TERCERA PARTE

Contratación colectiva, privatización y estrategias

sindicales en Colombia

La evolución de la contratación

colectiva en Colombia, 1990-1996*

(Los pactos colectivos contra la negociación colectiva)

Julio Puig F. y Beatrice Hartz S.

INTRODUCCIÓN

La legislación laboral colombiana define tres modalidades de negociación colec­tiva: Ia. La convención colectiva, celebrada entre uno o varios patronos o asocia­ciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones de trabajadores, por otra; 2a. El pacto colectivo, firmado por empleadores y trabaja­dores no sindicalizados que se rige por las mismas normas establecidas para las convenciones colectivas, a pesar de que esos trabajadores deberían elegir a sus representantes para los efectos de la correspondiente negociación; y 3a. El con­trato sindical, que es aquel celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajado­res con uno o varios patronos o sindicatos patronales para la prestación de ser­vicios o la ejecución de alguna obra por medio de sus afiliados.

Hagamos unas primeras precisiones sobre la realidad de la contratación co­lectiva. Aunque el sindicato único de industria y la negociación a nivel de ramas son una vieja aspiración del sindicalismo en Colombia, y pese a que actualmen­te los sindicatos del sector financiero están adelantando un movimiento para imponerla a los bancos, en Colombia no hay sino dos casos de convenciones colectivas legales negociadas a un nivel superior al de la empresa (ramas banane­ra y eléctrica). Por lo demás, los acuerdos de rama deben ser ratificados o especi­ficados en cada empresa y la estadística oficial no registra más que las conven­ciones formales en este ámbito elemental.

Esta ponencia es parte de un estudio en curso para la OIT sobre "Tendencias y contenidos de la Negociación Colectiva en Colombia"

339

Pulg y Hartz

G r á f i c a I . Curva de la proporc ión mínima de las plantillas beneficiadas por las Conven­

ciones Colectivas en función de la Tasa de afiliación sindical.

100%

50%

33,3%

Pactos

colectivos

cosibles

Notas: I. Los porcentajes se calculan sobre todo el personal, incluyendo los altos mandos y el mismo gerente general; 2. Cuando hay más de un sindicato y ninguno es mayoritario, deben unirse para presentar y negociar el pliego; 3. Cuando la tasa de sindicalización de los sindicatos que nego­cian supera el 33.3% de todo el personal, la con­vención beneficia a todos, salvo renuncia indivi­dual expresa. En el caso contrario, ésta se aplica sólo a los sindicalizados, pero por decisión igual­mente expresa, cada uno de los demás miembros de la plantilla puede acogerse a la convención; 4. Pero sólo puede existir simultáneamente una convención y un pacto, cuando aquella tasa de in­flación es inferior a 1/3 parte de todo el personal.

33,3% 50% 100%

En segundo lugar, el contrato sindical ha caído prácticamente en desuso y tiene una expresión estadística desestimable (menos del 2% de todos los contra­tos).

Sin embargo, se exhorta a menudo a los sindicatos para que acudan a esta figura y vayan sustituyendo la intermediación lucrativa en materia de trabajado­res temporales. En realidad, este tipo de contrato colectivo pudo haber tenido más importancia en tiempos pretéritos que en los actuales.

Para entender el verdadero significado de las tendencias actuales de la nego­ciación colectiva, es más relevante percatarse de lo que pasa con los pactos colec­tivos. Según estudiosos bien informados del asunto, en un ochenta por ciento de los casos, los pactos colectivos no son efectivamente negociados entre los pa­tronos y representantes auténticos de los colectivos de trabajadores sino que son impuestos por aquellos. En los medios de la dirigencia sindical el porcentaje se­ñalado es mucho más elevado. En cualquier caso, por esta circunstancia, se puede decir que una gran mayoría de los pactos colectivos se reduce a contratos de adhesión que contribuyen a la tendencia universalmente observada a la indi­vidualización de la relación de empleo. Por otra parte, en los conflictos laborales nuevos condicionados por la internacionalización y las medidas conexas de los gobiernos y directamente ocasionadas por las nuevas políticas laborales de las empresas, el pacto colectivo suele ser un instrumento de lucha antisindical en manos de las empresas. Como se explicó anteriormente —y se visualiza mejor en la gráfica 1—, hay una situación en que la ley permite la coexistencia de un pacto y una convención: cuando la tasa de afiliación sindical es inferior a la tercera

340

La evolución de la contratación colectiva...

Gráfico 2. Evolución del número de contratos colectivos (1982-1996).

BNo. total de contratos colectivos

DNo. de pactos colectivos

INo. de convenciones colectivas

parte de todo el personal. Tradicionalmente era muy común que las partes acordaran en la misma convención la extensión de sus beneficios a las demás categorías de trabajadores no sindicalizados (o a algunas de ellas), o que unilate­ralmente la empresa lo hiciera.

En todo caso, los sindicatos siempre han considerado como un acto hostil hacia ellos el que el patrono acepte —y con mayor razón, impulse— una negocia­ción paralela a un pacto colectivo. En los últimos tiempos, por lo regular, la si­multaneidad ha surgido cuando una empresa en dificultad o empeñada en una modernización de la organización del trabajo no ha podido obtener concesiones del sindicato o cuando éste mantiene una actitud de obstrucción; entonces se declara una guerra total y el pacto colectivo es un arma utilizada por la empresa con el fin de ir minando el sindicato. Esta es una situación esencialmente ines­table que tiende hacia la presencia exclusiva, bien de un pacto, bien de una con­vención, por lo cual, la estadística oficial ni la contempla. Sin embargo, en tres de las veinte empresas que hemos seleccionado para el presente documento, hay pactos colectivos que han seguido la trayectoria conflictiva descrita (sólo en una de ellas el sindicato ha podido evitar su destrucción). Por otra parte, el paulatino cercenamiento de los efectivos sindicales aumenta los pactos colectivos ya que éstos son legales por debajo de la cota de la tercera parte. En síntesis, las rela-

341

Puig y Hartz

ciones de fuerza actuales, al inclinarse por los pactos, aceleran el deterioro de la actividad sindical y de la auténtica negociación colectiva.

TIPOS DE CONTRATACIONES COLECTIVAS

En 1997 se firmaron 941 contratos colectivos, de los cuales 307 (un 34%), eran pactos colectivos que, en una alta proporción, no son de hecho el resultado de una verdadera negociación colectiva. Pero desde una perspectiva cuantitativa in­teresa discernir las tendencias y, a primera vista, las gráficas 2 y 3, que cubren el período 1982-1997, no dan la impresión de que ello sea fácil.

Las curvas son profundamente accidentadas; en las variaciones menos mar­cadas se explica porque los vencimientos y renegociaciones de los contratos, ha­bitualmente de una vigencia de dos años, no se distribuyen uniformemente en el tiempo y por eventos particulares. Pero todas las curvas se despeñan súbita­mente —salvo en un caso en el cual se produce el movimiento contrario— en 1983 y 1991, años que corresponden a severas depresiones económicas. En 1983 caen verticalmente las convenciones colectivas y trepan, aunque en una menor proporción, los pactos colecüvos.

Estos dos movimientos de sentido contrario pueden explicarse en gran me­dida por la crisis económica que originó muchas quiebras y concordatos con ocasión de los cuales se agudizaron los conflictos laborales y se activaron las dia­lécticas de enfrentamiento que se acaban de describir. También puede suceder que simplemente se prorrogan las convenciones vigentes. Pero esta explicación

Gráfica 3. Evolución porcentual relativa de las Convenciones Colectivas y de los Pactos Colectivos (1982-1997)

80-

60-

40-

20-

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342

La evolución de la contratación colectiva...

es insuficiente en 1991, cuando las dos curvas fluctúan paralelamente. En estos años, en Urabá y el sector bananero se pasó de una situación de

pactos colectivos a nivel de plantaciones (unos 150) a otra de negociación ratifi­cada y especificada en las distintas plantaciones. De modo que la caída del nú­mero de convenciones colectivas se explicaría por la recesión, y su recuperación en los años siguientes, por el registro de las nuevas convenciones de las fincas; la merma repentina de la cantidad de pactos colectivos se debe a la desaparición de los 150 que se venían negociando en la región, no compensada totalmente por los pactos generables por la crisis. Cabe resaltar que los datos del primer semestre del presente año parecen reproducir plenamente el patrón, no interfe­rido, de 1982 a 1983.

Más allá de las fluctuaciones, las curvas de la primera gráfica parecen eviden­ciar una tendencia, primero, al estancamiento del número total de contratos co­lectivos y, segundo, a la disminución de convenciones colectivas y al aumento de la cantidad de pactos colectivos. Por la repetición aparente de las pautas de crisis que se ha iniciado este año, y si ningún suceso especial se produce en este cam­po, se puede predecir que estas tendencias quedarán totalmente corroboradas en los próximos años.

En conclusión, las tendencias opuestas de crecimiento del porcentaje de pac­tos colectivos y disminución en la misma medida de las convenciones colectivas son inmediatamente perceptibles; esta serie temporal de datos estadísticos, y lo dicho acerca de la realidad de los pactos colectivos, muestran una pérdida de te­rreno de la negociación colectiva y un debilitamiento del sindicalismo (Gráfica 3).

LA COBERTURA DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS

Se advierte que todos los datos sobre cobertura de los contratos colectivos se re­fieren a los trabajadores beneficiados por los contratos firmados en un año de­terminado. Como la vigencia promedio es de dos años, el número de personas amparadas es aproximadamente el doble del registrado en las estadísticas pre­sentadas.

En el cuadro 1 (p. 359) hemos construido datos de cobertura para los años 1991, 1994 y 1996. Como el primero es de una caída vertical del número de ambos tipos de contratos colectivos, y el tercero de una alta cota de ambos, el conjunto del período no podía sino mostrar una tendencia alcista contraria a lo que se puede observar en una perspectiva más larga. Por ello lo más relevante de estos datos son los índices que permiten construir y que se representan y seña­lan en la gráfica 4.

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Puig y Hartz

Gráfica 4. índices de cobertura absoluta de los tipos de Contratos Colectivos (1991, 1994 y 1996).

D índices CC D índices PC

A nivel nacional, las variables de cobertura en valores absolutos registran dos incrementos aunque de proporciones distintas en cuanto a los pactos colec­tivos, y de disminución y aumento incluso por encima del punto de partida, pa­ra las convenciones colectivas. Pero en términos relativos, las curvas de los índi­ces evidencian toda la ventaja que los pactos le están tomando a las convencio­nes.

En la mayoría de los casos, estos patrones generales se reproducen en los distintos sectores económicos; sin embargo, entre los que infringen la regla, ca­be señalar el sector manufacturero en el cual la población amparada merma sin cesar, y los sectores de electricidad, gas y agua y transporte y comunicación, donde la cobertura y cantidad de convenciones colectivas, crecen notablemente cada año.

Todos estos datos se refieren a las negociaciones legales, las únicas que se consignan en las estadísticas oficiales. Pero, para formarse una idea más exacta de la amplitud del fenómeno de la negociación colectiva, hay que agregarle a es­tos datos los correspondientes a las negociaciones que, de hecho, se vienen rea­lizando con mucha regularidad y altas frecuencias en algunos sectores de la ad­ministración. Puesto que sus trabajadores son tipificados como empleados pú­blicos, y los servicios que prestan están definidos como esenciales, la ley no les permite la negociación colectiva ni la huelga pero, en algunos casos —siendo el más significativo el de los maestros-, diversas circunstancias particulares han hecho posible la práctica de facto de la negociación colectiva. Si se considera que hay alrededor de doscientos mil maestros organizados en un poderoso sindicato gremial, Fecode, se ve que la incorporación de estas situaciones informales al

344

La evolución de la contratación colectiva...

fenómeno de la negociación colectiva, por lo menos duplicaría el número de personas amparadas por las convenciones colectivas.

La reducción de la nómina del Estado central está compensada, y quizás con creces, por el incremento de las de los departamentos y, sobre todo, de los mu­nicipios.

La negociación de facto se trasladará, sin duda, a estos niveles; un signo anunciador es el hecho de que en las elecciones locales de 1997 —por lo menos en Medellín—, el candidato liberal, a la postre derrotado, había adquirido con el sindicato de empleados municipales el compromiso de practicar este tipo de ne­gociaciones.

Las tendencias de los promedios de las entidades con contrato no deberían afectarse mucho por las fluctuaciones coyunturales. Sin embargo, su análisis po­dría corroborar o sembrar la duda sobre algunas de las conclusiones anteriores.

Aunque el tamaño de la cobertura de los pactos parece estable, a nivel gene­ral, y considerando los dos tipos de negociación colectiva, el grupo promedio beneficiado por cada contrato parece ir disminuyendo ligeramente en virtud, esencialmente, de la tendencia en ese mismo sentido de las convenciones colec­tivas.

En cuanto a los sectores económicos relevantes, es notable que el patrón del sector manufacturero es exactamente el inverso del general; los demás son va­riantes más o menos desviadas del mismo.

Toda vez que las coberturas totales en número de personas beneficiadas pueden verse como el producto de la cobertura promedia por contrato multipli­cado por el número total de contratos, y como se estableció claramente la pro­pensión a la merma del número de convenciones colectivas, estos nuevos índi­ces ratifican la tendencia a que los trabajadores amparados por una auténtica negociación colectiva son cada día menos.

La reducción de la cobertura promedio de las convenciones colectivas tiene tres causas generales directas; 1. La disminución de la tasa de afiliación sindical a nivel de empresas y la mayor beligerancia de éstas a favor de los pactos; 2. La reducción de personal en particular en las grandes empresas por downsizing y a raíz de reestructuraciones", y 3. La incorporación de mayor cantidad de empresas pequeñas a la negociación de convenciones colectivas. En Colombia, con toda la probabilidad, sólo las dos primeras han actuado significativamente.

LOS CONTRATOS COLECTIVOS POR REGIONES ECONÓMICAS Y TAMAÑO DE LAS

EMPRESAS

Estas dos nuevas variables se introducen para completar la descripción estadísti­ca de la contratación colecüva.

345

Puig y Hartz

Las cuatro principales regiones económicas de Colombia son Cundinamarca —con la capital—, Antioquia, Valle del Cauca y el departamento del Atlántico. Como particularidades relevantes para el presente estudio, hay que destacar que entre las regiones desarrolladas, el Valle del Cauca tiene la mayor concentración de multinacionales; el caso inverso es el de Antioquia. En cuanto a los dos tipos de contratos colectivos, en 1996 estas regiones se ordenaban así: Ia Cundina­marca (410), 2a Antioquia (236), 3a Valle del Cauca (102) y 4a Atlántico (45). Pero este orden se trastoca respecto a la cobertura promedio por empresa: Ia

Cundinamarca (455), 2a Valle del Cauca; (410) 3a Atlántico (284); y 4a Antio­quia (236) (ver Cuadro 4 del anexo estadístico, p. 361).

De otro lado, y para todo el país, en 1996, una cuarta parte de todos los con­tratos colectivos se celebran en entidades con menos de 50 asalariados y menos de un 40% en empresas de más de 200 personas. Un porcentaje más o menos igual es asumido por empresas que vinculan entre 50 y 200 personas; predomi­nan ampliamente las entidades pequeñas y medianas (ver Cuadros del anexo).

LA COBERTURA RELATIVA DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS

Los datos sobre ocupación presentados en este punto son de una exactitud dis­cutible. La ocupación total y la sectorial están estimadas esencialmente a partir de los resultados del censo de 1993, uno de los más deficientes, y de las periódi­cas Encuestas de Hogares del Dañe, que cubren las principales ciudades del pa­ís. De allí que algunas conclusiones que podrían derivarse de estas estadísticas sean riesgosas.

Las tasas generales de cobertura de los contratos colectivos (ver Cuadro 3, p. 361) aparecen con una dramática escualidez. En el más favorable de los años, en 1996, el porcentaje de la población ocupada beneficiada por todos los contratos colectivos firmados es de apenas el 2,14%; las mismas tasas, discriminadas por convenciones y pactos, representan un 1,41% y 0,73%, respectivamente.

Sin embargo, como la mayoría de los contratos dura dos años, las tasas se­rían el doble, o sea 4,28, 2,81 y 1,46. Si además se quisiera computar a los em­pleados públicos que negocian en contra de la ley con el Estado, la tasa total su­biría a un 8,46%, y la de las convenciones colectivas a un 7%; pero aún así, el fenómeno de la negociación colectiva —y en particular el de las convenciones-sigue siendo tenue, si no marginal.

Si la contratación colectiva se refiere al sector moderno de la economía —en el cual, en rigor, se confina— habría que duplicar una vez más las tasas puesto que el empleo se distribuye, más o menos en partes iguales, entre la economía formal y la informal. De esta manera, para el sector moderno se podría tener una tasa total y real de cobertura de los contratos colectivos de un 17%, desglo-

346

La evolución de la contratación colectiva...

sada en un 14% para las convenciones colectivas y un 3% para los pactos. Si, además, dentro del sector moderno, se considerara —como se hará más adelan­te— la llamada gran industria, el desempeño de la contratación colectiva sería no­table.

Todos los sectores con tasa de cobertura inferior a la promedio adolecen de altas tasas de informalidad; tal es el caso del sector del comercio y servicios. Sin embargo, el de la construcción tiene muy poca informalidad y una baja tasa; el manufacturero, a la inversa, ostenta una notable informalidad y una relativa­mente alta tasa de cobertura (Cuadro 4, p. 361).

En cuanto a las tendencias que muestran los índices de las tasas de cobertura (gráfico 5), por la incertidumbre en la validez de los datos, pueden señalarse el aumento continuo de la tasa general de los pactos frente a la congelación de la tasa de las convenciones colectivas, la forma como se dispara el índice del sector Electricidad, gas y agua, y el hundimiento del sector financiero.

LA ESTRUCTURA DEL SINDICALISMO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En la actualidad existe en Colombia un total de 2.230 sindicatos de los cuales 1.160 son de empresa (llamados anteriormente de base), 1.600 gremiales, 156

Gráfica S. índices de las tasas de cobertura (1991, 1994 y 1996).

525 -

• • • I " índice general total

**v**m ««^índice general CC

índice general PC

• -índice total S4

• • • " índice total S7

1991

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100

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100

100

100

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144

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108

26

1996

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104

120

432

104

138

71

347

Puig y Hartz

de industria y 13 de oficios varios. Todos juntos afilian hoy día a unos 860.000 trabajadores que, en una gran proporción, se confederan en tres centrales sindi­cales (Banco de datos de la Escuela Nacional Sindical, ENS, Censo Sindical 1997).

