contenido, las garantías del desarrollo infantil, de la

protección al ambiente, la integración juvenil, la capacidad y liderazgo barrial y

habitacional, que constituyen algunas de las líneas temáticas implementadas por este

movimiento social17.

A manera de cierre En conclusión, los barrios del Noroccidente lograron constituirse como un

movimiento social que actuó coordinadamente para lograr reivindicar su derecho a la

vivienda y gestionar la provisión de servicios básicos así como asegurar la tenencia de sus

propiedades. Tuvieron como arenas las calles, las instituciones públicas donde presionaron

a la fuerza a las autoridades del Estado para que les garanticen sus derechos mediante

marchas como repertorio principal. Si bien surgieron por un conflicto coyuntural como la

                                                                                                               16 Cfr., Comité DESC, Observación General No. 7, 1997. E/1998//22, párr. 1. 17 Sandra Naula, ¿Quiénes Somos? FONDVIDA, s/f, s/p, disponible en <www.fondvida.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=57>.

 

109    

ley del cinturón verde y posteriormente por políticas que no garantizaban el crecimiento y

fortalecimiento de los barrios, actualmente tienen nuevos retos, puesto que hay barrios que

aún no han logrado la provisión de servicios mínimos, ni se les ha asegurado la tenencia de

las tierras. Igualmente, sigue el reto de construir el contenido mínimo del derecho a la

ciudad reconocido en el artículo 31 de la Constitución, de forma que los barrios periféricos

no continúen al margen de las políticas públicas municipales y puedan ejercer plenamente

su ciudadanía.

Por último, cabe destacar que la Federación sigue presentando propuestas alternas

para el fortalecimiento de los barrios, como la del año 2000 durante la crisis bancaria;

donde según Javier Alvarado necesitaban de una organización financiera que permita el

fortalecimiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria, así como el

acceso al crédito para desarrollo familiar y comunitario, para lo cual promovieron la

creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondo para el Desarrollo y la Vida

(FONDVIDA)18.

Otra propuestas también son desde el desarrollo de la niñez, juventud, la protección

ambiental con proyectos más puntuales para el trabajo de estos temas19. Pero, esto no quiere

decir que el problema en relación a la vivienda haya desaparecido, puesto que por ser

complejo este derecho también se vincula con otros como el derecho a la ciudad; y en ese

sentido, aún existe mucho campo por recorrer, desde los procesos de urbanización, de

lograr que la institucionalidad llegue a los sectores más lejanos para garantizar derechos

que permitan lo que Fernando Carrión denomina como inserción residencial, lo cual

permitirá que se fortalezcan como movimiento, más allá de lo que consideraban en el año

1987, cuando recién los barrios del Noroccidente se estaban constituyendo como un

movimiento social20.

                                                                                                               18 INREDH/OXFAM “Casa abierta”, video de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FONDVIDA, 2010. 19 Rodrigo Varela Torres “Entrevista Sandra Naula, Gerente de Fondvida”, 27 de junio de 2013. 20 Cfr., Fernando Carrión. Quito, Crisis y Política Urbana, Quito. El Conejo-CIUDAD, 1987, p. 208.

 

110  

Bibliografía

Borja Núñez, Raúl , Los movimientos sociales en los 80 y 90. La incidencia de las ONG, la Iglesia y la

Izquierda, Centro de Investigaciones CIUDAD/Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en el

Ecuador, Quito, marzo 2011.

Carrión, Diego et al. “Diagnóstico de los barrios populares del Noroccidente de Quito”, en Serie Ensayos

FORHUM, No. 3, CIUDAD, Quito, 1992, p. 23-56, disponible en

<www.flacso.org.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=41668>

Comité DESC, Observación General No. 7, 1997. E/1998//22

INREDH/OXFAM “Casa abierta”, video de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FONDVIDA, Quito, 2010.

Hernández, Kattya, Maldonado, Mónica y Calderón, Jefferson. Entre crisis y crisis: el proceso migratorio

internacional en los barrios populares del noroccidente de Quito y sus impactos en el desarrollo.

Serie Avances de Investigación N° 6, Madrid, Fundación Carolina CeALCI, , diciembre 2010.

“Los barrios por la Asamblea Constituyente”, El Hoy, 12 de febrero de 1997, disponible en

<www.explored.com.ec/noticias-­‐ecuador/los-­‐barrios-­‐por-­‐la-­‐asamblea-­‐constituyente-­‐

113426.html>

“Quito Mantiene Atrctivo Para Migrantes” en El Hoy, 11 de septiembre de 2013, en

<www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/quito-mantiene-atrctivo-para-migrantes-80512.html>

Sandra Naula, ¿Quiénes Somos? FONDVIDA, s/f, s/p, en

<www.fondvida.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=57>.

Tamayo, Eduardo, Movimientos sociales. La riqueza de la Diversidad. Agencia Latinoamericana ALAI, 1996,

disponible en <www.alainet.org/publica/diversidad/movpoblacional.html>

Varela Torres, Rodrigo, “Entrevista a Sandra Naula, Gerente de Fondvida”, Quito, 27 de junio de 2013.

Varela Torres, Rodrigo “ Entrevista a Luis Fernando Méndez, morador del barrio África Mía”, para la

materia Diversidades y Derechos Humanos en la Especialización Superior en Derechos Humanos,

UASB, 19 de diciembre de 2012.

