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Asociación de Periodistas de La PazFundación Konrad Adenauer

Tertulia: Acceso a la información: los límites entre cierre y apertura[Transcripción del evento realizado el viernes 29 de marzo de 2012]

1. Palabras de Bienvenida.Dr. Iván Velásquez, Coordinador de la oficina de la KAS en Bolivia

Mis agradecimientos a la Asociación de Periodistas de La Paz a la cabeza de PedroGlasinovic por el evento del día de hoy, “Acceso a la Información, los límites entre el cierrey la apertura”. También quiero agradecer a Antonio Vargas, Fiscal General de la Asociaciónde Periodistas de La Paz. A nuestros expositores. La señora Guadalupe Cajías, Marcela Inchque nos visita en La Paz de Sucre, al señor Edwin Flores, Marcelo Tedesqui y Luis Oportepor el aporte y las exposiciones en esta noche.

En el programa Ustedes verán que Susanne Käss de la Fundació Konrad Adenauer iba ahacer las palabras de apertura, pero yo estoy en reemplazo de ella. Porque mañanaSusanne tiene un viaje a Alemania. Ella sale muy temprano y Aerosur le ha pedido que estécon más de tres horas de anticipación en el aeropuerto. Entonces, Susanne se disculpa contodos ustedes, pero para el siguiente evento nos va acompañar.

Simplemente voy a decir que la Fundación está de aniversario. Son aproximadamente 50años que la Fundación Konrad Adenauer comenzó su trabo a nivel internacional ybásicamente, la primera oficina en Latinoamérica abierta por la Fundación KonradAdenauer fue en Venezuela. El joven presidente Rafael Caldera, cuando los años sesenta,visitó Alemania y específicamente visitó al canciller Konrad Adenauer; le solicitóexpresamente que Alemania pueda extender sus lazos de cooperación haciaLatinoamérica y Konrad Adenauer decidió abrir la primera oficina en Venezuela. Lasegunda oficina se abrió en Chile y básicamente desde las oficinas de Chile se hacíantrabajos y proyectos en Bolivia, hace 40 años. Con oficinas propias estamos hace más de35 años trabajando ya en Bolivia.

La Asociación de Periodistas de La Paz, quiero destacar, es una contraparte que trabajacon nosotros hace muchos años atrás, pero desde que yo regresé de Alemania, en el 2007,el directorio a la cabeza de Pedro Glasinovic, que ha trabajado con nosotros junto a suequipo, muy dinámicos. Los eventos que hemos hecho con ellos han estado muyinteresantes, no solamente por la coyuntura actual que estamos viviendo todos, sino porel dinamismo y el profesionalismo de todo el equipo de Pedro. Quiero felicitar y agradecertoda la colaboración que nos han dado y prácticamente nosotros nos hemos sentido muyapoyados con el proyecto que hemos tenido con la APLP.

También quiero agradecer al Fiscal General de la Asociación, Antonio Vargas, porque conél básicamente hemos hecho un estudio muy interesante, una investigación que ustedesla han tendido y han podido estar con nosotros. Básicamente, Antonio, muchas gracias portoda la colaboración, el profesionalismo en tu investigación. Simplemente cierro con eso yagradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta noche y a los expositores también.Muchas gracias.

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2. Presentación de los expositores.Lic. Pedro Glasinovic, Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.

Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por los conceptos; es nuestra obligación yestamos muy satisfechos por haber contribuido en el debate de estos temas que son deimportancia para nuestro país.

Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra compañera Lupe Cajías, periodista ehistoriadora. Esta es tu casa. Orgullosos de verdad de tener a Marcela Inch con nosotros,historiadora, ex directora del Archivo Nacional de Bolivia, un trabajo impecable el quehecho ella en Sucre, así que estamos de veras muy orgullosos. Bienvenida Marcela a laAsociación. Y a nuestros compañeros y colegas, Edwin Flores, docente de periodismo,investigador y a Marcelo Tedesqui, editor de Seguridad de Página Siete. Bienvenidostodos.

Quiero decirles que esta actividad se realiza gracias a la cooperación de la FundaciónKonrad Adenauer y esta es la última que vamos hacer durante esta nuestra gestión. Lesagradecemos, por supuesto, y deseamos que Susanne le vaya muy bien en su viaje aAlemania.

Cuando los ciudadanos acudimos a las urnas y con nuestro voto formamos gobierno,construimos legislativos y delegamos soberanía, también entregamos, con ese acto deconfianza en la democracia, nuestra buena fe en las acciones de quienes se constituyennuestros gobernantes. Ese acto de confiabilidad contiene, además, la carga y laresponsabilidad de quién es beneficiado con ese voto. El gobernante o representante queresulta ungido en las urnas recibe el mandato de administrar la cosa pública, pero tambiénla carga moral de hacerlo con transparencia, honestidad y eficiencia.

El libre acceso a la información pública es el mecanismo que garantiza que ese principio dela transparencia se cumpla con rigor para evitar que la corrupción, la irresponsabilidad y elabuso de poder utilicen la confianza del pueblo para beneficiar intereses sectarios ypersonales. Sin transparencia no hay fiscalización y sin fiscalización no hay manejocorrecto de la cosa pública. Por esta condicionante, tan profunda como ineludible, laConstitución Política del Estado establece como derecho civil y político de los ciudadanos,el acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de maneraindividual y colectiva en el inciso seis de su artículo 21. De manera concordante, elparágrafo 106 de la Ley de Leyes establece que el Estado garantiza el derecho a lacomunicación, el derecho a la información.

En el mismo tono, el artículo 232 de la Constitución determina que la administraciónpública se rige por los principios de publicidad, transparencia y honestidad. El artículo 235de la Carta Magna define que son obligaciones de los servidores públicos cumplir laConstitución y las leyes, prestar declaración jurada de bienes, rendir cuentas sobre lasresponsabilidades económicas y políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de lafunción pública. En su faceta garantista y para preservar el pleno ejercicio de este derecho,la Constitución ha previsto la acción, protección de privacidad y en su artículo 130 facultaal ciudadano a interponer ese recurso ante cualquier juez o tribunal competente para

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conocer, objetar u obtener la eliminación o la rectificación de los datos registrados porcualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos o bancos de datospúblicos o privados.

No obstante estos mecanismos que garantizan el acceso a la información pública, la CartaMagna determina la obligación de los funcionarios públicos de guardar secreto respectode las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas, incluso después dehaber cesado en las funciones, según el artículo 237, inciso dos. Es en este último artículodonde radica el tema central de nuestra tertulia.

Como periodistas que hacemos el ejercicio de la libertad de expresión una profesión,reclamamos el acceso libre e irrestricto a la información pública, pero el Estado, comoinstitución de orden político, asume para sí la facultad de definir qué es secreto y qué espúblico. ¿Cuál es el límite del ejercicio del derecho de acceso a la libre información?¿Quién determina cual es información secreta y cual es pública?

Como aporte inicial, me permito sugerir que debe considerarse como información públicatoda aquella que afecte los intereses de la ciudadanía, pero dejaré que este dilema searesuelto por la participación de nuestros invitados y las contribuciones del auditorio. Comoposición institucional y personal, reiteraré que sin libertad de expresión no haydemocracia y que sin información transparente, no hay libertad de expresión. Con estaspalabras quiero dar inicio a esta nuestra tertulia, al agradecer nuevamente la presencia detodos ustedes y a nuestros invitados y pedirle a nuestro fiscal Antonio Vargas que vaactuar esta noche como moderador.

A ustedes muchas gracias.

3. Presentación de la temática y metodología.Lic. Antonio Vargas, Fiscal General de la Asociación de Periodistas de La Paz.

Muy buenas noches, reitero la bienvenida a todos nuestros invitados. A la licenciadaMarcela Inch, a la licenciada Lupe Cajías, al Licenciado Flores y al Licenciado Tedesqui.Agradecer, una vez más, a la fundación Konrad Adenauer que hace posible estos espaciosde reflexión, de debate y análisis de todos aquellos puntos que hacen no solamente alejercicio y la práctica del periodismo, sino también a la construcción y a la vidademocrática.

La metodología que tenemos para esta tertulia, es la exposición de los expertos invitados.Cuatro expertos, aunque lamentamos mucho la ausencia del Licenciado Oporto que debióhaber dado la ponencia sobre cuáles son los mecanismos de acceso a los archivos queestán en la Vicepresidencia; él se excuso, indicando que tenía una actividad académica.

Señalo también, que de manera contextual, debemos hacer un poco de memoria de cuáles la última vez que esta Asociación ha estado reunida con el poder político constituido,vale decir, con aquellas dependencias del gobierno que de alguna manera han intentadoelaborar una ley de acceso a la información. Les hago recuerdo que en este momento, elinstrumento jurídico, que está directamente relacionado con el derecho al acceso a lainformación, es el decreto supremo 28168 que tiene algunas limitaciones y que se supone

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que debería haber una ley que proponga un ejercicio realmente completo del acceso a lainformación.

Quiero señalar que la última vez que esta Asociación ha estado reunida con el poderpolítico fue en ocasión de presentar una carta el 17 de septiembre de 2010 a raíz de unanteproyecto de ley que se nos hizo llegar y sobre el cual hicimos conocer nuestrasobservaciones. Las observaciones no solamente fueron de esta institución, sino tambiénde la Confederación Sindical de los Trabajadores de la Prensa de Bolivia, de la AsociaciónBoliviana de Radiodifusoras, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Acontinuación leeré la posición institucional respecto de la regulación del derecho a lainformación. –La carta estuvo dirigida a la doctora Dubeiza Palacios Maldonado, que enese momento era la Viceministra de Prevención, Promoción, Ética y Transparencia delMinisterio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Estado Plurinacional deBolivia. Señala:

Distinguida Viceministra. Por este intermedio hacemos llegar a su autoridad nuestras observacionesal proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública, las cuales tienen comopropósito, enriquecer esta norma para que sus mandatos contribuyan efectivamente a latransparencia de las acciones en el manejo de la administración pública y a la posibilidad y garantíadel acceso a la información que se encuentre bajo custodia administración o tenencia del Estado.

Como es de conocimiento suyo, todas las instituciones que suscriben la presente han coadyuvadojunto a pasadas administraciones y, de igual manera, con la actual en la elaboración de una norma detransparencia y acceso a la información pública. En este sentido, nuevamente nos podemos a sudisposición para trabajar de manera conjunta y coordinada entre nuestras instituciones.

Nuestra comprensión del derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, de latransparencia en la administración pública, es y ha sido siempre desde la visión ciudadana y no, comose ha dicho en algunas ocasiones, como un atributo exclusivo de nuestro gremio. Este deber ser es elpunto desde el cual queremos que se retome el diálogo y que, además, aunemos voluntades, a favorde nuestra sociedad. Nuestras observaciones.

Art 1. Objeto. “La presente ley tiene por objeto regular la transparencia en la gestión pública ygarantizar a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de acceso a la información pública que seencuentre bajo custodia, administración o tenencia del Estado”. Observación: Se debe indicar queadministración o tenencia del Estado, en cualquiera de sus niveles de gobierno; esto afín deadecuarse a los nuevos niveles de gobierno que aparecen en la Constitución Política, vale decir,nacional, departamental, regional, provincial, municipal e indígena.