En el Cuadro 5 (p. 362) se relacionan los contratos colectivos con los tipos de sindicato. Los sindicatos de industria negocian la mayor proporción de con­venciones colectivas (41%); sin embargo, como el ámbito de prácticamente todas las convenciones colectivas es la empresa, es obvio que no son los sindicatos de industria sino sus subdirectivos los que negocian las convenciones en los cen­tros de trabajo; estos sindicatos desempeñan un papel especial de asesoría en cada negociación y en la unificación del contenido de los pliegos. Es más, ese dato tampoco es indicador de una fuerza predominante de este tipo de sindicato, pues es común su multiplicidad en una misma rama y el raquitismo de sus efec­tivos.

Los sindicatos gremiales, a pesar de ser los más numerosos (72%), negocian menos de un 3% de todas las convenciones debido a que solo cuando afilian más de un 75% de los trabajadores del correspondiente oficio se les permite rea­lizar una negociación particular a nivel de empresas. También los limita la natu­raleza de las categorías y sectores que organizan y el tipo de fines por los cuales se crean. En el sector formal, agrupan categorías de asalariados muy especializa­dos, por ejemplo, los controladores aéreos y los vinculados a las actividades de la salud y educación; en el sector informal, además del grueso de sus efectivos, agrupan a los vendedores ambulantes y los loteros. Claro que si se acepta que los maestros, cuyo sindicato, Fecode, es de carácter gremial, celebran de hecho negociaciones periódicas con el Ministerio de Educación, entonces el peso de los sindicatos gremiales en la negociación de convenciones aumenta considera­blemente en materia de cobertura.

El Cuadro 6 (p. 362) muestra la preponderancia de la CUT: el 56% de todas las convenciones colectivas celebradas en 1996 fueron firmadas por sindicatos afiliados a esta central; respecto a las demás centrales, la CUT tiene un número cuatro veces mayor de este tipo de negociaciones.

Por la manera como la legislación laboral define a los beneficiarios de las convenciones colectivas a nivel de las empresas, y a pesar de que no todos los tipos de sindicatos tienen la misma oportunidad de celebrar éstas negociaciones, está claro que la afiliación sindical debe correlacionarse altamente con el núme­ro de convenciones y de trabajadores beneficiados por ellas. Así lo corrobora el Cuadro 9 (p. 363), donde se calculó un coeficiente de correlación por rango (Spearman) que alcanza el valor 492. De ahí que se puede deducir que las ten­dencias a la disminución de los efectivos sindicales y de las tasas de sindicaliza-

348

La evolución de la contratación colectiva...

ción mostradas por el Cuadro 7 (p. 362) son consistentes con las establecidas anteriormente respecto a la negociación de convenios.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA GRAN INDUSTRIA

En este punto, la fuente estadística es el Centro de Información Sistematizada de

Convenciones Colectivas, Ciscón, de la ENS. Esta base de datos procesa la in­

formación contenida en los contratos colectivos celebrados desde hace unos 15

años por un mismo grupo de empresas que se va incrementando paulatinamen­

te. Este grupo integra algunas de las firmas mayores del país y el tamaño pro-

Gráfica 6. Distintos índices de la gran industria.

115

110

105

100

95

90

85

80

- • - Relac. beneficiados / afiliados

-«•- Proporción de beneficiados

Tasa de afiliación sindical en

em. pr. nacional

Tasa de afiliación sindical

general

~*~ Tasa de afiliación sindical en

multinacionales

- » - Promedio total beneficios

po r empresa

- i - Promedio plantilla po r

empresa

^ — ^

V-" \

r \ ^ 1991

100

100

100

100

100

100

1994 1996

106 109

102

99

98

93

91

100 86

103

97

95

91

81

91

349

Puig y Hartz

medio de todas las que lo conforman es muy superior al nacional. Por ejemplo, su plantilla promedio era, en 1996, de 1254 asalariados frente a los 371 de to­das las entidades con contratos colectivos.

Puesto que este sector de grandes empresas recogía las formas más caracterís­ticas de las relaciones industriales de la época anterior, sus cambios ilustran las nuevas dinámicas.

Ahora bien, esta muestra compuesta por un 2% de empresas del sector mi­nero, 78% del manufacturero, 2% de los servicios domiciliarios y 18% del sec­tor financiero, no refleja con exactitud la estructura de la economía moderna; quedan por fuera los sectores estatales y de las comunicaciones. Sin embargo, la selección permite identificar las tendencias.

Las siguientes observaciones se basan en los datos contenidos en el cuadro 8 (p. 363) y la gráfica 6. La base de datos está formada por empresas provistas de convenciones colectivas; el crecimiento del número de pactos colectivos, limita­do a uno al principio, es el resultado de la dialéctica de confrontación entre sin­dicato y empresa descrita más arriba. En 1996, el 4.5% de las empresas de la muestra habían sufrido este proceso.

Las plantillas o nóminas, en general relativamente voluminosas, se han re­ducido muy rápidamente (del índice 100 en 1996 al 81 en 1996) lo cual se ex­plica por el downsizing, o reducción de plantillas, política importante del proceso de reestructuración del cual ha sido objeto el sector manufacturero, sobrerepre-sentado en la muestra. En los próximos años este fenómeno se va a acentuar puesto que las principales entidades del sector bancario, que últimamente han pasado al control del capital extranjero, tienen planes de reducción que afecta­rían hasta la cuarta o tercera parte de sus nóminas.

Las tasas de afiliación sindical son relativamente elevadas y aunque han ve­nido encogiéndose significativamente, en 1996 se mantenían por encima del 50%. Discriminando estas tasas se observa un nivel menor en las multinaciona­les que en las empresas nacionales hasta el punto que, desde hace tres años, en ellas la afiliación dejó de ser mayoritaria. De todos modos, esta cota promedio mayoritaria explica más del 80% de los asalariados beneficiados por las conven­ciones colectivas. Esta proporción incluso ha aumentado un tanto a pesar de la tendencia de las tasas de afiliación.

LAS MUJERES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Las mujeres no participan proporcionalmente en el mercado laboral ni en la or­ganización sindical. En el Programa para la Mujer Trabajadora de la ENS, se ha­bla de una pirámide de discriminación: el 43% de la población económicamente

350

La evolución de la contratación colectiva...

activa, el 33% de los efectivos sindicales y el 6% de las direcciones sindicales, son mujeres.

Sin embargo, las mujeres dirigen los sindicatos sólo en los sectores donde predominan, absoluta y ampliamente, las trabajadoras; tal es el caso del sector de la salud con las enfermeras, auxiliares instrumentistas, laboratoristas, etc. Aquí el tipo de entidades que se encuentran son sindicatos de empresa (clínicas, hospitales) o asociaciones nacionales (por ejemplo, la Asociación Nacional de Enfermeras Certificadas). Pero, incluso en estas actividades, se hallan situaciones extremas, y hasta caricaturescas, de privilegio masculino (se nos citó el caso de un hospital en cuyo sindicato sólo había un afiliado hombre, quien resultaba ser ¡el presidente de la organización!). En sectores tradicionales como los textileros de la confección, las mujeres logran, con mucha dificultad, formar mayoría en las juntas sindicales y presidirlas.

Se da el caso de un sindicato especialmente poderoso el de los maestros, donde aquella pirámide es especial e inexplicablemente nítida. En Adida, que agrupa los maestros de Antioquia, el 80% de sus afiliados son mujeres, pero só­lo el 5% son dirigentes de la Asociación. No obstante, el hecho real de la dis­criminación se encuentra en empresas que no tienen una afiliación femenina mayoritaria pero donde el sindicato está presidido por una mujer; es lo que su­cede con Adebic, el sindicato de uno de los principales bancos del país, y Sin-trais, de los Seguros Sociales.

Donde las mujeres dominan las juntas sindicales suelen conformar en su to­talidad o mayoritariamente las comisiones negociadoras. Pero en este nivel tam­bién se manifiesta la preponderancia masculina. En la empresa Cobordados, donde obviamente deben predominar las mujeres trabajadoras, la convención colectiva vigente para los años 1996-1998 fue firmada por dos hombres y una sola mujer; lo mismo sucedió en el Hospital Geriátrico San Isidro de Medellín con la última convención.

El manejo de ciertos datos permite deducir que la cobertura de las mujeres trabajadoras por contratos colectivos es sustancialmente inferior a la de los hombres.

El Cuadro 9 (p. 363) muestra que no es en los sectores económicos en los que trabaja una alta proporción de mujeres donde se observa la mayor cobertura de los dos tipos de contratos colectivos, ni de las solas convenciones colectivas. En efecto, el sector 9 (servicios personales y sociales), primero en cuanto a pro­porción de trabajadoras (54%), se ubica apenas en el sexto y quinto lugar en materia de cobertura total y de cobertura por las únicas convenciones colectivas, respectivamente. Y a la inversa, el sector 5 (construcción) de último respecto a feminización, se clasifica de quinto y séptimo en cuanto a los otros dos concep­tos. En términos estadísticos los datos muestran una correlación negativa.

351

Puig y Hartz

Con la fórmula de Spearman de correlación por rango se obtienen dos coe­ficientes negativos relativamente fuertes: -587 y -312. Esto permite afirmar que las mujeres son notablemente menos beneficiadas por contratos colectivos y, en particular, por convenciones colectivas, que los hombres.

Según los contenidos específicos de las convenciones colectivas favorables a las mujeres trabajadoras, parece que los grupos feministas creyeran en la inexis­tencia de cláusulas particulares. Una conquista de éstas es, en todo caso, la prohibición de la prueba de embarazo para la vinculación laboral, incluida en la legislación en 1994. No hay contenidos específicos, incluso cuando la negocia­ción está en manos de mujeres, porque, en un contexto de desempleo creciente y de cuestionamiento de las conquistas obreras anteriores, las mujeres han in­ternalizado las prioridades generales del sindicalismo, o sea, de los sindicatos dominados por los hombres.

Sin embargo, un rastreo de convenciones colectivas indica otra cosa. En efec­to, es frecuente encontrar en ellas puntos que otorgan auxilios o mejoran los mínimos legales en relación con matrimonios, nacimientos, lactancia, etc. Tam­bién se pactan cláusulas para apartar a las trabajadoras de puestos de trabajo pe­ligrosos o que exigen esfuerzos físicos especiales. En materia de guarderías son pocas las empresas que las tienen; lo más común es el otorgamiento de auxilios. Pero nadie conoce ni un sólo caso de flextime, o sistemas de horario flexible, fa­vorables especialmente a la mujer. Tampoco se han plasmado políticas de tiem­pos parciales que tuvieran en cuenta las necesidades particulares de este grupo de trabajadoras. No obstante, lo que sí parece ser un hecho indiscutible, es el que los sindicatos controlados por las mujeres no se diferencian de los demás en sus reivindicaciones sobre estos particulares.

LA ARTICULACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA1

Aunque la legislación laboral colombiana admite la existencia de cuatro clases de sindicatos de empresas, industrias, gremios y oficios varios (art. 356 del Có­digo Sustantivo del Trabajo) y define la convención colectiva (art. 467 de este código) como aquella «que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por otra parte», las autoridades laborales no admiten negociación colectiva que no se realice en el ámbito de la empresa; y de hecho, toda la prác­tica y la legislación sobre la negociación colectiva gravita en torno a los sindica­tos y a los acuerdos a nivel de empresa.

1 Este punto ha sido redactado en gran medida por Héctor Vásquez, funcionario de la ENS.

352

La evolución de la contratación colectiva...

Esta situación afecta el funcionamiento de los denominados sindicatos de industria, los cuales en la práctica deben funcionar como si fueran sindicatos de empresa. En efecto, aunque afilien trabajadores de varias empresas de un mismo sector económico, no pueden negociar un acuerdo general para el sector; y de­ben limitarse a aprobar por separado y por empresa los pliegos de peticiones, los cuales deben negociarse separadamente en cada una de las empresas.

No obstante lo anterior, en Colombia se han venido desarrollando algunos casos que significan romper este esquema de negociación. Los más importantes son dos en el sector estatal: magisterio a través de Fecode y el sector eléctrico a través de Sintraelecol, y uno en el sector privado, el de los bananeros.

Como ya se dijo, la de los maestros es sólo una negociación de facto. El ma­gisterio estatal, que cuenta con una federación gremial a nivel nacional, Fecode, y agrupa a más de 200.000 maestros y maestras de enseñanza primaria de todo el país, negocia directamente con el gobierno nacional —por intermedio del Mi­nisterio de Educación— sus reivindicaciones más importantes, fijando así las condiciones mínimas de trabajo y de remuneración en todo el país para los maestros del sector público. El magisterio del sector privado, con niveles de or­ganización casi inexistentes, no sólo no se beneficia de estos acuerdos, sino que por disposición de los estatutos de Fecode, tampoco puede pertenecer a esta or­ganización.

Por su parte, Sintraelecol ha logrado firmar, por tres veces consecutivas, un acuerdo con el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, que establece unos acuerdos mínimos que benefician a trabajadores de 17 em­presas del sector eléctrico del país y dejan al nivel de cada empresa en particular la negociación de otros aspectos de interés, tanto para los trabajadores como pa­ra las mismas empresas.

El Acuerdo Marco del Sector Eléctrico estipula, entre otros, aspectos como el régimen disciplinario especial para los trabajadores del sector y acuerdos sobre salarios, escalafones, flexibilidad, estabilidad y contratismo, además de referen­cias específicas a temas de competitividad y productividad.

En la región de Urabá, donde más del 90% de todos los trabajadores bananeros se encuentran afiliados a Sintrainagro, se ha logrado establecer una cultura de la negocia­ción en donde el gremio patronal, representado por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Urabá, Augura, acepta firmar una convención colectiva que incluye bene­ficios mínimos para los trabajadores de más de 300 fincas bananeras de la región. Lue­go, por separado o mediante la agrupación de fincas según la comerdalizadora a la que pertenezcan, se establecen otros acuerdos más particulares, como por ejemplo incre­mentos salariales por productividad.

El Acuerdo Marco del Sector Bananero de Urabá incluye los siguientes aspectos: incrementos salariales, salario básico convencional, salarios por productividad, pagos de

353

Puig y Hartz

incapacidades por accidente de trabajo y vivienda, y jomada laboral. En parte, este acuerdo ha sido posible gradas a la capacidad organizativa y política del sindicato que lo coloca como la organización social más importante en la región; por presiones mediante paros totales en la región, logró que los empresarios bananeros aceptaran firmar un acuerdo base para Urabá.

En Colombia, la regla —sin excepción alguna— ha sido por mucho tiempo la negociación a nivel de las empresas. Sólo en los últimos lustros, el movimiento sindical —que valora casi míticamente el sindicato único de industria y la nego­ciación a este nivel—, ha podido romper, como acaba de mostrarse, esta unifor­midad. Por lo tanto en Colombia no se puede hacer referencia a ningún tipo de proceso de descentralización de la negociación colectiva. Sin embargo, dos secto­res fortalecen la contracorriente consistente en estructurar la rama, o la industria como nivel de negociación. En primer lugar, sindicatos del sector bancario, el cual acaba de abrirse a poderosos grupos extranjeros y está en víspera de pro­fundas reestructuraciones, están desarrollando en estos momentos un movi­miento para obligar a la Asociación Bancaria a que acepte negociar un pliego único para todo el sector. Y, en segundo lugar, como resultado de una política del actual gobierno, se han firmado varios Acuerdos Sectoriales de Competitividad de carácter tripartito.

Estos acuerdos, rechazados por algunas corrientes del sindicalismo, pueden crear precedentes favorables y contribuir a legitimar, ante los diversos actores de las relaciones industriales, la negociación por rama que, como bien se sabe, no está precisamente en el orden del día a nivel mundial.

TIEMPO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CONVENIOS

En la primera parte de este trabajo se han descrito las etapas por las cuales pue­de atravesar la negociación colectiva con indicación de la duración minima y máxima de cada una de ellas.

En la situación anterior a la Ley 50 de 1990, la etapa inicial de arreglo direc­to podía durar quince días hábiles prorrogables hasta diez días hábiles más, y la etapa de mediación con intervención del Ministerio de Trabajo podía represen­tar otros diez días hábiles. En total, estas dos etapas sumaban un máximo de 35 días hábiles. Ahora, suprimida la mediación, queda sólo el arreglo directo con un primer período de 20 días prorrogables en 20 días más. Pero como estos úl­timos días son calendario, en esta parte inicial del proceso la negociación se re­duce, de hecho, por lo menos en 5 días. Los tiempos de los restantes momentos no han cambiado. Concluida la etapa de arreglo directo sin acuerdo, los traba­jadores pueden optar por la declaración de huelga o por un tribunal de arbitra­mento voluntario. En ambos casos disponen de 10 días hábiles. Una vez decla-

354

La evolución de la contratación colectiva...

rada la huelga, sólo después de 2 y antes de 10 días hábiles pueden hacerla efec­tiva. Esta no puede durar más de 60 días calendario, al término de los cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede decidir la conformación de un tribunal de arbitramento que tiene 10 días hábiles para producir su laudo.

En teoría, la duración máxima de un proceso de negociación —salvo en los servicios públicos esenciales donde se acorta por la carencia del derecho a huelga-es de más o menos 140 días. Pero, de hecho, puede durar mucho más por la demora del Ministerio para decidir la conformación del Tribunal de Arbitra­mento y, sobre todo, por las dificultades para nombrar el tercer integrante del Tribunal. Por estas circunstancias es común que el proceso llegue hasta los 6 meses. Es más, también es común en esos casos que la huelga se prolongue más allá de los sesenta días sin mayores consecuencias legales para los trabajadores.

Pero la prenegociación informal, fenómeno que se da con fuerza últimamen­te, suele alargar el proceso. Consiste en que las partes, con anterioridad a la pre­sentación oficial del pliego, adelantan la evaluación del cumplimiento de la con­vención colectiva y van analizando algunos temas de negociación.

Parece que los asesores de las federaciones tienden a desconocer o a torpe­dear este trabajo previo; sin embargo, se estima entre 20% y 25% el número re­lativo de empresas donde se practica la prenegociación. Dos factores inciden en su desarrollo: el acortamiento de las fases iniciales de la negociación y la dismi­nución de las huelgas (Cuadro 9, p. 363) determinada por la dificultad para ob­tener su declaratoria.