 

111    

Las Hermanas Mirabal. Latinoamérica se pronuncia por la no violencia contra las mujeres

Construcción colectiva1

Las hermanas Mirabal Las hermanas Mirabal (Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal),

nacidas en República Dominicana se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La hermana mayor, Patria, no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras

hermanas, pero las apoyaba, incluso prestaba su casa para guardar armamentos y

herramientas de los insurgentes. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María

Teresa fueron brutalmente asesinadas a palos y estranguladas, junto a Rufino de la Cruz

que las acompaño conduciendo el jeep a visitar en la cárcel al líder del Movimiento

Revolucionario 14 de Junio Manolo Tavárez y a Leandro Guzmán esposos de Minerva y

María Teresa Mirabal respectivamente. En 1999 recibieron el reconocimiento de la

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que designó, en su memoria,

el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer.

Latinoamérica se pronuncia por la NO VIOLENCIA contra la mujer A lo largo del continente el movimiento de mujeres, comunidades, colectivos,

organizaciones y redes de organizaciones, implementan acciones dirigidas a lograr cambios

en una sociedad patriarcal. Las cifras reflejan que los actos violentos contra la mujer no han

disminuido2, y la cotidianidad está marcada por actos violentos sicológicos, físicos y/o

                                                                                                               1 Documento basado en la historia de las hermanas Mirabal, la oficialización del 25 de noviembre como día de la eliminación contra la violencia contra la mujer y algunos pronunciamientos del movimiento de mujeres de este año. Programa Andino de Derechos Humanos. <padh@uasb.edu.ec> 2 Según ONU el 70% de mujeres experimenta violencia en el transcurso de su vida. Disponible en <http://www.un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/unite_the_situation_sp.pdf>

 

112  

sexuales, y exacerbada por la muerte de mujeres, sea porque no acceden a servicios

adecuados y seguros para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la

interrupción voluntaria de un embarazo, sea por que se criminaliza el aborto, o porque

muchas de ellas son víctima de violencia que extingue sus vidas con altas tasas de

impunidad, hablamos de feminicidios y femicidios.

De ahí que resulta oportuno recopilar algunos de los pronunciamientos,

llamamientos y alertas que se emitieron el 25 de noviembre en Latinoamérica como un

modo de contribuir a las acciones del movimiento de mujeres, con la intención de, como

expresa uno de esos pronunciamientos, hacer del símbolo del 25 de noviembre, una lucha

de todos los días.

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe RSMLAC Llamado a la Acción 25 de Noviembre de 2013

“Día de la No Violencia contra las Mujeres: con mi cuerpo violentado no hay

revolución”

Desde 1999 las Naciones Unidas reconocieron el 25 de Noviembre como el Día

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, propuesto así por las

latinoamericanas en el primer encuentro regional feminista, para honrar la memoria de las

hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana durante la dictadura de Leonidas

Trujillo, lo que las convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por la democracia

para las mujeres del mundo.

Desde entonces, cada año las mujeres conmemoramos el 25 de Noviembre

denunciando la violencia que persiste en nuestra contra y que se ejerce de muy diversas

formas, cuando:

• No se respetan nuestros derechos humanos fundamentales y vivimos vidas

violentadas en razón de nuestro género.

• Nos niegan la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, imponiéndonos

maternidades obligadas y condenándonos a la clandestinidad de abortos

 

113    

inseguros e ilegales.

• No recibimos atención médica y acceso a salud integral; oportuna, informada,

sensible, respetuosa y de calidad.

• Nuestra participación política no es efectiva, ni respetada, ni asumida como

compromiso de Estado.

• Somos agredidas por defender los derechos de otras mujeres, jóvenes y niñas.

• Los Estados suscriben acuerdos e instrumentos internacionales y éstos no son

incorporados a los cuerpos legales y a las prácticas institucionales locales.

La falta de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, las vulnera, las

hiere y en muchas ocasiones las condena a la muerte y el drama se incrementa cuando los

Estados no las protegen y no garantizan el acceso a la justicia.

Por ello en 2013 el llamado a la acción de la Red de Mujeres Latinoamericanas y

del Caribe, RSMLAC, tiene como objetivo:

Hacer visible la violencia institucional de género, ejercida por los Estados y

que se expresa en el acceso limitado a salud integral para las niñas, jóvenes y

mujeres adultas.

Así como denunciar la responsabilidad del Estado y de los medios de

comunicación, ante el feminicidio, como la manifestación más extrema de la

violencia de género, misma que crece cada día en la región latinoamericana al

amparo de la impunidad y la omisión estatal.

Invitamos a las organizaciones de América Latina y el Caribe y a nuestros enlaces

nacionales a sumarse a las siguientes acciones en Twitter y Facebook:

1. Usar el HT #25NTodosLosDías, recordando y denunciando casos

emblemáticos de violencia cultural, social, económica y de Estado, por

ejemplo: los casos de #Esperancita, #RosaCely, #AngélicaBalladares,

#KarinaDelPozo, #Beatriz

2. Leer y difundir nuestra #AlertaFeminista por el 25 de noviembre con énfasis

en la violencia de género ejercida por el Estado, como: a) Incumplimiento de

 

114  

los ODM, b) Deudas de implementación de la agenda del Cairo, c) Nulo o

escaso acceso a la salud integral para las mujeres, d) Incumplimiento del

derecho a la vida y salud de las mujeres; y e) La imposibilidad de hacer la

revolución socialista del siglo XXI si no erradicamos la violencia de género

contra las mujeres.

3. Colaborar en la realización de un Mapeo Colectivo #25NTodosLosDías

realizado entre las organizaciones de mujeres de la región con todas las

noticias sobre violencia de género contra las mujeres ocurridas en el año 2013,

las cuales serán recolectadas por la RSMLAC. Los envíos pueden ser en

fotografías, reseñas de historias, links de noticias.

¡Juntas damos fuerza y resonancia a nuestras voces!