Art 2. Fines. “Los fines de la presente ley son: determinar los procedimientos y mecanismos ante laadministración pública para la transparencia y el acceso a la información que cursa en su poder”.Observaciones: A pesar que indica que la norma determinará los procedimientos y mecanismos,deja muchos puntos suspensivos que no son lo suficientemente claros en el texto que sigue a esteartículo. Tales son: a) No se especifica en cuál de los idiomas procederá la petición de acceso a lainformación, tampoco si la respuesta deberá ser en castellano o en el idioma en el que se hizo lapetición. Esto es particularmente importante si se considera que de acuerdo con la Constitución,además del castellano, se consideran 36 idiomas oficiales. b) Sobre la base de la observaciónanterior, cuando se manda que deberán existir unidades de transparencia en todas las entidadesprevistas por esta ley no se prevé el multilingüismo contemplado en la Constitución Política delEstado. c) También en relación con el idioma, no está previsto en la norma en cuestión, que casitodo el volumen de la información en custodia, administración o tenencia del Estado, se encuentraen el idioma castellano, por lo cual, corresponde preguntar, ¿cómo se puede garantizar el acceso ala información en un idioma que puede resultar incomprensible para el peticionario?

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Art 3. Ámbito de aplicación y alcance. Observaciones. a) Siendo que, también por mandato de laConstitución, el control social se constituirá en un ejercicio de la sociedad civil organizada paraparticipar en el diseño de las políticas públicas, entonces los resultados de este ejercicio,debidamente registrados deben ser susceptibles de ser escrutados, por tanto, cuando se habla deámbito de aplicación y alcance, en esta norma el control social debe estar explícitamentemencionado. b) De igual forma, las universidades de todo el sistema público deben estar incluidasen este artículo. c) Así también debe mandarse que toda la información generada por lasorganizaciones no gubernamentales, que prestan sus servicios en el país, deberían estar sujetas almandato de esta norma.

Art 9. Registros y archivos públicos. “Es responsabilidad de las entidades públicas y de las entidadesprivadas que prestan servicios públicos, crear, mantener y gestionar los archivos de informaciónpública de acuerdo a ley” Observaciones. a) De forma paralela y complementaria a esta norma,debería formularse otra de igual jerarquía que esté destinada a regular a los archivos, es decir, unaley de archivos, pues, sin este apoyo simultáneo, resulta bastante difícil garantizar eso en lugaresdonde se almacena la información, si estos, en muchos casos, no existen o son muy precarios parala prestación de sus servicios. b) En este sentido, aunque es válido para toda esta norma, deberíaestar establecido un mecanismo de financiación para la ejecución de sus mandatos que, sin quepor ello, las entidades previstas por esta ley, tengan que mermar sus presupuestos, más aún si setoma en cuenta que el cumplimiento de las normas es inversamente proporcional a la distancia delos centros de decisión, sean nacional o departamental, entre otros.

Art 14. Informe de gestión gubernamental. “El Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de laPresidencia, publicará un informe de lo realizado durante su administración con la anticipaciónnecesaria a la fecha establecida para el cambio de gestión de gobierno”. Observaciones. a) Si lo quese busca es que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de las acciones gubernamentales sinimportar del nivel que se trate, un informe de gestión es insuficiente, pues la norma debería preverun informe anual, además de toda la gestión. b) En los informes anuales deberían preversemecanismos de consulta ciudadana que planteen los puntos sobre los cuales es necesaria lainformación afín de tomar las acciones democráticas correspondientes.

Art 15. Información de la Procuraduría General del Estado. “La Procuraduría General del Estadodeberá publicar y difundir la información pública siguiente: i) Denuncias presentadas por el controlsocial. ii) El tratamiento y procesamiento de ellos y los resultados obtenidos. Observación. Unadenuncia, más todavía si está en etapa investigativa puede destruir el buen nombre de unapersona, por lo cual, deberían ser públicas sólo aquellas denuncias que, habiendo sidocomprobadas, no dejan lugar a la duda o a la sospecha.

Art 29. Procedimiento. “La solicitud de información escrita deberá contener: i) el nombre completodel solicitante. ii) Descripción o detalle claro y preciso de la información solicitada. iii) Información decontacto para recibir notificaciones y recibir información. Observaciones. a) En cuanto al nombre delsolicitante, la norma debería señalar que se verificará esta información, pues no se puede negar anadie el acceso a la información, siempre y cuando los datos de identificación sean fidedignos. b)En cuanto al carácter claro y preciso de la información solicitada, la norma debería remitir a unconjunto de requisitos mínimos que debería tener la petición de información para ser clara yprecisa.

Art 37. Informes al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.Observaciones. a) La norma de referencia deja claro que el regulador es también el regulado, estafigura desmerece todo intento por transparentar sus acciones o por validar sus intervenciones. b)Debería contemplarse la creación de una entidad que sea autónoma del poder político constituido,de forma tal, que no quede lugar a dudas de su independencia. Esta entidad, debería estarformada por los representantes de las entidades previstas por ley.

Art 42. Excepciones en el acceso a la información. Observaciones. a) Al estar relacionada lainformación recogida por los periodistas, tanto con la seguridad interna o externa del Estado, nopuede dejarse sobreentendido que la reserva de fuente corresponda a la información confidencialen la figura del secreto profesional, en todo caso, debe mencionarse explícitamente que la reservade fuente es un secreto que el Estado Plurinacional debe guardar celosamente y por lo tanto, su

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clasificación corresponde a la más alta excepción prevista por la norma. b) Sobre la base de loanterior, el tratamiento de la reserva de fuente debe remitir directamente a la Ley de Imprenta yno, como señala la norma, a una simple orden judicial.

Art 43. Plazos. Observaciones. a) Los plazos deben guardar relación con el ciclo de los archivos, locual refuerza nuestra observación relacionada con la complementariedad de una Ley de Archivos ala presente norma, de tal manera que la información a su paso por la estructura organizativa de lasentidades previstas por la ley tengan relación en el acceso a ella. b) Los límites temporales para ladesclasificación de la información son excesivos y que éstos deberían ser concordantes con elriesgo o beneficio que el Estado Plurinacional tendría al hacer pública la informacióndesclasificada.

Art 44. Clasificación de la información Pública. Observaciones. a) La norma en cuestión, cuando seremite al texto constitucional, artículo 237, no prevé que en la carta constitucional se entremezclenpor igual, términos secreto y reserva, cuando por lo manifestado en el artículo 42 de esta norma,no se trata de términos homologables, de la misma manera, en toda la legislación vigente en elpaís se pueden encontrar casos similares, por lo que debía haberse hecho una revisión exhaustivapara evitar esas contradicciones. b) El responsable de la clasificación e información no puede ser lamáxima autoridad de las entidades previstas por ley, en todo caso, ésta debe sugerir a una entidadautónoma independiente del poder político constituido, y creada para cumplir la funciónreguladora de la norma, la clasificación de la información en su poder o que haya sido generadapor la entidad de la cual es la máxima autoridad.

Llama la atención que no se prevea un tiempo para la implementación de la norma en cuestióndebido a que, como ha hicimos notar, el cuerpo vigente normativo del país tiene algunasinconexiones que pueden resultar en contravenciones de los mandatos de este anteproyecto

Sin otro particular y manifestando nuestras consideraciones más distinguidas, quedamos a la esperade sus comentarios para que nuevamente podamos dialogar de manera franca, abierta y sincera. Conatención, las organizaciones mencionadas.

Hasta este momento no tenemos respuesta. Por lo tanto, cuando a veces, en los discursosque vienen de algunas autoridades de gobierno se dice, primero, que nosotros no somospropositivos, pues aquello no es cierto y segundo, nosotros siempre hemos y vamos aestar abiertos al diálogo en iguales condiciones y en el marco del respeto mutuo. Muchasgracias.

4. “Reseña sobre el marco normativo del acceso a la información”.Lic. Guadalupe Cajías, Historiadora y Periodista.

[Presentación apoyada con filminas en Power Point]

Muy buenas noches. En primer lugar saludar a nuestro anfitrión, el Presidente de laAsociación de Periodistas de La Paz y compartir la testera con alguien como Marcela Inch,que en realidad, sin que lo sepamos, ha hecho el principal trabajo para que haya acceso ala información, que es institucionalizar y perfeccionar los archivos del Estado. Y tambiénestar con Marcelo y con Edwin que se han distinguido por ejercitar el periodismo deinvestigación que tiene, como una de las herramientas más importantes, el acceso a lainformación pública. Saludar a los ex presidentes de nuestra entidad, a los premiosnacionales y a las ex presidentas del círculo de mujeres periodistas.

Además, me encanta ver que cada vez estamos combinando más las distintasgeneraciones de este nuestro quehacer que abarca tanto el periodismo como lacomunicación y la investigación en comunicación.

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Voy a intentar dar brochazos de lo que es el contexto tanto internacional como nacional,de la legislación vigente. Y creo que será muy importante guardar unos minutos parapreguntas que tengan ustedes y que se puedan resolver en este ámbito.

Así, que quiero entrar a ver los antecedentes internacionales para lo que es el tema deacceso a la información. Muchas veces se tiene una confusión en pensar que laConvención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Bolivia en 1997, tiene unartículo relacionado con el acceso a la información. Recién se resolvió poner este tema enla reunión de Buenos Aires, donde se creó además el mecanismo de expertos para evaluarcómo iban los distintos países avanzando en el tema de prevención y lucha contra lacorrupción y a partir de esa primera ronda, se incorporó el tema de acceso a lainformación.

Hay que señalar que desde aquella fecha a la actualidad, por lo menos mi último dato esde fines de 2011, 23 países de la región han avanzado con una legislación específica yvarios consideran al derecho a la información en sus constituciones. Es importante señalarque hay una práctica interesante en países como México, Ecuador y Perú con muchaactividad y apoyo de los periodistas y en Panamá, donde hay un link, digamos así, con elDefensor del Pueblo, una modalidad que se ha considerado, en su momento, como unmodelo para seguir.

¿De dónde sale este tema de acceso a la información pública? La Declaración Universal deDerechos Humanos, que data de 1948, que tanto habla de libertad de expresión como delos límites de la libertad (a veces, algunos periodistas nos olvidamos de aquello) y de laresponsabilidad en el manejo de la información y de la libertad de expresión.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ya data de los años sesenta, laConvención Interamericana que, si bien fue firmada –oh paradoja– por los dictadores delos años sesenta en el continente, recoge muchísimo de la declaración universal y nos haservido de paraguas también para apoyarnos también para apoyarnos en este derecho a lainformación. Esto tuvo casi dos décadas de poco interés, bueno, recordemos lo que estabapasando en la región, en el continente, hasta que el 96, con el impulso de Venezuela y deBrasil, por todo lo que pasaba en esos países, se impulsó, en primer lugar la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción, la CIC, que es el primer instrumento internacionalconjunto que existe que permitió trabajar en distintos espacios del continente pararelacionar la lucha contra la corrupción con el instrumento de prevención que es el accesoa la información.

Entonces, tenemos, el Plan de acción de la tercera cumbre de 2001, la declaración del2004, la resolución de la OEA del 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresiónde la OEA, la Carta Democrática Interamericana, que realmente hay que conocerla endetalle, nos favorece muchísimo. La declaración de Jefes de Estado de la Cumbre de lasAméricas en Santa Cruz de la Sierra, muy poco después de octubre de 2003 y fueimportante conseguir que esto quede plasmado en un documento, en una declaración queluego ha sido repetida por otras reuniones.

Después se firmó, el 2003, y Bolivia aprobó y ratificó mediante su Parlamento el 2005, laConvención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este instrumento recoge mucho

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de lo ya habíamos avanzado en América Latina y pone un articulado específico sobre elacceso a la información pública y luego en la Asamblea de la OEA, en Lima, que ha sido elaño pasado, se ha trabajado el tema y se aprobó la Ley Modelo sobre Acceso a laInformación que merece una reunión específica sobre este tema.