En el Cuadro 9, el concepto de prehuelga corresponde al período entre la declaratoria de huelga y el momento en que efectivamente se pone en ejecución,

G r á f i c a 7. índices sobre etapas de conclusión de la negación de convenios (1990, 1993 y

1996)

400

300

200

100

— 1 — Laudos JK» A-

Huelgas

¥<••••- Prehuelgas

f:|fefe"fel,.,,

c

1990

100

100

100

100

- X •-""•

1993

350

176

I I I

90

^ f e C

1996

260

56

49

120

355

Puig y Hartz

el cual no puede superar los doce días hábiles. En este lapso la espada de Da-mocles de la huelga puede llevar a la empresa a buscar una rápida solución.

Se puede estimar que en 1996 la duración promedio máxima de una nego­ciación colectiva ha sido de 36 días y que, lo más probable, es que este prome­dio no sea superior a los 20 días.

En cuanto a tendencias, se ve claramente que en los primeros años de la apertura económica y de la aplicación de la Ley 50, se endurecieron las negocia­ciones entre empresas y sindicato, lo cual se expresa en la disminución, en 1993, del porcentaje de arreglos directos, el aumento de los casos en que se llega a la prehuelga y al laudo arbitral; la tendencia se invierte al punto de tener en 1996 procesos más breves que en 1990. Todo esto es claro en la gráfica 7, in­cluso, el que los laudos, a pesar de disminuir en los últimos años, se mantienen por encima del nivel de 1990.

LOS CONFLICTOS COLECTIVOS Y LA NEGOCIACIÓN

Según la definición jurídica colombiana, huelgas son solo las interrupciones del trabajo reguladas por la ley y que se pueden producir en un momento dado del proceso de negociación y por un tiempo limitado. Todas las demás interrupcio­nes son ceses o paros.

En la gran industria, las huelgas se duplican en los primeros años de la aper­tura y de la aplicación de la Ley 50; después caen por debajo del nivel de 1990. Los Cuadros 11 y 12 (p. 364) ratifican esta curva y muestran la casi desaparición del fenómeno en el presente año, especialmente afectado por la recesión eco­nómica. Todo esto tiene, sin duda, una relación general con variables macroe-conómicas como el crecimiento económico, que se desacelera desde 1994, y el desempleo, que desde esta fecha tomó una dirección contraria. Pero más concre­ta y directamente, la tendencia reciente se explica tanto por las dificultades eco­nómicas de las empresas como por las actitudes defensivas o prudentes de los sindicatos, motivadas por las cascadas de cierres y concordatos, y por las posibi­lidades de represalias patronales facilitadas por la debilidad sindical que propicia la Ley 50. En la década de los ochenta se verifica la correlación entre las varia­bles económicas, muchos años deprimidas, y las huelgas. El aumento de huelgas en los inicios de los noventa puede explicarse por el mejor comportamiento económico general y las reacciones a la aplicación de Ley 50, entre otras razones.

Los paros han seguido, en cuanto a cantidad, una curva relativamente parale­la a la de las huelgas pero han variado en su composición y han mantenido el volumen de las movilizaciones. En efecto, entre los paros reseñados se encuen­tran los del sector privado, muy ligados a la prenegociación colectiva, los origi­nados por la violación de convenciones y los de solidaridad. La curva de paros

356

La evolución de la contratación colectiva...

del sector privado es muy similar a la de las huelgas y no representa moviliza­

ciones demasiado amplias a diferencia de los del sector estatal, los cuales no han

menguado numéricamente ni en cuanto a las masas involucradas. Solo en el

primer semestre de 1997 ya han participado en paros del sector estatal cerca de

1 millón de personas.

Desde el principio de la década, los trabajadores del Estado se han manteni­

do alerta contra todos los intentos de privatización y se han enfrentado en múl­

tiples ocasiones al Estado. Con apoyo de la Corte Constitucional y del mismo

Congreso en algunas ocasiones, han obligado a los gobiernos a diferir la im­

plementación de sus decisiones o, incluso, a mitigar las soluciones privatizado-

ras. A esta causa de conflicto en el sector estatal se ha agregado el tradicional re­

traso del Estado en el cumplimiento de los compromisos salariales y, en los úl­

timos dos años, el incumplimiento de algunas cláusulas de los pactos sociales

que promovió el presente Gobierno dentro de una política general de control de

los precios y salarios.

Los sindicatos y trabajadores de las entidades directamente afectadas por las

medidas de los Gobiernos son los que han desplegado una actividad más cons­

tante; entre ellos están los de las comunicaciones, de los seguros sociales, del

sector eléctrico y del petróleo. De todos modos, se realizaron profundas reestruc­

turaciones del Estado que implicaron la desaparición de varias decenas de miles

de empleos.

La mitad de los efectivos sindicales a nivel nacional, y la mitad de los afilia­

dos a la CUT, principal central sindical del país, pertenecen al sector público;

por tanto, la reestructuración del Estado puede golpear aún más al movimiento

sindical, que en los últimos 20 años sólo creció en ese sector. Aún así, los traba­

jadores están luchando. En el sector privado la conflictividad laboral abierta casi

ha desaparecido, lo cual no significa que se haya llegado a una paz industrial,

sino más bien que las condiciones y las relaciones de fuerza actuales contienen y

mantienen latente el conflicto.

SÍNTESIS DE LAS DESCRIPCIONES Y ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES

Los resultados más importantes de los análisis estadísticos del presente docu­

mento son:

La negociación de convenciones colectivas tiende a perder terreno frente a la

de pactos colectivos, los cuales en una gran mayoría de los casos son meros con­

tratos de adhesión y muchas veces son utilizados por los empresarios como ins­

trumento de su lucha contra los sindicatos. Además, el nivel general de la nego­

ciación colectiva, real o ficticia, también parece disminuir.

357

Puig y Hartz

La proporción de los trabajadores cubiertos por los distintos tipos de nego­ciación colectiva está en descenso, en particular la correspondiente a la negocia­ción de convenios. La cobertura relativa sigue esta misma tendencia general y representa un nivel casi insignificante respecto a la población ocupada total de acuerdo a las estadísticas oficiales.

Pero, si se considera el sector privado moderno y dentro del mismo a las empresas medianas y grandes, esta cobertura se vuelve respetable o incluso muy alta.

Además, para tener una idea más exacta de la negociación colectiva auténti­ca, hay que tener en cuenta que en algunas ramas del sector público (maestros ante todo) se dan unas periódicas negociaciones de facto que llegan a duplicar la cobertura oficial de la negociación colectiva.

Los sectores económicos menos cubiertos son la informalidad y la microem­presa, cuyo número fluctúa en sentido inverso de la coyuntura económica. La in­formalidad tiende a crecer: en la actualidad representa un 52% de la población económicamente activa.

La proporción de mujeres trabajadoras beneficiadas por convenciones colec­tivas discriminadas en el empleo y la estructura de los sindicatos, es menor que la de los hombres; además, ni los sindicatos dominados por hombres, ni ellas mismas cuando están en la dirigencia, han dado prioridad a reivindicaciones es­pecíficas.

En Colombia, la primacía de la negociación a nivel de empresa es práctica­mente absoluta, salvo dos o tres casos de negociación de rama. Por circunstan­cias adversas, más que por voluntad deliberada o cambio en el clima de las rela­ciones industriales, la duración del proceso de negociación tiende a acortarse, llegando con menos frecuencia a la etapa de huelga legal.

En los sectores especialmente afectados por la apertura (alimentos, textiles y papel), tanto la negociación colectiva de convenciones como los sindicatos mis­mos, se han visto particularmente golpeados. La reestructuración del Estado va a afectar la negociación de facto, aunque el sector educativo en su nivel primario queda intacto. También resultará golpeado el movimiento sindical, que tiene la mitad de sus afiliados en el sector estatal.

La conflictividad abierta se mantiene, amplia e intensa, desde el principio de la década en el sector público, donde los sindicatos luchan, esencialmente, con­tra las privatizaciones y sus consecuencias sobre el empleo y sus propias posi­ciones. En el sector privado, la conflictividad laboral, elevada al comienzo de los noventa, se ha venido apagando poco a poco. Sin embargo, no parece que las posibilidades de conflicto hayan desaparecido en el sector privado de la econo­mía, ni siquiera en las empresas acogidas a las nuevas filosofías y principios or­ganizativos.

358

La evolución de la contratación colectiva...

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro I. Los contratos colectivos según los sectores económicos. Cobertura absoluta (3 año;

Sectores.y.tipos

.de

contratos

SI ce

PC

S2 ce

PC

S3 ce

PC

S4 ce

PC

S5 ce

PC

S6 ce

PC

S7 ce

PC

S8 ce

PC

S9 ce

PC

Totales ce

PC

Total general

)

1991

N.C

38

25

12

6

182

99

5

1

7

3

8

15

17

5

21

8

145

17

435

184

619

COB.T

5.428

3.150

7.809

219

50.181

27.854

2.125

262

3.192

261

5.775

1.768

12.176

549

20.231

5.211

34.486

5.207

141403

44.481

185884

%

63

37

97

3

64

36

89

II

92

8

77

23

96

4

80

20

87

13

76

24

100

1994

N.C

59

42

.15

5

166

165

18

6

23

9

25

29

42

30

12

12

136

21

496

319

815

COB.T

9.059

8.836

5.678

197

48174

41954

7.784

1.577

7.107

1.118

2.378

9.275

14097

2.599

3.130

4.974

24375

3.328

122322

73.919

196241

%

51

49

97

3

54

46

83

17

86

14

20

80

84

16

39

61

88

12

62

38

100

1996

NC

38

179

14

4

163

172

13

6

12

6

38

34

28

28

9

13

151

33

607

334

941

COB.T

21.338

7.561

1.425

617

4.8.148

42.489

9,379

671

6.673

473

2.788

13.943

20.406

2.808

18.403

6.262

40.945

12,239

169,505

87.063

256.713

%

74

26

70

30

53

47

93

7

93

7

17

83

88

12

75

25

77

23

66

34

100

Convenciones, pe: pacto colectivo; ce: convención colectiva. Sectores:

SI : Agropecuario S4: Electricidad, gas y agua S7: Transporte y comunicaciones

S2: Minas y canteras S5: Construcción S8: Establecimientos financieros

S3: Industrias manufactureras S6: Comercio, restaurante y hoteles S9: Servicios personales, sociales, etc.

Fuente: Boletín de Análisis y Estadísticas Laborales no. 43 y 44 del Ministerio del Trabajo y ENS.

359

Puig y Hartz

Cuadro 2. Los contratos colectivos según promedias por empresa con contratos (3 :

Sectores

1 .Agropecuario

2.Minasycanteras

3.lnd. manufactureras

4.Electric.gas y agua

S.Construcción

6. Com., Rest y hoteles

7.Trans.y comunicaciones

8. Establee, financiero

9.Serv.pers, y social

Prom. Generales

Promedios generales

ce

Pc

ce

Pc

ce

Pc

ce

Pc

CC

Pc

CC

Pc

CC

Pc

CC

Pc

CC

Pc

CC

Pc

i los sectores económicos. Coberturas años)

1991

T.B.

142

126

650

37

276

281

262

87

456

87

722

118

716

110

963

651

238

306

325

241

300

Fuente: Ministerio de Trabajo y ENS. Nota: PT significa Trabajadores Beneficiados" y C. Cobertura

P.T

210

236

536

192

420

299

304

164

377

164

160

338

487

116

323

470

253

222

345

273

317

"Promed

Tipos i Je cont ra to

1994

T.B

153

210

378

39

293

254

262

124

309

124

95

320

336

87

261

414

179

158

246

231

240

%C

73

89

71

20

70

85

86

76

82

76

59

95

69

75

81

88

71

71

71

84

76

P.T

132

210

196

444

454

294

132

107

689

107

240

450

814

125

217

585

497

424

404

306

371

1996

T.B

119

42

101

154

295

247

112

79

556

79

73

410

729

100

204

482

271

371

279

260

273

io Total de Trabajadores". T.B, "Promec

%C

90

20

51

35

65

840

85

74

81

74

30

91

90

80

94

82

55

87

69

85

74

lio

Cuadro 2a índices de cobertura por empresa promedio generales

S3CC

PC

S4CC

PC

1991

100

100

100

100

1994

106

90

102

100

de cuatro sectores y

1996

107

88

170

42

S7CC 100 47 102

360

La evolución de la contratación colectiva...

Cuadro 2a. índices de cobertura por generales

PC 100

S8CC 100

PC 108

General CC 100

General PC 100

General CC +PC 100

empresa promedie

79

27

63

76

96

80

de cuatro sectores y

91

21

74

86

107

91

Cuadro 3. Ocupación y cobertura de los contratos colectivos (población ocupada en miles, 3 años)

Variables

Población ocupada

Cobertura de Convenciones colect.

% de cobertura de conv.Vs pob. Oc

Cobertura de pactos colectivos

% cobert pactos colect. Vs pob. Oc.

Coberturas total

% cobert total Vs población ocup.

1991

10 357

141 403

1.36

44 481

0,43

185 884

1,79

1994

11 798

122 322

1,03

73 919

0,62

196 241

1,65

1996

I I 994

169 505

1,41

87 063

0,73

256 713

2,14

Nota: Como la gran mayoría de los contratos colectivos tiene una vigencia de 7 años, las tasas de cobertura o número de trabajadores beneficiados es aproximadamente ef doble. Fuente: La población ocupada se estima a partir del censo de 1993 y de los datos de las Encuestas de Hogares del Dañe.

Cuadro 3a.Tasas de cobertura en 1996

TOTAL CC

Contratos firmados

Total contratos vigentes

Total real

Sector moderno

2.14

4.28

8.46

16.92

CC

1.41

2.82

7.00

4.00

PC

0,73

1.46

1,46

2.92

Fuente; Ministerio de Trabajo y ENS.

Cuadro 4. Ocupación y cobertura total de los contratos colectivos por sectores económicos (la ocupación en miles. 3 años)

SECT.

1

2

3

1991

Ocup.

2583

334

1562

Cob.t

8578

8016

78035

% 0.3

2.4

5.0

1994

Ocup.

2693

345

1727

Cob.t

17895

5875

90668

% 0.7

1.7

5.2

1996

Ocup.

2468

354

1732

Cob.t

28899

2042

90637

% 1.2

0.5

5.2

361

Puig y Hartz

Cuadro 4. Ocupación y cobertura total de los contratos colectivos por sectores económicos (la ocupación en miles, 3 años)

4

5

6

7

8

9

Total

60

507

2268

488

395

2160

10357

2387

3453

7543

12725

25442

39524

185703

4.0

0.7

0.3

2.6

6.5

1.8

1.8

44

737

2488

583

468

2167

11252

9361

8225

11653

16696

8104

27703

196241

21

l.l

0.5

2.8

1.7

1.3

1.7

58

701

2590

638

540

2357

11438

10050

7146

16731

23214

24665

53184

256713

17.3

1.0

0.6

3.6

4.6

2.2

2.2

Fuente: Ministerio de Trabajo y ENS. Nota; Como la mayoría de los contratos colectivos tiene una vigencia de 2 años, el número de trabajadores beneficiados en un momento dado es aproximadamente el doble del correspondiente a los contratos firmados en el mismo.

Cuadro 5. Los contratos colectivos y tipos de sindicatos 1996

TIPOS DE SINDICATOS

Sin sindicatos (pactos colectivos)

Sindicatos de empresa

Sindicatos de industria

Sindicatos de gremio

Totales

NO. CONTRATOS

316

195

372

15

898

% 35

22

41

2

100

Fuente: ENS

Cuadro 6. Las convenciones

Centrales

CUT

CGTD

CTC

Sindicatos no confederados

Totales

colectivas y las centrales sindicales 1996

No.CONV.COLEC

340

81

21

165

607

% 56

13

4

27

100

Fuente: Ministerio de Trabajo

Cuadro 7. La afiliación sindical y los sectores económicos (3 en miles)

Sectores 1984

Ocu.

Agropecuario

Minas y Cant.

3170

1030

N.S

57,7

13.1

% 1.82

12.72

1990

Oc.

3340

411

N.S.

48.9

20.3

% 1.5

4.9

años, las cifras absolutas

1995

Oc.

2679

3.12

N.S.

65,234

15,161

% 24.3

4.9

362

La evolución dc la contratación colectiva...

Cuadro 7. La afiliación sindical y los sectores económicos (3 en miles)

Ind. Manufact

Elect. G. y agua

Construcción

Comer, R y H

Transporte y C.

Estab. finan.

Serv. person.

TOTALES

1538

28

469

1667

421

374

1704

9370

124.6

14.9

18.1

49.5

216.2

47,9

333.4

873.4

8.10

53.21

3.86

2.97

51.35

12.78

19.5

9.32

1667

49

572

2239

484

394

2117

11273

136.3

20.6

17.1

58.9

132.7

56.3

389

880.1

8.2

42

3.0

2.6

27,4

14,3

18,4

7,8

años, las cifras absolutas

1772

45

696

2701

619

526

2270

11620

120,005

25,206

9,726

61,103

76,725

47.510

431.226

859.673

6.8

56

1.4

2.3

12.4

8.9

19.0

7.4

Fuente: ENS y para 1995 estimaciones a partir entre otros datos, de las Encuestas de Hogares del Dañe. Nota: N.S. significa número de Sindicalizados y OC Ocupación.