Sandra  Castañeda  Martínez  

Coordinadora  General  RSMLAC  

 

Movimiento de Mujeres del Ecuador “Todo retroceso en derechos alcanzados, es violencia”3

25 de Noviembre de 2013

Nosotras, impulsadas por nuestra fuerza, convicción y compromiso y apoyadas en

las voces de nuestras ancestras, que nos legaron la lucha por la igualdad, equidad, justicia

social y justicia de género, no discriminación, la dignidad de las mujeres, sus pueblos, sus

territorios y la defensa de la naturaleza.

Nosotras, esas voces que ni el patriarcado ni el capitalismo han podido callar,

consideramos que este es el momento en el que las exigencias y propuestas del movimiento

de mujeres, deben ser escuchadas y asumidas por el Estado ecuatoriano y la sociedad en su

conjunto.

                                                                                                               3 Este pronunciamiento está disponible en <http://ecuadordecidenotlc.blogspot.com/2013/11/manifiesto-del-movimiento-de-mujeres.html>

 

115    

Nosotras, mujeres de campo y ciudad, mujeres de los manglares, mujeres rurales, de

los barrios, cooperativas, mujeres urbano populares, campesinas, trabajadoras, jóvenes,

estudiantes, profesionales, trabajadoras sexuales, lesbianas, indígenas, negras, adultas

mayores, con capacidades especiales, unidas en la fuerza de las diversidades.

Reconocemos

Que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, laico y

plurinacional, lo que implica el reconocimiento de los sujetos de derechos específicos y la

obligatoriedad del Estado de garantizar todos sus derechos.

Que en el Ecuador se ha legitimado la paridad electoral, la distribución de la Pastilla

de Anticoncepción de Emergencia en la lista de medicamentos del Sistema de Salud

Pública y la creación de los Juzgados Especializados contra la violencia a la Mujer y la

Familia, que son resultado de nuestras luchas históricas como movimiento de mujeres.

Expresamos

Que el régimen actual ha reforzado un modelo económico de explotación de la

naturaleza afectando especialmente a las comunidades, pueblos y nacionalidades, mediante

el apoyo a la minería a gran escala y la agroindustria.

Que la ausencia de una real y equitativa reforma agraria, sumada al modelo

extractivista y colonizador de nuestros pueblos y territorios, ha generado una re-

primarización de la economía nacional que profundiza la división sexual del trabajo en

términos patriarcales y capitalistas, afectando directamente la vida de las mujeres por la

enorme carga de trabajo reproductivo y productivo que se nos asigna, así como por la

expansión vertiginosa de la colonización de los cuerpos de las mujeres y las niñas.

Que el cambio de la matriz productiva, no puede centrarse en el extractivismo, ni en

la modernización del capitalismo y de la neo-colonialización.

Que se anuncia el avance de las negociaciones del TLC con la Unión Europea, que

la liberalización del mercado y los TLC’s no tienen en cuenta factores específicos de

género, y que por el contrario, agudizan las inequidades y discriminaciones: aumentan la

 

116  

participación de las mujeres en la economía informal y la feminización del empleo

precario, empeorando la ya deteriorada calidad de vida.

Alertamos que este proceso puede derivar en una mayor explotación y feminización

de la pobreza y una mayor denigración a las mujeres como sujetas de dignidad y de

derechos.

Demandamos a las cinco funciones del Estado

• Garantizar una economía social, solidaria y para la vida, que rompa relaciones de

explotación, mercantilización de los medios de vida, fomentando la participación de

los actores de la economía social y solidaria.

• Que el modelo económico no considere a la naturaleza como un objeto de explotación

irracional, por lo que exigimos que la iniciativa Yasuní ITT, de mantener el petróleo

bajo tierra, sea sometida a consulta popular para demostrar al mundo que es posible un

verdadero cambio de matriz productiva.

• Que el modelo económico extractivista, colonizador de los cuerpos de las mujeres,

genera condiciones sociales y culturales que promueven la explotación y el abuso

sexual.

• Que suspendan las negociaciones del TLC con la Unión Europea y se transparente los

textos en negociación.

• Asegurar y garantizar el acceso real de las mujeres a los medios de vida como el agua,

la tierra, las semillas, que mantengan la soberanía alimentaria y el mandato

constitucional de No a los transgénicos.

• Garantizar los derechos laborales y la seguridad social para las mujeres, incluidas

aquellas que están dedicadas al trabajo reproductivo y al trabajo sexual.

• Formular e implementar políticas públicas orientadas a promover responsabilidades

compartidas en el trabajo del cuidado de la vida y creación de servicios que faciliten el

ejercicio del derecho a la recreación y al descanso de las mujeres.

• Garantizar el acceso a la educación a todos los niveles, además de una educación no

sexista, diversa, que promueva las libertades de conciencia, de cátedra, de asociación y

 

117    

organización; principios democráticos que las últimas reformas están vulnerando.

• Garantizar el derecho a una vida libre de violencias: física, psicológica, sexual,

económica, patrimonial y política, desde un pluralismo jurídico con enfoque de género.

• Nuestra máxima exigencia es una Ley Orgánica de Erradicación de las Violencias

contra las Mujeres, la tipificación del feminicidio y el femicidio. Sin embargo, frente al

contexto legislativo, demandamos de manera urgente que el Código Orgánico Integral

Penal incluya nuestra propuesta a las reformas de la Ley 103, el Procedimiento

Especial y Expedito para juzgar infracciones de violencia contra la mujer e

intrafamiliar, la tipificación del femicidio y la violencia contra la mujer y la familia. No

aceptamos retrocesos en nuestros derechos, menos aún en una Asamblea liderada por

mujeres.