Los antecedentes en Bolivia. Como bien detallaron tanto Pedro como Antonio, el temaestá en la Constitución Política del Estado y este es un paso que se ha logrado por laacción, la gestión tanto de las organizaciones de prensa como de entidades que hemosintentado trabajar aprovechando algunos espacios para que los constituyentes recojaneste tema del derecho a la información que va mucho más allá que el derecho a la libreexpresión.

Pero, hay algo que se debe subrayar. En los debates de hace 10 años había ciertaignorancia de parte nuestra, de parte también de muchos colegas y de parte de los queintervenían en el debate que en Bolivia ya existe una amplísima legislación tanto en leyescomo en decretos para acceder a la información. La Ley SAFCO es un primer instrumentopara ello y data del 92, pero ya estaba en sintonía con esto de modernizar el Estado. Sesupone que acceder a la información es el reflejo de un Estado moderno, democrático ylibre; y la ley SAFCO, al disponer que toda información útil, oportuna y confiable,asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros, hizo, y estoseguramente, Marcela también nos va poder contar, hizo que las entidades públicas queestaban en un gran desorden, sobre todo de los archivos administrativos, tengan laobligación de ordenarlos antes del archivo histórico.

Además, algo que es muy poco usado, hace que la Contraloría, que hasta por lo menos el2002 fue una Contraloría institucionalizada, ponga en su página web todas lastransacciones que se hacían desde el Estado. Ahí, los periodistas un poco nos hemosaplazado, porque estaban hasta los cheques que se pagaban y todos los informes conindicios de responsabilidad. Sabemos que la Contraloría no acusa ni dice quien es culpable,pero uno podría entrar a ver una serie de cruces donde aparecía tal empresa constructora.Había muchísima información que lastimosamente ahora no hay.

La Ley de Procedimientos Administrativos que va por el mismo sentido y la Ley delFuncionario Público que se firma en el gobierno de Banzer-Tuto Quiroga. Hay quereconocer a este gobierno el esfuerzo que hizo para el acceso a la información pública y elEstatuto del Funcionario Público es básico. Además, es una respuesta clara y puntual a loque demanda la CIC. Uno de los temas es la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Estadeclaración, en el caso de Bolivia, es una de la más adelantada del continente. Porejemplo, en México no se permite que sea público ni siquiera el extracto final por el tema,de lo que ellos señalan que puede ser peligroso, porque la delincuencia organizada podríaemplear esta información para cometer secuestros, por ejemplo. Esto sucede también enColombia.

En el caso de Uruguay, solamente se limita a un muy pequeño grupo de funcionariospúblicos. En el caso de Bolivia, todos los funcionarios públicos, incluyendo maestros,tienen que hacer esta declaración jurada y no es para provocar escándalo sino para teneruna información que permita hacer seguimientos. A esta información se accedía con

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facilidad en la página de la Contraloría y ahora les invito a realizar el ejercicio. Se vanasombrar de poner nombres muy famosos actuales y que aparecen en blanco.

Pero, además, el mecanismo de seguimiento en la SIC aconsejó a Bolivia, como a otrospaíses que se hagan cruces de información por sorteo, no por preferencia política, deamigos o enemigos. Si no un sorteo de donde salgan 10 personas políticamente expuestasy se cruce su información con los impuestos que pagan, con su estilo de vida y con otrainformación que permita ver que se han hecho declaraciones correctas.

Hay una noticia que no la he podido comprobar, porque también a veces hay problemaspara entrar a la página web de la Contraloría, que varios de los elegidos en los comiciosjudiciales no habrían hecho sus declaraciones de renta. Esto es delito penal y está vigente.No sé cómo es posible si van a ser magistrados o van a estar debatiendo laconstitucionalidad de distintos documentos o amparos y que no hayan hecho sudeclaración jurada. Entonces, les invitaría también a leer con detenimiento el Estatuto delFuncionario Público todavía vigente.

La Ley de Municipalidades, no me voy a detener mucho en ello porque ustedes saben seestán cambiando ahora muchos elementos, pero sí quiero recordar lo que fue laParticipación Popular desde 1994 que siempre la he presentado en distintos forosinternacionales como Bolivia se adelanta a muchos temas como el Comité de Vigilanciaque establece el derecho del vecino para acceder a la información de su municipio y loque fue el diálogo del año 2000 que termina en esta ley que permite el acceso a lainformación de todo lo que era el manejo de los recursos y lo que estaba pasando a nivelde los departamentos y hacer el seguimiento con el Ministerio de Hacienda y con losproyectos y todo esto ya estaba en las páginas webs en los años 2000 y el 2001.

Algunas fundaciones y ONG’s han aprovechado esta información, junto a algunosinvestigadores. Pero, creo que a nivel de periodistas, ha habido poco aprovechamiento.Igual que ha habido poca práctica, salvo unos 20 colegas, de ir a los archivos históricos queestán a disposición del público. Hice la averiguación en la Vicepresidencia hace cuatroaños. Dos periodistas habían ido y los dos eran deportivos para hacer estadísticas. Allí hayuna fuente riquísima de información.

Están los decretos que complementan la Ley SAFCO con todo lo que es la responsabilidadcon la función pública y muchos instrumentos como el SICOES, la Gaceta oficial deConvocatorias.

En varias normas se hallan elementos para acceder a la información. Tengo registradascomo 30 páginas de distintos artículos, de diferentes normativas que nos muestran que losaños 90 ya hubo del intento de poner, por lo menos, el tema de transparencia y acceso a lainformación.

A mitad del año pasado, hice el ejercicio con periodistas de Santa Cruz para ver queencontrábamos en la página oficial del gobierno, lo quera “comunica.gov.bo”. Un ejerciciocuyos resultados he publicado en el semanario Época: La Gaceta Oficial estaba retrasadados meses, los nombres que aparecían como autoridades se incluyen a gente que hacemucho había dejado el cargo, como Gustavo Torrico, la Ministra de Salud. Estos

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instrumentos (página web) no se están aprovechando actualmente como se podríanaprovechar y que en realidad ya había una práctica. Les recomiendo hacer el ejercicio derevisar enlaces en ABI, vayan a los ministerios, vayan a ver cómo pueden conocer lo quese ha gastado en un municipio o un proyecto del gobierno.

El Ministerio de Economía tiene mucha información. Es una fuente inagotable deinformación y muy bien trabajada.

Hay estos instrumentos. El SICOM, el SICOES, la declaración jurada, los TIC’s, el SIGMA quepermite, y ese era su destino, que todo lo que era gestión, no solamente administrativa,sino, por resultados, como nada la ley SAFCO, esté en lo que es el gobierno electrónico yluego están los dos instrumentos más importantes. El 27320 de enero del 2003, queprovocó tanto quilombo y que se basaba en la declaración de Lima pero quelastimosamente no conocían lo que se había trabajado a nivel internacional y el DS 28168que se trabajó en gran parte con los colegas y sin perder de vista, como bien decíaAntonio, que si bien había este apoyo de los periodistas, el instrumento está destinado alciudadano, para que el heladero de la esquina tenga y ejerza el derecho de pedirinformación sobre lo que está pasando en su barrio o está pasando con la compra dearmas de las Fuerzas Armadas.

Pero al ser decretos solo se queda en el Poder Ejecutivo, pero prácticamente no hubo unaimplementación, hubo cuatro ensayos de estrategias voluntarias de transparencia, incluíana una entidad, por ejemplo, como la Aduana que en ese momento tenía un buen sistemade archivo, pero los sucesos que todos conocemos interrumpieron las dinámicas que sepodían implementar y también al haberse hecho discusiones muy largas permanentes, noha habido la práctica suficiente como para decir, esto sirve o no sirve.

En todas estas normativas tanto nacionales como extranjeras ya se ha establecido conmucha claridad qué podemos pedir como acceso a la información.

Quiero recordarles lo positivo; lo que ya debería estar sobre todo en las páginas webs demanera electrónica y que sirva para alguien que está en Pekín o que está en Sídney puedaacceder a la información. Esa es la idea para que se pueda hacer seguimiento a la gestión,sin importar su idioma, su nacionalidad y desde donde esté.

Además, hay algunos temas específicos que nos interesan. Por ejemplo y ya lo ha dichoAntonio Vargas y es la posición de la Asociación que es muy importante señalar, haymuchas dificultades en las definiciones; tanto en la Constitución actual, ya sacamos unartículo específico en la prensa, como en el proyecto de ley.

Pero veamos: ¿Quién es funcionario público? Ahora, un funcionario público será alguienque milite en un partido. No es pues así, lastimosamente está bien claro en esta Ley Marcay la actual Constitución mezcla algo de la ley SAFCO con el Estatuto del FuncionarioPúblico, pero si no sabemos quién es funcionario público y cuáles son los niveles delfuncionario público, cuando es de libre nombramiento o cuando es de carrera, vamos atener muchísimas dificultades conceptuales para aplicar el acceso a la información yestablecer responsabilidades.

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También está ahí el alcance y la finalidad de la información proactiva. El tema de las guías.Antonio, aquí puedes tener muchas respuestas a las preocupaciones de la Asociaciónporque el tema es que tenemos que trabajar con guías previas, porque no se trata de queuno pregunte de pronto para que le respondan lo que ha sucedido en una entidad durantelos últimos dos años. Hay que trabajar específicamente qué se pregunta, cómo sepregunta y cada entidad tiene estas guías. Esta ley marco ya nos da modelos de guías.¿Cuáles son esas famosas excepciones? ¿Cuándo hablamos de confidencialidad? ¿Cuándohablamos de reserva? ¿Cuándo hablamos de secreto?

Además les recuerdo, que inclusive con la legislación vigente, el secreto termina a los 30años. O sea que todo lo que es el tema de dictaduras y, si estoy equivocada Marcela mecorriges, a los 30 años todo archivo es accesible. Es decir, ya no hay ningún argumentolegal que pueda decir en este caso las Fuerzas Armadas.

¿Y qué es privado? Por ejemplo, si yo estoy contagiada de VIH Sida y formo parte de lasestadísticas del Hospital General. ¿Tiene alguien derecho a saber mi nombre o sólo minúmero? ¿Qué puede saber el Estado de mí? Aquí surge, por ejemplo, una fuerte discusiónen Alemania, donde ha surgido una fuerte discusión porque hay Estados en Alemania quecolocan una cantidad de información sobre las personas ya de manera electrónica. Porejemplo, si a uno le encontraron borracho hace 15 años, eso está en su récord y cuando tequieres casar, tu futuro suegro ve el dato y bueno, se asustará, aunque ahora lo hace deforma voluntaria con el Facebook.

Esta es una discusión muy importante y nosotros dejamos un pequeño proyecto para quese hable también de la protección del dato privado.

Finalmente. He visto el último proyecto del Estado hace seis meses, no sé por qué peronos convocaron a un grupo, y ahí hicimos algunos punteos. Mi posición personal es que elactual proyecto a pesar de sus problemas de conceptualización, de desorden inclusive, esun proyecto que en los temas es coherente y recupera en gran parte los logros que hay enBolivia, de anteriores instrumentos, además está relacionada con la defensa de losDerechos Humanos y es importante intentar que ya exista esta ley, porque estamosdebatiendo 10 años y al punto que actualmente la ley ya no está en la agenda.

Es más, el tema de acceso a la información y lucha contra la corrupción cada vez estámenos en la agenda internacional. Si ustedes se fijan ya no es un tema prioritario como fueen la pasada década. Entonces, estamos perdiendo el barco y el tiempo y estamosperdiendo la necesidad de entrenar al ciudadano a ser capaz de acceder a la información.