Cuadro 8. La evolución de variables reí años)

Variables

No. convenciones colectivas

No. pactos colectivos

Promedio por empresa plantilla

Promedio por empresa(total beneficiado

Proporción de beneficiados

Tasa afiliación sindical general

Tasa afiliación empresas multinacionales

Tasa afiliación empresas nacionales

Relaciones beneficiados/afiliados

acionad

s)

is con la contratación colectiva (3

990 Agosto l993Diciemb l996Diciemb

107

1

1553

1264

0.813

60.92%

50.90%

62.62%

1.336

109

3

1410

1178

0.835

59.95%

43.65%

62.05%

1.417

110

5

1254

1053

0.839

57.86%

46.23%

60.85%

1.451

Fuente: Informes del Ciscón (ENS)

Cuadro 9. El ordenamiento de los sectores económicos según el % de mujeres trabajadoras, de beneficiados por los contratos colectivos y las tasas de afiliación sindical (1996)

No. de Sectores Sectores ordenados Sectores ordenados Sectores ordenados orden ordenados según según % total de según % beneficiados según tasa de

% mujeres trabaj. beneficiados por convenciones afiliaciones sindicales (CC y PC) colectivas

1

2

3

4

9 (54%)

6 (47%)

3 (42%)

8 (38%)

4(16.2%)

8 (3.4%)

7 (3.2%)

3 (2.8%)

4(17.3%)

3 (5.2%)

8 (4.6%)

7 (3.6%)

4 (56 %)

1 (24,3%)

9(19%)

7(12.4%)

2 (30%) 5(1.9%) 9 (2.2%) 8 (8.9%)

363

Puig y Hartz

Cuadro 9. El ordenamiento de los sectores económicos según el % de mujeres trabajadoras, de beneficiados por los contratos colectivos y las tasas de afiliación sindical (1996)

6

7

8

9

1 (26%)

4(19%)

7(13%)

5 (5%)

9(1.7%)

1 (0.6%)

2 (0,4%)

6(0.1%)

Rs (2) (3) = -.587; Rs (2) (4) = -.312; Rs (4) (5) =.492, indicados por su número de orden habitual. Las tasas

1 (1.2%)

5(1.0%)

6 (0.6%)

2 (0.5%)

3 (6.8%)

2 (4,9%)

6 (23%)

5(1.4%)

. Nota: En las columnas 2), 3) y 5) los sectores están de afiliación sindical son de 1995.

Cuadro 10. Las etapas de conclusión de la negociación de convencione; (1990,1995,1996).

Etapas

Arreglo directo

Mediación

Prehuelga

Huelga

Laudo arbitral

TOTALES

1990 abril

No.

48

35

19

5

1

108

Fuente: Informe del CISCÓN (ENS antes de la prehuelga.

% 44.4

32.4

17.6

4.6

1.0

100

). Nota: En ningúr

No.

77

-22

9

4

112

1995 die

% 68.8

-19.6

8.1

3.5

100

No.

99

-10

3

3

115

¡ colectivas

1996 die

% 86.1

-8.70

2.6

2.6

100

i año se dan arbitramentos voluntarios que se situarían

Cuadro 1 1.

Años

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

TOTAL

Conflictos colectivos 1982-1992

Huelgas

37

28

32

19

15

13

8

8

67

92

100

419

% huel

4.40

5.45

5.47

2.88

2.15

1.91

1,25

1.23

10.15

21.05

21.37

6.14

Paros

112

146

54

87

54

64

243

109

216

142

548

1775

Total conflictos

149

179

86

106

69

77

251

117

283

234

648

2194

índice de huelgas

100

76

86

51

41

35

21

21

181

248

270

índice de paros

100

130

48

78

48

57

217

93

193

127

489

Fuentes: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Nota: El total de conflictos en 1994 y 1995 fue de 85 / año

364

La evolución de la contratación colectiva...

C u a d r o 12. Conflictos por sectores

Sectores

1

2

3

4

Huelgas

No. %

1 20

2 40

! No.

2

1

1

1

- pr imer semestre

3aros

% 5.8

2.9

2.9

2.9

de 1997

Tot, Conf.

No.

3

1

3

1

% 7.6

2.6

7.6

2.6

Trab. Mov.

No. %

790 0.09

300 0.03

3726 0.41

4000 0.45

5

6

7

8

9

10

Totales

1 20

1 20

5 100

1

2

25

1

34

2.9

5.8

78.5

2.9

100

2

2

25

2

39

5.2

5.2

64

5.2

100

50000 5.69

580 0.06

825261 93

2800 0.3

887457 100

Fuente: ENS, sección "Cl ima Laboral" del Colombiano del 5 de agosto de 1996.

Nota: El sector 9 "Servicios personales y sociales" contiene el sector estatal y ei

sector 10 tiene un carácter residual.

B I B L I O G R A F Í A Y F U E N T E S D E I N F O R M A C I Ó N

(Nota: Por el carácter descriptivo de esta ponencia se señalan fuentes de datos e información.)

Varios números del Boletín de Análisis y Estadísticas Laborales del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social.

Datos del Censo de 1993 y Encuestas de Hogares del Dañe.

Ciscón (Centro de Información Sistematizada de Convenciones) de la ENS. Se utilizaron los in­formes periódicos sobre los contenidos de más de 100 convenciones colectivas rastreadas desde hace 15 años.

Otros datos producidos por la ENS inéditos o publicados en su revista ahora titulada Trabajo y Cultura y en una sección especial de El Colombiano.

Entrevistas a dirigentes de federaciones sindicales y de gremios y grupos económicos.

Análisis de los contenidos de una muestra especial de las convenciones colectivas firmadas desde 1990 por 20 empresas.

Encuestas a dirigentes de once federaciones sindicales nacionales.

Entrevistas con funcionarios de la ENS relacionados con el Ciscón y la asesoría a la negociación colectiva y del Programa de la Mujer Trabajadora.

3 6 5

Reestructuración capitalista y tendencias

de regulación de las relaciones laborales en

el sector eléctrico colombiano

Jairo Estrada Álvarez

PRESENTACIÓN'

Este documento intenta elaborar una caracterización de las tendencias de regula­ción de las relaciones laborales en el sector eléctrico colombiano. Tales tenden­cias se enmarcan en la reestructuración global de las relaciones entre capital y trabajo, iniciada en la década del setenta, y hacen parte del proceso de transición a una nueva fase de acumulación capitalista, cuyo marco jurídico-institucional se desarrolla profusamente desde principios de la década de los noventa.1

Se parte de los siguientes supuestos: 1. La reestructuración capitalista se encuentra aún en un proceso de desplie­

gue.2 Sus puntos de llegada no están completamente predeterminados, como tampoco son plenamente evidentes los límites y contradicciones que trae consi­go. Lo más notorio, hasta el momento, es la hegemonía de la estrategia neolibe­ral.

El autor agradece a la Junta Directiva Nacional de Sintraelecol por la valiosa colaboración prestada en la realización de este trabajo. 1 El inicio de la transición hacia una nueva fase de acumulación capitalista se remonta -en sentido estricto- a la primera mitad de la década de los setenta. Al respecto ver; ESTRADA ÁLVAREZ, Jairo (1994). Planeación y acumulación de capital en Colombia. En: Revista HOJAS ECONÓMICAS, no. 2, Santafé de Bogotá. Para una caracterización global de la reestructuración, ver: RESTREPO BOTERO, Darío (1992). Neoliberalismo y reestructuración capitalista. Espacialidad, descentralización, apertura. En: Varios autores, Rompiendo la corriente. Un debate al neolibera­lismo. Santafé de Bogotá: Centro de Estudios e Investigaciones Sociales.

Una exposición amplia de la tendencias recientes de la reestructuración se encuentra en: ESTRADA ALVAREZ, Jairo (1997). Reestructuración capitalista y coyuntura económica. REVISTA IZQUIERDA NO. 37, Santafé de Bogotá.

366

Reestructuración capitalista y tendencias de...

2. La flexibilización es la tendencia predominante en la transformación de las

relaciones laborales; ésta asume formas desiguales y diferenciadas en el orden

sectorial y empresarial que van desde la flexibilización autoritaria hasta la flexibi­

lización mediante la inclusión negociada individual o colectiva.3

3. El sector eléctrico está en un proceso de definiciones de alcance estratégico

originadas por las demandas del proceso de reestructuración global y las direc­

trices de la estrategia neoliberal. Estas definiciones se pueden formular en el si­

guiente sentido:

• Redefínición del papel de la energía eléctrica dentro de las condiciones de repro­ducción y acumulación de la economía en general, y de la población y la fuerza de trabajo en particular. En ese sentido se trata, de una parte, de acondicionar la energía eléctrica —de manera creciente y preferencial- a las demandas de la in­dustria, los servicios y los nuevos negocios que trae consigo la reestructuración del capital. De otra, reducir la participación del consumo de energía eléctrica en los hogares mediante la introducción de sustitutos como el gas y el incremento en las tarifas del servicio (incluida la supresión de los subsidios).4

• Transnacionalización del negocio eléctrico, inicialmente en la transmisión de energía. Este proceso podría conducir hacia un sistema de interconexión regional (latinoamericano) que presione la homogeneización de productividades naciona­les y locales en generación y haga rentable el negocio de la distribución y comer­cialización de energía.

• Tal tendencia se acompaña asimismo de la transnacionalización de la propiedad privada capitalista en el sector. Acondicionamientos a los lineamientos de la re­forma del Estado que comprenden una redefínición de sus funciones (abandono de la función empresarial) y el saneamiento de las finanzas públicas (financiamiento de empresas como causa de déficit fiscal) como componentes esenciales de la seguridad económica, entendida ésta en cuanto estabilidad mone­taria y cambiaría.

• Redefínición de las relaciones de propiedad y de las relaciones de distribución (en el sector y del sector hacia los usuarios) para lograr formas de organización monopólico-privadas del capital — preferencialmente empresas transnacionales— que recuperen, para la órbita de lo privado, las estructuras cedidas históricamente a lo estatal y público. Ello conlleva traducir la generación y la prestación de un

Un análisis detallado de las principales tendencias de la transformación de las relaciones la­borales a nivel internacional se aprecia en LlPIETZ, Alain (1995). El mundo del posfordismo. Re­vista UTOPIAS, no. 166, Madrid.

En la exposición de motivos del proyecto de ley no. 34 de 1992, que precedió la expedición de la ley eléctrica (ley 143 de 1994) se señalaba que «en Colombia, la mitad de la electricidad se consume en los hogares, mientras en la mayoría de los países del mundo las ventas del sec­tor residencial no superan el 30% de las ventas totales, lo cual demuestra que en el país no se está dando un uso adecuado a la electricidad» (p.5). Para superar tal situación se haría necesa­rio que «los precios de la electricidad reflejen sus costos con el objeto de que los consumido­res lleven a cabo elecciones económicas que sustituyan los consumos ineficientes de energía eléctrica por fuentes alternas» (Ibid.).

367

Jairo Estrada Álvarez

servicio público, como la electricidad, al lenguaje de la racionalidad económica, la productividad y el rendimiento.

4. Las relaciones laborales en el sector eléctrico revierten algunas especifida-

des a tener en cuenta:

• Se trata de las relaciones en un servicio público, razón por la cual los escenarios de regulación se encuentran fuertemente influidos por diversos niveles de conflic­tividad social y de clase que rebasan la forma de las relaciones obrero-patronales. En ese sentido, las tendencias de regulación del sector eléctrico se encuentran afectadas por las contradicciones que genera la política estatal en el orden nacio­nal, regional, local y frente a la población usuaria.

• Pese a que se trata de relaciones en un sector que se estructuró históricamente de acuerdo a lógicas de centralización hasta la formación de un sistema eléctrico na­cional, son notorios los desarrollos desiguales y diferenciados a nivel empresar­ial.5 Ello dificulta el análisis sectorial y obliga a considerar situaciones particula­res.

• A diferencia de la tendencia nacional, el nivel de organización de los trabajadores es muy elevado. De cerca de 18.000 empleos directos, cerca de 12.500 trabajado­res se encuentran sindicalizados en el Sindicato de Trabajadores de la Electrici­dad de Colombia, Sintraelecol, (ver anexo 1, p. 382). Esa elevada tasa de sindica­lización (69.5%) es factor decisivo para avanzar hacia formas de negociación sec­torial de lo cual es expresión la firma de un Acuerdo Marco Sectorial, en febrero de 1996, que y vincula legalmente a los principales actores de las relaciones in­dustriales6: el Estado, a través del Ministerio de Minas y Energía, los gerentes y representantes legales de la mayoría de las empresas y los trabajadores a través de su principal organización, Sintraelecol.

Teniendo en cuenta estos supuestos el objeto de estudio se delimita de la si­

guiente forma:

1. Se abordarán las tendencias más recientes de la regulación de las relacio­

nes laborales, esto es, las de la segunda mitad de los noventa, debido a que las

principales transformaciones están asociadas a los desarrollos que han impuesto

las leyes 142 y 143 de 1994 de servicios públicos domiciliarios y eléctrica, res­

pectivamente.

Ese proceso de estructuración histórica se encuentra fuertemente influido por la corrupción y el clientellsmo. En efecto, las empresas del sector se constituyeron no sólo en fuente de acu­mulación ilícita de capital, sino en instrumento reproductor de lealtades políticas del blparti-dismo y de validación del régimen político en el orden regional y local.

La capacidad de vinculación legal del AMS pareciera debilitarse —como se verá más adelan­te- por las transformación de las relaciones de propiedad estatal encaminadas a la privatiza­ción del sector.

368

Reestructuración capitalista y tendencias de...

2. Se considerarán las tendencias de regulación sectorial de las relaciones la­borales; las eventuales referencias al nivel empresarial sólo tienen el propósito de ilustrar la tendencia sectorial.

El objeto de estudio se aborda, primero, a partir de una caracterización de los principales rasgos de la reestructuración capitalista del sector, la cual cumple la función de determinación del contexto más específico de la regulación y, segun­do, de la definición de las principales tendencias de la regulación laboral.

Para el desarrollo del objeto de estudio se trabaja con la siguiente hipótesis: Las tendencias de reestructuración capitalista del sector están, por ahora, afecta­das principalmente por la transformación de las relaciones de propiedad estatal y pública hacia propiedad privada capitalista. Aún no son constatables cambios tecnológicos significativos, salvo casos aislados; nuevas formas de organización empresarial apenas se encuentran en ciernes. La transformación de las relacio­nes laborales, en consecuencia, se encuentra en una fase de despliegue, aunque con anterioridad a la etapa actual de la reestructuración son evidentes las preten­siones de flexibilización en cuanto a las formas de contratación (por ejemplo, a través del llamado contratismo7), las facultades patronales del consumo de la fuerza de trabajo y la introducción de tecnologías blandas. La fase actual de la regulación de las relaciones laborales se desenvuelve en el marco de una contra­dicción: de una parte, el Estado y las empresas pretenden reducirlas estratégica-mante a determinaciones de mercado; de otra, el sindicato pretende negociar con arreglo a determinaciones políticas que comprometan el sector en su con­junto y relativicen las determinaciones del mercado. El desarrollo de tal contra­dicción no ha logrado afectar la estrategia flexibilizadora. La tendencia predomi­nante observa un debilitamiento estructural del sindicalismo, cuya expresión inicial es la reducción de la tasa de sindicalización causada por la disminución de la planta de personal.

PRINCIPALES RASGOS DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO

Antecedentes inmediatos de la reestructuración

Además de los factores que generaron una crisis general del régimen de acumu­lación imperante,8 sobre la crisis del sector eléctrico incidieron adicionalmente

El contratismo representa la introducción de formas contractuales no laborales en algunas actividades y procesos —por ejemplo reparaciones, mantenimiento de redes etc.— que han de­bilitado la relación salarial con el argumento empresarial —no comprobado- de mayor pro­ductividad y menores costos.

Acerca de la crisis del régimen de acumulación en Colombia, ver: BOTERO, R., Darío. Op.

369

Jairo Estrada Álvarez

otros elementos —con fuerte evidencia al iniciarse la década de los noventa— que habrían de favorecer las estrategias reestructuradoras de tipo neoliberal. En efec­to, al elevado endeudamiento (interno y externo) del sector, que se constituyó en una de las principales amenazas de la estabilidad de las empresas, se unieron otros aspectos como la obsolescencia tecnológica, generada por los bajos niveles de inversión, y las formas organizacionales y administrativas predominantes (obsolescencia institucional). Todos esos factores, además de cuestionar la con­diciones estratégicas para la prestación del servicio de energía, coincidían con un nivel de costos que, en la lógica capitalista no era más que la expresión de la ineficiencia y la baja productividad. A esto se adicionaba que la situación del sector obligaba a la disposición de recursos con cargo al presupuesto nacional, lo cual lo constituyó en fuente generadora de déficit fiscal.

El terreno para la estrategia neoliberal estaba abonado. La crisis sectorial po­día ser instrumentalizada en consonancia con el proyecto global del neolibera­lismo. De no emprenderse cambios estructurales, no habría posibilidad de su­perar la crisis del sector; si el problema de las empresas era, en buena medida, financiero y de insuficiente inversión, la inyección de capital privado aparecía como imperativo; si predominaban estructuras organizacionales y administrati­vas obsoletas, la modernización institucional se constituía en opción inevitable; si las empresas del sector eran fuente de déficit, la enajenación de sus activos podría constituirse en un elemento para el saneamiento de las finanzas del Esta­do.9 Se abrió así el espacio para la consolidación de la ideología de la privatiza­ción y de la flexibilización laboral.10

Las definiciones estratégicas de la reestructuración

En desarrollo de la estrategia neoliberal de la reestructuración," con la ley 143 de 1994, por la cual se establece el régimen del sector eléctrico, y la ley de servi­cios públicos domiciliarios (142 de 1994), se definieron los principales linea­mientos de las transformaciones estratégicas del sector eléctrico.12

cit. 9 A esto se agregaba que «las proyecciones (de la demanda) hada futuro indican que el servicio se desarrollará a una tasa más moderada lo cual facilita un repliegue en la presencia del Esta­do y una participación creciente del sector privado acorde con la orientación general de las economías modernas». Ver: Proyecto de ley, Op. cft., p.5

Para enfrentar las —según el proyecto de ley— ineflciencias demostradas, los excesos en la planta de personal, la actitud laxa de las administraciones en las negociaciones convenciona­les y la baja productividad de los trabajadores. Ver: Ibid., p.7. 11 Ver: ESTRADA ALVAREZ, Jairo (1992). Dimensiones básicas del neoliberalismo económico. En: Varios autores. Rompiendo la corriente... Op. cit., p. 40-86. 12 En el proyecto de ley 34/92 se señalaba que con la expedición de una ley eléctrica se «busca

370

Reestructuración capitalista y tendencias de...

Tales lineamientos descansan en la reformulación del papel del Estado que

ahora es comprendido como «propiciador de condiciones de desarrollo dentro de

un marco regulatorio fuerte, transparente e independiente, que cree un ambien­

te propicio para la competencia y que evite los abusos monopólicos. El Estado,

en lo posible debe concentrarse en su papel regulador y normativo de las activi­

dades económicas y ceder espacio para que las actividades empresariales sean

desarrolladas por otros agentes económicos. Actuará como empresario preferen-

cialmente en aquellos casos de atención a sectores de baja rentabilidad económi­

ca pero alta rentabilidad social.»13

La ley eléctrica contiene unos propósitos más precisos que desarrollan este

planteamiento global (neoliberal) sobre la función del Estado:

• Se introducen una política y una ideología de la regulación con fundamento en las leyes del mercado, es decir, de la competencia como principio rector de la efi­ciencia o no del sector.