• Tipificar los delitos sexuales relacionados con la trata de personas desde una

comprensión integral que sancione a los “consumidores” de explotación sexual de

niñas, niños, adolescentes y mujeres, hecho repudiable que es considerado a nivel

global como nueva forma de esclavitud. En concordancia con la Constitución, la

legislación secundaria debe mantener esta coherencia a favor de las víctimas de trata y

tráfico, incluyendo la figura del recurso efectivo para la protección y reparación de

derechos.

• Despenalizar totalmente el aborto por ser un tema de justicia social y salud pública en

el que hay que considerar los profundos problemas sociales, las altas tasas de

mortalidad materna y la ausencia de garantías hacia las víctimas de violencia sexual.

Las mujeres somos capaces de tomar decisiones autónomas sobre nuestros cuerpos y

proyectos de vida. En el contexto actual, exigimos la despenalización del aborto por

violación considerado como delito de lesa humanidad, sustentado en la lacerante

realidad de violencia sexual que vivimos las mujeres, niñas y adolescentes en el

Ecuador.

• Crear el Consejo de Igualdad de las Mujeres a través de la Ley Orgánica de Consejos

de Igualdad. La superación de las desigualdades entre personas requiere de una Ley

 

118  

Orgánica basada en el reconocimiento de los sujetos de derechos, la implementación de

sistemas de protección integral de derechos, y una institucionalidad que ejerza rectoría

e incidencia en la construcción de políticas públicas, de acuerdo con el mandato

Constitucional.

• Vemos con preocupación que el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en lugar

de garantizar los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza - contrariando

tratados y convenios internacionales y nuestra propia Constitución- criminaliza la

protesta social, persigue a opositores políticos, coarta la libre asociación y

participación, viola el derecho a la resistencia. Rompiendo la Constitución de garantía

de derechos, el COIP aumenta penas para organizaciones, colectivos y personas, sobre

todo servidores públicos, criminaliza, denuncia y condena a las mujeres más pobres en

los servicios de salud, evadiendo las responsabilidades del Estado. Todo ello abre la

posibilidad de que los/as operadores/as de justicia usen en forma arbitraria las

tipificaciones abiertas y no precisas de terrorismo, financiación del terrorismo,

sabotaje, rebelión, instigación y apología del delito, e incluso participación y hasta

huelga. Proponemos precisión en esta tipología presente en todo el Código y

consecuencia con la garantía de derechos eliminando la concepción de un derecho

punitivo basado en la persecución a quienes piensan diferente tratándolos como

delincuentes o más aún “enemigos internos”.

• Eliminar el Decreto 016 por atentatorio al derecho a la libre asociación y participación

autónoma de las diversas actorías sociales.

• Promover una Cultura de la Paz, basada en la justicia social, como el conjunto de

principios, actitudes y herramientas que rechazan la violencia y previene los conflictos

atacando sus causas, mediante el diálogo, la negociación y la restauración de los

derechos violentados.

El Movimiento de Mujeres del Ecuador:

Se adhiere y multiplica las voces de las mujeres de los pueblos y nacionalidades que

luchan en sus territorios contra el modelo capitalista extractivista y rechaza la política

 

119    

petrolera que se visibiliza en las actuales rondas petroleras y la negociación con las

empresas mixtas.

Rechaza la política del gobierno nacional, que junto a otros gobiernos, promociona

la mega minería, el monocultivo y agrotóxicos, la misma que atenta contra los principios

constitucionales y abre la puerta a los transgénicos en detrimento de la soberanía

alimentaria. Responsabilizamos al Estado ecuatoriano de la violencia que pueda surgir en

los territorios sea por las fuerzas armadas o por las mismas empresas.

Apoya y convoca a otros movimientos sociales de pueblos y nacionalidades,

jóvenes, ecologistas, trabajadoras/es, pobladoras/es, de diversidades sexo genéricas e

intelectuales, a proclamar la necesidad de la autodeterminación de las soberanías territorial,

alimentaria, energética y de los cuerpos.

Hacemos un llamado a la ciudadanía:

A que no nos acomodemos a los sistemas de injusticias, explotación y represión.

A no perder la capacidad de indignación ni renuncia a nuestros derechos.

Continuaremos en resistencia, en la construcción colectiva de propuestas que aporten al

desarrollo de una cultura de paz, igualdad y felicidad para todas y todos.

Movimiento de Mujeres del Ecuador:

ACDemocracia Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador - AMPDE Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador-AMJUPRE Cabildo de Mujeres de Quito CEDEAL Confederación de Mujeres por el Cambio – CONFEMEC Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador Colectivo Nosotras Flor del Guanto Foro Nacional de las Mujeres Foro de Abogadas por la Seguridad Jurídica - Guayas Frente de Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos Movimiento de Mujeres de Sectores Populares y Colectivo Político Luna Creciente Movimiento de Mujeres de El Oro

 

120  

Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas Red de Mujeres de Santa Elena Red de Mujeres Políticas del Ecuador-REMPE Secretaría de la Mujer UNE Veedurías Ciudadanas por la erradicación de la violencia contra las mujeres

Colectivo 25 de Noviembre – Perú PRONUNCIAMIENTO

DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES4

En el Perú una democracia real será posible en la medida que las mujeres en toda su

diversidad puedan vivir en libertad e igualdad y se asegure su derecho a una vida digna y

libre de violencia.

Entre enero y noviembre del 2013 se registraron 107 feminicidios, es decir casi 10

mujeres muertas al mes por razones de género; las afirmaciones de los agresores

evidencian el deseo de control y dominación, lo que implica que urgen cambios en los

imaginarios de las personas para garantizar un contexto de igualdad. 37% de mujeres

afirma que en algún momento ha sufrido violencia física y sexual por parte de su pareja y

más del 68% de peruanas alguna vez ha sufrido situaciones de control. En el Perú se

reciben aproximadamente 67 denuncias diarias de violación sexual, y el 31% de hombres

piensa que las mujeres tienen la culpa de ser violadas. El Centros de Emergencia Mujer

(CEM), entre enero y octubre ha atendido 4563 casos de violencia sexual.