Sobre los temas específicos de esta ley, me parece fundamental que el instrumento deltema de Acceso a la Información esté fuera del Ejecutivo y que sea una entidad como laDefensoría del Pueblo, que goce de autonomía, que regule este derecho. Se suponeademás, que incluso pueda ser un colectivo como sucede con el Instituto Federal deAcceso a Información de México que es uno de los mejores ejemplos actuales.

Hay contradicciones en el proyecto de ley, sobre todo que va a pasar con la LOFA, de lasFuerzas Armadas, y no se habla de lago que ha reclamado la Asociación de Periodistas decerrar el círculo con un trabajo sobre los archivos nacionales. No se nombran los

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mecanismos, no se toman temas adicionales. Hay contradicciones sobre el tema de lagratuidad. ¿Cuándo una solicitud es gratuita? ¿Cuándo debe cobrar el Estado? Imagínensecuando se pidan 2.000 fotocopias o una información que no está en la entidad. Haymuchos temas que ya han sido debatidos en las SIC, el mecanismo y a nivel de los paísesque pudieran ser útiles al proyecto.

Lo que nos quedaría es intentar que se apruebe cuando antes la norma, salvo que seintroduzcan temas que estén fuera. Creo que nos va servir muchísimo, en este momentohabló como periodista y ciudadana, respaldarnos en la Ley Marco de la OEA. Ya no habríamucho que discutir y casi se puede calcar esa normativa porque es como un instrumentoque ha sido diseñado para ser útil en todas partes, exista o no consagrado el derechoconstitucional a la información.

Es importantísimo que se trabaje, y me alegra mucho la presencia de Marcela, que setrabaje con profesionales en historia, en bibliotecología y en archivística. Va a serimposible acceder a la información si no hay archivos institucionales ordenados yaccesibles. Les podría contar muchas experiencias que he tenido estos años ayudando apequeños municipios en este tema, en el trabajo de los reglamentos internos. Una entidadtiene que definir antes cual es la información que no será pública y hay algo central que esel archivo de gestión que es donde está el problema. ¿Cuándo se termina un expediente?¿O puedo yo informar y dar a publicidad la carta que me ha llegado ayer? Y esto es lo quedebe establecer cada entidad como una guía general, pero cada organización, cadaministerio tiene especificidades. No es lo mismo la información del Ministerio de Trabajoque la del Ministerio de Hidrocarburos o la Cancillería.

Adicionalmente, es muy importante hacer talleres muy importantes para que se prepare alas personas. Ojalá que la Asociación pueda preparar equipos de periodistas a nivel de LaPaz y ojalá a nivel nacional para capacitar a entidades y éstas puedan capacitar a susmiembros y se haga una cascada para que se sepa realmente cómo pedir información.

Hemos tenido varias experiencias exitosas y quiero destacar que el Ministerio deHidrocarburos y sobre todo YPFB han entregado la información solicitada, que hay otrasentidades que no pueden entregar por el desorden interno que tienen, pero que hagamosel ejercicio y que en esta práctica se vayan resolviendo muchos problemas que trae estederecho. Muchas gracias.

5. “El acceso a los archivos, su utilidad y los procedimientos de desclasificación”.Dra. Marcela Inch, Historiadora y ex Directora del Archivo Nacional de Bolivia.

Señor Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, señores periodistas, queridaLupe. Agradezco a todos ustedes por tantas y tan caritativas palabras hacia mi persona.Les agradezco profundamente. Quiero saludar especialmente a Alberto Bailey, que lo veoallá, una cara querida, con quien he tenido oportunidad de trabajar más de seis años en laFundación Cultural del Banco Central de Bolivia y de quien recibí enorme apoyo para eltrabajo que se ha hecho en el archivo y bibliotecas nacionales.

Les voy a contar un poco mi experiencia como archivera. Comenzar estas palabrasrecordando que a finales de la época moderna, ya varios países de Europa, empezaron

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abriendo sus archivos a un público mucho más grande que el que había accedido en laépoca antigua y en la edad media.

Hay archivos desde que hubo sociedades organizadas y el acceso a esos archivos erabastante amplio, por ejemplo, en Grecia. Se dice que fue la Revolución Francesa, en elsiglo XVIII, la que permitió poner los documentos ya sin interés para el Estado a disposiciónde los investigadores, sin embargo, según Robert Henrry Bottier, esta afirmación es unverdadero mito, hay muchos mitos entorno a la Revolución Francesa y este es uno deellos, ya que antes de 1789, los documentos públicos de Francia eran librementecomunicados al público y más bien fue la convención la que limitó su consulta.

Como quiera que sea, este país creó en 1794 su Archivo Nacional para dar acceso a losdocumentos públicos e históricos. A partir de ese momento, los Estados europeos imitarona Francia abriendo sus propios archivos nacionales y por supuesto, abriendo el acceso a lainformación.

Esta política daría también lugar a la división de los archivos en históricos yadministrativos. Los administrativos son los de las oficinas. Los primeros, los archivoshistóricos, eran los consultables, en cambio los segundos, los administrativos eran los noconsultables, es decir los vedados a la consulta de los ciudadanos.

Fue Suecia el país pionero en reconocer a través de su real ordenanza sobre Libertad dePrensa, del año 1776, que los ciudadanos tenían derecho de acceder a los archivosoficiales. Pero será hacia la década de los años sesenta y setenta del Siglo XX, con laexpansión de la democracia como modelo de organización social, que se impone elconvencimiento que los archivos del Estado se manejan y se conservan en beneficio de losciudadanos, lo que han mencionado tantas veces. Siendo al mismo tiempo estos archivosla garantía de la transparencia de la actividad del Estado.

En pleno Siglo XXI el derecho de acceso a la información pública ha ganado indiscutibleconsenso internacional y con ello la conciencia de la necesidad y de la utilidad de losarchivos administrativos para garantizar la transparencia en el manejo del Estado.

Los archiveros estamos muy felices ahora que nos mencionan tanto y que nos sientan tanútiles, porque antes éramos lo último de las instituciones. Seguimos siendo, pero gracias alos periodistas estamos pasando a ocupar un lugar bastante importante en la sociedad.

La aplicación generalizada en el mundo occidental del principio del derecho ciudadano deacceso a la información pública ocasionó grandes efectos en la gestión de los archivos y losdocumentos, viéndose sus administradores en la necesidad de alcanzar nuevos y altosestándares de calidad en las tareas de control de fondos, los fondos documentalesobviamente.

Han sido, sobre todo, los archiveros de los países que se encuentran en la vanguardia de lainformación como son Estados Unidos, Australia, Canadá y los países europeos los que hanrespondido de manera más categórica a estos desafíos. No obstante, la necesidad dereformas no podía quedarse únicamente en la teoría y práctica archivística. Esta alcanzólas legislaciones que debieron ser coordinadas y armonizadas con las nuevas leyes sobre el

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acceso a la información y a la inversa, quedando establecido que las reglamentacionespara el acceso a la información, en adelante tendrían que realizarse según principiosarchivísticos normalizados, es decir, que aquellos Estados democráticos se vieronenfrentados a la necesidad de implantar nuevas políticas, unas dirigidas al libre acceso a lainformación pública y otro a las archivísticas, cada una con su respectiva normatividad,pero coordinadas.

Las normas legales bolivianas, relativas a los archivos, todas consistentes en decretossupremos, no contemplan en sus articulados de manera específica el acceso a los archivosy a la información contenida en ellos, porque son bastante anticuados.

Quiero hacer notar una cosa. Antes que usar el término ‘acceso a la información’, hablo de‘acceso a los archivos’. Los archiveros consideramos que es más adecuado referirse a losarchivos porque la información es algo etérea y que la información la encontramos en losdocumentos, por eso hablamos de documentos y archivos. ¿Cómo podríamos almacenaralgo que es etéreo? Que no tiene cuerpo, algo que sí tienen los archivos. Alguna vez mepreguntan: ¿Cuántos metros lineales de información tienes? Ni medio centímetro, ni unmilímetro, porque no se puede medir la información, en cambio sí los documentos yhablamos en metros lineales. Por ejemplo, el Archivo Nacional tiene más de 7.000 metroslineales de documentos.

Si bien estos decretos supremos no se refieren al acceso, a la información y a los archivos,si lo hace el proyecto de ley del sistema nacional de archivos que se encuentra en laAsamblea Legislativa desde hace cuatro años. Fue un proyecto que se inició en el archivo ybiblioteca nacional, fue debatido en varios congresos con los archiveros de todo el país yluego surgió otra propuesta de parte de la Biblioteca y el Archivo del Congreso; secompatibilizaron las dos propuestas, los dos proyectos y el resultado de ello, se presentó alo que era, todavía en ese momento, el Congreso. Sigue allá, después de cuatro años fueaprobada en grande esta ley. Pero, me enteré hace más o menos un mes que este tema hapasado al Ministerio de Hacienda. No conozco porqué razón. Es una ley sobre la que hayque prestar atención y ver qué pasa. Tiene bastantes articulados con relación al acceso a lainformación y he leído la ley modelo de la OEA y me impresioné por las similitudes.

Dejando de lado este proyecto, voy a pasar a mencionar que entre las normas legales envigencia, estos decretos supremos, hay uno que tiene relación con el tema que nos estáocupando esta noche. Uno de ellos, el más importante, es el 23934, del 23 de diciembrede 1994 que prevé en varios de sus artículos la accesibilidad a los archivos en sus fasesadministrativas. Accesibilidad no acceso.

Para dejarme comprender, hago notar que el término accesibilidad significa en archivísticala posibilidad de consultar documentos de archivo, es decir, la posibilidad del examendirecto de la documentación por parte de los usuarios que depende, entre otras cosas, delas normativa vigente, de su estado de conservación, documentos en mal estado no sepueden consultar, y del control archivístico. Mientras que el concepto de acceso hacereferencia al derecho de los ciudadanos a consultar la documentación.

La accesibilidad y el acceso a los archivos, a la información que está en los archivos, noobstante son dos conceptos vinculados. No podrá haber acceso si antes las

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documentaciones no han pasado por el laborioso tratamiento técnico que las haceaccesibles y sobre este aspecto queremos detenernos un poco, porque es importanteanotar que por muy adecuada que sea una legislación de acceso a la información, losarchivos pueden estar cerrados en la práctica si no se hallan organizados, si no disponende instrumentos de consulta o no cuentan con las condiciones materiales necesarias parasu acondicionamiento.

Citamos un ejemplo que nos ayuda a sopesar mejor esta situación. La Directora delArchivo General de Yucatán, México, sostenía en una reunión muy similar a esta que enMéxico la administración pública por una deficiente accesibilidad a los archivos tuvo queresponder más de 15.000 veces que no existen los documentos ante las consultas hechaspor los ciudadanos entre 2003 y 2009. Más de 15.000 preguntas.

De esta forma, mientras los archivos no se encuentren debidamente organizados ydescritos, son sólo un montón de papeles revueltos e inútiles para la información y lainvestigación. Para que los archivos sean tales y cumplan con su finalidad de informar demanera expedita, precisa, completa, sencilla, oportuna y sujeta a plazos, como tiene quehaber sido tratada técnicamente, de acuerdo a principios y normas estandarizadas.Principios universales que existen en la archivística actual y normas estandarizadas. Han deser alojados, además, en instalaciones adecuadas. Lamento no haber traído fotografíaspara que vean ustedes el estado de los archivos en la administración pública boliviana.