• Se cambian los planes de expansión de generación de energía, de carácter obliga­torio, por planes indicativos o de referencia en los cuales los agentes públicos y privados pueden entrar en el negocio asumiendo los riesgos del caso

• La generación de energía adquiere una dimensión nacional; se constituye un mercado de compra y venta de energía, bien sea mediante acuerdos bilaterales o a través de transacciones en la bolsa de energía.

• Se transita hacia la autorregulación o regulación independiente a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La función del Estado tiende a reducirse a la policía administrativa a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

• Se establece el principio del libre acceso a las redes de transmisión y distribución para generadores y comercializadores, mediante el pago de un peaje a sus propie­tarios.

• Se segmenta el mercado: uno regulado (al parecer transitorio) con tarifas defini­das por el organismo de regulación; otro libre para los grandes consumidores de

subsanar deficiencias estructurales que aquejan actualmente al sector mediante los siguientes elementos: la creación de un mercado competitivo entre empresas como medio para fomentar la eficiencia en el sector; la eliminación de la rigidez de los planes de expansión eléctrica y el establecimiento de una planificación Indicativa que oriente las decisiones en esta materia; la regulación estatal de aquellos mercados que por su naturaleza constituyen monopolios natura­les con el objeto de evitar abusos y proteger al usuario; la racionalización del régimen tarifario y la administración eficaz de los subsidios; la apertura el sector privado para fortalecer la com­petencia y estimular la Incorporación de nuevas fuentes de capital; la introducción de refor­mas en la gestión de las empresas eléctricas con el objeto de que sean manejadas con base en principios administrativos sanos; la concesión de autonomía presupuesta!, administrativa y fi­nanciera a las empresas estatales para que puedan operar en un ambiente competitivo; el con­trol, la Inspección y vigilancia de las empresas para garantizar eficiencia, calidad y continuidad en la prestación del servicio de electricidad». Op. cit., p.4 13 Ibid., p.9

371

Jairo Estrada Álvarez

energía quienes pueden acceder a éste a través de los comercializadores o de la bolsa de energía.

• Se separan las actividades en generación o producción de energía, transporte a través de redes de transmisión y distribución y comercialización al usuario final. Tal separación se encuentra en proceso de transición y constituye una virtual predeterminación de las acciones que deben emprender las empresas ya consti­tuidas. En ese contexto, se enmarca la escisión de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) en dos empresas, la primera, encargada de la expansión y operación de la red nacional de transmisión y, la segunda, de la producción y comercialización de energía eléctrica en el sistema interconectado y a la cual, por su naturaleza de economía mixta, puede acceder el sector privado.

• Se afirma que el propósito principal de la reforma del sector consistiría en redu­cir costos y disminuir tarifas con fundamento en la libre competencia, donde ella sea posible, y en la regulación independiente de las actividades que constituyen monopolio natural (transmisión y distribución)

Las condiciones y el contexto en los que se prestará el servicio de energía eléctrica en el futuro, fueron transformadas radicalmente. La ley de servicios pú­blicos complementó los lineamientos de la ley eléctrica, especialmente en lo re­ferido a la adecuación funcional de las formas de propiedad. De criterios de res­ponsabilidad social del Estado y de rentabilidad social se pasó a la estructura­ción del sector como un negocio.

RASGOS DE LA REGULACIÓN

La etapa actual de la reestructuración

La etapa actual de la reestructuración capitalista del sector se caracteriza por la prevalencia de la transformación de las relaciones de propiedad. Aunque antes de 1994 existían diversas formas de organización jurídica de la propiedad, en todas ellas predominaba la propiedad estatal y pública, fuera en el orden nacio­nal, regional o local. En las pocas sociedades por acciones existentes, la partici­pación de los accionistas privados era insignificante. Con la expedición de ley de servicios públicos domiciliarios (ley 142 de 1994) se crearon las bases jurídicas para la transformación de los establecimientos públicos y de las empresas indus­triales y comerciales del sector en sociedades por acciones. Tal transformación es el paso inicial para la preparación, y posterior imposición, de procesos de priva­tización.

En efecto, convertidas en sociedades por acciones las empresas son extraídas de la órbita del derecho público y comienzan a regirse por la normatividad pro­pia del derecho privado; en las empresas departamentales y municipales las Asambleas y los Concejos son obligados a ceder su capacidad regulatoria a las asambleas de accionistas. Desde esta posición, el camino a la privatización se

372

Reestructuración capitalista y tendencias de...

despeja mediante la enajenación o venta de activos y la capitalización, bien sea

por emisión accionaria o por operaciones de conversión de deuda en acciones.14

En ninguno de éstos casos es necesaria la mayoría accionaria para acceder al

control privado de las empresas; los aportes de inversionistas estratégicos (por lo

regular transnacionales) son amarrados con acuerdos o contratos de administra­

ción y de gestión. En otros casos —como en las electrificadoras de la Costa

Atlántica— donde no es posible proceder de manera directa a la enajenación o la

capitalización, se produce u n atajo previsto por la ley; se inician procesos de in­

tervención o de posesión de las empresas por parte de la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios. Esta entidad entrega las empresas intervenidas

en contratos de flducia, con el propósito final de preparar la privatización me­

diante procesos de reestructuración financiera y operativa para hacer viable la

prestación del servicio de energía eléctrica. En cualquier circunstancia, la opera­

ción privatizadora neoliberal aparece perfecta y revestida de legalidad.15

Hasta el momento —de manera preferencial— la privatización ha afectado la

generación de energía aunque, en algunos casos donde ha habido separación de

Ese es el caso, por ejemplo, de la Empresa de Energía de Bogotá que, transformada en una sociedad por acciones con fundamento en el acuerdo 01 de enero de 1996 del Concejo de Santafé de Bogotá, fue objeto de un programa de redefínición de su estructura corporativa y de capitalización que contempló una organización empresarial y de la propiedad en la forma de holding: una casa matriz (Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.) y dos empresas inde­pendientes con negocios separados en generación (Emgesa) y distribución y comercialización (Codensa) de energía, respectivamente. Tal organización facilitó el acceso a la propiedad de transnacionales del sector eléctrico (Luz de Bogotá y Capital Energía, ambas empresas de la transnacional española Endesis S.A.) en una operación financiera y bursátil que fue presenta­da por directivos de la EEB como un gran negocio del Distrito Capital (US$2.178 millones sobre el 48.5% de las acciones) y por críticos como un atentado contra el patrimonio público y ciudadano (por subvaloraclón de activos y cesión del control absoluto a la transnacional so­bre las dos empresas subsidiarlas, pese a que ésta no posee la mayoría accionaria). Ver: Em­presa de Energía de Bogotá. Oficina de Comunicaciones (1997). La energía se transforma. Re estructuración y capitalización de la EEB. Santafé de bogotá: 36 p. y TORRES, Alejandro. Privati­zación del sector eléctrico. Ominosa entrega de la EEB. En: Tribuna Roja, 4 de octubre de 1997, p. 6. A menos de seis meses de realizada la operación de capitalización, la asamblea de accio­nistas aprobó el reintegro de mil millones de dólares a los socios con el cuestionado argumen­to de que los objetivos de la capitalización se habrían superado y que se presentaría más bien una situación de sobrecapitallzaclón. El inversionista estratégico recibirá cerca de 500 millones de dólares, pero mantendrá el control de las empresas. Los argumentos del consorcio extran­jero que preparó la capitalización quedan en entredicho y, el favorecimiento del capital trans­nacional, en evidencia.

Para el Gobierno nacional el balance y las perspectivas de los procesos de privatización del sector eléctrico son favorables. Ver: documento Conpes 2929. Balance dc los procesos de vincu­lación de capital privados. Las privatizaciones. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Minis­terio de Minas y Energía. DNP: Unife: Dimen, 11 de Junio de 1997, Santafé de Bogotá, D.C. Otra es la apreciación de la Contraloría General de la República, CGR, institución que ha destacado la subvaloración de activos en las ventas de Termocartagena, Termotasajero, Chivor y Betania. Ver: Documentos (mimeo) de la CGR de agosto y septiembre de 1997 sobre las ventas de esas generadoras de energía.

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Jairo Estrada Álvarez

negocios en empresas subsidiarias, también ha cubierto la distribución y comer­cialización de la electricidad.

La privatización en generación y distribución de energía entró en una etapa definitiva en 1998 con la prevista asignación de utilidades a la nación para el saneamiento de las empresas regionales del sector eléctrico que presentan una situación financiera crítica. Una vez saneadas con recursos públicos se procederá a su privatización.16

Como puede apreciarse, el impacto de la privatización del sector eléctrico so­bre las relaciones laborales se encuentra en proceso de maduración. El sentido de las definiciones estratégicas empieza a profundizarse.

Estrategia estatal y empresarial en la etapa actual de la reestructuración

La estrategia estatal y empresarial de la reestructuración del sector se caracteriza por la introducción de medidas en apariencia contradictorias pero, en realidad, complementarias: de una parte, ha pretendido desarrollarse a partir de la inclu­sión negociada de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, con el fin de hacerla aparecer como concertada. De otra, ha incorporado componentes pro­pios del autoritarismo que caracteriza la introducción de políticas neoliberales, tales como la reducción de plantas de personal mediante los planes de retiro y de jubilación anticipada, así como la generalización del contratismo.

Antes de ley eléctrica, la estrategia privilegió la inclusión negociada al definir las empresas como una comunidad de intereses, que ante una situación crítica, agravada por un ambiente de profundización de la competencia, requeriría es­fuerzos mancomunados de las direcciones empresariales y de los trabajadores para mejorar la productividad y la competitividad. En este sentido, el discurso

Ver: Documento Conpes 2923. Asignación de utilidades a la nación y saneamiento financiero de las empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta del sector eléctrico. Santa­fé de Bogotá, D . C : Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ministerio de Minas y Ener­gía. DNP: UIP, abril 29 de 1997. Resoluciones de la Comisión de Regulación de Gas y Ener­gía, Creg, del 29 de julio de 1997, expedidas para cada una de las empresas del sector eléctri­co. En ellas se señalaba, entre otros, que las empresas no son viables, «de acuerdo con los re­sultados de su valor patrimonial y no está(n) en capacidad de pagar sus obligaciones financie­ras y operativas, en un escenario de tarifas y costos de eficiencia», de tal manera que deben presentar un plan de reestructuración tendiente a su transformación. Además, tal plan deberá contemplar las ventajas y desventajas de incorporación de capital privado y de su fusión con otras empresas o mercados. Véanse, ibid., artículos 1° y 2°. En desarrollo de los mandatos le­gales y reglamentarios, las nuevas empresas de Corelca serán cuatro: Una empresa de trans­misión, Transelca, adquirida en un 65% por Interconexión Eléctrica S.A., una empresa de generación, Gendelca, y dos de distribución, controladas por inversionistas privados transna­cionales.

374

Reestructuración capitalista y tendencias de...

empresarial acentuó sus propuestas sobre la introducción de tecnologías blandas de la gestión y la administración.17

Después de la ley eléctrica las estrategias comprenden, de una parte, el anun­cio gubernamental de estímulo al desarrollo de escenarios de concertación de aspectos de la política sectorial con las organizaciones sindicales18 y, de otra, la vinculación de los trabajadores, de manera individual o colectiva, a la propiedad accionaria.

Avanzados los procesos de privatización, pareciera que la inclusión negocia­da tiende a ser subordinada a estrategias autoritarias que utilizan la inclusión como instrumento de validación política de las determinaciones de mercado que impone el neoliberalismo.

Estrategias sindicales

La estrategia sindical se caracteriza por el abandono de las posiciones de choque y de confrontación con el Estado propias de los setenta y de los ochenta, cuando en las organizaciones sindicales prevalecía el sindicalismo de clase.20

Precisamente el proyecto de ley 34/92 insistía en la necesidad de una «legislación apropiada (que) le permita al sector eléctrico enfrentar los retos de la modernización de la economía con empresas dotadas de estructuras institucionales ágiles y eficientes, sometidas a reglas comercia­les y operativas claras y estables»(p.4)...«El gobierno ha puesto gran énfasis en el diseño de mecanismos que permitan elevar el nivel de eficiencia de las empresas eléctricas. Es necesario controlar el desempeño administrativo y financiero de las empresas, mediante contratos de gestión. Las relaciones laborales, de otra parte, deben conducir a incrementos de la producti­vidad». (p.7).

En el marco de la política general la concertación ha sido utilizada por el Estado como una forma de validación política y de neutralización y contención de la acción y respuesta sindical frente a la reestructuración. Se ha promovido la idea de que la concertación representa el fin del conflicto entre capital y trabajo y no una manera de regularlo.

En ambos casos, la estrategia aparece revestida de constltucionalidad y legalidad. En lo refe­rente a la propiedad la ley 226 de 1995 -conocida como de democratización de la propiedad-otorga, en su artículo 3o, un derecho de preferencia para el acceso efectivo a la propiedad del Estado a los trabajadores activos y pensionados, a los sindicatos de trabajadores, a las federa­ciones y confederaciones de sindicatos, a los fondos de empleados y a las entidades cooperati­vas, entre otros.

Las razones que explican tal cambio de posición escapan a los propósitos del presente tra­bajo. En todo caso, están asociadas a los cambios que se dan en el seno del movimiento sin­dical en el proceso de reestructuración capitalista y a los reagrupamientos de las direcciones sindicales entre las llamadas corrientes clasistas, de una parte, y la democrática y sociopolítica, de la otra. En una definición elemental de estas corrientes, mientras que la primera aduce la necesidad de mantener una posición antlcapltalista para enfrentar la reestructuración y consi­dera la lucha de clases como consustancial al sistema, la segunda contempla la posibilidad de negociar la reestructuración y considera que la lucha de clases ha sido desplazada por formas democráticas de regulación del conflicto entre capital y trabajo.

375

Jairo Estrada Álvarez

En los noventa dicha estrategia pasó a aceptar las formas de inclusión nego­ciada, entendida ésta como una manera de mitigar los impactos de la reestructu­ración capitalista y de la apertura económica sobre las condiciones de la contra­tación colectiva. En la mayoría de las direcciones sindicales del sector y en la di­rección nacional de Sintraelecol predominaba, entonces, la influencia del llama­do sindicalismo sociopolítico.

Las organizaciones sindicales de las empresas del sector acompañaron la es­trategia estatal y empresarial de avanzar en acuerdos de productividad y competi­tividad, antes de la ley 143, y de participar en proyectos empresariales de intro­ducción de tecnologías blandas.

Lo que va corrido del proceso de privatización muestra que, primero, el sin­dicalismo no se opone radicalmente a la privatización si esta preserva las garan­tías laborales obtenidas históricamente, lo que, en términos legales, está defini­do por la sustitución patronal; segundo, si bien no rechaza la participación ac­cionaria, tampoco hay una directriz sindical que oriente la integración al proce­so. La participación o no se dejó al criterio de las filiales de Sintraelecol y a las consideraciones de los trabajadores en el orden empresarial.

Los planes de retiro son vistos como un instrumento del gobierno y de los empresarios capitalistas para debilitar la organización sindical y, por esa vía, las condiciones globales de la contratación colectiva. Tales planes se enfrentan, principalmente, apelando a la conciencia del trabajador.21

Respecto al contratismo, la política sindical pretende oponer a éste el llamado contrato sindical, que recoge experiencias del sindicalismo mexicano y es com­prendido como una forma de mitigar la sobreexplotación del contratista privado mediante el desarrollo de variadas formas de trabajo asociado promovidas, or­ganizadas y administradas por la dirección sindical.22

La estrategia sindical, en la etapa actual, remite, principalmente, a la concep­ción de Sintraelecol sobre el Acuerdo Marco Sectorial, el cual abordaremos más adelante.

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO Y FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

Como ya se afirmó, la reestructuración del sector se aceleró con motivo de la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, actualmente se encuentra en una fase de despliegue. Lo mismo puede afirmarse de la transformación de las relaciones laborales.

Ver Sintraelecol frente a las privatizaciones del sector eléctrico. Santafé de Bogotá: Junio de 1998. 22 El contrato sindical como estrategia de contención del contratismo apenas se encuentra en proceso de formulación por parte de Sintraelecol.

376

Reestructuración capitalista y tendencias de...

Las tendencias predominantes en la regulación fluctúan entre las estrategias de regulación con arreglo a determinaciones de mercado (la estrategia estatal y empresarial) y las estrategias que sin rechazar las determinaciones de mercado, pretenden un cierto nivel de incidencia política (la estrategia sindical). La resolu­ción de tal contradicción en uno u otro sentido, en todo caso, se mueve en el te­rreno de la flexibilización: autoritaria o con inclusión negociada, o combinación de la flexibilización autoritaria con la inclusión negociada.23

Flexibilización autoritaria

En favor de la flexibilización autoritaria actúan procesos objetivos que acompa­ñan la reestructuración:

En todas las empresas que transformaron su naturaleza jurídica hacia una sociedad por acciones con procesos de enajenación de activos o de capitaliza­ción, es apreciable una tendencia a la supresión y racionalización de los puestos de trabajo. Así, por ejemplo, en la Central Hidroeléctrica del río Anchicayá la planta se redujo de 750 a 92 trabajadores; en las compañías Emgesa y Codensa en Santafé de Bogotá se suprimieron más de 1.750 puestos de trabajo en la fase inicial y se espera una eliminación masiva adicional en el segundo semestre de 1998 en la Central; en las electrificadoras de la Costa Atlántica se espera reducir la planta de 3.600 a 1.800 trabajadores. Finalizada la fase actual de la privatiza­ción, se estima que la planta global del sector eléctrico se habrá reducido a 8.000 trabajadores, es decir, se habrán suprimido cerca de 10.000 puestos de trabajo.