Ante este panorama, las mujeres de diversas organizaciones, colectivos, personas y

activistas EXIGIMOS al Estado peruano lo siguiente:

AL PODER EJECUTIVO

1. Impulsar políticas, programas y medidas para prevenir, sancionar y erradicar las

                                                                                                               4 Este pronunciamiento está disponible en <  http://bit.ly/Colectivo25NoviembrePronuciamientoPerú>

 

121    

diversas formas de violencia contra las mujeres, priorizando el cumplimiento del Plan

de Igualdad de Género (PLANIG), el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer

(PNCVHM) y el Plan Nacional contra la Trata de Personas, desde un enfoque de

género, intercultural y de diversidad sexual. El MIMP debe reforzar su rol de ente

rector en estas políticas y comprometer el accionar de otros sectores como el

MININTER, el MINSA además del Poder Judicial y el Ministerio Público.

2. Incrementar el presupuesto orientado a acciones de prevención para cambiar

patrones socioculturales que sostienen (Lineamiento 2 de PLANIG y Objetivo 3 del

PNCVHM), comprometiendo a las instancias nacionales, regionales y locales en este

proceso asegurando la existencia de “fondos etiquetados o especiales” para prevenir la

violencia en los presupuestos participativos. El MEF debe cumplir con su obligación,

de acuerdo a la Ley 29083, de incorporar el enfoque de género en el presupuesto

público.

3. El MINEDU debe garantizar una educación laica, intercultural y no sexista, que

elimine prejuicios y estereotipos de género. El MIMP debe monitorear la actuación de

los medios de comunicación y los mensajes que emiten, instándolos a erradicar

estereotipos que producen y reproducen la cosificación de las mujeres e incitan a

distintos tipos de violencia.

4. Tomar medidas específicas y asignar presupuestos especiales para erradicar la

discriminación de las mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas, transgénero,

viviendo con VIH, trabajadoras del hogar y con discapacidad, en quienes se

interseccionan distintas formas de discriminación.

5. Mejorar los servicios de atención. El MIMP debe fortalecer los Centros de

Emergencia Mujer, promoviendo su articulación con otros servicios de atención en las

zonas rurales y urbanas. Debe garantizar el funcionamiento de las Casas Refugio e

incrementar su número, asegurando un presupuesto adecuado, personal e

infraestructura calificada y modelos que respeten la diversidad cultural y sexual.

6. El MINSA debe aprobar inmediatamente el Protocolo Nacional para la Atención del

 

122  

Aborto Terapéutico. El MINTRA debe impulsar la ratificación del Convenio 189 de

la OIT que reconoce los derechos de las trabajadoras del hogar y la modificación de la

ley 27986, así como fiscalizar que se cumpla con contratar a las personas con

discapacidad de acuerdo al porcentaje de ley. El MIMP en articulación con el MIDIS

debe promover el empoderamiento económico de las mujeres vinculando estas

estrategias con acciones para prevenir la violencia contra las mujeres,

7. Al MINAM, incorporar el enfoque de género en sus intervenciones, pues el cambio

climático así como las diversas actividades económicas en el país tienen un impacto

diferenciado en la población.

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

8. Legislar bajo los principios de laicidad del Estado, y evitar retrocesos en materia de

derechos sexuales y reproductivos.

9. Despenalizar el aborto por violación sexual garantizando el respeto a la dignidad de

las mujeres, tal como lo han establecido el Comité de Derechos Humanos, el Comité

CEDAW y el Comité DESC de las Naciones Unidas. debe tipificar las

esterilizaciones forzadas y la violencia sexual como Crímenes de Lesa Humanidad,

tal como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

10. El Congreso debe aprobar la Ley de Alternancia así como la que sanciona el Acoso

Político para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la participación política de las

mujeres.

11. Garantizar que la legislación sobre niños, niñas y adolescentes, actualmente en debate,

sea acorde al marco internacional de derechos humanos; así como la

imprescriptibilidad de la pensión de alimentos.

AL MINISTERIO PÚBLICO Y EL PODER JUDICIAL.

12. Garantizar el cumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación y

sanción de los casos de violencia contra las mujeres, en especial los feminicidios, la

violencia sexual, la trata con fines sexuales, así como las lesiones originadas en el

 

123    

marco de la violencia familiar.

13. Otorgar medidas de protección inmediatas y efectivas a las mujeres que denuncian

los diferentes tipos de violencia.

14. Garantizar la no revictimización de las mujeres afectadas por las diversas formas de

violencia, en ese marco, suprimir las declaraciones reiterativas de las víctimas y

garantizar la existencia de cámaras gesell para todas las mujeres y no solo para niñas y

adolescentes.

¡Todas las mujeres contra todas las violencias!

Lima, 25 de Noviembre del 2013.