Pero además los archivos han de estar atendidos por profesionales en la materia. Porquelos archivos administrativos en Bolivia están en manos de las secretarias. Y que bien queestén en manos de las secretarias, no tengo nada contra ellas, pero es que de los institutosde donde vienen… realmente quisiera que se revisen esos pensum de esos institutos. Lamateria de archivística no tiene ningún peso. No le dan ninguna importancia, entoncesclaro las secretarias, cuando llegan a las instituciones públicas, no tienen idea de cómoorganizar un archivo.

Todas estas condiciones, entonces, no reúnen nuestros archivos. No están organizados, noestán descritos, no tienen personal profesional, no tienen las condiciones materialesadecuadas para ser conservados. Tengo experiencia de lo que anoto entre 1995 y 2000 enlos archivos administrativos del Poder Ejecutivo, hoy Órgano Ejecutivo.

Esta experiencia me permitió apreciar de cerca la situación y el manejo de los archivospúblicos en Bolivia y tengo el convencimiento de que aquellas circunstancias se mantienenen la mayoría de las oficinas públicas.

Conquistada la democracia en el país, el gobierno pidió a la cooperación alemanaasesoramiento para elaborar proyectos de desarrollo. Aceptada oficialmente la solicitud, laGTZ pretendió poner en práctica su compromiso, encontrándose, sin embargo, que no eraposible, porque en los ministerios, entre otros requisitos básicos para ello, no se contabacon información organizada. No sabían archivos organizados. Propusieron, entonces, algobierno comenzar por lo primero que era establecer bases normativas, legales para laorganización de la documentación como medio para lograr su accesibilidad. Con este fin seelaboró el decreto 23934, de 23 de diciembre de 1994 y se aplicó. Y durante la aplicaciónde este decreto en los ministerios elegidos se constató, en la etapa de los diagnósticos,

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que la situación de las documentaciones era por muchos factores más caótica de lo que sehabía supuesto en principio. Cito algunos:

- La aplicación de criterios personales en su organización. Si se acercan ustedes donde unasecretaria y le preguntan por documentación, pónganse que la secretaria hubieraingresado este año a trabajar, de un documento del año pasado y no de más atrás. Lesdicen ‘no sé, mis archivos están muy bien organizados, pero esos del año pasado, losmanejó otra secretaria’.

- El hacinamiento de los documentos en las oficinas era espantoso. Se mezclaban losarchivos activos con los inactivos y hasta con documentos de valor permanente, es decir,históricos. ¿En esas condiciones qué se puede organizar?

- Una producción irracional y carente de planificación de los documentos, en lo que serefiere a su volumen. Yo decía que estos archivos tienen elefantiasis porque se hacíancopias de todo y para todo.

- Deficiencias en el contenido informativo de los documentos, en la calidad de sussoportes. Hay documentos de valor permanente en las instituciones públicas que se estánproduciendo en papel de ínfima calidad. En el Archivo Nacional se conservan en perfectoestado documentos del siglo XVI, pero hay documentos del Siglo XX y del XXI que no van adurar nada por la mala calidad del papel y nadie se preocupa por ver este aspecto. Hastalos medios para su impresión. Cuando llegaron estas máquinas eléctricas, ustedes pasabanel dedo por encima de las letras y las letras saltaban, o por ejemplo los faxes, lasfotocopias. Sobre todo los faxes. Les cuento rápidamente de una experiencia. En elMinisterio de la Presidencia encontramos 70 bolsas en los entretechos del Palacio deGobierno, que hoy están en el repositorio intermedio del Poder Ejecutivo, luego depelearnos con los Colorados que reclamaban esos papeles para canjearlos, perdónenme,con papel higiénico, y abrimos las bolsas y nos encontramos con una enorme cantidad defaxes donde solamente quedaban los puntos y las comas. Las letras se habían ido. Estotampoco importa en la administración pública.

- La dispersión de los documentos que correspondían a un solo expediente, porque noexisten manuales de procedimiento en la administración pública y como además elpersonal es permanentemente cambiado, entonces se abre un expediente y losdocumentos no van precisamente a ese expediente, sino que se hacen colecciones decorrespondencia, colecciones de informes, colecciones de resoluciones, cuando enrealidad, esos documentos deberían constituir expedientes individualizados.

- La inexistencia de instrumentos de control y consulta. Cuando va un ciudadano apreguntar por un documento, las secretarias no saben cómo y por dónde buscar, cómolocalizar esa información porque no hay instrumentos que intermedien entre el usuario ylos documentos. Un ejemplo. Cuando van a una biblioteca, entran y para localizar un libro,cuando es estantería cerrada, uno va a un fichero y en ese fichero, en ese catálogo, seencuentra la descripción del libro, un código y con ese código se accede al libro. Lo mismotiene que haber en los archivos.

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- La falta de normas y procesos para su valoración con miras a su eliminación controlada.En Bolivia se eliminan los documentos de forma incontrolada como se llenan losdocumentos en las oficinas y en los depósitos, finalmente los documentos de llevan a lasfábricas de papel para canjearlo o reciclarlo. A veces, es tal el hacinamiento, que losdocumentos quedan a la intemperie y es el sol, es el viento los que se ocupan de hacerdesaparecer los documentos. No estoy hablando solamente de documentos de valorpermanente, sino de documentos con valor administrativo, fiscales y legales, comocalificaciones de años de servicio. Acuden al archivo nacional, ya de desesperación, porqueacá no pueden encontrar esos archivos.

- Hay ausencia de controles en el préstamo y recuperación de los documentos. Losfuncionarios sacan los documentos y nos los devuelven.

- Aguda escases de infraestructura archivística, manifestada en la estrechez de los espaciosfísicos, donde se encontraban los documentos, el estado ruinoso de los muebles paraguardarlos, si los había. La falta de carpetas y otros materiales para su adecuadaconservación, todo ello debido a la falta de previsión y dotación de presupuesto para losarchivos.

- Para terminar esta larga enumeración de calamidades, la ausencia completa de recursoshumanos calificados. Respecto de este último punto, no podía esperarse que fuese de otramanera, puesto que estamos dentro de una administración pública donde los funcionariosson removidos cada vez que se produce un cambio de autoridades.

Ustedes mi dirán si con estas condiciones es posible pretender encontrar respuestasoportunas, expeditas, precisas y en plazos a las solicitudes interpuestas por losciudadanos, haciendo uso de su derecho de acceso a la información.

La recomendación 2.000 del Comité de Ministros de la Unión Europea a los Estadosmiembros sobre la política que deben seguir en materia de comunicación de archivos,parecería estar dirigida a nuestro país; dice así: La comunicación de los documentos pormás liberales que sean las reglas de acceso prescritas por la legislación dependen, enprimer lugar, del equipamiento, y los recursos humanos y financieros que disponen losservicios archivísticos, para asegurar la conservación material y el tratamiento intelectualde sus fondos y colecciones.

La destrucción no controlada de los archivos, la imposibilidad de proceder a suclasificación o la ausencia de locales que permitan asegurar su conservación material enbuenas condiciones constituye otros tantos obstáculos al acceso del público a losdocumentos de su interés. Si el presupuesto de Estado no prevé para el funcionamiento delos servicios de los archivos públicos, la ley será letra muerta y los textos relativos a lacomunicación de archivos no podrán ser comunicados.

Realizar una evaluación de las condiciones de nuestros archivos en la administraciónpública es, por tanto, una cuestión insoslayable y de enorme seriedad para quienes estáninvolucrados en el diseño, la aprobación y la puesta en ejecución de una ley de acceso a lainformación.

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El Decreto Supremo 23934 llegó a ser aplicado en el Ministerio de Justicia, en el de laPresidencia, Presidencia de la República, en el Viceministerio de Educación Superior,Ciencia y Tecnología, en el de Cultura y en algunas otras reparticiones estatales. Sinembargo, tengo conocimiento de que ese esfuerzo realizado, durante cinco años, havuelto a fojas cero. Aquel decreto fija, por ejemplo, procedimientos para la conservaciónde documentos confidenciales y cubre con sus normas toda la etapa de circulación deestos documentos al interior de las oficinas ministeriales, desde su ingreso, su registro,hasta su archivo y transferencia al archivo central para evitar que los documentos seextravíen o se retrasen en su atención. Instruye establecer plazos para la atención de losasuntos, da normas detalladas para la organización de los archivos activos y de loscentrales, llamados también memorias institucionales para asegurar la correcta custodia ydisponibilidad de los documentos que habían concluido su trámite en las oficinas.

De la aplicación de aquel decreto supremo, resultó también la creación del repositoriointermedio del Poder Ejecutivo que se ubica en la zona de Villa Primavera en El Alto. Son4.000 metros cuadrados y dos galpones que están allí, repletos de documentos,documentos que habían sido retirados de las oficinas y depósitos ministeriales por haberperdido ya sus valores primarios y que por no cumplir los 30 años todavía no pueden ir alArchivo Nacional. Desde la gestión del presidente Jorge Quiroga, ese repositorio, creadocon el decreto supremo 25046 de 21 de mayo de 1998, los cientos de metros lineales dedocumentos de gran importancia para la historia del país, se amontonan compartiendoespacios con trastos viejos del Ministerio de la Presidencia. Es el trastero de cosas viejasdel Ministerio de la Presidencia. Por lo tanto, el acceso a esa documentación y a suinformación es nulo y hay documentos de las épocas de dictadura. El custodio era elportero.

Acerca de la accesibilidad de la documentación histórica, conservada en el ArchivoNacional, no podemos dejar de decir con hondo orgullo que es una de las mejores deHispanoamérica. Desde la larga gestión de Gunar Mendoza hasta el día de hoy, se hanconcentrado todos los esfuerzos para poner la documentación al servicio de losinvestigadores mediante una organización basada en principios archivísticos universales yuna descripción que alcanza óptimos niveles de estandarización, equiparables a losobtenidos en los archivos nacionales de los países más avanzados en el mundo.

En el caso de los fondos coloniales, existen extensas series documentales donde sudescripción es tan detallada que llega al nivel de las unidades, carta por carta.

Por otra parte, para facilitar aún más su consulta, estos catálogos se acompañan de índicesde nombres y de lugares. Lo que decía Lupe, yo no he visto periodistas en el archivonacional.

Respecto del acceso a sus fondos, a los fondos documentales del archivo y bibliotecanacionales, es necesario señalar que existen algunas limitaciones al acceso por tratarse defondos patrimoniales, que no sólo deben servir a la actual generación de bolivianos, sino alas que vienen. No se admite el ingreso de colegiales ni de personas que no poseanconocimientos básicos de metodologías de la investigación, que no tengan una idea clarade la investigación que quieran efectuar o que no sepan paleografía cuando se trata deconsultar documentos del siglo XVI y XVII. A veces los periodistas chuquisaqueños nos

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reñían por eso. Las restricciones se enduren aún más cuando el estado físico de losdocumentos nos es bueno, en este caso no se presta ni a los investigadores.

Para salvar muchas de estas dificultades, que plantean la consulta de los documentosoriginales, el archivo ha emprendido desde el año 2002, la digitalización de losdocumentos. Hoy, varias series documentales sólo es posible consultar a través de lacomputadora. Los originales ya no se sacan.

Existen en el Archivo Nacional fracciones de fondos documentales que están sometidos areserva. Por ejemplo, una parte de los 36 metros lineales de documentos quepertenecieron a Wálter Guevara Arce no es consultada hasta el año 2025. Se trata de lacorrespondencia mantenida por Guevara con su hijo mayor. Otra fracción del mismofondo que se hallaba en las mismas condiciones de reserva fue desclasificada el 17 deenero de 2005 ante notario público. Al día siguiente estuvo Lupe para consultar esosdocumentos. En este caso, se trataba de cuatro cajas con la documentación relativa a lamuerte aún no esclarecida a la muerte, aún no esclarecida, de Oscar Únzaga de la Vega ysobre los asesinatos cometidos en Terebinto. No se ha encontrado nada nuevo, era elanzuelo de Wálter Guevara para incitar a la gente que vaya a consultar sus documentos.