La definición de plantas básicas de personal es acompañada por una genera­lización del contratismo y se hace en función del objeto específico de la empresa y de la descentralización o satelización de actividades que no se refieren de ma­nera directa al objeto específico. Esa definición —que es apenas apreciable en las empresas transformadas— es seguida por el fortalecimiento de modalidades de subcontratación ya existentes en el sector.24 Sin existir cifras consolidadas, el ni-

La flexiblizaclón se comprende aquí según las diversas versiones propuestas por Palacio: en el manejo de los niveles de remuneración salarial; En cuanto a la organización colectiva de los trabajadores; en cuanto a las características de la tecnología y los productos; en cuanto a las facultades patronales del consumo de la fuerza de trabajo; en cuanto a la organización em­presarial; en cuanto a la organización y la regulación macrosodal. Ver: PALACIO, Germán (1994). Flexibilidad laboral y neoliberalismo. En: Varios autores. El trabajo en los noventa: ruptu ras y conflictos. Universidad Nacional de Colombia-Universidad de Cartagena, p.73-83.

El llamado contratismo en el sector asume actualmente 22 formas distintas de contratación que comprenden una amplia gama de tipos de contratos civiles y comerciales. El contratismo comprende, entre tanto, actividades profesionales, técnicas, administrativas y operativas.

377

Jairo Estrada Álvarez

vel de subcontratación se estima actualmente entre el 3 3 % y el 50% del total de

los trabajadores del sector (20.000 aproximadamente).

La supresión de puestos de trabajo y la redefinición de las plantas de perso­

nal se ha apoyado, principalmente en planes de retiro y en planes de jubilación

anticipada lo cual precipita la renovación generacional, con todo lo que implica.

Todo lo anterior conduce a un debilitamiento de la contratación colectiva en

el orden empresarial, como resultado de la reducción sensible del número de

trabajadores y, posiblemente, de la tasa de sindicalización, con la consecuente

tendencia a la redefinición de la relación salarial. Tal debilitamiento es apenas

compensado por las condiciones sectoriales de contratación.

Flexibilización con inclusión negociada

En favor de la flexibilización negociada actúa el Acuerdo Marco Sectorial. Este

acuerdo expresa un compromiso de regulación de las relaciones entre el Go­

bierno y los trabajadores del sector, suscrito por el Ministerio de Minas y Ener­

gía y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad, Sintraelecol, al cual pueden

adherir las empresas del sector.

El instrumento para la concreción de los compromisos es la Comisión del

Acuerdo Marco Sectorial, Cams,25 sus resultados tendrán tres categorías técnicas

y sociales:

• De recomendaciones específicas al Ministerio de Minas y Energía; • De recomendaciones generales para la adopción de políticas por parte del Minis­

terio de Minas y Energía. • De decisiones de naturaleza laboral para ser incorporadas dentro de las conven­

ciones colectivas de cada empresa.26

El AMS es el punto culminante de dos procesos registrados desde la década

del setenta. Primero, del proceso de configuración de un sistema eléctrico na­

cional que —pese a la diversidad de empresas existentes y a las diferentes formas

de organización jurídica de la propiedad (establecimientos públicos, empresas

industriales y comerciales, sociedades por acciones)— colocaba a los trabajadores

frente a un sólo patrón, el Estado.27 Segundo, del surgimiento de una organiza-

25 La Cams se conformará con hasta cinco comisionados de cada una de las parles; podrá ser convocada anualmente por cualquiera de las partes; una vez Instalada el término para la reali­zación de las reuniones es de máximo 30 días calendario. Ver; Acta de Acuerdo - Acuerdo Marco Sectorial, 13 de febrero de 1996, sección III, literales b) y c). 26 Ibid. literal d). Según el literal a) del AMS, las partes también pueden proponer la instala­ción de «un foro de análisis o de propuestas sociales, laborales o de la problemática eléctrica». 27 Desde 1985 se apreció una tendencia a la centralización de la política para el sector eléctri-

378

Reestructuración capitalista y tendencias de...

ción sindical de cobertura nacional, Sintraelecol (sindicato de industria), que luego de un complejo proceso de discusión interna, iniciado en 1975, logra consolidarse como la principal organización de los trabajadores del sector a par­tir 1987.28 Durante las administraciones de Turbay, Betancur y Barco hubo rei­terados intentos, fallidos, de negociación de un Pliego Único Nacional. La posi­bilidad de una negociación nacional cobró fuerza durante la administración Ga­viria y vino a concretarse apenas en 1996 con el AMS.29

El AMS se desarrolla en un contexto histórico de profundización de la rees­tructuración neoliberal que conlleva la reorganización del sector según el marco jurídico institucional contenido en las leyes 142 y 143 de 1994. En ese sentido, el AMS descansa sobre un choque entre estrategias sindicales, de un lado, y esta­tales y empresariales, del otro.

En efecto, como ya se dijo, mientras que del lado de los trabajadores el AMS podría definirse como un avance en el desarrollo de la negociación y la contrata­ción colectiva sectoriales y como un intento de imprimirle definiciones políticas a las regulaciones de mercado; de parte del Estado y de las empresas del sector el AMS podría ser visto como una forma de vinculación política y de neutralización de la oposición sindical a los lineamientos de la estrategia neoliberal, en un con­texto de transformaciones estructurales hacia la desregulación, la flexibilización laboral y la organización de las relaciones laborales con criterios preferencial-mente de mercado.

El choque de las estrategias señaladas registra una tendencia fuerte a juridi-zarse. En el centro de la discusión se ha colocado la capacidad de vinculación ju­rídica del Acuerdo para las partes. Aunque el AMS fue incorporado a las con­venciones colectivas vigentes en las diferentes empresas en las que hay capítulos de Sintraelecol y podría, en consecuencia, asumirse que compromete a las partes contratantes (Sintraelecol, Estado en cabeza del Ministerio de Minas y Energía y

co, incluyendo la política laboral. Tal tendencia se estimuló con la creación de dos grandes bloques de distribución de energía en cabeza de Corelca y del Icel, «que unificaron criterios y políticas laborales hacia los trabajadores del sector, (y) obligaron a que las organizaciones sin­dicales más representativas se plantearan el trabajo de unidad de acción y orgánica del sector». Ver: FORERO, Jorge y SlLVA, Marcel (1997). Una experiencia en el desarrollo del sindicalismo de industria en Colombia. En: Documentos SINTRAELECOL, Santafé de Bogotá, p.22 (mimeo).

En la Primera asamblea nacional de delegados de los sindicatos aglutinados en Fenasintrap y Sintraelecol. «A partir de esa fecha Sintraelecol viene consolidándose como sindicato de in­dustria allegando a su seno organizaciones de base dentro de las cuales destacamos los traba­jadores de la Energía Eléctrica de Bogotá, empresa de Boyacá, Electrificadora del Magdalena y San Andrés y Providencia entre otras...» . Ibid..

Las opciones de negociación nacional se consolidaron con la fusión de Sintraelecol y Sln-traenergia (Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Energía de Bogotá, al inicio de la ad­ministración Gaviria). Varios autores. Sintraelecol en medio de la estrecha legislación colombiana. Ibid., p.19.

379

Jairo Estrada Álvarez

las empresas del sector),30 los cambios en la naturaleza jurídica de las empresas con motivo de la privatización y la capitalización se comportan como relativiza-dores objetivos de esa fuerza vinculante.31 El derecho a la libertad de empresa es comprendido, en ese contexto, como el derecho a la libertad de contratación por parte del empresariado privado capitalista. Tal situación se apreció particular­mente en el desarrollo de la negociación del IV Pliego Único Nacional de Peti­ciones de Sintraelecol al Gobierno, empresas y/o entidades del sector eléctrico.32

Una eventual juridización futura en la interpretación del AMS parece favore­cer la estrategia estatal y empresarial pues además de trasladar el conflicto a ter­ceros —las instancias jurídico-laborales—, conllevaría su virtual inoperancia y su integración a las modalidades de regulación estatal de los conflictos sociales y de clase que se han apreciado en los noventa: la medición de fuerza a la espera de que el movimiento se desgaste, para imponer la política estatal sectorial sin ma­yores resistencias; o que el movimiento muestre capacidad de confrontación pa­ra institucionalizarlo por la vía de la concertación y en todo caso incluirlo — ahora de forma negociada— en la política estatal sectorial.33

La posición sindical se encuentra desarrollada en: Silva Romero, Marcel. La obligatoriedad de la negociación por rama de industria en el sector eléctrico. Mimeo. Santafé de Bogotá: noviem­bre de 1997.

La idea del tripartismo sobre la cual descansa el AMS se comporta como un factor adicional que menoscaba la fuerza vinculante del Acuerdo. En efecto, el Estado a través del Gobierno tiende a manifestarse como un Intermediario entre el capital y el trabajo. En el documento — incorporado al AMS- que el Ministerio de Minas y Energía expuso a la representación de los trabajadores se afirmaba entre otros: «que el Ministerio, aunque no es un interlocutor jurídi­camente válido para atender ni resolver los pliegos de peticiones de las empresas, reconoce que es un deber del Gobierno promover la concertación como principio consltudonal» (p.2 del AMS)...«que... es necesario establecer unos procedimientos adecuados al logro de solucio­nes realistas basadas en una concertación de políticas, siempre y cuando las circunstancias así lo aconsejen y cn ningún caso perjudiquen ni los deberes legales de las empresas, ni los derechos de los trabajadores, ni de los organismos que los representen» (Destacado del A.) (p.2 del AMS).

A la presentación del pliego el Io. de octubre de 1997, le siguieron, primero, las dificultades para la Instalación de la mesa de negociación, y luego, para el desarrollo de la discusión sobre el petitum. El Gobierno se mostró inicialmente renuente a un nuevo acuerdo sectorial que pudiera fortalecer el sindicalismo de industria y estimular a futuro otras experiencias de plie­gos sectoriales, como la Intentada por los trabajadores bancarlos a través de la Uneb en el s e gundo semestre de 1997. Las empresas privatizadas o capitalizadas, con mayoría accionaria del sector privado, de otra parte, pretendieron resistirse a una negociación de pliego único y, más aún, a un acuerdo sectorial que podía afectar sus pretensiones flexlbllizadoras. Sólo el endure­cimiento de la posición de Sintraelecol en desarrollo de la negociación, luego de una excesiva prudencia en los meses siguientes a la presentación del pliego posibilitó un nuevo acuerdo marco sectorial el 13 de marzo de 1998. Fue necesario recurrir a la declaratoria de huelga para forzar la solución del conflicto laboral.

De una posición excesivamente prudente durante los meses siguientes a la presentación del Pliego Único, Sintraelecol ha tenido que endurecer su posición -anunciando Incluso la posi­bilidad de un paro nacional- para forzar un nuevo acuerdo sectorial. A la fecha de termina­ción del presente trabajo no se vislumbraba solución inmediata al conflicto.

380

Reestructuración capitalista y tendencias de...

Independientemente de la forma que asuma en el futuro el conflicto en tor­no al AMS, lo cierto es que allí está en proceso de definición uno de los com­ponentes más importantes de la regulación de las relaciones laborales en el sec­tor eléctrico. O la negociación y la contratación colectiva sectorial logran desa­rrollarse en nuevos niveles y se imponen parcialmente definiciones políticas so­bre definiciones de mercado; o se reduce aún más el campo de incidencia del AMS, se segmenta la negociación y la contratación en el exclusivo nivel empre­sarial y se avanza más aceleradamente en el proceso de flexibilización laboral, es­to es, en la regulación de las relaciones laborales conforme al mercado.34

A DÓNDE VA LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR

ELÉCTRICO

Con los pocos elementos de juicio a disposición se puede afirmar, por ahora, y

a manera de conclusiones que a futuro:

• Se reducirá sensiblemente el número de trabajadores del sector. • Se acentuará la flexibilización contractual. • Se profundizarán la descentralización y satelizadón del sector aunque, técnica­

mente, se mantenga integrado por la transmisión de energía. • Se debilitará la negociación y contratación colectiva sectorial en favor de la contra­

tación en el nivel empresarial. Si la primera se mantiene sus posibilidades y sus campos de acción quedan muy limitados.

Sobre esos supuestos, es de prever que la flexibilización conduzca a empresas

competitivas y eficientes en el sentido capitalista; incluso que se asista a un me­

joramiento de la remuneración a los trabajadores renovados generacionalmente

en las nuevas empresas, a un incremento de los niveles de capacitación y actua­

lización de la fuerza de trabajo y a un mejoramiento de las condiciones tecnoló­

gicas.

El proyecto capitalista habrá funcionado pero la población y los trabajadores

habrán perdido riqueza pública, ahora en usufructo esencialmente privado.

Por ahora, la valoración del AMS se torna contradictoria: si bien los trabajadores lograron la firma de un nuevo acuerdo que preserva los derechos laborales, lo cierto es que la estrate­gia de flexibilización continúa introduciéndose a través del mismo AMS. La estrategia sindical ha sido obligada a asumir la reestructuración como un imperativo apenas a relatlvizar. Ver Resoluciones de la Comisión Marco Sectorial sobre las causas y efectos de la contratación a término indefinido y la contratación de terceros en las empresas del sector eléctrico (6 de diciembre de 1996), la determinación de la productividad y competitividad (29 de mayo de 1997) y el acuer do de participación suscrito entre el ministerio de Minas y Energía y Sintraelecol en el que el primero informó a la organización sindical «sobre el desarrollo de los diferentes planes de re­estructuración en las empresas donde la nación posea más del 50% de la participación accio­naria» (marzo de 1998).

381

Jairo Estrada Álvarez

A estas posibles tendencias, se oponen las nuevas contradicciones sociales y de clase —no explícitas claramente y mucho menos maduras— que traerá consigo la estrategia neoliberal de la reestructuración. En el marco de un nuevo ciclo de luchas sociales y sindicales por la recuperación de los servicios públicos domici­liarios se pueden desplegar nuevos espacios para una política y una acción sin­dical que confronte, con mayores probabilidades de éxito, la actual hegemonía neoliberal.

Anexo:Trabajadores sindicalizados en el sector

Empresa

Empresa de Energía del Amazonas S.A.

Archipiélagos Power & Light S.A.

Empresa Antioqueña de Energía S.A.

Centrales Eléctrica del Cauca, Cedelca

Centrales Eléctricas de Nariño, Cedenar

Centrales Eléctricas de Norte de Santander

Central Hidroeléctrica de Betania.CHB

Centra Hidroeléctrica de Caldas, Chec

Empresa de Energía de Boyacá S.A. Esp

Empresa de Energía del Quindío, Edeq

Empresa de Energía de Bogotá, EEB S.A. Esp

Electrificadora de Bolívar S.A.

Electrificadora del Caquetá S.A.

Electrificadora del Cesar S.A.

Electrificadora del Choco S.A.

Electrificadora de Córdoba S.A.

Electrificadora de la Guajira S.A. Esp

Electrificadora del Huila S.A.

Electrificadora del Tolima S.A.

Electrificadora del Magdalena S.A.

Empresa de Energía de Magangué

eléctrico

No. trabajadores

87

47

1350

498

558

464

61

1220

998

260

4600

900

115

420

107

ND

305

380

373

500

135

No. sindicalizados

68

56

917

382

327

395

ND

651

757

289

2650

620

81

371

93

483

194

312

317

436

100

382

Reestructuración capitalista y tendencias de...

AnexoTrabajadores sindicalizados en el sector eléctrico

Empresa

Empresa de Energía de Arauca S.A.

Electrificadora de Santander S.A., Essa

Corelca

EEPP Medellín

Emcali

Emcartago

EPP Pereira

Empresa de Energía del Pacífico, Epsa

Electrificadora del Atlántico S.A.

Electrificadora de Sucre S.A.

Gte Sylvania

Chidral S.A. Esp

*Termocartagena S.A.

*Tebsa

Icel

Electrificadora del Meta S.A.

Termotasajero

Isa

*lsagen

Compañía de Energía de Tuluá

*Sopesa San Andrés

Central Hidroeléctrica de Chivor S.A.

*Enercali

*Termoflores

Isessa

Fuente: Sintraelecol (1997); ND: información no disponible; * empresas. Datos vigentes hasta ei primer semestre de 1997.

No, trabajadores

191

1100

910

3096

759

46

200

1200

1256

418

162

411

235

135

148

230

162

938

435

82

68

ND

ND

ND

56

No. sindicalizados

100

796

857

ND

ND

ND

ND

260

972

324

101

244

204

108

ND

186

120

ND

ND

ND

28

ND

ND

ND

ND

Empresas de creación reciente o escindidas de otras

383

De una estructura integrada a una

estructura flexible: el caso de las

relaciones industriales en Ecopetrol Pedro Galindo

Ecopetrol es la empresa petrolera nacional colombiana creada en 1951 a partir de la terminación de la concesión De Mares otorgada a la Tropical Oil Com­pany, Troco, en 1916. Al momento de la reversión o devolución a la Nación de la concesión petrolera, la Troco había explotado el 80% del yacimiento inicial-mente descubierto y había construido una pequeña refinería. En 1948, los traba­jadores del petróleo exigieron del Estado colombiano, mediante una huelga, no prorrogar la concesión, y con los bienes revertidos, constituir una empresa esta­tal petrolera.

La empresa nacional se consolida aunque el área de operaciones no se ex­tiende más allá de los terrenos y actividades de la vieja concesión; debido a su inviabilidad se presionaba su desaparición para regresar al anterior sistema o co­locar su usufructo en manos de un agente privado. En 1963 los trabajadores re­curren nuevamente a la huelga, esta vez en defensa de la empresa del Estado (lo volverán a hacer, desde esa época hasta la actualidad, en 1968, 1971, 1977 y 1981).

De 1963 a 1969 la empresa se prepara para ampliarse a otras zonas del país y a otras actividades; en 1969 le es confiada la labor de administración y explo­tación de todos los recursos hidrocarburíferos de la Nación, directamente o a través de contratos.

Ecopetrol, mediante la elaboración y realización de planes de desarrollo, se convierte en la primera empresa nacional y sus actividades comprenden todas las fases de la industria petrolera, a saber: explorar las zonas que reserva para su operación directa; establecer zonas potencialmente petrolíferas que otorgará bajo contratos a inversionistas de la industria; ampliar las zonas de producción con los campos concesionados a medida que van revirtiendo a la nación y descubrir campos nuevos; establecer el monopolio de la refinación de productos deriva-

384

De una estructura integrada a una estructura...

dos, en 1974, y duplicar la capacidad de refinación que tenía el país en el siste­ma anterior; asumir los oleoductos que van revirtiendo, comprar algunos de propiedad privada y ampliar la capacidad de transporte de derivados del petró­leo; establecer plantas de petroquímica básica; e incursionar en la distribución y comercialización de los derivados.