Colectivo 25 de noviembre, CMP Flora Tristán, CLADEM Perú, Movimiento Manuela

Ramos, Calandria, Marcha Mundial de Mujeres, DEMUS, Asociación de Desarrollo

Comunal (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir Perú, CEDAL, Movimiento El Pozo,

Colectivo de Trabajadoras del Hogar, Red Autónomas Perú, Asociación de Mujeres Negras

Trabajadoras del Perú, Kolectiva Rebeldías Lésbicas, Comisión Andina de Juristas, Centro

Juvenil Futuro INPPARES, Las Insumisas de Lilith, Las Insurgentes, LIFS, MAM

Fundacional, MHOL, Movimiento de Mujeres Ciudadanas del Cono Norte, Alianza por la

Solidaridad, Mujeres con Discapacidad Frida Khalo, Tawa Urpi Formadores en cultura de

Paz, Municipalidad Metropolitana de Lima, Orientadoras legales de Independencia,

Cepema Lulay, Asociación Paz y Libertad - Puente Piedra, Promotoras legales de San Juan

de Lurigancho, Red Nacional de Casas de Refugio, Colectivo Desnudarte, La Purita Carne,

Articulación Lesbianas Feministas, Red Peruana de Masculinidades, Red Prodemu,

Secretaría de la Mujer de la Federación Peruana de Jóvenes, Comisión de la Mujer del

Partido Comunista Peruano, Comité de Mujeres de Tierra y Libertad, COMUDEIG,

CONADES Juvenil, Divergen PUCP, Hysterix, Semana Feminista PUCP, Sindicato de

trabajadores municipales de Lima, Las Magdalenas, Ashanti Perú, Asociación Apala,

Colectivo Labio, Asociación Aurora Vivar, Federación Mundial de Trabajadoras del Hogar,

Asociación Grupo de Mujeres Diversas, Colectivo Mujer, Colectivo Uniones Perú, Mesa de

 

124  

Trabajo de la Mujer Olivense, Asociación Sociedad, Educación y Familia, Sindicato de

Trabajadoras del Hogar de Lima Este, Maripussy Crew, Colectivo Movimiento Feminista

del Perú, Versiones San Marcos, Ayni Desarrollo, FEMUCARINAP, Red Nacional de

Promoción de la Mujer, Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar,

Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, Alianza Sexo Género Revolucionaria,

Centro de Capacitación de Trabajadoras del Hogar, Juventud Obrera Cristiana, Centro de

Desarrollo de la Mujer Negra del Perú, Red Peruana de Mujeres viviendo con VIH,

CONAMOVIDI, Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de Lima.

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México México, Distrito Federal, lunes 25 de noviembre de 2013.

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y A FAVOR

DE UNA CONVIVENCIA MÁS JUSTA Y GENEROSA5

Queridas compañeras y compañeros:

La lucha de las mujeres por una vida digna y sin violencia es un movimiento vivo y

en permanente dinamismo, que cuestiona los paradigmas sociales obsoletos y tiende a

cambiar los esquemas disfuncionales de convivencia por otros más generosos y equitativos.

Vivimos en una sociedad que presenta hoy, en pleno 2013, tanto avances como

retrocesos en los temas relacionados con la equidad con enfoque de género y los derechos

de las mujeres.

En este momento histórico, en México nos encontramos en un punto transitorio, una

etapa en la que todavía hay muchos retos por asumir en el camino hacia esa sociedad que

tanto anhelamos y que construimos de manera paulatina con nuestros esfuerzos cotidianos,

para aproximarnos a ese país soñado donde todas las mujeres mexicanas puedan ejercer a

plenitud todos sus derechos, sin exclusiones.

                                                                                                               5 Disponible en < http://bit.ly/RedporlosDerechosSexualesyReproductivosenMéxico >

 

125    

Entre esos muchos retos que las mujeres conscientes necesitamos asumir con

entereza, dignidad y determinación, destaca —por su gran poder para destruir sueños y

restar calidad de vida a millones de mexicanas—, la violencia estructural.

El lenguaje de muchos políticos, lo sabemos bien, suele ser engañoso. Aunque es

justo reconocer afortunadas excepciones, las palabras de una visible mayoría de

funcionarios de gobierno con frecuencia carecen de valor real. Las propias leyes aprobadas

a favor de los derechos de las mujeres suelen ser letra muerta por falta de voluntad política

para hacerlas realidad en la vida práctica y cotidiana.

La corrupción, la demagogia, el dinero por encima del honor, el abuso y la agresión

física, psicológica y sexual contra las personas que son percibidas como más débiles y la

marginación de quienes son invisibles para los intereses del individualismo rapaz, son

algunos de los valores y prácticas que identifican a gran parte de la dinámica cotidiana de

nuestra actual sociedad mexicana.

Este conjunto de factores constituye de manera evidente el abono de la inseguridad

y violencia que azota a gran parte del país y con particular virulencia a varias regiones del

mismo, las cuales ha convertido en algunas de las más peligrosas del mundo para vivir.

Sin embargo, más allá de este cuadro social tan deplorable, hay otro de igual o de

mayor gravedad, porque la propia sociedad lo considera como parte aceptable de la

convivencia diaria: la violencia estructural.

Este tipo de violencia tiene muchas formas de expresión pero todas ellas comparten

en común su invisibilidad como los graves problemas sociales que son: la enorme cantidad

de hogares mexicanos que son encabezados por madres solteras por imposición y no por

elección, el frecuente abandono de los hijos por parte de hombres irresponsables, las

muchas empresas y organismos que pagan menores salarios para las mujeres que hacen el

mismo trabajo que los hombres, las burlas y agresiones de agentes del ministerio público

contra mujeres que acuden a denunciar abusos físicos y sexuales de sus maridos, la falta de

colaboración de hombres en el trabajo doméstico y un sistema de justicia que suele

convertirse en cómplice de los hombres que evaden el pago de las pensiones para sus hijos

 

126  

en el desamparo, son algunas de las muy comunes y abundantes manifestaciones de

violencia social estructural, que genera desigualdad, inequidad, sufrimiento e incluso

muerte, con el aval implícito de la indiferencia de las instituciones.

Es violencia institucional la que impide a las mujeres ejercer a plenitud nuestros

derechos sexuales y reproductivos, por el irresponsable silencio e inacción de las propias

instituciones ante la desvalorización de las mujeres ante los hombres.