La disposición para que estas documentaciones se mantengan en reserva y el número deaños bajo esta condición se halla estipulada en carta notariada suscrita por el propioGuevara Arce. Eso es lo que pedimos hacer desde hace mucho tiempo atrás. Ladocumentación de un colega de Ustedes, de Fernando Ortiz Sanz, también se encuentraen reserva.

Se nos ha pedido también hablar sobre la utilidad de los archivos. La documentacióntambién nace para fines prácticos, administrativos y jurídicos propios de la persona física ojurídica que la produce y durante siglos esa ha sido su única finalidad, servir a laadministración que los ha creado.

Hoy como antes los documentos se conservan con el propósito de ser, por una parte, eltestimonio de las acciones de la administración y, en ese sentido, la ley les concede valorprobatorio. Y por otra parte, se conservan porque tienen como misión proporcionarreferencias para el desarrollo efectivo y eficaz de las actividades de las instituciones. Latoma de decisiones en ellas sin el apoyo de los archivos sólo es posible a riesgo de cometererrores.

Por otra parte, en el caso de las instituciones públicas, los archivos sirven como recursobásico de información de los ciudadanos y garantía de transparencia administrativa de losciudadanos, imprescindible en todo estado de derecho. Mediante los documentos, elciudadano tiene la posibilidad de inquirir y controlar, cuantos asuntos sean de su interésen el manejo de la cosa pública.

A partir de fines del Siglo XVIII los archivos fueron adquiriendo cada vez mayor interés parala investigación histórica. Datan de fines de este siglo, los archivos nacionales de Europa ydel Siglo XIX los de Hispanoamérica. No obstante, también hay que notar que también enla antigüedad los archivos de los griegos eran consultables.

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Acerca de los procedimientos de desclasificación, tengo que comentar que este términode desclasificación ha sido importado del inglés. En castellano no es posible expresar conun solo término y normalmente se dice, levantar la reserva. Pero es más práctico decirdesclasificación. Los países que han aprobado tanto la ley de acceso a la información comosu reglamento, establecen en el segundo de estos instrumentos los procedimientos aseguir para la desclasificación.

Es general, el primer requisito a cumplir, la fecha de vencimiento. Para aquellosdocumentos que aún se encuentran reservados y el ciudadano tiene interés porconsultarlos, debe recurrir a un procedimiento judicial. No es posible de otra manera. Enunos países puede ser ante los tribunales ante quienes se acudan, en otros al gobierno, enotros al parlamento, varía dependiendo del país.

En cuanto al acceso a los documentos en reserva de los archivos históricos, generalmentequien decide su desclasificación, entre comillas, es el director del archivo.

Muchas gracias por su atención.

6. “Límites y responsabilidades en el acceso a la información”.Edwin Flores, Docente de periodismo e Investigador

Buenas noches. Presidente de la Asociación de Periodistas, miembros del directorio;respetables maestros aquí presentes. Colegas periodistas de las distintas generaciones,alumnos de la Carrera de Comunicación de la UMSA, bienvenidos a este escenario.

Realmente las dos anteriores exposiciones han sido sumamente valiosas, se han abarcadoaspectos que van mucho más allá de la preocupación enteramente comunicacional operiodística. La mala noticia, en la primera exposición, es que sigue el debate del proyectode ley de accesibilidad a los archivos y de transparencia desde hace 10 años. Y la otra malanoticia, o sea hay varias malas noticias en la exposición en el tema de los archivos, porqueen el caso de que esta ley se apruebe este año, ojalá no tengamos que esperar otros 10años para que esos archivos sean sistematizados, ordenados adecuadamente para que losperiodistas y la ciudadanía tengamos disponibilidad de la información existente en esasfuentes documentales de investigación.

A mí me ha tocado hablar de un eslabón que va mucho más allá de la accesibilidad a lasfuentes, es decir, de los límites y la responsabilidad que tiene relación directa con losprocesos de producción periodística. ¿Qué hacemos una vez que los periodistasaccedemos a estas fuentes documentales? ¿Qué hacemos con esos datos con esosmensajes, con esas frases, con esos números? ¿Cómo los ordenamos? ¿Cómo lossistematizamos? ¿Cómo los convertimos en materia de alta noticiabilidad? a través de unprocedimiento semántico, lingüístico; a través de los estándares de calidad en laproducción de los materiales.

Así, hablaré un poco de los límites y un poco de las responsabilidades. Es evidente el valorque tiene el periodismo y la comunicación en general para una sociedad como la nuestra yes evidente también que el periodismo se ha constituido en todo los tiempos como una

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vanguardia en las luchas de los proceso de fortalecimiento, de recuperación y demantenimiento de la democracia en Bolivia. Tenemos mucho que hablar cuando nosreferimos a las fortalezas de esta profesión, pero voy a referirme más bien a lasdebilidades y a las amenazas del periodismo y cómo nos encontramos internamente y cuáles la situación del periodismo desde el punto de vista de los límites que el periodismotiene en el marco de la Constitución, de las leyes, de la ética y la responsabilidadprofesional.

¿Cuán es la situación actual? Acudiré a tres estudios que se hicieron entre 2007 y el 2009.El Observatorio Nacional de Medios ha hecho una investigación muy interesante sobre lasituación de los medios y sus límites y responsabilidades. La Cooperación danesa a travésde una institución denominada Media Suport y un taller de capacitación periodística de lacooperación alemana entre el 2008 y 2009, en la ciudad de Santa Cruz, además de algunasinvestigaciones propias que hicimos en la carrera de Comunicación Social de la UMSArespecto a esta temática.

En general, las observaciones básicas o las debilidades básicas que está enfrentando elperiodismo hoy en nuestro país se resumen en los siguientes puntos.

- Existe una excesiva espectacularidad de los contenidos periodísticos. Algunos autoresprefieren llamar la farandulización del periodismo en cuyo proceso se exacerba más o seda más importancia a la imagen y al sonido que a las ideas o que a las propuestas en losdebates.

- Existe una politización explícita en algunos medios de comunicación. Se habla cada vezmás del término de la vídeopolítica, o de la mediocracia, así como del periodismo deconsigna. Estas formas de expresión del periodismo pueden en algún momento ir aromper los límites de la búsqueda permanente de la verdad o de la información conimparcialidad que son los principios básicos de nuestra profesión.

- Existe una discrecionalidad en el manejo de los géneros y de los subgénerosperiodísticos. Hay una especie de confusión en los medios radiofónicos y televisivos de lostres géneros tradicionales. Las audiencias no saben en qué instante el comunicador operiodista está informando, en qué instante está opinando, o en qué instante estáinterpretando. La información no llega a las audiencias con la claridad necesaria y estoresulta preocupante.

- Existe una escasa investigación y contextualización. En Bolivia como en la mayoría de lospaíses de Suramérica los periodistas somos 95 por ciento informativistas, expertos en elmanejo del género informativo y no mostramos productos relacionados con el géneroopinativo y en menor proporción con los géneros de interpretación.

- Falta de pluralidad en el manejo de fuentes y de temas. El tema político se lleva un granporcentaje de los espacios de los medios escritos, televisivos y radiofónicos, al igual que eltema económico, relacionado con la administración del Estado, en detrimento de otrastemáticas también de interés de la sociedad.

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- Hay un incumplimiento de los estándares de calidad periodísticos. El ObservatorioNacional de Medios de la Fundación Unir ha producido dos textos importantes sobre estamateria en el que coincide, por ejemplo, que la construcción de los leads en los mediostelevisivos, radiofónicos y escritos no cumple con las normas básicas internacionales deresponder a las cinco o seis preguntas básicas. Han hecho un estudio técnico muyinteresante sobre esta materia. Se utiliza una sola fuente, muestran un enfoque parcial dela realidad social en la mayoría de los casos. Javier Darío Restrepo cita un estudio a nivellatinoamericano de 1999 que entre otros elementos, el periodismo latinoamericano estáperdiendo credibilidad y prestigio entre sus públicos debido a que los periodistas o unagran parte de ellos no dominan la herramienta más importante de su profesión: ElLenguaje, errores de ortografía, errores de concordancia, errores sintácticos, menudeanen algunos estudios específicos realizados en este ambiente.

- En las últimas encuestas realizadas por ONADEM, en 10 ciudades del país a líderessociales, ellos observan que existe un bajo nivel de la ética periodística. En general, todosestos rasgos nos muestran que el 53 por ciento de los encuestados en esas ciudadesimportantes del país se muestran insatisfechos con el trabajo periodístico y no creen ensus contenidos al 100 por ciento.

En conclusión. Algunos periodistas no estamos respetando los límites ni estamoscumpliendo con la responsabilidad periodística. No cumplimos con nuestros entornos,nuestros linderos, o con nuestras fronteras técnicas legales, profesionales o éticas; esdecir, nos estamos extralimitando en algunos aspectos y creo que esto es motivo depreocupación y lo ideal es que sea motivo de ocupación para resolver estas debilidades.

Existen varios ejemplos recientes; fundamentalmente desde el 2008. Vayan cinco botonesde de muestra que ponen en duda el ejercicio periodístico, respetando sus principios y susvalores básicos. El caso uno. En diciembre de 2008, conocido como el de los 33 camiones.Un medio impreso de comunicación, en ese entonces, tituló: ‘Evo negoció luz verde conlos contrabandistas’. Este titular ha ocasionado la apertura de un proceso de imprentacontra el Jefe de Redacción de ese medio. Tres años después, ese proceso está paralizadopor una especie de inacción legal de los abogados del gobierno.

El segundo caso, de junio de 2009. En el que la madre y ciudadana Luisa Larico fueacusada de raptar un bebé y acusada por testigos, uno de ellos su hermano, la madre delbebé, y acusada por los policías, además de la Fiscalía que inclusive en ese tiempo sehicieron circular fotografías de esta señora en varios lugares de la ciudad, acusándola deser autora del delito y como resultado de la investigación, fue inocente y liberada de lacárcel y declaró: ‘Estoy muerta en vida’. Este caso como otros nos llama a la reflexión y arecordar de manera permanente que en el proceso de producción de nuestros materialesperiodísticos debemos tomar en cuenta que en algún momento, la libertad y la vida,incluso, de la ciudadanía está en nuestras manos, por tanto, necesitamos las herramientaslegales, éticas y profesionales suficientes para ir superando estos errores, que finalmenteen algunos casos se convierten en delitos y que afectan al prestigio de la profesión.

El caso número tres. En Santa Cruz, ocurrido en 2010. ‘Un camarógrafo obliga a consumirdrogas a un menor de edad’. ¿Los periodistas somos constructores o re-constructores dela realidad social? ¿Somos productores o reproductores de la realidad social? Podemos

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manipular hasta ese extremo la realidad social para cumplir con algunas órdenesunilaterales de algún jefe de redacción o de algún propietario de los medios?

El caso número cuatro tiene que ver con la marcha por la defensa del Tipnis. ‘Muere unbebé en violento operativo’ Tiene que ver con el caso Yucumo que ha sido tan polémico yque ha generado una la crispación de las autoridades del gobierno en su más alto nivel.Ahí también cabe preguntarse si esa información ha sido manejada al calor de los límites,de la responsabilidad que nos otorga la Constitución, las leyes y nuestros códigos de Ética.Queda la duda.