Para el manejo del hidrocarburo carbón, Ecopetrol crea empresas en socie­dad con inversión de otras empresas comerciales e industriales del Estado y, con gobiernos regionales y locales, crea entidades para la distribución de los deriva­dos.

Ecopetrol se ha integrado dentro de un esquema de producción y consumo como el ente industrial que abastece las necesidades energéticas de hidrocarbu­ros del país; está articulado con los niveles de la actividad económica, el empleo y la distribución del ingreso; en el consumo se proyecta hacia la satisfacción de las necesidades de los grupos sociales. La planificación tiene el sentido de hacer­la acorde con los objetivos de un plan de desarrollo económico y social, la cons­trucción de país y la sustitución de importaciones.

Las medidas de ajuste estructural a la internacionalizaclón de la economía y la globalización del mercado están en contravía con la concepción y la historia de Ecopetrol. Entre las adecuaciones se impone la reestructuración de la empre­sa estatal.

El propósito de este trabajo es analizar el cambio en la estructura organizati­va de Ecopetrol, su incidencia en la sociedad colombiana y delinear los alcances de la estructura gremial de los trabajadores para responder a esos cambios. Para realizar esa comparación se examinará el proceso de integración y desintegración de la empresa nacional y se contrastará permanentemente con el mercado mun­dial del petróleo.

La reestructuración de la Empresa Colombiana de Petróleos provee una for­ma organizacional que fracciona el proceso industrial acumulado en múltiples satélites dispersos en el mercado. Cada actividad industrial debe ser concebida como empresa separada, como unidades que compiten en el mercado y entre ellas mismas. Ecopetrol es reducida a una empresa de características microeco-nómicas, dominada por la oferta y la demanda, cuyos conceptos económicos implican satisfacer el deseo de los consumidores que maximizan las utilidades y pueden pagar por la mercancía. Estos conceptos —que hacen necesaria la opti­mización de asignación de recursos en las unidades empresariales— no respon­den a las necesidades de países del Tercer Mundo que tienen múltiples reque­rimientos energéticos insatisfechos. Con la reestructuración, Ecopetrol pierde su perspectiva macro de satisfacer las necesidades y el consumo del sistema econó­mico del país.

385

Pedro Galindo

La nueva estructura está orientada a indicar a los inversionistas en el merca­do las actividades rentables1 de las necesidades del sistema, realizar aportes de capital para suplir las deficiencias de asignación de recursos, diminuir el riesgo de los inversionistas, comprar como servicios las actividades industriales renta­bles privadas y construir como mercado las necesidades que abastecía. La estruc­tura operacional existente, en consecuencia, es reducida según las medidas de ajuste estructural y racionalización del gasto de gobierno.

Este proceso de transformación de la empresa nacional detiene y regresa los alcances obtenidos en desarrollo autónomo y en la construcción de una indus­tria propia para el uso y disfrute de los recursos naturales del subsuelo.

La creación de Ecopetrol como empresa petrolera nacional es resultado de un particular proceso. Aunque se produce en el contexto histórico de la desco­lonización, después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso colombiano es la respuesta a una demanda de los trabajadores del petróleo cuya realización impli­caba la idea pionera de crear una empresa estatal a partir de la finalización del primer contrato de explotación colonial de recursos naturales que se conoce y subsiste como Contrato de Concesión.

La empresa Ecopetrol se establece en medio de la crisis política de 1948 e inicia su labor en 1951. Los trabajadores asumen a nombre del país el reto de construir una industria nacional a partir de la reversión al Estado de un campo petrolero en el que quedaba menos del 20% de las reservas originales de petró­leo.

Ecopetrol se convirtió en una empresa del Estado para administrar un recur­so de pertenencia de la Nación y su gestión fue encomendada al Poder Ejecutivo como una función gubernativa. Así transcurrió desde 1969 hasta 1993. El sur­gimiento y la construcción de la empresa han estado determinados por un mo­delo de acumulación propio; su industrialización se produce mediante la rein­versión en su desarrollo del excedente producido; su tarea era garantizar el abas­tecimiento de los derivados de los hidrocarburos necesarios para el proceso de desarrollo del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, ISI.

En la construcción de una industria nacional de hidrocarburos, la Empresa Nacional de Petróleos desarrolló una estructura integrada centralizadamente

1 En la industria petrolera no todas las actividades tienen Igual rentabilidad, la explotación de un yacimiento está asociada a la renta del suelo, la transformación a la rentabilidad de la in­versión, el transporte a la explotación de un bien de uso público y la de distribución y comer­cialización a la tasa media del mercado. La actividad asociada a la renta del suelo se denomina upstream, la asociada a la refinación petroquímica y comercialización se denomina downstream; el transporte y almacenamiento son un servicio brindado a la Industria.

386

De una estructura integrada a una estructura...

ESTRUCTURA INTEGRADA CENTRALIZADAMENTE

.. - ÁREA DE DESARROLLO

Transferencia de productos entre las fases de la industria

que resolvió los problemas de financiamiento y operacionalidad con perspecti­

vas de permanente crecimiento. Desde un centro único de conducción con pla­

neación integrada, asignaba los recursos como matriz de control y preveía las

necesidades de liquidez para el cumplimiento de la meta fijada que, a su vez, es­

taba determinada por la estrategia de desarrollo.

Inicialmente, la producción de hidrocarburos generaba la oferta de crudo y la

transfería al proceso de refinado. A medida que aumentaba el consumo nacional

fue desarrollando una estructura que respondía a las necesidades básicas de

abastecimiento de derivados ampliando su capacidad instalada de transforma­

ción.

Progresivamente fue mejorando su capacidad de refinamiento con el objeto

de abastecer las necesidades del país, y dado que su capacidad productiva inicial

no alcanzaba, adquiría los crudos fallantes de productores concesionarios. Para

suplir la deficiencia de producción propia diseñó programas de exploración y

producción de crudos extendiendo su actividad al ámbito del país; fue constru­

yendo un proceso de búsqueda, extracción y transformación del petróleo, siem­

pre con el objetivo de garantizar el suministro nacional.

La distribución de derivados es organizada según las necesidades regionales e

industriales. En la comercialización, progresivamente, adquiere experiencia en la

distribución minorista de combustibles y crea entes subsidiarios para esa labor,

que había estado dominada por inversionistas privados extranjeros.

La crisis petrolera de 1974 afecta profundamente a los países desarrollados

quienes, como solución, plantean una práctica antimonopolista. Por ser uno de

387

Pedro G a l i n d o

INTEGRACIÓN HORIZONTAL

Capacidad Competencia

Control al exceso

i Restringir la competencia

Si no baja el precio del crudo Mantiene cerrado el ingreso

Aumentos de capacidad

los energéticos fundamentales de su desarrollo, el petróleo es sometido a políti­cas de mercado que buscaban que la competencia estableciera precios más bajos y estimulara la creación de nuevas empresas. Las empresas monopolistas del pe­tróleo, que estaban integradas horizontalmente, se transforman en estructuras de transformación vertical que no son funcionales a la nueva política de la Agencia Internacional de Energía, AIE; en esta situación, los monopolios del petróleo optan por la satelización en unidades de producción que les permitan resolver económicamente la rentabilidad de las diferentes fases de la industria.

El monopolio del petróleo se mantenía por el control entre la capacidad de producción y la cantidad de competidores, las empresas se integraban horizon­talmente para restringir la capacidad productiva y el precio del petróleo. A través de contratos de venta limitaban el ingreso de competidores, y ante la fluctuación en el precio aumentaban o disminuían la capacidad excluyendo los nuevos competidores; pero durante la crisis de la Opep pierden el control del precio y el embargo les quita control en los aumentos de capacidad.

Este modelo internacional de empresa petrolera responde a la crisis con el aumento de la capacidad pero, por ser una inversión fija, el capital dedicado a la refinación queda atrapado. Para solucionar el elevamiento del costo de trabajo se disminuye el capital variable, es decir, se opta por expulsar trabajadores de la industria y sustituirlos por contratistas.

La situación dominada por los altos precios del petróleo facilita el regreso al mercado de las empresas que están en capacidad de desarrollar nuevos descu­brimientos, pero la capacidad aumentada queda en exceso. Se generan dos nue­vos problemas: el financiamiento y la operación petrolera. Para resolver el pri­mer problema se conforman compañías holding; una casa matriz provee recursos de liquidez para financiar la inversión en las diferentes fases del proceso produc-

388

De una estructura integrada a una estructura...

tivo; se restringe la competencia, ofreciendo a sus afiliados únicamente el pro­

ducto de una fase a otra.

Aunque la integración vertical permite aumentar los volúmenes para competir

con la Opep y controlar los contratos de venta, algunas fases pierden dinero, la

Opep no puede ser expulsada del mercado y la consecuencia lógica es la volatilidad

del precio.

Financiamiento

Holding

" ' Casa Matriz

Liquidez

INTEGRACIÓN VERTICAL

Operación

Producción 1

Oferta a su afiliado 4 '

Refinación 1 Oferta a su afiliado

• ^ — '

Mercado 1

Oferta a su afiliado Distribución 4—1

Al compararla con la situación de las empresas internacionales, la estructura

integrada que había desarrollado Ecopetrol potencia sus posibilidades de desa­

rrollo puesto que no están determinadas por el mercado sino por el abasteci­

miento de las necesidades del país. Adquiere campos viejos, refinerías, desarro­

lla la red de oleoductos, emprende el aumento de su capacidad instalada de refi­

no e incursiona en la distribución minorista con Terpel.

El desarrollo industrial adquirido por el modelo de Ecopetrol le permite en­

frentar los efectos de la disputa por el mercado internacional. Las empresas con­

cesionarias disminuyen drásticamente la producción y el país queda expuesto a

necesidades de importación de crudo que alcanzaron los 5.700 millones de dó­

lares. A pesar de los altos precios y la crisis del abastecimiento interno, el mode­

lo pudo financiar los efectos y, simultáneamente, convertirse en la primera em­

presa nacional.

Para la comprensión del caso colombiano es necesario volver sobre los pro­

blemas que, en el mercado internacional, solucionaba la dispersión de las acti­

vidades de las empresas petroleras a nivel mundial.

El éxito de la satelización de las empresas depende de la competencia por el

ofrecimiento de renta de los países de nuevas zonas productoras y de la dismi­

nución en la captura de la ganancia de las empresas nacionales de esos países.

El mundo del mercado del petróleo está enfrentado a cinco problemas futu­

ros:

389

Pedro Galindo

1. El establecimiento del precio. No existen parámetros claros de cómo de­terminar el precio del petróleo pues, en general, existe un exceso de capacidad que permite a algunos países cambiar las reglas de juego e incrementar las ex­portaciones. Nuevas zonas productoras están por ingresar al mercado. La pla­neación de la demanda a partir de un precio, como por ejemplo la producción justo a tiempo japonesa, depende de sus reservas en inventario y de la demanda en otros países.

Adicionalmente, el sistema fiscal actúa en el precio y la demanda, por tanto, reduce o mantiene la ganancia y no se relaciona con los costos. El precio tam­bién se ve afectado por la existencia de empresas nacionales que aumentan los costos por la captura realizada sobre la renta y la ganancia, facilidades otorgadas por regímenes protectores.

2. Oferta y demanda. El aumento en los precios y en los ingresos facilita el traslado a otros sectores por sustitución de energéticos. Los sistemas fiscales de tendencia progresiva hacen crecer el precio interno, no el valor del crudo; es de­cir, reducen la demanda sin solucionar la oferta.

3. Las inversiones upstream. La producción de crudos del petróleo está some­tida a riesgo político, de regulaciones y sistemas fiscales. El riesgo político se re­fiere a las oportunidades que brinda un país para generar valor y lo compone un riesgo de mercado que depende de las reglamentaciones y los factores políti­cos existentes, un riesgo operativo que establece las regulaciones y acceso a la tierra —en especial a la que antes estaba cerrada a la inversión—, la infraestructu­ra existente en esos países y los ocasionados por la acción de terceros.

El riesgo de terceros cada vez está aumentando en su dimensión, pues com­promete las operaciones que puedan realizarse en países diferentes del que se ac­túa; capital proveniente de A invertido en X puede tener, por acción de terceros, afectaciones a posibles inversiones en el país Y.

Los riesgos del accionista están determinados por las posibilidades de nacio­nalización o no, la solidez de la economía del país en que se invierte y los divi­dendos obtenidos en la inversión.

4. Reestructuración. Es la adecuación de estructuras flexibles para mantener un rango de participación en el mercado mundial y unas condiciones de seguri­dad para disminuir las sensibilidades en el abastecimiento de los consumidores de los países desarrollados.

5. Nuevos mercados. La aparición de mercados regionales en competencia con el mercado global restringe las posibilidades de planeación de la oferta.

La problemática mundial del petróleo afecta el abastecimiento de hidrocarbu­ros en Colombia por la dependencia que, en ese momento (1974), se tenía de los campos petroleros en manos de compañías multinacionales para el abaste-

390

De una estructura integrada a una estructura...

</) O *ü .2 •B m 0)

m CQ 0) 13 (fl 0)

P R O D U C C I Ó N , REFINACIÓN Y D E M A N D A DE PETRÓLEO EN

C O L O M B I A

(1970 - 2015). Histór ico y proyectado.

1000,0

900,0

800,0

700,0

600,0

500,0

400,0

300,0

200,0

loo.o W® 0,0

•+- -PRODUCCIÓN NACIONAL

-PIEDEMONTE

-PRODUCCIÓN DIRECTA Ecopetrol

CARGA A REFINERÍAS

-DEMANDA

- -DEMANDA SIN APAGÓN

:^ r¥7-H

Fuente: Estadísticas de Ecopetrol y cálculos del Autor.

cimiento de crudo para la refinación interna. La problemática internacional se impone a las necesidades colombianas; sin embargo, el sentido de la estructura de Ecopetrol puede responder a esos problemas y mantener su viabilidad.

Ecopetrol supera la situación de importadora de crudos, motivada por la cri­sis mundial del petróleo, gracias al descubrimiento de los campos petroleros de Arauca; cambia drásticamente su rumbo, abandona sus propósitos iniciales para prever una nueva alza en los crudos y asegurarse los fondos necesarios en el ca­so de repetición de la crisis. Pero los cambios introducidos en la política inter­nacional de petróleos, una vez iniciado el proceso de ajuste estructural para faci­litar la mundialización del capital y la globalización del mercado, se vuelven permanentes, por lo cual la empresa traslada sus objetivos a una política domi­nantemente económica.

El objetivo principal inicial era establecer una balanza comercial objetiva, y el objetivo es mantener un adecuado nivel exportador, después de que el mercado interno satisfaga las necesidades de consumo. Es decir, el objetivo fundamental es la producción de excedentes de crudo que sólo puede mantenerse si encuen­tra cada cinco años un megayadmiento, de lo contrario, regresará a la importa­ción del petróleo y sus derivados necesarios para el consumo interno.

La estrategia exportadora supedita a la empresa nacional a las expectativas en el mercado de las empresas petroleras inversionistas de capitales transnaciona­les. Ecopetrol tiene que cambiar «con el fin de adecuarse a estos cambios, pues

391

Pedro Galindo

las grandes empresas petroleras a nivel mundial han transformado sus organiza­ciones y modos de operación». Ecopetrol transforma entonces su estructura.

El carácter nacional y su función en el sistema socioeconómico son opuestos al nuevo modelo. La oposición está establecida porque la globalización impone un modelo de oferta y demanda contrario a la satisfacción de necesidades con escasos ingresos para satisfacer la producción y el consumo de las necesidades sociales, entre lo microeconómico y lo macroeconómico. La transformación im­plica el fin de la dirección planeadora de los hidrocarburos en Colombia —de modelo macroeconómico— para convertirse en una empresa de características microeconómicas, solo oferta y demanda.

La planeación indicativa del Estado se desarrolla en una gestión competitiva de los recursos. Ecopetrol realiza una planeación indicativa cuyo objeto es cons­truir como mercado lo que anteriormente se concebía como necesidad, siendo innecesaria la planeación del desarrollo: los planes indicativos deben proveer la suficiente información al mercado para que los inversionistas realicen la asigna­ción de recursos.

Ecopetrol queda escindida en dos empresas: la antigua, que proviene del modelo de integración centralizada pero que debe ser fracturada en satélites ex­puestos al mercado como base de referencia para facilitar la creación de compe­tencia en esas actividades, y una sección nueva, que es un sistema de informa­ción gerencial encargado de la administración ejecutiva de contratos estratégicos, manejo de portafolios y arrendataria de actividades industriales clasificadas como

Estructura flexible de Ecopetrol

Corporation

Upstream Transporte y

almacenamiento

Exploración y producción

Operaciones asociadas

Á rea de servicios Finanzas Administración planeación Jurídica Comunidad

Downtream

Refinación y petroquímica Comercio

392

De una estructura integrada a una estructura...

N e g o c i o p e t r o l e r o e n C o l o m b i a

EMPRESAS PRIVADAS MIXTAS ESTATALES

Exploración y produc

ción de crudo

Transporte de crudo

Refinación

Contrato fle­

xible

Contrato

asociado

Tarifas

Maquila

Oferta y de­

manda

Plantas

Maquila

Oferta y de­

manda

Plantas

Construcción

y alquiler

Importación

Oferta y de­

manda

Capital estatal de

riesgo

Accionista

Aportes de capital

ELIMINADA

Aportes de capital

Participación si el

mercado no asigna

Liberalización

ECOPETROL

Ejecutivo Asociado Operación directa

transitoria

ECOPETROL

Ejecutivo Asociado

Operación asocia­

da Arrendatario

Operación directa

transitoria

ECOPETROL

Accionista

Socio

Arrendatario

ELIMINADA

Operación directa

transitorio

ELIMINADA

ECOPETROL

Accionista

Socio

Arrendatario

Operación directa

transitoria

ECOPETROL

Accionista

Socio

Arrendatario

ELIMINADA

Operación directa

transitoria

ELIMINADA

Petroquímica

Transporte y derivados

4-

Distribución mayorista y

almacenamiento estraté­

gico y operativo

Distribución minorista

La reestructuración de la empresa incluye el cambio de dueño. Su propietario ya no es el Estado administrando un recurso de la Nación: ahora es una empre­sa del Estado cuyo usufructuario es el gobierno. El objetivo de Ecopetrol es pro­ducir utilidades a su dueño: de transferir volúmenes suficientes de dinero para el gasto, pasó a ser un problema fiscal.