Y es preciso señalarlo con énfasis: son las instituciones del Estado mexicano las que

han dejado de cumplir, en gran medida, con una de las principales razones de su existencia:

la de generar bienestar y garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales a todas las

personas sin discriminación.

La violencia estructural está fundamentada en la indiferencia institucional y los

valores culturales implícitos en la vida cotidiana, valores que ya resultan obsoletos y deben

ser sustituidos por otros más acordes a las aspiraciones colectivas de un México más justo y

generoso para todas las mujeres y hombres.

Mientras persista la cultura misógina como parte esencial de la convivencia diaria;

mientras las autoridades del Gobierno Federal, así como de los gobiernos estatales y

municipales, sigan con su política de decir que sí pero hacer que no en los temas de la

equidad de género, y mientras la sociedad en su conjunto mantenga una actitud indiferente

ante la violencia implícita en nuestra convivencia cotidiana, estaremos lejos del país que

merecemos y necesitamos.

Es momento de cambiar. Es momento de hacer y ser el cambio. Es momento de

transformar la forma en que convivimos. Es momento de promover con mayor intensidad y

amplitud los valores de la equidad con enfoque de género. Es momento de sumar, de ser

portadoras de la información vital para transformar la conciencia colectiva de la sociedad

mexicana. Es momento de construir país, con generosidad, determinación y voluntad.

Vamos ya a sustituir la violencia estructural por formas más dignas y amables de

convivencia social. Por nuestras hijas e hijos, por todas y todos. Es la hora.

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER)

 

127    

CENTRO NICARAGUENSE DE DERECHOS HUMANOS - CENIDH 25 de noviembre de 2013

Pronunciamiento por el Día Internacional de Lucha Contra la Violencia hacia las

Mujeres6

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,

que se conmemora hoy 25 de noviembre, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

CENIDH, repudia cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Exigimos prevención,

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y cumplimiento por parte del

Estado de Nicaragua de sus compromisos internacionales y respeto a los derechos de todas

las niñas, adolescentes y mujeres a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación.

Hace 53 años fueron cruelmente asesinadas las hermanas Mirabal, por orden del

dictador Rafael Trujillo en República Dominicana: por ello esta fecha constituye un

llamado a la acción contra la violencia hacia las mujeres.

El contexto de violencia que viven las mujeres en nuestro país es propicio para la

violación de sus derechos y para la impunidad en la que quedan dichas conductas ya que la

violencia adquiere un carácter institucional cuando es el propio gobierno el que patrocina

las agresiones y promueve la impunidad como ocurrió en el caso de la denuncia por

violencia sexual en contra de mujeres de Nueva Guinea y contra las jóvenes que

acompañaban a los adultos mayores en la protesta por la pensión reducida por vejez. Ese

contexto puede agravarse en detrimento de los derechos de las mujeres debido al actual

proceso de contrarreforma de la Constitución Política con el cual el partido de gobierno se

ha propuesto imponer un modelo de violencia institucional en detrimento de los derechos

humanos para perpetuarse en el poder.

A su vez, legislación de avanzada ha sido reformada con carácter regresivo como

ocurrió en el caso de la Ley 779.

                                                                                                               6 Disponible en <http://www.cenidh.org/noticias/558/>

 

128  

El aumento de los femicidios en el periodo comprendido entre el 2008 y el corriente

año confirman que debemos continuar luchando por erradicar este flagelo. Las amenazas,

los golpes, la violencia sexual, los femicidios no pueden continuar siendo datos

estadísticos, sino que deben ameritar una respuesta estatal y de la sociedad que permita

definir acciones oportunas para detener la violencia. No se puede hablar de democracia en

un país en el cual ser mujer constituye un riesgo de muerte.

En esta fecha de lucha internacional contra todas las manifestaciones de violencia,

que se ejercen en el ámbito privado y público, el CENIDH reafirma su demanda porque se

ponga fin a la violencia hacia las mujeres y las niñas y ratificamos nuestro compromiso con

la defensa y promoción de los derechos humanos frente a las distintas formas de violencia

de las que las mujeres son víctimas.

¡DERECHO QUE NO SE DEFIENDE…. ES DERECHO QUE SE PIERDE!

CENTRO NICARAGUENSE DE DERECHOS HUMANOS

 

 

129    

ARTE Y DERECHOS HUMANOS

Artivismo Vanessa Cárdenas

 

 Afiche para festival por el Yasuní en Quito, 5 de junio de 2011

Presentamos el trabajo de Vanessa

Cárdenas1, de nacionalidad colombiana, nacida en

la ciudad de Cúcuta, y que hace más de 3 años

reside en Quito. Durante sus estudios universitarios

se inclinó hacia el diseño gráfico y desde una

inquietud personal incursionó en la ilustración y en

el arte urbano. Desde niña, y por influencia de su madre

Vane Coco (su seudónimo) ha estado

comprometida con la valorización de la naturaleza

más allá de su consumo, lo cual le ha permitido

entender con claridad la necesidad de la protección

ambiental.

Lleva más de 8 años realizando su trabajo

comprometido con varias organizaciones de

sociedad civil con énfasis en la protección y el

cuidado de la Pacha Mama, realizando productos

gráficos, diseños para campañas e incluso diseño de

páginas web. Llama la atención en su trabajo los

colores y el carácter orgánico que tienen, y que

finalmente evocan una mezcla interesante entre el

arte y el activismo, ella lo define como artivismo2.