El caso número cinco de marzo de 2012. Periodista Rogelio Pelaez condenado a dos añosy seis años de cárcel por difamación y calumnias.

Todos estos casos ameritan una discusión profunda en estos ambientes y sobre todo, enlos mismos escenarios, en las mismas fábricas de noticias que son los medios decomunicación. Si nos resta el tiempo podremos ir discutiendo y polemizando sobre estoscinco casos.

¿Qué hacer frente a esta realidad, frente a estas amenazas contra la imagen institucionaldel periodismo? ¿Cuáles son los antídotos para esto?

Como muy pocos países en el mundo, a partir de febrero de 2009, Bolivia se privilegia detener el derecho a la información, consagrada en la Constitución. Ese es uno de losmarcos naturales, constitucionales y doctrinales en los que los periodistas, lospropietarios de los medios y los trabajadores de los medios debemos apoyar de maneracotidiana.

El artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo segundo, dice quetoda persona tiene derecho a la intimidad, honor, imagen propia y dignidad, y libertad. Elparágrafo sexto de este mismo artículo dice que todo ciudadano tiene derecho a accedera la información. Quizá este artículo nos permita superar las limitaciones de este nuevoproyecto de ley de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarlalibremente de manera individual y de manera colectiva.

El artículo 24 de la misma Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a lapetición de manera individual y colectiva, oral o escrita y a la petición de respuesta formaly pronta. Es decir que mientras se aprueba la Ley de Transparencia de Acceso a laInformación, podemos utilizar este artículo de la Constitución para acceder a informaciónque esté archivada en algunas instancias del poder.

Los otros artículos. El 106 y el 107 de la Constitución se convierten también en los marcosconstitucionales básicos en los cuales deberíamos movernos los periodistas y ni que decirde la Ley de Imprenta que en sus 71 artículos están vigentes y es una ley que vacombinando sabiamente dos vías. El derecho constitucional que preserva la libertad deexpresión contra los abusos del poder político y del poder económico y del derecho penalque protege la privacidad, los derechos y las garantías constitucionales de la ciudadaníadel poder mediática.

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Los códigos de ética. Existen tres códigos, de la ANP, de los propietarios de los medios, dela Confederación de la Prensa que es uno de los más antiguos y de mayor consenso,aprobado en 1991 y de la Asociación Nacional de Periodistas. Sería interesante que sevaya logrando un nivel de consenso sobre estos códigos de ética que en general vancoincidiendo en sus articulados. Estos códigos muestran de manera explícita cuales sonlos deberes y cuáles son las obligaciones para que un periodista cumpla su rol a través deuna actitud ética adecuada. Es decir, nos muestran los valores y los antivalores delperiodismo.

Es simplemente eso que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.

7. “El acceso a la información en la investigación periodística”Marcelo Tedesqui, Editor de Seguridad de Página Siete[Presentación apoyada con filminas de Power Point]

Estimado Pedro Glasinovic, distinguidos miembros de la Asociación de Periodistas de LaPaz. Muchas gracias por esta invitación. Compartir la testera con la calidad deprofesionales como Lupe, Edwin, Marcela, me llena de orgullo, al igual que presentar estaponencia ante tan distinguida audiencia. Veo a premios nacionales de periodismo y unsaludo muy especial a don Alberto Suazo, que lo veo por allá.

La investigación periodística y el acceso a la información pública es un desafío pendientede enfrentar porque hay un débil cumplimiento del acceso a la información en Bolivia. Lacultura del secreto persiste entre los funcionarios públicos. Ese es un hecho y así lo haconfirmado una investigación en la que he tenido el honor de participar que realizó laAsociación Nacional de la Prensa en 2010 a través de una alianza con el Centro de Archivoy Acceso a la Información Pública de Uruguay, CAINFO.

El estudio reflejó la situación del acceso a la información pública en países comoArgentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Nosotros hicimos el informecorrespondiente a Bolivia.

La Asociación Nacional de la Prensa ha presentado dentro del campo práctico de esteestudio, 32 solicitudes de información en Bolivia, de ellas se han respondido 14.Sinceramente esperábamos una respuesta menor.

Hemos presentado este modelo de las solicitudes de información que hemos presentado.Este modelo (ver diapositivas) se ha construido en base al decreto 28168 que se dirigía a laautoridad de la institución a la que íbamos a dirigirnos; el cargo, el nombre, pero ademásponíamos que nos dirigíamos ejerciendo el derecho a la petición y de acceso a lainformación pública, reconocidos en los artículos 24 y 106 de la Constitución, en el Decreto28168 y en el Decreto Supremo 214 de esta gestión de gobierno y que, según el estudioque hemos hecho, el Ministerio de Transparencia debería ampliar a los sujetos que debíanentregar la información.

El Decreto 28168 estaba restringido al ámbito del Poder Ejecutivo y el 214 tenía laposibilidad de ampliarlo a los cuatro poderes.

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Este era el ejemplo de cuestionario (ver diapositiva). Hacíamos un cuestionario parasolicitar la información y destacábamos la información que estábamos pidiendo no seencontraba bajo ningún supuesto de información secreta, reservada o confidencial.

Además, en este experimento hemos enviado las solicitudes de información no comoAsociación Nacional de la Prensa. Las mandé yo como persona particular, la asistente de laoficina e incluso otro asistente que teníamos.

Solamente, ocho instituciones, de las 14 que respondieron las solicitudes de acceso a lainformación, lo hicieron en tiempo y forma, según lo establecido en el Decreto Supremo28168; otras seis lo hicieron de manera extemporánea pero lo hicieron y las restantes 18no respondieron.

Las cinco instituciones que presentaron información más completa. Definitivamente elBanco Central de Bolivia que presentó la respuesta en menos de una semana, inclusivenosotros hicimos una repregunta y volvieron a enviar la información sin ningún problema.El Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y efectivamente, como hadicho Lupe, tiene un buen nivel de acceso a la información. El Gobierno Departamental deSanta Cruz y aquí está la sorpresa: La Policía boliviana. En este caso, la Policía bolivianapresentó una muy buena y completa respuesta que quiero compartir.

Como recordarán, el 7 de mayo de 2010, en Caranavi, hubo la intervención violenta de laPolicía a un grupo de bloqueadores que provocó la muerte de dos jóvenes, la Fiscalíaimputó a cuatro mandos medios de la Policía y liberó al comandante de la institución, aljefe departamental de la misma y al propio Ministro de Gobierno. Según tengo entendido,este proceso no avanzó. Las preguntas eran:

- ¿Cuántos efectivos fueron movilizados a Caranavi para levantar el bloqueo a esta regiónen el operativo del 7 de mayo? La respuesta fue 410 efectivos. Esta solicitud de la presentóal entonces comandante general de la Policía, Gral. Oscar Nina.

- Otra pregunta: ¿Cuánto dinero demandó la movilización en alimentación, transporte yvituallas? Respondieron que la Policía dentro de su presupuesto no tiene asignadorecursos para este tipo de contingencias, razón por la que efectúa un requerimiento alMinisterio de Gobierno que ejecuta de manera directa esos recursos. Este temecorresponde informar a la dirección administrativa de ese ministerio. Era una pauta. Siesto fuere parte de una investigación periodística para enviar otra solicitud para enviarotra solicitud de información al Ministerio en cuestión. Lo hicimos. Pero en ese caso norespondieron.

- ¿A qué monto ascendió el gasto para gases lacrimógenos? Tampoco lo dijeronclaramente. Durante el operativo se usaron agentes químicos de acuerdo a un cuadrodemostrativo. Enviaron una lista con equipos utilizados y la cantidad. Proyectiles de largoalcance de simple acción: 1930 unidades. Este tema, dentro de una investigaciónperiodística ya tenía valor interesante.

Otro ejemplo. El Ministerio de Educación. Solicitamos al Ministro y él lo derivó a supersonal y le preguntamos cuánto dinero se invirtió en el pago Juancito Pinto desde su

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puesta en marcha, en diciembre de 2006, hasta su último pago de eso momento, octubrede 2009. La investigación se hizo en 2010.

- El Ministerio respondió con un cuadro que detalló la gestión, el número de beneficiarios,el monto ejecutado y la fuente de financiación. Esta era la parte que parecía másinteresante. El primer año el TGN, el segundo año el TGN, YPFB y COMIBOL, el tercer añoel TGN y el cuarto año aparece otra vez YPFB. Este es un tema, que si se lo ve desde elpunto de vista periodístico, es muy interesante para avanzar en una investigación.

- Otra pregunta. ¿Con qué fondos se paga el bono y cómo se garantiza su sostenibilidad?La respuesta se respaldó en el cuadro donde se señalaron que las fuentes de financiacióneran variables entre gestiones. Y lo que dice aquí es que sobre la sostenibilidad nodepende de este ministerio. Es decir que el Ministerio de Educación no podía garantizar lasostenibilidad ya que la asignación de fondos ni la fuente de los mismos se encuentrarelacionada con sus atribuciones. Ese dato pasaba a otra instancia que era el Ministerio deEconomía. No hubo tiempo para hacer esta consulta.

Dentro del débil cumplimiento y otras instituciones que cumplieron de manera parcial,algunas cosas sí, otras no, está el Ministerio de Salud, la ASFI, Impuestos Nacionales y elTribunal Constitucional.

Y cinco instituciones dirigieron notas al solicitante pero no respondieron al pedido. La CajaNacional de Salud, la Autoridad de Control Social de Electricidad, el Ejército, la FuerzaEspecial de Lucha contra el Narcotráfico e Insumos Bolivia.

Quisiera compartir con ustedes la respuesta de Insumos Bolivia: Ustedes recuerdan laimagen de aquel galpón repleto de harina que fue importada desde Argentina, un hechoque nos motivó a presentar esta solicitud de información.

Ellos argüían que el solicitante no había manifestado el interés legítimo, según lo prevé elartículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo que señala que toda personaindividual o colectiva o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectadapor una actuación administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad competente parahacer valer sus derechos como corresponde. ‘En tal virtud, dicen ellos, creemos queInsumos Bolivia no afecta su derecho subjetivo o interés legítimo merced a la solicitud delos datos de su nota de referencia (…) nos cumple desestimar de la forma más respetuosasu solicitud de información’.

Nosotros volvimos a mandar una solicitud y argumentamos el interés general de que unquintal de esta harina llegue a cualquiera de nuestras casas y que enferme a nuestroshijos. No recibimos respuesta.

Este ejercicio alienta un poco y, personalmente lo he vivido así, generar este tipo deiniciativas. De buscar información a partir de los instrumentos que están vigentes.

En el trabajo periodístico es cada vez más difícil acceder a entrevistas a altas autoridadesejecutivas. Es el caso de los Ministros de Estado. Yo lo vivo todos los días desde laredacción de Página Siete. Desde agosto del año pasado, hemos gestionado entrevistas

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con autoridades como el Ministro de Defensa el de Gobierno, el Comandante de la Policíay miembros de la Cúpula Militar. El Ministro de Defensa nunca nos ha querido atender, losde Gobierno, lo hemos intentado con Sacha Llorenti no hemos podido ubicarlo, lointentamos con Wilfredo Chávez, no lo hemos logrado y hace dos semanas hemos podidoconseguir al fin una entrevista con Carlos Romero.

El Comandante de la Policía tiene como política de comunicación no hablar con los medios.Es imposible que el Comandante de la Policía dé una entrevista. Los miembros de laCúpula Militar lo han hecho, pero nunca personalmente. Convocan a desayunos, convocana reuniones con medios de comunicación; tienen una estrategia de comunicación que esreciente, porque antes no habían contacto con los medios. En este último año, por lomenos, la Armada, la Fuerza Aérea han intentado un acercamiento. Con el Ejército no.