El negocio petrolero en Colombia se desarrollará en las actividades rentables para el capital privado, pero en las áreas en las que el capital no invierta, el Es-

393

Pedro Galindo

tado asignará recursos de seguridad nacional y la empresa estatal actuará como intermediario proveedor de información y recaudador fiscal; además, tendrá el mantenimiento de las actividades desarrolladas que el mercado no haya asumi­do.

La política económica de una balanza comercial positiva, que requiere un megayacimiento nuevo a medida que el otro entre en producción, se puede man­tener sólo a través de estímulos fiscales a Inversionistas extranjeros y de la re­nuncia a la renta del recurso natural o a la disminución de la participación en la ganancia.

El nuevo dueño, el gobierno de turno, necesita recursos para financiar la eje­cución del plan derivado del programa de gobierno propuesto en la campaña electoral, y el petróleo es una excelente fuente de disponibilidad de dinero. Sin embargo, una tasa fiscal progresiva desestimularía la inversión privada, ante lo cual la empresa estatal se convierte en la alternativa viable del dueño, ya sea res­tringiendo sus ganancias o aumentando las transferencias,

Existe la medida que permite esa flexibilidad: La Ley Marco de Presupuesto Nacional (Ley 36 del 86) sometió las finanzas de Ecopetrol al presupuesto gene­ral y desde allí le asigna recursos para operación y desarrollo, con excepción de las obligaciones contractuales.

La participación de Ecopetrol en las actividades industriales que generen ren­ta y ganancia sólo será posible a partir de aportes de capital, en caso de que el mercado no asigne recursos para suplir las necesidades básicas del planeamiento indicativo del Estado.

Pero esta excepción de asignación de recursos es contradictoria con las im­posiciones del modelo de ajuste que implican la reducción del gasto; la inver­sión requerida solo excepcionalmente es considerada un aumento en el gasto. Para garantizar suficientes estímulos al inversionista y un adecuado excedente, se impone al país reducir la renta y la ganancia para mantener bajo el nivel del gas­to. Con esta solución, ganan los agentes económicos inversionistas y los paga­dores de impuestos pero pierde el país.

La empresa debe solucionar los problemas que se presentan en el mercado mundial:

1. Los precios se establecen según el precio internacional, tanto para la mate­ria prima como para los derivados expedidos al consumidor.

2. La oferta y demanda; la construcción de un mercado atractivo para ser abastecido por inversionistas privados sin que el Estado tenga que hacer aportes al capital.

3. La inversión en producción del petróleo se flexibiliza modificando los contratos en tiempo y distribución de la producción.

394

De una estructura integrada a una estructura...

4. Reestructurar la empresa estatal para que cumpla esencialmente la función de agente contratista del gobierno e indique los desarrollos deseables en el mer­cado interno sin afectar el objetivo principal de mantener un nivel adecuado de explotación.

5. Mercado regional. Se abandonan los procesos de colaboración para satis­facer las deficiencias; el país se incorpora al proceso energético determinado por el acuerdo de la Cumbre de Miami, en diciembre de 1994, Alca.

EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA

La primera decisión originada por los cambios de las estructuras organizaciona­les en las empresas del petróleo fue la disminución del capital variable. Esta me­dida tiene implicaciones políticas particulares en el caso colombiano que requie­ren de un examen.

El proceso de transformación de la organización empresarial ha estado acompañado de modificaciones en la estructura sindical; lentamente ha transita­do de una organización reflejo (espejo) de la estructura operativa del patrono concesionario asociada federalmente, a una estructura vertical de dirección cen­tral. La forma orgánica sindical organiza la interlocución del trabajo, elabora un proyecto político de manejo de los recursos naturales del subsuelo y mantiene la defensa del acuerdo inicial de establecimiento de una empresa nacional.

Los sindicatos de trabajadores del petróleo venían impulsando el proceso de nacionalización y recientemente han mostrado esfuerzos —nada claros— por res­ponder ante medidas como la enajenación de activos de Ecopetrol, las refor­mas al contrato de asociación, desregulación y liberalización de los precios de los combustibles, y han dado diferentes respuestas a la flexibilización laboral. Sin embargo, han tenido éxitos parciales en las coyunturas en que han interve­nido como la reversión de concesiones.

En el año de 1979, los sindicatos de trabajadores petroleros adoptaron como política sobre el manejo de recursos naturales la nacionalización sin indemniza­ción del petróleo y demás recursos naturales. Bajo esta bandera política, Fedepetrol —entidad sindical que agrupa los sindicatos de los trabajadores petroleros— ini­ció en 1987 una campaña de discusión pública del problema petrolero, como un esfuerzo de los trabajadores por encontrar una salida viable ante la guerra que vive el país y que afecta las instalaciones petroleras y amenaza con colocar a los trabajadores entre el fuego cruzado de la guerra.

Simultáneamente con la campaña de Fedepetrol, en 1987 los sindicatos pe­troleros iniciaron un proceso de centralización y concentración en un sindicato de industria, Ustrapetrol-Asopetrol (hoy USO Industria). En él los trabajadores

395

Pedro Galindo

de las compañías multinacionales, productoras y transportadoras de petróleo fu­sionaron sus sindicatos de base.

En el sindicato de industria se fundieron las más importantes tareas y la conducción de los trabajadores petroleros. Allí han tenido mayor impacto las le­yes de Flexibilización Laboral (Ley 50 y Ley 100).2 Los trabajadores petroleros quedaron divididos prestacionalmente y fueron afectados con mayor impacto por el decreto que flexibilizo la contratación (2719 de 1994),3 reduciendo la can­tidad de labores consideradas esenciales en la industria del petróleo.

Según ese decreto, los trabajadores petroleros son clasificados en: directivos con contrato a término indefinido, convencionales con contrato a término inde­finido, temporales con contrato a término definido, contratistas de labores pro­pias y esenciales, contratistas de labores no propias y esenciales, veintiocheros y jornaleros.

El decreto 2719/93, como norma de flexibilización laboral para la industria del petróleo, amplió algunos aspectos de producción de los hidrocarburos, defi­nió las políticas laborales para aplicación particular en la privatización de activi­dades realizadas por Ecopetrol y fijó la política de contratación para la explota­ción de los descubrimientos de Cusiana en el departamento del Casanare.

La actividad principal de Asopetrol fue la organización de las reversiones de las concesiones El Difícil, Sabana de Torres, Jobo-Tablón y el Huila. Una vez revertidos estos campos a la Nación, los trabajadores vinculados a esas explota­ciones han pasado a ser parte de la USO.

Paralelo a este proceso, se han desarrollado las actividades de la USO, de las que es importante destacar las negociaciones de los años 89, 91 y 93, que die­ron lugar a importantes discusiones sobre la política petrolera y los dos foros petroleros realizados en los años 1989 y 1994.

Inicialmente, el debate se centró en los contratos de asociación y el futuro de Ecopetrol. La empresa afianzó su posición en la necesidad de privatizar activida­des y continuar con el sistema de contratación existente. El gobierno nacional estuvo ausente.

Por su parte, la CUT, Fedepetrol y la Uso presentaron la propuesta Una polí­tica petrolera nacionalista, cuyos criterios centrales fueron expresados en la decla­ración final del Foro (Ecopetrol no firmó esa declaración), que concluye con la necesidad de dotar al país de una ley de hidrocarburos, revisar los contratos de

La Ley 100 excluyó de la reforma a los educadores, los militares y los trabajadores de Ecope­trol.

El Decreto 2719 del 31 de diciembre de 1993, reglamenta el decreto extraordinario 284 de 1957 y deroga la resolución 644 de 1959, en desarrollo de una normatividad laboral de la In­dustria del petróleo y en aplicación de la política del actual gobierno de Modernización Insti­tucional, Descentralización Administrativa e Internacionalización de la Economía.

396

De una estructura integrada a una estructura...

ESTRUCTURA S I N D I C A L FEDERATIVA 1945 - 1985

FEDERACIÓN

SINDICATO DE BASE

I PLENUMDE

SECCIONAL OTRAS PRINCIPAL

SINDICATO DE BASE

I SECCIONAL PRINCIPAL

i SECCIONALES

SUBORDINADAS

SINDICATO DE BASE

I NACIONAL

I OPERATIVAS

asociación, fortalecer a Ecopetrol en desarrollo de una política nacionalista y, de inmediato, nacionalizar sin indemnizar las instalaciones industriales y las reser­vas petroleras de la zona denominada territorio Vázquez (Guaguaquí-Terán), anular el contrato de asociación Cravo Norte (Arauca) y suspender la distribu­ción de combustibles a través de empresas multinacionales.

A partir de 1990, como respuesta al Plan de Ajuste Dinámico de Ecopetrol, la USO presentó públicamente el documento Ecopetrol, motor del desarrollo nacio­nal, en el que propone una política de ampliación del mercado interno. Sucesi­vamente ha presentado nuevas propuestas en octubre de 1995, diciembre de 1995 y enero de 1996, que van desde la condena a la reestructuración de Ecope­trol, pasan por la presentación de un proyecto de ley del Petróleo, y finalizan con la propuesta de una Nueva Ecopetrol para el Siglo XXI.

La organización sindical adoptada respondía a un proceso que buscaba la construcción de una industria nacional. En el proceso se estableció una sola es­tructura de escalafón industrial (decreto 0284/57 y resolución 644/59) y similar cobertura prestacional y de condiciones de trabajo que garantizaban: salario, sa­lud, vivienda, educación, capacitación y pensión de jubilación.

El sistema nunca logró consolidar el objetivo de eliminar la división colonial de organización del trabajo, que en un inicio se estableció para trabajadores na­tivos y extranjeros. La división entre trabajadores bajo régimen convencional pactado en los sindicatos y régimen directivo de aplicación empresarial, pero sin contrato colectivo, se mantuvo.

Hoy día en la industria del petróleo en Colombia se presentan 8 formas con­tractuales diferentes para la remuneración del trabajo, agrupados en tres grandes divisiones: directivos, convencionales y trabajadores del contratista. El contrato

397

Pedro Galindo

Salario básico

Nacional

Privado

Estatal

Privada/Estatal

petrolero 1997 para

171 US$

1.535 US$

890 US$

1.74

obreros

137 US$

1.228 US$

712 US$

1.72

Mensual mínimo

Mensual máximo

Mensual máximo

laboral es de naturaleza definitiva (hasta la jubilación del trabajador o la termi­nación del contrato) o temporal no superior a tres años.

Junto al contrato de trabajo temporal crece, aceleradamente, una forma con­tractual de duración inmediata denominada ventiochero (contrato por 28 días sin prestaciones) o mallero, un individuo que espera en la puerta de la petrolera para laborar a destajo o por una labor determinada.

En el sistema de remuneración del trabajo petrolero, las empresas asumían directamente la prestación de las condiciones de trabajo y la asimilaban a los gastos para beneficios del sistema fiscal y el costo de producción.

Con la ley de flexibilización laboral se realizarán medidas administrativas de traslado al nuevo régimen; algunos contratos colectivos han sido adecuados a la nueva legislación, en los casos en que el sistema flexible es más beneficioso res­pecto a los costos.

El régimen convencional de los trabajadores petroleros de la empresa estatal fue excluido.

El resultado de la flexibilización laboral, el cambio de la estructura de Ecope­trol, y las diversas fases del negocio petrolero permiten la convivencia temporal de diversos escenarios de remuneración del trabajo.

El la fase upstream se mantiene el régimen convencional para la empresa es­tatal y flexibilizado en la operación asociada cuyo costo es asumido, en un 50%, por Ecopetrol.

Sólo existe régimen convencional en ________________________________ las fases en que Ecopetrol mantenga una operación industrial directa, de res­to se aplica el sistema flexibilizado de remuneración del trabajo.

Aun queda un problema por solu­cionar: el pago de la deuda de pensión de jubilación adquirida con los trabaja­dores. La Comisión de Racionalización del Gasto considera que un problema fundamental de Ecopetrol es la disposi­ción de los dineros para cubrir esa obli-

Factores del remuneración del salario contemplados para el cálculo del salario básico.

Sueldo

Primas

Cesantía

Ahorro

Necesidades del trabajo • Comisariato

• Campamento

• Alimentación

• Transporte

Jubilación

398

De una estructura integrada a una estructura...

Remuneración

Ecopetrol

Mobil

B.R

Oxy

Shell

Texaco

del trabajo 1997 obrero de máxima

Salario básico mensual

890/712

1535/ 1228

770/616

825 / 660

696 / 557

996 / 797

Meses pagados

18.13

17.19

17.34

16.25

17.49

16.73

calificación (en

Factor

1.51

1.43

1.44

1.35

1.46

1.39

dólares)

Salario por factor

957 / 765

2195/ 1756

1108/ 886

1113/ 890

1016/ 813

1384/ 1107

gación. Esta perspectiva introduce serias preocupaciones de orden técnico, eco­nómico, político y social.

Primero: el esquema del modelo de industrialización de sustitución de im­portaciones, ISI, dejó en manos de los patronos el ahorro realizado por los tra­bajadores correspondiente al valor de sus prestaciones y jubilación para prever la liquidez financiera que las empresas requieren en su labor de acometer el de­sarrollo. Entonces, es válido preguntar ¿dónde está el dinero de las pensiones de los trabajadores de Ecopetrol?

El capital de trabajo real de Ecopetrol es el dinero de tal fondo que si está disminuido se debe a transferencias de dinero a otras entidades estatales u obli­gaciones contraídas por el Estado. Cabe preguntar si existen los documentos, tí­tulos y garantías para la recuperación de esas deudas.

La opción argumentativa de respaldar con acüvos la deuda, no responde a la actitud de vender la participación de Ecopetrol en otras empresas, ni tampoco a la de cambiar el mantenimiento preventivo por correctivo, o la ausencia de pla­nes y programas de desarrollo industrial.

ESTRUCTURA SINDICAL HORIZONTAL

REPRESENTACIÓN PARTICIPACIÓN

RELACIÓN SOCIAL DEBIDAMENTE ORGANIZADAS

t INCLUIR NUEVAS FUERZAS SOCIALES

399

Pedro Galindo

Por el contrario, la discusión planteada parece indicar una fuerte intención de no pagar la deuda, a través de su negación o buscando alternativas que dilu­yan el peso específico de la obligación.

CONCLUSIÓN

En síntesis, el cambio de la estructura empresarial ha obligado a los sindicatos petroleros a buscar nuevas formas orgánicas cuyo nivel de desarrollo es desigual, inclusive para la propia articulación interna de la estructura. El principal escollo para la interlocución es la permanencia de diálogos bilaterales patrono-trabajador por unidad empresarial, que corresponde al método de diálogo del sindicato de base; la adopción de una estructura nacional sindical de industria en el sector petrolero aún no se ha desarrollado y una de sus perspectivas es la del diálogo a una sola voz de los trabajadores ante el Estado y los inversionistas.

El cambio introducido en la estructura de Ecopetrol está asociado a un cam­bio en la política petrolera del estado.

Se abandonó el interés de un proceso de industrialización en el que los hi­drocarburos estuvieran articulados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. En su lugar, se ha establecido una empresa que actúa como inter-mediador del gobierno para proveer recursos destinados a gastos del gobierno.

La antigua empresa está colocada en estado de indefensión ante las fuerzas del mercado, sin modelo de acumulación que le permita sobrevivir a él.

La total flexibilización permite incrementar el volumen de transferencias del 17% actual al 24% de los recursos financieros del Gobierno, en detrimento de la inversión en la construcción del proyecto para satisfacer necesidades básicas de desarrollo nacional.

Para mantener su capacidad de interlocución y su defensa del recurso natural petrolero, la organización sindical requiere la transformación de su estructura de industria en una organización social de los trabajadores que permita incluir nuevas fuerzas sociales.

Después del análisis realizado es necesario preguntar: la estructura sindical horizontal propuesta ¿a qué política petrolera responde?.

La organización sindical del petróleo no puede ser resultado únicamente de la flexibilización laboral; tiene que responder también a las perspectivas y posibi­lidades que se piensan desde la fuerza del trabajo, desde la clase obrera, para el país.

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De una estructura integrada a una estructura...

BIBLIOGRAFÍA

ASOCIACIÓN SINDICAL DE OBREROS PETROLEROS, ASOPETROL. "Análisis del decreto 2719/93 y ios decretos 284/57 y Resolución 644/59". Elaborado por Héctor Peñuela y Pedro Galindo. Documen­to de Trabajo. Bogotá, 1994.

Booz ALLEN & HAMILTON D E COLOMBIA LTDA., ASESORÍA Y GESTIÓN, CÍA. LTDA.:

"Diagnóstico de las Actividades de Ecopetrol". Informe. Ecopetrol, Junio de 1995.

EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS. "Comentarios Sobre la Exportación de Petróleos Colombia­nos". Bogotá: Septiembre de 1985.

—. "Políticas Estratégicas y Metas del Sector Hidrocarburos". Documento de trabajo. Planeación cor­porativa, 1996.

—. "Reorganización Administrativa". Documento de trabajo. Planeación corporativa. Ecopetrol, 1996.

- . "Plan Indicativo de Gestión 1995 - 1998". Diciembre, 1995.

- . "Plan Indicativo de Gestión 1997 2000". Junio, 1997.

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES PETROLEROS DE COLOMBIA. "Informe ai XIII Congreso Federal". Barrancabermeja: agosto, 1975.

HERNÁNDEZ, Luis. "Petróleo Paz y Nación". En: Memorias Asamblea por la Paz. Agosto, 1996.

MERLANO, Alberto. "La política de la política petrolera". Ponencia ante al Congreso Minero. Ba­rranquilla: Mayo de 1996.

OIL AND GAS JOURNAL. Agosto 29 de 1994.

PEÑA, Alvaro. "Comparación de Beneficios Laborales". Documento de trabajo. Industria Colombiana del Petróleo, agosto de 1997.

STEVENS, Paul. "Panorama Global de la Industria del Petróleo". Ponencia ante el Seminario_Mercado Mundial de la Energía. Ministerio de Minas y Energía, Upme, agosto de 1997.

UNIÓN SINDICAL OBRERA. "Petróleo, paz y desarrollo". En: Memorias Asamblea por la Paz. Agosto de 1996.

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