                                                                                                               1 Estudió Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Colombia y Universidad Nacional de Colombia, trabaja en Oilwatch y es voluntaria de la Campaña Amazonia por la Vida <angiely21@gmail.com> 2 Tomado de su blog <http://www.acdesign.tk/>  

 

130  

 

Intervención urbana, aerosol sobre tabloide de MDF. Plaza de Armas, Lima, Perú, Marzo 2012.1

                                                                                                               1 La fuente para todas las ilustraciones a continuación es: <http://www.acdesign.tk/>

 

131    

Afiches

   

 

   

 

 

132  

 

   

 

 

   

 

 

133    

Ilustraciones para campañas

 

134  

Todos sus colores

 

135    

Mujeres en la Historia Poemas Ilustrados1

ESA OTRA INFANCIA

Por Adela Vila, poeta española ¡Bárbaros macabros! ¿Y las manos de esas mujeres, y las naricitas de esas niñas? ¿En raciones de cepo para vuestras cacerías? No doy crédito. Querido Nelson Mandela, la lluvia echa fuera su hiel, la Historia su propia bilis vomita ¿Qué tenían que demostrar? La rapiña, la estúpida supremacía aria. ¡Mami, mami! -decía aquella linda renacuaja judía- “¿Tengo que entar en ese ten, jubamos al escondite? ¡Ben!”

                                                                                                               1 Mujeres en la Historia – Poemas Ilustrados es una antología de poemas y obras de arte cuya selección la realizó Xabier Susperregui y ha sido editado por la Biblioteca de las Grandes Naciones <  http://bibliotecadelasgrandesnaciones.blogspot.com>. El libro completo lo pueden encontrar en <http://bit.ly/MujeresHistroiaPoemasIlustrados>. Correo del Editor: xsusperregi@gmail.com

 

136  

OBRA: Inocencia - Marcela Ochoa, México

 

137    

Las praderas marchan cabizbajas; el túnel, relente de la noche, nada puede hacer. Yacen las algas del estanque al paso del desolado tren… Y él quisiera descarrilar una y otra vez, sabía muy bien cuál era su destino: la cámara de gas. Alma, ¿qué hicimos del derecho natural, del ideal de libertad social? ¡En mierda lo envolvimos! A ti Irena Sendler y a tus ¡dos mil quinientos niños judíos!

esta poetisa se inclina ante tanta valentía.  

 

138  

 

EL MATAMOSCAS DE LESBIA

Por Adriana Tafoya, poeta mexicana

Regreso agitada y burbujeante presionando con los dedos el cuello del cristal que envuelve al vino Regreso redonda y satisfecha frondosa y perfumada con las carnes tambaleantes y envinados mis sabrosos frutos él dijo: me molesta tu perfil de gesto seguro y suficiente sólo eres una mosca gorda mosca negra peluchuda e inflamada de siniestros pelos

 

139    

OBRA: El matamoscas de Lesbia – Dulce Medina, México

 

140  

Ruedo por la inmensa cama Me desprendo de una tela entallada y descosida le confirmo que soy negra y sucia negra de carne dulce carbón de azúcar mosca exótica con vientre acústico forrado de terciopelo una cajita pequeña de resonancias Confirmo que soy negra y deliciosamente gorda y que en alguna parte olvidé las pantaletas él dijo: me enoja cuando bebes arrogante elevas el meñique de tu mano eres perra añeja que provoca carnívoros deseos dan ganas de hacerte tierra y cocer un jarrón de tu barro

 

141    

Sonrío me acomodo y le reitero que soy negra y mala negra de labios gruesos, que la forma de la hembra madura se impone y concentra la elegancia

de lo abundante, le da poder al cuerpo que tengo los pezones zarzamora que estoy desnuda y se me dibujan grietas que adornan mis nalgas con la textura del satín él dijo: me haces falta Adormilada abro las piernas que atesoran mi sexo oscuro inflamados sus pequeños olanes magenta

en esta flor clava su lengua

no me molesto con él sé que tiene hambre

 

142  

 

SAHRAUIA

Por Zahra Hasnaui, poeta saharaui

Dedicado a la mujer saharaui

Tuve sed, y tus dedos escanciaron el rocío.

Tuve hambre, de pan, de paz,

y tus cantos me colmaron.

Con la capa de estrellas, arropaste la noche gélida,

acercaste la luna y la brisa marina.

Espíritu, alegría, esperanza,

cómo compensarte, dime, cómo superar la magia.

 

 

143    

 

OBRA: De la serie: Miradas – Moulud Yeslem, pintor saharaui

 

144  

OBRA: La espera – Nadina Villanueva, México

 

145    

A TI MUJER Por Nuria de Espinosa, poeta española

Sencillamente busco una razón,

que me ayude a encontrar alguna palabra

que llene mi vida y calme mi alma.

Hoy me descubro

y me siento vencida por el paso del tiempo,

y entonces pienso si vale la pena todo este esfuerzo.

El péndulo avanza implacable

las horas pasan y la tristeza se niega a evaporarse,

dirigiéndome hacia una absurda penumbra.

Pero soy una mujer luchadora

de alma inquieta que no tiene alas

y sin embargo abre las alas y vuela.

 

146  

CORRE SAMIA, CORRE COMO EL VIENTO Por Xabier Susperregi, poeta vasco

A Samia Yusuf Omar, atleta somalí

Corre Samia corre como el viento y si puedes, el reloj detén en tu mejor tiempo. ¿Me permites, Samia que a tu lado corra? Imagino que es un sueño que me ocurre ahora, pues creí… ¿Creíste acaso que esa mujer yo era, a quien escapando del País de la Guerra se le esfumaron los sueños en una patera?

 

147    

 

Obra: África sin ti – Mónica Lowenberg, México  

 

148  

Pues eso creí, y que vivía un sueño. Pues estás despierto y todo… era cierto. No te preocupes, ven tranquilo; ponte a mi lado y correré contigo. Corre Samia, corre como el viento.

Samia Yusuf Omar participó en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Sin embargo no logró alcanzar las costas de Italia con su patera.

 

149