Es un panorama complicado porque en la mayoría de los casos, los funcionarios degabinetes de prensa, ocultan a la autoridad. Si ese es el panorama con las autoridades,¿qué queda para el periodista? Buscar, al menos eso funciona en los medios impresos, lasfuentes en off. Funciona porque el entrevistado se siente más libre, para dar información,pero luego hay que cotejar.

Sin embargo, ha surgido un mecanismo que hemos explorado con Página Siete y vuelvo atocar el caso del Ministro de Defensa. El Ministro de Defensa no accedía a nuestrasentrevistas, pero desde hace algún tiempo, a través de solicitudes de información,preguntamos ciertos hechos que nos preocupan y, con cierta rapidez hay respuestas quenos permiten avanzar en tema de informar que es la lucha.

Lamentablemente, el periodismo de investigación y eso hay que reconocerlo, hay queadmitirlo, tiene un gran enemigo dentro de los periódicos, que es la coyuntura. Lacoyuntura rebasa a veces la posibilidad de hacer periodismo de investigación y por esoplanteo que el periodismo de investigación es un desafío.

Bolivia no tiene Ley de Acceso a la Información, pero cuenta con los decretos quedefinitivamente hay que utilizarlos.

Además, hay algo muy importante. El Ministerio de Transparencia y Lucha contra laCorrupción ha abierto oficinas de transparencia, ha consolidado eso que ya venía desdeantes en una buena parte de las entidades públicas, lo que está estipulado en el decreto.

En el trabajo realizado en 2010 hemos hablado con muchos encargados de estas unidadesde transparencia y hemos confirmado que los funcionarios de Estado saben que lanormativa de acceso a la información no tiene rango de ley, pero existe, que el acceso a lainformación es un derecho.

Una anécdota: Un poco antes de hacer este estudio con CAINFO, ya en la ANP empezamosa ensayar las solicitudes de información. Después de la posesión del Presidente EvoMorales en la que vimos que se habían gastado muchos recursos, como en el acto deTiwanaku, en la posesión. En el almuerzo en el que Ejecutivo trajo de distintas partes delpaís. Hicimos una solicitud de información y la dirigimos al Ministerio de Culturas. En esaoportunidad, pedimos cómo habían sido los gados, quien había cubierto el traslado de la

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gente, toda la parte logística. La presentamos y me entrevisté con la encargada de laoficina de transparencia. Ella sabía perfectamente la vigencia del Decreto 28168 del 214,sabía perfectamente el tema y me dijo: ‘Yo tengo 15 días para responderle’.

Antes de cumplirse los 15 días hábiles me llamó

–Deme un tiempito más, la próxima semana vengase tal día. Le dije –perfecto.La fui a visitar y me mostró el documento.– He cumplido y quiero que Usted lo sepa, aquí está, aunque lo único que falta es laautorización del Ministro y creo que esto va entrar y en cuestión de dos o tres días Ustedva tener la información.

Le agradecí por haber cumplido, confié en ella aunque insistió –Ojo yo he cumplido, aquíestá el documento. Yo lo hojee.

¿Saben cuando me entregó el documento? Nunca, nunca más supimos sobre el resultadode esta solicitud.

Entonces, la petición es una herramienta fundamental y me he centrado más en estetema. Hay otros elementos que tiene el acceso a la información pero en el ámbitoperiodístico el más cercano a la investigación periodística es el derecho a la petición.Cualquier persona además; este no es un derecho que asiste sólo a los periodistas.

Pero lo increíble es que muy pocos ciudadanos conocen este derecho, además, losmecanismos de acceso a la información son una herramienta fundamental para elperiodismo de investigación. En las organizaciones de prensa y los medios debemospromover esta práctica y presionar para despertar el interés de los legisladores parapromover una Ley de Acceso a la información que sea justa y que no sea política.

También creo que es muy importante que el ente regulador de acceso a la información nosea político. Que no sean los políticos que decidan que una solicitud de información va ono, sea pertinente o no.

Para finalizar quisiera compartirles una experiencia que tuvimos desde la redacción dePágina Siete con el caso del Senador Fidel Surco. La redacción del periódico recibió laversión de que provenía de la Asamblea de que el Senador Surco había sufrido otroaccidente en un vehículo oficial. El 19 de junio en la vía a Yungas; era el segundo siniestroque involucraba a este legislador del MAS.

Se trataba de una vagoneta Nissan, placa 2441ALS. El medio lo buscó y se logró entrevistarcon el Senador Fidel Surco. Esto era un poco antes del problema del Tipnis y él estabareunido con dirigentes de Alto Beni. Nos dio un espacio y pudimos hablar con él. Esta es laentrevista: ‘No ha pasado nada, ninguna vagoneta tuvo ningún accidente’.

“–Lamentablemente no sé de donde salen estos comentarios, le podría decir algunoschismes, seguramente quieren dañar mi imagen, surgen de algún comunicador de laderecha, según me informaron, de alguien que está cerca de los medios. La movilidad estáhaciendo los viajes de siempre, retornó de este último viaje, como informamos a la

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Oficialía Mayor del Senado y se ha llevado a la casa Nissan. Ha recorrido más de 5.000kilómetros”. En resumen, dijo, el vehículo estaba en mantenimiento.

La investigación continuó y Página Siete envió una solicitud de información al OficialMayor de la Cámara de Senadores, quien en su respuesta, a diferencia de Surco no pudoesconde que algo había ocurrido con el vehículo.

“–El Senado admite que el vehículo asignado a Surco tiene daños… La Oficialía Mayor delSenado informó anoche a este medio, por escrito, que el informe preliminar de la empresaNissan señala que el auto presenta algún desperfecto que será corroborado. Cabe señalarque se inició un proceso administrativo para establecer la responsabilidad administrativapara establecer la responsabilidad del funcionario al que se le asignó el vehículo” No alSenador, sino al funcionario, que era uno de sus asesores. “La Oficialía Mayorcomplementó que una vez que termine el proceso de investigación correspondiente sehará conocer los resultados del mismo. Hasta ahora no se conocen los resultados de esainvestigación.

Entonces, el senador Fidel Surco mentía porque a raíz de los datos de la solicitud de estainformación, el siguiente paso fue la revelación de Tránsito, cuyo comandante mostró elreporte que el accidente había ocurrido.

“–El Comandante de Tránsito Carlos Gutiérrez entregó el informe y señaló que la Policía notiene porqué socapar a nadie”. El reporte dice que el conductor del vehículo era OswaldoSurco, hermano del Senador y precisa que no portaba licencia de conducir. El documentosobre la alcoholemia que se aplicó a Oswaldo Surco señaló que tenía un nivel sancionable.El permitido es 07, y él tenía 1,5.

Este es el desafío que tenemos. Hay elementos como para seguir en el camino. Notenemos una ley, pero tenemos la normativa suficiente como para entrar en la batalla.Gracias.

8. Preguntas y respuestas

Antonio Barriga, desde el auditorio: Una pregunta para Edwin Flores. En su exposiciónhabla de que los periodistas tenemos una politización explícita, una discrecionalidad degéneros en el tema del trabajo que realizamos, escasa investigación y falta decontextualización, falta de pluralidad, incumplimiento de la calidad y más.

Además, dice, que una encuesta realizada con los líderes sociales, que desde miinterpretación están muy próximos al gobierno, en realidad son parte del gobierno,descalifican y dicen que los periodistas tenemos falta de ética. Una de mis interrogantes essi eso dicen las organizaciones sociales y un investigador plantea este hecho acá, mepregunto si todas las encuestas que se han formulado, inclusive alguna de la propiauniversidad, que señalan que después de la iglesia católica, la población en quien más creees en los periodistas, ¿creemos a quienes han dicho que si creen en los periodistas ocreemos en las organizaciones sociales que dicen que nos falta la ética?

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Otra pregunta. Menciona cinco casos. Estamos hablando de periodistas. Habla en uno delos casos de camarógrafo que obligó al consumo de alguna droga prohibida para lograruna nota. Camarógrafo, luego menciona el tema de la muerte del bebé en el tema Tipnis.ABI el primer medio que dio esa información y no dijo un solo muerto. Revisen y van aencontrar, revisen y van a encontrar que fue el primer medio en dar a conocer este hecho.También habla del periodista Rogelio Pelaez. Por lo menos en mi incipiente conocimiento,Rogelio Pelaez no fue periodista, nunca pudo certificar que pertenecía a ningunaorganización de periodistas sino era simplemente que contrató un espacio. Separo en dosa los comunicadores, aquellos que siendo comunicadores luego hacen y se meten alejercicio del periodismo y hay quienes no conocen el trabajo de los periodistas y sí nosjuzgan desde su perspectiva, sin, de verdad, estar en medio de la tinta.

Edwin Flores. Primera aclaración. Esas señales de debilidad detectadas en el ejercicio delperiodismo, corresponden a estudios específicos que se han hecho y evidentementecontrastan con otro tipo de estudios de percepción realizados por otras empresascomerciales, expertas en ese ámbito, y los últimos estudios ubican por lo menos en unaposición expectable a la credibilidad de los medios de comunicación después de la iglesia.No es que los medios estemos en el mejor nivel de credibilidad y de prestigio ante lasociedad, después de la Iglesia y, evidentemente, mucho antes de las Fuerzas Armadas yla Policía. Hay estudios y estudios de percepción que son eso. Unas fotografías que hayque estudiarlas en un contexto determinado. Estos estudios hacen sonar las campanas dealerta porque no todo nuestro trabajo está bien, hay debilidades que hay que atender.

Los códigos de ética nos llaman a que ejerzamos la crítica y la autocrítica de manerapermanente en los medios de comunicación. Lamentablemente siguen existiendoperiodistas amantes de esa frase que los medios somos el cuarto poder del Estado. Hayperiodistas que utilizan columnas y espacios en los medios de comunicación y dañandignidades, atentan a las libertades. No podemos esconder estas debilidades y debemosseguir profundizando en este ámbito.

Con relación al compañero Rogelio Pelaez. El comenzó a cubrir información conmigo aprincipios de la década del 90. Tengo conocimiento de que antes de ejercer el periodismo,era dirigente sindical del sector petrolero. Pero del 90 a la fecha ha hecho ejercicioperiodístico permanente en varios medios de comunicación, radiofónicos sobre todo yúltimamente en este mensuario “Larga Vista”. Y es evidente que hay que comenzarnos apreocupar sobre la calidad académica o el denominativo de nuestra profesión. Existe unmarco legal para esto. Evidentemente hace unos 40 años, cuando apareció la primeracarrera de Comunicación que fue en la Universidad Católica y hace 27 años cuandoapareció la carrera de Comunicación en la Universidad de San Andrés, había un conflictoentre periodistas académicos y periodistas empíricos.

Pero en este momento, estas brechas ya se han ido cerrando. De acuerdo con los estudiosque hace ONADEM, el 90 por ciento de los trabajadores de los medios de comunicaciónson egresados o tienen estudios académicos en las universidades, más aún si tenemos 44carreras de comunicación en el ámbito público y privado en este momento. Ya no es oficio,sino una profesión. La ley 494 del 29 de diciembre de 1979, promulgada por doña LidiaGueiler, Presidenta Constitucional, obliga a los propietarios de los medios a contratarprofesionales con títulos en provisión nacional.

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Tenemos también vigente, Estatuto del Periodista, aprobado también en un gobiernoConstitucional, en 1984, que son marcos suficientes, en términos legales para ejerceracadémicamente esta profesión.

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